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Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) v.28 n.1 Santiago  2008

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2008000100015 

 

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN 28 / N° 1 / 2008 /305 - 328

ARTÍCULOS

 

Panamá 2007: Crecimiento económico, combustión social y catalepsia institucional

 

Panama in 2007: Economic Growth, Social Combustion, and Institutional Catalepsy

 

CARLOS GUEVARA MANN
University of Nevada, Reno


Resumen

Estimulado por la demanda internacional por bienes y servicios, en 2007 la economía panameña creció en 9,5%, la tasa más alta de la región. El auge económico, sin embargo, ocurre en medio de una delicada situación social, que el sistema político heredado de la dictadura militar no parece capaz de enfrentar. El gobierno del presidente Martín Torrijos se ha manejado exitosamente de acuerdo con las normas formales e informales de ese sistema, incluyendo el clientelismo y la centralización de facultades en el Ejecutivo, en detrimento de la rendición de cuentas. Su incapacidad para atender la deuda social, sin embargo, podría contribuir a producirle serios problemas al país en un futuro no muy lejano.

Palabras clave: Panamá, crecimiento económico, clientelismo, rendición de cuentas, Martín Torrijos.


Abstract

Stimulated by strong international demand for the country’ s goods and services, in 2007 Panama’ s economy grew by 9,5%, the region’ s highest growth rate. This economic boom, however, occurs in the midst of a sensitive social situation, which the political system, inherited from the military dictatorship, does not seem capable of handling. The administration of President Martín Torrijos has operated successfully according to the formal and informal rules of that system, including clientelism and the concentration of power in the executive, to the detriment of political accountability. The government’ s incapacity to tackle the country’ s social debt, however, could contribute to bring about significant problems in the near future.

Key words: Panama, economic growth, clientelism, accountability, Martin Torrijos.


I. TEMAS SALIENTES EN LA REALIDAD NACIONAL Y SU IMPACTO POLÍTICO

1. Cronología de los eventos más importantes del año 2007

1.2. Coyuntura económica

En años recientes, el crecimiento económico de Panamá ha sido impresionante. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2007: 123), el PIB panameño aumentó en 7,2% en 2005, 8,7% en 2006 y 9,5% en 2007.1 En los mismos años, el PIB per cápita creció en 5,4%, 6,8% y 7,7%, respectivamente. En 2007 estos indicadores de crecimiento económico fueron los más altos de la región.

La Tabla 1, a continuación, sitúa a Panamá en el ámbito latinoamericano, en términos de PIB per cápita, medido en dólares internacionales (equiparados por el Banco Mundial de acuerdo con el método de paridad del poder adquisitivo [PPP]), a la fecha más reciente disponible al momento de esta redacción. Como puede verse, en 2006 el PIB per cápita panameño ocupó el octavo lugar entre las 19 repúblicas latinoamericanas.

 

Tabla 1: PIB per cápita de las repúblicas latinoamericanas
(en dólares internacionales) 2006


País

PIB per cápita


1

Argentina

15.390

2

México

11.410

3

Chile

11.270

4

Uruguay

11.150

5

Costa Rica

10.770

6

Brasil

8.800

7

República Dominicana

8.290

8

Panamá

7.680

9

Colombia

7.620

10

Venezuela

7.440

11

Perú

6.080

12

El Salvador

5.340

13

Paraguay

5.070

14

Guatemala

4.800

15

Ecuador

4.400

16

Nicaragua

4.010

17

Honduras

3.540

18

Bolivia

2.890

19

Haití

1.490


Fuente: Banco Mundial 2007.

El crecimiento económico fue, en 2007, uno de los temas sobresalientes en Panamá y la principal carta de presentación del Gobierno del presidente Martín Torrijos (del Partido Revolucionario Democrático o PRD), elegido en 2004.2 La Contraloría General de la República estima que el incremento del PIB ha emanado principalmente de cinco sectores económicos, presentados a continuación con muestras de su dinamismo:

Tabla 2: Sectores económicos más dinámicos de la economía panameña e indicadores de su desempeño 2006-2007


Sector económico

 

Indicador

 

Cantidad


Transporte, almacenamiento y comunicaciones (incluyendo las operaciones de los puertos y el Canal de Panamá)

 

Ingresos por peajes del canal entre enero y noviembre de 2007

 

US$ 1,1 mil millones

         

Intermediación financiera (incluyendo operaciones del centro bancario internacional)

 

Activos del sistema bancario nacional al 30 de noviembre de 2007

 

US$ 44,2 mil millones

         

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

 

Inversión en bienes raíces (2006)

 

US$ 2,8 mil millones

         

Comercio al por mayor y menor (incluyendo actividades de la Zona Libre de Colón)

 

Valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón (2007)

 

US$ 8,5 mil millones

         

Construcción

 

Valor acumulado de las construcciones, adiciones y reparaciones (2007)

 

US$ 1,3 mil millones


Fuentes: Contraloría 2007b, 2007c; Berrocal 2007; Castillo Duarte 2008; Muñoz 2008b.

De acuerdo con CEPAL (2007), el crecimiento económico de los últimos años ha sido impulsado por una gran demanda externa de bienes y servicios panameños. Analistas nacionales y extranjeros coinciden en señalar que esa demanda tiene orígenes legales e ilegales. Mientras que -por ejemplo- el turismo en general y, en particular, el turismo residencial ha crecido significativamente en años recientes (lo que ha fomentado la construcción, la inversión en bienes raíces y el comercio al por menor, entre otras actividades), el uso de bienes y servicios panameños para el blanqueo de capitales -especialmente en los sectores bancario e inmobiliario y en la Zona Libre de Colón- también ha aumentado (Beatty 2007b).3 La falta de controles democráticos, en un contexto de clientelismo y corrupción, ha permitido que, a la par de ocupaciones legítimas, prosperen otras -tales como las señaladas- con amplio potencial para menoscabar la institucionalidad democrática, lo mismo que ciertas actividades -como la minería o la construcción de hidroeléctricas- con capacidad para causar serios daños a la naturaleza y al modus vivendi de comunidades marginadas (ACD 2007, 2008a, 2008b; Arcia 2008; Concejo Municipal del Distrito de Tonosí 2008; Frente Santeño Contra la Minería 2008; Pinzón Rodríguez 2007, 2008).

Indudablemente, la ampliación del Canal de Panamá -a la que se dio formal inicio en septiembre del año recién concluido- es el proyecto emblemático del auge panameño.4 Valuada oficialmente en US$  5,25 mil millones (aunque según algunos analistas, terminará costando una suma considerablemente superior) la obra está encaminada a expandir la vía acuática para permitir el paso de buques de mayor calado, principalmente a través de la añadidura de un nuevo carril para las naves “post-Panamax”.5

De acuerdo con el informe del programa de ampliación al 31 de diciembre de 2007, hasta esa fecha la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) había asignado contratos bajo dicho programa por US$ 102 millones, lo que representa casi el 2% del valor estimado de la obra. De los US$ 102 millones, el contrato principal, para la primera fase de la excavación del cauce de acceso del Pacífico, por US$ 41 millones, fue otorgado mediante licitación a Constructora Urbana, S.A., empresa vinculada al Administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta. Un segundo contrato de excavación, por US$ 26 millones, fue otorgado, también mediante licitación, al consorcio “Cilsa Minera María”, encabezado por el magnate mexicano Carlos Slim, quien se ha vinculado estrechamente al presidente Torrijos. Críticos del gobierno y del régimen político vigente recurren a contrataciones como las señaladas para sustentar la tesis de que los beneficios de la bonanza panameña están siendo apropiados por un grupo reducido que concentra el poder político y económico en el país (ACP 2007; Beatty 2007; Colectivo Panamá Profundo 2007).6

El incremento económico, sumado al efecto de una polémica reforma tributaria aprobada a principios de 2005, ha producido un aumento en las recaudaciones fiscales, las que a noviembre de 2007 ascendieron a US$ 2,7 mil millones de dólares (frente a US$ 2,4 mil millones a noviembre de 2006) (MEF 2007b). El auge económico y tributario ha permitido, a su vez, mayor acceso estatal a los mercados internacionales de crédito y capitales. Al inicio del gobierno del presidente Torrijos (el 1 de septiembre de 2004), el saldo de la deuda pública era de US$ 9,1 mil millones. Al 31 de diciembre de 2007, dicho saldo se situaba en US$ 10,5 mil millones, lo que implica un aumento de US$ 1,4 mil millones en 40 meses (o de US$ 35 millones por mes) (MEF 2007a).

Según la Contraloría General, el crecimiento económico ha generado un descenso en la razón deuda/PIB de 70% en 2004 a 55% en 2007 (Palacios Ramsbott 2008). Entre las repúblicas latinoamericanas, este nivel de endeudamiento era el segundo más alto de la región, después de Argentina (55,4%) (CEPAL 2007: 178). No obstante el descenso anunciado por la Contraloría General, el peligro de un descontrolado endeudamiento para una economía pequeña y tan vulnerable a fluctuaciones externas -como lo es la economía panameña7 radica en los efectos desfavorables que sobre las finanzas del Estado pudiese tener una contracción o recesión económica, como ocurrió durante la década de los ochenta (Guevara Mann 2008).

Los factores antes señalados, a su vez, han permitido la aprobación de presupuestos estatales más abultados. Mientras que en 2007 el presupuesto general del Estado ascendió a US$ 7,4 mil millones, para 2008 el gobierno diseñó y la Asamblea Nacional aprobó un presupuesto de US$ 8,3 mil millones, superior en casi mil millones de dólares al del año previo. De acuerdo con el gobierno, el incremento significativo está dirigido a “aumentar la productividad y competitividad del país, así como la calidad de vida de la población,” con miras a “la reducción de la pobreza y especialmente la pobreza extrema” (República de Panamá 2006; Alexander 2008). Para la oposición, según lo exteriorizó en la Asamblea Nacional el diputado José Blandón Figueroa (Partido Panameñista),8 se trata de un presupuesto político, un presupuesto de campaña, un presupuesto diseñado en función de que el año 2008 es un año preelectoral; un año preelectoral en que el Partido Revolucionario Democrático, que está en gobierno, se abocará, en primer lugar, a una elección de sus autoridades internas … y, luego, en octubre de este año, hará las elecciones primarias para escoger a sus candidatos a los distintos cargos de elección. Es en función de eso y no en función de los intereses del país que está diseñado este Presupuesto General del Estado para el año 2008 (Asamblea Nacional 2007).

1.3. Coyuntura social

De acuerdo con altos funcionarios del gobierno -quienes han fundamentado sus apreciaciones en cálculos un tanto dudosos- la expansión de la economía ha tenido efectos muy positivos en la situación social del país. A finales del año pasado, el Contralor General, Carlos Vallarino, divulgó los resultados de un estudio llevado a cabo por su despacho, según el cual la proporción de los hogares pertenecientes a la clase media aumentó de 48% en 2003 al 52% en 2006. El cálculo de la Contraloría, sin embargo, incluye dentro de la “clase media” a las personas que devengan entre US$ 1.100 y US$ 10.000 anuales, lo que -en las palabras del sociólogo Raúl Leis- desvirtúa el concepto, pues incluye dentro de esa categoría “a las personas que ganan menos de un salario mínimo, e incluso a los que ganan 100 dólares al mes” (Palacios Ramsbott 2007c).

Basado en el más reciente ejercicio de la Encuesta Continua de Hogares (agosto de 2007), el Contralor Vallarino también ha aducido que la tasa de desempleo total descendió de 8,7% en 2006 a 6,3% en 2007. Según la Encuesta, las actividades económicas que más contribuyeron a la creación de empleos fueron la construcción (21.866 nuevos puestos), el comercio (12.251), la administración pública (9.110), la agricultura (6.417) y las actividades inmobiliarias (4.263). En un contexto político de acentuado clientelismo, característico de Panamá, es significativo que entre agosto de 2006 y 2007 el número de personas ocupadas en el sector rotulado “Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria” aumentara de 71,207 a 80,317. En agosto de 2006, el 5% de la población ocupada del país estaba empleada en este sector, frente al 6% en agosto de 2007 (Contraloría 2007a). Dicho sector, por cierto, no incluye la totalidad de los empleados públicos, cuyo número, al 30 de septiembre de 2007, ascendía a 160.714 (Palacios Ramsbott 2007b).

En este caso, igualmente, la metodología del contralor fue cuestionada por analistas económicos. Adolfo Quintero, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, explicó que parte de la disminución en el desempleo anunciada por la Contraloría General obedece a cambios en la fórmula de cálculo, particularmente “la metodología que recomiendan los organismos internacionales para medir el desempleo”, que incluye al denominado “empleo informal” dentro de la categoría de “ocupación plena”. “Se habla de una disminución en el desempleo”, indicó Quintero; “sin embargo, el empleo informal se mantiene un tanto alto (47% de la mano de obra), al igual que el desempleo oculto … Ello significa que la dinámica del empleo formal o decente carece de la calidad necesaria, y aunque se diga que ha disminuido el desempleo, la gente no halla trabajo” (Quintero 2007).

Como lo sugiere este comentario -y lo demuestran los indicadores de las condiciones estructurales y coyunturales del país- la bonanza económica se ha producido en un contexto social potencialmente explosivo. El más reciente índice de desarrollo humano de Panamá (2005: 0.812) coloca a la república istmeña entre los denominados “países de alto desarrollo humano” (Quijano 2007). Al mismo tiempo, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 37,3% de la población vive bajo la línea de pobreza -la proporción más alta entre los cinco países latinoamericanos considerados de “alto desarrollo humano”- cuya línea de pobreza se presenta en dicho informe (Brasil, Costa Rica, Chile, México y Panamá).

De acuerdo con la misma fuente, Panamá y Brasil reflejan la mayor desigualdad en la distribución del ingreso (o el consumo) entre el grupo de ocho países latinoamericanos de “alto desarrollo humano”.9 En este conjunto de países, el índice de Gini de Panamá, de 56,1, es superado sólo por el de Brasil (57,0). Además, el 8% de los niños panameños menores de cinco años presenta bajo peso para su edad (una medida de desnutrición), comparado con el 1% en Chile, 4% en Cuba y Argentina, 5% en Uruguay y Costa Rica, 6% en Brasil y 8% en México (PNUD 2007-2008). Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF 2008), el 19% de los niños panameños menores de cinco años padece de desnutrición crónica (baja talla para la edad).

El año pasado, la desnutrición contribuyó a la muerte de decenas de personas -especialmente niños- en las comarcas Ngobe-Buglé y Emberá-Wounaan (áreas de población indígena) por enfermedades prevenibles. En “el país de los rascacielos, de la economía creciente y con un Canal interoceánico que aporta al Estado millones de dólares todos los años” -escribió la periodista Eliana Morales Gil- en el Darién (provincia fronteriza con Colombia) “el 67,5% de sus habitantes es pobre y el 32,6% vive en pobreza extrema, según cifras de la Contraloría.” A raíz de estos lamentables incidentes, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá se quejó de que “el auge económico que ha tenido Panamá a través de proyectos millonarios” sólo ha beneficiado “a sectores elitistas de la población” (Reuters 2007; Morales Gil 2007; EFE 2007b).

El crecimiento económico ha estado acompañado de un alza considerable en el costo de la vida. En 2007, el índice de precios al consumidor (IPC) nacional urbano aumentó en 6,4%, el crecimiento más alto registrado desde 1980. Los incrementos en los precios del transporte y los alimentos fueron los principales contribuyentes al alza (Muñoz 2008a), lo que ha traído como consecuencia un descenso en las condiciones de vida de la mayoría de la población, cuyos ingresos no han logrado crecer al mismo ritmo que el costo de la vida (Blandón Figueroa 2008; Gandásegui 2007). Las malas condiciones laborales, la desigualdad, la pobreza, la carestía de la vida y otros fenómenos sociales han contribuido a la acentuación del malestar entre sectores populares y medios, manifestado -entre otros fenómenos- por el número de protestas y el aumento en la criminalidad.

En cuanto a lo primero, de acuerdo con un cómputo basado en las informaciones publicadas en el diario panameño La Prensa, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2007 hubo en Panamá 170 protestas populares, lo que equivale a una protesta cada dos días.10 Algunas de estas manifestaciones tuvieron desenlaces violentos, tales como cierres forzados de vías públicas, destrucción de infraestructuras públicas o propiedades privadas y enfrentamientos con la policía. La protesta más dramática del año fue el paro médico que interrumpió la prestación de servicios de salud en los hospitales estatales durante 39 días, en noviembre y diciembre del año pasado, como medida de presión para lograr ajustes salariales a favor de los trabajadores del sector (González Pinilla 2007).

En cuanto a la criminalidad, en 2007 fueron denunciados aproximadamente 31 mil delitos en Panamá, frente a casi 27 mil en 2006. El hurto, el robo, la estafa y los crímenes contra el pudor y la libertad sexual se encuentran entre los delitos denunciados que registraron aumentos significativos (Díaz 2008). Estas estadísticas sustentan la sensación de inseguridad que existe en la población y la percepción de que las instituciones del Estado no poseen suficiente capacidad o voluntad para proteger la integridad de quienes viven en Panamá (Rodríguez 2008). La gran mayoría (85%) de los encuestados en un sondeo de opinión efectuado a principios de 2008 percibió un aumento en la inseguridad ciudadana en el último año. “El 27% de los entrevistados, sus familiares u hogares”, señaló la encuesta, “ha sido víctima de robos o intentos de robo, cifra que se elevó 5% en relación con la medición de septiembre de 2007.” Los encuestados indicaron también su percepción de que la delincuencia es más violenta ahora que antes y vaticinaron que en un futuro lo será todavía más (Mizrachi Angel 2008).

1.4. Coyuntura subregional e internacional

La política exterior panameña, tradicionalmente reactiva y descoordinada, dio en 2007 nuevas muestras de incoherencia y desapego a valores universales. Hechos tales como la falta de voluntad del gobierno para lograr la extradición del ex dictador Noriega, la elección -a la presidencia de la Asamblea Nacional- de un diputado reclamado por la justicia estadounidense y la candidatura de una cuestionada magistrada a un escaño en el Tribunal Penal Internacional ejemplifican estos rasgos de la política exterior de la república istmeña.

El 1 de enero de 2007, Panamá asumió uno de los diez asientos no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por el período de dos años que culminará el 31 de diciembre de 2008.11 Aunque el gobierno del presidente Torrijos presentó este acontecimiento como un gran logro de la diplomacia panameña, observadores más agudos lo atribuyeron al deseo de Estados Unidos de evitar que el escaño correspondiente a América Latina y el Caribe fuese ocupado por Venezuela, que por varios meses había emprendido una pujante campaña para lograr dicho puesto. Inicialmente, la estrategia estadounidense fue de respaldar la candidatura de Guatemala, la cual, sin embargo, no logró suficientes votos para derrotar las aspiraciones venezolanas. A fin de superar el atolladero en que se encontraba la Asamblea General tras 47 rondas de votaciones para elegir al miembro no permanente por América Latina y el Caribe, la candidatura panameña surgió a última hora, por discreta iniciativa de Estados Unidos, orquestada a través del Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe (GRULAC). Con respaldo estadounidense y de otros países de la región (incluyendo, eventualmente, a Guatemala y Venezuela), Panamá sirvió de instrumento para echar por tierra las pretensiones venezolanas en el Consejo de Seguridad (Bolton 2006; BBC 2006; Malamud 2006; Ministerio de Relaciones Exteriores 2006).

En medio de la mayor reserva, el 21 de agosto el gobierno panameño presentó la candidatura de la magistrada Graciela Dixon, presidenta de la cuestionada Corte Suprema de Justicia, a una de las tres vacantes del Tribunal Penal Internacional. Trascendió posteriormente que la candidatura de Dixon no había sido tramitada de conformidad con ninguno de los dos procedimientos establecidos en el Estatuto de Roma de dicho tribunal.12 Por ese motivo, aunado a la percepción de corrupción que rodea al funcionamiento del sistema judicial y los criterios jurídicos expuestos por Dixon en sus fallos sobre casos de asesinatos y desapariciones forzadas durante la dictadura militar,13 su nominación fue duramente criticada. Las críticas aumentaron cuando se supo que Dixon había solicitado y recibido licencia con sueldo para promover su candidatura entre los Estados Partes en el Tribunal Penal Internacional (Pérez 2007; Pérez y Somarriba Hernández 2007; Sittón Ureta 2007). En las votaciones llevadas a cabo para llenar las vacantes del Tribunal, durante el sexto período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes que tuvo lugar en la sede de la ONU en diciembre de 2007, la candidatura de Dixon fue descartada.

El 1 de septiembre -al inicio del período de sesiones de la Asamblea Nacional correspondiente a 2007-2008- dicha Cámara eligió como su presidente al diputado Pedro González, del gobernante PRD, sindicado en Estados Unidos por la muerte de un soldado estadounidense en 1992. La elección de González contrarió los planes del gobierno de conseguir la rápida aprobación, por el Congreso estadounidense, del Tratado de Promoción Comercial (TPC) firmado por ambos gobiernos en junio y ratificado por la Asamblea Nacional, en sesiones extraordinarias, el 11 de julio.14 Antes de su elección, la Embajada estadounidense había advertido que la designación de González a la presidencia del Poder Legislativo obstaculizaría la aprobación del TPC por el Congreso estadounidense. Tras la votación, el Congreso ha rehusado considerar el TPC con Panamá, en represalia por la elevación de González al principal cargo directivo de la Cámara. La elección de González reveló no sólo fisuras y falta de coordinación de políticas dentro del gobernante PRD, sino la pérdida de autoridad del presidente Torrijos dentro de su propio partido (Drajem 2007; Lacey 2007, USTR 2007).

El defenestrado tirano Manuel Noriega, a cuya dictadura estuvo sometido el país entre 1983 y 1989, volvió a los noticieros en las semanas próximas al 9 de septiembre, fecha de cumplimiento de su condena por narcotráfico y lavado de dinero, que purgaba en un presidio de Florida, Estados Unidos. Al aproximarse la fecha de su liberación, trascendió que el gobierno panameño no había perfeccionado la solicitud de extradición que le correspondía presentar ante el gobierno estadounidense, a fin de que Noriega fuese enviado a Panamá para cumplir las condenas que los tribunales panameños le habían impuesto por diversos delitos (entre ellos, varios homicidios). Al mismo tiempo, se supo que Francia había formalizado una solicitud de extradición para que Noriega fuese enviado a ese país, a fin de que pudiese cumplir la condena por lavado de dinero que se le impuso en ese país en 1999. Entretanto, los abogados del ex dictador, en vista de la condición de “prisionero de guerra” que un juzgado estadounidense le había reconocido en 1992, solicitaron su envío a Panamá, al amparo del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III) de 1949.

Enfrentado a esta compleja situación, el Departamento de Estado dispuso desestimar las solicitudes panameñas de extradición, descartar la tesis de que el Convenio III requería el traslado de Noriega a Panamá y ordenar su envío a Francia. Noriega, sin embargo, permanece preso en Florida, mientras la justicia estadounidense resuelve las apelaciones contra esa decisión presentadas por sus abogados. En lo que atañe a la política exterior panameña, el caso reveló el desinterés del Gobierno del presidente Torrijos por presentar y formalizar las correspondientes solicitudes de extradición, actitud que -se presume- ha operado en beneficio del grupo gobernante,15 pero en detrimento de la justicia panameña (Brannan Jaén 2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 2008).

1.5. Coyuntura política

En los 40 meses transcurridos desde su toma de posesión en septiembre de 2004 y el término del año 2007, el Gobierno del presidente Torrijos no dio mayores muestras de capacidad para atender la problemática social o institucional del país (Bernal 2007a, 2007b). De la mano de un deterioro en la situación social -tal como se expuso anteriormente- la percepción de corrupción -un fenómeno que afecta considerablemente el desarrollo de las instituciones formales en Panamá- se ha acentuado en los últimos años. De acuerdo con Transparencia Internacional (2007), la posición de Panamá en el índice de percepción de la corrupción decayó de 3,7 en 2004 a 3,2 en 2007 (lo que quiere decir que en 2007 se percibió más corrupción que en 2004, cuando asumió el poder el presidente Torrijos). En 2007, Transparencia Internacional situó a Panamá por debajo de Perú (3,5), México (3,5), Brasil (3,5), Colombia (3,8), El Salvador (4,0), Cuba (4,2), Costa Rica (5,0), Uruguay (6,7) y Chile (7,0).

La corrupción afecta el funcionamiento de los principales órganos del Estado panameño, incluyendo el gobierno, la Asamblea Nacional y el sistema judicial. Su penetración del órgano jurisdiccional se considera particularmente nociva. Acerca del funcionamiento de este ramo, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Dimas Cedeño, declaró hace un tiempo que “sólo un exorcismo pondría fin al ‘infierno jurisdiccional’ ” que constituía el Órgano Judicial (Hinestroza 2005). Un reciente informe sobre la calidad de la administración de justicia en Centroamérica y Panamá destacó la falta de efectividad y transparencia del sistema judicial panameño e identificó la presencia de dos tipos principales de corrupción: la corrupción aislada, “realizada de manera individual o personal por un funcionario o empleado judicial que comete un acto de corrupción” y la corrupción sistemática, “la ejecutada por un funcionario judicial o un grupo de personas que utilizan de manera metódica la institución causando una reducción de la calidad o disponibilidad del servicio.” El informe concluye subrayando la necesidad de eliminar los factores que debilitan la función judicial y crean áreas de riesgo de corrupción, tales como la impunidad, es decir, la certeza o sentimiento que se tiene en Panamá [de] “que el delito paga”, que se pueden violar las leyes o cometer delitos y nadie va a resultar sancionado, o que existe la posibilidad que el problema se solucione pagando o teniendo a un amigo político para que logre anexarlo al listado [sic] de un indulto, emitido por el Ejecutivo y avalado por el silencio del Órgano Judicial; las presiones políticas y económicas; el amiguismo, el nepotismo; las carencias de recursos humanos, materiales y económicos; la ausencia o limitación de la capacitación técnica y especializada del recurso humano; la desorganización y la burocracia; las deficiencias del servicio; la ausencia de controles y de supervisión efectiva (DPLF 2007: 388, 440).

En Panamá -como en otros países de la región- la corrupción se relaciona estrechamente con el clientelismo, institución informal cuyas normas contribuyen a determinar los desenlaces políticos en la república istmeña. Y si el gobierno del presidente Torrijos no ha manifestado mayor interés en o capacidad para enfrentar los problemas institucionales y sociales del país, sí ha sido exitoso en su manejo del sistema político tradicional mediante el clientelismo y otras instituciones informales.

Durante la administración de Martín Torrijos, como en períodos anteriores, el clientelismo ha operado en dos niveles, socavando la rendición horizontal y vertical de cuentas. En cuanto a la rendición horizontal, el aumento del empleo público (mencionado arriba), la ejecución de programas asistenciales y el considerable gasto del gobierno en publicidad16 han contribuido a generar focos de apoyo al gobierno en ciertos sectores.

Un indicador de este apoyo es el aumento en el número de miembros inscritos en el PRD, que en la víspera de las elecciones de 2004 era de 429.871. Al 31 de diciembre de 2007, la cifra había aumentado en un 36%, a 583.468. Entre las mismas fechas, el número de integrantes del Partido Panameñista -principal de oposición- creció de 190.845 a 201.044 (5%) (Tribunal Electoral 2008a). Obviamente, el aumento en el número de miembros del PRD no obedece, exclusivamente, a la compra de afiliaciones mediante dádivas clientelistas: el partido tiene buena organización y presencia importante en todo el país. Sin embargo, no cabe duda de que su control del gobierno y, especialmente, del presupuesto del Estado contribuye a atraer a su seno a nuevos integrantes.

Entre los programas asistenciales cuyo componente clientelista ha sido señalado están el Proyecto de Bonos Familiares para Alimentos, que otorga un subsidio de US$ 35 mensuales a cinco mil familias en condiciones de extrema pobreza, residentes en áreas indígenas del oeste de la república (SENAPAN 2008); el Programa de Desarrollo Comunitario para Infraestructura Pública (PRODEC), que canaliza parte de las rentas del Canal de Panamá al financiamiento de infraestructuras viales, centros de enseñanza, instalaciones hospitalarias, acueductos, alcantarillados, equipamientos urbanos, infraestructuras de electrificación rural y “obras y servicios de interés de las comunidades” (Polanco 2008; PRODEC 2008) y, en general, otros subsidios otorgados a través de la Presidencia de la República (incluyendo el llamado “Despacho de la Primera Dama”), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), las Juntas Comunales y otras oficinas estatales o municipales.

En lo que atañe a la rendición horizontal de cuentas, el manejo clientelista del gobierno ha contribuido a reducir la labor fiscalizadora de los demás órganos del Estado -especialmente la Asamblea Nacional- a su mínima expresión. El crecimiento de la fracción oficialista en la Cámara, a través de la inscripción formal de diputados de otros partidos en el PRD y la atracción coyuntural de algunos miembros de la oposición -como se explica abajo- son indicadores de los efectos del clientelismo en las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Como resultado de estas prácticas, el gobierno del presidente Torrijos ha logrado la aprobación de sus medidas sin mayores obstáculos.

La desorganización y falta de beligerancia de los partidos de oposición también ha sido notoria en este período. “La oposición tiene muchas deudas pendientes con el pueblo”, expresó, en una reciente columna, el ex diputado y ex rector de la Universidad de Panamá, Carlos Iván Zúñiga. “Una de ellas es haber prolongado su silencio ante diferentes iniciativas oficiales. No han pasado de las escaramuzas coyunturales” (Zúñiga 2008). Fuera del sistema de partidos, los movimientos populares han adquirido mayor relevancia en años recientes, aunque la magnitud del apoyo que poseen es difícil de cuantificar. En abril de 2007, el Frente Nacional por la Defensa de la Soberanía (FRENADESO) celebró su congreso constitutivo, en el que convocaron “a todos los sectores sociales del pueblo panameño a organizarse … [c]onvencidos de que las respuestas a las necesidades de las masas empobrecidas y marginadas sólo se alcanzan a través de la lucha organizada.” Meses más tarde se constituyó la Unión Campesina Panameña (UCP) como uno de los “pilares” de FRENADESO, con los objetivos fundamentales de impulsar las luchas a nivel nacional, frenar y derrotar las políticas neoliberales, a los latifundistas y empresarios explotadores, los proyectos de muerte que se adelantan en el interior del país. Igualmente enfrentar el ALCA, TLC y Plan Puebla-Panamá, proyectos ingerencistas [sic] que acabarán con los productores agropecuarios nacionales y afectarán nuestra soberanía y seguridad alimentaria (López 2008).

II. CAMBIOS INSTITUCIONALES (Y CONSTITUCIONALES) Y CAMBIOS SUBSTANCIALES EN POLÍTICAS PÚBLICAS

A principios de 2007 entraron en vigencia las modificaciones al Código Electoral aprobadas por la Asamblea Nacional en diciembre de 2007. El propósito de dichas modificaciones fue de armonizar el contenido del Código Electoral a la reforma constitucional de 2004 que, entre otros cambios, fijó en 71 el número de integrantes de la Cámara Representativa y autorizó las candidaturas independientes a la Asamblea Nacional. También en diciembre de 2006, la Asamblea Nacional dictó también la Ley Nº 59, que reconfigura los circuitos electorales para adecuarlos al contenido de la reforma constitucional de 2004 (Guevara Mann 2007b).17 Más allá de adecuar la legislación electoral al contenido de la Constitución, estas reformas no impulsaron una apertura para permitir mayor participación ciudadana en el régimen político, el cual sigue siendo caracterizado como una “partidocracia” excluyente que frustra las aspiraciones de la ciudadanía (Camino Alternativo 2008).

Tras más de un año de deliberaciones, a finales de octubre de 2007 concluyó el Diálogo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. El Diálogo, facilitado por las Naciones Unidas, fue convocado por el gobierno en agosto de 2006, en respuesta a las críticas de que el programa de ampliación del Canal, impulsado por la administración del presidente Torrijos, estaba desconectado de las necesidades socioeconómicas del país. Aunque el Diálogo emitió varias propuestas de reformas -en las áreas de educación, protección social, administración de justicia, economía de los sectores vulnerables y salud- la Concertación fue duramente criticada como un ejercicio improductivo y, por algunos sectores, como un intento por legitimar la privatización de algunos servicios estatales, entre ellos los servicios de salud pública (Quintero de León 2007b; La Prensa 2007).

1. Poder Ejecutivo

De acuerdo con la Constitución de 1972, el Órgano Ejecutivo está constituido por el Presidente de la República y los ministros de Estado, de los cuales hay 14 en la actualidad. Los ministros de Estado son nombrados y removidos libremente por el presidente. La Asamblea Nacional puede emitir votos de censura contra ellos, pero dicho voto -que requiere el apoyo de 2/3 de la Cámara- no obliga a su remoción por el Jefe del Ejecutivo (República de Panamá 2004).

Tres partidos forman parte de la coalición gubernamental: el PRD, el Partido Popular y el Partido Liberal. El PRD y el Partido Popular formaron parte de la alianza que llevó al poder al presidente Torrijos (PRD) en 2004. De los 711.447 votos que recibió la nómina encabezada por Martín Torrijos en 2004, 649.157 (91%) le fueron aportados por el PRD y 62.007 (9%) por el Partido Popular. El Partido Liberal se adhirió al gobierno tras su reconocimiento por el Tribunal Electoral, en 2005 (Tribunal Electoral 2004, 2008).

En abril de 2007, el Contralor General de la República, Dani Kuzniecky, fue nombrado ministro para Asuntos del Canal, en reemplazo de Ricaurte Vásquez. A instancias del Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Vallarino, fue designado Contralor General por la Asamblea. Héctor Alexander, Viceministro de Finanzas, fue nombrado ministro de Economía y Finanzas en reemplazo de Vallarino (Cumbrera 2007; Reyes 2007).

En agosto, el presidente Torrijos despidió a los ministros de Gobierno y Justicia, Salud y Educación (Somarriba Hernández y Flores 2007). Tras las reconfiguraciones de abril y agosto de 2007, el gabinete quedó compuesto por tres mujeres y once hombres. En términos de afiliación partidaria, diez de los ministros son miembros del PRD, tres son independientes y uno es miembro del Partido Popular.

Tres grupos informales están representados en el gabinete. El de los “técnicos” perredistas incluye a los ministros de Economía (Alexander), Educación (Castro), Salud (Turner), Desarrollo Agropecuario (Salazar), Trabajo (Salamín) y Desarrollo Social (Roquebert). En el de amigos personales del mandatario figuran los vicepresidentes Lewis y Arosemena, los ministros de Comercio (Ferrer) y el Canal (Kuzniecky), lo mismo que el gerente del Instituto Panameño de Turismo (Blades).

El grupo más influyente -el de los “políticos” perredistas- está compuesto por los ministros de Gobierno (Delgado), Obras Públicas (Colamarco) y Vivienda (Herrera). Tienen mando en el partido y su trayectoria se remonta a los tiempos del régimen castrense. Delgado fue militar de las Fuerzas de Defensa comandadas por Manuel Noriega. Colamarco jefaturó uno de los batallones paramilitares adscritos al mismo dictador (los llamados “batallones de la dignidad”). Herrera ha sido diputada en tres períodos y, durante el período autoritario, alcaldesa del Distrito de San Miguelito e integrante de las bandas paramilitares de la dictadura (AFP 2007). El retraimiento y débil liderazgo del presidente Torrijos ha creado las condiciones para que este grupo, en asocio de elementos semejantes en el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, lleve las riendas de la administración pública durante lo que va del período constitucional 2004-2009.

Tabla 3: Funcionarios con rango de ministro de Estado en el gabinete del presidente Martín Torrijos, Panamá 2007


Cargo

Nombre

Partido


Primer vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores

Samuel Lewis Navarro

PRD

Segundo vicepresidente y ministro de la Presidencia

Rubén Arosemena Valdés

Partido Popular

Ministro de Gobierno y Justicia

Daniel Delgado Diamante

PRD

Ministro de Economía y Finanzas

Héctor Alexander

PRD

Ministro de Educación

Belgis Castro

PRD

Ministro de Obras Públicas

Benjamín Colamarco

PRD

Ministro de Comercio e Industrias

Alejandro Ferrer

Independiente

Ministra de Salud

Rosario Turner

PRD

Ministro de Desarrollo Agropecuario

Guillermo Salazar

PRD

Ministra de Vivienda

Balbina Herrera

PRD

Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral

Edwin Salamín

PRD

Ministra de Desarrollo Social

María Roquebert

PRD

Ministro para Asuntos del Canal

Dani Kuzniecky

Independiente

Gerente General del Instituto Panameño de Turismo (actualmente con rango de ministro)

Rubén Blades

Independiente


Fuentes: Portal electrónico de la Presidencia de la República (www.presidencia.gob.pa); Campos Candanedo 2004; Flores 2007e; Quintero Quirós 2008.

2. Poder Legislativo

La Constitución de 1972, más recientemente reformada en 2004, dispone el ejercicio del Poder Legislativo por la Asamblea Nacional, corporación unicameral constituida, en la actualidad, por 78 diputados elegidos en 2004 por un período de cinco años (República de Panamá 2004).18 De acuerdo con la tipología de Jean Blondel (citada en Lijphart 1999, 66-69), la Asamblea panameña opera en un sistema multipartidista con partido dominante (el PRD).19 Según Blondel, la característica fundamental del multipartidismo con partido dominante es que el sistema tiene un número efectivo de partidos entre 3,5 y 4,5. Para el período 1984-2004, el número efectivo de partidos en Panamá, basado en la repartición de los escaños en la Asamblea, es de 4,2. En el mismo período, el 43% de estos escaños, al momento de la elección, fue asignado al PRD, seguido -bastante lejos- por el Partido Panameñista (17%) (Guevara Mann, por publicar).

A finales de 2007, siete de los ocho partidos políticos reconocidos por el Tribunal Electoral tenían diputados en la Asamblea, según lo indica la siguiente tabla:

Tabla 4: Diputados a la Asamblea Nacional y partidos políticos reconocidos Panamá, 2004, 2007


Partido

Año de reconocimiento
por el Tribunal Electoral

Diputados


2004

 

2007

 

Revolucionario Democrático (PRD)

1979

42

 

45

 

Panameñista (1)

1991

16

 

17

 

Movimiento Liberal Republicano Nacionalista

1982

4

 

5

 

Unión Patriótica (2)

2006

0

 

5

 

Cambio Democrático

1998

3

 

2

 

Popular (3)

1980

1

 

1

 

Vanguardia Moral de la Patria

2007

0

 

1

 

Liberal (4)

2005

0

 

0

 

Solidaridad (2)

1993

9

 

0

 

Liberal Nacional (2) (4)

1997

3

 

0

 

Independientes

0

 

2

 

N

78

 

78

 

Fuentes: Aparicio 2007; Boyd Marciacq 2007a; Conte Porras 2004; Flores 2007f, 2007d; Tribunal Electoral 2008b.
(1) El Partido Panameñista se remonta a 1934, cuando fue fundado con el nombre de Coalición Nacional Revolucionaria.
(2) En 2006, los partidos Solidaridad y Liberal Nacional se fusionaron y dieron origen al Partido Unión Patriótica.
(3) El Partido Popular se remonta a 1960, cuando fue fundado con el nombre de Partido Demócrata Cristiano.
(4) El Partido Liberal y el Partido Liberal Nacional se remontan a los orígenes del partidismo político, en el siglo XIX.

Dos rasgos importantes de la política panameña explican la variación no electoral en el tamaño de los contingentes partidarios entre 2004 y 2007. En primer lugar está la concentración de funciones públicas en el Ejecutivo, que contrasta con la debilidad institucional de la Asamblea. El denominado “hiperpresidencialismo” concentra las atribuciones constitucionales -entre ellas, significativamente, el manejo presupuestario- en el gobierno central. En lo que respecta a las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea, el “hiperpresidencialismo” actúa como un imán, atrayendo a diputados opositores a la coalición oficialista. Como en otros países (e.g., Ecuador; ver Mejía Acosta 2006), esta atracción puede ser coyuntural, aunque también puede tener efectos a más largo plazo.

Las “atracciones” coyunturales ocurren cuando un diputado opositor apoya, desde su partido pero en contravención de las directrices partidistas, alguna iniciativa oficialista. En 2007, esto ocurrió, por ejemplo, cuando los diputados Carlos Afú y Sergio Gálvez, elegidos por el Partido Panameñista (pero sin ser miembros inscritos en ese partido), respaldaron la elección del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Vallarino, como Contralor General de la República (Aparicio 2007), lo mismo que cuando los diputados Yasmina Guillén (Unión Patriótica) y Sergio Gálvez, junto con los “independientes” Rogelio Alba y Aristides de Icaza20 votaron a favor de la candidatura del oficialista Pedro González a la presidencia de la Cámara (Flores 2007d; Panameñismo en Acción).

Las “atracciones” a más largo plazo ocurren cuando diputados elegidos por la oposición renuncian a su partido para inscribirse en el oficialismo. Tal fue el caso de Juvenal Martínez (Cambio Democrático), José Luis Fábrega y Abraham Martínez (elegidos en 2004 por el Partido Solidaridad), quienes en el transcurso de 2007 se inscribieron en el PRD (Flores 2007f). Los diputados opositores que apoyan coyunturalmente al oficialismo o emigran al partido gobernante reciben apoyo gubernamental en la forma de inversiones estatales en sus circunscripciones, nombramientos de simpatizantes a la nómina estatal y otras prebendas.

La debilidad institucional y programática de los partidos panameños -especialmente los de la oposición (BID 2005)- es el otro rasgo que explica las variaciones en la composición de las fracciones de la Asamblea Nacional. La ausencia de orientaciones ideológicas y disciplina partidaria contribuye a alianzas oportunistas y “migraciones” (que también ocurren en otros países latinoamericanos [Mejía Acosta 2006]), producidas como resultado de disputas entre diputados y la dirigencia partidaria o de cálculos acerca de oportunidades electorales. Estos cambios de partido suelen acentuarse en las proximidades de los comicios (Guevara Mann, por publicar). Como resultado de esta tendencia, por ejemplo, en 2007 el Partido Panameñista adquirió un miembro adicional: el diputado Javier Tejeira, de Unión Patriótica (Boyd Marciacq 2007a).

Los rasgos señalados, sumados al influjo de la corrupción y a un ambiente de impunidad generalizada previenen el cumplimiento de las funciones representativas que competen a la Cámara (Guevara Mann por publicar). Estas funciones deben ser ejercidas por el pleno durante las legislaturas ordinarias (o extraordinarias, en caso de convocatoria por el Ejecutivo) y por las 21 comisiones permanentes, durante los recesos del pleno. Como en años anteriores, en 2007 la mayoría de las comisiones permanentes no sesionó durante los recesos de la Cámara (Flores 2007c).

La Asamblea Nacional se reúne anualmente en dos legislaturas ordinarias: la primera, que transcurre entre el 1 de marzo y el 30 de junio, y la segunda, que va del 1 de septiembre al 31 de diciembre (República de Panamá 2004). En 2007, el pleno de la Cámara también se reunió, extraordinariamente, entre enero y febrero, lo mismo que en julio. En la primera legislatura de 2007, la Cámara aprobó 25 proyectos de ley y, en la segunda, 51. En las sesiones extraordinarias de enero-febrero, la Asamblea aprobó reformas al Código Penal y en la convocatoria de julio, la Cámara ratificó el Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos. Como es usual, la mayoría de las leyes aprobadas tuvo su origen en el Ejecutivo (Asamblea 2008; EFE 2007a; Flores 2007a).

En 2007-como en años anteriores-los diputados panameños tampoco sobresalieron por el ejercicio de la función fiscalizadora. Varias propuestas de citación de altos funcionarios del Estado, a fin de que rindieran cuentas por las actuaciones del gobierno, fueron rechazadas por la “aplanadora” oficialista (Mizrachi Angel 2007). En la primera legislatura, por otra parte, la corporación designó sin contratiempos al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Vallarino, como Contralor General de la República, de acuerdo con los deseos del Ejecutivo (Flores y Pérez 2007; ver arriba). En la segunda legislatura del año, la Cámara ratificó sin cuestionamientos las designaciones, hechas por el Ejecutivo, de 23 funcionarios, entre ellos dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia vinculados al presidente Torrijos y al PRD (Asamblea 2008).

Algunos observadores consideraron que la elección del diputado González a la presidencia de la Asamblea (ver arriba) y la delegación de facultades legislativas extraordinarias al Ejecutivo, con ciertas limitaciones, en diciembre de 2007, constituyeron un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad de la Cámara Representativa. Las facultades extraordinarias fueron concedidas de acuerdo con el texto constitucional -pero con el rechazo de la opinión pública- para introducir reformas relativas a la banca, el turismo, la migración y las aduanas (Morales Gil 2008). Sin embargo, tras un análisis más detallado de ambos incidentes, lo que sale a relucir -más que la aspiración de afianzar el papel de la Asamblea- es la lucha por “espacios políticos” entre figuras prominentes del PRD.

III. EVALUACIÓN GENERAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

Desde el desalojo de la dictadura militar a finales de 1989, el Estado panameño se ha regido de acuerdo con la letra de la Constitución de 1972, instituida por los militares y reformada en 1978, 1983, 1994 y 2004. Las limitaciones de dicho texto en materia democrática -particularmente en lo relativo al balance de poderes, la representación ciudadana y la tutela de los derechos individuales y sociales- aunadas al predominio de la corrupción e instituciones informales como el clientelismo, merman el carácter democrático del régimen político panameño.

En 2007, las insuficiencias del sistema fueron evidentes, particularmente en lo que respecta a la rendición de cuentas, la fiscalización de las actividades gubernamentales, el manejo presupuestario y la satisfacción de la denominada “deuda social”. Existe una percepción generalizada de que la bonanza económica que vive Panamá y que se acentuó en 2007 está siendo aprovechada por un grupo reducido, vinculado al ejercicio del poder, en detrimento de los intereses nacionales. Esta percepción ha intensificado los llamados a la convocatoria de una Asamblea Constituyente que replantee los cimientos del Estado panameño y permita una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a la colectividad (Bermúdez Valdés 2007).

NOTAS

1 Estimación preliminar hecha por CEPAL en diciembre de 2007.

2 El PRD fue formado en 1979 por el dictador militar Omar Torrijos (padre de Martín). Desde su fundación hasta la invasión estadounidense de 1989, el PRD fue el principal brazo político-partidista de la dictadura castrense.

3 Agradezco a Manuel Castro Rodríguez el suministro de esta nota.

4 De acuerdo con la Constitución panameña, la ampliación del canal requería aprobación no sólo por la Asamblea Nacional sino, además, mediante referéndum, el cual se llevó a cabo el 22 de octubre de 2006. Con la participación del 43% del electorado -cuyo número total comprendía en ese momento a 2,1 millones de ciudadanos- el proyecto recibió el respaldo de 705.284 votantes (76%) y fue rechazado por 201.105 sufragantes (22%) (Tribunal Electoral 2006).

5 Los buques post-Panamax son aquellos que exceden las dimensiones máximas actuales del Canal de Panamá y, por lo tanto, no pueden utilizar esa vía acuática.

6 Tras la divulgación de esta noticia, el banquero y presidente del Comité de Ética y Civismo de Panamá, Luis H. Moreno, declaró: “Por supuesto que causa mucha suspicacia el que precisamente un poderoso empresario cuya amistad es notoria y que inclusive ha prestado su avión para que el presidente panameño viaje, ahora resulte ganador en una de las licitaciones más ambicionadas” (Boyd Marciacq 2007b).

7 Para ilustrar este aspecto, véase la reciente columna de opinión de un alto ejecutivo de la ACP acerca de los efectos de la actual contracción económica estadounidense sobre las operaciones del Canal de Panamá (Sabonge 2008). Aunque el escrito aludido minimiza dichos efectos, el punto fundamental es que un encogimiento económico mundial, especialmente si se manifiesta con particular ímpetu en Estados Unidos, puede producir consecuencias de consideración en la economía panameña.

8 El Partido Panameñista, fundado por el Dr. Arnulfo Arias Madrid (tres veces presidente de la República) en 1934, es en la actualidad el principal partido de oposición.

9 Otros países latinoamericanos incluidos en esa categoría son Argentina, Uruguay y Cuba. Estos países no presentan información sobre la línea de pobreza en el más reciente Informe de Desarrollo Humano.

10 El cómputo es aproximado y sólo se basa en una sola fuente (La Prensa). Un cálculo más exhaustivo pudiese arrojar una cifra superior. Agradezco la ayuda de Amanda Copeland, Ermelinda Galindo, Crystal González y Kathryn Smith para llevar a cabo este ejercicio.

11 Anteriormente, Panamá fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 1958-1959, 1972-1973, 1976-1977 y 1981-1982 (ONU 2007).

12 De acuerdo con el primer procedimiento, contenido en el Art. 36 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, la designación de Dixon debió ser efectuada por el Consejo de Gabinete y ratificada por la Asamblea Nacional. La segunda fórmula, estatuida en el mismo artículo, requería la nominación por el grupo de árbitros panameños de la Corte Permanente de Arbitraje (CPI 2002). Ninguno de los dos procedimientos fue empleado para formalizar la candidatura de Dixon (Guevara Mann 2007a).

13 De acuerdo con el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá “Héctor Gallego”, bajo la presidencia de Graciela Dixon (2005-2007) “seis de siete casos de desaparecidos durante la dictadura en Panamá fueron declarados prescritos por la Corte Suprema de Justicia.” Dixon fue ponente en al menos dos de los casos declarados prescritos. La normativa internacional sobre derechos humanos, comprendida en diversos convenios internacionales ratificados por Panamá y sostenida en otros fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, prohíbe la prescripción de crímenes de lesa humanidad, entre los que destacan el asesinato político y las desapariciones forzadas (Comité 2007).

14 De acuerdo con el diario La Prensa, el TPC recibió el apoyo de 58 diputados (tanto de gobierno como de oposición) y el rechazo de tres miembros (de oposición). Un diputado (de oposición) se abstuvo (Quintero de León 2007a).

15 Según alegatos de los abogados estadounidenses de Noriega, sectores allegados al presidente Torrijos, pertenecientes -como el derrocado dictador- al PRD, se oponían al retorno del tirano a Panamá, pues estimaban que su regreso podría afectar negativamente la imagen de dicho partido y menoscabar las posibilidades de reelección del PRD en los comicios de 2009 (Brannan Jaén 2007b).

16 Este renglón presupuestario aumentó de US$ 14,2 millones en 2005 a US$ 25,9 millones en 2007. Según un cálculo, el presupuesto diario para la publicidad estatal asciende a US$ 71 mil (Palacios Ramsbott 2007a).

17 Para el texto actualizado del Código Electoral, ver República de Panamá 2007.

18 La reforma constitucional de 2004 fijó en 71 el número de diputados. Esta será la cantidad de diputados que se elegirá a partir de 2009.

19 La tipología de Blondel consiste en cuatro categorías de sistemas de partidos: 1) bipartidistas, 2) de dos partidos y medio, 3) multipartidistas con partido dominante y 4) multipartidistas sin partido dominante.  

20 Alba fue elegido en 2004 por el Partido Liberal Nacional e Icaza por el Partido Solidaridad. Como lo indica la Tabla 3, ambos partidos se fusionaron en 2006, lo que dio origen al nacimiento del Partido Unión Patriótica. Alba e Icaza, sin embargo, no se inscribieron en este partido.

 

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Carlos Guevara Mann es profesor asistente de Ciencias Políticas en la Universidad de Nevada, Reno, consultor internacional y comentarista político en Panamá. Recibió una maestría en Asuntos Internacionales en Ohio University y su doctorado (PhD) en la Universidad de Notre Dame. Antes de dedicarse a la academia, fue Director General de Política Exterior de Panamá y ejerció cargos gerenciales en el sector bancario internacional. Su libro Panamanian Militarism: A Historical Interpretation fue publicado por Ohio University Press en 1996. University of Notre Dame Press publicará próximamente su estudio sobre el comportamiento político de los diputados panameños, tentativamente intitulado Forsaken Virtue: Reelection, Rent-seeking, and the Search for Immunity in the Political Behavior of Panama’ s Assembly Members.
(E-mail: guevara@unr.edu).

 

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