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Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) vol.31 no.1 Santiago  2011

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2011000100004 

REVISTA DE CIENCIA POLITICA / VOLUMEN 31 / N° 1 / 2011 / 63 - 89.

ARTÍCULOS

 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN CHILE: ¿COMPLEMENTO SUBORDINACIÓN A LAS INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS LOCALES?1

Democracy Participatory and Participatory Budgeting in Chile: Complement or Subordination to the Representative Local Institutions?

 

EGON MONTECINOS
Universidad de Los Lagos.


RESUMEN

Este artículo analiza el diseño institucional predominante en presupuestos participativos en Chile. El estudio contribuye a completar la falta de conocimiento acabado de los modelos de presupuesto participativo en países distintos de Brasil. Se identifican y comparan cuatro dimensiones de análisis de trece casos de presupuestos participativos: proceso participativo, recursos financieros, marco normativo y territorialidad. El principal hallazgo de la investigación es que las condiciones de contexto en las cuales se desarrolla impiden que se complemente adecuadamente con las instituciones de la democracia representativa local. Se concluye que dado el desarrollo que ha tenido en Chile, no se observa complementariedad entre estas instituciones participativas y las representativas a escala local.

Palabras clave: Municipios, presupuesto participativo, democracia, participación ciudadana, democracia participativa.


ABSTRACT

This paper analyzes the institutional predominant design in participatory budgeting in Chile. The study makes a contribution by filling de gap about the lack of knowledge of the models of participatory budgeting in places different from Brazil. The study identifies and compares four analytical dimensions in thirteen cases of participatory budgeting: the participative process, financial resources, legal framework and territoriality. The finding principal is that the context in which participative budgetings develop prevents it to complement adequately with the institutions of local representative democracy. The principal conclusion is that in Chile complementarity is not observed between these participative institutions and those representatives institutions to local scale.

Keys words: Municipalities, participatory budgeting, democracy, citizenship participation, participatory democracy.


 

I. INTRODUCCIÓN. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN AMÉRICA LATINA: DE LA DELIBERACIÓN BRASILEÑA AL VOTO CHILENO

Después de Porto Alegre, el presupuesto participativo ha experimentado diversas modificaciones que hacen pensar que su modalidad deliberativa concentrada en la incidencia sobre el presupuesto municipal global, por medio del diálogo abierto en asambleas territoriales y con el objetivo de mejorar la distribución de recursos locales, se encuentra en franco declive o parece estar pasando de moda fuera de Brasil (Goldfrank, 2006: 26). En contraposición, una idea más liberal del Presupuesto Participativo (PP), asociada a un nivel más consultivo de participación, estaría tomando mayor fuerza o ascendencia en el resto de la región (Shack, 2005; Goldfrank, 2006 y 2007). De acuerdo con la literatura, las variables explicativas de esta situación estarían relacionadas básicamente con la intención de los diseñadores y con las condiciones de contexto del lugar donde se realiza, especialmente con los procesos de descentralización y el rol jugado por los partidos políticos y la sociedad civil, los cuales determinaron en gran parte el éxito del modelo brasileño y han determinado en gran parte el que se da fuera de Brasil (Nylen, 2002 y 2003; Schneider et al., 2006; Goldfrank, 2006). Así, el diseño institucional del PP se torna más plural o elitista, de acuerdo con las características del lugar en que se lleva adelante esta iniciativa. Como consecuencia, la hipótesis de un éxito no generalizado del PP en países fuera de Brasil, resulta ser valedera de acuerdo con la evidencia mostrada hasta la fecha (Goldfrank, 2006: 3; Shack, 2005; Matías, 2004; Montecinos, 2006).

En Chile, los procesos de presupuesto participativo a escala local se presentan algo heterogéneos (Montecinos, 2006). La mayoría de los casos se orientan por el estilo liberal y consultivo predominante en experiencias fuera de Brasil, donde la elección de proyectos por medio de votación popular representa el momento más importante del proceso. No obstante esta tendencia, también se pueden identificar algunos casos que parecen estar más orientados por el modelo brasileño de la nueva izquierda (esta comparación se hace guardando las diferencias de contexto entre Brasil y Chile), donde se observa una mayor valoración del proceso de las discusiones sobre prioridades en las asambleas del presupuesto participativo. Así, el desarrollo, especialmente desde el 2004 al 2008, ha sido progresivo y creciente, registrando hasta la fecha más de 30 iniciativas, de las cuales no más allá de 13 se registran con un funcionamiento superior a los cuatro años2 y en las cuales se pueden observar ciertas regularidades que pueden ayudar a comprender de mejor forma el diseño del presupuesto participativo en Chile.

Esta creciente emergencia de presupuesto participativo hace necesario observar con mayor profundidad las condicionantes claves para su desarrollo, y los diferentes diseños institucionales adoptados por los municipios que lo han implementado, y así establecer los alcances de este nuevo mecanismo participativo especialmente en relación con las instituciones representativas clásicas del espacio local (alcaldes, concejales y representantes de las organizaciones sociales).3 Este objetivo responde particularmente al desafío planteado por algunos autores como Goldfrank (2006); Cabannes (2004a); Sintomer (2005); Wampler (2004) quienes señalan que existen algunos vacíos teóricos sin llenar en la discusión de la literatura latinoamericana, uno de los cuales se refiere a la falta de un conocimiento acabado de los modelos y diseños de presupuesto participativo experimentados al interior y entre los distintos países de América Latina. Especialmente en aquellos países distintos de Brasil y evaluar así los alcances de complementariedad o subordinación entre instituciones participativas y representativas (Goldfrank, 2006: 8; Tatagiba, 2006; Abascal, 2004; DaRocha, 2008; Souza, 2001; Sousa, 1998; Subirats, 2005).

La hipótesis que se sostiene para el caso chileno es que "las condiciones institucionales (centralismo político), sociales (escaso protagonismo de la sociedad civil) y políticas (relación clientelar entre actores políticos locales y organizaciones sociales) bajo las cuales se desarrolla el presupuesto participativo impiden que tenga sustentabilidad, observándose más bien tendencia a que los procesos sean altamente volátiles. Es decir, el contexto actual en Chile no favorece que este mecanismo de democracia participativa se integre adecuadamente y complemente la dinámica de las instituciones de la democracia representativa local. Como consecuencia, se observa cierta tendencia a la subordinación más que al complemento del presupuesto participativo a la democracia representativa. Esto se traduce en que en Chile se tiende a valorar mucho más el proceso de votación que el de deliberación, y la ciudadanía se moviliza con mayor facilidad a escala barrial que a escala de ciudad y, en muchas ocasiones, el mismo actor (alcalde) que lo origina lo subordina. Para observar las condiciones institucionales, sociales y políticas en las cuales se desarrolla el presupuesto participativo así como el diseño institucional que este mecanismo adopta, la recolección y análisis de datos fue construida en base al documento preparado por Goldfrank (2006) para observar las condiciones, y al de Yves Cabannes (2004 y 2005) para observar el diseño institucional del PP.4 Se usan estos dos autores ya que en sus trabajos sintetizan los diferentes enfoques y estudios asociados a condiciones y diseño del PP y, como consecuencia, representan cierta validación internacional y uniformidad producto de investigaciones previas con un carácter comparado internacional sobre el diseño institucional de los presupuestos participativos en América Latina.

De esta manera, este artículo se propone aportar evidencia empírica respecto de la experiencia chilena de los municipios que han logrado sostener durante más de tres años consecutivos el presupuesto participativo,5 y responder a dos preguntas centrales, ¿cuál es el diseño institucional y las condiciones que han determinado el desarrollo del PP en Chile? y ¿cuál es el alcance e integración alcanzado entre esta institución participativa con las instituciones representativas locales?

El artículo se estructura de la siguiente manera. En la primera parte se describen los municipios que han implementado el presupuesto participativo y se establecen las principales condiciones que han determinado su desarrollo; acto seguido se aborda el diseño institucional utilizado, para finalmente cerrar el artículo con algunas conclusiones generales asociadas a la relación entre las tradicionales instituciones representativas y las nuevas instituciones participativas a escala local.

II. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO Del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN CHILE

Hacia el año 2001 el municipio de Cerro Navia, ubicado en la Región Metropolitana, decide implementar presupuesto participativo con la idea de incorporar a ciudadanos y organizaciones en las decisiones de una pequeña porción del presupuesto municipal total, en específico de 200 millones de pesos (400 mil dólares aproximadamente), lo cual representaba para ese entonces cerca del 4% del presupuesto total de esa municipalidad.

Años más tarde se sumaron municipios como el de Buin, San Joaquín, Illapel, Negrete, La Pintana; Talca, Rancagua, Lautaro, Freirina, Purranque, San Antonio, Puerto Montt. Estos municipios hasta hoy representan en Chile el selecto grupo de municipios que han logrado sostener por más de tres años consecutivos este mecanismo de democracia participativa. Existe otro grupo de municipios que se encuentran dando los primeros pasos para consolidar dicho proceso.6

Esta aproximación a la realidad chilena nos indica que de un total de 345 municipios, en general sólo 13 han logrado sostener este mecanismo de democracia participativa de manera consecutiva por más de tres años; los otros casos (alrededor de 17) han sido intermitentes o se encuentran en su primera versión. Este número no representa más allá del 4% del total de municipios del país. En el Cuadro 1 se caracteriza a los municipios que hasta el año 2008 han implementado este mecanismo durante tres años consecutivos y que forman parte de la muestra de esta investigación.


Para observar las condiciones de contexto que influyeron en el desarrollo del presupuesto participativo chileno se tomó como referencia la propuesta teórica planteada por Goldfrank (2006),7 quien señala que existen una serie de condiciones necesarias y suficientes para su desarrollo. Las variables observadas en el presupuesto participativo fueron: origen (alcalde, concejales, sociedad civil); rol del alcalde y los concejales en la distribución de los recursos; naturaleza de estos fondos; apoyo financiero de otros niveles de gobierno, condiciones legales que lo favorecen, rol de los partidos políticos, rol de la sociedad civil, rol del nivel regional y central en su desarrollo.

En todos los casos, con excepción de Illapel, el presupuesto participativo se originó por decisión política del alcalde y no del concejo municipal. El caso del municipio de Illapel se originó producto de la petición que hacen al alcalde de la municipalidad la unión comunal de juntas de vecinos rurales en conjunto con la ONG "Confluencia". No obstante, esta aislada situación no provocó el empoderamiento necesario en la sociedad civil para modificar la gestión tradicional de la gestión municipal, ya que aun cuando en los dos primeros años (2004-2005) Illapel logró sacar adelante un modelo de gestión participativa, en los últimos años esa gestión ha decaído, cuestión que está en directa relación con la virtual retirada de la ONG "Confluencia" del proceso.

La participación de concejales en la distribución de los recursos destinados al presupuesto participativo es casi nula y sólo se remiten a aprobar los dineros que propone el alcalde junto con sus equipos técnicos. En la mayoría de los casos los concejales hacen sentir este malestar pero finalmente terminan apoyando la moción presentada por el alcalde, salvo mínimos ajustes.8 Por el contrario, el rol del alcalde en la distribución de los recursos resulta ser fundamental, es él quien decide finalmente cuánto es el dinero que se destina al mecanismo participativo. La principal dificultad que han encontrado algunos alcaldes frente al concejo municipal, sucede cuando quieren cambiar algunos fondos concursables a modalidad de presupuesto participativo. Es el caso particular del FONDEVE (Fondo de Desarrollo Vecinal), el cual es un fondo concursable usado para apoyar a organizaciones sociales. Sucede que muchos concejos municipales en Chile utilizan este fondo con un criterio clientelar, ya que los concejales pueden influir en la decisión respecto a qué organización apoyan con recursos municipales para financiar actividades y proyectos de equipamiento o infraestructura comunitaria. Esta afirmación la ratifican algunos dirigentes sociales que señalan lo siguiente:

antes yo no quería participar de los fondos municipales porque era pura política y arreglín, había dirigentes que eran conocidos de concejales y ganaban proyectos, ahora yo sé por qué ganó o perdió mi proyecto, ya que la cosa ahora es por votos y no por acomodo (Informante clave social, Número 2, MR, 2009).

Esta práctica clientelar, que ha sido común en el espacio local desde la recuperación de la democracia en 1990, ha generado que se hayan consolidado relaciones asistencialistas de corte vertical y clientelar entre las organizaciones y los actores políticos, y en algunos casos con los equipos técnicos municipales. Esta situación obstaculiza la implementación de mecanismos que tienden a romper este tipo de relaciones entre la sociedad civil y los actores políticos/técnicos en los espacios locales. No obstante, la mayoría de los municipios, salvo Negrete, mantienen un equilibrio en cuanto al monto que destinan a presupuesto participativo y a FONDEVE. En el caso del municipio de Negrete, se destina un porcentaje notoriamente menor a FONDEVE y mayor a presupuesto participativo. La razón fundamental se debe a que el alcalde de esa comuna está convencido de que todo el dinero destinado a inversión a la comunidad debe ser decidido por medio de este mecanismo participativo.

En cuanto al rol de la sociedad civil, en los 13 casos que han implementado presupuesto participativo se aprecia una ausencia de movimientos sociales locales con relativa autonomía e independencia de la institucionalidad pública, que impulsen procesos de participación ciudadana o de presupuesto participativo o que surjan a raíz de la implementación de este mecanismo. El rol de la sociedad civil en el origen, desarrollo y sostenibilidad del presupuesto participativo se puede calificar como pasivo, porque es funcional a la oferta municipal que para este caso invita a la comunidad a participar de una manera diferente a lo que tradicionalmente sucede. Lo más relevante en este aspecto es que en la mayoría de los casos se ha provocado la renovación de liderazgos o la incursión de nuevos dirigentes sociales que aparecen producto de esta iniciativa: una de las virtudes del presupuesto participativo es que nos ha permitido renovar líderes en algunas organizaciones, eso ha sido revitalizador para nuestra comuna (Informante clave técnico, Número 1, ML, 2009).

La naturaleza de los recursos fiscales destinados a presupuesto participativo es esencialmente municipal. En todos los casos no se discute la totalidad del presupuesto municipal y sólo se hace sobre una pequeña porción que no supera el 3% del presupuesto total. Sólo para el caso de San Antonio se observa una incidencia multinivel, ya que en la versión 2008 recibió un aporte de 50 millones de pesos de parte del Gobierno Regional de Valparaíso que se sumaron a los dineros municipales destinados para el financiamiento de proyectos vía presupuesto participativo.

El ítem desde donde surgen los recursos destinados a presupuesto participativo corresponde al ítem inversión a la comunidad, el cual, en relación al presupuesto municipal total, no representa más allá del 10%. Con este fondo se financian principalmente proyectos menores, como por ejemplo, ampliación y equipamiento de sedes, pavimentación de veredas, mejoramiento menor del alumbrado público, habilitación de espacios recreativos, entre otros. El costo de los proyectos individuales que se observan en los 13 casos no supera en promedio los 3.500 dólares.

En Chile no existen condiciones legales que promuevan el presupuesto participativo; como consecuencia, el rol del nivel regional y central frente a la promoción de este mecanismo de democracia participativa es absolutamente pasivo o nulo. Salvo la difusión y capacitación al personal municipal que realiza la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a los municipios interesados9 en implementar presupuesto participativo, no existe otro tipo de apoyo formal ni incentivo financiero legal desde el centro político para que alcaldes o sociedad civil decidan iniciar procesos participativos.

En cuanto a la discusión sobre este mecanismo participativo que se da al interior de los partidos políticos, se puede observar que el tema de la democracia participativa es marginal o periférico. En general, tanto en la Alianza como en la Concertación encontramos partidos altamente centralizados, de representación nacional, con vocación presidencialista y parlamentaria. Los temas locales aparecen únicamente cuando es necesario discutir los cupos para candidatos a alcaldes y concejales, como consecuencia, la temática de la democracia participativa es periférica o nula.

En el sector denominado progresista de la Concertación (Partidos por la Democracia y Socialista) se observa una "discusión periférica" que llevan adelante apoyados por fundaciones privadas (Fundación F. Ebert), mediante jornadas aisladas de difusión y capacitación sobre temáticas de democracia participativa. El objetivo de estas jornadas es sensibilizar a líderes y autoridades políticas locales electas, mostrando experiencias sobre democracia participativa, para que en lo posible sean replicadas en sus municipios. Fue en estas instancias que se sensibilizaron alcaldes como los de Illapel, Buin, San Joaquín, Talca y Negrete. No obstante aquello, dentro de las discusiones y propuestas programáticas que realizan los partidos políticos en sus convenciones anuales o congresos ideológicos, la democracia participativa sigue siendo un tema periférico y al margen de la preocupación "en serio" que implica alcanzar los escaños que ofrece la "democracia representativa liberal".

Todo este contexto institucional, político y social permite indicar con certeza que la condición de origen de un presupuesto participativo en Chile no tiene relación directa con aspectos institucionales (por ejemplo, no existe en Chile una ley nacional que promueva el presupuesto participativo), ni con aspectos sociales (no se vislumbran movimientos sociales locales con relativa autonomía que impulsen mecanismos de participación o democracia participativa) o político partidistas (la discusión sobre la democracia participativa es casi nula o periférica en los partidos políticos chilenos). Donde sí se observa cierta relación es entre la filiación política del alcalde y el presupuesto participativo. Al respecto, los 13 alcaldes que hasta el año 2008 lo implementaron pertenecían a algún partido de la coalición de centro izquierda "Concertación de Partidos por la Democracia".10 Cabe destacar que los alcaldes pertenecientes al bloque de partidos progresistas de la Concertación, es decir, PPD-PS, representan el mayor número de municipios que cuentan con iniciativas de presupuesto participativo sostenidas por más de tres años. En ellos se puede observar un discurso progresista sobre la participación ciudadana asociado a la "decisión y deliberación" más que a la "consulta e información" de los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Este aspecto es coincidente con el perfil político que tuvieron originalmente las iniciativas de presupuesto participativo en Brasil donde fue la denominada "nueva izquierda" progresista la que se alzó como protagonista en esta materia (Goldfrank, 2006; Blanco, 2002). La diferencia está en que en Chile este tipo de iniciativas no surge a raíz de una discusión política al interior de los partidos políticos progresistas o de izquierda, por ejemplo, en relación a cómo se concibe la democracia en el espacio público local. Más bien surge de concepciones aisladas de militantes de partidos políticos "progresistas" que han asumido cargos de representación popular, particularmente alcaldes.

3. DISEÑO INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN CHILE: ESPACIOS Y LÍMITES PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Para observar el diseño institucional del presupuesto participativo se tomó la matriz propuesta por Cabannes (2004 y 2005), la cual fue levemente ajustada con algunas variables para responder a la realidad chilena. La presentación y revisión de su diseño institucional se realizó de acuerdo a las dimensiones y variables que se plantean en el Cuadro 2.


Cuadro 2: Matriz de variable y dimensión a observar del diseño institucional del presupuesto participativo en Chile11


3.1. Dimensión participativa

La legislación municipal vigente establece que en Chile el único órgano encargado de aprobar el presupuesto municipal es el concejo municipal (alcalde y concejales). Dado que el presupuesto municipal debatido en el presupuesto participativo es un recurso que corresponde a una pequeña parte del presupuesto total, lo que se genera en Chile es lo que Cabannes (2005) denomina un arreglo mínimo. En algunos casos, como la municipalidad de Lautaro se deciden adicionalmente pero en un porcentaje menor los recursos correspondientes a salud (en específico los recursos destinados a promoción y prevención de la salud) y educación primaria. En ningún caso se observa una situación intermedia o avanzada en el sentido de que la ciudadanía pueda influir sobre todo o gran parte del presupuesto municipal.

En cuanto a la forma de participación ciudadana, en todos los casos el proceso consiste en que el municipio define en conjunto con los delegados del presupuesto participativo12 las prioridades y proyectos que luego son seleccionados mediante dos métodos: el primero se puede denominar "votación selectiva", en ella los delegados del presupuesto participativo y no cualquier ciudadano seleccionan los proyectos. La segunda modalidad es mediante "votación universal" en la cual los ciudadanos (generalmente mayores de 15 años) mediante votación popular son los que seleccionan los proyectos a ejecutar con los recursos del presupuesto participativo.

Esta segunda modalidad consultiva es la preferida por alcaldes y equipos técnicos, siendo el momento de la votación el más importante del proceso. Muchos municipios se concentran y realizan esfuerzos considerables por superar la cantidad de personas que asistió a votar el año anterior. Con esta modalidad se pierde notoriamente la capacidad de deliberación desarrollada en la experiencia brasileña y la relación cara a cara, o escuela cívica, que se puede obtener en las asambleas territoriales o temáticas para definir prioridades de inversión. De hecho, en Chile las asambleas territoriales del presupuesto participativo tienen un carácter informativo y de diagnóstico, en el entendido de que en ese espacio se define qué proyectos se someten o no a votación popular, pero no se delibera sobre el uso del presupuesto municipal, ni sobre las prioridades globales de la gestión municipal.

Los casos de Negrete, San Joaquín, San Antonio y Lautaro incorporan el elemento de la deliberación con mayor fuerza en las asambleas territoriales. Aun cuando la deliberación en estos casos es restringida porque se entiende como un espacio de discusión y debate para definir prioridades en el marco del limitado presupuesto destinado a presupuesto participativo, esto es coincidente con que estos municipios son los que han logrado un proceso sostenido y de madurez superior a los demás casos chilenos y están avanzando hacia la configuración de una política de participación ciudadana. Estos municipios han logrado avanzar un poco más debido al liderazgo de los alcaldes y a la ampliación de espacios de democracia en sus comunidades, es decir, no entienden el presupuesto participativo como un mecanismo de democracia que funciona de manera aislada en el entramado municipal. Asimismo, el compromiso y visión integral de la participación que tienen sus equipos técnicos han contribuido notoriamente a ello. Finalmente también se puede observar cierta historia previa de experiencias participativas en estas municipalidades.

De acuerdo con estas dos modalidades de participación, en Chile se observan dos instancias de democracia participativa local: en la elección de delegados y en la elección de proyectos. Todo ciudadano tiene el derecho a participar de las asambleas territoriales y/o temáticas (según sea el caso) y puede a partir de un voto ser elegido o elegir los delegados del presupuesto participativo, asimismo puede seleccionar los proyectos mediante votación popular y abierta. Esta situación se da en la mayoría de los casos con la excepción de Cerro Navia, Illapel y Purranque. En estos tres municipios se expresa lo que Cabannes (2005) denomina "democracia representativa comunitaria", ya que ahí la participación en las discusiones y las decisiones sobre el presupuesto participativo se da a través de las organizaciones sociales (funcionales y territoriales) y muy delimitada al barrio, y además no cualquier ciudadano puede opinar sobre el presupuesto y seleccionar proyectos.

En los casos donde el ciudadano puede elegir delegados y proyectos, se presenta el fenómeno de que en algunos territorios o distritos se provocan mayores dinámicas de participación entre los asistentes a las asambleas, y como consecuencia asiste un mayor número de personas al momento de realizar las votaciones. Es así como en ciertos barrios, los cuales cuentan con experiencias previas de participación y hay una gran presencia de organizaciones (como en el sector del casco urbano de la comuna de Negrete o en el sector "Guacolda" o Pillanlelbún de Lautaro), los ciudadanos acuden en mayor cantidad a las asambleas territoriales y al momento de realizar las votaciones para seleccionar los proyectos.

Este fenómeno se puede ver reflejado en el Cuadro 3. Claramente se observa una mayor cantidad de personas participantes en los casos donde el proceso implica votación universal para seleccionar proyectos (Rancagua, Talca, Buin, Lautaro, San Antonio, Freirina). En ellos, los mayores de 14 o 15 años son los encargados de seleccionar los proyectos. En estos casos la función del delegado se remite a garantizar que la viabilidad que le otorga el equipo técnico municipal a las ideas que surgen en las asambleas informativas está en consonancia con lo planteado por los asistentes a dichas asambleas. Además, posterior a la selección de los proyectos, los delegados se constituyen en parte integrante de las comisiones de seguimiento o fiscalización ciudadana del presupuesto participativo.


Cuadro 3: Número de personas que participan en el proceso de definición de prioridades y proyectos en los presupuestos participativos13

La explicación respecto a la alta participación de ciudadanos, sobre el 10%, que se da en los casos de Buin, Negrete, San Antonio, Freirina y Lautaro, además de las variables mencionadas en párrafos anteriores, se relaciona nuevamente con la configuración de una "política de participación ciudadana" sostenida en el tiempo y el esfuerzo que se realiza por vincular este mecanismo con otros instrumentos de participación y planificación local. Aun cuando esta configuración está en proceso y es emergente, la existencia de una política de apertura y de vincular la decisión ciudadana con planificación local favorece la participación de los ciudadanos.

Por su parte, en los casos donde se da democracia representativa comunitaria para seleccionar proyectos, la participación de ciudadanos durante el proceso es menor. En estos casos (San Joaquín, Cerro Navia, Negrete, Purranque, Illapel), la responsabilidad de los delegados es mucho mayor y tienen la misión de priorizar y seleccionar los proyectos a financiar mediante el presupuesto participativo. Salvo Negrete y parcialmente San Joaquín, el valor de la deliberación en las asambleas territoriales es menor.

En cuanto al órgano de ejecución y control del presupuesto participativo, en Chile se observa un fuerte predominio del control y la fiscalización desde el órgano municipal. La excepción a esta situación minimalista la constituyen los municipios de San Joaquín, Rancagua, Negrete y Buin. En estos casos se observa igualmente un diseño matizado, siendo el caso más avanzado y profundo el de Buin y Lautaro hasta el año 2008. En estos municipios la ejecución de los proyectos surgidos del presupuesto participativo es responsabilidad de la comunidad y no del municipio, en específico, de las organizaciones que se adjudican los proyectos por medio de votación popular.

El control social de las obras es compartido entre la municipalidad y la comunidad por medio de una comisión de seguimiento y fiscalización. Esta comisión es integrada por delegados territoriales del presupuesto participativo y por funcionarios municipales integrantes del equipo técnico municipal. Bajo esta modalidad, el porcentaje de ejecución de los proyectos supera en algunos casos el 90% de las obras comprometidas en relación a las ejecutadas en el año calendario (porcentaje superior a lo que existía antes del presupuesto participativo, el cual variaba en promedio entre un 60 y 75%):

a nosotros como equipo técnico municipal nos interesa que también la comunidad controle la ejecución de recursos municipales, por eso hemos incorporado esta variable para promover el control y la fiscalización social de la gestión municipal, además ha ayudado aumentar los niveles de rendición de cuentas de los mismos dirigentes sociales, hoy estamos bordeando el 90% de la rendición en año calendario (Informante clave técnico municipal, Número 2, MT, 2009).

En los casos de Rancagua, San Joaquín y Negrete la ejecución de las obras está radicada en el municipio, y el porcentaje de ejecución de los proyectos supera en algunos casos el 80% de las obras comprometidas en relación a las ejecutadas en el año calendario. En estos casos el control social también es compartido entre comunidad y municipio a través de comisiones de fiscalización, destacando en ello la municipalidad de San Joaquín, la que ha logrado promover un control social altamente organizado y con variados medios de control e información. Entre ellos se puede destacar la información trimestral del estado de avance de las obras del presupuesto participativo por medio de boletines y diarios comunales.14

En cuanto a la participación de la sociedad civil organizada,15 en general, el primer año del presupuesto participativo los dirigentes se muestran reacios y ven en este mecanismo una amenaza. En especial ven amenazado su rol y la relación que históricamente han establecido con las autoridades políticas y con los funcionarios de rango medio de las municipalidades. Esto sucede porque de alguna manera pierden incidencia sobre los proyectos que pueden conseguir para su comunidad. Incluso en algunos casos como Buin, Lautaro, San Joaquín, Illapel y Purranque, el primer año de funcionamiento del presupuesto participativo los dirigentes manifestaron que preferían volver a la modalidad anterior de asignación de recursos a sus organizaciones (FONDEVE), es decir, preferían mantener la relación clientelar a establecer relaciones más democráticas mediante el presupuesto participativo. No obstante, con la segunda y tercera versión de los presupuestos participativos se provocan en los dirigentes sociales dos procesos de relevancia que ayudan a contrarrestar su primera reacción. El primero es la valoración que hacen de la transparencia en la asignación de recursos para financiar proyectos. Lo segundo es la renovación de liderazgos en las organizaciones sociales especialmente en las juntas de vecinos. Esto se puede ver reflejado en la opinión compartida por dirigentes sociales de Negrete, Lautaro y San Antonio quienes señalan que:

la desconfianza es en el primer año de los proyectos participativos, porque no se sabe qué uso le van a dar los alcaldes, pero después de ver que es más transparente y que a algunas organizaciones entra gente nueva, uno se motiva y apoya (Informantes clave social, Número 2 MN, Número 3 MSA y Número 4 ML, 2009).

En todo caso, para la mayoría de los dirigentes sociales y delegados del presupuesto participativo el ejercicio de la deliberación se encuentra mucho más lejano de sus prácticas democráticas cotidianas que la práctica de la votación. Queda la sensación de que cuando se trata de abordar problemas de ciudad que no tengan relación directa con el barrio, la fuerza y la tradición liberal de la democracia representativa se observa mucho más arraigada en la sociedad civil que en los propios líderes políticos que impulsan el presupuesto participativo.

En cuanto a la participación de los excluidos, se puede indicar que los presupuestos participativos son construidos en base a espacios territoriales (distritos censales y unidades vecinales) y ejes temáticos tradicionales, en la mayoría de los casos consensuados con la comunidad, eso sí, a raíz de propuestas que realiza el propio municipio. Se puede afirmar que en Chile existe un predominio de la universalización de la participación ciudadana, no existiendo enfoques o actores específicos que aborden el presupuesto participativo. De manera emergente, en los casos de Buin, San Antonio y Lautaro se observa en sus diseñadores una clara intención por entregar una mayor atención hacia grupos más vulnerables, como jóvenes y niños, destinando parte de los recursos hacia este grupo etario. De todas formas es una experiencia incipiente usada en el año 2008 y sin posibilidad de evaluar aún el impacto alcanzado. En ningún caso existe focalización de recursos hacia sectores o territorios con mayores indicadores de pobreza, la tendencia es que a todos los territorios se les asigna el mismo monto de dinero.

3.2. Dimensión financiera del PP en chile

Tal como se observa en el Cuadro 4 -y dada la realidad fiscal de los municipios en Chile-el monto que debaten en el presupuesto participativo es en su mayoría inferior al 2% del presupuesto municipal total. Sólo el municipio de Freirina el año 2008 superó el 5% del presupuesto total. Si para este análisis se considera sólo el ítem de inversión a la comunidad con ingresos propios que poseen los municipios chilenos, el mayor porcentaje a debatir en presupuesto participativo lo alcanza el municipio de San Antonio (84%). El resto de municipios alcanza en promedio sólo un 28,3%. El 71,7% promedio restante del ítem inversión a la comunidad se invierte bajo otras modalidades de financiación o de la tradicional financiación concursable de proyectos conocida como FONDEVE (Montecinos, 2006), la cual como ya se señaló tiene un fuerte componente político clientelar. Es decir, aun cuando los acaldes en promedio cuentan con un 71,7% de recursos disponibles para fortalecer o profundizar el presupuesto participativo, no lo hacen.

La realidad fiscal municipal indica que el valor absoluto decidido mediante presupuesto participativo es infinitamente menor en relación al monto del valor absoluto de la inversión fiscal que realizan otros niveles de gobierno y sectores, como por ejemplo, ministerios o gobiernos regionales, los cuales en su conjunto representan el 92% de la inversión pública efectiva territorial en Chile (Montecinos, 2007). Este bajo monto y porcentaje de inversión que los municipios destinan a presupuesto participativo se debe fundamentalmente a que los municipios chilenos son escasamente autónomos en materia fiscal y del presupuesto total destinan un porcentaje muy elevado a gastos corrientes16 y, por el contrario, destinan un reducido monto a inversión a la comunidad.17


En cuanto a la disponibilidad presupuestaria por habitante del presupuesto participativo (Cuadro 5), se puede señalar que los montos son precarios y van desde 1 dólar por habitante (municipio de Purranque) hasta 17 dólares por persona (municipio de Freirina)18. A su vez, el monto de inversión de los proyectos individuales ejecutados en promedio no supera los 3.500 dólares. En algunos casos, como Lautaro y Purranque, el monto de proyectos no supera los 1.000 dólares, en otros como San Antonio y Negrete pueden llegar a los 12.000 dólares. La naturaleza de las obras y proyectos se relacionan básicamente con infraestructura y equipamiento comunitario menor.


Los proyectos observados en los 13 casos tienen la debilidad de ser en su mayoría focalizados o que no cuentan con un impacto territorial o de ciudad, sino que reducen su alcance o beneficio a la organización que lo postula19. Algunos municipios de corte clientelar que implementan presupuesto participativo destinan fondos incluso para financiar viajes a la playa, es el caso de los Adultos Mayores de Cerro Navia. El impacto social que se puede esperar con este tipo de inversión presupuestaria es extremadamente bajo, tal como se indicó en páginas anteriores.

De acuerdo con Yves Cabannes (2005), el presupuesto municipal específico destinado al funcionamiento del presupuesto participativo es un tema poco abordado en los casos de América Latina. En Chile se da un predominio de dos categorías de municipios en relación a esta variable.

En primer término están los municipios que sólo financian el funcionamiento del presupuesto participativo y de los equipos municipales. En su mayoría esto está relacionado con el tipo de participación que se genera y lo que esperan los alcaldes con este mecanismo. Por ejemplo, en el caso de Cerro Navia, La Pintana y Purranque la relación más bien está puesta en las organizaciones sociales que en los ciudadanos propiamente tal. Por ello, los costos son menores a que si estos municipios tuvieran que realizar votaciones populares comunales para seleccionar proyectos.

Un segundo grupo de municipios destina dinero para difusión y comunicación (para boletines informativos, avisos radiales, lienzos), y en algunos casos para capacitaciones de dirigentes sociales, además de facilitar el transporte de delegados para participar en actividades específicas del presupuesto participativo. Destacan en este grupo el municipio de Negrete, San Joaquín y Talca. En Negrete se realiza una externalización para recibir apoyo en el proceso metodológico; este municipio contrata los servicios profesionales de personal específico para apoyar el PP en su comuna. En el caso de San Joaquín y Talca, el municipio por medio de consultoras capacita a sus dirigentes sociales en materia de participación y control social.

En cuanto a la discusión de políticas tributarias, en el caso chileno se da la situación minimalista, ya que no existe tal discusión, ni espacio para tal debate en el presupuesto participativo.

3.3. Dimensión normativa

Todas las experiencias, con excepción de Negrete, están institucionalizadas con un conjunto de reglamentos y/u ordenanzas municipales. El municipio de Negrete sólo cuenta con algunos principios orientadores del proceso de carácter general y que son previamente acordados y ajustados anualmente entre los delegados del presupuesto participativo y el equipo técnico municipal. Los demás casos cuentan con reglamentos elaborados originalmente por la municipalidad y en los cuales se establecen las principales reglas del juego, como por ejemplo, montos de inversión, criterios de selección, territorios de planificación, modalidad de selección. En ese sentido, la mayoría de los casos deja muy poco margen a la flexibilidad y se pierde un poco la autorregulación del proceso.

La experiencia del presupuesto participativo convive con otras prácticas de participación ciudadana previamente desarrolladas en los municipios, tales como mesas temáticas, consejos, pladecos participativos, intervenciones territoriales específicas. Los casos más avanzados y que esbozan una estructuración de una política comunal de participación ciudadana son los de Rancagua, Negrete, San Antonio, Lautaro y San Joaquín. En estos municipios se aprecia un compromiso más global con los procesos de participación ciudadana y en específico con el presupuesto participativo. Por ejemplo, en Rancagua existe la oficina comunal del presupuesto participativo, y desde hace más de 15 años viene desarrollando prácticas participativas, lo mismo sucede en Negrete (en los demás casos sólo existen encargados institucionales que se ubican principalmente bajo la tutela de la oficina de organizaciones comunitarias). El gran déficit que se observa es que aún la ciudadanía y la comunidad organizada no se empoderan de estos procesos, y no se apropian de los espacios políticos de participación que genera el propio presupuesto participativo, ya que se observa una fuerte dependencia de ellos con la figura del alcalde, quien en todos los casos asoma como el líder indiscutido del proceso.

En cuanto a la relación con los instrumentos de planificación de la ciudad, el presupuesto participativo se usa como instrumento anual con escasa vinculación con los tres principales instrumentos de planificación municipal existentes en Chile: Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco), plan regulador de la ciudad y el presupuesto municipal. La situación que se da es que el presupuesto participativo coexiste en paralelo al funcionamiento de esos instrumentos de planificación.

Con el Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco), se observa una relación un poco más estrecha, pero a su vez confusa, no existiendo claridad en ninguno de los casos estudiados si el presupuesto participativo es un mecanismo para operativizar los grandes lineamientos de ciudad que se plasman en el Pladeco o simplemente es un instrumento para resolver los temas menores y puntuales que existen en los barrios de la ciudad. Hasta hoy ha primado esta última situación y el presupuesto participativo se ha transformado en un mecanismo con un impacto menor en los planes de desarrollo comunal.

3.4. dimensión territorial

En todos los casos, para la formación de las asambleas territoriales se suelen seguir los distritos administrativos preexistentes, como por ejemplo, distritos censales y/o unidades vecinales. No obstante, todos los casos procuran que en la definición de los territorios (que luego se constituyen en asambleas territoriales) se considere la variable de identidad desarrollada por ellos. Existen casos como en los de San Antonio y Rancagua en que las asambleas territoriales van más allá de las unidades preexistentes y realizan asambleas en barrios y unidades vecinales de difícil acceso. En general, en todos los casos se puede apreciar que existe un alto nivel de descentralización intramunicipal.

En relación al grado de ruralización, para el caso chileno se trabaja en todo el conjunto del territorio y no hay discriminación positiva para el sector rural. En los municipios en donde el presupuesto participativo se desarrolla sólo en el sector urbano, es porque se trata de municipios de esa categoría. Finalmente y en relación a la inversión de prioridades se puede indicar que en general la modalidad chilena trabaja sobre la ciudad formal y sobre la ciudad informal y sin ningún criterio de discriminación positiva sobre los sectores más pobres, únicamente uno de los criterios que se usa para distribuir los recursos es en relación a la cantidad de población que habita en ellos. De manera emergente y sólo en el discurso y aun no en la práctica se está comenzando a plantear en algunos casos como San Antonio y Lautaro incorporar en futuras experiencias una variable discriminatoria en relación a los índices de pobreza que existen en los territorios. Lo que existe en algunos casos es discriminación positiva para los territorios donde más personas participan:

no utilizamos criterios de distribución de recursos en base a porcentajes de pobreza ya que tememos que eso pueda generar cierto grado de conflicto entre algunos sectores de nuestra comuna, además que la política de nuestro alcalde es a todos por igual (Informante clave político, Número 3, MSA, 2009).

4. REFLEXIONES FINALES: ¿CÓMO Y HASTA DÓNDE SE INTEGRA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA CON LAS INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS LOCALES?

En Chile, el diseño del presupuesto participativo depende básicamente de la voluntad política del alcalde, condición que se transforma en fundamental para el desarrollo de este mecanismo de democracia participativa. Su estilo, diseño, desarrollo y profundidad claramente tienen una orientación de corte liberal y consultiva, observándose escasas dinámicas de deliberación y discusión cara a cara sobre el presupuesto municipal global, o sobre las prioridades comunales y/o sectoriales durante el proceso. Salvo las excepciones de Negrete, San Antonio, San Joaquín y Lautaro, que son emergentes y que han puesto algo de atención sobre este aspecto, estas dinámicas no se han podido traducir en situaciones de incidencia mayor. De esto se deduce que el presupuesto participativo como mecanismo de democracia participativa no se encuentra del todo consolidado en las prácticas políticas de este conjunto de alcaldes, ya que aun siendo una práctica inédita y sustantiva para la experiencia chilena, resulta ser marginal en cuanto a la oportunidad de que el ciudadano y organizaciones incidan en la elaboración y formulación de políticas públicas municipales globales, aspecto que por lo menos en lo sustantivo no se aprecia del todo claro. Se termina consolidando el PP como un programa o instrumento de gestión y no se observa en un entramado de una política mayor de participación ciudadana o de democracia participativa; con la excepción de San Antonio, Lautaro y Negrete, que están dando pasos importantes, no se puede afirmar con certeza que en esos municipios se vaya a terminar consolidando esa tendencia. Más bien, el presupuesto participativo en general se puede caracterizar como ocupando un lugar periférico a nivel municipal; aun en los municipios que lo implementan con relativo éxito, incluso se puede apreciar que en algunos casos es utilizado por alcaldes para legitimar o refrescar su relación con la ciudadanía, más que para incorporarlos como política de inclusión ciudadana en la discusión presupuestaria mayor, o en la definición de lineamientos de política pública local que puedan ser determinantes en la definición de políticas territoriales.

Es claramente efectivo que los alcaldes de estos 13 casos están dispuestos a compartir algo de poder de decisión, pero se observan límites estructurales y contextuales que obstaculizan la posibilidad de profundizar el proceso. Incluso pudiendo agotar las oportunidades que ofrece el propio municipio, queda la sensación de que los alcaldes prefieren no hacerlo. Esta afirmación encuentra sustento en el hecho de que los alcaldes en promedio no alcanzan a destinar el 30% de los fondos municipales que la propia ley municipal les permitiría destinar a presupuesto participativo, teniendo un margen de un 70% no lo hacen, ya sea porque cuentan con múltiples subvenciones o porque prefieren mantener el sentido clientelar y/o asistencial de los fondos restantes y/o porque la sociedad civil no promueve una mayor profundidad del proceso.

Adicional a los límites contextuales antes mencionados (centralización, escaso protagonismo de la sociedad civil, relación clientelar entre organizaciones y actores políticos a nivel municipal), también se encuentran los límites estructurales y conceptuales sobre la democracia participativa que tiene el propio actor de la democracia representativa que da origen al presupuesto participativo. Los alcaldes, e incluso dirigentes sociales y ciudadanos, valoran mucho más el proceso de votación que de deliberación, y la ciudadanía se moviliza con mayor facilidad a escala barrial que a escala de ciudad. Es decir, en los problemas de "ciudad" el ciudadano tiende a delegar la responsabilidad de la decisión en sus representantes, pero en los problemas del barrio prefiere tomar parte activa en la decisión. Se configura en este sentido una idea de democracia de proximidad, entendida como un proceso democrático de características muy intensas y participativas a escala barrial, pero que pierde fuerza ciudadana y participativa en la medida que los temas a abordar se alejan del interés barrial de los ciudadanos.

En este tránsito de lo barrial a lo local/comunal/ciudad se produce el proceso de subordinación del presupuesto participativo a las instituciones de la democracia representativa, ya que, por un lado, en el modelo chileno de presupuesto participativo no están las condiciones para definir temas de ciudad, y por lo tanto muchas veces lo que se da es competencia democrática al interior de barrios. Por otro lado, cuando se discuten temas de ciudad, la participación ciudadana decae en intensidad y asumen un rol más protagónico los representantes electos (políticos y sociales), direccionando algunas temáticas y/o diseño del presupuesto participativo hacia intereses de tipo reducidos que de interés general. Dicho de otro modo, la democracia participativa se debilita cuando los temas a tratar en el presupuesto participativo son de carácter global o se vuelven más lejanos a la vida cotidiana del ciudadano, situación que da lugar a que tomen mayor fuerza y protagonismo las instituciones representativas clásicas locales.

De esta forma, bajo las condiciones en que se desarrolla el presupuesto participativo en Chile, se puede deducir que cuando tiene su principal sustento en la voluntad política del alcalde, y encuentra posibilidades de aumentar su complejidad de diseño institucional20 y como consecuencia transformarse en un mecanismo participativo que efectivamente complemente los déficit de la democracia representativa, el mismo actor que lo origina lo subordina. Este proceso se daría de manera natural en casos donde la sociedad civil asume un escaso rol protagónico y es funcional a la oferta democrática que emana de las municipalidades, dando lugar más bien a procesos democráticos de proximidad. Es decir, bajo este contexto político, social e institucional, la relación e integración del presupuesto participativo con las instituciones de la democracia representativa en la mayoría de los casos encuentra más posibilidades de ser subordinada que complementaria, tendiendo a desarrollarse con mayor intensidad en espacios barriales que en espacios locales asociados a la ciudad. Esencialmente, las características de esta subordinación se asocian con que el presupuesto participativo es entendido como un "programa" y no enmarcado en una "política" de participación ciudadana, donde su actuación es aislada y al margen de instrumentos y mecanismos de planificación municipal como el Pladeco, Plan Regulador y Presupuesto Municipal. Se manifiesta también cuando los procesos de participación y diseño del presupuesto participativo fomentan más la participación y competencia democrática a escala barrial, donde los incentivos sobre la participación no están puestos en la discusión sobre temas de ciudad. Asimismo, se provocan procesos de subordinación cuando el proceso no se instala del todo en la sociedad civil y ésta no se apodera de los mismos espacios políticos que produce el presupuesto participativo y de algún modo no se corrigen las fallas de la representación (por ejemplo inversión de prioridades), en la medida que no se transforma el proceso sólo en "voto" sino también en "voz", es decir, se generan espacios de deliberación. Finalmente otros aspectos que se observan críticos en la relación entre estas instituciones participativas y las representativas es el excesivo direccionamiento del municipio en el diseño del presupuesto participativo y en la selección y definición de ciertas temáticas que a veces pueden parecer más de interés para el municipio que para la propia comunidad.

Como consecuencia, tenemos en Chile un presupuesto participativo altamente diverso pero frágil, dependiente en su cabalidad de la voluntad política de los alcaldes, sin incentivos del diseño institucional descentralizado, aun sin un sustento en la sociedad civil ni en los partidos políticos, y con fuertes posibilidades de decaer producto de su no penetración en la sociedad civil, en el funcionamiento de las instituciones representativas locales y en el entramado institucional del Estado. Situación similar se puede observar en algunos casos de América Latina, incluso en algunos municipios brasileños, donde si sale el alcalde, termina acabando el presupuesto participativo (Goldfrank, 2006; Tatagiba, 2006). Aún cuando también se observa que en Brasil existen municipios donde el presupuesto participativo continúa a pesar de que hay cambio de alcalde (Cabannes, 2010).

Este escenario estratégico institucional deja completamente en manos de actores locales el desarrollo de iniciativas de democracia participativa, lo cual de ninguna manera garantiza profundización democrática a escala local, y en la mayoría de los casos, los procesos se vuelven altamente funcionales y permeables a los cambios electorales. De hecho, posterior a la elección municipal de octubre del año 2008, de los 13 municipios en estudio, sólo Puerto Montt, Lautaro, Purranque, San Antonio y Negrete continúan con el presupuesto participativo, dado que en esas municipalidades resultaron reelectos los alcaldes. En los municipios de Buin, Cerro Navia, Talca, Rancagua, Freirina perdieron los alcaldes y con ello se cayó también el presupuesto participativo. En los casos de San Joaquín, La Pintana e Illapel se acabó la voluntad política para continuar con el presupuesto participativo (Para mayor detalle sobre interrupciones y continuidad de municipios con presupuesto participativo en Chile, ver el Anexo Número 1).

4.1. Los desafíos para América Latina

El principal problema observado en América Latina, parece ser la excesiva dependencia del presupuesto participativo de la voluntad política de quienes lo impulsan (Goldfrank, 2006 y 2007; Tatagiba, 2006) y una sociedad civil que no logra transformarse en protagónica en estos procesos. Esta situación, de la mano con el creciente número de casos con presupuesto participativo a escala municipal, hace necesario una urgente revisión institucional de parte de los niveles de gobierno nacional y regional respecto de cómo darle cabida institucional a este tipo de iniciativas que, entrando ya a una etapa de consolidación, corren un alto riesgo de desaparecer producto de los cambios electorales que ya han padecido algunas municipalidades, que en materia de presupuesto participativo se encuentran aún con cierta incertidumbre respecto de su continuidad. El reforzamiento institucional futuro de estas iniciativas democráticas en América Latina y en Chile, se debe focalizar poniendo especial atención a tres problemáticas fundamentales que emergen en contextos donde el presupuesto participativo se desenvuelve con las características del modelo chileno:

• Alcaldización de los presupuestos participativos. Los actuales diseños políticos resaltan excesivamente la figura del alcalde, convirtiéndolo en un actor fundamental sin contrapeso para el éxito o el fracaso del presupuesto participativo. Esta condición, al ser fundamental y al no encontrar contrapesos locales, puede terminar deteriorando el empoderamiento de la comunidad, desarrollando más bien renovación de relaciones clientelares, y haciendo especialmente frágil la continuidad en el tiempo de este mecanismo de democracia participativa.

• Rol del concejo municipal en los presupuestos participativos. Otra de las consecuencias de la excesiva alcaldización del presupuesto participativo es que tal como se manifiesta en la actualidad se provoca un debilitamiento del rol representativo de los concejales, que puede detonar en una creciente deslegitimación de esta institución representativa por parte de la ciudadanía. En la mayoría de los casos chilenos y latinoamericanos no se observa una participación ni un rol activo en el proceso, sólo existe una participación formal. Esto provoca el fenómeno de una sustitución parcial del rol representativo de los concejales por el rol que cumplen los delegados del presupuesto participativo en la definición de los proyectos vía los fondos del presupuesto participativo, debilitando aún más el rol minimalista que históricamente han tenido los concejales. Para el caso chileno, una institución representativa como el alcalde termina subordinando a otra institución representativa (concejales) y al mecanismo de democracia participativa (presupuesto participativo), es decir, no hay complemento ni al interior de instituciones representativas ni entre representativas y participativas. Lo que se produce en definitiva en el modelo chileno es una doble subordinación.

• Diseño institucional descentralizado. En Chile existe consenso en avanzar en la descentralización para profundizar la democracia con modelos que incentiven, entre otros mecanismos, la promoción del presupuesto participativo a nivel municipal, pero que a su vez contrapese la voluntad política como condición de su desarrollo. Para seguir avanzando en materia de fortalecimiento democrático en general y en específico con la promoción de los presupuestos participativos, se hace indispensable modificar el actual diseño institucional por uno que vincule los esfuerzos democráticos locales con la asignación de recursos fiscales. Se debe avanzar desde un diseño que hoy pone a la voluntad política del alcalde como condición esencial para promover presupuesto participativo, a uno que premie las iniciativas democráticas de manera gradual y diferenciada desde el propio diseño institucional descentralizado y que ponga especial atención en habilitar de capacidades democráticas a la ciudadanía. No todos los municipios cuentan con las capacidades políticas (básicamente voluntad política), financieras (recursos suficientes disponibles) y sociales (sociedad civil participativa) para desarrollar este tipo de iniciativas, por lo tanto, ante un eventual incentivo nacional de carácter homogéneo lo más probable es que se puedan generar distorsiones locales en la promoción de presupuesto participativo, tal como ya se ha evidenciado a escala internacional latinoamericana (Goldfrank, 2006; Schak, 2005). La experiencia internacional nos indica que probablemente no existe evidencia empírica suficiente que demuestre el éxito de los esfuerzos institucionales nacionales homogéneos (al 2010 se encuentra en marcha la ley nacional de presupuesto participativo en República Dominicana), de hecho se han evidenciado casos donde más bien los alcaldes tienden a distorsionar el espíritu de la ley de presupuesto participativo, como ha sucedido, por ejemplo, en algunos países de América Latina (Shack, 2005; Goldfrank, 2006). Parece ser que, dada nuestra cultura política, la heterogeneidad territorial y los diferentes ritmos de consolidación de nuestras democracias, el camino de las leyes igualitarias no es el más adecuado. Más bien la idea sería establecer premios e incentivos heterogéneos, graduales y selectivos a la participación ciudadana efectiva en los presupuestos participativos. Incentivos que estén consagrados o explicitados en el diseño institucional descentralizado, que privilegien la diferenciación y colaboración por sobre la obligatoriedad homogénea del avance de la democracia a escala local. Por ello, el avance se debe generar por medio de diseños que incentiven a aquellos municipios que "acrediten" iniciativas democráticas y no demuestren interés coyuntural cuando se solicita desde el centro que se incorpore la participación ciudadana en su gestión.

5. ANEXO



NOTAS

1 Artículo que da cuenta de los resultados del proyecto de investigación FONDECYT N° 11080051 titulado "El presupuesto participativo en Chile: condiciones previas, diseño institucional y rol de los partidos políticos en su desarrollo. ¿Complementariedad o subordinación entre instituciones participativas y representativas?"

2 Los casos restantes se encuentran en una etapa inicial, observando de la experiencia aprendida las ventajas y desventajas de desarrollar un instrumento innovador para la democracia chilena.

3 Especialmente los representantes reconocidos por la Ley N1 19.418 de organizaciones comunitarias, específicamente dirigentes de juntas de vecinos.

4 La metodología utilizada fue un estudio comparado subnacional y se aplicaron entrevistas a informantes clave de las 13 comunas seleccionadas (alcaldes, concejales y dirigentes sociales). Asimismo se realizó observación participante de asambleas y reuniones del presupuesto participativo, así como análisis de contenido de los reglamentos y ordenanzas del presupuesto participativo de las 13 comunas seleccionadas. Las entrevistas y observaciones se efectuaron entre marzo y noviembre del año 2009 y se realizó un total de 50 entrevistas.

5 Se selecciona un grupo de municipios, que desde el 2004 al 2008 han estado funcionando de manera ininterrumpida con presupuesto participativo como mínimo durante tres años, ya que con este tiempo se asegura un lapso mínimo de funcionamiento y desarrollo, lo cual permite examinar y observar los elementos relacionados con el diseño institucional del presupuesto participativo. Es así como en este grupo entran los casos de Cerro Navia, San Joaquín, Buin, Negrete, Illapel, San Antonio, La Pintana, Rancagua, Talca, Purranque, Puerto Montt, Freirina y Lautaro. De ellos se dará a conocer el diseño y metodología del presupuesto participativo, que permiten dilucidar con mayor precisión los factores clave que han permitido su perdurabilidad social y política en el tiempo.

6 En este grupo se pueden considerar los casos de Frutillar, Lanco, Lumaco, Caldera, Padre Hurtado, Peñalolén, Molina, Ranquil, Calbuco, Tortel.

7 Esta matriz que orientó la recolección de datos fue construida en base al documento preparado por Goldfrank (2006). Se usa este modelo ya que representa cierta uniformidad en investigaciones previas y de carácter internacional que han realizado sobre las condiciones previas que han permitido el éxito del desarrollo del presupuesto participativo.

8 Algunos alcaldes como los de Negrete, Purranque y Lautaro previamente persuaden al concejo municipal para no hacerlos sentir desplazados de la iniciativa, igualmente si se oponen no hay muchos resultados favorables al concejal.

9 La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo es una subsecretaría dependiente del Ministerio del Interior de Chile. Hasta marzo del año 2009 la SUBDERE ha capacitado a más de 120 municipios y 150 funcionarios municipales de todo el país. No obstante aquello, la cantidad de personal municipal y municipios capacitados no se relaciona directamente con la cantidad de municipios que logran implementar el presupuesto participativo en sus comunidades, los cuales hasta la fecha no son más de 30 municipios.

10 Esta coalición la integran cuatro partidos políticos, la Democracia Cristiana (DC), el Partido Radical Social Demócrata (PRSD), el Partido Socialista (PS) y el Partido Por la Democracia (PPD). La coalición de centro derecha en Chile se denomina "Alianza por Chile" y la integran el Partido Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).

11 Matriz construida en base a documento preparado por la Yves Cabannes Red Urbal 9 (2004; 2005) y Goldfrank (2006). Se usa este modelo ya que representa cierta validación internacional y uniformidad, producto de investigaciones previas de carácter comparado internacional que se han realizado sobre el diseño institucional que han adquirido los presupuestos participativos en América Latina. Asimismo facilitará la comparación subnacional y la comparación internacional al permitir sistematizar y ordenar la información recolectada en función de las dimensiones y variables señaladas con el objeto de facilitar el análisis y discriminar analíticamente las experiencias de presupuesto participativo.

12 Los delegados del presupuesto participativo son previamente elegidos en las asambleas territoriales y en la modalidad chilena no son necesariamente ellos quienes eligen o votan los proyectos a financiar mediante el fondo destinado a presupuesto participativo.

13 En la mayoría de los casos la participación ciudadana está abierta a personas mayores de 15 años, sin necesidad de pertenecer a alguna organización social. El número de participantes se consideró tomando como base las asambleas o votaciones que tenían como objetivo definir los proyectos a financiar por el fondo de presupuesto participativo. Por lo tanto, el número que se asigna a cada caso corresponde al número de personas que asistió a la asamblea o a la votación para al efecto.

14 Cabe señalar que esta experiencia es acompañada por la ONG Libertades Ciudadanas, la que ha puesto su mayor esfuerzo en el fortalecimiento del control social del proceso.

15 En especial de los dirigentes de las organizaciones sociales tradicionales reconocidas por la Ley N° 19.418, ley de organizaciones comunitarias.

16 Los gastos corrientes son los gastos en que debe incurrir una municipalidad para funcionar y se clasifican en gastos en personal y gastos en bienes y servicios de consumo. Los gastos en personal corresponden a aquellos recursos destinados a pagar las remuneraciones del personal municipal y los gastos derivados de la misma actividad. Los gastos en bienes y servicios de consumo corresponden a aquellos recursos destinados a la adquisición de bienes de consumo y servicios no personales necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades municipales.

17 De este ítem se destina a presupuesto participativo. El ítem inversión a la comunidad corresponde a los gastos destinados a invertir en proyectos que promuevan el adelanto y el desarrollo local.

18 En los casos de Freirina y Negrete la disponibilidad presupuestaria por habitante es considerablemente más alta a diferencia de los casos chilenos, dado que son municipios con poca población, pero que destinan un monto considerable a PP a raíz del fuerte compromiso demostrado (hasta el año 2008) por los alcaldes para apoyar el presupuesto participativo.

19 Algunos ejemplos de proyectos aprobados en el presupuesto participativo son los siguientes: ampliación de sedes, equipamiento de sedes vecinales, pavimentación de veredas, iluminación de calles, equipamiento de áreas verdes y de recreación, financiamiento de actividades de recreación y saludables, entre otros. Asimismo la cantidad promedio de proyectos aprobados anualmente por municipio en la modalidad de presupuesto participativo alcanza entre los 20 y 25 proyectos.

20 Involucrando mayores recursos municipales, profundizando la deliberación más que la votación, destinando recursos a sectores de mayor vulnerabilidad social y lograr incidencia en la elaboración y construcción de políticas públicas municipales globales.

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Egon Montecinos. Profesor Investigador del Centro de Estudios Regionales de la Universidad de Los Lagos. Trabajador Social, Magíster en Ciencias Sociales, Doctor en Investigación en Ciencias Sociales mención Ciencia Política. Actualmente se desempeña en el cargo de Vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad de Los Lagos. E-mail: emontecinos@ulagos.cl; egon.montecinos@gmail.com

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