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Revista de ciencia política (Santiago)

On-line version ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) vol.33 no.1 Santiago  2013

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2013000100013 

ARTÍCULOS

 

NICARAGUA: LA CONSOLIDACIÓN DE UN RÉGIMEN HÍBRIDO*

Nicaragua: the consolidation of a hybrid regime

 

SALVADOR MARTI I PUIG

Universidad de Salamanca
* Agradezco los comentarios y sugerencias de David Close, Shelley McConnell, Andrés Pérez Baltodano y David R. Dye.


RESUMEN

El texto tiene como objetivo exponer el proceso de conversión y consolidación del sistema político nicaragüense en un régimen híbrido, señalando como episodio "clave" las elecciones municipales del 4 de noviembre de 2012. Para ello el texto se estructura en cuatro apartados. El primero presenta la situación económica y social del país, así como las estrategias desplegadas por la administración Ortega para paliar la pobreza desde políticas sociales focalizadas. El segundo muestra el proceso de erosión de la institucionalidad democrática y de desaparición de la accountability horizontal y vertical mediante la transformación de la legalidad, de la cooptación política de los órganos autónomos del Estado y de la puesta en práctica de procesos electorales opacos en 2008 y 2011. El tercero hace hincapié en las elecciones municipales de 2013, tanto en su organización, campaña, como en el día de las votaciones, así como su desenlace. Finalmente, a la luz de la información expuesta y a modo de conclusión, se teoriza la realidad política de Nicaragua.

Palabras clave: Nicaragua, FSLN, Daniel Ortega, régimen híbrido, autoritarismo electoral.


ABSTRACT

The text aims to describe the process by which the Nicaraguan political system has turned into, and became consolidated as, a hybrid regime, with the municipal elections of the 4th of November 2012 identified as a key episode. With this aim in mind the text is divided into four sections. The first presents the country's economic and social situation as well as the strategies of Ortega's government to alleviate poverty via focalized social policy. The second section shows the process by which democratic institutions have been eroded and the disappearance of horizontal and vertical accountability through the transformations in legality, political cooptation of the States autonomies bodies, and the obscure municipal elections of 2008 and 2011. The next section focuses on the municipal elections of 2012, in terms of their organization, the electoral campaigns, election day itself, and the final outcome. The fourth and last section offers some theoretical conclusions about Nicaragua's political life, as a result of the information offered in the text.

Key words: Nicaragua, FSLN, Daniel Ortega, Hybrid Regime, Electoral Authoritarism.


 

I. POBREZA, PRECARIEDAD Y POLÍTICAS SOCIALES FOCALIZADAS

Nicaragua en 2012 era un país de 5.825.000 habitantes, con una esperanza de vida de 73,7 años, y con un 12% de ellos (unos 740.608) viviendo fuera del país por cuestiones laborales, mayoritariamente en Costa Rica. Respecto de su economía, el país continuaba siendo el segundo más pobre del hemisferio solo delante de Haití. Su PIB en 2012 era de 563,4 millones de dólares y el ingreso per capita era de 955,6 dólares. La economía del país continúa basándose en las exportaciones agrícolas (tradicionales y no tradicionales) y en las remesas de los migrantes.1 Nicaragua también era el país de la región que menos exportó: el valor de sus exportaciones es de 3,7 millones de dólares frente a los 13 de Costa Rica, 10,8 de Guatemala, 6,8 de Honduras y 5,5 de El Salvador (Schneider, 2013). Sin embargo, la estructura productiva del país ha cambiado notablemente respecto de hace unas pocas décadas. Más allá de producir los tradicionales productos (café, banana, azúcar y carne de res) desde hace pocos años también se exportan productos agrícolas no tradicionales -destacando frutos tropicales, pescados, mariscos, nueces, especias, flores y vegetales-, a los que cabe añadir la producción de maquila y el turismo. Demográficamente, además de la migración masiva hacia Costa Rica y la relevancia de Venezuela en la economía, la novedad es que Nicaragua ya es un país mayoritariamente urbano (o periurbano), con un 57,3% de personas que ya no viven en zonas rurales.2

Otro dato que cambió de forma notable a lo largo de esta década, y que se hizo obvio en 2012, fue el descenso de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que desde 2002 a 2011 (últimos datos disponibles) se redujo a la mitad, pasando de 144,9 millones de dólares a 71,9, fruto del abandono del país de las agencias oficiales de cooperación escandinava, holandesa, alemana, británica y estadounidense.3 Con ello Nicaragua ha pasado de ser uno de los países del mundo con mayor ayuda al desarrollo per capita a estar "en medio de la tabla" de los países receptores. Este dato, sin embargo, no ha tenido gran impacto en el país por la sustitución de estos recursos (que, además, estaban sujetos a un alto nivel de accountability) por los que llegaron de Venezuela en el marco del ALBA y que se han canalizado en el país a través de la empresa ALBANISA.

Sobre la relación económica entre Nicaragua y Venezuela, es preciso exponer que desde la llegada al poder de Daniel Ortega, en 2007, la administración venezolana ha incrementado de forma exponencial su presencia en la economía del país a través de la compañía ALBANISA. Desde entonces Venezuela se ha convertido en el principal socio comercial. En 2012 el país andino compró el 48,9% del total de las exportaciones de carne, y también el segundo comprador de azúcar, por el valor de 32,07 millones de dólares, además de absorber la mayor parte de la exportación de los productos primarios como leche, frijol, carne o azúcar. En esta dirección es gráfico señalar que en 2007 Nicaragua exportaba a Venezuela productos por apenas seis millones de dólares, y que en 2011 llegó a 303 millones.4

El crecimiento de la economía durante los últimos tres años ha sido positivo aunque moderado, oscilando entre un 3 y 4,5% de crecimiento anual. La inflación acumulada, según los datos del BCN, fue del 6,62% en 2012; inferior al 7,95 de 2011 y a la cifra de 2010 (que fue del 9,23). En 2012 un poco más de la mitad de la inflación se debió al alza de los precios de los alimentos, el transporte y los restaurantes y hoteles.5 Con todo, la desigualdad es uno de sus grandes problemas, si bien el índice de Gini bajó del ,58 en 2000 al ,53 en 2010.6 El desempleo abierto es del 7%, pero la realidad más lacerante es la existencia de una pobreza de 44,7%, un subempleo de más del 68% de la población (Schneider, 2013).

En el marco de esta situación, desde la llegada de Ortega a la Presidencia de la República, su administración ha impulsado un notable abanico de políticas sociales para luchar contra la pobreza. Estas políticas se han implementado en el territorio por medio de plataformas paraestatales y partidarias a través de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.7 Los CPC, articulados jerárquicamente desde su coordinadora Rosario Murillo, se extienden en cada uno de los niveles territoriales y mantienen una presencia en todo el territorio: municipios, comunidades y barrios.8

A lo largo de los siete años de gobierno Ortega las políticas sociales focalizadas han tenido un notable impacto en el país, sobre todo en la mejora del nivel de vida de las personas más vulnerables (Spalding, 2009). La implantación de los CPC en todo el territorio ha hecho que el acceso a los recursos sea fácil, aunque han impuesto un sesgo político a los beneficiarios. Entre las políticas elaboradas, las que han tenido mayor impacto han sido las relacionadas con la educación obligatoria. Además, por intermedio de las escuelas y los CPC se han desarrollado programas que han incidido en la vida cotidiana de los estudiantes (destacando los programas de becas, de merienda escolar y de vaso de leche, de entrega de uniformes, zapatos y mochilas). Fuera del ámbito educativo también destacan los programas de Usura Cero, Hambre Cero y Vivienda Digna; además de la presencia del despliegue de servicios de salud mediante una brigada médica cubana, una brigada de médicos sandinistas y la implementación de un programa oftalmológico llamado Operación Milagro.9

Por intermedio de los CPC se ha mantenido una estructura organizativa vinculada al FSLN con el fin de responder a una implementación directa y eficiente de las políticas sociales, pero también ha supuesto un notable control y partidarización de los beneficiarios, a la par de que a veces ha desautorizado los funcionarios de los Ministerios de Salud o Educación o incluso ha creado conflictos (suplantándolas o negándolas) con las autoridades municipales. Así, al margen de las "ventajas" que han supuesto los CPC de una mayor participación comunitaria, el modelo no ha promovido una participación autónoma o plural de la ciudadanía, sino que ha intentado generar una densa y amplia red clientelista a disposición del FSLN y de la coordinadora de los CPC Rosario Murillo.10

Pero más allá de las políticas sociales focalizadas Nicaragua ha mantenido, a lo largo del último lustro, políticas macroeconómicas ajustadas a la ortodoxia del Banco Mundial y del FMI,11 a la par que ha mantenido relaciones más que cordiales con la patronal local, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que ha aplaudido el equilibrio macroeconómico y la llegada de dinero de Venezuela. En este sentido es significativo señalar la capacidad de la administración Ortega de establecer relaciones cordiales (mediante la cooptación y el establecimiento de intereses comunes) con actores que durante los años ochenta fueron sus más acérrimos enemigos: los líderes de la empresa privada y algunos sectores de la Iglesia Católica.12

Con todo, es necesario señalar que a pesar de las políticas sociales focalizadas implementadas durante los años del gobierno Ortega y del discreto crecimiento económico del país, Nicaragua continúa siendo un país con la mayoría de su población sumida en la pobreza y la vulnerabilidad.13 A esta situación de precariedad cabe añadir también la poca transparencia de las cuentas públicas, el deficiente monitoreo de las entidades estatales y la poca credibilidad de las estadísticas oficiales. Un caso paradigmático de este fenómeno es la gestión de ALBANISA, que se ha controlado bajo la influencia del FSLN y del entorno familiar del Presidente, sin pasar por el presupuesto nacional y, por lo tanto, fuera de la fiscalización de la Asamblea Nacional.14 Además, durante los últimos dos años también han estallado escándalos de corrupción vinculados con tramas de negocios ilegales (como fue el caso Cabral-Fariñas-Osuna y el de los "maletines de dólares" de Televisa).15 Finalmente, en este paisaje poco alentador, es preciso destacar un dato positivo: su relativamente baja criminalidad si se compara con sus vecinos del norte, con una ratio de homicidios del 13,2 por mil (respecto del 82,1 de Honduras y el 66,0 de El Salvador).16

II. LA EROSION DE LA DEMOCRADA

a. La difícil, frágil y fallida consolidación democrática

El año 2012 se cerró en Nicaragua con una duda política menos. Después de la celebración de las elecciones municipales del 4 de noviembre se dio fin a un ciclo político con el que ya es posible afirmar que en Nicaragua no hay incertidumbre electoral y que, además, se puede prever anticipadamente que habrá un ganador absoluto: el FSLN.

A partir de 1990, con la celebración de las primeras elecciones competitivas y libres de la historia del país, el desarrollo de la democracia en Nicaragua ha enfrentado numerosos contratiempos (Martí i Puig, 2008). Tras poner fin a la dictadura de los Somoza en 1979 y culminar un proceso revolucionario, el país ha tenido que enfrentarse al reto de reafirmar su soberanía frente a potencias extranjeras y fuerzas insurgentes; recuperarse de los estragos de una guerra interna, superar el clima de polarización y conflictividad social producto de la implementación de ajustes neoliberales y políticas mercantilizadoras. Desde 1990 hasta el año 2000 las instituciones democráticas tuvieron un desempeño inestable, aunque siempre mantuvieron una dinámica propia de un sistema político competitivo y plural. Posteriormente, dos sucesos acontecidos durante 2000 y 2007 significaron una progresiva involución democrática. El del año 2000 fue la firma de "el Pacto" entre Arnoldo Alemán (entonces Presidente de la República) y Daniel Ortega (líder del FSLN en la oposición) que significó la partidarización (en una lógica bipartidista) de las instituciones del Estado y el cierre de espacios de pluralidad;17 y el acontecimiento de 2007 fue la llegada de Daniel Ortega a la Presidencia y la partidarización hegemónica del Estado en manos de un FSLN totalmente controlado por Ortega y la Primera Dama, Rosario Murillo.

Desde 2007 hasta 2012 el FSLN fue controlando de forma progresiva y sistemática todos los resortes públicos del poder, y cooptó parte de los privados. En este sentido, a nivel político, con las elecciones Presidenciales y Legislativas de 2011 (en las que Ortega arrasó) y las municipales de 2012 (donde el FSLN se apropió de toda la administración local) se confirmó que las elecciones locales de 2008 fueron un ensayo.

Después de las elecciones de 2008 es posible afirmar que en Nicaragua no se celebran elecciones competitivas. No se trata de que el FSLN haga fraude el día en que se celebran las elecciones, sino que la administración del Estado orquestra de forma sistemática un plan en el que, gracias a la colaboración del Poder Judicial, la administración electoral (el Consejo Supremo Electoral, CSE) y la libre disposición de recursos públicos, la oposición queda disminuida y sin capacidad de competir. Una oposición que, además, carece de discurso político y de proyecto, y que es incapaz de atraer a votantes indecisos y, mucho menos, a los que votan por el FSLN. Sobre este tema es preciso señalar que la oposición abandonó (si en algún momento tuvo) el tema de la "justicia social" en un país donde la mayor parte de su población vive en condiciones de pobreza. En este marco el incumbent termina ganando cada vez más cuotas de poder hasta convertirse en el actor hegemónico.18 En esta dirección la tercera administración Ortega puede suponer la instauración de un régimen híbrido.

b. La vocación hegemónica del FSLN

No hay acuerdo sobre cuándo aparece la vocación hegemónica del FSLN. Hay quienes exponen que esta siempre estuvo desde su fundación como guerrilla en 1961 y su inmediata adscripción vanguardista. Otros señalan que si bien dicha vocación fue un elemento presente desde su nacimiento, a partir de 1990 se abrió un debate interno donde se planteó realmente la conversión del FSLN en un partido que aceptaba las reglas del Estado de Derecho, incluidas las de la pluralidad y la existencia de pesos y contrapesos propios de la lógica liberal. Sin embargo, es posible afirmar que este debate se cerró con la expulsión del sector más proclive a la reconversión del sandinismo,19 y ganó el llamado sector "ortodoxo" vinculado a la figura de Ortega, quien terminó patrimonializando el partido e imponiéndole una lógica de cooptación y control del partido y de las instituciones (Martí i Puig, 2010a). La tarea realizada por el FSLN, en perspectiva, se observa minuciosa, sistemática y titánica. Pareciera que sus operadores hubieran leído y aplicado con total rigurosidad la obra de Schedler (2006, 2009).

Esta voluntad hegemónica se manifestó con el Pacto de 2000 con Alemán y, con ello, quedó claro que esta no es exclusiva del FSLN, sino que también forma parte de una cultura política caudillista y de control presente en el país (Martí i Puig y Close, 2009; Colburn y Cruz, 2012). Sin embargo, desde que el FSLN está en el poder cabe señalar que las dos herramientas utilizadas para dominar han sido, por un lado, la aprobación de decretos y el control de la magistratura y, por otro lado, la cooptación del CSE para hacerse con el manejo de la gobernanza electoral.

En cuanto a los decretos y el control de la magistratura cabe señalar tres episodios clave, a saber, (1) el llamado "decretazo" del 9 de enero de 2010, (2) una oleada de destituciones de alcaldes y funcionarios municipales durante junio del mismo año y (3) la decisión del 30 de septiembre de la Corte Suprema de Justicia -reunida sin el quórum necesario y de forma irregular- de modificar el artículo 147 de la Constitución, en el que se prohibía la reelección inmediata del presidente, con lo que se daba vía libre a la reelección de Ortega.

El "decretazo" supuso la prórroga de los mandatos de 22 funcionarios del Gobierno cuyos periodos habían vencido o estaban por vencer, incluyendo magistrados del Consejo Supremo Electoral (¡que aún en 2012 permanecían en el cargo!) y de la Corte Suprema de Justicia, si bien dicha decisión debía tomarse en la Asamblea Nacional con una mayoría cualificada del 60% de los votos. El impacto de dicho decreto fue de gran trascendencia, ya que supuso que el FSLN continuara manteniendo el control de las instituciones clave para organizar y fiscalizar los comicios nacionales de 2011 y los municipales de 2012.

Respecto de la destitución, por supuestas irregularidades, de alcaldes, vicealcaldes y concejales de varios municipios, supuso una muestra del poder que ha ido concentrando la figura de Ortega para neutralizar (o eliminar) los pocos resortes institucionales que tiene la oposición. La destitución de estos alcaldes díscolos supuso el control casi total del FSLN en las municipalidades, a pesar de que en las elecciones de 2008 había conquistado más del 82% del poder local. Y, finalmente, la decisión de la Corte Suprema de Justicia allanó el camino para que Ortega fuera uno más de los presidentes latinoamericanos que consiguieron renovar su mandato a pesar de la existencia de disposiciones constitucionales contrarias a ello.

En cuanto al control de la gobernanza electoral es necesario señalar que las elecciones municipales de 2008 marcaron el inicio de un ciclo a partir del cual la rendición de cuentas electoral dejó de ser efectiva en Nicaragua. Hasta entonces los comicios realizados se consideraban aceptablemente libres y justos.20 Su órgano electoral, el CSE, era uno de los más respetados de América Latina y el sistema de partidos mostraba signos de pluralismo y competitividad. Con ello -y a pesar de múltiples constricciones y de la precariedad de recursos-, la institución electoral realizaba su labor con cierta autonomía. Sin embargo, desde el Pacto de 2000 (que supuso un cambio de sistema electoral con la aprobación de la Ley N° 331) se fueron introduciendo elementos de dudosa calidad democrática.21

La capacidad de controlar la elección (con lógica partidaria) de los magistrados del CSE fue un golpe fatal para la independencia de la autoridad electoral, ya que el artículo 173 de la Constitución establece que el CSE es la institución encargada de administrar todo lo relativo con los procesos electorales, obteniendo también la competencia exclusiva en materia electoral, impidiendo la intervención de otros Poderes del Estado (incluyendo recursos interpuestos por vía ordinaria y extraordinaria desde el Poder Judicial o el Tribunal Contencioso Administrativo).

Con ello el control del FSLN de esta institución supuso la capacidad de organizar y controlar cada uno de los comicios, además de tener la potestad de cancelar la personalidad jurídica de los partidos cuando supuestamente "no cumplen" con los requisitos legales. Además al CSE también le corresponde vigilar y resolver de los conflictos intra y extrapartidarios. Potestades ambas que el FSLN ha utilizado por intermedio de "sus" magistrados para atomizar y desactivar las formaciones opositoras.22

La sumisión del CSE a Ortega se basa en que cuatro de los siete magistrados son sandinistas, incluido el presidente. A la vez, de las nueve direcciones centrales que tiene la institución ocho están bajo el control del FSLN y una es de un magistrado liberal. Finalmente, de las 17 delegaciones departamentales, doce están dirigidas por cuadros del FSLN y cinco por cuadros liberales que no mantienen relaciones cordiales entre ellos. Además, según la Ley electoral, las 11.808 Juntas Receptoras de Votos están compuestas por miembros de las dos formaciones que quedaron en el primer y segundo puesto en las últimas elecciones, y como la primera formación (desde 2006) siempre es el FSLN y la segunda fuerza suele estar intervenida o aliada con los sandinistas (como ocurrió con ALN en 2008 o con el PLC en 2011) es posible afirmar que los sandinistas controlan las elecciones desde las mismas urnas.23

Con este control de la gobernanza electoral, los comicios celebrados desde 2008 se han caracterizado por la falta de un procedimiento transparente y eficaz en la gestión del padrón electoral, la forma sesgada en que se ha realizado la tramitación de las cédulas de identidad que permiten votar y la composición partidaria de las autoridades electorales en cada uno de los niveles territoriales existentes (desde el CSE hasta las Juntas Receptoras de Votos, pasando por los Consejos Electorales Regionales, Departamentales y Municipales).24 Además, es preciso señalar que a partir de 2008 el CSE ha tenido una política de acreditaron de comisiones de observadores internacionales extremadamente restrictiva.

Finalmente, es preciso añadir que la última reforma electoral -que ser realizó en mayo de 2012 en la Asamblea Nacional con el voto del FSLN y el PLI- introdujo también algunos cambios que, a pesar de parecer inicuos políticamente,25 no lo son, ya que también da al CSE la capacidad de revisión de forma continua el padrón electoral eliminando aquellos ciudadanos que no hayan votado nunca desde 2006. Este hecho si bien puede suponer sólo la purga de ausentes y fallecidos, puede generar la expulsión de desencantados, apáticos y opositores que no han querido participar.

c. La instauración de elecciones no competitivas: 2008 y 2011

La vocación hegemónica del FSLN no sólo se ha mostrado a través de la aprobación de decretos, la dictaminación de sentencias judiciales o la cooptación de la administración electoral. También se ha hecho explícita empíricamente mediante tres comicios muy criticados: los celebrados en 2008, 2011 y 2012.

En este epígrafe describiremos muy brevemente los episodios de 2008 y 2011 que son los que abren el ciclo de elecciones hegemónicas y que significan, en gran medida, el aprendizaje y puesta en práctica de una nueva forma de operar electoralmente.

Las elecciones del 9 de noviembre de 2008 fueron muy conflictivas y protestadas, pues supusieron una quiebra con la confianza en el sistema electoral (Martí i Puig, 2013: 637642). Además, visto con perspectiva, los comicios aparecen ahora como un ensayo de lo que posteriormente se ha ido realizando con normalidad: la construcción de procesos electorales no competitivos.

Los resultados de las elecciones de 2008, según los datos oficiales (sobre los que hay una gran discusión)26 fueron los siguientes: el FSLN obtuvo 105 alcaldías de las 150 en juego,27 y entre ellas las de Managua y León, y todas las cabeceras departamentales con la excepción de tres ciudades con tradición antisandinista, como son Granada, Boaco, Bluefields.28 Sin embargo, el proceso fue puesto en cuestión por la oposición. Los resultados en Managua y León fueron los más contestados esgrimiendo que las actas de sus apoderados daban una clara victoria a Montealegre a pesar de que ya a las 11 de la noche del domingo 9 las calles se llenaron de simpatizantes sandinistas con el fin de celebrar su victoria. En los días siguientes a las elecciones hubo agrios enfrentamientos en las calles. La oposición llamó a la desobediencia civil y los simpatizantes del FSLN ocuparon las vías públicas con el objeto de disuadir cualquier manifestación. Pero a pesar de las declaraciones de preocupación del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, de varias personalidades nicaragüenses y del Centro Carter -que solicitó al CSE una revisión de los resultados con las debidas garantías- las autoridades electorales certificaron los resultados.29

Los comunicados de las comisiones de observadores fueron contradictorios. Por un lado, los observadores electorales del CEELA (Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica) y del Protocolo de Tikal (integrado por magistrados electorales de Centroamérica y del Caribe) informaron que durante el proceso de votación no se produjeron anomalías significativas que pudieran alterar el resultado de las votaciones. Y por otro, la organización nicaragüense Ética y Transparencia, que auspiciaba una comisión de observadores nacionales, declaró que se trataba de las elecciones "menos transparentes y más conflictivas de la historia" a la par que declaraba que había una gran cantidad de anomalías e irregularidades en el 32% de las Juntas Receptoras de Votos de todo el país, y que estas se caracterizaban por su gravedad y por afectar siempre de forma negativa a la oposición.30

A pesar del "escándalo internacional" ocasionado por los comicios de 2008, en las elecciones de 2011 (para Presidente, diputados de la Asamblea Nacional y Parlacén) se replicaron prácticas y eventos, aunque de una forma más sofisticada. Dichas elecciones se llevaron a cabo sin la existencia de un padrón electoral depurado31 y sin haber entregado cédulas o documentos supletorios a cerca de doscientos mil ciudadanos. Además no hubo representación de partidos opositores en la composición de las mesas electorales y la gran mayoría de los fiscales eran sandinistas.

En este marco el debate sobre las garantías de transparencia, equidad y validez de las elecciones fue esencial, pero las acciones del CSE se dirigieron más a controlar el proceso que no a favorecer la transparencia. Las fuerzas opositoras y algunos organismos nacionales de observación advirtieron de la falta de acreditación de observadores nacionales, de problemas en la inscripción de fiscales de partido y de una composición de las mesas electorales con partidos minoritarios y aliados del FSLN y, por lo tanto, sin representación de los contendientes más poderosos.

Estas elecciones se desarrollaron con menos conflictividad que las anteriores, pero con la misma posición de superioridad del FSLN.32 En estos comicios se disputaron la Presidencia dos candidatos conocidos, Daniel Ortega por el FSLN y Arnoldo Alemán por el PLC, además de otros menos conocidos. El candidato que quiso aglutinar el voto antisandinista y antipacto (y por lo tanto también contra Alemán) fue el casi octogenario locutor de radio Fabio Gadea, quien concurrió con una coalición de liberales, conservadores y exsandinistas (quienes estaban representados con el candidato a la vicepresidencia Edmundo Jarquín) a través de la formación Partido Liberal Independiente (PLI) y Unidad Nacional para la Esperanza (UNE). Los otros dos candidatos en liza tuvieron un perfil menor, a la vez que se percibieron como satélites del FSLN.

Los resultados oficiales dieron la Presidencia al incumbent con un 62,66% de los sufragios, seguido por el candidato del PLI-UNE con 31,13% y por el del PLC con un 5,67%, los dos candidatos restantes solo obtuvieron un 0,54% de los votos. Los resultados para el resto de las votaciones (en las que se votó por diputados a nivel departamental y nacional y al Parlacén) arrojaron unas cifras semejantes, dando una abultada mayoría absoluta al FSLN en el Legislativo: 62 diputados frente a los 26 del PLI y 2 del PLC.

Los informes de las comisiones de observación electoral nacionales e internacionales pusieron en cuestión dicho proceso;33 sin embargo, la capacidad de protesta de la oposición -a pesar del no reconocimiento de las mismas por parte del candidato Fabio Gadea- no trascendió y tampoco supuso una movilización ciudadana en contra de Ortega, como sí ocurrió en 2008. En esta coyuntura la opinión de la mayoría de los nicaragüenses es que el FSLN ganó las elecciones, si bien no con la amplitud que expuso el CSE. La victoria sandinista fue celebrada masivamente y con entusiasmo por parte de sus seguidores, y la derrota de la oposición se vivió con la resignación silenciosa de quienes nunca creyeron en la posibilidad de enfrentarse con éxito a la maquinaria desplegada a lo largo de un mandato por el FSLN.

III. LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 2012: LA MÁQUINA EN FUNCIONAMIENTO

Las elecciones municipales de 2012 se planearon por parte del gobierno Ortega como un paso más hacia el control total del poder del Estado y, sobre todo, una demostración de hegemonía del FSLN, pues los municipios no suponen ningún tipo de contrapoder después de la reforma de la Ley 40 de 1988 (realizada entre abril y mayo de 2012) que obliga a los alcaldes alinearse presupuestaria y políticamente al Plan Nacional de Desarrollo Humano elaborado desde la Presidencia.34 Pero además de demostrar el control del FSLN de todos los resortes del Estado, dichas elecciones sirvieron también para incrementar el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre el mismo FSLN, ya que muchos de los candidatos municipales con arraigo local fueron sustituidos unilateralmente por la pareja presidencial (práctica que se conoció como el dedazo) por miembros de la confianza de la Primera Dama, quien también coordinó la campaña -tal como lo viene haciendo desde 2001—. Esta práctica supuso que durante la primera mitad de 2012 en más de 30 municipios hubiera malestar dentro de las filas del FSLN; sin embargo, el conflicto se cerró disciplinando a los disidentes y dando mayor poder (si cabe) a la pareja presidencial dentro del partido, patrimonializándolo de facto.35

Frente a un FSLN bajo el control del Presidente de la República, la oposición liberal (fragmentada entre el PLC y el PLI) se presentó más dividida (si cabe) que en las dos elecciones anteriores, con pleitos y acusaciones internas, y con candidatos con poca proyección nacional. Ante esta situación cabe señalarse que determinados sectores de la sociedad civil (como el Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos o la Comisión Permanente de los Derechos Humanos), así como algunos jerarcas de la iglesia Católica que propusieron la abstención como estrategia ante unos comicios predecibles.

La contienda electoral fue una competencia entre el FSLN y el PLI, si bien en Managua se inscribieron más formaciones —como el PLC u otras (APRE, ALN o el PC) percibidas como partidos satélites del FSLN—. A diferencia de las elecciones de 2006 la oposición antisandinista se presentó en Managua (de mano del PLI) con un candidato de bajo perfil —el empresario Alfredo Gutiérrez— y nunca peleó la alcaldía con determinación. Ante la abrumadora demostración de poder del FSLN los liberales centraron sus esfuerzos en aquellas zonas donde tradicionalmente tuvieron un masivo apoyo político, a saber, en los 35-40 municipios del centro norte del país conocido como el "corredor contra" (en los departamentos de Las Segovias, Jinotega, Chontales, Matagalpa, la RAAN).

El desarrollo de las elecciones, desde la constitución de los consejos electorales (el 25 de junio) hasta el día de las votaciones estuvo repleto de irregularidades a favor del FSLN, destacando tres cuestiones. La primera fue la composición sesgada de los cuerpos electorales desde las Juntas Receptoras de Votos, pasando por los Consejos Electorales Municipales, Departamentales, Regionales, fruto de la partidarización del CSE y de la forma en que se decidieron los representantes según la Ley 331. La segunda fue la entrega partidista de cédulas electorales y la existencia de inconsistencias en el padrón electoral. Y la tercera fue la constatación de irregularidades en los procesos de inscripción y registro de candidatos, donde se descubrió que en algunas formaciones aliadas al FSLN —como el APRE, ALN o el PC— habían conseguido cumplir con los onerosos requisitos (como el de presentarse como mínimo en el 80% de municipios para poder concurrir) rellenando sus listas con nombres fallecidos o ausentes y siendo muy estrictos con otras formaciones opositoras, como la Unión Demócrata Cristiana.36

En cuanto a la campaña electoral cabe señalar que esta fue muy poco intensa y visible, incluso en la capital del país y en las capitales departamentales. La oposición solo gastó recursos y esfuerzos en las zonas donde creía posible ganar (los municipios del interior de tradición antisandinista) y el FSLN trabajó, sobre todo, a su militancia y adeptos mediante los CPC. También cabe señalar que hubo muy pocas encuestas preelectorales, y todas coincidían en dos cosas: que habría mucha abstención y que el FSLN ganaría.

La jornada electoral transcurrió con normalidad. Las JRV abrieron a la hora prevista, si bien se detectaron un notable número de irregularidades según las formaciones opositoras y las organizaciones de la sociedad civil IPADE, Ética y Transparencia (EyT) y Hagamos Democracia, que elaboraron informes de la jornada. IPADE denunció que el 5% de las JRV no tenían una copia del registro electoral, que el 13% de las JRV no tenían boletas con los códigos de seguridad, que el 26% de las JRV cerraron las puertas antes de las 6 de la tarde y que el 14% no expuso públicamente los resultados finales. Además, diversos observadores denunciaron dos prácticas clásicas de fraude electoral: el ratón loco37 y el voto doble, sobre todo en municipios rurales tradicionalmente liberales.38 Según el director de EyT, Roberto Courtney, en el municipio de Nueva Guinea (en el interior del país) se halló el fraude mejor documentado.39

Posteriormente el recuento en las JRV se realizó de forma pacífica y ordenada, pero los conflictos aparecieron después, en los Centros Electorales Municipales, donde los fiscales del PLI denunciaron que las sumatorias no coincidían con los números que tenían, si bien nunca se aceptaron revisiones de los resultados.40 El día siguiente, el 5 de noviembre, el CSE declaró que el FSLN había ganado en 134 municipios de los 153 existentes en el país, que el PLI había ganado 13 pequeños municipios, el PLC 2, ALN 1 en Chontales y la formación indígena-costeña Yatama (aliada con el FSLN) 3 en la RAAN.41 Basándose en dichos resultados el FSLN se hizo con todas las capitales departamentales menos la de la RAAN (Bilwi) en manos de Yatama. En cuanto a los sufragios el CSE expuso que el FSLN obtuvo el 67% del voto válido, el PLI 21% y el PLC el 8,4%.42

La participación, según el CSE, fue del 66%, la más baja de todas las convocatorias electorales desde 1984, y 12 puntos menos que en las anteriores elecciones locales de 2008. El abstencionismo, sin duda, fue un resultado buscado, calculado y logrado desde arriba. Al cerrar las urnas, en la noche, hubo un amplio despliegue policial y del Ejército con el pretexto de proteger a los ciudadanos que celebraran los resultados y para evitar enfrentamientos. Hubo muy poca presencia de opositores en las calles y ninguna protesta callejera.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: ¿UN NUEVO RÉGIMEN?

El mensaje que quedó después de las elecciones de 2012 fue la normalización de la presencia de comicios plebiscitarios con el fin de reforzar la posición hegemónica del FSLN y, con ello, la desaparición del único instrumento de accountability que existía en el país hasta 2006: las elecciones competitivas. ¿Qué puede ocurrir si la mayor parte de la ciudadanía percibe que las elecciones no sirven para nada? ¿Cómo actuarán los opositores en un andamiaje institucional "monocromático" donde todos los resortes de públicos deben obediencia al FSLN y donde no existen contrapesos? ¿Qué impacto puede tener la implementación por parte de los CPC de políticas sociales focalizadas en una sociedad donde más de la mitad de la población vive en la pobreza y las necesita? ¿Continuará la oposición desunida y desarticulada?

Es difícil responder estas preguntas de forma breve y sencilla. Además, es posible que no haya respuestas o que estas sean que la mayoría de los ciudadanos dejen de preocuparse por las elecciones y por los contrapesos institucionales y que se centren en solucionar sus problemas particulares. También puede ocurrir que buena parte de la población empobrecida prefiera gozar de las recursos que les ofrecen los CPC independientemente de que ello suponga mantener lealtad al FSLN, y que la oposición nunca logre generar un liderazgo común ni elaborar una plataforma ni una estrategia unitaria. Si es así el proyecto orteguista habría triunfado y con él se haya consolidado un sistema a medio camino entre el autoritarismo y la democracia.43

Con el escenario descrito Nicaragua aparecería en las clasificaciones de los politólogos como un régimen híbrido más. Un régimen que nació como una democracia frágil al calor de la tercera ola de democratización, pero que con el paso de los años ha involucionado. Pero Nicaragua no sería el único caso en la región.44 En esta dirección es posible coincidir con Diamond (2002), quien señaló que muchas veces los sistemas que en un momento se clasificaron como democracias con adjetivos (débiles, inciertas, de baja intensidad), podían terminar cristalizando en regímenes híbridos que conjugan mecanismos y prácticas propias del régimen del que proveían y del que querían alcanzar.

Con ánimo de profundizar sobre este tema, Corrales y Penfold (2011: 1, 139-140) expusieron con mayor detalle los atributos de los regímenes híbridos, señalando que estos (1) forman gobiernos partisanos que pretenden controlar todos los puestos públicos, incluso los de las agencias autónomas y de regulación, (2) no negocian con la oposición partidaria o de la sociedad civil ni ceden a sus demandas, (3) debilitan los contrapesos institucionales propios de la tradición liberal y los mecanismos de rendición de cuentas, (4) politizan la justicia o, como mínimo, no utilizan el peso de la ley con el mismo rigor entre amigos y enemigos, (5) elaboran nuevas constituciones o reforman las existentes con el fin de perpetuar a los incumbents en el poder y (6) utilizan todos los mecanismos de la gobernanza electoral -incluso si los comicios son limpios- en beneficio de sus candidatos.

Viendo esta caracterización cabe preguntarse: ¿Qué tipo de régimen híbrido es el nicaragüense? Podríamos coincidir con Close (2010) que Nicaragua forma parte del subtipo de híbridos conformado por los regímenes "bolivarianos" (junto con Venezuela, Ecuador y Bolivia). Todos ellos se caracterizan por tener un sistema hiperpresidencialista, un discurso que apela a la radicalidad democrática y que desprecia de los preceptos liberales de la misma, una práctica que ha residualizado la presencia de la oposición en las instituciones y en la calle. Este tipo de regímenes no han tenido ningún empacho en utilizar todos los resortes del Estado para debilitar sus oponentes, si bien han respetado generalmente los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, tanto a nivel individual como colectivo, y han mantenido cierta pluralidad en los medios de comunicación. En este marco las elecciones en los regímenes bolivarianos se han realizado y escenificado como plebiscitos a favor del statu quo, recurriendo muchas veces a la cooptación, y excepcionalmente la intimidación -a diferencia de regímenes como los de Honduras, Guatemala, Rusia o Singapur, que son más violentos-.

De este grupo, sin embargo, Nicaragua mantiene diferencias respecto de Ecuador, Bolivia y Venezuela. La primera diferencia es que en Nicaragua Daniel Ortega, a diferencia de lo que supusieron Chávez, Evo o Correa, nunca representó un "rostro nuevo" ni carismático, ya que es un personaje omnipresente durante casi el último medio siglo de vida política del país y cuya legitimidad se asocia a la revolución y al control del FSLN más que a su liderazgo carismático. La segunda diferencia es la necesidad que ha tenido el gobierno de Ortega de manipular la administración electoral para obtener resultados favorables, pues accedió al poder en 2007 con un sufragio muy limitado (el 36%). Y la tercera diferencia ha sido la capacidad del régimen de cooptar a la élite económica (COSEP) en el proyecto hegemónico del sandinismo y, con ello, neutralizar posibles aliados de la oposición y conseguir la lealtad del capital. Este último elemento, sin embargo, solo se comprende a partir de la ingente cantidad de recursos de libre asignación que han llegado a Nicaragua provenientes del ALBA y, por lo mismo, sin garantías que sigan fluyendo debido a la desaparición física de Chávez a la crisis económica en que está sumida Venezuela.

Por ello cabe preguntar: ¿Qué pasaría si los recursos venezolanos dejaran de llegar? Lo más probable es que parte del andamiaje político levantado en Nicaragua durante estos siete años empezara a resquebrajarse por la incapacidad de mantener los recursos que distribuyen las máquinas de patronazgo que son los CPC, así como por la dificultad de mantener cooptando la empresa privada. De todas formas es difícil pesar cuál puede ser el selectorate45 que podría vetar la permanencia en el poder de Ortega (y su esposa). Más allá de los recursos del ALBA Ortega controla el FSLN, la Presidencia, el legislativo con mayoría calificada, los municipios, el Poder Judicial, el CSE, la policía, el ejército y está creando una "sandiburguesía".

Ciertamente existe la hipótesis de que Ortega solo podrá mantenerse si encuentra en Rusia o en Irak un aliado igual de generoso como el que ha sido la Venezuela de Chávez. Pero también está la hipótesis de que Ortega ya ha conseguido establecer un selectorate tan fiel que puede mantenerlo en el poder, a él y a su familia, in eternum. Es por ello que hoy la canción protesta del país ya no loa al FSLN, sino que lo critica —como hace Perrozompopo—46 a ritmo de rock al recitar:

Nunca harán en mi memoria
a los muertos olvidar olvidar
soy del tiempo y nunca olvido
a los hijos de Caín.

Nunca olvidaré a los héroes,
ni a las madres de Waspán,
nunca escupiré en la sangre,
no estaré en los CPC.

De todas formas coincidimos con Magaloni (2006) en que los regímenes de partidos hegemónicos, como fue el priista en México y ahora el orteguista en Nicaragua, no deben su longevidad solo (o primariamente) a prácticas autoritarias y coactivas, sino que también a su apoyo popular. Ciertamente nadie tiene ni puede tener datos confiables sobre el conjunto de las prácticas autoritarias que han ayudado a consolidar el régimen del FSLN. En este sentido es obvio que el partido en el gobierno se preocupa consistentemente por regenerar su cuota de apoyo popular entre elección y elección mediante diversos mecanismos que van desde la cooptación, el clientelismo o la entrega de recursos; y también que los votantes no van a las urnas en piloto automático, sino que también toman en cuenta el desempeño del gobierno al momento de depositar su voto.

NOTAS

1 La fuente es CEPAL: comisión Económica para América Latina y el Caribe: División de Estadísticas. unidad de estadísticas sociales. http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp?carpeta=estadisticas, visitado el día 8/5/12.

2 sobre la migración y las remesas véase IOM por país en: (iom.int/jahia/Jahia/activities/Americas/central-america-and-mexico/), y para la población urbana y rural United Nations Population Division (2011).

3 datos obtenidos del Banco mundial, de la tabla de indicadores de desarrollo de 2012. La web es la siguiente: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

4 Véase Chamorro y Salina Maldonado (2011) y Sandoval (2012).

5 Datos obtenidos del último informe trimestral de 2012 de FUNIDES: http://funides.com/documentos/coyuntura/2012/segundo_trimestre/segundo_informe_de_coyuntura_de_2012_re.pdf

6 Datos obtenidos del Banco Mundial, de la tabla de indicadores de desarrollo de 2012. La web es la siguiente: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

7 En 2007 Ortega desplegó con un decreto presidencial un sistema de participación ciudadano paralelo al establecido en la Ley 475 de Participación, y designó a su esposa como coordinadora de dicha estructura. Con esta decisión Rosario Murillo se convirtió en la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía para el Desarrollo y el Bienestar Social, con la responsabilidad de coordinar el "gabinete social" y todos los programas sociales implementados desde las instituciones públicas, así como dirigir el Sistema de Bienestar Social. Con ello Murillo ha controlado los planes, programas y redes de los CPC a través de los Consejos del Poder Ciudadano (Chaguaceda 2012). El rol de los CPC es, muchas veces, la entrega de los avales a los ciudadanos para el disfrute de becas, crédito o derecho a ser beneficiario de los diversos programas sociales que posteriormente han desplegado agencias y Ministerios.

8 Para mayor información de los CPC véase los trabajos de Stuart Armendariz coord. (2009); Bay (2010). Sobre la influencia de los CPC en el voto, véase González-Ocantos et al (2011). Para acceder a la información institucional de los mismos véase la web: http://www.elpueblopresidente.com/PODER-CIUDADANO/281107_nicaraguaprogrese.html

9 Véase el informe del FIDEG sobre Encuesta de Hogares para medir la Pobreza en Nicaragua http://www.fideg.org/investigaciones-y-publicaciones/96-resultados-de-la-encuesta-para-medir-la-pobreza-en-nicaragua-2011

10 Sin duda, la organización de los CPC en los barrios y comunidades obedece a lógicas de implementación de políticas sociales clientelistas ya implantadas anteriormente en otros países de la región, descritas con detalle y claridad en Auyero (2001).

11 A pesar de las relaciones cordiales entre el FMI y el gobierno nicaragüense desde 2007 hasta 2011, en 2012 no cerraron un acuerdo económico.

12 La relación entre el FSLN y la Iglesia Católica es ambivalente. Por un lado algunas figuras connotadas, como el ex-Cardenal Obando y Bravo han establecido una alianza sólida con Daniel Ortega. Pero por otro lado, la actual Conferencia Episcopal del país es, junto con la prensa escrita, uno de los sectores más beligerantes con el gobierno.

13 Según el índice de Desarrollo Humano de 2011, Nicaragua tiene un valor de 0,589, y en el ranking mundial se sitúa en el escalafón n° 129, inmediatamente por debajo de Namibia, Honduras, Sudáfrica, Indonesia, Kirguistán, Tajikistán y Vietnam, y justo por encima de Marruecos y Guatemala. Y en cuanto al índice de Educación de las Naciones Unidas (que captura el nivel educativo promedio de años de escolarización de los adultos de 25 años y los años esperados de escolarización de los niños en edad de escolarización) es de 0,525, por debajo de El Salvador, Namibia, República Dominicana, Ghana, Honduras, Omán y Siria; e inmediatamente por encima de la República del Congo, Camerún, Lesotho y Vietnam.

14 Sobre la autonomía fiscal de ALBANISA véase: http://www.confidencial.com.ni/minisite.php?id=111

15 Los casos Televisa y Cabral-Fariñas-Osuna, que estallaron en 2011 y 2012 muestran la penetración de las mafias del negocio ilegal en Nicaragua. Sobre el caso Televisa, que estalló en agosto de 2012, véase: http://aristeguinoticias.com/especiales/la_telenovela_televisa/ A resultas de lo expuesto, el índice de Percepción de la Corrupción -elaborado por Transparencia Internacional (2011)- señala que Nicaragua es el país más corrupto de Centroamérica y el quinto más corrupto de América Latina, ubicándolo en el puesto 127 de 183 con un puntaje mínimo de 2,5 sobre 10.

16 Sobre la cuestión de la criminalidad es preciso añadir que en Nicaragua, a diferencia de los países del Triángulo Norte, los cuerpos de seguridad (la Policía Nacional y el Ejército Nacional) gozan de prestigio y apoyo popular. Esta singularidad se debe a su proximidad con la población, su respeto a los derechos humanos y a una débil penetración del narco en sus estructuras. Un ejemplo de ello es que en materia de decomiso de droga, es mayor lo incautado en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que lo ocurrido en el Triángulo Norte, donde es mayor el apoyo de Estados Unidos.

17 Desde El Pacto entre Ortega y Alemán en 2000 las instituciones que deberían fiscalizar al poder ejecutivo se politizaron y, por tanto, puede afirmarse que no existe rendición de cuentas horizontal entre las instituciones del Estado. La otra forma de rendición de cuentas (realizada por los electores y que se ha convenido en llamar "vertical") se erosionó con la "cooptación" y politización (a favor del FSLN) del Consejo Supremo Electoral.

18 En este sentido cabe señalar que el FSLN tiene también un importante control de los medios televisivos, pues el partido controla Canal 4 y 8, y los hijos del Presidente son los propietarios de Canal 13 y 91. También tienen un notable control de las ondas radiofónicas. El medio que no controla el FSLN es el de la prensa escrita (con un importante impacto en la clase media), pues los rotativos La Prensa y El Nuevo Diario son críticos con su administración.

19 Sobre este episodio véase el capítulo de "El debate interno sandinista" en (Martí i Puig, 2012), accesible en: http://www.academia.edu/1621806/NICARAGUA_1979-1990._LA_REVOLUCION_ENREDADA

20 En las elecciones de 1996 hubo algunas irregularidades (sobre todo en el departamento de Matagalpa y Managua), pero la amplitud con que ganó el candidato liberal Arnoldo Alemán supuso la aceptación general de los resultados presidenciales.

21 La legislación vigente desde 1995 prohibía la reelección inmediata y limitaba el mandato a un máximo de dos periodos; y establecía segunda vuelta obligatoria para las elecciones presidenciales si ningún candidato obtenía un porcentaje igual o superior al 45% de los votos. Por el contrario, la Ley N° 331 redujo los umbrales de victoria en la contienda presidencial estableciendo que un candidato puede obtener el sillón presidencial si obtiene más del 40% del voto válido, o 35% si la diferencia con el segundo candidato supera los cinco puntos. Para mayor información véase: McConell (2011).

22 Sobre la eliminación de personería juridical de partidos cabe destacar que en 2008 se canceló la personería del Partido Conservador y del Movimiento Renovador Sandinista y no pudieron concurrir en las elecciones municipales. Y respecto de la "intervención" del CSE en la vida interna de los partidos destaca la resolución de esta institución en contra del opositor más connotado de Ortega (Eduardo Montealegre) en el conflicto interno existente en el seno de su partido (la ALN, formación con la que Montealegre había concurrido en las elecciones de 2006, quedando en segundo lugar), dando la razón a un sector de ALN próximo al mismo FSLN.

23 Sobre este tema véase: http://www.envio.org.ni/articulo/3890

24 Por ello el CSE pasó de ser la institución que mayor confianza ciudadana tenía en 1990 a una de las más denostadas dos décadas después. Según datos del Barómetro de las Américas en 2010 un 30% de los ciudadanos tenían una "nula" confianza en dicha institución. El 25% decían tener solo poca confianza con el CSE. Solo el 11,6% decía tener mucha confianza y un 20% algo (LAPOP, 2010).

25 Entre los cambios que no tienen sesgo partidario están los de la introducción de la paridad de género (50% y 50%) en las listas de candidatos electorales y la expansión del número de concejales elegidos en los municipios

26 Véase, por ejemplo, la página web www.voto2008.org -elaborada por los seguidores de Eduardo Montealegre-en la que exponen los resultados por distrito que ellos creen verdaderos de la elección de Managua.

27 Cabe señalar que en siete municipios de la Costa Atlántica no se celebraron elecciones.

28 Hasta la fecha no se han hecho estudios sobre el comportamiento electoral de los nicaragüenses en las elecciones municipales debido a que existieron pocas encuestas y también porque las denuncias de irregularidades empeñaron su credibilidad. A la vez, también es preciso anotar que este tipo de elecciones se consideran de "segundo orden" y por ello se les dedica menor atención que a las presidenciales o legislativas.

29 Las irregularidades y la tensión que generó el proceso fueron tales que se discutió sobre los comicios nicaragüenses el 20 de noviembre de 2008 en la sede de la OEA, aunque tanto la moción de denuncia (norteamericana) como la de apoyo (del gobierno de Nicaragua) fueron retiradas por falta de respaldo.

30 El informe está disponible en el enlace (consulta del día 12 de marzo 2009): http://www.enlaceacademico.org/uploads/media/INFORME_FINAL_ELECTORAL_2008.pdf

31 Además, también es preciso señalar que el padrón electoral con que se realizaron las elecciones era abultado debido a la presencia de ciudadanos fallecidos, migrantes o con problemas en los datos de ubicación. A la vez que tampoco se ha registrado el crecimiento vegetativo real en el mismo padrón.

32 Para un análisis detallado de dichas elecciones véase el texto de: (Pérez Baltodano, 2012).

33 Destacan los informes de la organización civil Ética y Transparencia http://www.conexiones.com.ni/files/86.pdf y de la OEA https://www.oas.org/es/sap/docs/deco/2012/Inf_NIC_s.pdf

34 La reforma también supuso el incremento de los concejales presentes en cada municipalidad (multiplicando por 3 o 4) con el fin de incluir miembros de los CPC en la institucionalidad local, y la exigencia de paridad de género entre los candidatos a las alcaldías.

35 Este fenómeno -el de la personalización y patrimonialización del FSLN- en manos de la familia Ortega se inició hace más de una década, pero en 2012 llegó a su máxima expresión. Sobre ello véase Martí i Puig (2010a, 2010b). Sobre el control familiar del FSLN véase el análisis que aparece en el número 370 de la Revista Envío, http://www.envio.org.ni/articulo/4639

36 Sobre los antecedentes de la celebración de los comicios véase el análisis de la Revista Envío: http://www.envio.org.ni/articulo/4595

37 Se llama "ratón loco" una práctica que tiene por objeto evitar que la gente vote en las secciones que tienden a ser de oposición. Consiste en obstaculizar el sufragio de un elector mediante la anotación errónea de las secciones electorales en la lista nominal de electores con lo que se dificulta la localización de la casilla en donde deba votar, ya que al acudir a la casilla más cercana a su domicilio a sufragar no podrá hacerlo por no encontrarse su nombre en la lista mencionada. Se le llama ratón loco porque el elector se comporta como tal, camina de casilla en casilla, busca su nombre en varias listas nominales para poder votar, y al no localizarlo, lo más probable es que se desespere y ya no vote.

38 Véase el testimonio: file:///Users/cei/Downloads/how-teustepe-was-won-election-fraud-in%281%29.html

39 A pesar de las irregularidades denunciadas en la prensa, la misión de la OEA (de 25 personas) fue menos beligerante que en las elecciones de 2011. En su informe solo expone recomendaciones al gobierno nicaragüense: http://www.oas.org/es/sap/deco/moe/nicaragua2012/docs/CP_nov5.pdf

40 Los municipios donde los liberales denunciaron de forma más enérgica la consumación de un fraude fue en los de Ciudad Darío, Matiguás, El Almendro y Nueva Guinea.

41 Frente a estos resultados, el PLI y el PLC acusaron al FSLN de haber hecho fraude, como mínimo en 20 municipios de la zona del "corredor contra". Fue en dicha zona donde posteriormente hubo episodios de violencia en el norte del país haciendo temer la presencia de nuevos grupos armados antisandinistas.

42 Uno de los pocos análisis publicados sobre las elecciones es el realizado por la Revista Envío http://www.envio.org.ni/articulo/4611. Las dos organizaciones nicaragüenses más relevantes de control y vigilancia electoral IPADE y Ética y Transparencia no elaboraron informes públicos sobre las elecciones, si bien se manifestaron en contra del desarrollo de los comicios, véase la opinión del director de Ética y Transparencia en El Nuevo Diario http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/264399-proceso-electoral-carece-de-credibilidad-dice-etica-transparencia

43 Sobre este tema, véase el texto de Levistky y Way (2010).

44 Según The Economist Intelligence Unit (EIU) (EIU 2011: 6) en América Latina hay seis países con el mismo calificativo: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras y Venezuela. EIU, a través de los resultados de su Democracy Index, clasifica los regímenes entre "democracias plenas", "regímenes híbridos" y "regímenes autoritarios".

45 El concepto, acuñado por Bueno de Mesquita, Smith, Siverson y Morrow (2003) da cuenta del grupo selecto de actores que sostienen o pueden vetar a la permanencia de un incumbent.

46 Sobre la discografía del grupo, véase: http://www.perrozompopo.com/discografia.php

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Salvador Martí i Puig profesor de Ciencia Política y miembro del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y de la Fundación CIDOB-Barcelona. E-mail: smarti@usal.es

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