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Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) vol.34 no.1 Santiago  2014

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2014000100010 

ARTÍCULOS

 

HONDURAS: ENTRE CRIMINALIDAD, ENFRENTAMIENTO MEDIÁTICO, PROTESTA SOCIAL Y RESULTADOS ELECTORALES CUESTIONADOS

Honduras: Between Crime, Media Engagement, Social Protest and Disputed Election Results

 

JOSÉ EUGENIO SOSA IGLESIAS

Universidad Nacional Autónoma de Honduras


RESUMEN

Cuatro ejes marcaron la coyuntura de Honduras durante el 2013. Uno, la persistencia de la violencia y criminalidad que han ubicado al país como el más violento del mundo. Dos, el enfrentamiento entre el gobierno y los grandes medios de comunicación por las reformas legislativas al sector de telecomunicaciones. Tres, la creciente protesta social ante la profundización de las medidas neoliberales, y la criminalización por parte del gobierno, en especial de las movilizaciones de los maestros, indígenas, grupos afrohondureños y campesinos. Y cuatro, las elecciones generales, cuyos resultados cuestionados le permitieron al oficialismo continuar en el gobierno. Sin embargo, los resultados electorales evidencian que en Honduras está en curso un proceso profundo de reconfiguración del sistema de partidos políticos.

Palabras clave: Seguridad, militarización, reformas, protestas y criminalización.


ABSTRACT

There were four key issues in Honduras's political conjuncture. First, the persistent violence and criminality that made of Honduras the most violent country in the world. Second, the clash between government and media on the issue of legislative reforms in the telecommunications sector. Third, the increase in social protest, especially of teachers, indigenous groups, and Afro-Honduran peasants, as a reaction to the deepening of neoliberal reforms. And fourth, the general elections, whose disputed results allowed the ruling party to continue in government. However, the elections results show that Honduras is undergoing a profound process of reconfiguration of the political party system.

Key words: security, militarization, reforms, protests and criminalization.


 

I. PERSISTENCIA DE LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD

Honduras inició el 2013 con una tasa de homicidios de 85,5 y lo cerró con 79 homicidios por cada cien mil habitantes, una reducción significativa, pero demostrativa de la persistencia de la situación grave de la sociedad en materia de violencia y criminalidad. En los últimos años Honduras fue calificada como el país más violento del mundo. A partir del 2004 el aumento de la criminalidad ha sido sostenido, para ese año la tasa de homicidios fue de 30,7 y para el 2009 ya se había incrementado en más de un cien por ciento, 66,8.

 

Cuadro 1. Homicidios por año del 2004 al 2013
 
 
Fuente: Elaboración propia a base de datos del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad. http://iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd32EneDic2013.pdf

 

Las respuestas del gobierno han significado la militarización de las políticas de seguridad y de la sociedad. El Congreso Nacional aprobó la realización de operativos por parte de las Fuerzas Armadas, lo que ha llevado a que los militares estén en las calles de manera permanente. Uno de los operativos militares de mayor duración es la operación Xatruch1, que se ejecuta en el Valle del Aguán, departamento de Colón.2 Sin embargo, esta región sigue siendo uno de los territorios más violentos a nivel nacional.3

También se aprobaron leyes como TIGRES (Estrategia Interinstitucional en Seguridad y Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad)4 y la Ley Policía Militar de Orden Público (PMOP),5 con la creación inmediata de un contingente de 1.000 policías militares (500 para Tegucigalpa y 500 para San Pedro Sula), pero el Decreto le da la potestad a la Secretaría de Defensa de aumentar el ejército hasta 5.000 militares más en el momento que el Estado lo requiera. Estas leyes y su puesta en práctica han significado las acciones más evidentes de militarización de la política de seguridad y de la sociedad hondureña.

Todo lo anterior se ha puesto en práctica en contra posición a las recomendaciones que realizó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). La recomendación cuatro dice: "Recomendamos en la Constitución de la república, revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente".6 Como puede verse, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, no solo no se han tomado en cuenta, sino que se ha hecho todo lo contrario de las mismas.

Como lo expresara Amnistía Internacional en noviembre de 2013, "una preocupación fundamental es que la policía y el ejército están contribuyendo de hecho a la violencia, en lugar de combatirla, en una situación que se agrava aún más por la ausencia casi total de rendición de cuentas por los abusos cometidos".7

Los militares en las calles cometen una serie de abusos de poder en contra de la ciudadanía, como el asesinato del activista indígena Tomás García, en una protesta pacífica en julio de 2013, el hostigamiento permanente a los campesinos del Bajo Aguán y el caso de Ebed Yánez, un muchacho de 15 años que murió el 26 de mayo de 2012, cuando viajaba en una motocicleta, por los disparos que recibió en un retén del ejército en Tegucigalpa.

Además del impacto de la violencia y criminalidad en la ciudadanía en general, se ha focalizado en algunos sectores como los abogados, periodistas y comunicadores sociales, personas de diversidad sexual, campesinos e indígenas y las mujeres. No existe hipótesis claras sobre las causas de este tipo de asesinatos y violencia. Los organismos nacionales de derechos humanos lo atribuyen a grupos de poder fáctico que buscan generar miedo y terror en la sociedad, mientras que los gobiernos lo niegan sin aportar otro tipo de argumentos.

 

Cuadro 2. Muerte de periodistas, abogados, personas de la diversidad sexual, mujeres, campesinos y jóvenes entre el 2010 y 2013
 
 
Fuente: Elaboración propia a base de: Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH), 2014. Informe situación de los Derechos Humanos durante 2013, visión socioteológica, Tegucigalpa.

 

Pero el problema no solo está en la violencia y la criminalidad, sino que la situación se vuelve más compleja por el grado de impunidad producto de la crisis y descomposición de las instituciones del sistema de seguridad y justicia. En octubre de 2011 implosionó la crisis de la policía, tras el asesinato de dos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) quedó evidenciada la corrupción y existencia de bandas del crimen organizado al interior de la Policía Preventiva. En los dos últimos años se impulsó un proceso de depuración policial, que se ha caracterizado por ser lento e ineficiente, y que no exhibe los resultados prometidos y esperados.

Pero la crisis no es exclusiva de la policía, el Ministerio Público fue denunciado por su ineficiencia, corrupción y grados de colusión con los grupos de poderes lícitos e ilícitos. En septiembre de 2013 el Fiscal General, Luis Alberto Rubí, fue obligado a renunciar. El Presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández eligió funcionarios vinculados a su partido político. Lo anterior generó malestar, reclamos y denuncias de parte de sectores de la sociedad civil.

 

Cuadro 3. Muerte de periodistas y comunicadores sociales, situación jurídica del caso de 2003-20139
 
 
Fuente: Diario Tiempo, 28 de diciembre de 2013.

 

II. EL ENFRENTAMIENTO DEL GOBIERNO Y LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LAS REFORMAS A LA LEY DE TELECOMUNICACIONES

En el primer semestre de 2013 el gobierno y los medios de comunicación escenificaron un enfrentamiento abierto en torno a una propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones. En un primer momento la organización de la sociedad civil, Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), propuso una nueva ley de telecomunicaciones, que fundamentalmente estaba dirigida a la democratización de los medios de comunicación, a prohibir la concentración de medios, y el acaparamiento de frecuencias, y a promover que los sectores comunitarios, organizaciones populares y pueblos indígenas y negros contaran con sus propios medios de comunicación.

El gobierno retomó la propuesta de C-Libre en su proyecto de reformas e incorporó algunas disposiciones que le conferían a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) la potestad de regular algunos contenidos. Ante la propuesta de reforma del gobierno, los grandes medios de comunicación desataron una respuesta feroz en contra de las reformas, calificándola de "Ley Mordaza", que violentaba la Constitución, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa. Sin embargo, los medios de comunicación ocultaron temas de la propuesta de reformas como la prohibición del monopolio y acaparamiento de frecuencias, y el derecho a que los sectores populares y étnicos tengan sus propios medios de comunicación.

Una revisión de cerca de 200 titulares de noticias en los medios de comunicación escritos: El Heraldo, La Tribuna, Tiempo y La Prensa, permite identificar que estas estaban orientadas a posicionar ideas como las siguientes:

• Alertar sobre el proceso de reformas a la ley de telecomunicaciones propuesta por el gobierno.

• Denunciar ataques a la prensa, a la libertad de expresión y a los medios de comunicación.

• Las reformas fueron consideradas como parte de un proyecto político impulsado por algunas ONG.

• Sobredimensionar qué actores relevantes de la sociedad hondureña e internacional estaban unidos en defensa de la libertad de prensa y de expresión.

• La propuesta de reformas fue considerada inconstitucional e irrespetuosa de la ley.

• Se les calificó como reformas que constituían censura, intolerancia, control y hasta totalitarismo.

• Al gobierno se le demandó que desistiera de las reformas a la ley de telecomunicaciones y que se dedicara a atender problemas más importantes del país.

• Se buscó dar la sensación de que toda la sociedad estaba en contra de las reformas y que el gobierno se había quedado solo.

Finalmente los grandes medios de comunicación lograron imponerse. Le "doblaron el brazo al gobierno". La salida que encontraron fue la firma de un Acuerdo de Autorregulación.10 En junio de 2013 los medios de comunicación firmaron el "Acuerdo nacional por la promoción de una cultura de paz y libertad de prensa". Mediante este acuerdo, los medios de comunicación se comprometían a cumplir los principios generales siguientes:

1. Mantener la defensa y solidaridad en el respeto a la libertad de expresión, la libre emisión del pensamiento y la libertad de prensa.

2. Edificar y sostener los valores humanos en los diversos sectores: económicos, políticos, culturales, educativos y religiosos.

3. La responsabilidad de los Medios de Comunicación ante la sociedad sobre lo que informan, salvaguardando el derecho que todo ciudadano tiene a su honor, a la intimidad personal, familiar y a su propia imagen.

4. Una autorregulación que los Medios de Comunicación acuerden en la perspectiva del fomento de valores y principios para la construcción de la ciudadanía, con énfasis en la protección de la niñez y la adolescencia en el marco legal vigente.

5. Los Medios de Comunicación establecerán y definirán criterios para la difusión de imágenes y fotografías de actos de violencia, terrorismo, drogadicción y material obsceno.

6. Promover una cultura de paz, mediante campañas de información y educación para el rescate de los valores morales, restableciendo la sana convivencia.

7. Promover la unidad familiar y la inherente responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos.

Como se puede observar, en los principios generales del acuerdo el mismo se redujo al contenido que emiten los medios de comunicación, sobre todo en lo vinculado a imágenes relacionadas con la violencia y criminalidad en el país, y la protección de la niñez y la adolescencia. Muy lejos quedaron temas relacionados como el acceso a los medios de comunicación de los sectores excluidos, la equidad en la publicidad, la equidad en periodos electorales, la equidad en la distribución de frecuencias, entre otros temas relevantes que planteaba la iniciativa de C-Libre. Además este acuerdo de autorregulación ha sido ampliamente incumplido por los medios de comunicación firmantes.

¿Por qué el gobierno asumió en principio la propuesta de C-Libre y luego cedió ante los intereses de los grandes medios de comunicación? En una respuesta hipotética, hay que considerar que la relación entre el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y los medios de comunicación siempre fue tensa. De alguna manera, Lobo Sosa con la propuesta de reformas a la ley de telecomunicaciones amenazó a los señores mediáticos, pero estos lejos de bajar la oposición más bien la intensificaron, a tal grado que durante el periodo de confrontación el candidato del oficialismo cayó profundamente en las encuestas de intención de voto. El gobierno entendió que seguir adelante con las reformas a la ley de telecomunicaciones con el poder mediático en contra, ponía en riesgo la candidatura presidencial oficialista del Partido Nacional.

III. CRECE LA PROTESTA SOCIAL Y SU CRIMINALIZACIÓN

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa profundizó el modelo neoliberal. Se aprobaron un conjunto de leyes que han creado condiciones favorables para la ampliación del mercado y las inversiones, nacionales y extranjeras. Entre estas leyes se pueden identificar:

Ley del Programa Nacional de Empleo por Horas. Se aprobó en el 2010 (Decreto No. 230-2010), con el objetivo de "establecer un programa especial de emergencia de carácter temporal, con el fin de fomentar el empleo digno, mantener los puestos de trabajo y evitar que crezcan los índices de desempleo y subempleo en el país, abriendo oportunidades de trabajo a la población durante el ciclo de crisis que afecta actualmente a las economías de la mayoría de los países del mundo [...]".11 Sin embargo, esta ley ha servido para precarizar el derecho al trabajo, ya que con ello los empresarios se evitan el pago de los derechos sociales y las prestaciones laborales. Esta ley fue rechazada por las tres principales centrales obreras del país (Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, Central General de Trabajadores y Central Única de Trabajadores de Honduras), debido a que consideran que el objetivo real del Programa de Empleo por Horas es permitir contrataciones temporales y precarias, que disminuyen los derechos adquiridos y flexibilizan las relaciones laborales al margen del Código del Trabajo. Según cifras oficiales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), en el primer año de vigencia de la ley, apenas 75 empresas hondureñas habían extendido 494 contratos, en el marco del Programa Nacional de Empleo por Hora, evidenciando esto un total fracaso.12

Ley de promoción de la alianza público-privada. El Congreso Nacional, mediante Decreto 143-2010, aprobó la ley de la promoción de la alianza público-privada. En el artículo 1, referido a la finalidad, expresa: "La presente ley es de orden público e interés social.

Tiene como finalidad gestionar y regular los procesos de contratación que permitan la participación público-privada en la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos, potenciando la capacidad de inversión en el país a fin de lograr el desarrollo integral de la población".13 Esta ley constituye el marco jurídico que ha permitido concesionar en manos de empresarios privados nacionales e internacionales, empresas14 y obras públicas.

Ley de minería. Fue aprobada por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 2382012.15 La sociedad civil y organizaciones populares tienen más de diez años de luchar por una nueva ley de minería, que no permita las explotaciones a cielo abierto e incluya a las comunidades en los beneficios de la explotación minera. La nueva ley de minería fue aprobada, pero sin considerar las demandas de las comunidades y organizaciones populares.

Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).16 Fue aprobada por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 120-2013. Esta ley fue conocida como las "ciudades modelo", que en un primer momento, tras una intensa lucha de los sectores populares, fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Como reacción, el Congreso Nacional destituyó a cuatro magistrados de la Sala Constitucional que habían votado por la inconstitucionalidad de la ley de las "ciudades modelo". El Congreso Nacional de la República realizó cambios superficiales a la ley de las "ciudades modelo" y los nuevos recursos de inconstitucionalidad ya no prosperaron en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Producto de este conjunto de leyes y medidas económicas, en el 2013 las protestas continuaron la ruta ascendente. En el 2012 se realizaron 212 acciones de protesta y en el 2013 se incrementó a 497 acciones de protesta, aumentando en 285 manifestaciones.17 Es decir, comparativamente el año 2013 fue un año mucho más conflictivo que el 2012. Ver Gráfico 1.

 

Gráfico 1. Manifestaciones de conflicto en número de casos, enero-diciembre 2012-2013 600
 
 
Fuente: Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Monitoreo de Prensa de la Dirección General de Análisis, Mediación y Resolución de Conflictos.

 

Los repertorios de acción utilizados en las acciones de protesta fueron en primer lugar las denuncias públicas, seguidas de los plantones, caminatas, paros de labores, tomas de calles y carreteras, tomas de edificios públicos y asambleas informativas. Si se analiza el tipo de repertorio de acción puesto en práctica por los manifestantes, es plausible deducir que son acciones que no generan mayores problemas en términos del orden y la gobernabilidad. Lo anterior se debe a que no son, en su mayoría, acciones disruptivas. Se podrían considerar acciones disruptivas la toma de calles y carreteras y la toma de edificios públicos, pero que apenas llegan a los 82 casos del total de los 497 casos de protestas reportados en el 2013. Observados en términos de porcentajes, las tomas de calles y carreteras y las tomas de edificios públicos apenas representan el 16,7%. En esencia, lo que esto nos indica es que la conflictividad social si bien ha sido alta, no ha sido intensa ni violenta. En general, son reclamos y protestas pacíficas.18

Geográficamente la conflictividad se concentra en los departamentos de Francisco Morazán (301 casos) y Cortés (105 casos), y muy por debajo le siguen Yoro (16 casos), Choluteca (16 casos), El Paraíso (13 casos), Atlántida (12 casos), Olancho (9 casos), Colón (6 casos), y los demás que van de 5 a un caso de manifestación. Francisco Morazán y Cortés concentran 406 de los 497 casos. En porcentajes, los dos departamentos concentran el 81,69% de los casos de manifestaciones o protestas sociales. La concentración en Francisco Morazán y Cortés está relacionada con que en ambos departamentos se encuentran las ciudades más importantes y pobladas del país (Tegucigalpa y San Pedro Sula, respectivamente), por tanto en ellas se concentra la actividad estatal y económica. Sin embargo, no se debe desconocer que hay regiones en las que se ha gestado una conflictividad social permanente, que es desconocida por la sociedad hondureña, porque no se registran sus acciones de protesta en los diarios nacionales ni principales medios de comunicación del país. Ejemplo de lo anterior son los conflictos regionales del Bajo Aguán en el departamento de Colón, la comunidad Zacate Grande en el departamento de Valle y la comunidad de Río Blanco en el departamento de Intibucá.19

Los reclamos o demandas sociales se concentran en el ámbito económico con 30,8%, seguridad ciudadana con 18,3%, educación con 13,3%, salud con 10%, ambientales con 9,2%, políticos con 7,5%, transparencia y rendición de cuentas con 7,5%, y acceso a la tierra con 3,3%. Consiguientemente, en estos sectores se concentran las protestas sociales, 186 protestas relacionadas con lo económico, 51 protestas relacionadas con el sector de seguridad ciudadana, 72 protestas relacionadas con el sector educación, 70 protestas relacionadas con el sector salud, 43 protestas relacionadas con el ámbito político, 37 protestas relacionadas con el sector ambiental, 20 protestas relacionadas con el acceso a la tierra y 18 protestas relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas.20

Como actores de la protesta destacan las organizaciones de la sociedad civil con 45,7%, los empleados públicos con 36% y en mucho menor porcentaje estudiantes, transportistas, campesinos, Policía Nacional Preventiva, exempleados públicos, corporaciones municipales y partidos políticos. Llama la atención la presencia como actores de la conflictividad social a la Policía Nacional Preventiva, lo que está relacionado con los temas de la depuración policial, incumplimiento de pago de sus salarios y protestas por las condiciones generales de trabajo. De igual manera llama la atención la presencia de las corporaciones municipales, lo que se debe sobre todo al incumplimiento de las transferencias que el gobierno central debe realizar a los municipios. La conflictividad generada por los partidos políticos está relacionada con los desacuerdos en torno al proceso de las elecciones generales que se celebraron el 24 de noviembre de 2013.21

En el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) se han criminalizado las protestas sociales y sus dirigentes. Los sectores más criminalizados han sido los campesinos y sus luchas por la tierra, los indígenas y sus luchas por la protección y defensa de los recursos naturales, los maestros y su lucha por la defensa del Estatuto del Docente, y la comunidad de la Diversidad Sexual. A continuación se aborda cada uno de estos sectores criminalizados.

1. Los campesinos del Aguán y su lucha por la tierra. Desde diciembre de 2009 hasta la fecha los campesinos y campesinas del Aguán han sostenido una lucha abierta por el derecho a la tierra. En esta lucha han enfrentado la represión, hostigamiento y acciones armadas provenientes de la policía, ejército y empresas de seguridad privada. Según un estudio de Oxfam Internacional, solo entre 2010, 2011 y 2012, 3.051 (tres mil cincuenta y uno) campesinos y campesinas fueron sometidos a procesos judiciales por el Estado, empresas agroindustriales, empresarios y terratenientes particulares.22 A lo anterior hay que agregar que según reportes de los organismos de Derechos Humanos, más de cien campesinos han perdido la vida durante el conflicto por la tierra en el Aguán y una cantidad similar han sido heridos.23

2. Las luchas por la protección de los recursos naturales. En el 2013, último año de Porfirio Lobo Sosa, las fuerzas militares y policiales arremetieron con fuerza desproporcional contra manifestaciones pacíficas y legales de los pueblos indígenas, Tolupanes y Lencas, y campesinos, que han realizado por la defensa de sus recursos naturales y su derecho a la tierra. Algunos de estos indígenas y campesinos fueron asesinados por fuerzas paramilitares de guardias de seguridad de empresas privadas, protegidas, amparadas o toleradas por fuerzas policiales y militares, aduciendo que estaban cumpliendo con una orden de desalojo o defensa de la propiedad privada. Tres Tolupanes fueron asesinados en la comunidad de San Francisco, Locomapa, departamento de Yoro, el 25 de agosto del 2013.24 Un indígena Lenca fue asesinado y otro fue herido en la comunidad de Rio Blanco, departamento de Intibucá, a manos de militares, en julio del 2013.25 Tres campesinos fueron asesinados y tres fueron gravemente heridos en San Manuel, departamento de Cortés, en manos de guardias de seguridad en complicidad con policías y militares, en marzo del 2013.26

3. Las luchas magisteriales en defensa del Estatuto del Docente. Los gremios magisteriales han denunciado una permanente persecución, hostigamiento y criminalización por parte del actual gobierno. A más de 15 directivos les cancelaron sus acuerdos laborales y permisos gremiales, y a 50 directores de colegios se les ha suspendido de sus labores aduciendo incumplimientos laborales.27

4. La comunidad de la Diversidad Sexual. En las luchas de resistencia contra el golpe de Estado, la comunidad de la Diversidad Sexual estuvo en primera línea. Esto les permitió mayor visibilización como sujetos y sujetas de derechos en la sociedad hondureña. Pero uno de los efectos negativos del golpe es que profundizó el odio y criminalización hacia el sector de la Diversidad Sexual. Solo del 2008 al 2013 se reportan 103 (ciento tres) muertes violentas de la comunidad lésbica, gays, transexual y bisexual (LGTB).28

IV. ENTRE RESULTADOS ELECTORALES CUESTIONADOS, SE MODIFICA LA CORRELACIÓN DE FUERZAS EN EL PODER LEGISLATIVO

El domingo 24 de noviembre de 2013 se celebró el décimo proceso electoral (el de la Asamblea Nacional Constituyente de 1980 y nueve para los cargos de elección popular -nivel presidencial, nivel legislativo y nivel municipal-), después de más de tres décadas de la llamada "transición a la democracia". Estas elecciones hondureñas se distinguen de las anteriores porque reúnen una serie de características diferentes, que se gestaron o profundizaron con la coyuntura de largo aliento que se abrió con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

El candidato oficialista Juan Orlando Hernández del Partido Nacional fue declarado Presidente electo por el Tribunal Supremo Electoral, con 1.149.302 votos. En su orden le siguen, Xiomara Castro del Partido Libertad y refundación, Mauricio Villeda del Partido Liberal, Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción, y muy por debajo quedaron los partidos pequeños viejos y nuevos.

 

Cuadro 4. Votos y porcentaje de votos por candidato presidencial29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
 
 
Fuente: Elaboración propia a base de: Tribunal Supremo Electoral, Acuerdo N° 12-2013. Declaratoria al cargo de: Presidente y Designados a la Presidencia como resultados de las elecciones generales realizadas el 24 de noviembre de 2013, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 33,302, 12 de diciembre de 2013. [En línea] http://www.tse.hn/web/documentos/Acu-2013/Acuerdo%20No.%20 012-2013_LG-Decla-01.PDF [Consulta 15-12-2013].

 

Cuadro 5. Diputaciones, alcaldías y regidurías por cada partido político
 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de: Tribunal Supremo Electoral, Acuerdo No.13-2013. Declaratoria de ciudadanos (as) electos (as) al cargo de diputados al Parlamento Centroamericano, diputados al Congreso Nacional y Corporaciones Municipales, elecciones generales 2013, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,305, 16 de diciembre de 2013. [En línea] http://www.tse.hn/web/documentos/Acu-2013/Acuerdo%20No.%20013-2013_LG-
Decla-02.PDF
[Consulta 20-12-2013].

 

El viernes 13 de diciembre de 2013 el Tribunal Supremo Electoral oficializó la representación política, en las diputaciones y corporaciones municipales, que obtuvo cada partido político. En las diputaciones nacionales los resultados fueron más cerrados entre el viejo bipartidismo y las nuevas fuerzas políticas, mientras que en las corporaciones municipales la persistencia del bipartidismo histórico fue más contundente.

A continuación se presenta el análisis e interpretación del proceso electoral y sus resultados, recurriendo para ello a cinco tesis.

Tesis 1. Se realizó un proceso electoral en una nueva realidad política (más compleja y diversa), pero con la vieja institucionalidad y las viejas reglas del juego.

Las elecciones del 24 de noviembre de 2013 se desarrollaron en el contexto de una nueva realidad política, más compleja y diversa en cuanto a los actores de la competencia electoral, fundamentalmente por la emergencia de nuevas fuerzas políticas con capacidad de competencia política real. Pero se desarrollaron en el marco de la vieja institucionalidad y la vieja ley electoral y de las organizaciones políticas, hecha a la medida del viejo bipartidismo tradicional, conformado por los partidos Liberal y Nacional.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral están considerablemente cuestionados en su legitimidad. Desde sus orígenes algunos fueron elegidos en la ilegalidad, administraron las elecciones de 2009 en pleno golpe de Estado, y en general son funcionarios con una larga historia de identificación con los partidos Liberal y Nacional. Lo anterior explica en parte la alta desconfianza que mantuvo la ciudadanía respecto del proceso electoral. A lo anterior hay que agregar que la nueva realidad política exigía reformas a la ley electoral y de las organizaciones políticas y estas no se produjeron por la falta de voluntad política del presidente del Congreso Nacional y a la vez candidato presidencial por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.

La desconfianza de la ciudadanía está relacionada con el funcionamiento del Estado hondureño, caracterizado por su alto nivel de corrupción e impunidad. Para el caso, para las elecciones del 24 de noviembre de 2013 se conformó en el Ministerio Público una Unidad Contra los Delitos Electorales y hasta la fecha no se conoce ningún informe hacia la sociedad hondureña proveniente de esta unidad. Por otro lado, la iniciativa del Portal de Transparencia que impulsó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP) fue un fracaso completo. Ninguno de los partidos políticos realizó una rendición de cuentas acerca del financiamiento (monto manejado y origen) de sus campañas políticas.

En conclusión se realizaron unas elecciones generales en el marco de una nueva realidad política, más compleja y con nuevos actores; pero realizadas con el viejo Tribunal Supremo Electoral y la vieja Ley Electoral.

Tesis 2. Desde una perspectiva democrática el fraude electoral debe analizarse en una perspectiva amplia, no restringida.

Los resultados electorales no fueron aceptados por los partidos Libertad y Refundación y el Partido Anticorrupción, quienes presentaron evidencias de alteraciones de actas y otras irregularidades. Sin embargo, el fraude hay que analizarlo en sentido amplio, más allá de las alteraciones de las cantidades de votos en las actas. El fraude en sentido amplio implica caracterizarlo a partir de prácticas como el tráfico de credenciales entre los partidos pequeños y el partido en el gobierno, el uso indiscriminado de los recursos del Estado, el clientelismo desarrollado con la focalización de la política social, y la "compra de votos", entre otras. Estas prácticas deberían estar consideradas como delitos electorales graves.

Igual que las elecciones primarias e internas del 18 de noviembre de 2012, en las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013 existen dos discursos. El discurso de las inconsistencias y el discurso del fraude. El discurso de las inconsistencias es sostenido desde el poder nacional e internacional, buscan minimizar una serie de problemas que tienen las elecciones y se les denomina las "inconsistencias normales" de la democracia hondureña. El discurso del fraude es esgrimido por los partidos Libertad y Refundación, Partido Anticorrupción y organizaciones internacionales y nacionales provenientes, fundamentalmente, del sector de Derechos Humanos y de la sociedad civil, en general.

En lo esencial, el sistema político hondureño se ha caracterizado por ser corrupto y excluyente. Es un sistema perverso, que todavía conserva, quizás mucho, del modelo político electoral, "elecciones estilo Honduras".

Tesis 3. La transparencia de las elecciones continúa ampliamente cuestionada. Lo anterior evidencia el retroceso en la democracia electoral.

Los resultados de las elecciones de 1980 al 2001 fueron aceptados sin ningún tipo de impugnaciones por los candidatos derrotados. A partir de las elecciones generales del 2005 los candidatos derrotados no aceptan los resultados. En las elecciones de noviembre de 2005 Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional no aceptó de manera inmediata su derrota frente a José Manuel Zelaya Rosales del Partido Liberal. Las elecciones de noviembre de 2009 fueron ampliamente cuestionadas a nivel nacional e internacional, por desarrollarse en el contexto del golpe de Estado y del gobierno de facto. Los resultados de las elecciones de noviembre de 2013 han sido desconocidos e impugnados por el Partido Libertad y Refundación y el Partido Anticorrupción. El Tribunal Supremo Electoral recibió no menos de 147 impugnaciones (tres en el nivel presidencial, 40 en el nivel de las corporaciones municipales y 104 en el nivel de las diputaciones). En conclusión, estamos ante un retroceso en la democracia electoral, que se consideraba consolidada.

Tesis 4. La alta participación ciudadana en las elecciones del 24 de noviembre de 2013 evidencia la revitalización de la política que emergió como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Según el Tribunal Supremo Electoral la participación electoral fue del 61% (3.275.346-tres millones doscientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis personas que ejercieron el sufragio), sobre la base de 5.355.112 (cinco millones, trescientos cincuenta y cinco mil ciento doce) que constituyó el censo electoral. Lo anterior significó un quiebre en la tendencia ascendente que traía el abstencionismo.

Sin embargo, el dato del Tribunal Supremo Electoral sobre la participación electoral no refleja la realidad, ya que el censo electoral no es real porque presenta una serie de problemas relacionados con su depuración. La mayor deformación del censo está relacionada con que contempla el más de un millón de hondureños y hondureñas que residen en el exterior, especialmente en los Estados Unidos. Considerando la reflexión anterior, es plausible asumir que el censo electoral real no está más allá de los 4 millones. Por tanto, sobre esta base, la participación electoral de los hondureños y hondureñas que residen en el territorio nacional estaría estimándose en 82%. Este porcentaje de participación electoral es un buen signo para la democracia hondureña. Uno de los efectos positivos del golpe de Estado es que revitalizó el interés por la política en la ciudadanía hondureña.

Tesis 5. El cambio político más relevante que evidencian los resultados electorales es la erosión del viejo bipartidismo político tradicional.

El viejo bipartidismo tradicional salió muy erosionado, pero con vida, de las votaciones del 24 de noviembre de 2013. El Partido Nacional y Liberal juntos en más de tres décadas de procesos electorales continuos siempre habían retenido más del 95% de los electores a su favor. En el reciente proceso electoral, el Partido Nacional y el Partido Liberal juntos han logrado retener el 57,19%. Es decir, su caudal electoral se redujo en 42,21%, una reducción significativa si se toma en cuenta la larga cultura política bipartidista de la sociedad hondureña. Esta erosión del bipartidismo se expresa con mayor claridad en el Congreso Nacional.

El Partido Nacional no logró obtener la mayoría simple para gobernar (65 diputaciones). En otras palabras, no puede aprobar una sola ley por su propia cuenta. Esta mayoría simple la logra obtener el viejo bipartidismo tradicional, ya que el Partido Nacional y el Liberal juntos obtuvieron 75 diputaciones (48 el Partido Nacional y 27 el Partido Liberal). Sin embargo, el bipartidismo junto, por vez primera, no logra obtener la mayoría calificada (86 diputaciones). Para que el Partido Nacional logre la mayoría calificada necesitará además de los votos del Partido Liberal, los votos del Partido Anticorrupción (13 diputaciones) o del Partido Libertad y Refundación (37 diputaciones).

El viejo bipartidismo tradicional continúa exhibiendo mucha fuerza en lo local municipal. Los partidos políticos Nacional (184 alcaldías) y Liberal (83 alcaldías) en conjunto obtuvieron 266 corporaciones municipales, contra 31 corporaciones de Libre y cero corporaciones municipales del PAC.

Las nuevas fuerzas políticas Libre y PAC crecieron sobre la base del estancamiento del Partido Nacional, que incluso obtuvo menos votos que los de 2009 y la caída estrepitosa del Partido Liberal en las elecciones tanto en las de 2009 (817.524 votos) como las del 2013 (632.320). El Partido Liberal regresó a los votos que obtuvo en 1981 (636.653), cuando el censo electoral era apenas de 1.546.797 electores. Pero las nuevas fuerzas políticas Libre y PAC también crecieron sobre la base de la reducción del abstencionismo y la casi desaparición de los partidos pequeños tanto viejos como nuevos.

El viejo bipartidismo tradicional tiene la fortaleza de seguir al frente del Estado, pero muy erosionado. No se trata de cualquier erosión del viejo bipartidismo tradicional, sino de un tipo de erosión que forma parte de su crisis de hegemonía. Esta crisis de hegemonía se expresa en dos hechos políticos: Uno, el gobierno que ha surgido elegido no ha podido erradicar el fantasma del fraude, gran parte de la ciudadanía hondureña continúa creyendo que los procesos electorales hondureños no se ganan en las urnas, sino "en la contada" o en "la trasmisión de datos". Es un gobierno surgido de una vieja institucionalidad electoral, que ya no da más para la nueva realidad política que tiene Honduras. Dos, el viejo bipartidismo tradicional no está en la voluntad y capacidad política para enfrentar los principales problemas nacionales que padece el país.

El hecho de que el viejo bipartidismo tradicional se encuentre en una crisis de hegemonía, no significa que "tiene los años contados". Su crisis de hegemonía se puede prolongar por mucho tiempo, puede desarrollarse un largo periodo en el que "lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer", o pueden surgir esos periodos de alta morbosidad, donde emergen todo tipo de monstruos políticos.

Pero la salida a la crisis del viejo bipartidismo tradicional no se va a resolver en su seno. Aunque la posibilidad de renovarse a sí mismo, por muy lejano que parezca, siempre estará en el horizonte político. Sin embargo, lo más potencial es que la ruptura y sustitución del viejo bipartidismo tradicional surja de las fuerzas alternativas al mismo. La reconfiguración del viejo bipartidismo también dependerá de cómo enfrentan los desafíos que impone el momento histórico a cada uno de los partidos políticos.

En conclusión, el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 desató un proceso de reconfiguración del sistema de partidos políticos, cuyo primer impacto en la representación política ha quedado evidenciado en los resultados electorales de las elecciones generales de noviembre de 2013, pero el proceso de reconfiguración de las fuerzas políticas sigue abierto. A futuro es probable que asistamos a la construcción de alianzas políticas novedosas tanto en la tendencia de izquierda como de derecha y que se produzcan cambios en la legislación e institucionalidad electoral.

NOTAS

1 Esta operación militar se inició el 19 de agosto de 2011 y todavía se encuentra en operaciones.

2 El departamento de Colón es conocido también por ser un territorio de marcada actividad del narcotráfico y el crimen organizado.

3 Para el 2013 la tasa de homicidios del departamento de Colón fue de 83,3 por cada cien mil habitantes.

4 Esta ley fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 27 de junio de 2013. En el último párrafo del artículo 1 la ley contempla: "Las Fuerzas Armadas de Honduras presentarán todo el apoyo que sea requerido por la Estrategia Interinstitucional de Seguridad y la Unidad TIGRES, el cual será solicitado por los conductos legales correspondientes...".

5 Esta ley fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de agosto de 2013. El artículo 1 de esta ley establece: "Créase la Policía Militar de Orden Público de Las Fuerzas Armadas de Honduras (P.M.O.P), con competencia en todo el país, integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuya función principal es dar cumplimiento a los artículos 272 y 274 de la Constitución de la República para garantizar la Soberanía de la República, el mantenimiento y conservación del orden público, así como acudir en auxilio de la ciudadanía para salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes en cooperación con la Policía Nacional. La Policía Militar de Orden Público (P.M.O.P) llevará a cabo sus tareas en coordinación con la Fuerza Combinada de Tarea Conjunta Interinstitucional creada por el Poder Ejecutivo".

6 Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Para que los hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Tomo I, julio 2011. La CVR fue creada en el 2010 por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa para que presentara un informe de lo sucedido antes y después del 28 de junio de 2009, día en que fue derrocado el Presidente José Manuel Zelaya Rosales.

7 Amnistía Internacional, Honduras: Las elecciones deben marcar un giro en cuanto a derechos humanos, 5 de noviembre de 2013. http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/honduras-elecciones-deben-marcar-giro-ddhh-2013-11-05.

8 Desde el 2008 al 2013 se registraron 123 asesinatos y 6 desapariciones forzadas. De los 123 asesinatos, 88 son campesinos, 1 campesina, 1 militar, 1 policía, 10 guardias de seguridad, 7 terratenientes y 15 considerados otros por ser apoderados legales y víctimas colaterales o indirectas. Los seis desaparecidos, 2 son campesinos y 4 son guardias de seguridad privados. Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, febrero de 2014.

9 Impune se refiere a que el caso quedó sin investigación por parte de la policía, sin requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público y, por tanto, sin judicialización y sin condena o absolución.

10 Diario El Heraldo [En línea] http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Medios-firman-acuerdo-de-autorregulacion [Consulta 10-3-2014].

11 Artículo 1, de los fines.

12 http://old.latribuna.hn/2011/08/03/ley-de-empleo-por-hora-%E2%80%9Cfracaso%E2%80%9D-en-honduras-obreros/

13 Artículo 1, de la ley de promoción de la alianza público-privada.

14 Un ejemplo de empresa concesionada lo constituye la Empresa Nacional Portuaria en el municipio de Puerto Cortés, departamento de Cortés.

15 El Decreto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,088, el 2 de abril de 2013.

16 Esta ley fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,222, el 6 de septiembre de 2013, Tegucigalpa.

17 En realidad las protestas realizadas durante el 2013 son más, ya que las registradas aquí son las que han tenido cobertura en los diarios nacionales, pero las protestas locales y regionales en su mayoría no son publicadas por los medios de comunicación nacional.

18 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, 2013. Informe anual de la conflictividad social, enero-diciembre 2013, Tegucigalpa, diciembre de 2013. [En línea] http://www.sjdh.gob.hn/sites/default/files/Informe%20Anual%20sobre%20la%20Conflictividad%20Social%20Honduras%202013_0.pdf [Consulta 24-1-2014].

19 Ibíd.

20 Ibíd.

21 Ibíd.

22 Cruz, Marlén. Estudio legal: cantidad y situación legal de los campesinos y las campesinas procesados (as) por acciones judiciales en los juzgados y tribunales de la república como respuesta a los procesos de recuperación de tierras en 15 departamentos de Honduras durante 2010, 2011 y 2012, OXFAM y Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), octubre de 2012.

23 Ver Cuadro número 2 del presente documento.

24 http://ofraneh.wordpress.com/2013/08/27/honduras-masacre-de-indigenas-tolupanes-y-la-ausencia-de-la-aplicacion-del-consentimiento-previo-libre-e-informado/ [Consulta 10-1-2014].

25 http://resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5784:honduras-el-militar-nos-disparo-a-quemarropa-para-matarnos-dice-hijo-del-dirigente-indigena-lenca-asesinado-en-rio-blanco&catid=60:derechos-humanos&Itemid=244 [Consulta 10-1-2014].

26 http://honduprensa.wordpress.com/tag/mocsam/ [Consulta 10-1-2014].

27 http://tiempo.hn/portada/noticias/reacciona-dirigencia-es-persecucion-politica-contra-la-organizacion [Consulta 10-1-2014].

28 http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Sucesos/Policiales/Honduras-Al-menos-11-abogados-fueron-asesinados-en-2012#.UOGwu6yClAM [Consulta 10-1-2014].

29 Juan Orlando Hernández se desempeñó como Presidente del Congreso Nacional durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.

30 El Partido Nacional (PN) es uno de los partidos históricos del bipartidismo político hondureño.

31 Xiomara Castro de Zelaya es la esposa del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, se desempeñó como Primera Dama durante su gestión presidencial.

32 Libertad y refundación (Libre) es el partido surgido del movimiento de resistencia contra el golpe de Estado y es coordinado por el expresidente José Manuel Zelaya Rosales.

33 El Partido Liberal (PL) es otro de los partidos del histórico bipartidismo hondureño.

34 El Partido Anticorrupción (PAC) fue fundado por el comentarista deportivo y personaje de la televisión Salvador Nasralla, para participar por vez primera en las elecciones generales de 2013.

35 Alianza Patriótica fue fundado por el general Romeo Vásquez Velásquez, quien se desempeñaba como Jefe del Estado Mayor Conjunto durante el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Debido a que no obtuvo los votos necesarios perdió la inscripción. El Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata participa en elecciones desde 1980, sin lograr tener un crecimiento significativo. En las elecciones de 2013 estuvo cerca de perder la inscripción.

36 El Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata participa en elecciones desde 1980, sin lograr tener un crecimiento significativo. En las elecciones de 2013 estuvo cerca de perder la inscripción.

37 El Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) participa en elecciones desde 1985, sin lograr tener un crecimiento significativo. En las elecciones de 2013 estuvo cerca de perder la inscripción.

38 El Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper) fue fundado por Andrés Pavón, defensor de los derechos humanos, como una escisión del movimiento de resistencia contra el golpe de Estado. Andrés Pavón fue candidato presidencial por el Faper en alianza con el Partido Unificación Democrática (UD). El Faper perdió la inscripción porque no obtuvo los votos establecidos en la ley electoral.

39 El Partido Unificación Democrática (UD) surgió como una integración de las fuerzas de izquierda en el marco de los Acuerdos de Esquipulas en la región centroamericana, participó por vez primera en las elecciones de 1997. En las elecciones generales de 2013 estuvo cerca de perder la inscripción.

 

REFERENCIAS

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José Eugenio Sosa Iglesias es Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Guatemala, profesor del Departamento de Sociología de la UNAH en los cursos de Movimientos Sociales y Sociología Política. E-mail: jesosai@yahoo.es