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Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) vol.34 no.1 Santiago  2014

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2014000100011 

ARTÍCULOS

 

MÉXICO 2013: ACUERDOS, REFORMAS Y DESCONTENTO*

Mexico 2013: Agreements, Reforms and Social Discontent

 

FERNANDO BARRIENTOS DEL MONTE

Universidad de Guanajuato

DANIEL AÑORVE AÑORVE

Universidad de Guanajuato

* Los autores agradecen a los revisores anónimos cuyos comentarios y observaciones contribuyeron a mejorar este artículo.


RESUMEN

Se describen los eventos políticos más relevantes en México durante 2013, primer año del gobierno de la alternancia con la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. La correlación de fuerzas fue favorable al PRI, partido que gobierna también la mayoría de los municipios y estados en el país, y que mantiene una mayoría relativa en ambas Cámaras del Congreso y en más de la mitad de las legislaturas locales. El "Pacto por México", firmado por el Presidente y los líderes de los tres principales partidos, definió el rumbo de una serie de reformas en diversos ámbitos económicos y políticos, pero generaron la oposición y la movilización de diversos sectores de la sociedad y algunos segmentos de la opinión pública.

Palabras clave: México, "Pacto por México", sindicatos, reformas, descontento social.


ABSTRACT

This paper describes the most relevant political events of 2013 in Mexico during the first year of the new presidency of the Partido Revolucionario Institucional (PRI). The power correlation favored the PRI, the political party that not only holds the presidency but also holds the majority of states and municipalities in Mexico. The PRI also holds a relative majority in both houses of Congress and in over half of the states' congresses. The so-called "Pacto por México", signed by the Mexican President and the leaders of the three main political parties set the stage for the successful passing of diverse political and economic reforms. Nonetheless, these reforms have generated opposition, mobilizations, and in some cases street rallies among some sectors of the public opinion and the greater society.

Key words: Mexico, "Agreement for Mexico", unions, reforms, social discontent.


 

I. INTRODUCCIÓN

El 2013 en México fue el primer año del gobierno de la alternancia con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder ejecutivo federal, después de doce años de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN). Las condiciones en las cuales se desenvolvió el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013 fueron relativamente favorables, ya que le permitieron a su partido impulsar una serie de reformas constitucionales que impactarán el desarrollo político, económico y social de México quizá más allá de lo que resta del sexenio (2014-2018). De manera global, cuatro sucesos caracterizaron el desarrollo de la política en México en 2013: a) Además de la presidencia, el PRI se mantuvo como el partido mayoritario tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado (vid. Olmeda y Armesto, 2013: 252), en la mayoría de las legislaturas estatales, e igualmente en los poderes ejecutivos estatales y locales; b) el denominado "Pacto por México", una serie de compromisos firmados por las cúpulas de los tres principales partidos, Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), PRI, y el Presidente de la República; c) las reformas constitucionales que afectan a diversos sectores derivadas de dicho pacto, principalmente el energético, el financiero, el educativo, las telecomunicaciones, el sistema de recaudación de impuestos y la gestión de las elecciones; y d) un cierto alejamiento del centro de la opinión pública del tema de la "guerra contra el narcotráfico" emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). La estrategia de seguridad del gobierno presidido por Peña Nieto no cambió radicalmente (Hope, 2013) y no disminuyeron las acusaciones hacia las fuerzas armadas sobre abusos y violaciones a derechos humanos, empero, la atención pública se desvió hacia los aspectos e implicaciones de las reformas constitucionales derivadas del pacto.

En los siguientes apartados se elabora un balance general de los principales acontecimientos y condiciones políticas que signaron el 2013, se describe la correlación de fuerzas en el país y las características del "Pacto por México" que permitieron llevar a cabo reformas en la política educativa, en el sector de telecomunicaciones, en el sistema electoral y en el sector energético, así como la reforma fiscal y financiera. Estas últimas generaron descontento en varios grupos organizados de la sociedad, sobre todo en una parte de la izquierda mexicana, derivando en movilizaciones principalmente en la capital del país. Se señalan las implicaciones en el sistema político que trajo consigo el arresto de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) -el más grande de América Latina-, un personaje central en los últimos cuatro sexenios, ya que el evento representa parte de un "estilo de gobernar", al enviar un mensaje a otros líderes sindicales que podrían haber movilizado sus bases en contra de las reformas. Finalmente se hace un balance de la política exterior mexicana y de sus principales logros y limitaciones.

II. COYUNTURA POLÍTICA El mapa político en México 2013

Las estrategias que llevó a cabo el gobierno federal encabezado por Peña Nieto en diversos ámbitos en su primer año, sobre todo las reformas constitucionales, estuvieron respaldadas por la amplia distribución de poder que el PRI obtuvo en 2012 tanto a nivel federal, estatal y municipal, pero que también se amplió en los pocos pero significativos procesos electorales a nivel subnacional que se llevaron a cabo en 2013 y que aumentaron su presencia predominante en el país. En catorce estados de México se llevaron a cabo procesos electorales para renovar ayuntamientos, cámaras legislativas locales y solo en el estado de Baja California se eligió gobernador, donde ganó una coalición entre el PAN y el PRD conformada ad hoc para vencer al PRI.

Entre 2000 y 2006 en las elecciones a nivel municipal el PRI mantuvo una relativa presencia mayoritaria en los ayuntamientos de México pero con poca tendencia a ganar espacios, mientras que el PAN, el PRD y otros partidos mostraron en el mismo periodo una tendencia creciente a ganar municipios (García, 2012: 257), pero de 2007 hasta el 2013 el PRI inició un proceso de recuperación logrando una competitividad superior al 50% de los municipios disputados (Tablas 1 y 2). Ya en el 2013, de manera conjunta, el PRI se mantuvo como la mayor fuerza política del país al gobernar 63% (1.538) de los 2.445 municipios del país, muy por arriba del PAN que gobierna solo el 16% (391), mientras que el PRD gobierna el 10% (254). Apenas el 3% (75) de los municipios están gobernados por alianzas entre el PAN y el PRD, mientras que el 8% (187) son gobernados por otras fuerzas políticas.1

 

Tabla 1. Elecciones subnacionales y participación en 2013
 
 

Fuentes: [http://www.eleccionesenmexico.org.mx/pdf/Elecciones_a_celebrarse_en_2013.pdf]

Resultados sobre participación electoral: [http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/
elecciones-2013-conoce-resultados-electorales-preliminares,e02d79b334bbf310VgnVCM200
00099cceb0aRCRD.html
]

* Único estado en el cual se eligió también gobernador.
** En Oaxaca se eligieron 417 ayuntamientos por Usos y Costumbres y 153 por el voto.
*** En Tlaxcala se eligieron además Presidentes de Comunidad, de los cuales 93 por Usos y Costumbres y 298 por el voto.
Todas las elecciones se llevaron a cabo el 7 de julio de 2013. MR= mayoría relativa; RP= representación proporcional.

 

Tabla 2. Presidencias municipales disputadas (2006-2013)
 
 
Fuente: cuadro tomado de García, 2014.

 

De los 32 gobiernos estatales, el PRI gobierna en 21 estados, el PAN en 4, el PRD en 4, mientras que en 3, Oaxaca, Sinaloa y Puebla, el gobierno surgió de coaliciones entre el PAN, PRD, Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC)2. A nivel de las cámaras legislativas locales el PRI tuvo mayoría en 23 de los 32 estados, de los cuales en 10 legislaturas fue absoluta, mientras que en 13 mantuvo una mayoría simple. Por su parte, el PAN tuvo mayoría simple en 3 legislaturas estatales y absoluta solo en Guanajuato; el PRD por su parte contó con dos legislaturas con mayoría simple y solo en el Distrito Federal mantuvo su hemegomía con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa; mientras que en dos estados se presentaron mayorías simples empatadas, en Morelos entre el PRI y el PRD, y en Puebla entre el PRI y el PAN (cfr., CESOP, 2013). Este panorama a nivel subnacional muestra que en 2013 más de la mitad de los estados, 20 en total, fueron gobiernos divididos.

Desde 1997 no se ha vuelto a presentar un gobierno unificado, y los presidentes en turno no han contado con mayorías calificadas en una o ambas Cámaras del Congreso (Valencia, 2011), este fenómeno se repite en 2013 producto de las elecciones de 2012. Así, el PRI mantuvo la mayoría simple tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados (Tabla 3). En suma, el PRI continúa siendo la mayor fuerza política del país, lo que no implicó holgura para que llevara a cabo reformas constitucionales3 como una sola fuerza, pero sí una ventaja significativa que hizo valer en momentos importantes.

 

Tabla 3. Distribución de escaños en el Congreso en México (2013)
 
 
Fuentes: Cámara de Diputados, <http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_tipo_elec.php>; Cámara de Senadores, <http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=9&sm=2&str=T>; MR= mayoría relativa; RP= representación proporcional; PM= primera minoría.

 

Sobresale que durante el 2013 el gobierno en turno, en su primer año, no hizo ningún cambio en el gabinete presidencial (cfr. Olmeda y Armesto, 2013: 261-263), pues no se vislumbró la necesidad de hacer ajustes en el equipo de gobierno a pesar de las presiones sobre ciertos secretarios de Estado. Solo se presentó un cambio en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en mayo de 2013, un organismo que depende del poder ejecutivo, pero el cambio fue producto de un inicidente particular y no de evaluación de la gestión en sí o presión de un movimiento político.

"Pacto por México" y el estilo "priísta" de gobernar

El sexenio 2006-2012 inició y terminó polarizado producto de los resultados electorales presidenciales, pero también por la radicalización de las posturas frente a la política presidencial de combate al narcotráfico que tuvo resultados ambiguos y cuestionables, y que trajo consigo una serie de consecuencias negativas, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos. Ante las posibles dificultades que se podrían avecinar en un contexto en el cual -nuevamente- se cuestionó el resultado electoral por parte de la izquierda, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto decidió llevar a cabo una estrategia política de alianzas entre las élites de los tres principales partidos (PAN, PRI y PRD), que se decantaran igualmente en estrategias dentro del Congreso. El resultado inicial fue denominado "Pacto por México" (http://pactopormexico.org/), el que delineó cinco grandes acuerdos respecto de (i) la política social, (ii) el empleo y el desarrollo económico, (iii) la seguridad y la justicia, (iv) la gobernabilidad democrática y (v) la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Las negociaciones para logralo iniciaron antes de tomar posesión del cargo en octubre y se hizo público el 2 de diciembre de 2012 ante todos los gobernadores de los estados y líderes de los partidos.

Pactos similares fueron signados por anteriores gobiernos del PRI con diversos sectores sociales y los partidos, principalmente entre 1982-2000 en el contexto de la introducción de las reformas neoliberales, como el "Pacto de Solidaridad Económica" (PSE) en 1987 y el "Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico" en 1988, ambos bajo la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado. El "Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo" (PECE) en 1992 con Carlos Salinas de Gortari, y los "Compromisos para el Acuerdo Político Nacional" en enero de 1995 con Ernesto Zedillo Ponce de León. Estos acuerdos permitieron generar consenso entre las principales fuerzas políticas del país, no siempre partidistas, para implementar reformas políticas y económicas, muchas de las cuales implicaron reformar varios artícuos de la Constitución.

El "Pacto por México" en 2013 no solo distensó el ambiente político producto del proceso electoral presidencial previo, sino que permitió hacer cambios en la Constitución para llevar a cabo reformas en el sector energético y en cuestiones relativas al régimen político, e impulsar una serie de cambios en la legislación dando cabida a la reforma laboral4 promulgada el 29 de noviembre de 2012, la educativa promulgada el 25 de febrero de 2013, en materia de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica promulgada el 10 de junio del mismo año, además de la política, la energética, la financiera y fiscal que se discuten con más detalle más adelante.

¿Qué tan diferente ha sido el ejercicio del poder presidencial del PRI en el contexto de la consolidación de la democracia en México? En 1974 Daniel Cosío Villegas señalaba que el presidente ejercía un poder inmenso sobre la política mexicana, lo que le permitía dejar una huella peculiar e inconfundible: "un estilo personal de gobernar", que le facilitaba la introducción de sus políticas. Esta visión era exagerada (cfr. Espíndola, 2004: 74 y passim), pues llevar a cabo amplias reformas sectoriales en México siempre ha implicado pactos con los principales actores que pueden ser beneficiados o afectados, principalmente los sindicatos. Durante gran parte del siglo XX la mayoría de los sindicatos respaldaban con pocas resistencias las reformas económicas que proponía el Presidente en turno. Ello se debía a que mantenían una relación casi simbiótica con el PRI que los favorecía con escaños en el Congreso. Pero desde la década de los ochenta del siglo XX y debido a la introducción del denominado modelo neoliberal, los sindicatos han perdido influencia en las decisiones políticas y han terminado por aceptar las reformas que han implicado grandes cambios en determinados sectores clave de la economía y por lo tanto afectando sus bases. Al mismo tiempo el "estilo personal de gobernar" se difuminó, y las negociaciones (que implican ganar, ceder e incluso perder) entre el Presidente, los partidos, los gobernadores y otros sectores son las que definen ahora la política mexicana. Los pactos entre 1982-2000 arriba mencionados de hecho se caracterizaban como tripartitas: gobierno-partido, empresarios y sindicatos (cfr. Aguilar y Vargas, 2006). Todavía antes del primer gobierno del PAN, entre 1997 y 2000 en la Cámara de Diputados existían poco más de 50 legisladores con vínculos sindicales, la mayoría de origen priísta. Para 2013 solo 40 diputados tenían vínculos con los sindicatos y apenas 28 estaban con el PRI, siete con el Partido Nueva Alianza (PANAL) -partido que surgió dentro del SNTE-, tres con el PRD, y solo dos con el PAN y el PVEM, respectivamente (Baltazar, 2013).

Las condiciones bajo las cuales resolvió políticamente el gobierno de Enrique Peña Nieto la probable oposición de los sindicatos a la introducción de reformas principalmente en los sectores de la educación y los energéticos, pasó por una medida de carácter judicial pero con un mensaje político hacia los líderes sindicales. La detención por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y posterior encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, la Secretaria General "vitalicia" del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de América Latina (con poco más de un millón y medio de afiliados), y con una eficiente capacidad de movilización, el 26 de febrero de 2013 cumpliendo una orden judicial emitida pocos días antes; fue una estrategia que no solo neutralizó a una parte significativa de quienes se oponían a la reforma educativa, sino que redujo las intenciones de otros sindicatos, como el Petrolero y el de Electricistas, que podrían oponerse a otras reformas.

En sexenios anteriores, y con diferentes resultados, se presentaron estos "golpes políticos" poniendo un sello al gobierno de turno con el objetivo de neutralizar a ciertos opositores políticos directos, pero también para enviar mensajes a grupos no tan visibles que pudieran oponerse a la política del Presidente de turno. Carlos Salinas de Gortari operó para encarcelar al líder del Sindicato de Petroleros, Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", el 10 de enero de 1989, a menos de un mes de inicio de su presidencia; de este evento nació el término "quinazo" en el periodismo mexicano. El mismo Salinas de Gortari durante su sexenio apoyó a Elba Esther Gordillo dentro del SNTE, para disminuir el poder de Carlos Jongitud, entonces líder de dicho sindicato y uno de sus opositores al interior del grupo en el poder y que solo permaneció hasta 1989. En el sexenio de Ernesto Zedillo la relación con la líder del SNTE se fortaleció al igual que con la principal central obrera, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y la lucha al interior del grupo en el poder tuvo como evento característico el encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas. Estas estrategias políticas solo contuvieron una parte de los sindicatos, pues las reformas que se llevaron a cabo en el periodo de Salinas y Zedillo trajeron consigo un aumento en los estallamientos de huelga, en 1999 hubo casi 700 huelgas tanto a nivel nacional como local, ya para el 2005 apenas se presentaron 30 (vid. de la Garza, 2006: 24).

Los gobiernos panistas de 2000 a 2012 continuaron fortaleciendo el poder del SNTE y la relación con su líder fue casi de sumisión, mientras que el resto de los sindicatos disminuyeron su influencia debido al declive del PRI, pero al mismo tiempo fortalecieron su autonomía. Ello explica que el gobierno de Vicente Fox nunca lograra disminuir el poder del líder de los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia, quien acusado por desvío de fondos logró burlar a la justicia, salir del país, e incluso mantenterse en su calidad de líder sindical desde el extranjero. En 2009, la extinción de la paraestatal Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC) bajo el gobierno de Felipe Calderón, debido a su ineficiencia, movilizó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) bajo el liderazgo de Martín Esparza, quien no logró detener el proceso de extinción de la empresa, pero el gobierno tampoco logró que se desconociera al sindicato. Este brevísimo recorrido histórico es significativo para entender los movimientos en oposición a las reformas que impulsó en 2013 en gobierno de Peña Nieto. Como se detalla más adelante, dicha oposición fue difusa, en las calles y en los medios, pero poco o nada afectaron el desarrollo de las actividades del país, muestra de ello es que el número de huelgas en 2013 fueron 18, involucrando apenas poco menos de 7 mil trabajadores.5

La capacidad negociadora del gobierno puede observarse en el número de iniciativas dictaminadas y aprobadas que presentó el poder ejecutivo al Congreso, incluso con un éxito superior frente a las que propusieron otros partidos, incluido el PRI (Tabla 4), no se trata tanto del número sino que fueron las principales reformas consensadas en el "Pacto por México".

 

Tabla 4. Iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados, LXII Legislatura del 1-1 al 3-12, 2013
 
 

Fuente: Sistema de Información Legislativa, en: <http://sil.gobernacion.gob.mx/Numeralia/Iniciativas/numiniciativas.php>

Notas: No se incluyen las iniciativas retiradas. El poder Ejecutivo no retiró ninguna.
El porcentaje de éxito es la relación entre iniciativas presentadas respecto de las aprobadas.

 

El porcentaje de éxito de las iniciativas presentadas por el poder ejecutivo está muy por encima del resto de los partidos cuyos diputados presentaron un número muy superior pero con muy bajísimo porcentaje de iniciativas aprobadas. Ahora bien, la capacidad negociadora mostrada en el "Pacto por México", las reformas en diversos sectores clave del sistema político y de la economía, así como el impacto mediático que supuso el encarcelamiento de la líder del SNTE no se reflejó en el apoyo hacia la figura presidencial (Gráfica 1). Tres de las principales encuestadoras mostraron que el gobierno de Peña Nieto no tuvo una aprobación muy favorable al inicio de su primer año, apenas en promedio el 55% de la población aprobaba el desempeño presidencial frente a un 28% que la desaprobaba. Al final del año el promedio de aprobación disminuyó a 51% mientras que el promedio de desaprobación sí aumentó significativamente hasta el 42,5%.

 

Gráfica 1. Aprobación del Presidente en México en 2013.
 
 
Fuentes: a) Roy Campos/Consulta Mitofsky, "México. Evauación de gobierno Enrique Peña Nieto. Primer año", en <http://consulta.mx/web/images/evgobierno/2013/201311_EvaGob1a
%C3%B1o.pdf
>; b) Buendía y Laredo/El Universal, "50% aprueba la gestión de Peña Nieto", en <http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/impreso/50-aprueba-gestion-
de-epn-210877.html
> y c) Carta Paramétrica, "Enrique Peña Nieto a un año de gestión", en <http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=460>. Los tres reportes fueron consultados el 28 de enero de 2014.

 

III. UN AÑO DE REFORMAS

Como ya se señaló, el 2013 en México se caracteriza por la puesta en marcha de una serie de reformas en diversos ámbitos, principalmente en materia educativa, financiera, fiscal, de telecomunicaciones, energética y política. Todas implican una serie de costos directos en relación con el apoyo político para el partido en el gobierno, y los beneficios para los sujetos involucrados son difusos y a largo plazo. La opinión pública se centró en discutir los efectos de tales reformas y las circunstancias en las cuales se aprobaron. Algunas de ellas, como la reforma energética, se veía muy lejana no solo porque trastocó cuestiones que en el imaginario de los mexicanos tiene un sentido casi "mítico" (la gestión del sector petrolero en manos del Estado sin la intervención directa del sector privado), sino porque precisamente cualquier reforma en ese sentido implicaba un alto costo para cualquier partido que la promoviera. El PRI y Peña Nieto lograron una aprobación del tipo fast track6 en esta y en la reforma política; vistas en perspectiva, aparecen como el resultado de un acuerdo político entre el PRI y el PAN, pues ambos partidos votaron prácticamente sin reticencias a favor de ambas no solo en el Congreso, sino también en las legislaturas locales en un tiempo muy reducido.

Aprobada en febrero de 2013, la reforma educativa modificó el statu quo de los maestros de la educación básica y media básica al crear el Servicio Profesional Docente, elevar a rango constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y fomentar la autonomía de gestión de las escuelas, así como promover el crecimiento del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. También creó el Sistema de Operación y Gestión Educativas, con la obligación inmediata para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de realizar un registro nominal de escuelas, profesores y estudiantes, una cuestión que es relevante, pues las autoridades educativas no sabían a ciencia cierta su número. En abril de 2013 se aprobó la reforma en materia de telecomunicaciones, que creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), para garantizar el buen funcionamiento del sector. También se reformaron los artículos 6 y 7 constitucionales para regular el derecho a la información y la protección de datos personales. La reforma se hace necesaria si tomamos en cuenta que según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el mercado de telecomunicaciones en México se caracteriza por tener las tarifas más altas de los países miembros, y la falta de competencia da como resultado tasas de penetración pobres y bajo desarrollo de infraestructura. México es el país de la OCDE con el mayor porcentaje de comunicación móvil controlada por un solo operador con el 70%, el segundo con 22% y el tercero con 4,4%. En cambio, el mercado de comunicación móvil en países como Canadá está distribuido de manera más equitativa: con 36% el primer operador, 29% el segundo y 28% el tercero (Becerra, 2014). Los objetivos de esta reforma son reforzar el derecho a la información ampliando por cualquier medio y garantizar la difusión de contenidos, y sobre todo regular los mercados de radiodifusión y telecomunicación imponiendo límites a la concentración y castigar la monopolización.

A continuación se elabora un breve balance de las reformas política, financiera, fiscal y energética, que fueron las reformas que generaron mayor discusión y oposición dentro y fuera de la arena legislativa.

Reforma política

La reforma política deriva del "Pacto por México", que propuso una serie de cambios en la Constitución para hacer "más funcional al régimen político" y "darle gobernabilidad al país, ampliando y mejorando su sistema democrático"7. Esta reforma fue aprobada con relativa velocidad en el Congreso en diciembre de 2013, un mes después por la mayoría de las legislaturas locales y promulgada casi de manera inmediata por el Presidente de la República el 31 de enero de 2014. Los partidos que más votos emitieron en contra fueron el PRD y el PT (Tabla 5), situación que no cambió con otras reformas, y como se puede observar, esta tuvo un amplio consenso tanto en el PRI como en el PAN.

 

Tabla 5. Votación en el Congreso de la Reforma Política, Diciembre 2013
 
 

Fuentes: Senado de la República <http://www.senado.gob.mx/7ver=sen&mn=8&sm=2&ano=2& tp=O&np=1&lg=62&id=1924>

Cámara de Diputados <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/62/tabla2or1-129.php3>

 

Esta reforma introduce una serie de elementos relevantes que no existían anteriormente (Tabla 6), como la paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas al Congreso, la reelección de diputados y senadores, así también de los ayuntamientos de forma inmediata, ya que solo existía la posibilidad si se dejaba pasar un periodo, pero para estos últimos pone un "candado" absurdo, pues solo pueden participar por el partido o coalición que los postuló por primera vez, anulando las posibilidades a quienes en el transcurso de la gestión cambien de partido o formen una nueva coalición. El sistema de partidos se hace más rígido al aumentar de 2% al 3% el umbral o la barrera de acceso. También centraliza la administración de las elecciones al crear el Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) y de los institutos electorales locales, estos últimos autónomos y diseñados desde cada legislatura estatal desde mediados de los noventa del siglo XX. Esta reforma implica una transformación del federalismo electoral que había caracterizado la gestión de las elecciones y deja más dudas que certezas, pues apenas señala algunas cuestiones relativas a la justicia electoral, además de centralizar la designación de los consejeros estatales en el consejo general del INE.

 

Tabla 6. Reforma política y electoral en México 2013
 
 
Fuente: Senado de la República.
* Reformas que hizo la Cámara de Diputados al dictamen votado en el Senado.

 

Destaca la introducción de la posibilidad de que el Presidente opte por un "gobierno de coalición", una situación que a simple vista resultaría "letra muerta", pues no existen condiciones ni incentivos institucionales dentro del presidencialismo mexicano que puedan favorecer la existencia de estos gobiernos. El "Pacto por México" es un ejemplo en sí mismo: permitó una coalición entre partidos, temporalmente, con objetivos muy bien delimitados, y no existía en la Constitución el mandato para llevarlo a cabo. Entonces, no era necesario introducir esta figura, y si bien las ventajas parecen razonables, no hay sanciones para aquellos actores que decidan salirse de la coalición. Más importante resulta la creación de una fiscalía general y la autonomía al ministerio público federal, una reforma que se veía necesaria desde los primeros cambios al sistema judicial en 1994. La baja profesionalización del ministerio público y su poca confiabilidad para garantizar la seguridad y los derechos de las víctimas y de los acusados han sido el lastre que el Estado mexicano no había tratado de resolver de manera directa (cfr. Aguiar, 2009). Esta reforma tendrá un impacto trascendente en el proceso de fortalecimiento del Estado de Derecho en México, y paradójicamente es la que menos atención pública tuvo en el contexto de las reformas en el país.

Otras iniciativas que se propusieron pero no alcanzaron la mayoría calificada dentro de las comisiones dictaminadoras fueron la segunda vuelta electoral, modificaciones al sistema del voto de los mexicanos en el exterior, la introducción de la figura de jefe de gabinete, así como la propuesta del PAN de aumentar el umbral electoral al 5%.

Reforma financiera

La Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, popularmente conocida como la "Reforma financiera", fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de septiembre de 2013 y dos meses y medio después (el 26 de noviembre) por el Senado de la república. La reforma fue promulgada por el presidente Peña Nieto el 9 de enero de 2014. La reforma llevó a cabo casi 500 modificaciones de 34 leyes y reglamentos en distintos ámbitos, a pesar de que senadores del PRD y el PAN reservaron, infructuosamente, 190 artículos de un texto de cerca de 1.500 páginas (Rosas, 2013). Es importante desglosar la votación (en general) que la reforma recibió en cada una de las cámaras.

 

Tabla 7. Votación en el Congreso de la Reforma Financiera, 2013
 
 

Fuentes: Senado de la República <http://www.senado.gob.mx>

Cámara de Diputados <http://gaceta.diputados.gob.mx/ Gaceta/Votaciones/>

 

La reforma se anuncia como parte del cumplimiento de los compromisos 62 y 63 del "Pacto por México". Ante el gran calado de la reforma, nos limitaremos, primero, a mencionar los cuatro elementos centrales de ésta y luego a mencionar algunos de los cambios medulares que se dan con esta reforma. Los cuatro elementos fundamentales (Presidencia de la República, 2014) son: a) impulsar la banca de desarrollo, b) mejorar la certeza jurídica de la actividad de los agentes privados del sector financiero, a fin de que haya más crédito y que éste sea más barato, c) incrementar la competencia en el sector financiero, y d) fortalecer la solidez del sector financiero.

Entre los cambios relevantes que se contemplan en la reforma financiera están: la creación de un catálogo de medidas judiciales para evitar la morosidad o el impago; la radiación de personas8 y retención de bienes9 para que los bancos recuperen lo prestado; evitar prácticas abusivas como "letras chiquitas" o engañosas y pago de intereses crecientes, el fortalecimiento de la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros),10 se establecen condiciones más favorables para obtener un crédito, se crea el Buró de Entidades Financieras11 y un sistema arbitral en materia financiera,12 entre otras.

Los resultados de un estudio de opinión pública (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, 2013) revelan que en lo general la gente ve con agrado la reforma financiera. Por ejemplo, 69% de la población está de acuerdo o de acuerdo parcial en que los cambios impulsarán el crédito y flexibilizarán las condiciones para obtenerlo: igualmente, el 53% de la población cree que la reforma dará igual acceso al crédito a hombres y mujeres; sin embargo, el mismo estudio de opinión también revela que el 61% de la población considera que las mismas empresas que hoy dominan el crédito seguirán haciéndolo después de las reformas. En la misma línea, el 67% de la población considera que los bancos resultarán los principales beneficiados de la reforma y que las tasas de interés no descenderán.

Protestas y reacciones ante la reforma financiera

La reforma financiera es la que menos protestas generó, coincidentemente es también la aprobada con mayor facilidad tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores. La única manifestación organizada que se detectó es la del cierre de sucursales bancarias13 por parte de los barzonistas (Ruiz, 2013). En realidad, la mayor parte de las reacciones a dicha reforma se dio dentro de los partidos políticos, por ejemplo, el PAN y el PRD decidieron postergar la discusión de la reforma financiera, "reventando" con esto el "Pacto por México" (ADN Político, 2013), y más que protestas o reacciones organizadas ante la aprobación y la promulgación de la reforma, las reacciones se han dado más bien en forma de críticas provenientes de intelectuales (Chávez, 2013; Nadal, 2013; BBC Mundo, 2013).

Reforma fiscal (Hacendaria)

La Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley Federal de Derechos y se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, popularmente conocida como la "Reforma fiscal" o "Reforma hacendaria" fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2013 y menos de dos semanas después (el 29 de octubre) por el Senado de la República. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, entró en vigor el 1 de enero de 2014.

Cabe destacar que la miscelánea fiscal de la reforma hacendaria no incluyó el polémico tema de gravar con IVA a alimentos y medicinas, y desechó las propuesta de eliminar la exención a la enajenación y arrendamiento de casa habitación, así como a las colegiaturas y a las comisiones e intereses sobre créditos hipotecarios destinados a casa habitación (El Economista, 2014). Como parte de la miscelánea fiscal, también desde el 1 de enero de 2014 dejaron de funcionar el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y a los Depósitos en Efectivo (IDE) (El Economista, 2014). El paquete de la reforma hacendaria incluye además cambios a la Ley Aduanera y al Código Fiscal de la Federación. Por primera vez se incorporó una Pensión Universal y un Seguro de Desempleo.

Es importante desglosar la votación (en lo general) que la reforma recibió en cada una de las Cámaras.

La intención de la reforma es recaudar alrededor de 181 mil millones de pesos adicionales (1,0% del PIB del país). De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN, 2014), se espera una recaudación de 4,4 billones de pesos, lo que representa 12,82% más que en 2013. En el mismo estudio de la CONCAMIN se analizan los impactos en cada uno de los rubros: se espera que el ISR genere 23% más de recaudación respecto de 2013; sin embargo, advierte, se pierden los ingresos del IETU. La recaudación por concepto de IVA se reduce de 622.660 millones de pesos a 609.393 millones de pesos (una pérdida de 2,13%). Un rubro en el cual se espera un aumento significativo en la recaudación es en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) el que aumentará en 153,75%, pasando de 52.982 millones de pesos a 134.442 millones de pesos.

 

Tabla 7. Votación en el Congreso de la Reforma Hacendaria, 2013
 
 

Fuentes: Senado de la República <http://www.senado.gob.mx>

Cámara de Diputados <http://gaceta.diputados.gob.mx/ Gaceta/Votaciones/>

 

El IDE desaparece, pero los ingresos por concepto de derechos aumentan en 1,54%, pasando de 809.589 millones de pesos a 822.000 millones de pesos.

Entre las medidas que destacan está que el ISR se fija de manera progresiva, se limita el monto de deducciones personales a la cantidad que resulte menor entre el 10% de los ingresos totales del contribuyente contra la sumatoria de 4 salarios mínimos anuales correspondientes a la zona geográfica del contribuyente. También se restringen las deducciones personales respecto de las aportaciones voluntarias a la subcuenta de retiro, los intereses de créditos hipotecarios, las primas de seguros de gastos médicos, entre otros. En materia financiera se grava con una tasa del 10% las ganancias derivadas de inversiones en la Bolsa. Se elimina el régimen de pequeños contribuyentes y es sustituido por el Régimen de Incorporación Fiscal. Desaparece el régimen de consolidación, pero se crea un régimen fiscal opcional para grupos de sociedades cuyo objetivo es diferir el impuesto en tres ejercicios como máximo.

Se crea el IEPS, gravamen de un peso por litro a la enajenación o importación de bebidas saborizadas, concentradas, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores. El IEPS también aplica para diversos combustibles (varían según el tipo). Estos impuestos se actualizan de acuerdo con la inflación. Se crea un impuesto del 8% a la enajenación o importación de alimentos con alta densidad calórica, es decir, que tengan 275 kilocalorías por cada 100 gramos.

De la lectura y análisis de los diversos temas materia de cambios fiscales destacan tres cuestiones:

a) Respecto de impuestos a combustibles, el gas natural no quedó gravado, pero sí el propano, butano, gasolinas, gas avión, turbosina, diésel, combustóleo, coque de petróleo, coque de carbón, carbón mineral y otros;

b) En el tema alimentos no básicos, en lugar de gravar los alimentos en general como se contempló inicialmente, se aprobó el impuesto a alimentos no básicos a una tasa del 8%. También aumentó la tasa de impuesto en la enajenación o importación de bebidas con contenido alcohólico y cerveza; y

c) Respecto del sector minero se aprobó el destino del impuesto a la actividad extractiva por medio de etiquetar el 50% del mismo a los municipios, el 30% a los estados mineros y el 20% a la federación.

Opinión pública, protestas y reacciones ante la reforma fiscal

Los resultados de la encuesta telefónica acerca de la reforma hacendaria, conducida por el CESOP en septiembre de 2013, revela que 59% de los mexicanos conoce el contenido de la reforma hacendaria propuesta por Enrique Peña Nieto (en su versión original, no en la aprobada). Entre quienes conocen los contenidos de dicha reforma, solo 27% dicen estar de acuerdo o muy de acuerdo con la propuesta original, mientras que una mayoría (53%) estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta.14 En lo particular, el 82% simpatiza parcial o completamente con la pensión universal para adultos mayores. De forma similar el 79% apoya parcial o completamente el seguro de desempleo temporal. En cuanto al IVA a colegiaturas, impuesto que finalmente no fue aprobado, el 51% estaba en contra o muy en contra. Hubo otros rubros en los cuales también existía un descontento por parte de la población y que finalmente en algunos casos no se concretó (impuesto a rentas e hipotecas) y en otros sí, como el impuesto a alimentos de mascotas.

El impuesto al transporte foráneo (rubro que sí se gravó) también recibió una enérgica desaprobación por parte de la población (70% estaba algo en desacuerdo o muy en desacuerdo con este impuesto). Varios de los nuevos impuestos se justificaron como parte de la lucha en contra de la obesidad en México; sin embargo, solo el 39% de la población considera que dichos impuestos ayudarán algo o mucho a reducir la obesidad en el país. El 44% de los encuestados consideró que los impuestos progresivos a partir de 500 mil pesos de ingreso ayudará a la economía, por 21% que considera es más lo que perjudicará. En una pregunta clave respecto de quiénes son los principales beneficiados con la reforma hacendaria, el 57% consideró que los más beneficiados serán los ricos, y solo 15% que serán los más pobres.

Las reformas fiscal o hacendaria generaron mayor rechazo nacional entre diversos sectores de la población, no obstante haber sido ampliamente respaldada por la mayoría de los partidos (PRI, PRD, PV y PANAL). El respaldo otorgado por estos partidos parece ir en contra de los intereses de muy diversos sectores del electorado. A diferencia de las reacciones, predominantemente de intelectuales que generó la reforma financiera, no es difícil encontrar notas sobre marchas, protestas, comunicados y demás formas de inconformidad por grupos que presuntamente han visto lastimados sus intereses.

El PAN, uno de los "tres grandes" partidos, lideró varias de las protestas (Figueroa, 2013; CNN México, 2013). Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, uno de los principales líderes de la izquierda, también promovió reacciones diversas como apagones para protestar en contra de la reforma fiscal (XEU, 2013). A las protestas se unieron importantes organizaciones como la COPARMEX (ADN Político, 2013) y la Barra de Abogados (Rodríguez, 2013). Otras protestas fueron la caravana de tractocamiones en la Ciudad de México, y entre las más radicales estuvieron las amenazas de ciertos grupos separatistas en Baja California como respuesta a la homologación del IVA en la zona fronteriza (Olvera, 2013).

Reforma energética

La Reforma energética, generalmente referida como "la madre de todas las reformas" (Global Energy, 2014; Trejo, 2013), fue aprobada en tiempo record: en lo general por las Cámaras de Senadores el 10 de diciembre y por la de Diputados el 11 de diciembre de 2013. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas diez días después el 20 de diciembre de 2013, y entró en vigor el 21 de diciembre de 2013. Como se trata de un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales, se requería de la aprobación por parte de la mayoría de las legislaturas de los Estados. A partir de la aprobación por las dos Cámaras del Congreso, en solo 83 horas 17 legislaturas estatales aprobaron la reforma energética (ADN Político, 2013). Para el 20 de diciembre ya había sido aprobada por 26 legislaturas.

Es importante desglosar la votación (en lo general) que la reforma recibió en cada una de las Cámaras.

 

Tabla 8. Votación en el Congreso de la Reforma Energética, 2013
 
 

Fuentes: Senado de la República <http://www.senado.gob.mx>

Cámara de Diputados <http://gaceta.diputados.gob.mx/ Gaceta/Votaciones/>

 

Entre los cambios más importantes a nivel constitucional están los siguientes:

a) Se establece que el gobierno federal mantiene la propiedad y el control sobre los organismos productivos del Estado (artículo 25). Se impulsará la competitividad en el sector bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad.

b) El artículo 27 sufre varios cambios. Ahora se menciona que el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, uso o aprovechamiento, por particulares o sociedades constituidas se realizará por concesiones otorgadas por el ejecutivo federal. También agrega que el gobierno federal tiene la facultad de establecer y suprimir reservas nacionales. No habrá concesiones cuando se trate de minerales radiactivos. Para el caso del sistema eléctrico nacional (transmisión y distribución de energía eléctrica) señala que no se otorgarán concesiones, lo que no impedirá al Estado celebrar contratos con particulares. En cuanto a la propiedad del petróleo, hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos no se otorgan concesiones; pero sí las hay para la exploración y extracción. La asignación puede ser a empresas del Estado o particulares.

c) El artículo 28 también presenta modificaciones, señalando que no habrá monopolios en las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas (entre ellas minerales radiactivos y generación de energía nuclear). Se agrega que el Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo bajo el control del Banco Central y que controlará los ingresos derivados de asignaciones y contratos con excepción de los impuestos.

Opinión pública respecto de la reforma energética

Los resultados de la encuesta telefónica acerca de la reforma energética, conducida por el CESOP el 6 y 7 de julio de 2013 (Meixueiro y Baca, 2013), revelan una serie de contradicciones entre los mexicanos, lo que puede llevar a diferentes lecturas en cuanto al respaldo de la ciudadanía a la reforma energética. Los resultados entre la opinión que tienen los mexicanos sobre Petróleos Mexicanos (PEMEX) y qué tan orgullosos están de dicha empresa son contradictorios: El 39% dijo tener una buena o muy buena opinión de la empresa, por 32% que señaló tener una mala o muy mala opinión; sin embargo, respecto del sentimiento de orgullo relativo a la empresa, son más (54%) quienes dijeron tener poco o nada de orgullo por la empresa que quienes sienten algo o mucho orgullo (44%) por ella. Una clara mayoría (60%) consideró a PEMEX como una empresa gubernamental más que como una empresa de los mexicanos (34% así la consideran). En abierto contraste con los resultados anteriores, 66% consideró que el petróleo es de todos los mexicanos.

La mala opinión de los mexicanos sobre PEMEX parece ser más clara cuando se preguntó sobre la transparencia en el manejo de los recursos petroleros: solo el 25% consideró que la administración de PEMEX es algo o muy transparente, por 69% que consideró poco o nada transparente el manejo de dicha empresa. En el mismo tenor, 88% consideró que existe algo o mucha corrupción dentro de PEMEX. Poco más de 2/3 partes de los encuestados (67%) dijo haber escuchado sobre la reforma energética. El 55% consideró que es algo o muy necesario contar con una reforma en la materia, pero también el 54% estaba algo o muy en desacuerdo con la inversión privada en la industria petrolera (solo el 36% estaba algo o muy de acuerdo).

En cuanto a la asociación de PEMEX con otras empresas para tareas específicas (extracción de petróleo, obtención de gas natural, refinación de combustibles, petroquímica, transportes y construcción de ductos petroleros, venta de gasolina, investigación y desarrollo de nuevas fuentes de energía), en todos los casos, aunque por estrecho margen en el caso de la extracción de petróleo, hubo más respuestas de acuerdo que en desacuerdo. En una abierta contradicción tenemos que el 73% de los mexicanos consideró que PEMEX debe desarrollar la tecnología para explotar el petróleo que se encuentra a grandes profundidades en el mar, por solo 24% que señaló que la mejor estrategia para dicho fin es la asociación con empresas extranjeras. En una línea similar el 55% estaba algo de acuerdo o muy de acuerdo en que la inversión extranjera en materia petrolera es un ataque a la soberanía nacional, lo que parece confirmar el papel que Alan Riding (1985) otorgaba al petróleo como componente medular de la identidad política del mexicano.

Si tomamos en cuenta que la reforma energética tiene como fin aumentar los recursos necesarios para el desarrollo nacional, la encuesta telefónica muestra un sentir diferente entre la población; para el 53% los recursos que PEMEX produce actualmente son suficientes para el desarrollo del país; mientras tanto, 57% consideró que los recursos que produce PEMEX son suficientes para lograr la modernización de la empresa.

Otros rubros en los cuales parece haber un sólido respaldo de la población son: que los recursos petroleros se utilicen exclusivamente para mejorar la infraestructura y la educación del país (81%) y que los recursos se guarden para hacer frente a futuras crisis económicas (72%). Otro de los fines de la reforma energética consiste en dar autonomía a PEMEX y también a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al respecto, el 59% consideró que PEMEX debe ser manejada como una empresa independiente, por 36% que señaló que debe haber una intervención estatal en su administración.

Protestas y reacciones ante la reforma energética

Quizá no tan amplias ni tan diversas como las protestas contra la reforma fiscal, pero más intensivas y violentas resultaron las protestas contra la reforma energética. Las protestas se dieron mucho antes de la aprobación, durante el debate y votación en las Cámaras de Diputados y Senadores, y después de la aprobación en éstas. Las más "sonadas" se presentaron en la capital del país, pero en números15 mucho menores de lo que la izquierda deseaba ver. Una estrategia fue vincular la inconformidad ante la reforma energética con otras medidas antipopulares como fue el aumento del precio del pasaje en el Metro del Distrito Federal. También la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se vincularon con las protestas contra la reforma energética.

El principal foco de resistencia y descontento organizada provino de Morena (movimiento social creado por López Obrador con aspiraciones de convertirse en partido político), que mediante su presidente nacional, Martí Batres, dio a conocer su plan de acción el que consistió en interponer amparos individuales y colectivos y la impugnación de posibles licitaciones futuras (citado en El Universal, 2013). Antes, Morena organizó una serie de manifestaciones frente a las legislaturas estatales para tratar de impedir (infructuosamente) la aprobación de los cambios constitucionales contemplados en la reforma energética.

En el extranjero también hubo reacciones ante la aprobación de la reforma energética, como señala Carlos Mota (2013), tanto en la prensa global como en círculos financieros especializados. En Estados Unidos el abogado de Texas Hale Stewart consideró que "es hora de comprar". En Canadá se ha reaccionado con cierta preocupación. Mota cita al prestigiado diario The Globe and Mail: "una oleada de inversión extranjera hacia México en materia de petróleo tras las reformas energéticas podrían amenazar competitivamente a Canadá en la lucha por vender crudo en el mercado de la costa del golfo de Estados Unidos". Otro canadiense, el profesor Bob Shulz, de la Universidad de Calgary, señaló a ese diario que Canadá debe apresurarse, porque está en el tintero un proyecto para conectar Alberta con Texas a través de un ducto; proyecto que aún no está aprobado pero que podría concretarse hacia mediados de la década. Por último, Mota (2013) destaca que en el blog Houston Press, Diana Wray afirmó categórica: "abrir el petróleo de México a las firmas privadas equivale a colocar un jarrón con miel frente a un oso hambriento; y prácticamente no hay duda de que las empresas pescarán el anzuelo si la reforma es aprobada".

V. COYUNTURA INTERNACIONAL

Dentro de una activa y multitemática agenda de la política exterior mexicana, destaca la prioridad que ha ocupado y sigue ocupando Estados Unidos. Como parte de la visita que llevó a cabo Barack Obama a México en mayo de 2013 sobresale la intención de hacer de América del Norte la región más competitiva y dinámica del mundo. La educación parece jugar un rol central en la región, por lo que se planteó la necesidad de crear un Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación. Lo anterior es complementado con la creación, el 20 de mayo de 2013, del Consejo Mexicano-Estadounidense sobre el Emprendimiento y la Innovación que tiene como fin detonar el crecimiento de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Otros temas importantes discutidos en febrero y julio de 2013 fue el energético, especialmente en lo concerniente a las energías limpias y la electricidad transfronteriza, así como el reportado en el Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, la continuidad de los programas previstos en la Iniciativa Mérida, poniendo énfasis en la prevención del delito y el desarrollo social.

Entre los desacuerdos que este año se tuvieron en la relación bilateral México-Estados Unidos, destacan las enérgicas protestas de la cancillería mexicana contra el espionaje, en especial del que Enrique Peña Nieto fue presunta víctima cuando aún era candidato presidencial en 2012.

México también tiene grandes intereses en Centroamérica. Para febrero de 2013 se había ya concluido el 95,7% de la infraestructura de la línea del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), quedando pendiente solo un tramo en Costa Rica. En junio entró en vigor el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional (MER) del SIEPAC. Es de esperar también que a raíz de la promulgación de la Reforma Energética ésta tenga impactos en la SIEPAC. Con Centroamérica ha entrado en vigor un Tratado de Libre Comercio, que a la fecha incluye a El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.

Un instrumento primordial para México ha sido la Alianza del Pacífico, bloque comercial conformado por Chile, Colombia, México y Perú, y el que podría en breve integrar a Costa Rica y Panamá. Algunos resultados de esta Alianza son la eliminación de visas entre los cuatro países, así como los acuerdos para instalar embajadas y consulados comunes que aminoran los costos y expanden la presencia de estos países en otras regiones. Destaca la apertura de la embajada común en Ghana y el proyecto para futuras embajadas, también comunes, en Noruega y Singapur. Adicionalmente, en mayo de 2013 se dieron los primeros pasos para la consolidación de un Parlamento de la Alianza del Pacífico, en un esfuerzo por trascender la mera relación comercial. No obstante los avances y prospectiva, esta Alianza ha recibido cuantiosas críticas, sobre todo en América del Sur. Evo Morales ha criticado a la Alianza del Pacífico como un esquema geopolítico de Estados Unidos para oponerse a los gobiernos de izquierda de Sudamérica, y como un contrapeso al Mercosur, además de considerarlo como un intento para privatizar el agua y la energía (Freire, 2014).

México ha sido aceptado para participar en las rondas de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). En un esfuerzo similar al BRICS, México ha decidido ser parte de un grupo informal de potencias medias emergentes, el MIKTA (México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia). Habrá que esperar los resultados concretos de tal grupo, o si se trata de lo que María Cristina Rosas González (2012) considera como una guerra de siglas que rápidamente pasan de moda.

Toda vez que 2013, como se ha señalado, puede ser considerado como el año de las reformas estructurales en México, es lógico que una serie de acciones en materia de política exterior estuvieron vinculadas a la más importante, la reforma energética. Se fortaleció la relación bilateral con Brasil y se abordó la posibilidad de promover intercambios y cooperación entre PEMEX y PETROBRAS. La transnacional mexicana por su parte ha suscrito una importante serie de convenios generales de colaboración, de carácter no comercial, en materia técnico-científica con entidades internacionales como Statoil México A.S, Exxon Mobil Ventures Mexico Limited, Japan Oil Gas and Metals National Corporation, Seabird Exploration Americas, Inc, y Ecopetrol, entre otros.

La Inversión Extranjera Directa ha crecido notablemente, pasando de 13.045,1 millones de dólares en el período enero-septiembre de 2012, a 28.233,8 millones de dólares para el mismo período del 2013, lo que representa una cifra 116% mayor (El Universal, 2013). Para muchos analistas este notable incremento es producto del ambiente propicio que llevó a la aprobación de las reformas mencionadas en este trabajo.

Dentro del derecho internacional, especial mención merece, toda vez que está estrechamente vinculado con la estrategia mexicana de lucha contra el crimen organizado, la firma y ratificación de México en 2013 del Tratado de Comercio de Armas y que al momento ha sido ratificado por 11 Estados.

En materia de derechos humanos, en febrero de 2013 México firmó un nuevo acuerdo de cooperación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Más aún, el 11 de noviembre de 2013 fue elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CoDH). La elección de México como miembro del CoDH parece ser contradictoria, ya que México recibió 188 recomendaciones por parte de la ONU en materia de derechos humanos, especialmente por las desapariciones de personas, participación de mujeres y migrantes, agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos. Se condena también la falta de respuesta gubernamental ante la frecuente violencia contra la mujer y el escaso acceso a los abortos seguros (La Jornada, 2013).

VI. CONCLUSIONES

No cabe duda que las acciones tomadas durante el 2013 en México por el gobierno y el poder legislativo impactarán el desarrollo de la política y la economía del país por al menos una década -y posiblemente más-, a menos que se presentaran una serie de contrarreformas, lo que se vislumbra muy difìcil. Empero, el país todavía tiene algunos pendientes por resolver, sobre todo en lo que se refiere a las libertades civiles y en específico a la libertad de prensa, que en los últimos años se ha visto amenzada por el narcotráfico sin que el Estado pueda detener el fenómeno. Desde que en 2006 se lanzó la ofensiva contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en México han muerto 403 militares, 46 en 2013 (SDP Noticias, 2014). Una cifra que contrasta con las estimaciones respecto de los que han muerto en la "lucha", sea contra el ejército, contra otros grupos del crimen organizado y víctimas colaterales: 70.000 personas han muerto desde 2006, y en los primeros seis meses del 2013 se contabilizaron poco más de ocho mil muertos, un promedio de 33 por día (Sin Embargo, 2013). Como se señaló al inicio de este artículo, el tema de la lucha contra el narcotráfico salió del centro de la opinión pública, pero nunca se alejó del todo, y principalmente el problema continuó igual o más grave en todo el 2013 respecto de los años anteriores. Esta situación se refleja en los indicadores internacionales que miden varios aspectos de la política en el mundo en clave comparada.

De acuerdo con el índice de desarrollo democrático para América Latina 2013 (IDD-Lat), México se ubica en el 5° lugar entre 18 países con una puntuación de 5.175 (en una escala de 1 a 10, donde 1 es el menor desarrollo democrático), un lugar aceptable a simple vista pero muy por debajo de Chile (con 9.786), Costa Rica (9.143) y Uruguay (9.137). Este índice comprende otras dimensiones, en "derechos políticos y libertades civiles" México ocupa el 8° lugar con 5,039; en la dimensión que analiza la "calidad institucional y eficiencia política" ocupa el 9° lugar con 4,261 y respecto de la "calidad del desarrollo social y humano" México obtuvo el 10° lugar con -0,403 disminuyendo su posición en todos las dimensiones respecto de 2012.

El cambio de gobierno en 2012 no ha implicado un mejoramiento de las percepciones sobre el estado de las libertades civiles y derechos políticos de acuerdo con Freedom House, e incluso se aprecia un deterioro, pues México obtiene un puntaje de 3, donde el valor máximo positivo es 1 -más libre- y el más negativo es 7 -menos libre- (Gráfico 2). Por ello las reformas de 2013 serán puestas a prueba en el futuro inmediato, fue un año positivo para el gobierno de turno, no en términos de popularidad, sino de eficiencia. Mucho tendrá que hacer la oposición si desea diferenciarse del PRI en el gobierno, que mostró una lógica de trabajo casi unánime para hacer valer sus mayorías en el poder legislativo, en las legislaturas locales y en los gobiernos estatales. Pero el 2014 es el año en el cual se evaluarán los efectos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) e igualmente se conmemoran los 20 años del inicio del levantamiento zapatista. Ambos pondrán sobre la mesa los pendientes que aún deben tratar los gobiernos en México y la manera en cómo la sociedad debe participar en ellos.

 

Gráfico 2. México en el índice de Freedom House (2013)
 

 

NOTAS

1 Datos obtenidos de la Federación Nacional de Municipios de México A.C. (FENAM), en [http://www.fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=123]

2 Antes llamado Partido Convergencia.

3 Para entender la lógica de las reformas en 2013 en México es importante mencionar que la Constitución mexicana señala en el artículo 135 que para ser reformada se requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados y senadores, y que sean aprobadas por la mitad más uno de las 32 legislaturas locales.

4 Si bien se promulgó antes de la formalización del "Pacto por México", la aprobación de esta reforma, que ya venía discutiéndose desde inicios del 2012 bajo el gobierno de Felipe Calderón, es producto de los acuerdos que dieron vida al pacto.

5 Datos de la Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo con información de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, STPS, 2014.

6 Como se menciona más adelante, solo se requirieron de 83 horas para hacer la reforma constitucional.

7 Acuerdos 5, del pacto por México, <http://pactopormexico.org/acuerdos/>

8 Dentro de la radiación de personas se establece que cuando haya temor fundado de que se ausente el deudor el Juez determinará que este no puede abandonar la ciudad en la que se lleva el proceso; sin embargo, las medidas de retención solo tiene validez en instituciones financieras y no en tiendas departamentales (Gutiérrez, 2014).

9 La retención de bienes de un prestatario se dará cuando exista temor fundado de que el deudor disponga de ellos, los enajene o los dilapide (Hernández, 2013).

10 La CONDUSEF podrá suscribir convenios de intercambio de información con otras autoridades financieras. Se encargará de regular las comisiones que cobran los bancos y las tasas de interés que rigen los créditos (Hernández, 2013).

11 El Buró de Entidades Financieras en beneficio del usuario contiene información sobre las prácticas de cada una de ellas y las sanciones administrativas que les han sido impuestas (Hernández, 2013).

12 Se instaura un sistema arbitral en materia financiera como un procedimiento de solución de controversias entre las instituciones financieras y sus usuarios.

13 Como parte de la estrategia nacional denominada "brigadas de autodefensa del pueblo", el Barzón Popular (un movimiento social que marcó entre 1993 y 1994) y llevó a cabo el cierre de sucursales bancarias tanto en la Ciudad de México como en otras capitales del interior de la república en protesta por la recién aprobada Reforma Financiera, ya que consideran que "criminaliza a los deudores y protege a los bancos" (Ruiz, 2013).

14 El periódico Excélsior (2013) reporta un mayor rechazo que la encuesta telefónica aquí mencionada. De acuerdo con este periódico, el 63% de los mexicanos rechaza la reforma.

15 La Secretaría de Seguridad Pública reportó una asistencia de unas 450 personas a una manifestación el 21 de diciembre (CNN México, 2013).

 

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Fernando Barrientos del Monte es Doctor en Ciencia Política por el Istituto Italiano di Scienze Umane y la Universidad de Florencia, Italia. Es profesor-investigador de tiempo completo y Director del Departamento de Estudios Políticos de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Es autor de Gestión electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina, México, INAP, 2011; y de Buscando una identidad. Breve historia de la ciencia política en América Latina, México: Fontamara (de próxima publicación en 2014). Email: fbarrienmx@gmail.com

Daniel Añorve Añorve es Doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, México. Profesor-investigador de tiempo completo del Departamento de Estudios Políticos de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Ha sido profesor en la Universidad del Mar, en El Colegio de San Luis, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el ITESM- Santa Fe y la FCPyS de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus líneas de investigación son Geopolítica del espacio postsoviético, conceptualizaciones de "frontera" y el deporte y la política internacional. Es miembro del comité editorial del Journal of Law and Conflict Resolution y de la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública. Es coordinador (con Sally Burt) del libro Global Perspectives on US Foreign Policy. New York: Palgrave Macmillan, 2013. Email: danorve@gmail.com