SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.36 número2Notas sobre política y subsidiariedad en el pensamiento de Jaime GuzmánDesde el Tratado de Paz y Amistad de 1984 al Tratado de Maipú de 2009: Un proceso evolutivo institucionalmente consolidado índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) vol.36 no.2 Santiago ago. 2016

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2016000200006 

Artículos

 

Entre la culpa y la responsabilidad: La respuesta del Chile postdictatorial a las violaciones a los derechos humanos desde una lectura de Hannah Arendt*

Between Guilt and Responsibility: Chile's Post-Dictatorial Response to Human Rights Violations from an Arendtian Perspective

 

DANIELA SEPÚLVEDA SOTO

Universidad Diego Portales

* Quiero expresar mi agradecimiento al profesor Wolfhart Totschnig, del Instituto de Humanidades de la Universidad Diego Portales, por su especial dedicación para evaluar y comentar este artículo. Finalmente, quisiera agradecer al Área de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, institución que me benefició con acceso especial a dicha área, con copias originales de los Informes Rettig y Valech, y con un estímulo que me permitió financiar parte de una breve estadía de investigación en la Universidad de los Andes de Colombia. A raíz de esta estadía, concretada en octubre de 2013 en la ciudad de Bogotá, agradezco también la ayuda brindada por la profesora Laura Quintana, de dicha casa de estudios.


RESUMEN

Este trabajo busca definir cómo se entienden y utilizan los conceptos de culpa y responsabilidad en el Informe Rettig, la Declaración de la Mesa de Diálogo y el Informe Valech, como respuesta a la cuestión pendiente de los derechos humanos en Chile. Para desarrollar este propósito se utilizó la literatura pertinente de Hannah Arendt, debido a que en su obra se conceptualizan y problematizan los alcances de la responsabilidad colectiva, culpa colectiva y culpa individual en sociedades postconflicto. En particular, este trabajo se centra en la siguiente pregunta: ¿el tratamiento institucional del Chile postdictatorial asumió las responsabilidades mediante mero juicio o mediante autoentendimiento político-moral? Dicho en otras palabras, ¿la verdad institucionalizada impuesta por el Estado de Chile nos da a entender que en el país se asumió un proceso de culpa individual o, más allá de este, un proceso de responsabilidad colectiva?.

Palabras clave: Culpa, responsabilidad, Comisión Rettig, Comisión Valech, Mesa de Diálogo.


ABSTRACT

This paper seeks to understand how the concepts of guilt and responsibility are addressed in three reports that were produced in response to outstanding issues of human rights in Chile (the Rettig Report, Valech Report and the Declaration of the Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos). This research project draws on Hannah Arendt's conceptualization and problematization of collective responsibility, collective guilt and individual guilt in post-conflict societies. It seeks to answer the following question: Is the institutional treatment of responsibilities in post-dictatorial Chile achieved by mere trial or does it correspond to a political-moral self-understanding? In other words, does the institutionalized truth imposed by the Chilean State convey that the country assumed a process ofindividual guilt or collective responsibility?.

Key words: Guilt, responsibility, Rettig Commission, Valech Commission, Mesa de Diálogo.


 

I. INTRODUCCIÓN

A partir de 1990 el Estado de Chile buscó generar mecanismos institucionales para el tratamiento de las víctimas de violación de derechos humanos del régimen militar. Estos mecanismos se plasmaron en respuestas institucionales que son abordadas en este trabajo como las únicas de carácter oficial, distinto al judicial, destinadas al tratamiento de las víctimas de violación de derechos humanos, ya sea con resultado de muerte, prisión política, tortura o desaparición.

Los mecanismos aludidos fueron los siguientes: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1990 y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura creada en 2003. Ambas Comisiones, conocidas como Comisión Rettig y Comisión Valech, respectivamente, emitieron informes oficiales que dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos, el contexto en el que ocurrieron, las medidas de reparación en torno a estos hechos, y la problematización de las culpas y responsabilidades pertinentes. Sumado a lo anterior, en 1999 se instauró la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, con similares intenciones a las de las mencionadas Comisiones.

A propósito de lo anterior, este trabajo busca definir cómo se entienden y utilizan los conceptos de culpa y responsabilidad en el Informe Rettig, la Declaración de la Mesa de Diálogo y el Informe Valech. Como veremos a lo largo de esta investigación, la relevancia de centrarse en estos productos responde a que dan cuenta de un proceso de verdad organizada institucionalmente mediante el Estado. Se torna preciso profundizar entonces en la cuestión de la culpa y la responsabilidad, en cuanto estos son los conceptos que suelen acaparar el debate político de sociedades que transitan desde un régimen dictatorial hacia uno democrático. Como se ha demostrado en la experiencia sudamericana, abordar estas temáticas abre el paso para construir procesos de reconciliación, reparación y memoria. Para desarrollar esta problematización se utilizará la literatura pertinente de Hannah Arendt, debido a que en su obra se conceptualizan y problematizan los alcances éticos de la responsabilidad colectiva, culpa colectiva y culpa individual en sociedades postconflicto, particularmente en la Alemania posterior al nacionalsocialismo. Si bien las reflexiones de la autora son fruto de una realidad muy distinta a la de las sociedades postautoritarias de América Latina, el presente trabajo sugiere que son pertinentes para el caso chileno en la medida en que tanto la culpa como la responsabilidad se centran en las consecuencias políticas del mundo que compartimos con otros seres humanos. Aquí, la importancia de los espacios públicos es gravitante tanto para el contexto alemán como el latinoamericano y, por cierto, el chileno. La recuperación de estos espacios abre la posibilidad de refundar una comunidad que sufrió pérdidas que busca reconciliar. Dicha refundación no se da en el sentido del restablecimiento de la comunidad anterior, sino desde la instauración de una comunidad nueva que valore en su justa dimensión tanto la pluralidad como la diversidad.

El propósito de este trabajo, por tanto, es emplear los conceptos de Arendt para analizar la responsabilidad institucional que Chile declara en los informes mencionados. En particular, este trabajo se centra en la siguiente pregunta: ¿el tratamiento institucional del Chile postdictatorial asumió las responsabilidades mediante mero juicio o mediante

autoentendimiento político-moral? Dicho en otras palabras, ¿la verdad institucionalizada impuesta por el Estado de Chile nos da a entender que en el país se asumió un proceso de culpa individual o, más allá de este, un proceso de responsabilidad colectiva? En definitiva, la narración de una verdad institucionalizada por el Estado llama a profundizar en torno a qué se puede entender, desde una lectura de Arendt, el asumir responsabilidades meramente vía juicio (culpa individual) o mediante un proceso de autoentendimiento político-moral (responsabilidad colectiva). Lo anterior inevitablemente nos llevará a abordar el rechazo de Arendt a la noción de culpa colectiva.1

II. CULPA Y RESPONSABILIDAD EN HANNAH ARENDT: PROBLEMATIZACIÓN DE "LO COLECTIVO"

Sobre la culpa individual y colectiva

Para Arendt, la culpa es un fenómeno que solo se puede vislumbrar o imputar a nivel personal. Es decir, la autora insta a entender el sentimiento que surge con ocasión de la responsabilidad criminal y objetiva de un agente particular. En consecuencia, cuando nos referimos a la culpa individual, aludimos a una responsabilidad evidente del criminal (Arendt, 2005: 151) a la que no le concierne el carácter de "lo colectivo".

Esta situación es ampliamente discutida en el texto Eichmann en Jerusalén (2013), donde Arendt defiende la idea de que la culpa se puede establecer solamente por los actos cometidos por la persona, razón por la que afirma y defiende la existencia de culpa en Adolf Eichmann. Igualmente, en Responsabilidad colectiva, Arendt manifiesta que "la culpa, a diferencia de la responsabilidad, siempre es estrictamente personal. Se refiere a un acto, no a intenciones o potencialidades" (2007: 18). Nuevamente, en Eichmann en Jerusalén, donde Arendt rescata los hitos y argumentos de un cuestionado proceso penal contra el acusado,2 la autora refiere a la enorme tentación de caer en clichés dirigidos a "la evidente renuncia de todos los demás de emitir juicios centrados en responsabilidades individuales" (2013: 432). Para Arendt, la culpa individual está vinculada, principalmente, con el acto de hacer justicia tanto para el acusado como para la víctima, transformándose así este ejercicio en la única competencia y objeto de un tribunal de lo penal que busca entregar al presunto culpable un castigo, como manifestación de su derecho.

La defensa de Eichmann siempre reconoció las enormes consecuencias del crimen, aunque de todos modos justificó su proceder. Utilizó la teoría de la pieza en el engranaje,3 donde él -este burócrata obediente-, no era más que una parte de una estructura mayor, la que dictaba y decidía todo por órdenes oficiales, en las que las piezas no tenían ningún otro interés más que aplicar lo que dichas órdenes versaban. Vale decir, el pecado de Eichmann había sido el convertirse en un asesino de escritorio, un burócrata eficaz. En la teoría de la pieza en el engranaje, no obstante, Arendt identifica el siguiente problema que elude la culpa y responsabilidad individual: "Si el acusado se ampara en el hecho de que actuó (...) como un funcionario cuyas funciones hubieran podido ser llevadas a cabo por cualquier otra persona, ello equivale a la actitud del delincuente que, amparándose en las estadísticas de criminalidad (...), declarase que él tan solo hizo lo que estaba ya estadísticamente previsto, y que tenía carácter meramente accidental el que fuese él quien lo hubiese hecho, y no cualquier otro, por cuanto, a fin de cuentas, alguien tenía que hacerlo" (Arendt, 2013: 420).

Ser una pieza eficiente dentro de la estructura, o aludir a que el acusado cometió actos terribles sin estar motivado por intenciones de maldad, probablemente lo aleje de la responsabilidad, pero no de su culpa individual. Esto evidencia la patente incapacidad de Eichmann para pensar desde el punto de vista de otra persona. Este fenómeno no es más que la evidencia de otra incapacidad: la de discriminar entre el bien y el mal, bajo circunstancias específicas de un ordenamiento jurídico criminal de un Estado criminal (Arendt, 2013: 382). Consecuentemente, la capacidad de pensar no solo permite a los individuos diferenciar entre el bien y el mal, lo justo e injusto, sino que también centrarse en un diálogo interno que alimenta los actos individuales con la condición básica humana, es decir, la diversidad.

El empeño de Eichmann de alejar de sí la culpa individual fue acompañado por su empeño por someterse a la culpa colectiva. Durante los juicios de Jerusalén, se dieron a conocer las siguientes líneas escritas por el propio acusado:

"Hace aproximadamente un año y medio, un conocido que acababa de regresar de un viaje a Alemania dijo que cierto sector de la juventud alemana vivía dominada por sentimientos de culpabilidad. Saber la existencia de ese complejo de culpabilidad construyó en mi vida un hito muy importante (...). Por eso no hui cuando supe que el comando que me buscaba se iba acercando más y más a mí. Tras estas conversaciones sobre el sentimiento de culpabilidad de la juventud alemana, que tan profunda impresión causaron en mí, consideré que ya no tenía derecho a intentar desaparecer. Esto también explica por qué ofrecí en un documento escrito, al principio de este interrogatorio. ahorcarme, yo mismo, en público. Quería contribuir a aliviar la carga de culpabilidad que pesa sobre la juventud alemana, por cuanto estos jóvenes son, al fin y al cabo, inocentes de los acontecimientos en que intervinieron sus padres en el curso de la pasada guerra" (Eichmann en Arendt, 2013: 353-354).

Este sentimiento de culpabilidad de la juventud alemana, vale decir, de culpa colectiva, es profundamente repudiado por Arendt, ya que para ella la culpa colectiva involucra un sentimiento de mal a conciencia, que simpatiza e impone al agente un daño que no ha ocasionado. Y como no lo ha ocasionado, adherir a la culpa colectiva le permite eludir el riesgo de ser juzgado, pues supone no reconocer la incidencia individual de su actuar (Arendt, 2005: 151). Y en esto, precisamente, radica el problema de la culpa colectiva para Arendt: "Todos somos culpables, que de entrada sonaba muy noble y tentador, en realidad solo ha servido para exculpar en gran medida a los que realmente eran culpables. Donde todos son culpables, nadie lo es" (2007: 17-18). En definitiva, apelar al uso de la culpa colectiva no es más que una declaración de solidaridad con los victimarios. Algo que moralmente nos parece despreciable.

La cuestión de la culpa colectiva es fundamental en nuestro análisis, porque abre preguntas que invitan a revisar el modo en que, como sociedad nacional, hemos asimilado las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. De esta forma, conformarnos con el calificativo de "desaparecidos" de los detenidos, ¿nos vuelve cómplices de la verdad institucionalizada del Estado? Por otro lado, cabe plantearse, instaurar un gobierno de transición democrática (Aylwin 1990-1994), en la búsqueda de una justicia "en la medida de lo posible", ¿nos suma a un proceso de culpa colectiva que se solidariza con el daño?

Acerca de la responsabilidad colectiva

Según Arendt, la responsabilidad colectiva es un fenómeno al que no podemos renunciar, permutar o transferir, ya que nos concierne y debemos cargar con ella en cuanto pertenecemos a la comunidad.4 A su vez, se puede concebir como aquella responsabilidad que todo gobierno asume por los actos cometidos por su predecesor. Esto quiere decir que la responsabilidad colectiva es, por definición, una responsabilidad política, la que lleva inserta en sí la posibilidad de "asumir las consecuencias por las cosas de las cuales somos completamente inocentes, como precio que tenemos que pagar por el hecho de que no vivimos nuestras vidas en soledad, sino en compañía de otros seres humanos" (Arendt, 2003: 157-158). En otras palabras, la responsabilidad colectiva es tanto el hecho mismo -el factum- de nuestro estar en común, como el modo mismo de lo que llamamos comunidad.

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la culpa colectiva y la responsabilidad colectiva? La respuesta estriba en una frase mencionada con antelación: "donde todos son culpables, nadie lo es". Esto quiere decir que al apelar a la culpa colectiva, nadie puede ser juzgado, cosa que sí puede ocurrir cuando hablamos de culpa individual. Cuando a alguien se lo juzga como culpable, su castigo se alzará como el derecho del criminal; "la culpa implica conciencia de culpa, y el castigo la evidencia de que el criminal es persona responsable" (Arendt, 2005: 159-169). Así, la conciencia de culpa no es algo que se pueda adjudicar a un colectivo. Por otro lado, la responsabilidad colectiva, lejos de representar un sentimiento de culpa respecto de actos realizados por terceros, "existe con total independencia de los actos de los individuos concretos que forman el grupo y, en consecuencia, no puede ser juzgada mediante criterios morales, ni ser sometida a la acción de un tribunal de justicia" (Arendt, 2013: 433).

A lo anterior se suma un aspecto fundamental: la culpa involucra un modo de relacionarnos con el pasado, mientras que la responsabilidad colectiva aborda una reflexión del presente y el futuro en cuanto somos herederos de un pasado con el que debemos aprender a vivir y tolerar. Esto permitiría restaurar la comunidad política, con la intención de que los crímenes no se repitan, ocupándonos así de las víctimas.

III. LA RESPUESTA INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILE FRENTE A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS: EL TRATAMIENTO DE LA CULPA Y LA RESPONSABILIDAD

La presente sección pretende establecer cómo se perciben los conceptos de culpa (individual o colectiva) y responsabilidad colectiva en el Informe Rettig, la Declaración de la Mesa de Diálogo y el Informe Valech.

Se sostuvo que estos documentos son fundamentales en cuanto dan cuenta de un proceso de verdad organizada institucionalmente por medio del Estado. ¿Qué verdad manifiestan? ¿Cómo están presentes en ellos los conceptos de culpa y responsabilidad? Y, por último, ¿cómo se puede fundar una comunidad después del crimen? Estas son las preguntas fundamentales que guiarán esta sección.

El caso del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig)

En primer lugar, llama la atención el nombre que las autoridades de la época dieron a esta Comisión: de verdad y reconciliación. No de justicia. No de reparación. La Comisión Rettig se construyó no desde la necesidad de completa verdad, sino bajo la imposición implícita de "no hablar" más de lo estrictamente necesario para lograr reconciliar. Como señala el propio Informe Rettig, "la Comisión entendió desde un comienzo que la verdad que se debía establecer tenía un fin preciso y determinado: colaborar a la reconciliación de todos los chilenos" (1991: 13). El afán político por reconciliar a una comunidad que hacia 1990 se "recibía desunida", muchas veces fue seguido por la obstinada, pero no satisfecha, necesidad de describir el contexto político que permitió la concurrencia de un golpe de Estado.

En segundo término, no es casualidad que en el Chile de la transición pactada se haya optado por una Comisión de Verdad, en vez de un Juicio a las Juntas, como el que se llevó a cabo en Argentina.5

En su carácter simbólico, la Comisión Rettig constituyó una memoria de los crímenes cometidos bajo un Estado criminal. La Comisión se presentó como un espacio mediador entre lo público y lo privado, un lugar "donde las memorias privadas adquieren relevancia pública" (Sánchez, 2012: 97). Sin embargo, la Comisión Rettig jugó con la idea de establecerse como única verdad, con la presencia de varias memorias de las víctimas, pero con la omisión de la memoria de los victimarios. Vale decir, no buscó ser una narrativa representativa de la complejidad de los crímenes cometidos sino que sirvió a los fines políticos que 1990, el año en que se inició la transición, demandaba para el gobierno de turno.

En un contexto de transición democrática, como el caso chileno, no se torna tan descabellada la alternativa de incluir en el relato la memoria de los victimarios. Por ejemplo, este ejercicio sí se llevó a cabo en Sudáfrica tras el apartheid, con el establecimiento de la Comisión de Verdad y Reconciliación que publicó su informe en 1998. La Comisión se popularizó rápidamente con el lema "Sin perdón no hay futuro, y sin confesión no puede haber perdón", el que representó elocuentemente el principal objetivo que se impuso la Comisión: recoger en el Informe pertinente las declaraciones y manifestaciones tanto de las víctimas como de los victimarios que concurrieran a entregar sus testimonios.6

En Chile, por el contario, se tomó la decisión de dar voz solamente a las víctimas, tal y como lo manifestaron los integrantes de la Comisión Rettig al entregar los motivos por los cuales aceptaron participar de la misma:

"[Con esta Comisión] se cumplía con un deber moral hacia las víctimas, sus familias y sus deudos. Nos pareció, también, que mantener estos hechos dolorosos en un silencio, más forzado que real, no contribuía a la buena convivencia futura de nuestra patria. Estimamos, por el contrario, que colaborar con el Estado de Chile en el establecimiento de la verdad de un modo sereno e imparcial serviría a que la sociedad asumiera una actitud de reconocimiento de esos hechos, y que se iniciara de este modo el asentamiento de una buena motivación en contra de futuros atropellos. Así, los dolores del pasado, junto con promover el afán común de condenar lo indefendible, aportarían su fecundidad a la obligación de evitar la repetición de lo ocurrido y provocarían, en tal sentido, un consenso promotor de la reconciliación deseada" (Informe Rettig, 1991: viii).

La cita invita a concentrarse en la necesidad, observable en todo el informe, de que el trabajo de la Comisión contribuyera a una buena y futura convivencia nacional basada en la reconciliación.

En Arendt, la reconciliación va íntimamente ligada a un elemento fundamental de la responsabilidad colectiva: la comprensión como único medio para reconciliarnos con el mundo. Para la autora, "la reconciliación es la otra cara de la acción, la actividad que la acompaña, a través de la cual me reconcilio constantemente con el mundo común. Comprender es reconciliarse en acto" (Arendt, 2006: 36). Desde luego, la comprensión es un ejercicio interminable y de ella no se desencadenan resultados finales, sino que se desencadena nuestra capacidad de pensar por qué sucedió lo que no debió haber sucedido.

Llegados a este punto, es vital preguntarse si el sentido de reconciliación al que apeló la Comisión Rettig aludió al sentido arendtiano de reconciliación. Bajo la perspectiva propuesta en este trabajo la respuesta es negativa.

Para Arendt la reconciliación se evidencia ahí donde se busca enfrentar la carga de los hechos, y del mundo en donde estos hechos fueron posibles. Desde esta perspectiva, la reconciliación de ninguna forma puede vincularse a la idea del perdón, o el acto de perdonar. En otras palabras, buscar comprensión no encauza necesariamente en procesos de perdón, porque son fenómenos completamente diferentes. Mientras que la comprensión inserta en la reconciliación es un acto interminable, que de ningún modo culmina en resultados finales, "el perdón se propone lo aparentemente imposible, deshacer lo hecho" (Arendt, 1953: 337). Para Arendt el perdón "sirve para deshacer los actos del pasado, cuyos pecados cuelgan sobre cada nueva generación" (2005: 236). La reconciliación manifestada en el Informe Rettig apela a un sentido de unidad nacional que no pretende enfrentar una carga, sino trabajar sobre ella. De este modo, la reconciliación manifestada en el Informe Rettig no persigue comprensión. Asimismo, no busca hacernos iguales en la difícil tarea de cargar con las consecuencias de lo sucedido. Por el contrario, su efecto puede ser leído como la segregación entre los ofendidos y los ofensores, sin dar lugar a un real escenario donde se reconstruya comunidad ahí donde se perdió.

El Informe Rettig indica que "cuando fueron agentes del Estado los que ocasionaron tanto sufrimiento, y los órganos competentes del Estado no pudieron o no supieron evitarlo o sancionarlo, y tampoco hubo la necesaria reacción social para impedirlo, son el Estado y la sociedad entera los responsables, bien sea por acción o por omisión. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones de derechos humanos" (Informe Rettig, 1991: 891). De esta cita se pueden extraer importantes reflexiones, sobre todo en relación con el uso del concepto "responsabilidad" que se desprende de ella. En la segunda sección, durante el transcurso del apartado titulado Sobre la Responsabilidad Colectiva, se mostró que la misma existirá ahí donde se cumpla con dos elementos: "Yo debo ser considerada responsable por algo que no he hecho, y la razón de mi responsabilidad ha de ser mi pertenencia a un grupo (un colectivo) que ningún acto voluntario mío pueda disolver, es decir, de un tipo de pertenencia totalmente distinta de una asociación mercantil, que puedo disolver cuando yo quiera" (Arendt, 2007: 19). Cuando el presidente Aylwin sostuvo que "es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones de derechos humanos",7 ¿está adjudicando conciencia de culpa a un colectivo? En otras palabras, ¿está apelando al uso de culpa colectiva que tanto reprochaba Arendt? En cierto modo, responder afirmativamente se torna un riesgo, ya que incluso en el Informe existen importantes diferencias y contradicciones en función de lo que el expresidente expresa. Estas diferencias invitan a sostener que, en términos oficiales, se apela al uso combinado de responsabilidad colectiva, culpa individual y culpa colectiva (este último en menor medida), aun cuando el vocabulario que figura en el Informe Rettig utiliza homogéneamente el término "responsabilidad". Lo anterior se manifiesta en diversos escenarios: como la forma de referirse a la sociedad en su conjunto como responsable por las ofensas cometidas contra las víctimas, el ejercicio de responsabilizar al colectivo por los actos cometidos en nombre de la comunidad, o la forma de insistir que la responsabilidad es individual -y no institucional- aun cuando en materia de violación a los derechos humanos se inste a las fuerzas armadas a reconocer ciertos hechos que, se supone, son de responsabilidad institucional.

La falta de convicción y voluntad política para incurrir en apreciaciones que se ajustaran a la realidad acontecida entre 1973 y 1990, puede responder a la importante presencia y poder de los militares a inicios de la década de los noventa, al manifiesto temor de poner en peligro la transición pactada, y al respeto de la doctrina de "hacer justicia en la medida de lo posible". Importante es recordar que los antecedentes recogidos en el Informe Rettig fueron puestos a disposición de la justicia, en colaboración de los Tribunales, con el fin de ayudar en el establecimiento de la suerte o paradero de los detenidos desaparecidos que se exponen en el documento. Sin embargo, esto no fue suficiente, pues la Comisión nunca fue empoderada con atribuciones legales. Fue más bien una Comisión judicial al margen de la ley. Por tanto, su contribución se limita a ser un cuerpo documental y narrativo descriptivo de la memoria de las víctimas.

El Informe Rettig incurrió en el ejercicio de individualizar a la víctima y no a los culpables. La reconciliación nacional a la que se apeló no fue seguida por la instauración de un sentimiento de culpabilidad de los directamente culpables, sino de la responsabilidad que le cabe a "la sociedad toda". El Informe Rettig pecó al transformarse en un material simbólico de punto final, instaurando a su vez la política del olvido en los años venideros. En definitiva, este Informe fue un aporte en cuanto eliminó de la consciencia nacional el impuesto ejercicio de privatizar el daño, forzando a que la sociedad entendiera que con la violación a los derechos humanos no se hablaba de tragedias estrictamente personales. Esto, de todas formas, puede entenderse como la instauración de una responsabilidad colectiva que trascendió los límites personales para formar parte ahora del espacio público de la comunidad. Sin embargo, la Comisión y su informe perdieron fuerza por la necesidad de mantener la lógica de la gobernabilidad, y el continuo rechazo de los militares y la derecha al trabajo de la Comisión frente al que hubo de ceder.8

El sentido de reconciliación del que se habla en el Informe Rettig siempre fue difuso. ¿Podemos entender que reconciliación apelaba al reconocimiento de un peso compartido por la comunidad que fue destruida y que ahora intenta reinventarse? La paradoja del Informe Rettig parece evidente: este documento no pudo crear las bases para una reconciliación nacional, porque la posibilidad misma de reconocer responsabilidad está obturada. La reconciliación propone la reintegración del criminal a la comunidad por medio "del común reconocimiento de que la violencia nos ha alcanzado a todos y que para fundar una nueva comunidad eximida de la violencia, todos deben mostrarse deseosos de incorporarse a ella asumiendo públicamente el carácter criminal de sus acciones precedentes" (Hilb, 2012: 145) ¿Sucedió esto en Chile? ¿El Informe Rettig dio pie para que esto sucediera? En ambos casos la respuesta parece ser negativa. Si una efectiva reconciliación restituye al criminal su derecho a participar de la nueva comunidad, esta dinámica claramente no se observó en el Informe Rettig, pues la confesión del culpable no podía dar lugar a más que su propio castigo. Es decir, la reconciliación misma estaba en contra del interés del culpable.

Como fue expuesto anteriormente, el Informe Rettig pecó en una gran pretensión: la de resolver la cuestión de los derechos humanos a base de una única verdad: la verdad del Estado y su nuevo gobierno. La instauración de la política del olvido (Richard, 2010) mediante la doctrina de "la medida de lo posible", representó un proceso de responsabilidad colectiva que bien se delineó en las primeras páginas del documento, pero que sin embargo terminó incompleto a causa de sus propias contradicciones.

El caso de la Declaración de la Mesa de Diálogo sobre los Derechos Humanos

La Declaración de la Mesa de Diálogo fundó un antes y un después en el proceso de verdad, reconciliación, reparación e incluso de justicia, que se instauró a partir del Informe Rettig.

Para los propósitos de este trabajo, tres elementos son significativos en torno a los resultados de la Mesa de Diálogo: i) la insistencia en el establecimiento de la verdad en casos de fallecimientos y desapariciones; ii) el establecimiento y reconocimiento de responsables por las violaciones a los derechos humanos incurridas en el período 19731990; y iii) la responsabilidad hacia las futuras generaciones.

En cuanto al primer elemento, la construcción de un relato de verdad se transformó en un empeño sostenido nuevamente en la Declaración de la Mesa de Diálogo, aunque bajo una inédita vocación pluralista y diversa, donde se concibió a la verdad del destino de los desaparecidos como el gran posibilitador del reconocimiento de responsabilidades morales, históricas y políticas (Zalaquett, 2000).

La premisa fundamental de esta declaración fue "verdad sin ocultamiento",9 haciendo referencia al sistemático ocultamiento de información, por parte de las fuerzas armadas, para el establecimiento de la suerte y paradero de los más de mil detenidos desaparecidos.

A partir de la Mesa de Diálogo, la verdad dejó de representar o relatar lo sucedido en virtud del testimonio de las víctimas. Justamente, uno de los mayores aportes de la Declaración de la Mesa de Diálogo es que por primera vez se mostró una verdad compartida, donde tanto las víctimas como los victimarios tuvieron algo que decir acerca de los hechos.

En este sentido, la Mesa de Diálogo se configuró como el primer espacio público donde existió la posibilidad y voluntad de aunar diferentes memorias relatadas para una verdad compartida. A pesar de este logro, la Mesa no estuvo exenta de nuevos peligros, pues la verdad factual ahí narrada se vio a ratos vulnerada por un ejercicio común, es decir, el transformar la verdad en opiniones. Como señala Arendt, cuando esto ocurre, "lo que está en juego es la propia realidad común y objetiva, y este es un problema político de primer orden" (1968: 236). La única manera de garantizar la verdad factual, fiel a los hechos y acontecimientos del pasado, es que se dé espacio a la pluralidad, otro elemento fundamental en la construcción de responsabilidad colectiva.

Los diversos relatos de memoria que aparecieron en la esfera pública lograron consolidarse como una manifestación colectiva que permitió reincorporar experiencias que en el pasado fueron silenciadas. El tipo de espacio público construido por la Mesa de Diálogo defendió a la diversidad como condición humana básica. Esto, en gran medida, significó asumir responsabilidad colectiva, en toda su prosperidad política posible, pues fue fiel al respeto que se tiene hacia el mundo que compartimos con otros seres humanos, al que no se le puede negar la existencia de diversidad y pluralidad. Asumir responsabilidad colectiva implica aparecer en el espacio público dando cuenta, justamente, de la necesidad de mantener la diversidad del mundo que se comparte.

Ya que inexorablemente llegamos a la cuestión -fundamental por cierto- de la pluralidad, importantes elementos destacan en el ejercicio de asumirse en el marco de una pluralidad, vale decir, el concebir el ser con otros en el mundo. En último término, en responsabilizarse por las consecuencias de un mundo que me fuerza a preguntarme qué hizo posible que "esto" sucediera. Como se sostuvo, la responsabilidad colectiva no asume sentimientos de mal a conciencia. La única conciencia que asume es la contingencia de la acción, como por ejemplo, su imprevisibilidad: la acción siempre tiene inciertas consecuencias futuras en su doble modalidad, a decir, como acción y discurso. Como indica Arendt en la Condición Humana, "la acción como única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia, corresponde a la acción humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, y no el Hombre, vivan en la Tierra y habiten el mundo" (Arendt, 2005: 21). La acción, ilimitada en sus resultados e imprevisible en sus consecuencias, permite el despliegue de la condición humana de la pluralidad.

En cuanto al establecimiento y reconocimiento de responsables por las violaciones a los derechos humanos (segundo elemento observable en los resultados de la Mesa de Diálogo), es valioso recordar que hasta el momento en que se realizó la convocatoria de participación a la instancia, las fuerzas armadas se negaron a reconocer públicamente las violaciones efectuadas. En concreto, con Augusto Pinochet detenido en Europa, y los medios de comunicación del mundo concentrados en el cuestionado proceso de transición a la democracia chileno, la Mesa de Diálogo fue la primera instancia oficial en que se le dio voz a los victimarios, lo que facilitó el reconocimiento de las violaciones por parte de ellos. No obstante lo anterior, en el caso de las fuerzas armadas, estas permitieron solo que se les adjudicara responsabilidad institucional frente a los hechos acaecidos, resguardando celosamente la identidad de los oficiales culpables de los crímenes cometidos. Vale decir, por medio de la Declaración de la Mesa de Diálogo aceptaron que se las culparan criminalmente como instituciones, pero no como funcionarios individuales de dichas instituciones.

Si bien el reconocimiento de la verdad pendiente en torno a los detenidos desaparecidos se transformó, en la Mesa, en un asunto que involucró la directa culpa de las fuerzas armadas, también se transformó en un asunto que nos concierne a todos, en cuanto miembros de la comunidad política. Según señaló el expresidente Lagos, la Declaración de la Mesa de Diálogo "se hace cargo de las tareas que están pendientes, [relativas al] cómo hacer ahora para que todos, la patria toda, se comprometa con este texto, para que no vuelvan a ocurrir estos hechos nunca más en nuestra historia". Justamente, el mecanismo elegido para satisfacer el "cómo" fue establecido en la Declaración de la Mesa de Diálogo de la siguiente manera: "Las instituciones de las fuerzas armadas y carabineros se comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis meses (...), los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil, para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino" (Declaración de la Mesa de Diálogo, 2000: 3).

Ante esto, las fuerzas armadas dieron a entender que la información se facilitaría para llevar adelante los procesos de investigación pertinentes, aunque sin la determinación de responsabilidades. En términos de Arendt, sin que se determinaran culpas individuales. Sin embargo, en julio de 1999, la Corte Suprema entregó una sólida determinación que empoderó a la Justicia como poder independiente: el rechazo de los recursos de amparo de algunos exoficiales procesados por el caso "Caravana de la Muerte",10 negándose la justicia a aplicar amnistía en caso de secuestro. Este fallo no solo implicó la posibilidad de que se reabrieran investigaciones en torno a los detenidos desaparecidos, sino que también conllevó la proliferación de nuevas querellas. Así, la Mesa de Diálogo fue interpretada por las fuerzas armadas como la representación de un asunto pendiente que no se podía seguir postergando o negando.

Si bien las fuerzas armadas reconocieron por primera vez su responsabilidad en las violaciones, no reconocieron abiertamente su culpabilidad. Lo anterior fue acompañado por su permanente empeño por establecer, en la Declaración Oficial de la Mesa de Diálogo, el contexto histórico en donde se dieron los hechos.

De alguna forma, esta visión reforzó un argumento que fue protagonista en las discusiones de la Comisión Rettig, donde las fuerzas armadas se declaraban responsables solo por haber hecho lo correcto, eliminando toda posibilidad de instaurar culpas individuales (criminales). A pesar de lo anterior, fue posible perfilar los acuerdos necesarios para culminar en un documento que, aunque insuficiente, permitiese resolver el paradero de algunos de los detenidos y desaparecidos pendientes. Así, se consolidó la urgente necesidad de comprender que los detenidos desaparecidos eran un asunto fundamental para el país, y no un asunto privado relegado a las víctimas y sus familiares.

Por último, en relación con el tercer elemento referido a la responsabilidad con las futuras generaciones, es vital advertir que en este apartado se presentan los avances más significativos de la Mesa de Diálogo. Lo anterior en cuanto eliminó toda posibilidad de establecer culpas colectivas, abriendo la posibilidad a procesos que, en el futuro, establecerían las bases para hablar con propiedad de la responsabilidad colectiva.

En el nuevo espacio público fundado en la Mesa de Diálogo se pretendió revincular políticamente a los individuos. Desde una concepción participativa de la sociedad, la Mesa buscó convertirnos un actor político, con directa responsabilidad en el futuro de la comunidad, construido a partir de un pasado y presente que no pretende meramente olvidar, sino que enfrentar. Este espacio público establece que tanto el Estado como la sociedad concurren en igualdad de condiciones en la tarea de responsabilizarse, y no culpabilizarse; vale decir, elimina toda posibilidad de establecer un proceso de culpa colectiva que imponga una conciencia de culpa al colectivo.

Más allá de los cuestionados alcances de la verdad establecida en la Declaración de la Mesa de Diálogo, es posible observar una importante vocación en su haber: la preocupación por el legado a las futuras generaciones. Como indicó el expresidente Lagos en su Discurso a la Nación una vez que se hizo público el acuerdo de la Mesa de Diálogo, "no tenemos derecho al fracaso, por las víctimas, por los chilenos todos, por la comunidad internacional que nos mira, y también porque tenemos que explicar a nuestros hijos qué ocurrió y cómo hacemos para que no ocurra nunca más" (Lagos, 2000: 5). Esta cita es muy reveladora, pues dicta una nueva vocación para la comunidad que se reconstruye, la que no es solo responsable por el pasado de la misma, sino también por crear las condiciones propicias para la no reiteración de los hechos reprochables. Esta vocación se plantea en la Declaración de la Mesa de la siguiente forma: "Es necesario formar y educar a nuestras generaciones futuras en el debido respeto de los derechos de las personas. Para ello se deben incorporar o reforzar, en todos los ámbitos de la enseñanza nacional, los contenidos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y del Derecho Internacional Humanitario" (Declaración de la Mesa, 2000: 2).

El principal objetivo en la tarea de formar y educar propuesta en la Declaración es el de evitar: evitar la concurrencia de nuevos crímenes, nuevos imperios criminales de la ley y nuevos Estados criminales. Esto se encuentra profundamente presente en el ideario de la responsabilidad colectiva, pues nos permite evitar caer en tentaciones de culpa colectiva, donde la sociedad se sumerge en sentimientos de culpabilidad que no hacen más que huir de las presiones de los problemas absolutamente presentes y actuales, refugiándose, como sostuvo Arendt, en un "sentimentalismo barato" (2013: 366).

La tarea de "evitar" está vinculada a cómo me relaciono con el mundo en que vivo y, en términos oficiales, en cómo un gobierno asume responsabilidad por los actos cometidos por su predecesor. Cuando la Declaración de la Mesa indica que "el país debe hacer todo lo humanamente posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos humanos de las personas de nuestra patria" (2000: 1), no solo está aludiendo a que debemos asumir las consecuencias de los hechos frente a los que como sociedad, somos completamente inocentes, sino que debemos confrontar la fragilidad que nuestra comunidad presenció, humanizando sus resultados. Humanizar lo que ha sido despojado de humanidad (al caer en eufemismos como "los actos realizados fueron actos demoniacos", que facilitaban el camino de mitologizar lo horrible), permitirá asumir responsabilidad por "todos los crímenes cometidos por todos los hombres" (Arendt, 1999: 201).

En definitiva, el "antes y después" que marcó la Mesa de Diálogo, su Declaración, y el discurso del expresidente Lagos al recibir la misma, no solo tuvo mérito en cuanto los victimarios tuvieron voz en un proceso en el que reconocieron las violaciones. El mayor logro es que se avanzó en trascender los límites de la exigencia de culpas individuales y criminales, progresando hacia un camino de responsabilidad colectiva que eliminará toda legitimidad por reclamar culpa colectiva.

El caso del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech)

A diferencia de la Comisión Rettig, la Comisión Valech se concentró en una tarea pendiente: el tratamiento de aquellas víctimas de prisión y tortura que sobrevivieron. Las víctimas reconocidas en la Comisión Valech nunca fueron consideradas por las autoridades como un grupo capacitado para reclamar y promover derechos de verdad y de justicia (Collins, 2013). Esto explica el motivo por el que esta Comisión nunca se conformó como una Comisión de Justicia, con consecuencias directas para los responsables de las torturas y prisión de los afectados. Lo anterior responde a la vigencia de la ley de reserva que imperó en todos los testimonios recabados, y a la negativa de la Comisión Valech de entregarlos en su plenitud, pues solo fueron publicados una parte de los más de 28.000 testimonios recogidos.11

Las primeras líneas del Informe Valech, declaran:

"Consciente o inconscientemente, una conspiración de silencio sobre la tortura se fue extendiendo lentamente por el país. Con el pasar de los años, muchos creyeron que, si bien los malos tratos habían sido comunes contra los prisioneros del régimen militar, la tortura propiamente tal no había sido tan masiva. Sin embargo, quienes habían sido torturados guardaban la memoria, las marcas y las consecuencias de tratos crueles, inhumanos y degradantes. (...)¿Por qué [apelamos] al silencio de las víctimas? (...) Después de mucho meditar, nos damos cuenta que es un silencio basado no sólo en el temor. También hay un aspecto de elemental dignidad. (...) Treinta años después tenemos un país diferente, que nos obliga a reconocer algo que siempre debió ser reconocido como inaceptable. (...) Esperamos que este esfuerzo compartido sea un aporte al "nunca más" por todos deseado, y al anhelado apretón de manos con el que Chile quisiera saldar en hermandad tanta deuda pendiente entre hermanos de un mismo pueblo" (Informe Valech, 2004: 17-18).

Sin duda, son muchas las reflexiones que se pueden extraer de la cita y que, desde luego, se vinculan a la interrogante planteada abriendo otras nuevas. ¿El espiral de silencio respecto de la tortura fue facilitado por nuestra comodidad y conformidad con el calificativo de "desaparecidos" y "fallecidos"? ¿Callar la cuestión de la tortura, significó simpatizar y solidarizar con el daño ocasionado? De alguna forma, nuestra conformidad con el calificativo de "desaparecidos" y "fallecidos" respondió a la producción de una inocencia artificial que, incluso, se podría vincular a una complicidad con la tragedia y la violencia inserta en lo que Arendt denomina banalidad del mal: nuestra incapacidad para discriminar entre lo bueno, lo malo, lo justo e injusto.

Dicho esto, la reparación planteada constantemente en el Informe Valech invita a cuestionar el sentido de la misma: ¿hablamos de reparación en cuanto a qué? ¿Respecto del silencio, el daño, a un pasado que carga culpabilidad? La reparación es respuesta de cómo la sociedad toda se relaciona con el mundo en que se vive, un mundo perjudicado y aún no restaurado.

Que los actores políticos no asuman su culpa personal es un daño para la sociedad. Pero que el Informe Valech solidarice con ello mediante la ley de reserva da cuenta de una considerable negación a abordar una responsabilidad colectiva al estilo arendtiano. En un principio, la violación a los derechos humanos era solo desaparición y muerte de los cuerpos. Que se haya avanzado al reconocimiento de torturados y apresados es un gran progreso. ¿Pero tuvieron que pasar 14 años para devolver dignidad pública a estos sobrevivientes? Esto fue un atentado para la pluralidad del mundo, su estabilidad y coherencia para actuar. No reconocer a los sobrevivientes, dañó dicha pluralidad en la medida en que afectó a la comunidad y el ser con otros en la acción.

Recordemos que la responsabilidad colectiva es, principalmente, una responsabilidad por el mundo y las consecuencias por los hechos pasados.

La reconstrucción del pasado, en la que aportó la instancia Valech es importante para el porvenir, aunque no nos deja exentos de los conflictos de la memoria que reconstruyen los documentos analizados. Sin embargo, incluso la reapertura de los conflictos de la memoria son un aporte a la responsabilidad colectiva. Lo anterior se ejemplifica con las siguientes líneas del Informe Valech:

"El impacto psicosocial de la tortura no puede medirse por el inventario de las secuelas que perfilan una anatomía del dolor de las personas. Las agresiones padecidas por las víctimas no se circunscriben a su individualidad y a su círculo más inmediato, pues conciernen y repercuten sobre toda la sociedad. Las consecuencias de las violaciones de derechos humanos alteraron profundamente los modelos históricos de participación cívica y ciudadana y de confianza entre las personas. La política como quehacer legítimo fue asociada a la muerte y a las pérdidas. Los horizontes individuales, familiares y comunitarios tendieron a limitarse a los intereses inmediatos" (Informe Valech, 2004: 509).

En la cita, las violaciones aludidas no son solo materia y consecuencia para la víctima y su familia. La sociedad toda también se transforma en víctima en la medida en que uno de sus miembros es objeto de vejámenes y violaciones. A su vez, estas líneas advierten cómo los hechos del pasado van acompañados de consecuencias que repercutieron en la pretendida reconciliación que cobró protagonismo en la agenda política vinculada a las violaciones a los derechos humanos. Una de las mayores consecuencias que se advierten es cómo, en cuanto sociedad heredera de los hechos pasados, nos insertamos en la difícil tarea de "hacernos" cargo por la suerte de las víctimas. El abordar las vivencias represivas de las víctimas sobrevivientes, mediante el testimonio, completa en parte la ardua tarea de "hacerse cargo".

En general, en el Informe Valech se observa la asunción de responsabilidades comunes en torno al futuro de la comunidad, pero a su vez no se consolida el reconocimiento de las culpas individuales involucradas. El documento es muy claro en la conscientización de que lo que sucedió no debe repetirse. Sin embargo, no hay una exigente comprensión de cómo ocurrió lo que hoy lamentamos, debido a que no todos son igualmente invitados a testimoniar y reintegrar la comunidad.12

IV. CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo fue posible observar cómo el Informe Rettig, la Declaración de la Mesa de Diálogo y el Informe Valech incurrieron en diversas contradicciones a la hora de abordar procesos de culpabilidad o responsabilidad. No obstante, a pesar de estas contradicciones, la narración de una verdad histórica, ya sea por medio del relato o del testimonio, permitió la apertura de espacios públicos que defendieron lo que en términos de Arendt podemos denominar la pluralidad y diversidad del mundo en común.

En el caso del Informe Rettig, la construcción de una verdad para reconciliar asumió los hechos como una carga compartida, haciéndonos, a todos los ciudadanos, iguales al menos en ese sentido. En la Declaración de la Mesa de Diálogo se observa un antes y un después en el esfuerzo del Estado por esclarecer lo sucedido. Este hito se logró por dos hechos clave: el reconocimiento de los victimarios de las violaciones a los derechos humanos que ejecutaron y la instauración de una responsabilidad para con las futuras generaciones. Este último punto eliminó toda opción de establecer culpas colectivas. Es cierto que la culpa individual nunca dejó de ser un asunto pendiente durante la Mesa de Diálogo, pero se eliminó la principal contradicción existente en el Informe Rettig: la convivencia entre culpa colectiva y responsabilidad colectiva. Desde la perspectiva aquí defendida, esta coexistencia es una contradicción, pues no hay espacio para una si existe la otra. Por último, en el caso del Informe Valech, la incorporación inédita del testimonio de los sobrevivientes consolidó distintos factores que no permiten hablar a cabalidad de la intención de establecer un proceso de responsabilidad colectiva: se le permitió a los victimarios y actores políticos que no asumieran sus culpas individuales y criminales respectivas; se obstaculizó toda pretensión de Justicia plasmada vagamente en el Informe Rettig y la Declaración de la Mesa de Diálogo (ley de reserva); y se consolidó el derecho de solo un sector a narrar su memoria y verdad. A pesar de lo anterior, que contradice la idea de responsabilidad colectiva, el Informe sí incurre en convocar a otros elementos que forman parte de la misma: la preocupación por el futuro de la comunidad, la solidaridad para comprender las cosas desde puntos de vista incluso contradictorios a los personales y, por último, el convencimiento de que lo sucedido no debe repetirse.

Los documentos analizados permiten decir que en Chile se asumió tanto un proceso de culpa como de responsabilidad. No es posible sostener la existencia de un grado elevado de responsabilidad colectiva, producto de las contradicciones de los propios documentos. Tomados todos ellos como un cuerpo unificado, como una homogénea respuesta oficial del Estado de Chile o, dicho de otro modo, como la intención de mostrar una política coherente en torno a la violación de derechos humanos, se observa, a ratos, la intención de convocar a toda la comunidad en la obligación de compartir la carga del pasado, pero al mismo tiempo se restringe la concepción de víctima. Y, junto con ello, se restringe toda posibilidad de permitir el arrepentimiento entre aquellos que hicieron posible que sucediera lo condenado: tanto los victimarios o culpables criminales como la sociedad enmudecida. Hacerse cargo de la experiencia autoritaria, asumiendo el carácter político de la responsabilidad, permitirá mantener abierto el espacio público que bien garantice la deliberación de los ciudadanos. Proteger la constitución de estos espacios públicos alternativos -la calle, las relaciones sociales, las unidades familiares, las plataformas civiles, etcétera- ayudará a evitar futuras experiencias autoritarias, respondiendo así a la obligación de "hacerse cargo de las víctimas".

NOTAS

1 Se torna importante reparar en la siguiente advertencia. Es cierto que en este documento se le otorga un valor fundamental a la cuestión institucional: desde el contexto que se estudiará (las Comisiones y Mesa) hasta los productos que se analizarán (Informes y Declaración). Arendt no es una autora que reduciría la cuestión de la responsabilidad colectiva a lo institucional. Y el presente artículo es consciente de ello. No obstante, los informes a estudiar son un material testimonial fundamental, pues señalan discursos que quedan en la memoria histórica del país y recogen la memoria institucional de cómo el Estado interpreta lo sucedido durante la dictadura. Entonces, reconociendo que para Arendt lo institucional no es suficiente por sí mismo para llevar a cabo el análisis que aquí se pretende, se ha tomado la decisión metodológica de abordar esta arista para ver cómo en los informes se manifiesta la culpa y la responsabilidad, como uno de los tantos escenarios donde se pueden manifestar.

2 Adolf Eichmann, como indica Arendt en las narraciones de su juicio en Jerusalén, fue condenado por "la totalidad de los delitos, quince en total (...) Eichmann había cometido delitos "contra el pueblo judío", es decir, contra los judíos, con ánimo de destruir su pueblo, de cuatro maneras: 1) siendo causa de la muerte de millones de judíos, 2) situando a millones de judíos en circunstancias propicias a conducir a su destrucción física, 3) causándoles grave daño corporal y mental, y 4) dando órdenes de interrumpir la gestación de las mujeres judías e impedir que diera a luz en Theresienstadt" (Arendt, 2013: 356). Respecto de estas narraciones, Arendt siempre rechazó el enunciado "crímenes contra el pueblo judío", debido a la noción abstracta de "pueblo" versus la noción de "crímenes contra la humanidad" consumados contra un pueblo en particular.

3 Su defensa manifestó que Eichmann era solo una pequeña rueda en la maquinaria de la Solución Final, "y que si bien el que operó fue él, cualquier otro podría haber ocupado su lugar, es decir, su concurrencia no habría sido determinante en la ejecución de los hechos" (Figueroa en Pressacco, 2006: 21).

4 Aún si yo decido abandonar una comunidad, no hay otra opción más que la esté cambiando por otra. Esto quiere decir que solo estoy permutando el tipo de responsabilidad colectiva que asumiré (Arendt, 2007).

5 En Argentina la Comisión fue el puntal de inicio para terminar en ambiciosos procesos penales contra los actores de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983. En este sentido, en dicho país los hitos del período inmediatamente posterior a 1983 hayan sido de carácter jurídicos. Un elemento es cierto. En Argentina los militares no salieron empoderados de la conducción política. En Chile, en cambio, las fuerzas armadas salieron pactando con los nuevos gobernantes, asegurando enclaves de participación política en el Parlamento, y reforzando una presencia pública en sintonía a la que tenían durante la dictadura. De esta forma, la Comisión Rettig desempeñó un rol mucho más simbólico que práctico, a pesar de que los antecedentes del Informe Rettig sí fueron dispuestos ante la justicia una vez que finalizó el trabajo de la Comisión y, evidentemente, siguen siendo fundamentales para investigaciones que aún se llevan a cabo (Collins, 2013).

6 El procedimiento que se siguió en Sudáfrica implicó que todos aquellos victimarios que quisieron confesar sus crímenes de forma voluntaria ante la Comisión, fueron beneficiados con la amnistía, siempre y cuando fuera demostrado que su relato respondía a una plena exposición de sus crímenes. De esta forma, "ningún criminal podía saber con seguridad, a priori, si su nombre sería evocado en una denuncia [por parte de una víctima]. Quien no solicitara la amnistía y fuera posteriormente inculpado por una denuncia, o quien la solicitara y no procediera a lo que, a juicio de la Comisión, era un relato exhaustivo, proseguiría el camino de la justicia ordinaria. (...) Ni el arrepentimiento ni el perdón fueron condición de amnistía" (Hilb, 2012: 142).

7 Declaraciones realizadas una vez que se dieron a conocer públicamente los resultados del Informe Rettig.

8 Es factible recordar que las fuerzas armadas se opusieron constantemente al trabajo de la Comisión y al informe que se publicó. Cuando estas rechazaron el Informe Rettig, justificaron el hecho aludiendo a que el mismo no interpretó correctamente el contexto histórico, pues no hacía responsable a la izquierda política por el colapso institucional de 1973, debido a que dicha responsabilidad de la izquierda fue, según sostuvieron las fuerzas armadas, disfrazada por el argumento de la polarización política vivida en esos años; junto con afirmar que el informe no tomó en consideración, en ninguna de sus etapas, la visión entregada por las fuerzas armadas a la Comisión. La insistencia en que el Informe Rettig incluyera el contexto histórico se fundamentaba en reafirmar que el golpe de Estado -pronunciamiento militar según sostienen las fuerzas armadas-, fue un acto inevitable y necesario según las circunstancias políticas y sociales de 1973. De esta forma, la fuerzas armadas no eran más que estrictas cumplidoras del deber patrio en un contexto de guerra y violencia provocada por el enemigo interno. Vale decir, el argumento de las fuerzas armadas resonó así: "no somos responsables ni culpables, somos instituciones que obedecemos al deber para el cual fuimos creadas: salvaguardar la paz social del país y sus ciudadanos. Y si de algo podemos sentirnos responsables, es de haber hecho lo correcto".

9 Como indicó el expresidente Lagos, "ocultar información es inmoral, ilegal y antipatriótico", vale decir, es una muestra absoluta de falta de responsabilidad para con los otros.

10 La Caravana de la Muerte fue una comitiva del Ejército establecida en 1973, con el fin de revisar y agilizar los procesos de detenciones políticas en provincias. En su paso, la Caravana dejó cerca de 100 víctimas, entre fallecidos y detenidos desaparecidos.

11 La Ley de Reserva prevé que se publiquen la totalidad de los testimonios en los próximos 50 años desde la fecha de conocimiento general de los mismos. Si bien en su momento se estableció que la ley de reserva buscaba proteger a las víctimas y no a los victimarios, en la actualidad el mandado de dicha ley ha sido cuestionado, pues de alguna manera se podría interpretar que el mismo obstruye la labor de la justicia, condenando a la Comisión a un esfuerzo incompleto de verdad. Así, el Informe Valech rara vez se pronuncia en torno a los victimarios, por tanto, no responde a ninguna vocación reveladora en torno al establecimiento de culpas individuales y criminales.

12 Como reconoce el informe, solo se "consideraron los planteamientos acerca de las medidas y criterios de reparación que hicieron muchas de las personas que prestaron testimonio, así como las organizaciones y agrupaciones de expresos políticos y organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos que se entrevistaron con la Comisión" (Informe Valech, 2004: 520).

 

REFERENCIAS

Arendt, Hannah. 1953. "Understanding and Politics". Partisan Review 20 (4): 377-392.         [ Links ]

______. 1968. Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought. New York: Revised Edition.         [ Links ]

______. 1999. Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus.         [ Links ]

______. 2003. Responsibility and Judgment. New York: Schocken.         [ Links ]

______. 2005. Essays in Understanding, 1930-1954. New York: Schocken.         [ Links ]

______. 2006. Sobre la violencia. Madrid: Alianza Editorial.         [ Links ]

______. 2007. Responsabilidad colectiva. Barcelona: Paidós.         [ Links ]

______. 2013. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. Barcelona: De Bolsillo.         [ Links ]

Collins, Cath. 2013. "Verdad, justicia y memoria por violaciones de derechos humanos en tiempos de dictadura. A 40 años del Golpe Militar". Documento de trabajo del Centro de Derechos Humanos UDP.         [ Links ]

Galetto, Gerardo. 2009. Hannah Arendt: sentido común y verdad. Buenos Aires: Editorial Biblos.         [ Links ]

Hilb, Claudia. 2012. "¿Cómo fundar una comunidad después del crimen? Una reflexión sobre el carácter político del perdón y la reconciliación a la luz de los Juicios a las Juntas en Argentina y de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica". En Hannah Arendt: Política, Violencia, Memoria, editado por Laura Quintana y Julio Vargas. Bogotá: Universidad de los Andes, 31-58.         [ Links ]

Lagos, Ricardo. 2000. "Discurso del Presidente de la República, Señor Ricardo Lagos, al recibir el acuerdo final". En: http://www.ddhh.gov.cl/filesapp/Discurso_Presidente.pdf        [ Links ]

Pressacco, Carlos. 2006. Totalitarismo, banalidad y despolitización: la actualidad de Hannah Arendt. Santiago: LOM Ediciones.         [ Links ]

Richard, Nelly. 2010. Crítica de la Memoria. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.         [ Links ]

Sánchez, Cristina. 2012. "Memorias en conflicto en sociedades post totalitarias". En Hannah Arendt: Política, Violencia, Memoria, editado por Laura Quintana y Julio Vargas. Bogotá: Universidad de los Andes, 87-101.         [ Links ]

Wehr, Ingrid. 2008. "Culpa individual y responsabilidad colectiva: un acercamiento a la terminología de Hannah Arendt". En Hannah Arendt: sobrevivir al totalitarismo, editado por Horst Nitschack and Miguel Vatter. Santiago: LOM Ediciones, 101-136.         [ Links ]

Zalaquett, José. 2000. "La mesa de diálogo sobre derechos humanos y el proceso de transición política en Chile". Estudios Públicos 79: 5-30.         [ Links ]

Informes oficiales

Comisión Rettig. 1996. "Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación" (Tomos I, II y III). Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.         [ Links ]

Comisión Valech. 2004. "Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura". En: http://www.bcn.cl/bibliodigital/dhisto/lfs/Informe.pdf        [ Links ]

Mesa de Diálogo sobre los Derechos Humanos. 2000. "Declaración de la Mesa de Diálogo Sobre Derechos Humanos". En: http://www.ddhh.gov.cl/filesapp/Declaracion_Acuerdo_Final.pdf        [ Links ]

 


Daniela Sepúlveda Soto es cientista político, licenciada en ciencia política de la Universidad Diego Portales (UDP) y magíster en Pensamiento Político Contemporáneo (UDP), además ha hecho diplomado en Estudios de Seguridad y Defensa (ANEPE), diplomado en Relaciones Internacionales (Universidad de Chile), diplomado en Historia de las Ideas Políticas en Chile (UDP). También es egresada del Curso Suramericano de Formación de Civiles en Defensa (UNASUR-Argentina), del Curso Suramericano de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas (UNASUR-Perú) y del Curso sobre Implicancias Estratégicas de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho (Centro Perry, Estados Unidos). E-mail: daniela.sepulvedas@mail.udp.cl.

 

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons