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Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) vol.38 no.1 Santiago abr. 2018

http://dx.doi.org/10.4067/s0718-090x2018000100105 

Artículo

Explotación y justicia global

Exploitation and Global Justice

Rocío Lorca1  *

1Universidad de Chile

RESUMEN

A través de un análisis del significado normativo de la explotación, el artículo ofrece razones para defender la tesis de que los principios de la justicia distributiva igualitarista deben aplicarse globalmente. La existencia de un sistema económico internacional, que produce relaciones de explotación, exige la aplicación de estándares de justicia distributiva igualitaria por dos tipos de consideraciones. En primer lugar, porque sobre la explotación pesa un deber de justificación equivalente al que pesa sobre el ejercicio de coerción y, en segundo término, porque la explotación supone niveles altos de cooperación e interdependencia económica e institucional.

Palabras clave: justicia global; explotación; capitalismo global; marxismo; cosmopolitanismo

ABSTRACT

Through an assessment of the normative implications of economic exploitation, the article seeks to strengthen the thesis that principles of egalitarian distributive justice should apply globally. The existence of an international economic order that produces relations of exploitation demands the application of the standards of an egalitarian distributive justice for two kinds of reasons. First, this is because exploitation must be justified in a similar way and for similar reasons as coercion. Second, this is because the existence of exploitation implies high levels of institutional and economic cooperation and interdependence.

Keywords: Global justice; exploitation; global capitalism; Marxism; cosmopolitanism

I. INTRODUCCIÓN

En la comunidad internacional, como en cualquier otra, hay miembros mucho más ricos que otros y, a veces, las diferencias entre los más aventajados y los más desaventajados son tan grandes, que la formulación de deberes globales de justicia distributiva debería resultar difícil de evadir. Sin embargo, muchos filósofos igualitaristas como John Rawls (2001) o Thomas Nagel (2005, 2008) han defendido una concepción débil de los deberes de la justicia económica que se aplican a nivel global o, por lo menos, más débil de lo que uno habría esperado dado su compromiso con una concepción bastante robusta de las demandas de la igualdad en el contexto doméstico.

Ambos autores sostienen que las demandas de la justicia económica doméstica deberían ajustarse a los estándares de la justicia igualitarista, mientras que las de la justicia económica global estarían gobernadas por deberes asistenciales. En el caso de Rawls (2001: 37, 105-112), estos deberes tendrían como objetivo, permitir que aquellos pueblos que se encuentran excesivamente privados de desarrollo y bienestar económico puedan contar con los recursos materiales mínimos que aseguren su autonomía política (ver también Freeman 2007: 320-21).1

El contenido de este deber de asistencia, en la teoría de Rawls, podría ser transitoriamente equivalente al contenido de un principio de justicia distributiva como el principio de la diferencia de su Teoría de la Justicia (Rawls 1995: 81). Sin embargo, dicho deber de asistencia es contingente a la constatación de una situación de necesidad en la que la extrema pobreza impida que un pueblo viva decentemente y se autogobierne. Una vez superada dicha situación de necesidad, el deber dejaría de pesar sobre los países más ricos. Un principio de justicia distributiva, en cambio, no es contingente a una situación de necesidad, sino que organiza de manera estructural la forma en la que se distribuyen los beneficios de la cooperación social en el contexto de una comunidad política (Rawls 2001: 118-119).

Este artículo tiene por objetivo, formular una crítica a esta limitación del ámbito de la justicia distributiva global. Partiendo de la premisa de que existe un orden económico internacional de carácter capitalista, se usará la idea de explotación para fortalecer la tesis de que dicho orden es un objeto apropiado para la justicia distributiva igualitaria, aun cuando carezca de condiciones políticas ideales. Básicamente, la naturaleza explotadora de la economía capitalista, es una razón para la aplicación de demandas de justicia distributiva igualitaria por dos tipos de consideraciones. En primer lugar, porque la explotación supone niveles altos de interdependencia económica e institucional y, en segundo término, porque sobre la explotación pesa un deber de justificación equivalente al que pesa sobre el ejercicio de coerción.

El argumento está dividido en tres partes. En primer lugar, se presentará el marco conceptual, en el que se inserta el debate actual sobre la justicia económica global. Luego, se estipulará una concepción sobre explotación económica y se defenderá la idea de que la existencia de un sistema institucional —que asegura y reproduce relaciones de explotación— debe dar lugar a demandas de justicia distributiva igualitaria. Finalmente, se afirma que la explotación es parte estructural de las relaciones económicas internacionales, lo que implica la necesidad de reconocer al orden internacional como una estructura social adecuada para el surgimiento de demandas de justicia distributiva.

II. INSTITUCIONALISTAS Y COSMOPOLITAS

La discusión sobre la justicia global está organizada por las diferencias que existen entre las teorías institucionalistas y las cosmopolitas. Mientras que los primeros tienden a identificarse con concepciones restringidas del ámbito de la justicia distributiva, los cosmopolitas suelen apelar a una aplicación irrestricta de las demandas de la justicia distributiva al ámbito internacional.

Lo que caracteriza a una teoría moral institucional es la afirmación de que, tanto el contenido como el alcance de una concepción sobre la justicia, dependen de la naturaleza y de las características de la práctica social que ésta regula (Ronzoni 2009: 233).2 Por ejemplo, los principios que regulan a una comunidad política no deberían ser los mismos que se aplican para regular las relaciones de amistad o las que se dan entre los miembros de una iglesia (Meckled-García 2008: 248). Esto es así porque la justicia regula instancias de interacción social de modo tal que debe ser la forma de dichas interacciones lo que determine el contenido de los estándares con los que deben ser evaluadas. Los principios de la justicia no consistirían en una aplicación o adaptación de los estándares de la moral individual al ámbito de lo político, sino que se aplicarían a las personas en tanto partes de una práctica social específica y su contenido estaría determinado por la naturaleza de la interacción que dichas prácticas suponen (Sangiovanni 2008: 140).

Para muchos institucionalistas, los principios de la justicia distributiva igualitaria no serían aplicables al orden económico internacional, porque éste carecería de las instituciones políticas y económicas que se requieren para el surgimiento de dichos principios. En este sentido, por ejemplo, Thomas Nagel ha sostenido que la ausencia de un Estado soberano en el ámbito internacional no solo plantea un problema práctico para la realización de principios de justicia igualitaria, sino que impide que estos surjan. De acuerdo con su argumento, es precisamente el hecho de vivir bajo un Estado coactivo lo que vuelve necesario evaluar las relaciones sociales que se generan en ese contexto bajo los principios de la justicia igualitaria. En otras palabras, el tipo de relación que se genera entre quienes viven bajo un gobierno que concentra el ejercicio de la coacción legítima sobre un territorio, es precisamente lo que gatillaría la existencia de los principios de la justicia igualitarista. Dado que este tipo de relación no se produce en el ámbito internacional, los principios de la justicia distributiva no serían estándares apropiados para evaluar las relaciones entre países (Nagel 2005: 120-124).

En un sentido similar, Michael Blake ha sostenido que lo que gatilla a la justicia distributiva igualitarista es la coerción y no la cooperación (Blake 2001: 284-289). De acuerdo con su argumento, la justicia distributiva igualitarista solo se aplica en el contexto de un orden legal coercitivo, pues el compromiso del liberalismo con la autonomía individual obliga a justificar la coerción, lo que se debería traducir en una preocupación por la desigualdad relativa que pudiera producirse al interior de dicho orden coactivo. La especial intensidad de la coerción, como forma de afectación de la autonomía individual, vuelve a los miembros de un sistema coercitivo recíprocamente responsables de su coercitividad y los obliga a justificar dicho sistema bajo los principios de la justicia distributiva igualitarista. Dado que los sistemas sociales no coercitivos no requieren este tipo de justificación, la justicia distributiva igualitarista no se aplicaría al ámbito global.3

La tesis institucional de John Rawls es algo más flexible o menos formalista que la tesis de Nagel y Blake. Según Rawls, la aplicación de los principios de la justicia distributiva igualitaria dependería de la existencia de una estructura básica que organiza a la cooperación social mediante una cierta manera de distribuir derechos y deberes (Rawls 2005: 258). El objeto de la justicia sería regular a este tipo de instituciones políticas, sociales y económicas, debido a la intensidad y amplitud del impacto que ellas tendrían en la vida de las personas, en términos de determinar cómo se asignan las oportunidades, derechos y deberes que condicionan su posición social y el modo en el que se desarrollará su vida (Rawls 1995: 20-21). El hecho de que dicha organización sea además involuntaria o coactiva, es relevante de una manera secundaria. Esto es, porque su involuntariedad hace posible o ilustra la intensidad del impacto que las instituciones tienen en la vida de las personas.4

En todo caso, Rawls concluye lo mismo que Nagel y Blake: en el contexto del orden internacional, careceríamos de la estructura institucional y de las prácticas sociales, económicas y políticas que son el objeto apropiado para la justicia distributiva. Lo que correspondería, entonces, es aplicar otro tipo de estándares normativos, como por ejemplo, un deber de asistencia que permita a todos los pueblos gozar de las condiciones materiales necesarias para tener un régimen político decente (Rawls 2001: 37, 105-20).

Frente a esto, el cosmopolitanismo representa al conjunto de teorías sobre la justicia económica global que, o bien niegan la tesis de la dependencia institucional y sostienen que los principios de la justicia deben aplicarse de manera universal, o aceptan la tesis institucionalista, pero sostienen que aun cuando no exista un orden político global que tenga las características de un Estado soberano, sí existen las condiciones institucionales que gatillan las demandas de la justicia distributiva igualitarista (Beitz 2008, Pogge 2004).

El primer tipo de cosmopolitanismo se opone a las teorías institucionalistas de manera más esencial, en la medida que rechaza la idea de que impera una relación existencial entre prácticas sociales y principios normativos, mientras afirma que los principios de la justicia distributiva son preinstitucionales y se aplicarían a todas las personas con independencia de las instituciones y prácticas en las que participan.5 Desde este punto de vista, las instituciones serían instrumentales y contingentes respecto del contenido de los principios de la justicia.6

En el contexto de la justicia económica global, este tipo de cosmopolitanismo suele sostener que la restricción de los principios de la justicia distributiva igualitaria al ámbito nacional carece de justificación, porque la distribución de los recursos económicos y sociales no debería responder a factores moralmente arbitrarios como la pertenencia a una determinada nación o territorio (Caney 2009: 387-407).7 Por ejemplo, uno podría decir que la economía de un país está principalmente determinada por sus recursos naturales y, dado que la distribución de estos recursos sería arbitraria en el sentido de que los habitantes de dicha nación no merecerían tener un acceso exclusivo a ellos, los ciudadanos de otros países podrían tener derecho a exigir una distribución más justa de estos recursos (Beitz 2008: 28-29).8 En todo caso, uno puede defender esta visión del cosmopolitanismo según la cual los principios de la justicia distributiva son preinstitucionales y, al mismo tiempo, amparar una teoría restringida sobre los principios de la justicia distributiva global, por ejemplo, por consideraciones instrumentales (Murphy 1998).

El segundo tipo de teorías cosmopolitas, en cambio, surge como una crítica interna del institucionalismo. De acuerdo a esta, una concepción institucional de la justicia no debería concluir que los principios de la justicia distributiva igualitaria no surgen en el contexto de la economía global, sino todo lo contrario (Ronzoni 2009). La tesis de esta crítica es que, aun cuando no exista un soberano en la comunidad internacional, sí imperan instituciones políticas, sociales y económicas suficientemente desarrolladas y no-voluntarias que tienen un impacto crucial en la vida de las personas y que, por lo tanto, deberían ser reguladas por los principios de la justicia distributiva igualitaria.9

En consecuencia, para estas versiones cosmopolitas del institucionalismo, utilizar a las fronteras como límite para las demandas de la justicia distributiva también carece de justificación, pero no porque la justicia sea un valor prepolítico que hace de la pertenencia a una nación un dato moralmente irrelevante, sino porque existe una interdependencia económica entre las naciones que hace que la significación moral de las fronteras de éstos se haya de hecho disipado (Beitz 2008: 32-33).

En lo que sigue, se defiende una versión cosmopolita del institucionalismo mediante una consideración sobre las consecuencias normativas de la explotación económica. El objeto de dicho análisis no es negar la relevancia de otras razones para sostener una versión cosmopolita del institucionalismo ni proponer la abolición del capitalismo, sino poner de relieve una característica del orden económico internacional que fortalece la tesis de que el alcance de los deberes de la justicia distributiva igualitaria debe ser global.

III. LA EXPLOTACIÓN COMO CONTEXTO PARA LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA

La explotación es una relación o forma de interacción en la que una de las partes obtiene una ventaja o provecho injusto sobre otra y donde la injusticia de este intercambio desigual es resultado del aprovechamiento de la falta de libertad del explotado (Young 1990; Schwartz; Wertheimer 1996; Mayer 2007).10 Como veremos, esta falta de libertad no consiste, necesariamente, en un ejercicio de coacción por parte del explotador, sino que suele estar dada por la falta de opciones que tiene el explotado para decidir no participar en el intercambio.11

Prácticamente todos los elementos de la definición formulada en el párrafo anterior son controvertidos. Desde ya, se trata de una concepción normativa sobre la explotación, de acuerdo con la cual afirmar que hay una relación de explotación supone afirmar que dicha relación es, prima facie, impermisible. Frente a esto, existen concepciones descriptivas de la explotación según las cuales ésta consiste meramente en la existencia de un intercambio desigual u obtención de una ventaja, de modo tal que la pregunta sobre su injusticia es contingente a la existencia de alguna otra circunstancia adicional, como por ejemplo, una distribución inicial injusta (Roemer 1985). Adicionalmente, existe un amplio debate en torno a qué es lo que vuelve injusta a una relación de explotación y si acaso es plausible decir que el explotado sufre una falta de libertad.

Para efectos del análisis que aquí se plantea, la cuestión de si corresponde hablar de explotación frente a intercambios desiguales perfectamente justos, será dejada de lado y, en lo que sigue, solo se hará referencia a la explotación entendida en un sentido normativo: esto es, como un intercambio desigual injusto. La definición de lo que vuelve injusta a la explotación será abordada luego de una descripción algo más detallada del tipo de interacción que supone la explotación y, en particular, la explotación capitalista.

La explotación capitalista

La explotación tiene, por lo menos, dos elementos que la distinguen de otras formas de interacción. En primer lugar, la existencia de una ventaja o provecho para una de las partes (el explotador) y, en segundo, la falta de libertad o la situación de opresión que afecta a la otra parte de la relación (el explotado). Cuando una relación social solo expresa el segundo elemento descrito, es decir, una falta de libertad de una de las partes frente a la otra, no se trataría de una hipótesis de explotación sino de una situación de opresión.12 La explotación económica, por su parte, representa una forma específica que puede adquirir una relación productiva. Esta consiste en una trasferencia desigual de valor económico que es consecuencia del aprovechamiento de la falta de libertad que afecta a una persona.

En el caso del capitalismo, la explotación consiste, básicamente, en que la menor libertad o poder de negociación que tiene el trabajador le permite al dueño del capital pagarle un sueldo que no representa la contribución marginal que el trabajador hace al valor final del producto, sino que tiende a igualar el costo de la reproducción biológica del trabajador. El intercambio es desigual porque el salario que el trabajador recibe no iguala el valor que el trabajador aporta. Esta desigualdad es resultado del aprovechamiento de la falta de libertad del trabajador, porque éste carece de una opción razonable para rechazar los términos de dicho intercambio.

De acuerdo a las teorías capitalistas clásicas, lo que hace posible este tipo de explotación es la existencia de mercados económicos imperfectos, donde los salarios no igualarán el valor aportado por el trabajador porque el precio del trabajo estaría siendo determinado por el poder de negociación que tiene un agente y no por la ley de la oferta y demanda en un contexto de competencia perfecta. En otras palabras, según los postulados del capitalismo clásico, la explotación no es necesaria como fuente de las ganancias capitalistas sino que es consecuencia de la ausencia de un mercado perfecto que evite una subvaloración del trabajo.13

Esta visión sobre la relación entre capitalismo y explotación, sin embargo, no resulta muy convincente. Además de la imposibilidad práctica de asegurar condiciones de competencia perfecta, todo parece indicar que, incluso en los mercados económicos perfectos, se producirá explotación. En efecto, a pesar de todos sus errores e imprecisiones, una de las principales contribuciones de la teoría económica marxista es haber puesto de relieve que la existencia de relaciones de explotación es un aspecto estructural del capitalismo y no un defecto puramente contingente (Cohen 1979; Elster 1985: 80; Roemer 1985: 41).14

Según la tesis marxista, incluso en un mercado perfectamente competitivo, el salario que recibe un trabajador estará determinado por los costos de reproducción de la fuerza laboral y no por el valor que el trabajador contribuye al proceso productivo. Para bien o para mal, en la base del capitalismo como modo de creación de riquezas, se encuentra una transferencia de valor que es desigual y forzada (Marx 1976: 270-280).

Para valorar adecuadamente la contribución de la teoría económica de Marx a la comprensión de la explotación capitalista, es importante dividir su tesis en dos. En primer lugar, la teoría marxista sostiene que hay explotación siempre que el dueño del capital no recompensa apropiadamente al trabajador por el valor que éste contribuye al producto final y, dado que este es un aspecto regular (no excepcional) de las relaciones económicas del capitalismo, uno debiera concluir que el capitalismo siempre generará relaciones de explotación. En segundo término, la teoría marxista sostiene que todas las ganancias del dueño del capital provienen de la explotación, de modo tal que la medida de la explotación capitalista igualaría su capacidad para producir riqueza. Esta segunda tesis es consecuencia de la teoría del valor/trabajo defendida por Marx, cuya indiscutida falsedad, como veremos, no debería afectar la validez de la primera proposición.15

La teoría del valor/trabajo de Marx sostiene que todo el valor de cualquier mercancía viene dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo (Cohen 1979: 339). De ahí que, de acuerdo a la segunda parte de la tesis de la explotación defendida por Marx, todo el valor agregado o la plusvalía del proceso productivo ha sido aportado por el trabajador. En consecuencia, toda la producción de riqueza del capital proviene de la explotación del trabajo humano. En términos del propio Marx, “la tasa de plusvalía [de una mercancía] es una expresión exacta de la tasa de explotación de valor trabajo por el capital, o del trabajador por el capitalista” (Marx 1976: 326).16

Pero para que exista explotación —y para que sea cierto que la explotación se producirá, incluso, en mercados capitalistas perfectos, como lo sostiene la primera tesis de la teoría marxista—, no es necesario afirmar que todo el valor agregado por el proceso productivo es aportado por el trabajador. Lo único que debemos aseverar es que, incluso en un mercado donde la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio, los salarios serán determinados por el costo de reproducción de la fuerza laboral y no por aquello que el trabajador contribuye, sea en términos de valor o por producir aquello que es valorado.17 En otras palabras, aun si el valor agregado por el proceso productivo puede atribuirse a fuentes diversas del poder-trabajo —como al propio dueño del capital, al creador de tecnologías, etcétera—, en todo caso, el dueño del capital se apropiará de parte del valor que el trabajador produce y este no será compensado por todo el valor que transfiere (Marx 1976: 341-42; ver también Cohen 1979: 358).

Este intercambio desigual se producirá aun en condiciones ideales, porque quienes poseen la propiedad privada sobre los bienes de producción tienen una posición necesariamente aventajada en la negociación a través de la cual se determinan los precios. El solo hecho de que el trabajador no posea bienes de capital lo pone en una situación de desventaja, porque lo único que tiene para sobrevivir es su trabajo y no puede esperar a obtener condiciones de trabajo más justas, pues no tiene reservas financieras que le permitan elegir dónde y cómo vender su trabajo. El capitalista, en cambio, tiene recursos que le permiten esperar a encontrar a un trabajador dispuesto a vender su trabajo por el precio que el capitalista imponga. Como el capitalista, naturalmente intentará aumentar sus ganancias, este precio tenderá a representar el valor de subsistencia del trabajador y no el que el trabajador agrega al proceso productivo (Marx 1976: 270-80).18 De ahí que, mientras existan personas que tengan propiedad privada sobre bienes de capital y otras no, la explotación será una de las formas regulares a través de las cuales se produce riqueza en el capitalismo.19

De este breve análisis de la forma de la explotación capitalista, surgen dos cuestiones que se desarrollarán a continuación para efectos de ilustrar por qué una teoría de la explotación fortalece la tesis de que los principios de la justicia distributiva igualitaria deben aplicarse globalmente. En primer lugar, y parafraseando a Nagel y Blake, la explotación tiene un potencial de afectación de la autonomía individual análogo al de la coerción, de ahí que sobre ellas pesa un deber de justificación equivalente. En segundo orden, y parafraseando a Rawls, la explotación ilustra la existencia de una estructura básica que organiza la cooperación social y que tiene un amplio impacto en la vida de las personas.

Explotación y autonomía

El aspecto normativamente relevante de la explotación está dado por el aprovechamiento que hace el capitalista de la menor libertad que afecta al explotado. Lo que caracteriza normativamente a una relación de explotación no es la transferencia desigual de valor ni la existencia de una desigualdad inicial entre el trabajador y el capitalista, sino la forma de interacción que la transferencia representa. Esto es, que una parte se aprovecha de la menor libertad que afecta a la otra.20 Este aprovechamiento de la menor libertad que sufre el explotado puede tener más de un significado normativamente relevante, pero el aspecto que se quiere poner de relieve aquí es que la explotación supone una afectación de la autonomía individual que vuelve apropiado decir que el explotado se ve forzado a participar en una relación económica desigual (Cohen 1995: 202-206).21

Una concepción normativa de la explotación supone que la decisión del explotado de aceptar los términos desiguales del intercambio solo admita explicarse por la necesidad que este sufre. Es decir, en la explotación capitalista, el trabajador se ve forzado a aceptar los términos desiguales de intercambio, porque este se le presenta como necesario para asegurar su subsistencia (Cohen 1995: 197-207).

Sin embargo, hay por lo menos dos aspectos de la explotación que hacen difícil apreciar su carácter forzado. En primer lugar, en la explotación, a diferencia de lo que ocurre regularmente con la coacción, el consentimiento del explotado no se encuentra formalmente viciado. En el siguiente aspecto, también, a diferencia de la coacción, el explotador no es quien fuerza al explotado a ingresar a dicha relación, sino que simplemente se aprovecha del menor poder de negociación de este.

En relación con lo primero, efectivamente la falta de libertad en la explotación no está dada por una ausencia total de voluntariedad que impida la formación de un acuerdo válido, como ocurre en el caso de la coerción o el error (Wertheimer 1996: 896). En el contexto de la explotación capitalista, el trabajador prefiere vender su poder-trabajo antes que no venderlo, pues su subsistencia está en juego. En términos más dramáticos, el trabajador necesita ser explotado. En la explotación, entonces, no se vulnera la autonomía contractual del trabajador, sino su capacidad para decidir libremente como usar su tiempo y esfuerzo. Decir que el trabajador se ve forzado a entrar en un intercambio, a pesar de que es formalmente libre de no entrar y morirse de hambre, simplemente implica que la noción de libertad que subyace a una teoría normativa de la explotación es más robusta que una noción de libertad que solo pueda verse relevantemente afectada por el error o la coacción.22

Algo similar ocurre en relación a lo segundo. El hecho de que el explotador no sea individualmente responsable de la carencia de medios que fuerza al trabajador a entrar al intercambio desigual no implica que la autonomía del trabajador no se vea seriamente afectada, porque la autonomía de una persona no solo se ve restringida cuando la ausencia de cursos alternativos de acción es resultado de la actuación impermisible de otra persona.23

Si, de acuerdo con Blake, lo que vuelve a la coerción una afectación especialmente intensa de la autonomía individual es el hecho de que la voluntad libre de un sujeto se ve reemplazada por la voluntad de otro, la misma intensidad debería poder predicarse cuando la voluntad libre de un sujeto se ve reemplazada, no por la voluntad de otro, sino por la urgencia de subsistir decentemente (Blake 2001: 272). De ahí que, quienes somos recíprocamente responsables de participar en un sistema económico explotativo, tenemos la obligación de corregir, prohibir o, en último caso, justificar la existencia de relaciones de explotación económica, con la misma urgencia con que se debe justificar la coerción (Wertheimer 1996).

Explotación y cooperación

Una teoría normativa de la explotación no solo muestra en qué medida un sistema capitalista tiene un alto costo para la autonomía de las personas, sino que además expresa, con bastante claridad, los niveles de interdependencia y cooperación que debe existir entre los participantes de un orden económico capitalista, cualquiera sea su estructura política. La explotación pone de relieve que existe una relación de causalidad entre el bienestar de los más privilegiados y las desventajas de los que tienen menos. Ello porque, para el funcionamiento del capitalismo, es necesario que existan personas dispuestas a participar en transacciones económicas desiguales. El capitalismo, como sistema cooperativo de creación de riquezas, supone necesariamente que el mayor ingreso de la clase más rica provenga, al menos parcialmente, del menor ingreso de la clase explotada Wright (1985: 64-65).24

Pero, para comprender la naturaleza de esta vinculación y el tipo de responsabilidad a que debe dar lugar, es conveniente tener a la vista otra reflexión de Marx que suele ser desatendida. De acuerdo con su teoría del capitalismo, las condiciones de la explotación no son deliberadamente impuestas por un capitalista en particular, sino que son generadas por la existencia de una estructura institucional e ideológica que asegura que haya un grupo de personas desposeídas de bienes productivos, dispuestas a entrar en intercambios desiguales para asegurar su subsistencia.

En este sentido, si bien la teoría de la explotación marxista vuelve explícita la vinculación directa que existe entre las riquezas de los privilegiados y el empobrecimiento de los desaventajados, la responsabilidad por la explotación debe ser colectiva, pues la lógica interna del sistema capitalista vuelve inevitable que el capitalista actúe de modo explotativo (Marx 2000: 198-205).25

El capitalismo produce formas injustas de interacción social (explotación) que nos vinculan como partes de una estructura económica y social, la cual exige que desarrollemos instituciones y estándares que hagan posible incidir en el impacto que esta estructura tiene en la vida de las personas (Pogge 2004; Ronzoni 2009). Lo que se requiere, entonces, para proteger nuestra igual libertad, es una regulación estructural del sistema institucional que organiza a la economía, que asegure que las personas no se vean forzadas a ingresar a relaciones de explotación para poder subsistir o que, por lo menos, la participación en dicho tipo de relaciones se encuentre justificada frente a ellas.

Parafraseando a Rawls, la existencia de una economía capitalista supone una estructura institucional que asigna derechos y deberes, al tiempo que determina el tipo de vida que le corresponderá vivir a cada uno de sus miembros (Rawls 2005: 258). Esta es la estructura básica que debe ser objeto de la justicia distributiva con independencia de si ella se organiza bajo la jurisdicción de un Estado soberano o no.

IV. EXPLOTACIÓN Y JUSTICIA DISTRIBUTIVA EN EL ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL

En lo que sigue, se asumirá que existe una economía global de carácter capitalista y se limitará a estipular —brevemente— las características de dicho orden, a fin de mostrar que existe explotación global y que esta es una razón para que los principios de la justicia distributiva igualitarista se apliquen globalmente.

Capitalismo global

La idea de una economía global capitalista no se expresa en el hecho de que las distintas naciones hayan adoptado un sistema económico capitalista, sino que alude a la existencia de una economía transnacional, en la que los elementos de la economía se han desarraigado de los Estados.26 En términos de la teoría de la explotación formulada en el capítulo anterior, la existencia de una economía capitalista global implica, mínimamente, la existencia de una clase capitalista y una trabajadora de carácter transnacional, así como la existencia de una estructura institucional que asegure y reproduzca la existencia de este modo de producción a nivel global.27

En términos institucionales, el hito fundacional del capitalismo global es la Conferencia de Bretton Woods celebrada en 1944, la que concluyó con una serie de acuerdos cuyos objetivos fueron propender a la integración de las economías de los países aliados, aboliendo los obstáculos al libre intercambio de mercancías y servicios, así como facilitando la movilidad del capital (Robinson 2008: 12-13).28 En esa instancia se crean dos de las instituciones fundamentales del capitalismo global: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.29 A este marco institucional, más tarde se le unen la Organización Mundial de Comercio (omc) y los tratados de libre comercio que han promovido la desregulación de las economías a nivel estatal, con el fin de permitir que las industrias transnacionales distribuyan sus etapas productivas libremente por el mundo, así como adquirir materiales y fuerzas productivas en términos flexibles y con los menores costos posibles.30

En términos prácticos, el capitalismo global se caracteriza por el hecho de que las etapas y elementos de un mismo proceso productivo pueden provenir u ocurrir en diversas naciones al mismo tiempo. Los dueños del capital producen sus mercancías internacionalmente, pueden comprar materia prima y mano de obra en cualquier lugar del mundo —y en más de uno al mismo tiempo—. La existencia de un sistema financiero internacional, además, le permite a los dueños del capital invertir y distribuir su riqueza en los mercados financieros que ellos elijan, al tiempo de desplazarla con facilidad. Todo esto hace posible la formación de una clase capitalista y una clase trabajadora que no se encuentran arraigadas a un territorio en particular. Y esta clase capitalista global, al igual que la doméstica, no solo se caracteriza por el tipo de función económica que le corresponde, sino también porque tiene la capacidad de imponer ciertas condiciones institucionales a nivel global que le asegurarán entornos de negociación favorables (Robinson 2008: 1-15).

La explotación en el orden económico internacional

Sin perjuicio de si la constitución de un sistema capitalista global es una expresión de progreso o no, éste ha implicado la formación de un mercado laboral transnacional en el que los trabajadores venden su trabajo en términos altamente desiguales y en donde dicha desigualdad es resultado de condiciones de necesidad que los fuerzan a aceptar esos términos de intercambio, de ahí que es del todo apropiado hablar de explotación internacional.31 En efecto, la existencia misma del capitalismo global, se expresa con mucha claridad en la constitución y expansión de una clase trabajadora de carácter internacional que vende su poder-trabajo en diversas partes del mundo. El desarrollo de esta fuerza laboral global está ampliamente descrita y se ha expandido de manera dramática desde el ingreso al mercado capitalista global de China, la ex Unión Soviética e India.32

En términos institucionales, la constitución, expansión y explotación de una fuerza laboral global ha sido posible gracias a la flexibilización de las formas a través de las cuales es posible comprar y vender poder-trabajo. Básicamente, esta flexibilización se expresa en la desregulación de las prácticas laborales y en la masificación de prácticas como la subcontratación, el trabajo temporal, el trabajo informal, el trabajo desde el hogar, entre otras. Dichas formas de transferencia de valor/trabajo, unidas a procesos globales de des-sindicalización y migración laboral a una amplia libertad de movimiento para el capital y a un mercado financiero que facilita la acumulación, han generado un mercado laboral con enormes tasas de explotación. Esto es así porque estos factores aumentan directamente los niveles de asimetría de poder de negociación en el intercambio, permitiéndole al dueño del capital imponer condiciones que aumenten sus ganancias (y la correspondiente tasa de explotación) de manera inusitada (Robinson 2008: 23-24).

El locus de los deberes de la justicia distributiva global

Si la explotación global está dada por el carácter transnacional del capitalista y del trabajador, entonces, pareciera que uno no podría hablar de países capitalistas y países proletarios. Es el locus de los deberes de justicia global (si existen) el que debiera recaer sobre la clase capitalista global y no sobre los Estados.33 Pero esta tesis distorsiona la realidad, porque los Estados han tenido y siguen teniendo un rol crucial en el aseguramiento de las condiciones de la economía global capitalista. Su poder relativo está dado, en gran parte, por la relación poder-trabajo y capital que existe en su interior (Roemer 1988: 103).

En efecto, la gran mayoría de las prácticas institucionales que tienden a asegurar la mantención de un mercado global capitalista, consiste en organizar la estructura económica de los países de modo tal que éstos se ajusten a las necesidades del mercado global, bajo la ideología neoliberal de la desregulación o el destrabamiento de los mercados. La desregulación que caracteriza los mercados transnacionales solo es posible en la medida que exista un Estadonación cuyo poder político se encuentre limitado bajo un principio de jurisdicción territorial (Robinson 2008: 18-22, 33-37). Los Estados, como miembros de las instituciones transnacionales que configuran y fortalecen al capitalismo global, organizan sus economías internas para facilitar la existencia de un mercado global donde se encuentren el capital y el poder-trabajo (Robinson 2008: 13). Esto explica por qué el carácter transnacional que han adquirido los elementos del capitalismo, en todo caso, no ha promovido la desaparición del Estado y el rol que a este le cabe en la organización de la economía global.

En suma, la globalización supone un nivel de desarraigo, movilidad y desregulación que dificulta identificar con precisión las relaciones de explotación entre dos sujetos determinados. La flexibilidad laboral y financiera, que caracteriza a la economía global, permite a los dueños del capital distribuir las etapas de su proceso productivo en distintos lugares del mundo y la clase trabajadora se moviliza tanto como el capital. Pero todo esto también implica que el sistema global ha permitido a los miembros privilegiados sacar provecho de quienes se encuentran en condiciones de ser explotados. Este sistema se ha organizado y mantenido mediante las regulaciones nacionales e internacionales establecidas o aseguradas por los distintos Estados. De ahí que pese sobre dicho sistema —y cada uno de sus miembros— un deber de asumir las demandas de la justicia distributiva igualitaria que puedan justificar la afectación de la autonomía que la explotación supone.

V. CONCLUSIÓN

La restricción de los principios de la justicia distributiva igualitarista al ámbito de lo doméstico, sugiere que algunos aspectos cruciales del orden económico internacional han sido desatendidos, en particular el impacto normativo que tiene su carácter explotativo.

La globalización de la economía capitalista ha implicado también una internacionalización de las relaciones de explotación, lo que acarrea dos consecuencias fundamentales para la tesis institucionalista de la justicia distributiva. En primer lugar, la explotación, como forma de interacción que es parte estructural o inevitable de un sistema económico capitalista, afecta a la autonomía individual de manera equivalente a la coerción. De esto se sigue que la ausencia de un soberano que concentre el uso legítimo de la violencia a nivel global, no plantea un problema normativo para la existencia de las demandas de la justicia distributiva más allá de los obstáculos que podría implicar para su implementación. En efecto, el primer desafío de la justicia global bien podría consistir en establecer las relaciones institucionales y las fuerzas políticas que hagan posible la implementación de principios de justicia distributiva (Bourdieu 2001: 261; Ronzoni 2009).

En segundo lugar, la existencia de la explotación económica, como parte estructural de la economía global y sus instituciones, ilustra con especial dramatismo la interdependencia que existe entre la riqueza y la pobreza global. Este tipo de interdependencia implica que los países ricos son responsables de que haya países pobres, no porque ellos hayan deliberadamente causado dicha pobreza, sino porque la suerte de los pueblos está unida bajo la integración económica que ha impuesto el capitalismo global. En otras palabras, dicha responsabilidad es resultado de la existencia de una estructura de cooperación social global y si la economía internacional no está organizada en términos territoriales, la justicia distributiva tampoco debería estarlo.

Como la explotación es parte integral del sistema económico global y no la expresión de un defecto o un accidente, los deberes asistenciales no resultan apropiados. En cambio, debemos incorporar un deber estructural de distribución de recursos que proteja la vigencia de la igual libertad en un contexto adverso.34 Todo esto se vuelve aún más urgente por el contexto de escasez que caracteriza a la economía global y que se expresa en una crisis ecológica que ha demostrado que, contra lo que pensara Marx, una expansión económica sin límites no es posible.35

Quizás, la única política que logre satisfacer las demandas de una teoría igualitarista de la justicia distributiva sea la imposición de un ingreso mínimo global que neutralice las diversas maneras en que la autonomía individual se ve amenazada por la falta de recursos materiales y por la desigualdad relativa (Van der Veen y Van Parijs 2006).

Pero una discusión sobre el contenido que deben adoptar las demandas de la justicia distributiva, es un tema para otro momento.

1 Nagel (2008: 56-58) sostiene que los países más ricos tienen un deber de combatir la situación de desigualdad radical que afecta a los países más pobres y no se refiere a una situación de mera desigualdad, sino que se caracteriza por una situación de extrema necesidad económica que pone en riesgo una sobrevivencia mínimamente digna.

2La tesis institucional se ha elaborado con distintos matices y bajo distintos títulos, así Samuel Scheffler (2008) caracteriza a esta tesis como una teoría moral institucional, Nagel (2005) se refiere a ella como una teoría política de la justicia, mientras que Sangiovanni (2008) la denomina como una visión de la justicia dependiente de la práctica.

3 Según Blake (2001: 272), la coerción es una forma de afectación especialmente intensa de la autonomía individual, pues supone una relación de dominación en la que la voluntad, libre de un sujeto, es reemplazada por la voluntad de otro.

4En contra de esta apreciación, Blake (2001) defiende un rol más fundamental de la coerción en la teoría de John Rawls.

5Sobre una definición negativa de las teorías cosmopolitas, véase Meckled-García (2008: 245).

6Para una crítica a la tesis institucional que defiende el rol puramente instrumental de las instituciones políticas, sin necesariamente defender una teoría cosmopolita de la justicia distributiva, véase, Murphy (1998). Algunas teorías sobre la justicia global que niegan la tesis institucional pueden encontrarse en Beitz (2008) y Pogge (1992).

7Para una descripción sobre los postulados del cosmopolitanismo, véase, además, Scheffler (2008: 68). Sobre la discusión en torno a si la pertenencia de una determinada nación es, de hecho, una cuestión arbitraria que no debería tener impacto en nuestros deberes morales, véase, Hurka (2008) y MacIntyre (2008).

8Para una defensa incluso más radical de la tesis cosmopolita, véase Caney (2009).

9En este sentido, Samuel Scheffler ha sostenido que una correcta aplicación de los postulados de estas teorías de la justicia bien podría llevarnos a una conclusión similar a la de las cosmopolitas, toda vez que la realidad institucional que Rawls haya tenido a la vista, puede ser distinta a la que, de hecho, existe en el orden económico global (Scheffler 2008: 76-77). Pues, de acuerdo a la fórmula de Rawls (1995: 20), lo que realmente importa para determinar el ámbito de la justicia distributiva es la existencia de una estructura institucional que organice las ventajas de la cooperación social y que tenga un impacto profundo en las perspectivas de vida de las naciones y sus miembros.

10Sobre la idea de explotación como la obtención de una ventaja injusta, por oposición a otras formas de explotación, véase Wilkinson (2003: 171-172).

11Sobre la naturaleza de la falta de libertad que afecta al explotado o a la clase explotada, véase Cohen (1983) y Reiman (1987).

12En una situación de pura opresión, los privilegios del opresor no dependen del oprimido, en el sentido de que su desaparición no haría que el opresor se encontrase peor situado en términos absolutos. Los opresores, a diferencia de los explotadores, no tienen un especial interés en la existencia o incluso en la sobrevivencia del oprimido. De hecho, el interés del opresor bien podría ser el contrario, pues el exterminio del oprimido le podría permitir ahorrarse los costos de mantenerlo dominado. (Wright 1985: 75). La conveniencia del genocidio para el opresor está expresamente mencionada en las notas 20 y 21 del texto de Wright.

13En un mercado económico perfecto, los capitalistas pagarían un precio justo por el trabajo, pues, de lo contrario, las personas venderían su trabajo a otros capitalistas que sí les pagarían lo que corresponde (Fairlamb 1996). Véase, además, la clásica explicación de Alfred Marshall (2013: 281-91).

14En efecto, y como se aclara más abajo en el texto principal, esto es así sin perjuicio de los graves defectos de que adolece la teoría marxista del valor del trabajo sobre la cual descansa la teoría marxista de la explotación.

15Probablemente la crítica más conocida a la teoría del valor/trabajo es la de Sraffa (1960).

16En un ejemplo, para calcular el valor agregado o plusvalía de un zapato que se vende por 100, tenemos que descontar el valor de poder-trabajo (salario) y el costo de la materia prima y las herramientas aportadas por el dueño del capital. Digamos que el trabajador debe invertir dos días para producir el zapato y que el costo que tiene la reproducción biológica del trabajador por esos dos días es de $20. Ese es el valor del poder-trabajo que el capitalista le compra al trabajador con su sueldo. Si las materias primas y herramientas aportadas por el capitalista representan un valor de $10 por cada zapato, entonces el valor producido por el poder-trabajo (el valor neto que el trabajo le ha agregado a los recursos productivos del capitalista) es de $70. Esos $70 representan el valor agregado o plusvalía que es contribuido por el trabajador y apropiado por el capitalista. Son esos mismos $70, entonces, lo que representa a la explotación capitalista. Para una explicación general del fenómeno véase Marx (1976: 284-306).

17En este sentido, véase Cohen (1979), quien afirma que la explotación está dada no porque el trabajador sea quien agrega valor al producto de la relación productiva, sino por el hecho de que el trabajador es quien produce la cosa que tiene valor o que es valorada.

18Esta forma de interacción social sigue siendo cierta a pesar de que hoy existan grupos sociales (como siempre han existido) que no pueden situarse cómodamente ni en la categoría de explotadores ni de explotados.

19El mismo Adam Smith (1977: 74) parece reconocer esta tendencia del capitalismo cuando señala que “tan pronto el stock de capital se ha acumulado en las manos de algunas personas particulares, algunos de ellos naturalmente lo emplearán para poner a trabajar a personas industriosas, a quienes le entregarán los materiales y condiciones de subsistencia, para efectos de obtener una ventaja económica con la venta de dicho trabajo o por el valor que dicho trabajo le agrega al valor de los materiales”.

20En contra, véase, por todos, Roemer (1985: 33).

21Otras tesis relevantes Wood (1995) sobre qué volvería injusto este tipo de aprovechamiento sostienen que hay una afectación a la dignidad del explotado o que se trataría de un caso de coacción omisiva Golash (1981).

22Es por esto que autores como Berlin (1986) y Cohen (1983, 2008) han sostenido que la falta de medios puede ser una forma de afectación de la libertad negativa, es decir, una forma de interferencia en la esfera de libertad de una persona que le impide hacer lo que quiere hacer. De acuerdo con Cohen, por ejemplo, es posible sostener que la pobreza es una forma de interferencia, porque el dinero no es una cosa material, sino poder social, porque está diseñado y definido como una manera de superar las interferencias que puedan existir para acceder a bienes. Véase, además, en un sentido similar, Waldron (2009).

23Puede encontrarse un análisis más acabado de la manera en la que el explotado se ve forzado a entrar en el intercambio desigual en Cohen (1983), especialmente en las páginas 3 a 9.

24En términos algo más gráficos, muestra que los ricos son ricos por que los pobres son pobres. En esto consiste la idea de una sociedad de clases.

25Esta falta de libertad del dueño del capital es expresada en la idea de alienación que Marx desarrolla en el sentido de que las decisiones de los participantes del sistema se encuentran condicionadas por su estructura.

26Sobre la historia general del capitalismo, véase Wallerstein (1983), y, para una descripción del capitalismo global, véase Robinson (2008: 1-24).

27Sobre la importancia del aparato institucional que asegure y reproduzca las relaciones de producción, véase Marx (2000: 45-46).

28En este sentido, Hernry Morgenthau, tesorero general de Estados Unidos, señaló en el prefacio de las actas de la Conferencia que “The objectives of this program are the expansion and development of international trade, the revival of international investment for productive purposes, the establishment of orderly and stable exchange rates, and the elimination of discriminatory exchange practices that hamper world trade,” Department of State (1994).

29Para ser más precisos, en la Conferencia de Bretton Woods se creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que hoy forma parte del Banco Mundial.

30La Organización Mundial de Comercio (s/f) tiene su antecedente directo en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947 y fue creada en 1995 como una organización interestatal cuyo objetivo era organizar y regular el comercio internacional.

31Más allá de que es posible que exista explotación económica sin la existencia de un mercado laboral, en efecto, es posible imaginar explotación a través del préstamo de capital o mediante el mero intercambio de bienes (Roemer 1988: 90-107).

32Sobre la globalización de la fuerza laboral, véase Freeman (2005 y 2006).

33Esto sería posible en una época pasada del capitalismo, en la que los países se podrían haber explotado entre sí, según la relación que cada país tuviera su capital y su mano de obra. Teóricamente, los países con más capital y menos tasa de explotación interna, habrían explotado a los países con menos capital y una tasa de explotación interna más grande. De esta manera, aquellos países que optimizaran sus recursos exportando trabajo y/o importando capital, serían países explotados, mientras que aquellos países que optimizan sus recursos importando mano de obra y/o exportando capital, serían países explotadores. Véase, en este sentido, Roemer (1988: 103-105).

34La cuestión de cuáles deberían ser las demandas específicas de la justicia distributiva global es algo que este ensayo deja pendiente. No necesariamente deben ser las mismas demandas de la justicia distributiva que Rawls diseñara para una sociedad doméstica “bien ordenada” Rawls (1995: 20-24).

35Los altos niveles de desigualdad son mejor tolerados cuando la riqueza total o agregada crece en una medida tal que puede mejorar la condición de aquellos que se encuentran peor en la repartición de los recursos económicos y sociales. Cohen (1995: 10).

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Por sus comentarios a versiones iniciales de este trabajo, agradezco a Samuel Scheffler, Moran Yahav y José Tomás Atria. Agradezco también los comentarios de Pablo Aguayo y de los miembros del Seminario de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Finalmente, agradezco la ayuda editorial de Diego Rochow y las valiosas observaciones que recibí por parte de dos revisores anónimos contactados por esta revista.

Rocío Lorca es profesora del Departamento de Ciencias Penales en la Universidad de Chile. Es doctora en derecho (J.S.D., 2015) y magíster en teoría del derecho (LL.M., 2010) por la New York University, y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile (2007). Entre sus principales publicaciones se encuentran: 2016. “The Presumption of Punishment.” Canadian Journal of Law & Jurisprudence 29 (2), 385-402; 2013. “Introducción.” en Sobrecriminalización, ed. Douglas Husak, Madrid: Marcial Pons, 9-25; 2012. “Pobreza y responsabilidad penal.” en El castigo penal en sociedades desiguales, ed. Roberto Gargarella, Buenos Aires: Miño y Dávila, 173-204; 2012. “Asesinatos selectivos en la guerra contra el terrorismo.” Anuario de Derecho Público, 2012: 495-514. Correo electrónico: rlorca@derecho.uchile.cl

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