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Revista de derecho (Valdivia)

versión On-line ISSN 0718-0950

Rev. derecho (Valdivia) vol.28 no.2 Valdivia dic. 2015

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502015000200015 

RECENSIONES

 

Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. Informe Final. http://www.consejoanticorrupción.cl/informe, 2015 (110 pp.)1.

Prevención de la corrupción en la planificación territorial (Capítulo I.g.; pp. 49-52)

 


 

1. Introducción

No cabe duda que el diagnóstico señalado en el Informe del Consejo Asesor1, que no es otro que el de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, es acertado. Hay fragmentación en la toma de decisiones, poca participación de los actores sociales en su proceso y poca descentralización. Esto conduce muchas veces a una falta de coherencia en la planificación urbana y a una superposición de atribuciones.

Sin embargo, frente a esta realidad normativa y de diseño de políticas públicas, el Consejo Asesor se limita a realizar tibias recomendaciones en cuanto al perfeccionamiento técnico de los planes reguladores. Cierto es que no le compete recomendar la manera cómo debe hacerse la planificación urbana, pero las propuestas formuladas en el ámbito de su competencia parecen muy escuetas.

El sistema de planificación urbana funciona hoy fundamentalmente en el plano nacional (MINVU) y especialmente local (municipalidades), siendo excepcional la aprobación de planos reguladores regionales (como el de Santiago, en 2011).

En efecto, es la municipalidad respectiva la que se encarga de: 1) La aprobación del plan regulador comunal, pudiendo determinar la mayor cantidad de aspectos relevantes a nivel urbanístico (uso de suelo y coeficientes de constructibilidad, zonificación localización de equipamiento comunitario, estacionamientos, relaciones viales, límites urbanos, etc.) y que determina en gran medida el valor de los inmuebles al interior de la comuna; 2) Los planos y planes seccionales; 3) Los permisos de construcción; y 4) Las autorizaciones especiales. En la práctica, la mayor parte de las atribuciones.

2. Regulación urbana

La recomendación del Consejo Asesor es sumamente insuficiente.

Es ciertamente deseable que en algún momento se pueda producir la unificación de los sistemas de planimetría utilizados para determinar las diferentes materias en que los planos están llamados a jugar un papel ¿fundamental? (propiedad raíz, planificación urbana, concesiones mineras, planes de manejo forestal, estudios de impacto ambiental, etc.), sin embargo, la corrupción en materia de regulación urbana puede ir mucho más allá.

El Informe del Consejo Asesor no se refiere a un aspecto vinculado con la regulación urbana y que tiene gran impacto en ella, amén de ser una puerta a casos de corrupción: se trata del régimen de administración de bienes nacionales de uso público (suelo: calles, plazas, parques, etc. y, subsuelo).

Párrafo aparte merecen los permisos de edificación y las reglas referentes a conjuntos armónicos. Estas materias, que han sido objeto de escándalos recientes, debieran haber sido objeto de la atención del Consejo Asesor, al concederse en ocasiones al margen de la ley, permitiendo construir donde no se puede, y si se puede, más allá de la altura máxima determinada por el plan regulador respectivo, causando así un grave daño a la ciudad y a sus habitantes.

En último término, habría sido deseable la proposición de un aumento sustancial de la fiscalización en el cumplimiento de los requisitos que establece la ley en estas materias, tanto respecto de los privados como de los organismos públicos a cargo (especialmente: Direcciones de Obras Municipales y Municipalidades)

3. Plusvalías generadas por la acción del Estado

Resulta, al menos, curioso que esta parte el Informe contenga sendos votos de minoría.

En esta parte, aunque plenamente aplicable a lo anterior, el Consejo Asesor propone aumentar la participación ciudadana en la modificación o elaboración de instrumentos de planificación, especialmente en su fase de elaboración de proyecto, y extenderla a los planes intercomunales. Ello ciertamente es adecuado y loable.

Hubiera sido deseable, eso sí, plantear maneras de asegurar esa transparencia y posibilidad de participación de los vecinos. Así, podría haberse sugerido establecer medidas de publicidad eficaces, con carácter imperativo, en el art. 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

También hubiera sido deseable hacerse cargo de vacíos o insuficiencias legislativas, en especial dar paso a la corrupción por la vía del abuso de las modificaciones y, especialmente de las "enmiendas" de planos reguladores.

En cuanto a las plusvalías, resultaría del todo aconsejable acelerar las actualizaciones de avalúos, especialmente cuando se produce un cambio de uso de suelo u otra modificación relevante del plan regulador respectivo. Someter el otorgamiento de todo nuevo permiso de construcción a ese reevalúo sería el mínimo exigible. También resulta deseable incorporar nuevas reglas que hagan tributar el mayor valor en la enajenación de dichos inmuebles, si en el tiempo intermedio ha operado un cambio de esta índole al que pueda atribuirse ese mayor valor.

Las propuestas de los numerales 4, 5 y 6 de esta sección son plenamente recomendables. Facilitar la comprensión de los planos no solo mejora la posibilidad de aplicarlos, sino también de hacerlo correctamente y sin arbitrariedades. Un período mínimo de duración efectiva es también necesario, de manera de evitar la incertidumbre de los ciudadanos respecto del valor de su terreno. Acerca de las inversiones de mitigación, es razonable generar un dispositivo eficaz para evitar el burdo subterfugio a la fragmentación de proyectos, y generar mayores medidas de publicidad que permitan una participación efectiva de la ciudadanía. En fin, no toda exigencia previa y establecida sobre parámetros objetivos mínimos es deseable, y en esta parte la recomendación adolece de un cierto grado de indefinición que, esperemos, llenarán los proyectos respectivos.

4. Plazos indefinidos en la práctica

Las recomendaciones relativas a silencio negativo son oportunas, tanto más cuanto pueden generar no solo un retraso en los proyectos, sino su aprobación tácita. La proposición de dar al plazo de vigencia de tres años del permiso de construcción un carácter perentorio es también razonable.

Notas

1 Por la trascendencia de este informe, conocido como "Informe Engel", el Consejo Editorial de la Revista acordó la publicación de las reseñas realizadas por profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y que forman parte de un documento más amplio. Al inicio de cada una de ellas se indica, entre paréntesis, el apartado del Informe al que se refieren y las páginas respectivas.

 

Sebastián Ríos Labbé
Prof. de Derecho Civil

 

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