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Revista de derecho (Valdivia)

versión On-line ISSN 0718-0950

Rev. derecho (Valdivia) vol.31 no.2 Valdivia  2018

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502018000200364 

Recensiones

Recensión

Ángela Moreno Bobadilla a  

a Universidad Central de Chile. Chile

Serrano Gómez, A; Serrano Maíllo, I. ,, Constitucionalidad de la prisión permanente revisable y razones para su derogación. ,, Editorial Dykinson, ,, Madrid: ,, 2016. (, 172p. pp.).

La obra se ocupa de la incorporación de la prisión permanente revisable en el Código penal español de 1995 en la reforma de que fue objeto en marzo de 2015. Se trata de la modificación número 29 de este Código, lo que pone de manifiesto la deficiente política criminal del legislador. Se destaca cómo en los últimos 20 años en la mayoría de las reformas de este texto legal se han incrementado las penas privativas de libertad buscando una mayor prevención general, ignorando -según reiterados estudios criminológicos- que ello tiene escasos o nulos efectos en la disminución de la criminalidad, aunque pueda afectar en algún delito concreto. En el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta las previsibles características de los autores de estos delitos, la nueva pena no aumentaría los efectos de la prevención general.

La incorporación de esta pena ha sido objeto en España de una gran controversia. Por muchos sectores se considera que es inconstitucional. Se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional avalado por casi todos los partidos de la oposición, y ante el Parlamento una proposición de ley para que sea derogada. La incorporación de esta pena ha sido por motivos políticos: ofrecer a los ciudadanos una agravación de las penas para lograr mayores grados de seguridad. Esta es una realidad que se da en muchos países. El momento no parecía oportuno pues la criminalidad en España viene descendiendo en los últimos años.

Los argumentos principales para quienes consideran que la pena es inconstitucional se fundan en el artículo 15 de la Constitución española de 1978: “nadie puede ser sometido a tratos inhumanos o degradantes” y del 25.2: “Las penas privativas de libertad (…) estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.

Con relación al primero de los argumentos, los que sostienen la inconstitucionalidad de la nueva pena se apoyan en el contenido del artículo 3 de la Convención de Roma donde se prohíbe “los tratos inhumanos y degradantes”. A este respecto los autores de la obra que nos ocupa dicen que en Europa hay 33 países que consagran la cadena perpetua, sometida también a sistema de revisión para conseguir la libertad condicional, aunque con aplicación de diferentes normas y garantías. España mantiene uno de los límites más elevados, 35 años. La media de los países se encuentra alrededor de los 20 años, aunque algunos la superan.

Hay otras cuestiones que plantean quienes sostienen la inconstitucionalidad, como que afecta a la igualdad de todos los españoles ante la ley. Este argumento no es válido, pues la pena se aplicaría, sin distinción, a todos los que cometieran el delito respectivo. También se invoca que la pena no es proporcional al delito, lo que tampoco es defendible, pues resulta adecuada a la gravedad de los delitos para los que está prevista. De otra parte, la Constitución no establece ningún límite al legislador acerca de la imposición de penas privativas de libertad y su extensión.

A pesar de que los autores estiman que la prisión permanente revisable es constitucional, consideran que debe ser derogada. El condenado a esta prisión, transcurrido un plazo de internamiento en un centro penitenciario (25, 28, 30 o 35 años) es objeto de un examen del que se ha de deducir que “existe un pronóstico favorable de reinserción

social”. En este caso, como se indicó, se le otorga la libertad condicional. Los problemas surgen si el condenado no supera esta prueba ni otras que se le irán repitiendo cada uno o dos años. En estos supuestos la pena puede terminar siendo indefinida, es decir, de por vida. Estas situaciones no las había previsto el legislador, por lo que es posible preguntarse si desde ese momento se podría vulnerar el artículo 15 de la Constitución.

Hasta aquí la obra trata de justificar la constitucionalidad de la prisión permanente revisable frente a quienes defienden lo contrario. Se comenta la postura de los penalistas y otros que abogan por dicha posición; se cita jurisprudencia relevante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como también algunas sentencias del Tribunal Constitucional español en las que especifica que los tratos inhumanos o degradantes no están en función de la duración de la pena sino en su forma de ejecución: lo fundamental es que sean revisables, “que no sean indefectiblemente de por vida”. Los tribunales españoles conceden la extradición de delincuentes reclamados por otros países donde existen penas semejantes a la prisión permanente siempre que por el Estado solicitante se diga que la pena impuesta, o a imponer, es revisable.

Frente a los argumentos teóricos de quienes consideran que la nueva pena es inconstitucional, los autores sostienen que debe ser derogada. Ello a base de un estudio empírico basado en consideraciones criminológicas y de ciencia penitenciaria, pues la doctrina no aporta datos reales que puedan justificar sus pretensiones, resultando insuficientes los argumentos teóricos vertidos.

Las dos últimas partes de la obra contienen un estudio empírico con internos que estaban en prisión ininterrumpida entre 9 y 23 años. Se llega a la conclusión de que, debido a sus condiciones personales y de comportamiento en la prisión, buena parte de ellos no se resocializarán. Las largas estancias en prisión suelen llevar a estos resultados. Si hipotéticamente todos ellos hubieran sido condenados a prisión permanente revisable buena parte no superarían la primera revisión para quedar en libertad, ni tampoco las sucesivas, con lo que para ellos la pena podría convertirse en indefinida, de por vida. La situación será más difícil para los que en un futuro fueran condenados a la nueva pena.

Los estudios que se exponen en la obra han sido realizados por expertos en prisiones que se ocupan de investigar especialmente la personalidad criminal. Se hace una muestra respecto de dos grupos. El primero con internos en prisión ininterrumpida entre 9 y 16 años. Se evalúan varios factores: jurídico-criminológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociológicos, para llegar a la síntesis criminológica donde se contemplan un diagnóstico del estado peligroso, peligrosidad y pronóstico de comportamiento futuro.

La otra muestra recae en internos que permanecen en prisión entre 9 y 23 años. Es posterior y el estudio de personalidad varía, aunque los resultados son igualmente válidos para los fines perseguidos por la obra. Se valora el área penal y penitenciaria, la sociológica y personal, para llegar a realizar un pronóstico acerca de probabilidad de reincidencia.

Al final de la obra se recogen detalladamente los resultados de los componentes de ambas muestras. En la primera figura el diagnóstico del estado peligroso: capacidad criminal, adaptabilidad social, peligrosidad, pronóstico de comportamiento futuro: datos que facilitan su resocialización y datos que la dificultan. En la mayoría, la capacidad criminal es de media-alta a alta, lo mismo que la peligrosidad; el comportamiento en libertad se presume como dudoso o tendente a desfavorable casi en partes iguales. Para la segunda de las muestras, la probabilidad de reincidencia, si quedaran en libertad, es de media-alta.

Los componentes de ambas muestras suelen ser sujetos complicados, por lo que han sido estudiados por la Central Penitenciaria de Observación, órgano que se ocupa del estudio de la personalidad criminal. Todos habían sido objeto anteriormente de diversas revisiones y no consiguieron acceder al tercer grado penitenciario exigido para optar a la libertad condicional, además de obtener otros beneficios. A las largas estancias en prisión hay que añadir que normalmente carecen de profesión y hábitos laborales, que suele ser escasa su participación en los programas de reeducación, que se han adaptado a la vida y ambiente penitenciario, que buena parte de ellos son consumidores de sustancias estupefacientes, etc. Así pues, cuando queden en libertad tendrán serias dificultades para poder trabajar, tener una vivienda, serán objeto del rechazo social. Muy probablemente, la mayoría de ellos nunca estará en condiciones de reintegrarse en la sociedad para llevar una vida honrada en libertad y, por tanto, lo normal, es que tiendan a cometer nuevos delitos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, dicen los autores que el legislador español parece confiar en que los condenados a esta pena superarán la primera o posterior revisión y alcanzarán la libertad condicional, lo que no será así. Algunos nunca conseguirán quedar en libertad, por lo que la pena para ellos se podría convertir en indefinida, es decir, de por vida, momento en el que podría plantearse si la pena se convierte en inhumana o degradante. Esta es la razón por la que consideran que la prisión permanente revisable debe ser derogada del Código Penal español. Confían que si fueron razones políticas las que llevaron a incorporarla a este texto legal, por similares motivos -más los que se recogen en la obra- será derogada.

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