1. Motivaciones subyacentes al voto en blanco

Entendido el voto en blanco como un no voto, resulta difícil determinar las verdaderas razones que inspiran su emisión. Mas, en literatura, este punto se ha tratado con un notable prejuicio negativo. Por lo general, se ha estimado que el voto en blanco no importa un acto consciente y deliberado del elector, sino el resultado de su apatía, confusión o ignorancia¹². Este prejuicio se enraíza en el modelo downsiano del rational choice, en donde se asume que el comportamiento de los votantes está guiado por sus expectativas respecto de los resultados de la elección y por la consideración de que su voto puede influir en esos resultados. Siendo así, es de esperar que en los procesos electorales los ciudadanos actúen racionalmente y voten por aquel candidato o partido que, a su juicio, pueda proveerles más beneficios que el resto¹³. Dicho lo anterior, las alternativas de comportamiento electoral que razonablemente podrían esperarse de los ciudadanos son dos¹⁴. Primero, que emitan un voto en favor de su candidato o partido preferido. O, segundo, que se abstengan, si es que los candidatos o partidos en competencia les resultan indiferentes. Concurrir al local de votación y emitir un voto que no exprese ninguna preferencia, por contraste, sería un comportamiento electoral irracional¹⁵.

De cara a las crecientes tasas de voto en blanco alrededor del mundo en las últimas décadas¹⁶, el modelo del voto expresivo proporciona una perspectiva diversa. Para dicho modelo, los votantes obtienen un beneficio directo de la preferencia misma que adoptan, con independencia de los resultados generales de la elección¹⁷. Estos beneficios, de acuerdo con las diversas variantes de dicha corriente, pueden consistir en confirmar la identidad personal de su emisor¹⁸, permitir la expresión política de los votantes¹⁹ o canalizar su protesta política²⁰. La ventaja de este modelo estribaría en explicar más satisfactoriamente que el modelo del rational choice por qué algunos votantes concurren a votar y deciden anular su voto o dejarlo en blanco, incluso en sistemas en que el voto no es obligatorio y el costo de la abstención es muy bajo²¹.

En este orden de ideas, el voto en blanco importaría un “voto de protesta”²², distinto respecto de otras conductas electorales no convencionales, como la abstención o la anulación del voto. Quien emite un voto en blanco no se excluye a sí mismo de un proceso electoral en particular ni del sistema político en general, sino que se erige en partícipe de uno y otro²³. Desde ese punto puede distinguirse claramente de la abstención. Por otro lado, quien emite un voto en blanco no expresa preferencia electoral por ninguno de los candidatos o partidos en competencia. En cambio, quien emite un voto nulo expresa una preferencia electoral, pero lo hace incorrecta o ilegítimamente en cuanto no identifica dicha preferencia de manera singular o anónima²⁴. Así, se afirma que el voto en blanco “es un voto que se emite desde la no preferencia (y hasta desde el rechazo) por todas las opciones electorales concurrentes, por todas las candidaturas”²⁵. De aceptarse estas ideas podría incluso decirse que el voto en blanco tiene un valor expresivo más importante que el abstencionismo, pues se adhiere al proceso democrático. El elector se presenta al recinto de votación, soportando todos los costos que ello pueda conllevar, con el fin de enviar un mensaje. Considerando que la alternativa de no ejercer su derecho resulta menos costosa (en términos de tiempo y de dinero) y produce jurídicamente un mismo efecto, es razonable suponer que su decisión es intencional e intencionada. Entonces, ya no se puede considerar que su opción representa un simple “no voto”; antes bien representa un “voto no”²⁶.

2. Argumentos en favor del reconocimiento del voto en blanco

Pese a la ambigüedad que buena parte de los estudios teóricos y empíricos atribuyen al voto en blanco, la concepción de este como un voto de protesta o desaprobación ha impulsado una tendencia en orden a institucionalizarle o reconocerle valor jurídico²⁷. Con ello, se asume, los votantes podrían articular de manera clara y oficial su disconformidad política, eliminando la ambigüedad antes aludida²⁸. El punto no deja de ser interesante, toda vez que implica una relectura de la democracia representativa. Precisamente, este sistema tradicionalmente reposa en la aceptación por parte de los ciudadanos de la papeleta de votación -incluyendo a los candidatos y partidos que figuran en ella- como su principal herramienta de participación. Mas, ante una insatisfacción generalizada con los candidatos tradicionales y el sistema de partidos, la institucionalización del voto en blanco ofrecería un canal para expresar esa insatisfacción utilizando los mecanismos de participación propios de la democracia representativa.

Luego, en segundo lugar, algunos autores afirman que el reconocimiento del voto en blanco fomentaría la participación electoral y disminuiría las tasas de abstención²⁹. Tal afirmación se basa en considerar que la abstención electoral puede estar motivada por la insatisfacción, o incluso hastío, del electorado con las opciones disponibles. Si esa hipótesis resultara ser correcta, una potencial solución sería ampliar el rango de opciones e incorporar entre ellas una opción puramente expresiva que permita articular el rechazo de los votantes hacia los candidatos o partidos en competencia³⁰. Con ello, se atraería a quienes se abstenían previamente de votar, para que concurran a las urnas a emitir un voto en blanco.

Por último, el reconocimiento del voto en blanco es vinculado con un fortalecimiento de la gestión de los partidos políticos y, por consiguiente, del sistema democrático como un todo. Asumiendo que el voto en blanco expresa descontento con las opciones que ofrece la papeleta de votación, su emisión puede ser vista no solo como una suerte de sanción a los partidos políticos³¹, sino también como una importante fuente de información política para estos³². Así, con base en esa información, los mismos podrían mejorar sus campañas futuras, optimizar su capacidad de respuesta frente a las demandas del electorado (responsiveness), transparentar su rendición de cuentas (accountability) e impulsar su autorreforma³³. Todo lo anterior resultaría particularmente cierto en aquellos sistemas en que la opción en blanco, de alcanzar un determinado número de votos, puede significar que un escaño quede vacío, que se invalide el resultado de una elección u que sea necesaria su repetición.

1. Voto en blanco como opción explícita en la papeleta de votación

Teóricamente, como ya se ha señalado más arriba, uno de los rasgos distintivos del voto en blanco es que no da cuenta de una preferencia electoral. En la práctica, por el contrario, el voto en blanco sí puede reflejar una preferencia claramente manifestada. Así se puede observar en aquellos Estados que han optado por incorporar en sus papeletas de votación una opción que permita al elector expresar de manera inequívoca su desaprobación hacia todos los candidatos indicados en la papeleta. Dicha opción se puede enunciar con diversas fórmulas. Algunos ejemplos de estas fórmulas incluyen: “ninguno de estos candidatos” (none of these candidates, estado de Nevada en Estados Unidos)⁴¹, “ninguno de los anteriores” (none of the above, India)⁴² o “voto en blanco” (Colombia). Otra variante consiste en la posibilidad de presentarse en el recinto de votación y expresamente declinar votar (Canadá)⁴³. Si bien, por consiguiente, estas declinaciones no importan la emisión de un voto, ellas son contabilizadas autónomamente, en forma separada a los votos nulos y a las abstenciones.

2. Voto en blanco con efectos electorales indirectos

El siguiente grado de reconocimiento jurídico del voto en blanco consiste en atribuirle consecuencias electorales indirectas, reconociéndole así una validez limitada. Digo limitada, porque en este caso el voto en blanco no suele incidir decisivamente en la determinación de los candidatos que resultarán electos. En lugar de ello, puede tener una influencia en la participación de los partidos políticos en los procesos electorales, cuando menos en tres ámbitos. Primero, en el acceso de los partidos políticos a cargos de elección popular, por lo general -aunque no exclusivamente- legislativos. Segundo, en la asignación de espacios gratuitos de tiempo de propaganda electoral en medios de comunicación de titularidad pública. Y, tercero, en la distribución de recursos públicos para el financiamiento de campañas electorales.

Un ejemplo del primer supuesto puede verse en algunos sistemas electorales que prevén umbrales electorales o cláusulas de barrera, como el argentino. Allí, según el artículo 35 letra c) I del Código Electoral Nacional⁴⁴, los votos válidos pueden ser de dos tipos: afirmativos o en blanco. Son votos afirmativos “los emitidos en las boletas de sufragio que tienen una marca en el espacio correspondiente a una agrupación política”. Un voto se contabiliza como en blanco, en cambio, “cuando la boleta no tenga ninguna marca en el espacio correspondiente para las distintas agrupaciones políticas”. Si bien estos no se consideran para proclamar los ganadores de una elección (donde solo se toman en cuenta los “votos afirmativos válidamente emitidos”⁴⁵), sí pueden ser relevantes para determinar quiénes pueden participar en las elecciones. Al efecto, se establece un umbral de 1,5% de los “votos válidamente emitidos”⁴⁶, entre los que se computan tanto los votos afirmativos como los votos en blanco.

Por lo que respecta al segundo supuesto, una ilustración puede encontrarse en el sistema español. En él, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General⁴⁷, establece un baremo para la distribución del tiempo gratuito de propaganda electoral en medios de comunicación (emisoras de radio y televisión) de titularidad pública⁴⁸. Dicha distribución es hecha de forma proporcionalmente directa al porcentaje de votos válidamente emitidos que cada partido, federación o coalición haya obtenido, entre los que también se contabilizan los votos en blanco. En relación con este punto conviene destacar que la legislación española reputa como tales exclusivamente a los votos que no contienen expresión de preferencia de ninguna clase, mas no a los que contengan algún tipo de marca o alteración⁴⁹.

Finalmente, el sistema colombiano es representativo del tercer supuesto. En Colombia, al igual que en los dos casos anteriores, el voto en blanco también es válido⁵⁰. El punto es relevante porque el Estado debe contribuir al financiamiento de las campañas electorales de partidos y movimientos políticos, así como de movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos a cargos de elección popular. Tal financiamiento asume la forma de un derecho a reposición de gastos de campaña que, en principio, es definido solamente en razón de los votos válidos depositados en favor del respectivo candidato⁵¹. Sin embargo, el derecho a reposición queda excluido en las campañas para Presidente, Alcaldías y Gobernaciones cuando el candidato hubiere obtenido menos del 5% de los votos válidos en la elección⁵². Debido a que para que opere la exclusión del derecho a reposición el porcentaje no se calcula sobre los votos válidos depositados en favor del candidato, sino sobre los votos válidos a secas, debe entenderse que se incluyen también los votos en blanco.

3. Voto en blanco con efectos electorales directos

El último y más alto grado de reconocimiento jurídico del voto en blanco consiste en atribuirle efectos jurídicos directos en el resultado de un proceso electoral. Usualmente estos efectos consisten en impedir que se declare como vencedor al candidato con más preferencias, en la medida que los votos en blanco emitidos superen en alguna proporción a dichas preferencias y obligar a repetir las elecciones. Además, en los ordenamientos que recogen esta modalidad de reconocimiento puede impedirse a los candidatos que participaron en el primer proceso la posibilidad de volver a postularse. De esta forma, los partidos o coaliciones que hayan participado en el primer proceso y que se encuentren habilitados para participar nuevamente en el segundo, deberán presentar candidatos distintos a los anteriores.

A nivel académico, uno de los más célebres ejemplos de la situación aquí descrita puede encontrarse en Colombia. De acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución Política de ese país, “[d]eberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría”⁵³. La misma disposición añade que “[t]ratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”. Ese umbral es de 3% de los votos válidos para el Senado de la República y de 50% del cuociente electoral (que resulta de dividir el número total de votos válidamente emitidos por el número de cargos a proveer) para las demás corporaciones públicas⁵⁴.

Es del caso señalar que en algunos sistemas el voto en blanco puede producir efectos electorales, aun cuando no se le reconozca validez. Así ocurre, por ejemplo, en Perú. Conforme al artículo 184 de la Constitución Política del Perú de 1993⁵⁵, “[e]l Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos”. En tal evento, según el artículo 368 de la Ley Orgánica de Elecciones peruana (Ley Nº 26859)⁵⁶, “las nuevas elecciones se efectúan en un plazo no mayor de 90 (noventa) días”.

La principal diferencia entre el caso de Perú y el de Colombia es que en Perú no existen restricciones respecto de los partidos o candidatos que pueden participar en las nuevas elecciones. Esta diferencia resulta reveladora respecto de la diversa significación que se atribuye al voto en blanco en uno y otro caso. De este modo, en Perú, la inquietud que parece subyacer a los efectos del voto en blanco es asegurar que los resultados de una elección sean efectivamente representativos de la voluntad de la mayoría. Por el contrario, la inquietud subyacente en Colombia parece ser más bien canalizar la disidencia de los electores y traducirla en consecuencias electorales concretas que reflejen fielmente dicha disidencia.

1. El valor del voto en blanco en el derecho nacional vigente

En Chile, el voto en blanco goza de reconocimiento a nivel constitucional y legal. En efecto, la Constitución contempla dos referencias textuales al voto en blanco. La primera se encuentra en el artículo 26 inciso 3º, según este, para efectos de las elecciones de Presidente de la República “los votos en blanco y nulos se considerarán como no emitidos”. La segunda referencia, a su turno, se halla en el artículo 111 inciso 6º, que replica la misma idea respecto de las elecciones de gobernadores regionales. Una y otra norma se reproducen en términos casi idénticos en los artículos 109 y 172, respectivamente, de la Ley Nº 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. En esa misma ley puede encontrarse además la siguiente definición de voto en blanco: “Se escrutarán como votos en blanco las cédulas que aparecieren sin la señal que indique una preferencia por candidato u opción del elector, contengan o no en forma adicional leyendas, otras marcas o señas gráficas”.

Como se puede apreciar, de las disposiciones transcritas se desprende que el ordenamiento jurídico chileno adhiere a la concepción tradicional del voto en blanco, en dos sentidos. En un primer sentido, en cuanto se le considera como un voto no expresado, por no manifestar explícitamente una preferencia electoral. En un segundo sentido, en cuanto se le priva de todo valor jurídico y se le equipara en sus efectos al voto nulo, considerándolo como no emitido.

2. Proyecto de reforma constitucional para reconocer validez al voto en blanco

El 3 noviembre del 2017 un grupo de parlamentarios presentó una moción que “Modifica la Carta Fundamental para reconocer validez al voto en blanco en elecciones populares” (Boletín Nº 11453-07)⁵⁸. El proyecto incorporaría una definición de voto en blanco al artículo 15 de la Constitución, en el que se considerarían como tales “aquellos sin señal que indique una preferencia por candidato u opción”⁵⁹. Además agregaría en el artículo 26 que “[s]i en la elección de Presidente de la República el voto en blanco obtuviere más sufragios que cualquiera de los candidatos, deberá repetirse por una sola vez la votación y no podrán presentarse los mismos candidatos”. En términos análogos, se modificaría el artículo 111 en términos tales que “[s]i en la elección de gobernador regional el voto en blanco obtuviere más sufragios que cualquiera de los candidatos, deberá repetirse por una sola vez la votación y no podrán presentarse los mismos candidatos”.

Del texto del proyecto se desprende que este persigue tres objetivos claves. Primero, diversificar los mecanismos que permitan la expresión institucional de un mayor número de ideas (considerando 1)⁶⁰. Segundo, “permiti[r] la incidencia real de la diversidad de opiniones en torno a la vida en común” (considerando 1). Y, tercero, “permitir la expresión de disconformidad con las alternativas y candidatos sometidos a votación popular” (considerando 6). Con fundamento en estos dos considerandos se puede afirmar que los autores de la referida moción hacen suyas las premisas que a nivel académico justificarían el reconocimiento del voto en blanco, particularmente en cuanto a canalizar el descontento electoral y enviar una clara señal del mismo al sistema político.

3. Análisis crítico del proyecto de reforma constitucional

Como se señaló más arriba, el proyecto persigue que se reconozca a nivel constitucional la validez del voto en blanco y que se le atribuyan efectos electorales directos en las elecciones de Presidente de la República y Gobernador Regional. Sin embargo, “queda delegado en la ley correspondiente determinar los mecanismos específicos de expresión de dicho voto” (considerando 6º). Es así como un análisis crítico de la reforma propuesta requiere hacer una proyección respecto de cuáles podrían ser tales mecanismos específicos y de cómo ellos se conjugarían con otros factores institucionales y políticos. El análisis se centrará en el modo en que la reforma podría incidir en la garantía de pluralismo político, en las tasas de participación electoral y en las expectativas de autorreforma de los partidos políticos, particularmente en las elecciones presidenciales.

a) Pluralismo político

La garantía de pluralismo político (artículo 19 Nº 15 inciso 6º CPR) comprende al menos dos aspectos. En su primer aspecto, ella “exige que los más diversos puntos de vista puedan ser expresados y sostenidos en el discurso público” . Por consiguiente, “comprende la libertad para elaborar ideas, el derecho a difundirlas y a organizarse para llevarlas a la práctica” . Por otro lado, en su segundo aspecto, esta garantía también “considera que todos los partidos, grupos y tendencias políticas pueden buscar hacerse del gobierno” . En este sentido, el Estado debe asegurar a esos partidos, grupos y tendencias políticas la competencia en igualdad de condiciones por el poder, absteniéndose de adoptar medidas que favorezcan injustamente a uno de ellos en desmedro de los otros. Aunque en el proyecto se enfatiza rigurosamente el modo en que el reconocer validez al voto en blanco incidiría en el primer aspecto del pluralismo político, no resulta del todo claro qué impacto podría tener en el segundo

Una variable a tomar en cuenta al discutir las posibles repercusiones del proyecto referentes a la garantía de pluralismo político es el diseño de las papeletas de votación, en términos de la forma en que el votante expresará su voluntad de emitir un voto en blanco. La propuesta de definición de voto en blanco contenida en el proyecto (“aquel[] sin señal que indique una preferencia por un candidato o una opción”) sugiere que la reforma no alteraría el diseño de las papeletas, de manera que no se incluiría explícitamente una opción de voto en blanco. De ser así, se corre el riesgo de interpretar equívocamente las motivaciones de los electores al emitir este voto, considerando la ya referida ambigüedad que encierra el solo hecho de no marcar el voto

En cuanto a la alternativa de incluir una opción explícita, como se ha dicho, ella tendría la ventaja teórica de eliminar la ambigüedad e imprecisión que tradicionalmente se atribuye al mensaje subyacente a los votos en blanco. Gracias a ella podría descartarse, al menos en línea de principio, la posibilidad de que la preferencia expresada por el elector se deba nada más que a su apatía, confusión o ignorancia . Efectivamente, marcar el espacio destinado específicamente al voto en blanco en la papeleta de votación -o presionar el respectivo botón en la máquina de votación, según el caso- parece ser un acto con significación más clara e inequívoca que tan solo dejar de marcarla . Por consiguiente, se robustecería aún más la función expresiva o comunicativa del voto en blanco como instrumento para transmitir a los partidos políticos mayoritarios un indiscutible mensaje de descontento frente a sus propuestas, candidatos o integrantes. Con todo, desde una perspectiva crítica, se ha sostenido que la práctica de incorporar una opción explícita de voto en blanco en la papeleta de votación puede tener un impacto negativo respecto de la garantía de pluralismo político. Por ejemplo, en los países post-Unión Soviética, la lógica subyacente a esta práctica era evitar que el disenso político se canalizara mediante partidos minoritarios . Esto explicaría por qué las estadísticas electorales de países como Ucrania indican que, tras la supresión de la opción del voto “contra todos”, aumentó la votación por aquellos partidos . Por el contrario, en el estado de Nevada se ha observado que la presencia de una opción de voto en blanco no ha disminuido el apoyo por partidos minoritarios . El que la evidencia en este punto sea inconsistente lleva a cuestionar la conveniencia de adoptar una reforma de esta envergadura, sin contar previamente con estudios acerca de las motivaciones de los votantes chilenos para emitir un voto en blanco y del modo en que contar o no con una opción explícita en la papeleta para emitirlo repercutiría en su comportamiento electoral

Una variable adicional a considerar al apreciar el potencial impacto del proyecto de reforma en la garantía de pluralismo político es la existencia de restricciones respecto de los partidos que pueden participar en la repetición de las elecciones. Un primer supuesto sería que en la repetición de las elecciones solo pudieran participar aquellos partidos que superen un determinado umbral en la primera elección. La consecuencia práctica de estos umbrales es elevar el número total o absoluto de votos, a partir de ello se calcularía el porcentaje de votos requeridos para participar en la segunda elección. Dicho de otro modo, al incluir los votos en blanco entre los votos con los que se calcula- rían los umbrales, aumentaría el total de votos a computar y, naturalmente, al aumentar el total cada partido requeriría más votos a favor para poder superar el umbral. Como resultado, disminuirían las posibilidades de participación de los partidos minoritarios y se promovería la formación de pactos electorales o coaliciones, al tiempo que aumentarían las posibilidades de participación de los partidos mayoritarios

Un segundo supuesto, por otro lado, sería que en la repetición de las elecciones pudieran participar todos los partidos que participaron en la primera elección, sin restricciones. En este caso, aunque no opere el umbral, los partidos minoritarios podrían quedar igualmente en una situación de desventaja para presentar una nueva candidatura respecto de los partidos mayoritarios. Tan solo considerando que los aportes públicos a partidos políticos son asignados en función del número de votos válidamente emitidos que estos obtengan y el exiguo tiempo que -presumiblemente- transcurriría entre la primera y la segunda elección, es razonable suponer que levantar una nueva candidatura presidencial podría resultar considerablemente más difícil para esta clase de agrupaciones. Por otro lado, surge la duda respecto del tratamiento que en una eventual reforma se daría a las candidaturas independientes. Si ellas también fueran excluidas de la segunda elección, se vulneraría la garantía de igualdad entre independientes y miembros de partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los procesos electorales (artículo 18 inciso 1º CPR)

b) Participación electoral y expectativas de autorreforma de los partidos políticos

Una segunda línea de discusión se relaciona con el potencial impacto que la reforma tendría, de prosperar el proyecto, en las tasas de participación electoral. Si bien el aumento de estas no es uno de los objetivos declarados del proyecto bajo análisis, en un país con tasas de abstención superiores al 50%, este parece ser un aspecto digno de consideración

De momento, no existe evidencia empírica sólida en torno a la existencia de una correlación positiva entre el reconocimiento del voto en blanco y aumento de las tasas de participación. Si bien existen investigaciones que avalan esta idea (una, en particular, sobre el caso de la India) , otras parecen negarla. Así, por ejemplo, se ha observado que las tasas de participación electoral en el estado de Nevada han disminuido considerablemente con el tiempo, pese a que la opción “ninguno de estos candidatos” se encuentra disponible en las papeletas de votación desde 1975 . Al contrario, se observa que “después una ráfaga de interés por NDEC, los votantes dejaron de usar la opción” . En Ucrania, por su parte, donde el voto “contra todos” estuvo vigente desde 1994 hasta su abolición en el 2012, tampoco se apreció una disminución de las tasas de participación respecto de procesos electorales previos. En lugar de ello se produjo un aumento de la votación por partidos minoritarios . Por último, en una investigación respecto de los resultados de las elecciones generales en España durante el periodo comprendido entre 1982 y 1986 se concluyó que el aumento del voto en blanco era muy superior al crecimiento del censo. A causa de que no había correlación entre la tasa de abstención y el incremento de los votos en blanco, era plausible conjeturar que quienes eligieron la opción en comento no eran necesariamente nuevos votantes que antes se abstenían, sino votantes antiguos que simplemente cambiaron su voto

Ni siquiera en Colombia, donde el voto en blanco tiene influencia decisiva en los resultados de la elección, existe evidencia significativa en relación con este punto. Aunque allí el voto en blanco ha aumentado (e incluso obtenido algunas notables victorias electorales ) desde que se le reconociera validez en 1991, en las últimas elecciones la abstención también ha experimentado un crecimiento considerable . Lo anterior significa que ni siquiera en aquellos sistemas en que el voto en blanco produce efectos electorales directos puede darse por establecida sin más una relación directa entre el reconocimiento jurídico de este y la disminución de las tasas de abstención

Más allá de estos antecedentes, ahora desde un punto de vista teórico, existen buenas razones para cuestionar la idea de que el reconocimiento jurídico del voto en blanco por sí solo pueda conllevar una disminución de las tasas de abstención electoral. Más aún, existen buenas razones para suponer que, lejos de constituir la solución a la crisis de alienación política que aqueja a buena parte de las democracias contemporáneas, la institucionalización del voto en blanco podría terminar por agudizarla. Dichas razones se vinculan con la discrepancia que puede existir entre las expectativas de quienes emiten un voto en blanco en orden a influir en el sistema político y los genuinos efectos que este produce o puede producir

Efectivamente, el reconocimiento del voto en blanco como voto escrutable pero no computable a efectos de adjudicar representación suele encerrar una paradoja que conviene tener presente. Entendido el voto en blanco como voto protesta, podría existir una contradicción entre los fines conscientes que perseguiría el votante con su emisión y los fines que efectivamente podría producir, adulterándose así la genuina voluntad de aquel. Acerca de este asunto, aunque específicamente a propósito del sistema electoral español, se ha dicho que: “aquellos electores que voten en blanco, en realidad, lo que están haciendo -de manera no voluntaria- no es otra cosa que diezmar las posibilidades de terceras formaciones a las que ni siquiera han tenido en cuenta a la hora de formar su decisión, beneficiando de forma muy apreciable a aquellas a las que en verdad sí han decidido castigar”

A mi juicio, esta observación también podría ser válida para la propuesta de reforma al sistema electoral chileno. Y es que el voto en blanco solo es apto para manifestar disenso o no adhesión a los candidatos o partidos en competencia, pero carece de con- tenido propositivo en sí mismo. Este jamás puede adjudicar representación y, por ende, resultar “vencedor”. Aun cuando se repitan las elecciones, tarde o temprano tendrá que conducirse un segundo proceso electoral que sí concluya en la designación de representantes, en el que el voto en blanco ya no podrá tener efectos electorales directos. Por lo demás, un inicial “triunfo” del voto en blanco no evita que los mismos partidos o pactos electorales contra los que se manifestó insatisfacción sigan participando en la repetición de esta. Naturalmente, tampoco evita que esos mismos partidos sigan participando en otros procesos electorales futuros

Para este segundo proceso deberán inscribirse nuevas candidaturas, en un plazo relativamente breve (como referencia, en Colombia el plazo es de diez días corridos contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados por la correspondiente autoridad escrutadora). De ahí que surjan serias dudas respecto de la factibilidad de permitir la participación de la ciudadanía en la designación de los nuevos candidatos, mediante elecciones primarias. Siendo así, cabría conjeturar que los candidatos serán elegidos entre (i) los precandidatos derrotados en los procesos de designación de candidatos oficiales de cada partido o coalición, u (ii) otros personajes ya prominentes de dicho partido o coalición. Cabría igualmente suponer, considerando el potencial impacto negativo de la atribución de efectos electorales directos al voto en blanco en la participación de los partidos minoritarios y de candidatos independientes, que los partidos mayoritarios tendrían una probabilidad más alta de ser los vencedores de todas formas

De ser correctas estas suposiciones, sería poco realista esperar que una eventual implementación del proyecto conduzca a la autorreforma de los partidos políticos o al incremento de su responsiveness frente a las expectativas de la ciudadanía. Antes bien, las reflexiones aquí plasmadas sugieren que el reconocimiento jurídico del voto en blanco, en los términos propuestos en el proyecto, podría favorecer a los partidos mayoritarios y conducir a la preservación del statu quo, en perjuicio de los partidos minoritarios y de las candidaturas independientes

Esta observación no debería causar sorpresa alguna. Al fin y al cabo, como se indicó más arriba, la emisión de un voto en blanco no implica rechazo hacia el sistema democrático en sí mismo. Por el contrario, implica al mismo tiempo rechazo hacia las opciones electorales disponibles en un momento determinado y una adhesión a las formas ortodoxas de participación en democracia. De esta suerte, en cuanto instrumento de protesta política, la emisión de un voto en blanco resulta particularmente débil a efectos de producir cambios estructurales en el sistema de partidos . Por esta razón, aun reconociendo como valiosa la posibilidad de que los votantes dejen en blanco su papeleta con fines puramente expresivos, la propuesta de institucionalizar el voto en blanco y asignarle efectos electorales directos debe ser manejada con cautela