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Revista de derecho (Valdivia)

On-line version ISSN 0718-0950

Rev. derecho (Valdivia) vol.33 no.1 Valdivia June 2020

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502020000100377 

Recensiones

Must we Defend Nazis?: Why the First Amendment Should Not Protect Hate Speech and White Supremacy

Rodrigo Pablo Pérez1 

1Profesor Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

Delgado, Richard. Stefancic, Jean. Must we Defend Nazis?: Why the First Amendment Should Not Protect Hate Speech and White Supremacy. Nueva York: New York University Press, 2018. pp. 165p. ., Escrito por dos de los promotores de los racial critical studies y de la noción de discursos de odio, el libro representa un punto de vista relevante para abordar el debate acerca de la represión del discurso ofensivo,

Él aborda críticamente la jurisprudencia norteamericana acerca de la libertad de expresión, especialmente cuando esta se refiere al discurso ofensivo y a la defensa del derecho de personas que lo usan en detrimento de otros. Se llama a rebalancear la libertad de expresión y la igual dignidad de los seres humanos; valores que son recíprocos y complementarios. Así, se busca dejar de lado el “absolutismo” de la libertad de expresión que prima en EEUU, ya que si bien la libertad de expresión es relevante para la existencia de una democracia robusta, ella no protege la libertad de grupos usualmente marginados que pueden ser heridos y atemorizados por cierta clase de expresiones. Por esto, los autores creen que reprimir estos discursos es constitucional y moralmente correcto.

El primer capítulo, The Harms of Hate Speech, rebate a los que señalan que el discurso ofensivo es “inofensivo” o el precio de una sociedad libre. Expone que los Tribunales han concedido daños cuando las ofensas son perseguidas mediante acciones privadas o tienen lugar en propiedad privada, pero no cuando buscan imponer castigos. Luego, trata de los daños psicológicos, sociológicos y políticos del racismo. Señala que los dichos racistas son medios para discriminar y hacer que las diferencias de raza lo sean de mérito y dignidad humana. El racismo impone estereotipos que las minorías creen; los hace víctimas de enfermedades; empeora la crianza de los hijos, y riñe con la igualdad de todos. Esto es peor en los niños, provocando actitudes hostiles hacia la sociedad o volviéndolos apáticos hacia ella. Asimismo, daña a los agresores, al reforzar formas de pensar rígidas y paranoicas. Por ello, es que abogan por acciones civiles que desalienten estos discursos por medio de la función pedagógica de la ley, al aumentar la conciencia social acerca del mal del racismo.

El segundo, Hate Speech on Campus, da cuenta del debate en las universidades: demandas por safe spaces; estudios étnicos; trigger warnings; regulaciones contra el discurso de odio y las microagresiones, y reconocimiento de los esclavos de la universidad. Esto redunda en códigos de conducta que han sido desautorizados por las Cortes. Aquí se enfrentan dos narrativas, una basada en la libertad de expresión y otra en la igualdad. Los autores consideran ambas válidas y llaman a replantear el problema. Señalan que la sociedad condena el discurso de odio, siendo este solo permitido por el sistema legal; lo que muestra la disociación de este y la sociedad. Así, piden realismo jurídico y demandan la entrada de otras ciencias en el debate legal, denunciando que la jurisprudencia no se ha hecho cargo de los daños de estas expresiones ni del derecho comparado. Concluyen que la separación sociedad-Tribunales se da porque estos últimos no han sabido leer los tiempos actuales, en los que el racismo es menos aceptable que antes, ni las necesidades de los administradores universitarios que buscan un ambiente seguro para todos.

El tercero, Hate in Cyberspace, plantea que, debido al menor control social y dificultad con la trazabilidad de mensajes, internet acumula grandes cantidades de discursos de odio que se mantienen ahí de forma indefinida. Destaca que en EE.UU. no hay regulación específica, pero la responsabilidad extracontractual y criminal, en casos extremos, son una forma de control de la conducta, así como también lo son las regulaciones de los mismos sitios web que han excluido extremistas. Finalmente, muestran cómo internet ha hecho que distintos grupos opositores se conozcan y se tilden mutuamente como hate groups.

El cuarto, Neoliberal Arguments against Hate-Speech Regulations, presenta un cambio en la jurisprudencia que estaría inclinada a castigar más duramente crímenes motivados racialmente. Ante ello, se levantan objeciones paternalistas que dicen que las minorías deberían defender más libertad de expresión. Surgen cuatro subargumentos: permitir el discurso de odio libera tensiones sociales; las reglas antirracistas son aplicadas contra minorías; la libertad de expresión motiva cambios sociales; más expresión es la solución porque el racismo nace de la ignorancia. El primero es desechado por falta de evidencia; el segundo no sería un problema en EE.UU.; el tercero es falso porque las minorías sufren las excepciones aceptadas contra la libertad de expresión; finalmente, responder al atacante puede ser imposible, peligroso o poco efectivo. Señala que la libertad de expresión busca defender a los ciudadanos del gobierno y que en este caso tal peligro está ausente por tratarse de asuntos privados. Concluyen sosteniendo que quienes insultan cometen lo que los griegos llamaban hubris, esto es, el pecado de tratar a los otros como se plazca con la confianza de que se escapará a todo castigo, y que quienes defienden su derecho a ello son, a su vez, culpables del mismo mal.

El quinto, Neoconservative Arguments against Hate-Speech Regulation, califica estos argumentos como negaciones. Ellos serían: regular es inútil, pues no es lo central; las sociedades blancas nunca tolerarán los códigos de expresión; los comentarios racistas permiten entender el problema; la censura victimiza a las minorías; estas regulaciones son clasistas al no ir contra los comentarios racistas elegantes, y los códigos de expresión institucionalizan la censura. Estos argumentos se basan en la idea de una igualdad que no existe. Así, el primero desconoce el daño de estos discursos; el segundo no es real; el tercero ignora que las normas modelan a la sociedad; el cuarto desconoce que estas regulaciones son una vía más para responder, así no imponen un estado de inmadurez; el quinto no toma en cuenta que, usualmente, las expresiones de gente poco educada son más dañinas; finalmente, las limitaciones del hate speech permiten más voces.

El sexto, How Do Other Nations Handle This Problem?, indica que lo único que impide limitar el hate speech en EE.UU. es una concepción dogmática de la Primera Enmienda; el derecho americano está solo en el mundo. Reconocen, en todo caso, que hay países donde leyes contra los discursos ofensivos son mal usadas. Así, la nivelación entre libertad de expresión y su regulación depende de cada sociedad.

El séptimo, A Guide for Activist Lawyers and Judges, combate el absolutismo de la jurisprudencia que protege a los nazis antes que a sus víctimas. Se destaca que libertad de expresión y la igualdad se suponen mutuamente a la vez que se enfrentan, siendo parte del mismo fenómeno: la interpretación de la comunidad. Señala que para modificar la jurisprudencia no se deben enfrentar los paradigmas existentes, sino redefinirlos, centrándose en los cánones de la ley, expresados en cláusulas generales, que deben ser dotados de sentido por el intérprete. Luego, se proponen estrategias: reorganizar la convergencia de intereses, confundir los tropos dando vuelta las estructuras retóricas que funcionan en favor de quienes dominan, denunciar con historias, y apelar al nacionalismo cultural. Las tres primeras buscan que la minoría se una a la sociedad en mejores términos, mientras la última las separa.

Finalmente, The Speech We Hate, aborda el argumento según el cual los discursos que odiamos deben protegerse porque son impopulares, ya que para proteger el centro de la libertad de expresión hay que resguardar sus periferias. Este argumento sería paradójico y carente de mérito. Paradójico porque la protección de la periferia no tiene sentido en este caso, sobre todo porque esos insultos desconocen otros bienes protegidos y silencian a otras personas. Así, debe existir un balance entre derechos. Sobre el mérito, naciones en que la libertad de expresión es fuertemente protegida tienen normas contra el discurso de odio y, a pesar de todo, en EE.UU. han existido persecuciones políticas. Termina abordando el lugar del hate speech en la Primera Enmienda, señalando que, en la actualidad, se encuentra al centro, siendo un medio por el que los grupos privilegiados mantienen su poder. Concluyen que no hay virtud alguna en la defensa del discurso ofensivo.

Sin perjuicio de centrarse en la realidad de EE.UU., el libro presenta una posición importante en un debate que llega a Chile. Por mi parte, adhiero a los autores en la idea del balance de derechos, pero creo tienen dos falencias. Primero, no se hacen cargo de los daños que la censura social que impulsan provoca, e.g. que el 61% de los alumnos norteamericanos no se atreve a opinar en sus universidades.1 Segundo, no se especifica cuál es el discurso que odia, se abordan sin matices situaciones diversas, se niega que expresiones censurables provengan de minorías y hacen depender la ofensa de la interpretación de grupos sociales. Entonces, pareciera que buscan imponer una visión política, que es lo que la libertad de expresión debe impedir para proteger otros derechos.

1 More U.S. College Students Say Campus Climate Deters Speech, Gallup News, 12 de marzo de 2018.

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