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Estudios atacameños

versión On-line ISSN 0718-1043

Estud. atacam.  no.52 San Pedro de Atacama jun. 2016  Epub 11-Abr-2016

 

LA LEY ES UNA MONEDA EN EL DESIERTO1: AGENTES ESTATALES, EMPRESARIOS MINEROS Y CONFLICTOS DE INTERESES EN LA PERIFERIA DEL ESTADO NACIONAL CHILENO: TALTAL, 1850-1900

Milton Godoy Orellana2

2Instituto de Estudios del Patrimonio de la Universidad Arturo Prat. Avenida Arturo Prat 2120, Iquique, CHILE. Email: mgodoy@academia.cl, milgodoy@uchile.cl


RESUMEN

El artículo aborda el proceso de construcción del Estado nacional chileno en la periferia norte del país a partir del análisis de la instalación de agencias estatales. El trabajo se centra en la aplicación de justicia y los problemas existentes en la región para contar con un aparato judicial independiente en un espacio dominado por los empresarios mineros. Para el efecto, se identifican dos períodos; a saber, una fase inicial entre las primeras exploraciones y explotaciones hasta 1870, marcado por el control de empresarios como José Antonio Moreno y otros propietarios mineros que imponían sus intereses particulares en la región; en segunda instancia, el trabajo se centra en las últimas tres décadas del siglo XIX, analizando los problemas de la justicia y la complejización del aparato estatal en Taltal y su hinterland, el que no estuvo exento de problemas similares a los enfrentados en las décadas anteriores a 1870.

Palabras claves: Estado nacional - agencias estatales - empresarios mineros - jueces.


ABSTRACT

The article approaches the process of construction of the national Chilean State in the north periphery of the country from the analysis of the installation of state agencies. The work centres on the application of justice and the existing problems on the region to possess a judicial independent device in a space dominated by the mining businessmen.

For the effect, two periods are identified, namely, an initial phase between the beginning of the explorations and the first developments until 1870, marked by the businessmen's control as Jose Antonio Moreno and other mining owners who were imposing his particular interests in the region; in the second instance, the work centres in the last three decades of the 19th century, analyzing the problems of the justice and the complejización of the state device in Taltal and his hinterland, which was not exempt from similar problems to faced in the decades previous to 1870.

Key words: National State - state agencies - mining businessmen - judges.


INTRODUCCIÓN

"Los malvados pagan sicarios para vengarse. Los mandatarios no se vengan: tienen al verdugo para castigar". Juan V. de Mira, Intendente de Atacama, mayo de 1858.

El atardecer del 26 de febrero de 1858, la septentrional capital de la provincia de Atacama se encontraba efervescente y el gentío repetía detalles de los hechos, ordenados ejecutar por el Intendente provincial Juan Vicente Mira. Aquel día, al igual que en los siglos coloniales, se sometió al escarnio público a José Nicolás Mujica, editor y redactor de El Copiapino, a Rafael Vial y Andrés Moluendo, quienes fueron castigados con doscientos azotes propinados por el verdugo. Éstos habían sido sindicados y acusados, sin juicio previo, como autores de una correspondencia publicada en ese periódico dos días antes, y que el intendente había considerado injuriosa (Mira 1858: 5). Como en siglos anteriores, la azotaina propinada no era una simple punición corporal, era un ejercicio del poder a la manera del ancien régime, frente a la comunidad local. En otras palabras, respondía a la vieja práctica de la ritualización del castigo, que, al ser aplicado en el espacio público, adquiría nuevas dimensiones en términos del control social (Parra 2012:1958).

Los azotes como acción punitiva estaban en desuso desde mediados de siglo y se aplicaban esporádicamente a los autores de hurtos o robos, con preferencia de los sectores populares —resultaban extraños para las elites— como "un instrumento de dominación considerado indispensable" (Grez 2007: 245).

A ojos extranjeros, el contexto político, la situación de la provincia y el actuar de algunos de sus agentes se consideraba expuesto a "abusos extraños", como explicó la prensa internacional el caso del Intendente de Atacama. En efecto, su procedimiento fue catalogado de "insólito" para los testigos nacionales y extranjeros, que entendían su accionar en connivencia con el gobierno central (Annuaire 1858: 847). Dada la gran expectación causada, el presidente se vio obligado a ordenar la remoción del Intendente y someterlo a juicio3, aunque la crítica fue considerarla "una revocación un poco tardía" (Annuaire 1858: 847). No obstante, la defensa de Mira fue alabada por conservadores que la consideraban como una apología de los valores de la familia (Aguilera 1960: 577).

Más allá de lo anecdótico, la importancia del caso radica en que devela una contradicción con el proceso de modernización y consolidación del Estado nacional que, a la sazón, un sector de la sociedad pregonaba. Por cierto, si los hechos analizados con antelación se suscitaban en la capital regional, expuesta a controles, con opiniones disidentes y una prensa consolidada que podía informar a la ciudadanía, ¿qué sucedería en las zonas de avance hacia el desierto de Atacama, donde la presencia de autoridades de las agencias estatales era escasa —en algunos casos nula— y predominaba el poder de los empresarios locales? Es dable pensar que si una autoridad en la capital regional podía ordenar el castigo, sin juicio previo, a la pena de azotes, ¿cuál era el límite de los empresarios que defendían sus intereses en la región de penetración al norte de la capital regional? ¿Existía un Estado que asegurase los derechos eventualmente conculcados de sus habitantes, tales como el derecho a la protección policial o un juicio justo?

Las disquisiciones anteriores conducen a pensar el tema de la presencia estatal y de sus agencias en una región en construcción. Puntualmente, es interesante analizar la relación entre autoridades, jueces locales y el empresariado minero y los eventuales conflictos de intereses o relaciones de clientelismo producidas en una zona minera del Chile decimonónico, debido a que éste es el campo en que se discuten y dirimen temas tan gravitantes como la propiedad y el orden.

Se puede avizorar, a manera de hipótesis, que en parte del período la presencia estatal en los márgenes del norte chileno es una entelequia, siendo los empresarios mineros y sus adláteres los reguladores del orden en la sociedad regional y quienes asumían algunas de las inversiones que el Estado no realizaba. No obstante, esta realidad se modificará durante la segunda mitad del siglo XIX, y puede ser analizada en las fuentes decimonónicas a partir de una densificación de las agencias estatales y una mayor dependencia directa del financiamiento estatal, principalmente, en lo que respecta a la aplicación de justicia y las vicisitudes que esto conlleva.

I. Estado, agencias estatales chilenas y empresarios en el despoblado

Considerando los problemas que implica la definición del concepto de Estado y la dualidad conceptual de explicarlo como expresión del territorio y del aparato administrativo, es posible abordar su estudio en los márgenes — sin intentar soslayar el problema— mediante el análisis de las instituciones con que se manifiesta. Entonces, se puede apelar a las disquisiciones de Pierre Bourdieu para establecer un utillaje conceptual que dé sustento teórico a la comprensión de este proceso formativo del aparato estatal, pues en los espacios marginales de los estados nacionales de Latinoamérica el Estado "se hace haciendo" (Bourdieu 2014: 175) y se construye en la práctica, con la prolijidad que la realidad limitante lo permite. Un planteamiento que corrobora la idea de que el Estado no irrumpe espontáneamente, ni es una creación a partir de un acto determinado, sino resultado de un proceso que instala y consolida una red compleja de atributos en momentos diferentes de su historia (Oszlak 1997: 19).

De esta manera, es posible "leer" el Estado nacional a través de los procesos que van configurando su instalación en la región, procesos en que las agencias estatales juegan un papel fundamental: al desempeñar sus funciones se constituyen en la cara visible del aparato administrativo central. En este sentido, el Estado funge como normativo de las actividades de funcionarios de las agencias que, ocupando un puesto determinado, configuran una red que revierte esta práctica en la reafirmación del Estado que "como la suma de tales puestos se reserva el derecho de ejercer el gobierno sobre una sociedad limitada territorialmente" (Poggi 1997: 36). Por tanto, para la comprensión de su expansión y consolidación en la periferia es posible dimensionar su presencia (o ausencia) mediante estas manifestaciones, a saber, la existencia de un cuerpo de funcionarios que en la región regentan las agencias estatales. Así, podemos analizar desde mediados de siglo la configuración de un burocracia especializada (González 2014: 39) y la densificación de la presencia estatal mediante funcionarios que detentan —al menos en teoría— el poder y la soberanía, aquellas instituciones que se comportan como los brazos que articulan y aplican las políticas del Estado e imponen la ley y el orden, según el diseño proveniente del aparato central. Se diría que este es uno de los sentidos del Estado, en tanto se puede comprender como un conjunto de burocracias "que actúa en consonancia con la efectividad de esos derechos, libertades y obligaciones" (O'Donell 2010: 44).

La historiografía nacional e internacional ha destacado la temprana capacidad del país para generar un Estado constitucional (Stabili 2000: 227), que se explica a través de la unicidad del caso chileno —junto a Brasil— en el contexto latinoamericano, las elites gobernantes, en el decir de Safford, construyeron un temprano y "relativamente fuerte y efectivo" Estado nacional (2013: 161), cuyo extremo es el planteamiento de la historiografía conservadora chilena, que explica este temprano fortalecimiento en el accionar de Diego Portales, "la más alta expresión del genio político de nuestra raza" (Encina 1955: 190).

A contrario sensu de estas construcciones historiográficas, la carencia de presencia estatal en la periferia norte y sur fue notable (Pinto 2003). Así, aunque se plantee con insistencia, y efectivamente exista una mayor consolidación estatal decimonónica, es fácil constatar cómo en los sectores más alejados del centro macrocefálico del Estado nacional decimonónico, éste aparece débil y carente de una efectiva presencia de agencias estatales, tales como juzgados, escuelas, cárceles y policías.

Como sintetizábamos en otro lugar, esto conlleva a visualizar un Estado "poderoso, intimidante y eficaz en las áreas metropolitanas", que en los márgenes de su presencia se le encuentra "más desnutrido e ineficiente" (Bohoslavsky y Godoy 2010: 31). Esta presencia tiende a fortalecerse durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque su reproducción está sujeta a los intereses de las elites locales, que en este caso están compuestas por empresarios y comerciantes que se han enriquecido con la explotación minera y participan del proceso de expansión capitalista primario exportador. Así, es posible identificar un proceso de cooptación de componentes de las agencias estatales proclives a los intereses de estos grupos, que opera mediante la recomendación, el contrato de los funcionarios estatales como empleados de las empresas mineras o a través de la configuración de redes de relaciones sociales de integración del individuo en el habitus de los grupos dirigentes.

Este conjunto de elementos distorsionantes del "deber ser" de la instalación estatal en la periferia está condicionado, entre otros, por la doble centralización existente en las regiones, que ha devenido en una característica principal en la administración nacional. En tanto, los habitantes de los sectores periféricos del país quedan supeditados a Santiago, la capital nacional, y a Copiapó, la capital regional. En este sentido, el despoblado de Atacama fungió como los márgenes de la periferia, un verdadero western norteamericano, un espacio geográfico territorializado con financiamiento privado en base a la concesión de permisos de explotación.

Precisamente, esta característica de tierra de colonización espontánea hace que la construcción del Estado nacional revista particulares características. En la región, durante el período inicial, se carecía de lo que Eugen Weber y Suzanne Berger denominan "un aprendizaje político real", en tanto no se cumplían las condiciones de integración territorial, unificación del mercado y un desarrollo pleno de los medios de comunicación, en que el territorio se comprende como un "lugar de interacciones e indica el grado de integración de las poblaciones rurales" (Pecout 2006:161).

En síntesis, hacia mediados del siglo XIX la región era un espacio —en un primer momento— carente de agencias estatales y regulaciones que no provinieran del empresariado minero, donde, más bien, se estaba frente a una verdadera "tierra de nadie" en que predominaba la ley del más fuerte. En una segunda instancia, existió un cuerpo policial municipal y se instaló un aparato judicial con un juez en cada distrito, aunque en ocasiones éstos no cumplían con los requisitos de efectividad y actuación acorde a la ley, como condición necesaria para el ideal de la "preservación de un orden de derechos" (Salvatore 2013: 15).

Acorde con esto, el estudio de las agencias estatales (policía, escuelas, Registro Civil, etc.) ha sido objeto central en el análisis de la configuración de los Estados nacionales, los que a su vez han estado marcados por fijar la mirada en las agencias judiciales y la sociedad en que se insertan (Bandieri 2013: 10).

En este contexto, existe coincidencia con lo afirmado por Raúl Fradkin, en tanto es dable pensar acerca de la dualidad de, por una parte, la expansión del aparato judicial en coincidencia con el despliegue estatal en la sociedad rural (en este caso, periférica) y, por otra, como el escenario en que se configuran las tensiones de los poderes locales y los sectores subalternos (Fradkin 2009: 84).

Para Chile el tema ha sido analizado considerando, principalmente, el aumento numérico de agencias estatales y sus representantes en regiones que fueron poblándose rápidamente debido a una fuerte expansión minera. La perspectiva cuantitativa se ha usado para explicar el proceso exitoso de expansión estatal a nivel nacional (Ortega 2010: 140-150), aunque evaluar exclusivamente el aumento numérico de los representantes del Estado nacional en las diversas regiones del país no puede revelar el fondo del problema, ni llevar a conclusiones exitistas. Una mejor comprensión de este proceso no debería basarse solo en la visión cuantitativa del problema, sino en pensar cuánto puede servir ésta con relación a los aparatos administrativos de la justicia y su profesionalización, relevancia para la solución de conflictos, ecuanimidad o legitimidad (Palacio 2006: 108).

Las afirmaciones anteriores conducen a repensar, a lo menos, tres elementos concomitantes en la instalación de la burocracia estatal y sus agencias judiciales en Taltal, especialmente en el caso de los jueces de distrito y subdelegaciones, a quienes nombraba el gobernador del departamento a partir de una terna propuesta por el juez de letras. Para la redacción del artículo que lo regulaba, se discutió la posibilidad de que las nominaciones las hicieran los alcaldes o jueces de primera instancia, desechándose la idea debido a que se consideraba el peligro de "exponerse a que teniendo estos vínculos muy fuertes con los intendentes y gobernadores, consultasen en sus propuestas, antes que otra cosa, el color político y la posibilidad de tener agentes seguros para las luchas electorales" (Ballesteros 1890: 155), representando en ello el fantasma del clientelismo. Por cierto, se suponía que los jueces de letras no estarían expuestos a este tipo de influencias, aunque no faltaron los casos en que se nombraron individuos que ni siquiera "figuraban en las ternas" (Ballesteros 1890: 156).

Acorde con lo anterior, cabe preguntarse acerca del origen social, "de clase" de los funcionarios, especialmente de los jueces no letrados, tanto de distrito como de subdelegación, representantes de una institución radical en una región donde los conflictos por propiedades y estacas mineras eran constantes. Los elegidos debían cumplir con una serie de requisitos para obtener el cargo, siendo necesario residir en la subdelegación o distrito, ciudadanos electores y mayores de 25 años (Ballesteros 1890: 146-147), quienes estaban ligados a los círculos de poder económico y político, clase social desde donde provenían los "notables" y mandamases locales que recomendaban a las personas que compondrían la terna de donde se designaría quién detentaría el cargo. Para el efecto se enviaban cartas a las autoridades recomendando individuos con el mismo tenor: "Me permito indicar a V.S. como apto para desempeñar dicho puesto y con tiempo disponible para dedicarle, al Sr. Gumecindo Navarrete. Esta nueva observación, la hago a V.S., calculando que tal vez no tenga a quien nombrar y pudiera aprovechar mi indicación"4. Por cierto, las recomendaciones provocaban la consolidación de las relaciones y redes de amistad, con su consecuente correlato de dones y contra dones. Esto provocaba que las nominaciones se mantuvieran en estrechos núcleos sociales dominantes, que poseían cargos municipales y cuyos representantes llegaban a insertarse en la política nacional y estaban ligados por relaciones económicas, familiares o sociales.

Probablemente, este factor incidió al momento de la redacción del artículo 15 de la ley de 1875 que regulaba y organizaba los tribunales, y definía el perfil de los individuos considerados aptos para el cargo, a quienes detentaran alguna de las profesiones liberales (abogado, médico, ingeniero civil geógrafo o de minas), pues contaban con "un medio seguro de subsistencia que suplen la falta de edad y de renta" (Ballesteros 1890: 150).

Un segundo elemento es que los jueces requerían de un nivel de educación importante, estando limitado el acceso al cargo por el manejo de la lectoescritura, un asunto de vital importancia en una región donde el analfabetismo en la segunda mitad del siglo XIX se mantuvo en niveles muy altos. De hecho, en el período intercensal de 1865 y 1895 —que considera cuatro censos— la variación fue escasa considerando que la población ágrafa descendió del 75,6% al 70%, lo que significaba que tres de cada diez personas sabían leer y escribir (Godoy 2009: 45). Esta variable provocaba que el grupo objetivo del cual se podía contar con eventuales jueces se redujese al percentil del 30% superior, traslapándose con el porcentaje correspondiente a los grupos hegemónicos.

En tercer lugar, se debe considerar el origen del financiamiento —si lo hubiere— necesario para sustentar estos funcionarios. A contrapelo, es posible verificar que en el período es frecuente la presencia, especialmente entre los jueces, de funcionarios ad honorem, quienes laboraban gratuitamente y a tiempo parcial, con un mínimo de una hora al día tres veces a la semana5, beneficiándose del poder simbólico y prestigio social que el cargo les significaba, pues la ley de 1875 establecía que el empleo de juez de distrito era una "carga concejil. En consecuencia deberá servirse gratuitamente" (Ballesteros 1890: 158). No obstante, aunque la condición de cargo ad honorem se ha considerado como dificultosa para reconocer la existencia de un verdadero cuerpo burocrático; en los años iniciales de la república, esta misma situación maximizaba el poder simbólico, honor y poder de quienes eran designados en un cargo público (López 2014: 207).

Por tanto, un funcionario de estas características debía contar con la pecunia suficiente para prescindir del sueldo. De otra manera, es posible preguntarse acerca del origen del dinero que permitía a los funcionarios estatales su manutención. El financiamiento de las autoridades se convirtió en una importante demanda que algunos ciudadanos hicieron sentir, especialmente en el caso de los subdelegados —siendo extensivo a los demás empleados fiscales—, para quienes se solicitaba una renta "que los aparte de todo compromiso"6. Esto conduce a sostener que el origen del financiamiento, más allá de la eficiencia y la eficacia de los jueces, juega un importante papel en la independencia, objetividad y forma parte de los patrones de permanencia en el cargo (Casullo y Perren 2013: 25).

De esta manera, si nombrar un juez en Taltal resultaba difícil, considerando que el puerto era un espacio urbanizado, con comodidades e importancia, donde existían mayores posibilidades de trabajo, cabe preguntarse, ¿cómo era hacerlo para las localidades del interior donde se acrecentaban los litigios? En la mayoría de los casos, las empresas mineras y salitreras eran una de las pocas oportunidades de trabajo que se presentaban, lo que supeditaba a los eventuales candidatos a una dualidad de funcionario privado estatal que la ley prohibía. Tal vez este era uno de los motivos por los que en la pampa era recurrente el abandono del cargo, nombrándose al ciudadano que la autoridad local considerase pertinente, arguyendo que así éste no quedaba "acéfalo por algún tiempo"7.

Las consideraciones anteriormente señaladas conducen a pensar en autoridades comprometidas con quienes pugnaron por la obtención del cargo, configurando una forma de clientelismo y relaciones de dependencia. Un ejemplo que grafica lo anterior es la narración de Arturo Olid, un excombatiente de la Guerra del Pacífico quien, en sus andanzas por la región, consignó un hecho que parece haber sido la conducta media en la relación de los mineros pobres con los empresarios locales. Este fue el caso de Casimiro Pizarro, quien insistió en prospectar el cerro de El Huanaco, donde finalmente dio en 1884 con la veta de oro que llamó Tres Marías, minerales que, al llevarlos a ensayar al establecimiento de Camilo Ocaña, arrojaron 600 onzas por cajón. La riqueza del metal despertó la codicia del comerciante que, sumada a la carencia de capital, llevó a Pizarro a negociar. Según anotó Arturo Olid, el minero le dijo al comerciante: "yo soy pobre, me conviene apoyarme en un hombre rico como usted, que tenga jueces amigos, amigos abogados y amigos litigantes" (La Libertad Electoral, 11 de marzo de 1888), prometiendo entregarle seis barras de regalo si se comprometía a ponerlo bajo su égida y defenderlo de eventuales pleitos.

Bajo estas premisas, es posible visualizar dos etapas claramente definidas en el proceso de configuración del Estado nacional y sus agencias estatales en el sector meridional del desierto de Atacama, región que devino — después de la ocupación de los territorios bolivianos— de frontera a espacio interior del Estado nacional chileno.

II. Justicia en la tierra del "dueño del desierto’’

Una primera etapa de construcción estatal en la región se dio con la irrupción de las explotaciones producidas entre 1840-1870, período en que existió un claro dominio de los entrepreneurs mineros en la administración local. En efecto, no fue hasta mediados del siglo cuando Taltal se convirtió en una zona de colonización espontánea, caracterizado como un espacio de mineros, baqueanos, pirquineros y cateadores que recorrían la región prospectando yacimientos de plata, cobre, guano y salitre. Administrativamente, el norte de Chile estaba integrado a la provincia de Atacama, que fue creada en 1843, cuyo lejano centro administrativo era Copiapó, ubicado a más de 300 kilómetros de desierto del incipiente poblado que se generó alrededor del puerto construido por José Antonio Moreno. Este minero se había instalado inicialmente en la caleta El Cobre (24º5' latitud sur) en precarias condiciones, desde donde administraba sus minas cupríferas, principalmente la mina Placeres, cuya explotación inició con un capital de $30.000, con sesenta mineros establecidos en el lugar (Philippi 2008: 39). Su pecunia se consolidó hacia la década de los sesenta, cuando poseía una extensa red de minas cupríferas distribuidas en el desierto.

La región mostró los primeros visos de transformación con la creación de un puerto en Taltal según una concesión gubernamental que permitió a José Antonio Moreno su instalación (BLDCH 1861: 275), controlando el comercio de minerales, insumos mineros y alimentos con puertos nacionales y del exterior. Moreno se había convertido en un rico propietario —según Vicuña Mackenna, le llamaban el "rey del desierto" (1884: 285)— que concentró el poder, hasta su muerte en 1869, en una región que estaba adscrita territorialmente a la municipalidad de Chañaral, desde donde se hacían esporádicas visitas a la localidad.

Esta medida no hizo más que formalizar en derecho una situación que, de hecho, se venía manifestando desde el período señalado con antelación y que persistió después de la muerte de Moreno, cuando su viuda se casó con Rafael Barazarte Oliva. Esta concentración de poder económico se puede dimensionar en las letras de un articulista copiapino, quien en 1843 escribía en El Demócrata que en el desierto "no hay otra autoridad que la del más fuerte o el brazo despótico y cruel del patrón. [...] Él pues es el gobierno en medio de ella" (El Demócrata, octubre de 1843).

La condición de amo y señor del desierto que detentaba José Antonio Moreno le permitía controlar los flujos del contrabando de mercaderías, negociando al margen de la ley, sin pagar impuestos en el muelle de su propiedad. Esta actividad ilegal fue constatada en agosto de 1860, en una de las esporádicas visitas que las autoridades provinciales realizaron en Taltal, cuando un representante del intendente se apersonó en el puerto a bordo del vapor Maule, donde capturó en el establecimiento de Moreno un contrabando de cuatro fardos "de tabaco habano y uno tarijeño", al que se sumaron dos fardos de tabaco habanero y ochocientos atados de cigarrillos encontrados en el establecimiento de El Cobre, además de un contrabando en El Paposo que debido al aviso que recibieron los administradores de la pronta presencia de autoridades en la localidad no pudo ser aprehendido. Frente a las acusaciones, los administradores señalaron que "habían recibido ese tabaco y otras especies por el vapor Polinesian remitidas por el señor Moreno dueño de los establecimientos y que ignoraban la manera de cómo hayan sido habidos"8 . De hecho, en la región se entendía que el puerto de Taltal "estaba completamente cerrado para otro cualesquiera que el dueño del desierto, como se le llamaba al señor Moreno, de manera que allí no había más trabajo, más industria, ni más poder que el de este mismo" (Donoso 1886: 4).

La condición de autoridad de Moreno se resaltaba debido a que, en el período, en las costas del desierto de Atacama solo existían pequeñas guarniciones de policías en Chañaral, Taltal y El Cobre, las que no alcanzaban a cubrir las demandas de seguridad en la región. A más abundar, y como señalaba el intendente en abril de 1868, este servicio era "muy deficiente" e importantes puntos estaban sin protección alguna debido a la escasa dotación del cuerpo de policía, por tanto la autoridad pretendía introducir algunas reformas "que consulten una mejor organización y un servicio más efectivo y eficaz que abrase todas aquellas localidades del departamento abandonadas hoy a las depredaciones de la gente audaz y sin freno, que se domicilia y frecuenta las poblaciones mineras"9.

La situación se complejizó hacia mediados de la década del sesenta, cuando se produjo la irrupción de un importante número de nuevos exploradores que solicitaban autorizaciones para adentrarse en el desierto en expediciones de "cateo", destinadas a prospectar posibles yacimientos minerales. En 1865, José Santos Ossa resumía los intereses de quienes se adentraban en el desierto con "la esperanza de asegurarse una fortuna" y con la intención de "abrir a nuestro país un nuevo ramo de industria, que a la par que aumentaría su riqueza, le facilitaría los medios de ocupar y poseer tranquilamente el interior del Desierto de Atacama, que hasta ahora está casi inexplorado y en completo abandono"10.

Las exploraciones no se limitaban al interior, puesto que la costa despertaba un gran interés debido a la mayor facilidad para la exportación de los minerales. El mismo año de la carta de Ossa, Juan Velles afirmaba su propósito de realizar una expedición en el litoral desde Taltal hasta Cobija, lo que, a su juicio, tendría un favorable resultado y "tendería a desarrollar el espíritu de empresa y seria el principio de muchas otras. Explorado así aquel extenso y desierto a la vez que rico litoral, sabe V.E. que se abriría una nueva vida para la industria en lugares que hoy en nada casi contribuyen al adelanto general"11.

Como efecto del aumento de las explotaciones, de los trabajadores que se avecindaban y deambulaban por los incipientes poblados de la región, se produjo una demanda de mayor control sobre los sectores populares debido a los perjuicios que "en el norte del departamento acarrean a la industria minera", especialmente las chinganas y los establecimientos donde se vendía licor. La autoridad constataba que en la subdelegación de Taltal:

"Tuve ocasión de notar particularmente los embarazos que encontraba la gente laboriosa para el lleno de sus labores quizás la circunstancia de hallarse acéfala esa subdelegación ha contribuido poderosamente al fomento de una emigración perjudicial bajo todos sentidos. Los dos asientos de minas que en ella existen y que por su misma situación merecen una marcada protección de parte de las autoridades, se han visto repentinamente invadidas por una clase de gente que solo especula con el vicio y la inmoralidad. De aquí ha provenido una perturbación en las faenas que compromete seriamente los intereses de sus dueños"12.

El temor más grande de los empresarios y las autoridades locales era la posibilidad de un alzamiento "cuyas víctimas serán los que tengan algo que perder". Estos motivos llevaron a nombrar una autoridad en la localidad y dictar, el 23 de enero de 1861, un bando y un reglamento de policía para controlar la vagancia y ventas de alcoholes, aunque con infructuosos resultados, informándose que "el celo del subdelegado ha encallado en la falta de fuerza para hacerlas respetar". Como se destacaba, la incapacidad de las autoridades radicaba en "no haber tropa de que disponer", para enfrentar el alto número de personas que, al deambular sin oficio, se representaban frente a la autoridad como "vagos", por tanto, potenciales delincuentes que, a ojos de comerciantes y empresarios mineros, "diariamente amenazan con sublevarse como estoy seguro lo harán al menor requerimiento que se les haga"13.

¿Cuál fue la solución propuesta por las autoridades locales frente al peligro del alzamiento? La respuesta fue la que recurrentemente se usaría en el futuro: apelar al ejército, en efecto, en la ocasión se solicitaba el envío del vapor Maule "o cualquier otro buque de guerra a fin de [...] proteger a las personas industriosas que han aventurado sus capitales en el desierto y a quienes se les debe el descubrimiento de una nueva fuente de riqueza que ha venido a aumentar las entradas del tesoro público"14.

Paradójicamente, las autoridades locales veían el peligro eventual de los sectores populares, solicitando el control directo del Estado nacional mediante las tropas de la armada y, paralelamente, hacían caso omiso del contrabando y conculcación de las leyes por parte de los empresarios mineros.

III. Hacia la consolidación del aparato estatal, 1870-1900

En el último cuarto del siglo XIX, el interior del desierto Taltalino se había poblado con un conjunto de oficinas salitreras, campamentos mineros y placillas que congregaban un importante número de habitantes (Godoy 2015). En la década de los setenta, Taltal, aunque dependiente de Copiapó, se configuró como el centro administrativo regional por antonomasia. La ciudad se constituyó en la plaza de las agencias estatales de mayor importancia, siendo también la base de los principales servicios públicos de la región.

Desde 1876 se iniciaron las inversiones de algunos europeos como Andrés Keating, Alfredo Quaet-Faslem, Jorge Hilliger y los chilenos Daniel Oliva, Vicente Bañados, Manuel Ossa, Rafael Barazarte, provocando con ello mayor afluencia de población. Por tanto, una vez asentados los empresarios, comerciantes y nuevos pobladores, éstos iniciaron las demandas de autoridades y controles para el desarrollo de las actividades económicas.

El mejor referente del aumento de la actividad extractiva y del movimiento portuario fue un conjunto de solicitudes por parte de particulares para la instalación de sus propios muelles, tal como lo hicieron desde 1878 Eduardo Atkinson, Hermann Theobald, Peters y Cía., Compañía Inglesa de Vapores, Daniel Oliva y Berger, Van Buren y Cía.15.

Esta expansión de la capacidad portuaria exacerbó el problema del contrabando y la evasión del pago de impuestos a mercaderías importadas, realidad que persistió debido a los muelles privados dispersos en una extensa bahía y la reducida presencia de empleados de aduana, lo que hacía demandar la construcción de un muelle fiscal que, según las autoridades locales, "salvaría esos inconvenientes y sería un verdadero provecho para el fisco"16. Solo en 1888 la construcción, junto a un edificio anexo, fue adjudicada a Enrique Ravenne, y en 1896 se ensanchó el muelle de ferrocarriles cuando hubo un crecimiento en la producción salitrera (BLDCh 1888: 2399; 1896: 36).

Este aumento en la actividad comercial provocó mayores demandas de controles y se fue acrecentando la dependencia de Taltal del intendente de Copiapó, a quien se le demandaba el aporte de $600 para la creación de un cuerpo de policía ambulante que patrullara el desierto, y se destacaban los inconvenientes que tenían los jueces de distrito, quienes como Nicanor Marambio reclamaban el problema que les presentaba la aprehensión de criminales y remisión de ellos a Copiapó "tanto por la considerable distancia a que reside el subdelegado de muchas oficinas, como no poder contar con recursos ni soldados que pudieran destinarse al fin indicado"17.

Los ejemplos se multiplicaban y manifestaban en solicitudes como las del subdelegado Salvador Reyes, quien, en noviembre de 1884, escribía al intendente de Atacama con ocasión de la creación de los distritos correspondientes a cada subdelegación. La autoridad taltalina destacaba que la demora en la implementación de la nueva división ocasionaba "graves inconvenientes" debido a la falta de administración de justicia "de mínima cuantía"18, resultado de la lentitud en constituirse los distritos donde se nombrarían a los correspondientes jueces.

De la misma forma, desde el interior se hacían recurrentes los llamados de los vecinos para la designación de autoridades. En 1876, Máximo Villaflor escribía al diputado Benjamín Vicuña Mackenna sintetizándole la situación que se vivía en la región: "Cada mineral que se ha descubierto, no ha recibido otra protección de las autoridades que un guardia mal rentado que mire el peso de los minerales y despache la carga en los puertos; un subdelegado o inspector, empleado generalmente de los mismos establecimientos. Que por estos solos hechos se distingue los servicios que prestaran las autoridades fiscales y judiciales"19.

En esta fase se estructuró una actividad más perceptible del Estado nacional en la región. La principal característica de este período es la fundación oficial de Taltal el 26 de junio de 1877 como un poblado con distribución formal de sitios que conllevó la creación del espacio urbano local en un entramado del damero clásico, con once manzanas en un eje norte-sur, siguiendo la línea de costa (BLDCh 1877: 540). Esta creación de un poblado con oficinas para las agencias estatales, espacios públicos y habitacionales aumentó la presencia del Estado nacional, intentando controlar los poderes locales, que sería ilusorio pensar habían desaparecido.

Para el efecto, cabe señalar el ejemplo de la Junta de Minería, institución que se comportó en el período de mayor auge de las explotaciones —aunque no de forma oficialmente reconocida— como un importante financista del aparato estatal, cuando éste no pudo solventar los gastos correspondientes a la administración, fuese por su incapacidad económica o la lejanía de los centros administrativos (Venegas 2008: 90). De esta manera, el dinero de los empresarios mineros mantenía parte de las agencias estatales de la región, beneficiándose de ello diversas autoridades. Consta que en 1865, la Municipalidad de Copiapó financiaba subdelegados de distintas localidades, más tarde pagaba, además, gratificaciones a los oficiales de policía y al piquete de soldados (Rojas 1936: 273).

Es obvio pensar que con el dinero recibido de la Junta de Minería surgió un tipo de funcionarios que tenía algún nivel de compromiso con propietarios de minas, lo que en algunos casos se transformó en una duplicidad de roles, fungiendo como jueces y empleados de las compañías mineras. Por supuesto, resulta escasamente verosímil pensar a estos funcionarios actuando con la objetividad que determinado caso demandaba, aunque la Junta de Minería "no hacía otra cosa que pagar su sueldo a estos empleados, como que está encargada de la distribución de los fondos; pero en manera alguna interviene en el nombramiento, porque esto no puede hacerse sino por aquellas autoridades llamadas por ley a hacer tales nombramientos" (Boletín de la Cámara de Diputados, 1878: 285)

La incapacidad estatal hacía que los particulares asumieran parte del financiamiento que correspondía al Estado, cuyos representantes en la provincia recibían constantes peticiones de intervención. En las localidades alejadas era recurrente la solicitud de auxilio policial debido al hurto de mercancías y, principalmente, vinos y licores. Como ejemplo, en el poblado minero de El Checo, un atribulado comerciante, quien además era el inspector de la localidad, solicitaba protección del juez de distrito frente al recurrente hurto de toneles de vino por parte de los peones mineros, quienes se iban a beber su botín a las afueras del poblado, y al ir a increparlos éstos "le corrieron a pedradas"20. Otra conducta repetida fue el robo de minerales, como en la mina descubridora de placilla Esmeralda, la que fue asaltada por ocho hombres, quienes robaron un saco "de metal rico" y después intentaron apoderarse en el camino de una carreta con metal, razón por la que se telegrafiaba de urgencia a la autoridad provincial insistiendo en que "en el mineral es de todo punto indispensable un juez que se ocupe exclusivamente de su cargo y seis buenos soldados de policía. Otra medida sería inútil, la policía de Taltal es escasa"21.

Así, las demandas tenían una forma de presentación similares al ejemplo anterior en 1881, en el recientemente descubierto mineral de Cachinal de La Sierra, donde según un vecino, había "una población que no baja de 400 almas, y aun no existe ni un inspector ni un guardián, ni nada que pueda infundir respeto al malvado y dar tranquilidad y garantías al individuo pacifico y trabajador" (El Atacameño, 29 de octubre de 1881).

Los reclamos del subdelegado de Taltal a la autoridad provincial se centraban en la cotidianeidad de los hechos punibles que se acrecentaban en los períodos de crisis económicas o en los reveses de la producción salitrera. Un claro ejemplo de lo anterior es la tensa situación producida en el contexto de la aplicación del impuesto al salitre a inicios de la década de los ochenta, cuando el cierre de salitreras y la ola de despidos masivos provocó incertidumbre y preocupación entre comerciantes, empresarios mineros y autoridades debido a la alta presencia de bandidos "ya en el puerto, ya en la mina, ya en las pampas"22. El asunto se exacerbaba con la carencia de autoridades judiciales, según el subdelegado Gregorio de Las Heras: "No habiendo juez de subdelegación ni de distrito en los lugares designados, ni aun en las oficinas del desierto, los bandidos tienen el campo expedito para cometer toda clase de fechorías, y seguros de su impunidad, continuarán con toda libertad en el camino del crimen, si oportunamente no se toman todas las medidas que las circunstancias exigen"23.

La presencia de un Estado nacional más sólido, y las nuevas condiciones económicas que surgían con la Guerra del Pacífico y la incorporación de los ricos yacimientos salitreros de Tarapacá, provocó una alteración en la política impositiva que beneficiaba a los productores salitreros del cantón taltalino, quienes habían gozado de beneficios desde septiembre de 1879, cuando quedaron eximidos por dos años del pago de 40 centavos por quintal exportado (Darapsky 2012: 248). La nueva política salitrera entró en vigencia en septiembre de 1881 (Bertrand 1896: 86-87) provocando un negativo impacto en la producción local. Con ello, se produjo una crisis social local que acrecentó los reclamos y demandas por seguridad; en especial al adentrarse en el hinterland regional, la situación tendía a transformarse, pues como escribió una autoridad local al intendente provincial:

"Estas casas del desierto, Señor, van tomando un efecto tal, que se hace necesario tomar muchas precauciones para aventurarse en él. La gente del desierto, aparte de su proverbial informalidad en todo sentido, es altiva y amenazante una vez en el despoblado, de lo que no carecemos de algún ejemplo. [...]. El ingeniero que, en defensa de la ley y de su persona, hiciera uso de sus fuerzas o de otros elementos a su disposición, se expondría a las siguientes funestas consecuencias: Ser asesinado o herido. [...] Aislado, y sin recursos, el ingeniero y la ley es una moneda en el desierto"24.

Efectivamente, estos parajes distantes de los centros urbanos principales, con vías de comunicación mayoritariamente precarias, se ejemplifican con el caso suscitado en el llamado Pique de las Canchas, ubicado en el camino de Taltal a las salitreras, lugar en que en 1881 se había formado una gran posada "donde alojan muchas carretas. Hay varios despachos que venden licor, se forman ahí muchos desordenes sin haber Juez ni policía"25.

En el lugar se configuró una relación de poder entre los propietarios mineros y los trabajadores sin los marcos legales y político administrativos entregados por el Estado nacional. Como se señalaba con antelación, la administración pública, en general, estaba ligada a intereses particulares o de instituciones como la Junta de Minería de Copiapó, que en la provincia de Atacama aportaba al sostenimiento de las autoridades en algunos de los distritos mineros. De hecho, la importancia de este aporte se evidencia en la preocupación del Ministro de Hacienda al de Interior a propósito de la crisis económica de 1873, cuando informaba que "esta corporación por falta de fondos se ha visto precisada a suspender en su totalidad, o reducir las cantidades con que contribuía al sostenimiento de las autoridades en algunos de los distritos mineros, con graves perjuicio de los intereses de ese departamento"26. Precisamente, el dinero privado solventaba los gastos de funcionarios como subdelegados, profesores, jueces y policías, dejando supeditadas a estas instituciones privadas las agencias estatales existentes en la localidad.

Esta realidad se hacía patente al fin de la década de los ochenta en Aguada de Cachinal, un poblado que se constituye en un buen ejemplo de la situación que enfrentaban los habitantes del desierto con relación a la presencia de las agencias estatales. En efecto, en este lugar, y frente a las carencias institucionales, el español Jerónimo Núñez suplía las deficiencias en los servicios públicos y "era el juez, que dirimía las cuestiones de los vecinos; la casa del godo Núñez era la oficina del correo, buzón, tienda, botica" (Olid 2009: 274) y centro de la política local.

En estas circunstancias, los bandidos campeaban en la región y solían moverse por todo el desierto desde Antofagasta a Taltal. Desde mediados de la década de los setenta, la presencia de bandidos tendió a intensificarse a la par de los nuevos yacimientos, que convocaban a muchos aventureros, haciendo que el robo y el pillaje se acrecentara: "Hoy mismo estamos siendo testigos, con profundo sentimiento, con un poco recelo, con el bandolerismo engrosa y aumenta sus filas y noche a noche, manda y ordena ataques rastreros y solapados contra la vida y la propiedad" (El Eco de Taltal, 16 de Julio de 1881).

Así, es posible identificar períodos con oleadas de robos acrecentados por la construcción literaria que hacía la prensa de imágenes estigmatizadas y estereotipadas de los delincuentes "con una función didáctica y disciplinaria" (Duffau 2013: 80), con la intención de aumentar los controles y justificar el uso de la fuerza. Producto de estos móviles, en la región se construyeron historias de bandidos épicos, tales como el "huaso Toledo" y el famoso Silverio Lazo, apodado "el Chichero", quien era reconocido como el más peligroso bandido de la región, y que con antelación había cometido atracos en Antofagasta. Su reducción solo fue posible mediante la muerte, cayendo el 16 de marzo de 1878 al interior del desierto taltalino con el disparo de la Winchester de Desiderio Ponce, miembro de una partida de captura formada con vecinos de la Municipalidad de Chañaral, la última instancia administrativa del desierto chileno27. La organización de estas guardias de seguridad —también denominadas "partidas armadas"— para perseguir bandidos, eran estimuladas por los empresarios y las autoridades, siendo formadas por vecinos "respetables", que fungían voluntariamente como represores de los bandidos, actuando al filo de la ley al ejercer una suerte de violencia privada aceptada socialmente.

Esta práctica respondía a las necesidades de control e instauración del orden de las elites locales como solución implementada frente a la carencia de policías. El uso de este tipo de represión fue una constante en la construcción de los Estados nacionales latinoamericanos, planteándose como una instancia al margen de la ley e instalando en la práctica una suerte de solución privada al problema del control y a la incapacidad de los estados de imponer el "monopolio legítimo sobre la violencia" (De la Fuente 2014: 35).

En estas condiciones se hace difícil pensar a estos representantes del orden apegados a la ley y la justicia, pues al igual que los bandidos de la pampa, la única norma era la imposición del más fuerte, que en el caso de las guardias de seguridad y policías al interior de Taltal actuaban de hecho como juez y parte para terminar, como escribió un testigo, "en esta localidad con el bandalaje"28, provocando reclamos por sus excesos y altanería con la población de menores recursos29.

Debido a los problemas indicados, al aumento de la población, las demandas de orden y seguridad de empresarios y comerciantes, se solicitó una fuerza policial más poderosa que implicaba contratar a 60 hombres con un financiamiento $25.440 destinados al pago de los policías30.

En la minería latinoamericana del período, era un lugar común la injerencia de las empresas mineras en la policía y en la administración de justicia. En el primer caso, había cercanía y connivencia entre el empresariado local y el Estado como regulador del orden, el control de las borracheras y la regulación de la vida cotidiana mediante un cuerpo policial organizado, financiado y anuente a los intereses de los empresarios, ubicándose sus dependencias al interior de los campamentos o poblados de las empresas (Oporto 2007: 69). Resultado de este accionar fueron las múltiples ocasiones en que con premura se aplicó la represión y la ley sobre los sectores populares levantiscos, el latrocinio menor o la embriaguez. Es importante destacar que el tema de la intensa persecución de la cangalla, hurto y asaltos para la obtención de metales no solo estaba ligada a las pérdidas directas que esto significaba para los empresarios, sino que también se reprimían debido a la autonomía que el dinero obtenido entregaba, aumentando la desproletarización y sumándose "a los obstáculos que imponía a la dominación social capitalista" (Illanes 2003: 54). En este sentido, las acciones de control validaban aquella propuesta axiomática de que una de las principales actividades del aparato de Estado es otorgar seguridad física a los componentes y establecer "un grado de orden social que permita la actividad económica pacífica" (Ingham 2010: 214). Para el caso de la región estudiada, esta función estuvo encargada —hasta su disolución en 1882— al 3° de línea, regimiento que, como otros en el futuro, devenía en el ariete punitivo del Estado para la tranquilidad empresarial. Un segundo elemento de importancia del Estado en su relación con la economía es su condición de regulador y diseñador de pautas legales que hagan respetar los derechos con que se configuran los agentes económicos (Ingham 2010: 215).

En la región estudiada (Figura 1), la principal demanda era de policías y jueces para controlar los problemas recurrentemente denunciados. Éstos se podrían sintetizar en tres tipos de delitos: las pendencias y conflictos entre los peones mineros, el robo de metales y las demandas por propiedad de estacas minas, y los levantamientos, asonadas y motines de obreros. Estos tres niveles del problema del orden tenían otras tantas soluciones. En caso del simple latrocinio, existían algunas autoridades menores que buscaban castigar a los culpables y, cuando se enfrentaba el problema de posibles levantamientos y quiebres del orden social, se recurría a las partidas de persecución y a los escasos policías. Si la situación se llegaba a agravar, cuando se enfrentaba el fantasma de los levantamientos, asonadas o la temida huelga, el empresariado y las autoridades locales apelaban a las fuerzas militares, cuyas acciones punitivas iban dirigidas en contra de los obreros y en aras del orden social, como aconteció en Taltal en 1882 y en la huelga de obreros del ferrocarril en 1888.

Figura 1. Principales poblados y oficinas de Taltal, circa 1900.

Finalmente, el caso que presentaba mayor problema era el robo de metales y las demandas por la propiedad de estacas minas, un asunto particularmente sensible en las zonas donde se aglomeraban las vetas y los mineros que las demandaban.

Quizás el ejemplo que contribuye a elucidar este fenómeno fue el suscitado en Cachinal de La Sierra, lugar en que se había asentado la Compañía Minera de Cachinal, propiedad de Rafael Barazarte —como antes indicaba, casado con la viuda de José Antonio Moreno y administrador de sus propiedades— quien, luego de vender parte de la mina, se convirtió en accionista de la Gran Compañía Arturo Prat (Godoy 2014: 146), empresa con administración en Valparaíso y que explotó este yacimiento argentífero, enseñoreándose en el lugar hasta las primeras décadas del siglo XX.

En el ejemplo analizado es posible constatar cómo los intereses de la Gran Compañía iban en detrimento de las explotaciones circundantes, y su accionar fue un impedimento para el desarrollo de nuevas explotaciones en Cachinal. El principal problema se produjo debido a que la carencia de autoridades en la región obligaba a los mineros carentes de capital a realizar pequeños trabajos, pues no contaban con los recursos para desplazarse desde Cachinal de La Sierra a Copiapó a realizar inscripciones de los pedimentos mineros importantes. Como escribió un minero local, este viaje "por más que se ejecute con economías y privaciones, no importa menos de 50 pesos para unos, y 100 para otros" (El Atacameño, 29 de octubre de 1881). Además, el hacer el viaje implicaba abandonar sus hallazgos y le exponía a que un minero con mayor pecunia llegara antes a la capital de la provincia e inscribiera a su nombre el pedimento.

En enero de 1884, los departamentos de Copiapó y Caldera se dividieron, creándose el nuevo departamento de Taltal e instalándose un juez letrado con un sueldo anual de $3.500 y una gratificación de $500 anuales (Diario Oficial, 17 de enero de 1884). Aun así, los problemas se agravaban debido a la inexistencia de distritos administrativos al interior de la subdelegación, esperados desde agosto del año 1884, año en que cuatro minerales de importancia estaban fuera de la vigilancia de los subdelegados y que permanecía sin autoridad alguna31. Allí se repetía el fantasma del control de la tierra de nadie.

En diciembre de 1892 los vecinos de Cachinal de La Sierra hacían públicos sus reclamos con relación al nombramiento de autoridades desde la capital provincial. Desde su perspectiva, al nombrar las autoridades correspondientes a su subdelegación se privilegiaban los intereses de la Gran Compañía en detrimento de quienes ejercían labores independientes y se desempeñaban como pequeños mineros o comerciantes que proveían de alimentos y suplían las demandas de los operarios y peones de minas. Estos comerciantes se consideraban perjudicados en sus litigios y problemas debido a que los pobladores consideraban que "recayendo los nombramientos de subdelegado, jueces de subdelegación y de distrito, en empleados o personas que dependen de la Gran Compañía, toda cuestión con ella, o que no sea de su agrado, es completamente ilusoria" (La Comuna Autónoma, 12 de diciembre de 1892).

En la localidad estudiada, este fenómeno se manifestó en los juicios o altercados que los pequeños mineros mantuvieron con la empresa, quienes argüían que el principal problema de la propiedad era que el yacimiento estaba constituido por un grupo de minas que se encontraban a poca distancia unas de otras y compartían la misma formación geológica, haciendo que "todos los veneros que lo crucen, contienen criaderos semejantes" (La Comuna Autónoma, 12 de diciembre de 1892), produciendo minerales de similar calidad y características. Como las características y leyes del mineral producido eran semejantes para las numerosas minas explotadas, al momento de la duda frente a un eventual robo, la Gran Compañía demandaba como suyos los minerales extraídos por mineros pobres, quienes, al conducir sus cargas a la estación, se enfrentaban sin mayores trámites a una orden de embargo.

Como los perjudicados no encontraban eco en las autoridades de la localidad, ventilaban sus molestias en los periódicos. En el caso citado, La Comuna Autónoma hacía hincapié en que las autoridades cuestionadas no podían ejercer sus funciones "con la independencia que requieren cargos tan delicados, pues, o proceden según convenga a la compañía o pierden inmediatamente un destino y se encuentran, casi siempre, sin tener con que sostener sus familias o como ausentarse del lugar" (La Comuna Autónoma, 12 de diciembre de 1892). Otra manera de controlar la justicia era mediante la manipulación del juez cuando se litigaba, de modo que, cuando iba a ser notificada la Gran Compañía, se le ordenaba al funcionario de esta empresa que ejercía como juez que permaneciera al interior de la mina durante las horas hábiles, o se le enviaba en comisión a Taltal u otra localidad "de manera que el litigante no encuentra quien le practique la diligencia y tiene que desistir de su causa por muy justa que sea. Si por el contrario, la diligencia le es favorable, ella se practicará inmediatamente aunque traiga las habilitaciones requeridas y la parte será notificada donde y como se halle" (La Comuna Autónoma, 12 de diciembre de 1892).

Acorde con lo expuesto en el texto analizado, todas las autoridades de Cachinal de La Sierra tenían alguna dependencia de la Gran Compañía; por tanto, cuando se presentaba un fallo adverso, ésta recusaba al juez por ser dependiente asalariado de la empresa. Obviamente, si este le era favorable, predominaba el silencio.

El caso de la Compañía Minera Arturo Prat no fue el único. El problema de los jueces se repitió y profundizó en el caso de las demás oficinas salitreras del norte chileno, pues en el primer lustro del siglo XX, en la pampa, los Jueces de Menor Cuantía eran empleados de la empresa y la prensa obrera exigía al Estado el envío de funcionarios que "para dictar sus fallos no se consulten antes con los gerentes de las salitreras" (El Defensor de la Clase Proletaria, 15 de noviembre de 1902). Esta irregularidad se acrecentaba al ser éste un cargo sin remuneraciones estatales. Según la perspectiva de Fernando Ortiz, "era natural que existiendo tal vicio. No existiera la posibilidad de jueces imparciales. Tampoco podía esperarse rectificaciones de los más altos magistrados (Ortiz 2005: 111).

El problema de los jueces y la aplicación de la ley en los sectores populares fue motivo de las demandas de Recabarren, quien, en el mismo período del caso anterior, escribía que en la región esto era "una enfermedad crónica que no tiene remedio dentro del actual régimen judicial. Realmente da pena saber y ser testigo de la conducta que observan los jueces", los que según sus reclamos no tenían respeto por quienes acudían a su presencia, "salvo en los casos en que acuden caballeros de posición" (Recabarren 1906: 5). Esta opinión, más allá de considerarse ideologizada, representa un punto de vista común con lo planteado por Rivas Vicuña, miembro del partido liberal, quien hacía hincapié en que todo el sistema "era absurdo", pues la concesión de cargos debía someterse a reglas diferentes "y no podía influir en las designaciones el color político de los candidatos, sin amenazar por ese solo hecho la independencia e integridad del poder judicial" (Rivas 1964: 324). Por cierto, el partido político y el financiamiento de particulares minaban las posibilidades de objetividad que el ejercicio de la aplicación de la ley requería.

No fueron las únicas autoridades cuestionadas. La crítica se amplió a los subdelegados, y a fines del siglo XIX persistían reclamos contra la carencia de autonomía frente al poder económico que con el paso del tiempo se asentaba en la región. Persistieron, entonces, los reclamos con el mismo tenor, al no respetarse las normas diseñadas para la disciplina de los sectores populares y sus expresiones festivas, especialmente durante el carnaval que se celebraba con borracheras en las chinganas locales, las que, pese a haberse recibido la orden de la gobernación de Taltal de prohibirlas, persistían, y "En la Pampa, donde el subdelegado es un maniquí de un pobre diablo extranjero, fue peor aún", puesto que el subdelegado impidió las diversiones públicas en cumplimiento a la orden recibida, "pero los chinganeros no le obedecieron, patrocinados como estaban por un paisano de García Moreno" (El Derecho, 25 de febrero de 1888).

IV. Conclusión

Como pocos espacios en Chile, la región estudiada presenta una interesante oportunidad de acercarse a la comprensión de la construcción del aparato estatal en la periferia. Si bien es cierto que al iniciarse el período estudiado ésta no constituía una región despoblada, su ocupación era escasa y dispersa en un hábitat desértico, la que se vio engrosada por la paulatina presencia de baqueanos y pirquineros que antecedieron a las partidas de exploración que recorrerían la región palmo a palmo en busca de yacimientos cuproargentíferos. Estas exploraciones dieron como resultado las primeras ocupaciones que se asentaron al alero de las explotaciones de José Antonio Moreno, quien fue hasta los setenta la mayor autoridad con escasa presencia de representantes estatales.

La situación sufrió un severo cambio desde la década de los setenta, cuando irrumpieron los primeros explotadores de yacimientos salitreros, los que, en un corto período, se expandieron en la región y complejizaron la estructura económica y social, demandando mayor seguridad y, con ello, policías y jueces. Para el efecto, se requería de un aparato judicial cuya presencia garantizara alguna objetividad con apego a las leyes, para poder trasvasijar al nivel local —aminorando las presiones de las elites regionales— las directrices manadas desde el aparato central de un gobierno macrocefálico que, instalado en la capital nacional, se reproducía con un símil administrativo en la capital provincial.

Esto último no siempre se logró. Los factores económicos y las redes de poder local minaron el desarrollo de un aparato judicial local que dirimiera eficientemente los problemas de la población del desierto. Como en otras regiones de Latinoamérica, los problemas presentados fueron "en gran parte el fruto de la reacción de la sociedad local al vacío estatal que provocaba esa lejanía" (Palacio 2006: 110).

El conjunto de elementos analizados con respecto al Estado y sus agencias —particularmente en el caso de los jueces— dan cuenta de que el proceso de expansión y consolidación del Estado en la periferia fue paulatino y vehiculizado por el empresariado. Como ha afirmado Jorge Pinto, aunque este proceso de modernización contenía visos de preocupación por lo social y la sociedad en sentido amplio, tropezó y enfrentó el límite que significaban los "intereses económicos de liberales y conservadores, miembros todos de una elite que dispuso de un país para su propio beneficio" (Pinto 2008: 138). Así, es constatable que este país, que en la periferia estaba en construcción a fines del siglo XIX, presentó problemas severos con relación a la autonomía y objetividad de la aplicación de la justicia. Verdaderamente, la pampa de Taltal fue durante gran parte del período "una tierra de nadie", aunque esto también fue resultado de la acción y los intereses de los empresarios, que vieron con buenos ojos la conveniencia de un aparato estatal instalado para su instrumentalización, modelo que resultaba más acorde con sus intereses, en la medida que existieran los controles precisos y necesarios para el desarrollo de su actividad comercial.

Agradecimientos

Esta investigación se ha realizado en el contexto del financiamiento entregado por el proyecto Fondecyt Iniciación N° 11130001 y se inscribe en el programa de investigación del Laboratoire International Associé (LIA) Mines Atacama del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Agradezco los comentarios y aportes de Pablo Artaza, Carolina Valenzuela, Manuel Fernández y Marco Murúa.

NOTAS

1"José Antonio Aris al intendente de Atacama". Copiapó, 15 de julio de 1880. ANHIAT, Vol. 535, s/f.

3José Silva Cruz. "Destitución del intendente". Copiapó, 16 de marzo de 1858. AHMC, Caja N° 4, Carpeta N° 02, Documento s/f; ver también "Contra el ex-intendente de Atacama don Juan Vicente Mira, por haber hecho flagelar a unos ciudadanos", Gaceta de los Tribunales, N° 860, Santiago, 1859, p. 386.

4"Manuel 2° Negrete al Juez Letrado de Taltal". Paposo, 11 de septiembre de 1886. ANHJT, Vol. 408, s/f.

5Art. 27, Instrucciones para los jueces de subdelegación y de distrito, Imp. de la República, Santiago, 1876, pp. 7.

6"Carta de Máximo Villaflor a Benjamín Vicuña Mackenna". Chañaral, 29 de agosto de 1876. Archivo Nacional Histórico Fondo Vicuña Mackenna, Vol. 379, fs. 391-395.

7Amador Chaparrro, "Notas de los jueces de subdelegación y distrito del departamento". Cachinal, 9 de diciembre de 1897. ANHJT, Caja 408, Expediente N° 6.

8"José Antonio Aris al Intendente de Atacama". Caldera, 1 de septiembre de 1860. ANHIAT, V.230, s/f.

9"Memoria del Intendente Atacama correspondiente a 1867". Copiapó, 18 de abril de 1868. ANHIAT, Vol.351, fs. 45-45Y

10"Francisco Puelma en representación de José Santos Ossa". Copiapó, bienio de 1865-1866, ANHMINT, Vol. 158, s/f.

11"Juan Velle al ministro del Interior". Copiapó, bienio de 1865-1866, ANHMINT, Vol. 158, s/f.

12 Federico Puelma, "Reclamo posible desorden en Taltal". Caldera, 23 de febrero de 1861. ANHIAT, Vol. 249, s/f.

13 Ídem.

14 Ídem.

15(BLDCh 1878: 323; 1879: 193; 1880: 337; 1880; 338; 1880: 341; 1880: 179).

16"Juan Letelier al Gobernador de Caldera". ANHMINT, Vol. 780. Taltal, 12 de marzo de 1881.

17"Gregorio de Las Heras al Intendente de atacama". Caldera, 11 de enero de 1881. ANHIAT, Vol. 556, s/f.

18"Salvador Reyes al Intendente Atacama". Taltal, 6 de noviembre de 1894. AHMRA, Vol. 1, s/f. Correspondencia.

19"Carta de Máximo Villaflor a Benjamín Vicuña Mackenna". Chañaral, 29 de agosto de 1876. ANHVM, Vol. 379, fs. 391-395.

20"Al señor Juez Letrado del departamento de Copiapó". Checo, 14 de septiembre de 1893. Archivo Histórico Museo Regional de Atacama. Fondo Grove Vallejo, Correspondencia, s/f.

21"Telegrama al Intendente de Atacama". Taltal, 5 de enero de 1884. AHMRA. Fondo Intendencia de Atacama, Vol. 1, s/f. la cursiva es mía.

22"Gregorio de Las Heras al Intendente". Caldera, 24 de noviembre de 1880. ANHIAT, Vol. 536, s/f.

23 Ibídem.

24"José Antonio Aris al Intendente". Copiapó, 15 de julio de 1880. ANHIAT, Vol. 535, s/f.

25"Subdelegación de Cachiyuyal". Cachichuyal, 6 de Junio de 1881. ANHIAT, Vol. 552, s/f.

26"Suspensión de financiamiento a autoridades por la junta de minería". Santiago, 17 de mayo de 1873. ANHMINT, Vol. 644, s/f.

27"Guillermo Matta al ministro del interior". Copiapó, 13 de abril de 1878. ANHMINT, Vol. 856, s/f.

28"Gregorio de Las Heras al Intendente". Caldera, 24 de noviembre de 1880. ANHIAT, Vol. 536, s/f.

29 Ver El Eco de Taltal. Taltal, 16 de Julio de 1881; ver también El Pueblo. Taltal, 26 de marzo de 1881; El Eco de Taltal. Taltal, 26 de diciembre de 1881; El Eco de Taltal. Taltal, 19 de noviembre de 1888; La Comuna Autónoma. Taltal, 15 de marzo de 1892; La Comuna Autónoma. Taltal, 6 de diciembre de 1895; El Torito. Taltal, 24 de septiembre de 1899.

30 Guillermo Thayer, "Cuadro de la dotación de que debe constar el Cuerpo de Policía de Taltal". Copiapó, 9 de agosto de 1884. AHNMINT, Vol. 1234, s/f.

31"M. Carrera al Ministro del Interior". Copiapó, 14 de noviembre de 1884. ANHMINT, Vol. 1168, s/f.

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Vol. 856, "Guillermo Matta al ministro del interior". Copiapó, 13 de abril de 1878.

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Fondo Vicuña Mackenna

Vol. 379 "Carta de Máximo Villaflor a Benjamín Vicuña Mackenna". Chañaral, 29 de agosto de 1876.

II.    Archivo Histórico Municipal de Copiapó (AHMC)

Caja N° 4/carp. 2, José Silva Cruz "Destitución del intendente". Copiapó, 16 de marzo de 1858.

III.    Archivo Histórico Museo Regional de Atacama.

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Vol. 1, "Telegrama al Intendente de Atacama". Taltal, 5 de enero de 1884. AHMRA. Fondo Intendencia de Atacama; "Salvador Reyes al intendente Atacama". Taltal, 6 de noviembre de 1894.

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Recibido: Octubre 2015. Aceptado: Enero 2016

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