SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 issue63‘That´s how i occupy a place’. Homelessness and the other ways to live the city in Chile and UruguayCultural continuity between the Camanchaco-Chango Paposins families during the XVIII and XIX centuries, through the analysis of the social category of the “aggregate” author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • Have no similar articlesSimilars in SciELO
  • On index processSimilars in Google

Share


Estudios atacameños

On-line version ISSN 0718-1043

Estud. atacam.  no.63 San Pedro de Atacama Dec. 2019

http://dx.doi.org/10.22199/issn.0718-1043-2019-0023 

Historia

Con promesas de libertad. El enrolamiento de esclavos en la guerra de independencia del Perú, 1820-1825

With promises of liberty. The enrollment of slaves in the Peruvian independence war, 1820-1825

Hugo Contreras Cruces1 
http://orcid.org/0000-0001-7467-9093

1 Escuela de Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Santiago, CHILE. Email: hucontrerasc@yahoo.com.

Resumen:

Este artículo estudia el proceso de reclutamiento de esclavos para los ejércitos que combatieron por la independencia del Perú. Este estuvo marcado por las coyunturas del conflicto, y en pocas ocasiones obedeció a un esfuerzo planificado por conseguir nuevas tropas. La voluntad de los propios esclavos por alistarse, las donaciones de sus amos e, incluso, el reclutamiento forzoso hecho por las patrullas de los cuerpos militares en las calles limeñas, fueron los modos en que los siervos llegaron a formar parte del Ejército. Asimismo, las promesas de libertad inmediata o luego de algunos años de servicio también dependieron de las coyunturas bélicas. Entre más contraria fuera la situación militar para los patriotas, de quienes principalmente trata este artículo, más rápido se podía alcanzar la libertad, lo que se reflejaba en los decretos que normaban el reclutamiento de las tropas negras, dando paso a estatus legales diversos, y a continuas disputas con los antiguos amos de los alistados, evidenciadas en largos juicios una vez acabada la guerra y afianzada la independencia del Perú.

Palabras claves: independencia; reclutamiento; esclavos; promesas de libertad

Abstract:

This article studies the enrollment process of slaves for the armies that fought for the independence of Peru. This was marked by the conjunctures of the conflict and in few occasions, it was due to a planned effort for adding new troops. The willingness of the slaves themselves to enlist, the donations of their masters and, even, the forced recruitment made by the patrols of the military corps in the streets of Lima, were how these serfs became a part of the army. On the other hand, the promises of immediate liberty or after a certain amount of years’ service also depended on the wars’ conjunctures. The worse the military situation for the patriots, of whom this article is principally about, the faster liberty could be reached. This was reflected in the decrees that regulated the recruitment of the black troops, leading to diverse legal statuses and to continuous disputes with the once masters of the enlisted slaves, evidenced in long trials after the war was over and the independence of Peru was secured.

Keywords: independence; recruitment; slaves; promises of liberty

Introducción

La presencia de afros y afrodescendientes entre quienes actuaron en los distintos teatros de conflicto americanos es rastreable desde los primeros años de la expansión castellana por el continente. Libres y esclavos formaron parte de las huestes conquistadoras, y aunque su presencia fue escasa, ha sido recogida en la documentación y en la iconografía indiana, así como en algunos estudios (Restall, 2000, pp. 171-205; Valdez, 1996-1997, pp. 79-98). No obstante, al institucionalizarse la defensa indiana por la monarquía y organizarse fuerzas de presidio y algunos ejércitos, como el de la Frontera de Chile, y sobre todo en el caso de las milicias, el privilegio de portar armas recayó solo en los que poseían libertad.

En el caso de las tropas profesionales, en teoría debían estar formadas por “españoles”, así fueran peninsulares o americanos, recibían a todo el que se pudiera reclutar, sin importar demasiado su origen; la presencia de mulatos y otros afros era un tema recurrente, en especial en las cartas de los capitanes generales al rey, para criticar su alistamiento o narrar su deserción.1 En otras oportunidades, en cambio, se reclutaron compañías específicamente formadas por estos, bien para una misión en particular, como la liberación de la ciudad de Portobello y el castillo de Chagres, en la costa del actual Panamá, tomados por los ingleses a fines del siglo XVII (AGI. Lima 298); o siendo parte de una dotación permanente, como la compañía de pardos de la plaza de Valdivia (Guarda, 1952, pp. 164-165). Ese tipo de fuerza segregada era mucho más frecuente en las milicias, en que se estilaba crear compañías y batallones basados en criterios de discriminación etnorracial. Ya es numerosa la historiografía americanista que ha reconstituido su historia, particularmente en el periodo borbón, y aunque todavía queda mucho por trabajar, al menos hoy se sabe que ellas, así fueran de indígenas (Güereca, 2016), negros o afromestizos (Espinoza, 2016, pp. 199-218; Rojas, 2016, pp. 129-163; Llanes, en línea; Bock, 2013, pp. 7-27; Solano y Flórez, 2012, pp. 11-37; Contreras, 2006, pp. 93-117), solo podían formarse por hombres libres y que, efectivamente, para morenos, pardos y zambos el solo hecho de ser miliciano indicaba que no se estaba sujeto a servidumbre.

Todo esto iba a cambiar a fines de la primera década del siglo XIX. Las guerras de independencia casi por primera vez, salvo contadas excepciones como el combate a la rebelión tupamarista (Walker, 2015), vieron formarse grandes ejércitos y abrirse numerosos teatros de operaciones. Batallas, combates y escaramuzas se sucedieron, así como largos acuartelamientos, con su seguidilla de deserciones, lo que provocaba continuas bajas que rápidamente debían ser reemplazadas. Si bien en algunos lugares las bases de conformación de estos ejércitos, no importando si eran realistas o patriotas, fueron las tropas profesionales ya asentadas en ellos, pronto cada gobierno se vio precisado a reclutar nuevos soldados. En el Río de la Plata, Chile y el Perú los esclavos, y en particular los empleados en estancias, chacras y otros establecimientos rurales, fueron alistados obligatoriamente con la promesa de libertad para ellos, y de compensaciones económicas para sus amos (Salinas, 2013, pp. 119-130; Blanchard, 2008; Klachko, 2006, pp. 279-300; Tardieu, 2004, pp. 31-67).

Ambos bandos usaron la fuerza de estos hombres para sus propósitos políticos, quienes, en calidad de libertos o de esclavos del Estado, fueron una parte de los combatientes numéricamente importante, aunque los patriotas ocuparon con mucha más fuerza, y por un tiempo más prolongado, este tipo de tropas. Con alta probabilidad de los primeros que se incorporaron grupal y oficialmente a un ejército, fueron aquellos reclutados por la Comisión de Rescate de Esclavos de Buenos Aires, que en 1813 tuvo la misión de seleccionar a quienes formarían parte del Batallón Nº 6 del llamado Ejército del Alto Perú o del Norte, que partió desde la capital rioplatense para combatir a las tropas virreinales en lo que hoy es Bolivia. Allí encontraron la derrota, y muchos de ellos la muerte o la prisión.2 Más tarde se reclutaron tropas de esclavos en Chile durante 1814, nuevamente en el Río de la Plata para el Ejército de los Andes y para el Ejército Auxiliar del Norte, y también en el Perú virreinal al menos desde 1818 y hasta la caída misma del gobierno limeño tres años más tarde.

La lógica con que se operó en todos estos lugares fue la misma. Levantar unidades cuya tropa y gran parte de sus clases estaban enteramente formadas por siervos o libertos, mientras que la oficialidad desde sargento hacia arriba, así como sus planas mayores, era llenada con oficiales profesionales en lo posible, o con hombres provenientes de los grupos criollos. Esta discriminación etnorracial se mostraba como una solución de continuidad respecto al período virreinal o colonial, con la sola apertura hacia los esclavos en cuanto sujetos de reclutamiento, pero sin variar demasiado en problemas como la propiedad, que de un particular pasaba a la Corona o al Estado, o bien los dejaba en calidad de libertos mientras servían en el Ejército, y ponía como esperanza la promesa de la libertad total.

Este trabajo se centrará en reconstituir el proceso de alistamiento de esclavos durante la guerra de independencia del Perú, particularmente para los ejércitos patriotas encabezados por los generales San Martín y Bolívar, el que involucró tanto a siervos como a sus amos, y a una cantidad importante de unidades militares, no necesariamente de castas. Este proceso tuvo como una de sus características principales, sostenemos aquí, la carencia de una política clara que estableciera de antemano tanto los requisitos y condiciones de la recluta como las obligaciones que debían cumplir los alistados para alcanzar su libertad total. Decisiones que, en definitiva, dependían de las coyunturas y las crisis políticas y militares que debieron enfrentar los revolucionarios antes de que el triunfo de Ayacucho sellara la suerte de las armas patriotas.

Los primeros reclutamientos: voluntariedad y masividad

Antes de embarcarse con rumbo al norte el Ejército Libertador del Perú, formado por tropas rioplatenses y chilenas bajo el mando del general José de San Martín, recibió un conjunto de instrucciones. Estas fueron dictadas por el llamado Senado Conservador de Chile pues, aunque las fuerzas ultramontanas vivían una situación política compleja tras la caída del Estado central de Buenos Aires, constituyéndose prácticamente en un cuerpo militar independiente (Rabinovich, 2012, pp. 205-240), las instrucciones dictadas en Santiago fueron una guía estratégica para todo el Ejército, al menos hasta que las condiciones concretas de su operación dictaran otra cosa.

El Senado fue claro al instruir que una vez desembarcadas las tropas, y antes de entrar en batalla, se evaluara la necesidad de alistar nuevos soldados. Si bien es cierto que las fuerzas invasoras eran veteranas de la guerra de Chile, donde habían combatido por más de dos años, su número y la distancia de sus fuentes políticas y logísticas podían hacerlas fácilmente superables, colapsando rápidamente el esfuerzo militar en que estaban comprometidas. Se necesitaba establecer un centro de operaciones, conseguir alimentos para los hombres y las cabalgaduras y aumentar el número de sus combatientes. Según estas instrucciones, al sumar nuevas tropas se debía cuidar que cada “casta” fuera incorporada en unidades separadas, para evitar roces y atentados contra la disciplina militar. Junto a ello, le indicaba a San Martín que recibiera a todos los “negros”, concepto que en esta ocasión se usó como sinónimo de esclavos, que se presentaran de manera voluntaria, sin dar por entendida su libertad, a no ser que concurrieran gravísimas circunstancias (Colección de leyes, decretos y órdenes publicadas en el Perú desde su independencia en el año 1821 hasta 31 de diciembre de 1830, 1831, t. I, pp. 3-4).

Dicha libertad era una resolución que solo podían tomar las autoridades políticas que se establecieran en el Perú una vez que este fuese “liberado”, y no era resorte del general en jefe decidirla, menos aún si atentaba contra el derecho de propiedad. Ello fue recalcado al disponer que, si sobraban reclutas esclavos, uno o dos batallones de los mismos fueran enviados a Chile, a menos que eso resultara contraproducente para los amos. Lo anterior, puesto que el Ejército Libertador del Perú contaba con una jurisdicción militar limitada y concedida por un gobierno extranjero al territorio donde iba a operar. Esta le permitía actuar en términos bélicos, pero no tomar decisiones políticas que solo correspondían a las autoridades legal y legítimamente establecidas en un Estado soberano, que todavía no existía.

Sin embargo, en septiembre de 1820, una vez que las tropas arribaron a Pisco, los hechos se precipitaron. En un evento recogido por distintas fuentes, numerosos esclavos huyeron de las haciendas aledañas y se agolparon a las puertas del campamento sanmartiniano para unirse a sus tropas (Orrego, 1996, p. 167). Según el diario de operaciones del Ejército Libertador, publicado en la Gaceta del gobierno de Chile, por donde este pasaba se le unían familias de lugareños y negros, mientras que en la hacienda Caucato se escogieron 500 de un total de mil esclavos que acudieron voluntariamente a enlistarse.3 Probablemente, estos venían de las propiedades cercanas. Según las memorias del general William Miller (1912, t. II, p. 40), dicha hacienda contaba con 900 esclavos, muchos de los cuales se habían escapado, tal como lo había hecho su dueño (aunque con diferentes motivaciones), al tener noticia de la llegada de los invasores venidos del sur.

La cifra de reclutados fue posteriormente aumentada a 650, según lo escrito por el propio San Martín al ministro de Guerra y Marina de Chile, número de soldados que conformaba el total del pie de un batallón de la época.4 Según el general, los escogidos eran los mejores hombres de entre muchos más que seguían al ejército los que, en su opinión, luego de algunas semanas de entrenamiento, ya estaban preparados para integrarse a las filas de los batallones de libertos preexistentes, es decir, los batallones Nº 7 y Nº 8 del Ejército de los Andes.5

Tal posibilidad parecía ser largamente esperada, pues ninguno de estos cuerpos había salido con su personal completo de Chile, donde desde 1817 se habían reclutado tanto esclavos como afros libres para reemplazar sus bajas, aunque este alistamiento no había sido suficiente, más todavía para batallones que habían hecho toda la campaña chilena, incluyendo las batallas de Chacabuco y Maipú. Ello conllevaba bajas derivadas de la muerte, la deserción o la invalidez de muchos soldados, como se daba cuenta en julio de 1820, solo unos meses antes de que se embarcaran hacia el Perú.6 Lo anterior hacía más que necesarios los nuevos reclutas peruanos. Es posible que, por el número de los alistados, estos llenaran con creces las carencias a las que se ha hecho mención. Por lo anterior, es muy probable que parte de esos soldados fueran integrados a otros cuerpos, o formaran unidades independientes, como los exploradores a los que hace referencia Miller y que llama “los infernales”, por el color rojo de sus vestimentas (Miller, 1912, t. II, p. 144).

En alguna medida, con el alistamiento de estos primeros esclavos se inauguraba un período de reclutamiento masivo de morenos y pardos esclavos, en particular en las haciendas cercanas a los campamentos del Ejército Libertador. Sin embargo, en una primera etapa dicho alistamiento dependía de los propios siervos, quienes de motu proprio acudían a enrolarse, sin que desde los mandos sanmartinianos se realizaran acciones directas para incentivar su incorporación. En esa oportunidad el general en jefe se limitó a declarar que su intención solo era amparar a los que se presentaran voluntariamente a tomar las armas, y que los dueños tenían derecho a ser reintegrados de su valor una vez establecido un gobierno nacional en el Perú.7 Parecía que, a pesar de la huida de muchos con sus amos, u otros de esconderse en lugares remotos, la cantidad de hombres dispuestos a unirse al ejército cubría con creces las expectativas de los militares sureños.

Una vez instalado el cuartel general en Huaura, un valle costero situado a 150 km al norte de Lima, la situación pareció cambiar. Ya con los pies de los regimientos y batallones completos, era necesario ampliar el ejército y prepararlo para entrar en combate. Este era el mismo pensamiento que parecía rondar en la cabeza del virrey José de la Serna, quien en 31 de enero de 1821 ordenó el alistamiento de 1.500 esclavos de los distritos que se situaban desde Ica hasta Lurigancho; y nombró una junta comisionada para su efecto, a cargo del marqués de Valle Umbroso, y por delegados encargados de dicha tarea en valles como los de Mala y Cañete.8 Estos últimos desplegaron una febril actividad recorriendo las haciendas y sacando de ellas a quienes consideraban útiles para el servicio de las armas, prometiéndoles (como era de esperarse) la libertad casi sin condiciones de tiempo de servicio u otras, o al menos así lo entendieron muchos de los reclutados.

Por su parte, San Martín consideró este decreto un acto de hostilidad imposible de dejar pasar, y el 21 de febrero de 1821 dictó un nuevo bando para el reclutamiento de siervos. Esta vez el general rioplatense afirmó que, aunque tenía la capacidad de “...imprimir en la masa general un movimiento capaz por sí solo de emancipar al fin la América del Gobierno español...”, había guardado ciertas normas para no hacer extensiva la guerra a los civiles ni afectar la economía, pero que la actitud del gobierno limeño exigía una retaliación. Según él, La Serna no medía las consecuencias de sus acciones, que bien podían desencadenar una radicalización de la violencia. De tal modo, decretó que:

[…] todo esclavo que exista en el territorio del Perú, capaz de tomar las armas, queda libre del dominio de su amo, desde el momento que se presente a servir en el Ejército Libertador del Perú, y manifieste su voluntad ante cualquiera de los jefes o comandantes de los destacamentos y partidas avanzadas que dependen de él […]”.9

A renglón seguido reiteró el compromiso de compensar a los amos que perdieran a sus siervos, siempre y cuando estos no fueran hostiles a las fuerzas patriotas, lo que de algún modo recogía la experiencia de los meses pasados, cuando muchos amos habían abandonado sus haciendas llevándose a sus esclavos y haciendo sus propiedades improductivas. También planteaba el problema de la lealtad a la “causa de la patria”, o al menos la prescindencia de opinión política, cuestión que en los meses siguientes sería crucial para definir a quiénes se les podía embargar o secuestrar sus propiedades, incluyendo sus esclavos, y a los que no (O’Phelan, 2014, pp. 179-191; Tardieu, 2004, pp. 31-60).

Por otra parte, tal orden implicaba no solo el reclutamiento en el área inmediata al cuartel general, sino en todo lugar en que se encontraran unidades del Ejército Libertador, incluso tratándose de partidas de exploración, y más aún, una política activa de alistamiento de esclavos. Ello contrastaba con la actitud que se había asumido en Pisco, donde se esperaba que los futuros reclutas concurrieran por sí mismos a enlistarse. Particularmente en el valle de Huaura los oficiales locales nombrados por San Martín, y distintos mandos militares, entre los que destacaron el coronel Miller y el teniente coronel Juan Pardo de Zela (que en el futuro próximo aparecerá constantemente al frente de unidades formadas por afros y afrodescendientes), fueron mandatados para concurrir tanto a las haciendas de la zona como a sus pequeños asentamientos urbanos, con el objeto de arengar a los esclavos para que se incorporaran al ejército. La voluntariedad (al menos del lado patriota, y por el momento) no estaba en discusión.

No obstante, la suerte fue desigual. En algunos casos, como lo ocurrido en el pueblo de Sayán en marzo de 1821, hubo mejor respuesta de los esclavos de las haciendas circundantes, como la de Quipico (donde 18 siervos se sumaron al Ejército Libertador), que en el pueblo mismo. Allí 13 amos y sus esclavos fueron citados, para proponerles a estos últimos su alistamiento. Concurrieron 35 afros, ninguno de los cuales, luego de escuchar el bando en que se les llamaba a filas con la promesa de la inmediata libertad, aceptó hacerse militar, pues según lo que escribió con cierto estupor el gobernador político de Sayán, don Juan Delgado: “[…] me contextaron no podian desamparar a sus amos […]”.10 Tal respuesta estaba, probablemente, motivada por la presión directa de sus dueños, quienes tampoco se manifestaron a favor de donar a alguno de sus esclavos a la causa patriota. Incluso más, los documentos insisten en manifestar que, por un lado, parte importante de los propietarios residentes en los lugares donde el Ejército Libertador se asentó habían abandonado el lugar antes de su llegada, llevándose a su familia y todos los siervos que pudieron reunir; y por otro, que a esta merma había que sumarle el crecido número de afros que habían sido alistados en las tropas reales desde febrero de 1821.

Pero dicho alistamiento también derivó en huidas y deserciones, particularmente en los valles de Cañete y Mala, lugares que habían sido visitados por los comisionados del virrey, y de donde pensaban reclutar un 10% del total de 2.460 esclavos que allí existían.11 No se sabe si se alcanzó la meta de incorporar 1.500 soldados negros al ejército real, ni cuántos abandonaron sus filas durante 1821, en qué punto de su entrenamiento lo hicieron, o si contaban con armas y uniformes al momento de fugarse; pero sí que parte importante de los mismos, lejos de regresar a sus antiguos lugares de servidumbre, optaron por esconderse en parajes remotos, temiendo ser atrapados, pero convencidos de su nueva condición de hombres libres. Frente a ello, y tras la entrada de San Martín a Lima, sus amos exigieron que dichos esclavos fueran capturados, devueltos a sus haciendas, y que se les revocara la libertad decretada por el virrey. En un acto de evidente oportunismo, argumentaron que dicha emancipación había sido decretada por un gobierno cuyas disposiciones eran “despreciables”, sin referirse a su pasada lealtad al mismo, o a su adhesión a los intentos libertarios.

Por su parte, los desertores o una porción importante de ellos optaron por unirse a las filas del Ejército Libertador, para lo cual se presentaron ante algunos de sus oficiales, como el teniente coronel León Febres Cordero, que ejercía la comandancia militar de la costa sur de Lima. Este, en agosto de 1821 informó de esta situación a sus superiores, enfatizando que, pese al reclamo de los amos, quienes manifestaban que estos hombres no podían ser admitidos a filas (pues la ordenanza de 23 de julio de ese año mandaba que todo esclavo que se alistara después del 5 de dicho mes debía ser devuelto a su dueño), tomar una decisión como aquella podía acarrear “[…] graves inconvenientes que resultaran de volver a la esclavitud a unos hombres que han gustado ya de su libertad, máxime cuando se prestan a tomar las armas […]”.12 Razonamiento que, en este como en otros procesos independentistas, fue frecuente entre los oficiales militares que estaban en contacto o a cargo de tropas segregadas racialmente. A lo planteado se le contestó que mandara a Lima a tales desertores, donde serían incorporados en alguno de los cuerpos armados, y que hiciera lo propio con cualquier otro de la misma condición que concurriera ante él.

Para septiembre de 1821 se habían presentado más de 1.500 voluntarios provenientes de los valles situados tanto al sur como al norte de Lima. Se trataba fundamentalmente de esclavos rurales, de los cuales se escogieron 720 para formar un nuevo cuerpo, que recibió el nombre genérico de Batallón Provisional. Este quedó al mando del sargento mayor Santiago Marcelino Carreño, quien no dudó en calificar a sus soldados como una tropa selecta de robustos jóvenes, y a su compañía de granaderos como la mejor del ejército. No obstante, más allá de aquellas impresiones, esta nueva fuerza fue asignada a la división chilena del Ejército Libertador del Perú, con el nombre de Batallón de Infantería de Línea Nº 4 de Chile.13 Sus hombres, como es posible apreciar parcialmente por algunos datos posteriores, fueron reclutados en distintos momentos entre fines de 1820 y el segundo tercio de 1821. Así, por ejemplo, se consigna que el soldado José Vargas, quien era esclavo de don José Sola, y residía cerca del pueblo de Huaral, se alistó el 3 de marzo de 1821 con 14 años; el mismo mes lo hizo José Patrocinio, natural de la hacienda de Huaito, cuyo dueño era el coronel patriota don Domingo Orué, y quien contaba con 20 años al momento de ser reclutado; por último, Domingo Lucume, quien figura como natural de Guinea, se alistó en Huachipa el 22 de junio de 1821(ANHMG. Vol. 56, fs. 253, 293 y 330).

Posteriormente a estos reclutamientos masivos, los únicos posibles de verificar en las áreas rurales se realizaron desde enero de 1822 en el valle de Ica. Entre las tropas que cumplían guarnición en el lugar se encontraba un buen número de afros, distribuidos en distintos cuerpos sin distinción etnorracial, que sirvieron de base para conformar un nuevo batallón de morenos, que en principio recibió el nombre de Primer Batallón de Infantería de Línea del Perú, denominación que más tarde varió al de Batallón Nº 3 del Perú. El oficial encargado de su formación fue el coronel Pardo de Zela, quien rápidamente inició la búsqueda de voluntarios entre los esclavos del valle, logrando en poco tiempo completar el pie de su cuerpo, pues a pesar de lo contradictorio que parezca, la ausencia de los amos y la presencia militar sin contrapeso permitía que los siervos pudieran decidir autónomamente su incorporación al ejército.14

En esta etapa, sin embargo, dicho batallón tuvo corta vida pues formaba parte de la llamada División de Ica, que al mando del general Domingo Tristán se movilizó a pie hacia Pisco. Poco después de partir fue sorprendida y totalmente derrotada por el general realista José de Canterac en la llamada Batalla de Macacona, librada el 7 de abril de 1822, donde de los más de 2.200 hombres del ejército patriota resultaron cientos de muertos, más de mil prisioneros, y el resto de la división dispersada.

Los reclutamientos urbanos: confiscaciones, donaciones y rescates

Mientras eso sucedía en los valles rurales, en Lima no se dictaban medidas específicas para el reclutamiento de los esclavos urbanos, que por las cifras conocidas representaban un importante porcentaje de la población citadina.15 A excepción de aquellos requisados a los realistas que se refugiaron en las fortalezas del Callao, o que siguieron al virrey La Serna en su retirada al Cusco, fueron pocos los siervos incorporados a sus filas al momento de entrar el Ejército Libertador del Perú y en los meses inmediatamente posteriores. Es posible que la recluta de esclavos rurales haya sido suficiente para completar los cuerpos que tenían déficit de personal, o de aquellos que venían en cuadro, es decir, solo con sus cuerpos de oficiales, pero sin tropa, por lo que no hacía falta continuar con el alistamiento masivo (Sobre los esclavos urbanos limeños y sus formas de vida, ver: Hünefeldt, 1979, pp. 17-51; Flores Galindo, 1991, pp. 98-103; Arrelucea, 2009; Arrelucea y Cosamalón, 2015, pp. 43-51; Aguirre, 2005). También hay que considerar que los esclavos del campo eran mejor considerados por los mandos militares pues, según ellos, tenían tres cualidades que (con el entrenamiento adecuado) los hacían excelentes soldados de infantería: estaban acostumbrados a condiciones de laboreo a la intemperie y por largas jornadas, sabían trabajar de manera colectiva, y la disciplina no les era en absoluto desconocida. Aquello era difícil de afirmar en el caso de los siervos urbanos, en particular de aquellos que vivían de modo independiente y trabajando por jornales, o de los domésticos quienes, si bien estaban sometidos al control disciplinario de sus amos, ni la intensidad de sus tareas ni su sujeción cotidiana eran comparables a las sufridas por los que trabajaban en las haciendas azucareras, asociándoselos más bien a la abigarrada e indisciplinada plebe limeña. En tal sentido, Keegan indica que una masa, como podrían definirse los sectores populares urbanos de los que formaban parte muchos de los esclavos limeños, así como parte importante de los negros, mulatos y zambos libres, es la antítesis de un ejército; definiendo a esta como una reunión humana animada por el capricho y emocionalmente inconstante. Una fuerza militar, en cambio, es animada por la disciplina, cuestión que probablemente era muy difícil de inculcar a estos esclavos, cuya independencia cotidiana, a pesar de la servidumbre, marcaba de modo importante sus vidas (Keegan, 2013, pp. 185-186).

En lo referido a los esclavos cuyos dueños habían escapado o se habían refugiado en las fortalezas del Callao, San Martín dictó un decreto fechado el 12 de agosto de 1821, mediante el cual ordenó que los apoderados de los huidos manifestaran ante el conde de San Isidro sus esclavos, so pena de una onerosa multa; asimismo, concedió la libertad a los siervos que se presentaran voluntariamente al ejército dentro de los tres días siguientes a la publicación de esta ordenanza.16 Posteriormente, el 17 de noviembre de 1821, el Protector ordenó que todos los esclavos pertenecientes a españoles o americanos que hubieran decidido irse a Europa concurrieran ante el presidente del departamento de Lima, para que se les diera “un boleto de seguridad” que acreditaba su libertad, pero no completamente, sino del dominio de sus antiguos amos, pasando ahora a pertenecer al Estado. En el caso de las mujeres, y los varones que no pudieran cargar armas, el presidente departamental los destinaría a algún empleo útil, que bien podían ser las obras públicas o la atención de los heridos en los hospitales militares. Mientras tanto, los varones de 15 a 50 años y que no tuvieran impedimentos físicos serían destinados al ejército. Sin embargo, y en un cambio de giro respecto de decretos anteriores que, según Tardieu (2004, pp. 35-36) era esperable, pues en lo referido a las iniciativas que implicaran la libertad de los esclavos, aunque solo beneficiara a algunos, el gobierno de San Martín acostumbraba a ceder ante las presiones de la élite, estos reclutas solo alcanzarían su libertad luego de tres años de servicio continuado.

Tal forma de reclutamiento no era novedosa. Ya se había usado en el Río de la Plata durante los primeros años de la revolución, y en Chile a partir de 1817. Al igual que en el Perú, esta era una medida que se había tomado casi inmediatamente después de que se formaron los gobiernos revolucionarios en las capitales. Ella suponía la huida o el apresamiento de los realistas, al mismo tiempo que la imposición de una sola lealtad, expresada en la apropiación de sus bienes y de sus esclavos, transformando a estos últimos, ipso facto, en servidores de la patria. Si quedaban partidarios del rey, lo eran a escondidas, y quiénes mejor que sus esclavos para denunciarlos, como en agosto de 1821 lo hicieron, a modo de ejemplo, los zambos José Lino Fracia y María Petronila Velasco. Estos se dirigieron a las autoridades exponiendo que su ama, doña María Isabel Cavero, dueña de la hacienda Santa Elena en Trujillo y hermana del conde de Bellavista, había “[…] fugado de esta patria al Callao, siguiendo las banderas del rey […]”,17 lo que les valió su libertad una vez comprobado el hecho, aunque posteriormente Cavero pudo demostrar que su supuesta huida no había sido tal y recuperó sus bienes, pero ambos zambos quedaron fuera de su control.18

Con posterioridad se dictaron nuevos decretos que afectaron principalmente a los esclavos de los españoles solteros que se quedaron en Lima, los que fueron expulsados del Perú. Sus siervos, en tanto, fueron declarados inmediatamente libres. Ello, si bien suponía su libertad jurídica, en la práctica no era totalmente efectiva, pues los varones de entre 15 y 50 años, que fueran aptos para el servicio militar, debían tomar obligatoriamente las armas; mientras que las mujeres, y los hombres que escapaban de aquellas edades, o que tuvieran una incapacidad que les impidiera reclutarse, tenían que presentarse ante el presidente departamental, quien les destinaría a “[…] una ocupación útil según su edad y sexo”.19

Parte importante de las incorporaciones de esclavos durante la segunda mitad de 1821 y en el año siguiente se hicieron a través de donaciones voluntarias de sus amos, las llamadas “oblaciones”, término que hace relación al sacrificio que significaba desprenderse de algo valioso. Nuevamente, esta forma de reclutamiento no era novedosa. Ya se había usado en el Río de la Plata desde 1813 en adelante, y en Chile entre 1817 y 1819, de manera similar a como se implementó en el Perú dos años más tarde. Es decir, se donaba generalmente un esclavo, y muchas veces, se incluía la expresa petición del amo para que este sirviera en un cuerpo en particular, las mismas que a modo de agradecimiento eran publicadas en la Gaceta del Gobierno, o en el periódico que sirviera como diario oficial en el momento.

En la medida en que estas donaciones eran individuales, y que no estaban formalizadas mediante un protocolo en particular, es imposible saber el número de esclavos donados en el período. Asimismo, es complejo seguir su carrera militar, cuestión que no es menor, pues su posterior libertad dependía de la forma en que el esclavo se había incorporado a la lucha, o del decreto que adujera para su reclutamiento, además de su permanencia en ella por un tiempo determinado. Lo que queda claro es que en la medida que la iniciativa de su reclutamiento no había partido de sí mismos, difícilmente podrían acogerse a alguna de las disposiciones que les ofrecían libertad. Al igual que aquellos requisados a españoles, solo se producía una variación de su dependencia legal, puesto que cada oblación no era sino un traspaso voluntario de propiedad desde un particular al Estado a título gratuito, y sin derecho a compensación posterior.

Así, a fines de enero de 1822 la Gaceta publicó, escuetamente, que: “[…] Don José de la Fuente y Murga ha cedido a beneficio del estado el único esclavo que tenia llamado José Antonio Murga […]”,20 mientras que una semana después se consignaba que “[…] Doña Mercedes Herrera de Otero ha hecho donacion al estado de un esclavo para que sirva en el ejército; y Su Excelencia el Supremo Delegado despues de manifestarla su gratitud, ha resuelto se publique en la gaceta este rasgo patriotico […]”21

Publicación que se constituía en la única recompensa concreta a los donantes. No obstante, en la medida que esta era pública, y se difundía en el órgano oficial del gobierno, desde el punto de vista de la representación, situaba a quien oblaba como un sujeto decididamente patriota, dispuesto a sacrificarse por la causa y desprenderse de uno de sus mayores bienes: un esclavo, que contribuía a su sustento tanto como a su prestigio.

Pero, al parecer, no todo se podía resumir en una generosidad patriótica desinteresada, pues no faltaron casos de amos que oblaron esclavos que ya estaban sirviendo en las fuerzas armadas. Así fue la donación de don José María Galdiano, quien: “[…] ha cedido a beneficio del Estado un esclavo de su propiedad llamado Mateo Mendoza, el cual se halla de asistente del capitan de granaderos a caballo don Sixto Veas[…]”,22 lo que si bien regularizaba la situación legal del siervo, en la medida que este ya se había perdido para su amo, su donación podía representar la única ganancia que Galdiano era capaz de rescatar, pues al menos hasta ese momento, la gran mayoría de las peticiones de amos por recuperar esclavos fugados (como parecía ser el caso de Mendoza) eran negadas por la autoridad, en virtud de las urgencias de la guerra.

También podía suceder que se donaran esclavos que, por sus muchos años o por sus condiciones físicas no eran aptos para tomar las armas, como sucedió en el caso de Salvador Dueñas, un albañil de avanzada edad (cedido por don José Antonio Riquero) el que, ante la imposibilidad de integrarlo a algún regimiento, fue remitido al presidente del departamento de Lima para ser empleado en las obras públicas.23 Por su parte, doña Isidora de las Bárcenas donó a Miguel, un niño de 10 años, cuya única alternativa de incorporarse al ejército era en calidad de tambor, sin embargo, por su corta edad se decidió que quedase en custodia de los administradores del tesoro público, para luego ser vendido a beneficio fiscal.24

Es complejo explicar tales oblaciones, sin embargo, no es posible descartar que se hayan debido a la posibilidad de deshacerse de un esclavo problemático,25 muy viejo o demasiado joven; o bien, que ciertos amos, rendidos ante la contundencia de los hechos, como José María Galdiano, hayan decidido dejar ir a sus esclavos ya enrolados, probables reclamadores de libertad y, junto con ello, rescatar algo de prestigio, y mostrar su lealtad. Esto, si bien no significaba dinero, era una compensación que en un momento de crisis servía para poner a los donadores más cerca de los nuevos administradores del poder en el Perú, lo que no era en absoluto menor en una sociedad que todavía funcionaba con lógicas clientelares, redes de influencia, y donde lo “público y notorio” era uno de los elementos que marcaban las relaciones políticas y sociales.

Mientras las donaciones se sucedían, el gobierno decidió institucionalizar el proceso de reclutamiento de esclavos. Incluso, cuando la suerte de las armas había sido desigual para los patriotas, que habían tenido pequeños triunfos en las llamadas Campañas de los Puertos Intermedios, pero grandes derrotas en las batallas de Torata y Moquegua, donde se había perdido la casi totalidad de la fuerza expedicionaria. Esto hacía necesario contar con ciertas seguridades para completar los pies de los regimientos existentes, o levantar nuevos cuerpos. En tal sentido, se decidió crear una Comisión de Rescate de esclavos, la que se encargaría de recibir la información de aquellos de entre 12 y 50 años residentes en Lima y en los valles aledaños, y proceder al reclutamiento del quinto de los siervos urbanos y el décimo de los rurales que se le presentaren.

Según el decreto firmado el 11 de abril de 1822 por el supremo delegado José de la Torre Tagle, los amos de estos debían proporcionar la lista de sus esclavizados a los comisarios de los valles rurales, o a los de los barrios en el caso de Lima, quienes formarían listas que remitirían a la Comisión. Ella determinaría el método de elección de los que serían reclutados, que comprendería un sorteo de los mismos, y la fecha en que esto se haría. Los amos de los alistados recibirían una compensación por quienes fueran “rescatados”, y tendrían la posibilidad de recuperar algunos pagando su tasación. Por su parte, los alistados serían declarados inmediatamente libres, con la sola obligación -se decretaba- de servir por seis años en el ejército.26

Volvía a usarse un método de reclutamiento que ya había sido probado antes, y no solo por las autoridades patriotas de Buenos Aires 10 años atrás, sino por el virrey La Serna, quien -como se recordará- a principios de 1821 nombró una junta comisionada para reclutar 1.500 esclavos para las fuerzas reales, en los mismos lugares donde debía actuar esta nueva comisión.27 Con todo, casi un año después de su designación, la Junta patriota informaba haber rescatado 184 esclavos, cuyas tasaciones ascendían a un total de 22.030 pesos, las que debían ser canceladas a sus propietarios en breve plazo.28 Este contingente representaba una modesta contribución a los esfuerzos bélicos peruanos, pues en términos militares no ascendía más que a una y media compañía de infantería, es decir, poco más del cuarto de un batallón, lo que era claramente insuficiente para llenar las bajas del ejército, y menos aún, para formar una nueva fuerza a partir de esa base. A pesar de lo limitado de su impacto, esto significaba una fuerte inversión de recursos para el naciente Estado, los cuales difícilmente estaban disponibles en lo inmediato, lo que implicaba que los amos cuyos siervos habían sido quintados o diezmados debían esperar por una indemnización que tardaría en llegar, o que quizás nunca lo haría.

La Comisión de Rescate siguió actuando por alrededor de un año más, con resultados similares a los obtenidos en 1823 lo que, en términos globales, y considerando el proceso de institucionalización emprendido por el Estado peruano para el reclutamiento de esclavos, podría considerarse un éxito o una actividad magros. La carencia de recursos propios, tanto materiales como humanos, que permitieran compensar a los amos, por una parte, y contratar reclutadores propios, por otra; la ausencia (desde las élites políticas) de un discurso claro respecto al tema, más aún al decretar medidas que muchas veces se contradecían entre sí; y las propias contingencias de la guerra, mermaron su actividad. En contraste, las patrullas de los cuerpos discriminados racialmente, como el regimiento del Río de la Plata, y aun aquellos como la Legión Peruana, que contemplaba un batallón formado por afros, no tenían grandes problemas de tomar a cualquier pardo o moreno que encontraban por las calles, y levarlo. Al mismo tiempo, las incidencias del conflicto, y en particular la reocupación de Lima por las fuerzas del rey en marzo de 1824, tampoco contribuyeron a un alistamiento institucionalizado de los esclavos.

Las “tomas” de reclutas

Una escena, incluso antes de que el Ejército Libertador del Perú ocupara la capital virreinal, se había vuelto típica de las calles limeñas: ver circular patrullas de los regimientos que cumplían guarnición en la ciudad. Por razones de orden público, como la prevención de delitos; o militares, como la persecución de desertores y posibles espías, grupos de cuatro o seis soldados dirigidos por un suboficial se desplazaban por sus calles a todas horas; otros protegían algunos puntos estratégicos, como los puentes del Rímac o los portales de entrada a la urbe. Tampoco era extraño que dichas patrullas se dedicaran a levar, muchas veces sin ninguna autorización (al menos comprobable), a quienes consideraran dignos de servir en el ejército.

Los criterios parecían no estar especificados, como tampoco era formal el proceso de reclutamiento. Se trataba simplemente de la “toma” de algún desafortunado que se cruzaba al paso de la patrulla, y cuyo jefe (un cabo o un sargento) decidía que sus hombres lo llevaran escoltado a su cuartel, para ser filiado de manera forzosa y agregado al batallón o regimiento de donde ellos provenían. En el caso de los cuerpos de afrodescendientes, es probable que el color de la piel, la edad y el estar físicamente apto para el servicio, fueran los únicos requisitos del futuro e improvisado soldado. Sus principales “víctimas” eran aquellos esclavos que estaban en las calles, principalmente al desempeñarse como vendedores ambulantes -entre los que se contaban veleros y aguateros-, o simplemente circulando por ellas, incluso, sin importar su condición legal.29 A ello era difícil negarse, más cuando se era amenazado por un grupo de hombres armados, que rodeaban al futuro y obligado soldado, escoltándolo ipso facto a su nuevo cuartel, marchando en medio de sus repentinos camaradas.

Desde el punto de vista de los mandos de los regimientos y batallones implicados, de quienes no consta que hayan dado órdenes explícitas para llevar a cabo este método de reclutamiento, su tolerancia era evidente. Dicha forma de llevar soldados a sus filas se constituía como una manera eficiente y rápida de reemplazar las bajas, principalmente en los períodos de acantonamiento. En esos momentos, caracterizados por una merma importante de la actividad bélica, las deserciones eran frecuentes, y si bien no se renunciaba a la persecución de sus protagonistas, la llegada de reclutas siempre era un aporte en la mantención del pie completo de los cuerpos.

Sin embargo, lo indiscriminado de tal práctica, junto a la denuncia de parte de amos, esposas y autoridades locales, hizo reaccionar al gobierno, que a través del ministro de Guerra y Marina ofició al mando superior del Ejército, ordenando moderar al máximo esta forma de alistamiento. Ella, según se infiere de las palabras del jefe de estado mayor del ejército sanmartiniano, el general Juan Antonio Álvarez de Arenales, se había extendido a toda la fuerza armada. En octubre de 1822 Álvarez informó al ministro Guido, que había comunicado […] a los jefes de los cuerpos del Ejercito la suprema resolucion sobre que deban quedar en plena libertad todos los individuos casados, maestros de tienda, y esclavos que hayan sido aprehendidos de leva […]”.30

En su comunicación Álvarez no hacía suposiciones. Solo se limitaba a comprobar lo extendido de dicha forma de reclutamiento forzoso, y a los sujetos que más afectaba. Al mismo tiempo, y considerando la moderación que, de ahora en adelante, debían seguir los jefes de los cuerpos militares, parecía indicar quiénes podían ser reclutados. Entre ellos se encontraban los solteros y los artesanos que no fueran maestros en su oficio, excluyéndose explícitamente a los esclavos, los que desde hacía algunos meses (y particularmente en el caso de los siervos urbanos o periurbanos) estaban siendo alistados en batallones cívicos, particularmente en el llamado de Artillería de Morenos Leales, que solo servía en caso de que los mandos militares lo dispusieran, y no de manera permanente; junto con que sus miembros seguían esclavizados, trabajando para sus amos y sin posibilidad de lograr la libertad por sus servicios militares.

El cumplimiento de la orden ministerial era relativamente fácil de verificar, sin embargo, ello no quería decir que la práctica terminara. En el caso de los esclavos, que como se ha visto estaban específicamente excluidos de estas levas, el cambio (si es que lo hubo) fue casi imperceptible. Solo seis meses después de haberse dictado la orden recién referida, el ministro de Guerra y Marina volvía a oficiar al Ejército respecto a este problema, aunque esta vez sus palabras se dirigieron en específico contra el comandante del nuevamente formado Batallón Nº 3 del Ejército del Perú, una fuerza compuesta exclusivamente por afros reclutados en los valles cercanos a Lima. Este era el coronel Juan Pardo de Zela, quien según expresaba el ministro, […] para reemplazos en el batallon de su mando, toma indistintamente los negros de ese valle [de Cañete] habiendolos intimidado con su percecucion hasta el punto que se han ocultado con perjuisio de sus propietarios […]”.31

Por su parte, en mayo de 1823 el regidor limeño don Pedro Manuel de Escobar denunciaba ante el presidente del departamento de Lima, la leva de un esclavo por un soldado y un cabo del regimiento del Río de la Plata. Su intervención y la del oficial que comandaba la guardia del puente donde se hizo la “toma” logró evitar dicho reclutamiento, no sin antes sostener una agria discusión con el suboficial de morenos, quien argumentó tener orden de apresar a los desertores, condición que el esclavo no cumplía. Sin embargo, según Escobar, “[…] el cabo instaba en llevarse al nuebo recluta, y ha ofrecido continuar su leba […]”.32 Palabras que, en alguna medida demostraban la voluntad de los oficiales de estos institutos militares de llenar sus plazas a toda costa, incluso burlando las órdenes específicas que lo prohibían. Estaban seguros de que la situación militar del país, caracterizada por períodos de tensa calma seguidos de intensas movilizaciones en busca del enemigo realista, les permitiría continuar con esta modalidad de enrolamiento, solo dando algunas explicaciones, que no pasaban de ser formalidades.

La extensión de ella, así como algunas de sus consecuencias, se puede comprobar en el período bolivariano, gracias a una orden dictada por el mismo general Simón Bolívar en diciembre de 1824. Mediante ella se volvió a prohibir este tipo de levas, signo evidente de que se seguían realizando; pero no solo esto, el Libertador hacía relación de una de sus principales consecuencias, al menos para los amos, cual era que sus siervos huían a lugares recónditos para esconderse de las partidas de reclutamiento, con lo cual bajaba la producción de las haciendas del distrito de la capital, y se daba pie para que los esclavos desaparecieran, perdiéndose tanto para sus dueños como para el ejército.33

No obstante, y a pesar de que las órdenes en tal sentido se repetían, este tipo de leva persistió casi hasta el fin de las hostilidades. Ello demostraba, una vez más, que a pesar de existir al menos tres cuerpos militares de línea formados casi exclusivamente por afros y otros, como la Legión Peruana, que incorporaban a morenos y pardos en sus filas -además de numerosos milicianos de la misma condición, tanto libres como esclavos-, la recluta de hombres para los mismos, y sobre todo en el caso de los primeros, muy pocas veces se institucionalizó, al mismo tiempo que acogió casi todas las formas posibles de alistar soldados. Desde la voluntariedad de los esclavos huidos en los primeros tiempos hasta las levas individuales hechas por las patrullas regimentales, parecía que todas las maneras en que los afros esclavos se incorporaban al ejército eran válidas. Dicha carencia de institucionalización también se expresó en las pocas veces que se discutió tanto la condición legal de los reclutados, dependiente de decretos particulares y no de una ley general, su futuro luego de que terminara la guerra o el tiempo de su servicio, y cuando lo fue resultó claramente insuficiente. Ello llevó a que, muchas veces, las promesas de libertad levantadas para que los esclavos se incorporaran a la lucha terminaran rotas, ante la insistencia de los amos que querían recuperar a sus antiguos siervos.

Conclusiones

Desembarcado el Ejército Libertador del Perú en Pisco en los últimos meses de 1820, rápidamente comenzó el alistamiento de esclavos. Estos se presentaron de forma masiva a las puertas del campamento sanmartiniano, pidiendo filiarse en las tropas libertadoras, donde fueron aceptados más de 500 de ellos, y que por ese solo hecho pasaron a ser libertos, incorporándose a los mermados batallones de afrodescendientes que habían hecho la campaña chilena. Tal abundancia de reclutas permitió completar otras unidades, y aun armar nuevos cuerpos, como el Batallón Nº 3 del Ejército del Perú. Estos soldados afros eran los preferidos por la oficialidad patriota; pero no solo por ellos, pues a principios de 1821 el virrey del Perú también intentó reclutar a los esclavos de los valles cercanos a Lima. Dicha preferencia se basaba en su fortaleza física y en la disciplina a la que estaban acostumbrados por su trabajo en la caña de azúcar y en la vid, además de su capacidad para sobrevivir a pesar de las privaciones que muchos habían sufrido en las haciendas de donde provenían, y que podían ser comunes en una campaña militar.

De tales esclavos se nutrió el ejército incluso después de que San Martín tomó posesión de la antigua capital virreinal. Hasta ese momento, y a pesar de que se habían dictado y se seguirían dictando decretos y otras disposiciones para incentivar el alistamiento de los siervos, no se había generado una política al respecto, como tampoco se había discutido en profundidad el problema de la libertad definitiva de estos soldados. Todo estaba entregado a las coyunturas bélicas o políticas, y dependía de la suerte de las armas, pero también de la correlación de fuerzas entre los distintos sectores de la élite, si al dictarse un decreto se prometía la libertad inmediata o luego de una cantidad de años de servicio; y más aún, si eso más tarde se cumplía.

En el intertanto, los esclavos urbanos comenzaron a ser incorporados a las fuerzas militares patriotas; no obstante, estos eran mal mirados por los mandos, principalmente por su asociación con la plebe limeña, frecuentemente representada como indisciplinada y criminosa. Nuevamente, su reclutamiento estuvo sujeto a la voluntariedad, a la donación de sus amos o a la leva forzosa e improvisada que hacían las patrullas de los batallones de afros en las calles de la ciudad. Solo hubo un intento de institucionalizar el proceso, materializado en la creación de una Comisión de Rescate de Esclavos, sin embargo, su falta de presupuesto y autonomía hizo de ella una iniciativa de corto impacto y magros resultados, no alcanzando a rescatar ni siquiera el pie completo de un batallón en los poco más de dos años que funcionó.

Con todo, entre 1821 y 1825 al menos tres institutos regimentales de línea pertenecientes al Ejército Libertador del Perú o a sus derivados posteriores estuvieron casi completamente formados por afros; asimismo, otros cuerpos, como la Legión Peruana, tenían un alto porcentaje de los mismos. Esto habla de la “abundancia” de reclutas, pero también de que su proceso de alistamiento estuvo entregado a las circunstancias del conflicto, más que a una política planificada desde el novel Estado peruano, que le permitiera completar los pies de batallones y regimientos sin afectar, por una parte, los derechos de propiedad esgrimidos por los amos, y los deseos de libertad, aunque no necesariamente de servicio militar, de los esclavos.

Las tensiones entre las necesidades militares del Estado, los derechos de los amos y el ansía de libertad de los siervos estuvieron en el centro de este proceso. En la medida que las urgencias bélicas estaban más presentes, las promesas de libertad eran inmediatas; pero si la situación se distendía, la esperanza de la independencia personal para los esclavos se alargaba a una cantidad variable de años de servicio. Al final de la guerra, tras vencer los revolucionarios en Junín y Ayacucho, llegó el momento de cumplir las promesas, sin embargo, muchas de ellas fueron rotas, tanto por la presión de los amos como por la carencia de una política de desmovilización y compensación de los libertos devenidos en soldados. Algunos de ellos debieron volver a la esclavitud al no poder demostrar sus servicios militares; otros lucharon largos años en tribunales por conservar su libertad; mientras tanto, los filiados en el Batallón Nº 4 de Chile cambiaron los valles costeños peruanos, donde habían sido reclutados, por las frías playas de Chiloé y Valdivia, en las cuales lucharon hasta 1826. Allí terminó su vida militar y se les abrió una disyuntiva, cual era la de volver al país en que nacieron y vivieron esclavizados, o quedarse en otro que los vería transitar como hombres libres; libres pero desarraigados.

Agradecimientos

Este artículo es resultado del proyecto FONDECYT regular 1170152 “Milicianos afrodescendientes libres y soldados esclavos en el proceso de Independencia del Cono sur de América, 1780-1840”, y fue escrito entre Rennes y Santiago de Chile. Agradezco a los profesores Marcelo Garrido Pereira y Manuel Fernández Gaete, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; y a David Martin, en Rennes, y a Michelle e Ives Rochard en Caulnes, Bretaña, quienes facilitaron mi estadía en Francia.

Referencias citadas

Aguirre, C. (2005). Breve historia de la esclavitud en el Perú. Una herida que no deja de sangrar. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú. [ Links ]

Archivo del General Bernardo O’Higgins. (1962-1963). Santiago de Chile: Editorial Universidad Católica, tomos XIV y XV. [ Links ]

Arrelucea, M. (2009). Replanteando la esclavitud: estudios de etnicidad y género en Lima borbónica. Lima: Cedet. [ Links ]

Arrelucea, M. y Cosamalón, J. (2015). La presencia afrodescendiente en el Perú. Siglos XVI-XX. Lima: Ministerio de Cultura. [ Links ]

Blanchard, P. (2008). Under the Flags of Freedom. Slave Soldiers and the Wars of Independence in Spanish South America. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press. [ Links ]

Bragoni, B. (2008). Esclavos, libertos y soldados: la cultura política plebeya en Cuyo durante la revolución. En Fradkin, R (Ed.). ¿Y el pueblo dónde está? Contribuciones para una historia popular de la revolución de independencia en el Río de la Plata (pp. 107-150). Buenos Aires: Prometeo Libros. [ Links ]

Bock, U. (2013) Entre “españoles” y “ciudadanos”. Las milicias de pardos y la transformación de las fronteras culturales en Yucatán, 1790-1821. Secuencia, 87, 7-27. [ Links ]

Borucki, A. (2017). De compañeros de barco a camaradas de armas. Identidades negras en el Río de la Plata, 1760-1860. Buenos Aires: Prometeo Libros . [ Links ]

Colección de leyes, decretos y órdenes publicadas en el Perú desde su independencia en el año 1821 hasta 31 de diciembre de 1830 (1831). Lima: Imprenta de José Masías, tomo I. [ Links ]

Colección Documental de la Independencia del Perú (1971). Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, tomo VI, vol. II. [ Links ]

Contreras, H. (2006). Las milicias de pardos y morenos libres de Santiago de Chile en el siglo XVIII, 1760-1800. Cuadernos de Historia, 25, 93-117. [ Links ]

El Pacificador del Perú, (1821). Barranca: Imprenta de J. A. López y compañía. [ Links ]

Espinoza, C. (2016). Negros y milicianos pardos en Piura durante las Cortes de Cádiz (1812-1813). Investigaciones Sociales, 37, 199-218. [ Links ]

Flores Galindo, A. (1991). La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe en Lima, 1760-1830. Lima: Editorial Horizonte. [ Links ]

Gaceta del Gobierno de Lima Independiente (1950). Buenos Aires: Universidad Nacional de la Plata. [ Links ]

Guarda, G. (1952). Historia de Valdivia, 1552-1952. Santiago de Chile: Imprenta Cultura. [ Links ]

Güereca, R. (2016). Milicias indígenas en Nueva España. Reflexiones del derecho indiano sobre los derechos de guerra. México: UNAM. [ Links ]

Guzmán, F. (2013). Afroargentinos, guerra y política, durante las primeras décadas del siglo XIX. Una aproximación hacia una historia social de la revolución, Estudios Históricos, 11, 1-24. [ Links ]

Hünefeldt, C. (1979). Los negros de Lima, 1800-1830. Histórica, 3 (1), 17-51. [ Links ]

Keegan, J. (2013). El rostro de la batalla. Madrid: Turner publicaciones S.L. [ Links ]

Klachko, M. (2006). Le rôle de l’armée dans le processus de libération des esclaves au Río de la Plata: le cas de ‘libertos’ de Buenos Aires (1806-1812). En Bernand, C. y Stella, A. (Coords.). D’Esclaves à Soldats. Miliciens et soldats d’origine servile XIIIe-XXe siècles (pp. 279-300). París: L’Harmattan. [ Links ]

Llanes, W. (2015). Reglamento para el regimiento, servicio y gobierno del cuerpo de pardos de San Juan Bautista de Mazatlán, 1792. Corpus, 5-1 [en línea], URL http://corpusarchivos.revues.org/1362. [ Links ]

Mallo, S. y Telesca, I. (Eds.). (2010). Negros de la patria. Los afrodescendientes en las luchas por la independencia en el antiguo virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires: Editorial SB. [ Links ]

Miller, W. (1912) Memorias del general Miller al servicio de la república del Perú. Santiago de Chile: Imprenta Universitaria, 3 tomos. [ Links ]

O’Phelan, S. (2014). La Independencia en los Andes. Una historia conectada. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú . [ Links ]

Orrego, J. (1996). San Martín en Pisco: la historia de un valle costeño durante las guerras de independencia. Boletín del Instituto Riva Agüero, 23, 155-171. [ Links ]

Rabinovich, A. (2012). La máquina de guerra y el Estado: el Ejército de los Andes tras la caída del Estado Central del Río de la Plata en 1820. En Pro, J., Garavaglia, J. C., y Zimmermann, E. (Eds.). Las fuerzas de guerra en la construcción del Estado América Latina (pp. 205-240). Rosario: Prohistoria ediciones. [ Links ]

Restall, M. (2000). Black conquistadors. Armed africans in early spanish America. The Americas, 57(2), 171-205. [ Links ]

Rojas, J. (2016). Milicias de pardos en la región de Nueva Galicia (Virreinato de Nueva España) durante segunda mitad del siglo XVIII. Un análisis de sus prácticas sociales y políticas, Historelo, 8(15), 129-163. [ Links ]

Salinas, P. (2013). Les combattants noirs dans la guerre d’Indépendance du Pérou: les floués de l’histoire. América: Cahiers du Criccal, 42, 119-130. [ Links ]

Solano, S. y Flórez, R. (2012). Artilleros pardos y morenos artistas: artesanos, raza, milicias y reconocimiento social en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1812. Historia Crítica, 48, 11-37. [ Links ]

Tardieu, J. P. (2004). El Decreto de Huancayo. La abolición de la esclavitud en el Perú. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú . [ Links ]

Valdez, R. (1996-1997). Combatientes y exploradores negros en la conquista del noroeste. Clío 4(18/19), 79-98. [ Links ]

Walker, Ch. (2015). La rebelión de Túpac Amaru. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. [ Links ]

1Por ejemplo, para Chile, véase: Carta del gobernador de Chile don Alonso de Sotomayor al rey. Angol, 9 de enero 1585. Archivo General de Indias (AGI). Chile 18, Nº 51, s.f.; y Carta del gobernador de Chile don Alonso de Ribera al rey. Concepción, 1 de abril 1615. AGI. Patronato Real 229, R. 53, s.f.

2En la Argentina se ha producido una importante bibliografía sobre la participación de los afros en las guerras de independencia rioplatense y chilena. Entre otros: [xref ref-type="bibr" rid="r8"]Borucki, 2017[/xref]; [xref ref-type="bibr" rid="r18"]Guzmán, 2013[/xref], pp. 1-24; [xref ref-type="bibr" rid="r23"]Mallo y Telesca (Eds.), 2010[/xref]; [xref ref-type="bibr" rid="r6"]Bragoni, 2008[/xref], pp. 107-150.

3Gaceta Ministerial Extraordinaria de Chile Nº 14. Santiago, 10 de noviembre 1820. [xref ref-type="bibr" rid="r2"]Archivo del General Bernardo O’Higgins (ABO), 1962[/xref], t. XIV, pp. 147 y 156.

4La distribución de los esclavos en el Perú era desigual. La mayoría de ellos se encontraban en la costa, de los cuales un porcentaje importante estaba en Lima. En el caso de los siervos rurales, las concentraciones más grandes estaban en los valles del sur peruano, donde se cultivaba caña de azúcar y vides, y en cuyas estancias las cifras de estos podían llegar a varios cientos. Muchos otros se distribuían por estancillas y chacras, sobre todo en los valles situados tanto al norte como al sur de la Ciudad de los Reyes, pero allí eran pocos los propietarios que sobrepasaban el ciento de esclavos. Un ejemplo es la estancia “El Ingenio” en Huaura, que contaba con 256 a fines del siglo XVIII, constituyéndose en una excepción respecto de sus vecinas (Flores Galindo, 1991, p. 89).

5El general José de San Martín al ministro de Guerra y Marina de Chile. Pisco, 23 de septiembre 1820. [xref ref-type="bibr" rid="r10"]Colección Documental de la Independencia del Perú (CDIP), 1971[/xref]: t. VI, vol. II, p. 144.

6Don Luciano Cuenca al jefe del estado mayor del Ejército Libertador del Perú. Santiago, 28 de julio 1820. Archivo Nacional Histórico de Chile (ANH), fondo Ministerio de Guerra (MG). Vol. 103, f. 220.

7Bando del general José de San Martín sobre el alistamiento voluntario de esclavos. Pisco, 20 de septiembre 1820. En Gaceta Ministerial Extraordinaria de Chile Nº 19. Santiago, 22 de noviembre 1820. ABO, 1962: t. XIV, p. 214; CDIP, 1971: t. VI, v. II, p. 145.

8Instrucciones del virrey del Perú don José de la Serna, a que deberán arreglarse los señores comisionados para el alistamiento de negros. Lima, 31 de enero 1821. Biblioteca Nacional del Perú (BNP), Sección de Manuscritos (SM), Colección General D5985, s.f.

9Bando del general José de San Martín sobre el alistamiento voluntario de esclavos y su inmediata libertad. Huaura, 21 de febrero 1821. En Gaceta Ministerial Extraordinaria de Chile Nº 39. Santiago, 26 de abril 1821. ABO, 1963, t. XV, p. 112.

10Acta de las reuniones de los esclavos de la provincia de Sayán, Huaura, para decidir su integración al Ejército Libertador del Perú. Sayán, 3 de marzo 1821. BNPSM, Colección Indiana XI-FN2071, s.f.

11La Junta comisionada para el alistamiento de negros al virrey del Perú don José de la Serna. Lima, 20 de febrero 1821 ([xref ref-type="bibr" rid="r12"]El Pacificador del Perú, 1821[/xref], Nº 5, p. 4).

12El teniente coronel León Febres Cordero al ministro de Hacienda don Hipólito Unanue. Cañete, 21 de agosto 1821. Archivo General de la Nación, Perú (AGNP), fondo Ministerio de Hacienda (MH). O.L. 20, doc. 24, s.f.

13Este Batallón llegó desde Chile con el ejército sanmartiniano en 1820, pero prontamente fue “[…] disuelto completamente y reemplazado con negros bosales para formar el Batallón de Cazadores del Perú y engrosar el Regimiento de Granaderos a Caballo y el de Usares […]. El coronel don Francisco Antonio Pinto al ministro de Guerra y Marina de Chile. Bellavista, 23 de febrero 1823. CDIP, 1971: t. VI, v. II, p. 399.

14El ministro de Guerra y Marina al general en jefe interino del Ejército Libertador del Perú. Lima, 7 de enero 1822. Archivo Histórico del Ejército del Perú (AHEP). Libro copiador Nº 6, s.f.

15Según Flores Galindo para 1791 y sobre un total de 56.627 habitantes de Lima, los esclavos llegaban a 13.479 personas (25,6%), mientras que las castas sumaban 10.023 (19%). En 1813 los esclavos habían bajado a 12.263 y siete años después solo eran 8.589 personas (Flores Galindo, 1991, pp. 83-84).

16Tardieu, 2004, p. 40. Como apéndice de su libro, y entre las páginas 269 a 382, este autor publicó la mayor parte de los decretos y ordenanzas que desde 1821 y hasta 1853 hacían referencia u ordenaban la libertad de los esclavos.

17Secuestro hecho a doña Isabel Cavero prófuga con los enemigos en el Castillo del Callao. Lima, 1821. AGNP. Corte Superior de Justicia, leg. 466, Cuad. 6, s.f.

18Otra forma de “delación compensada” fue incluida en el decreto de 25 de octubre de 1821, que castigaba a los amos que promovieran la deserción de sus esclavos enlistados, u ocultaran a los que querían incorporarse al ejército. En este caso cualquier esclavo que denunciara a su amo por estas conductas, una vez comprobado el hecho, sería declarado libre. “Decreto”. Lima, 25 de octubre 1821 (Colección de leyes, 1831: t. I, p. 24).

19“Decreto”. Lima, 17 de noviembre 1821 (Colección de leyes, 1831, t. I, pp. 74-75).

20Gaceta del Gobierno. T. II, Nº 9. Lima, 30 de enero 1822 (Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, 1950, p. 308).

21Gaceta del Gobierno. T. II, Nº 12. Lima, 9 de febrero 1822. Gaceta del Gobierno…, p. 320. Otras oblaciones en: AHEP. Libro copiador Nº 6, s.f. Lima, 18 de marzo 1822; BNPSM, Colección General D11701. Lima, 26 de marzo 1822; AHEP. Carp. 2, leg. 13, doc. 163. Lima, 23 de abril 1822; Gaceta del Gobierno. T. II, Nº 35. Lima, 1 de mayo de 1822. Gaceta del Gobierno…, p. 444; Gaceta del Gobierno. T. II, Nº 36. Lima, 4 de mayo 1822. Gaceta del Gobierno…, p. 447.

22El ministro de Guerra y Marina al general en jefe del Ejército Libertador del Perú. Lima, 14 de mayo 1822. AHEP. Libro copiador Nº 6, s.f. Un caso similar se puede encontrar en la donación de doña Mercedes Ibarrola, quien cedió a beneficio estatal a Antonio Ita, quien ya se encontraba sirviendo en el cuerpo de Morenos Cívicos. El ministro de Guerra y Marina al sub inspector general de los cuerpos cívicos. Lima, 29 de noviembre 1822. AHEP. Libro copiador Nº 9, s.f.

23El ministro de Guerra y Marina al general en jefe del Ejército Libertador del Perú. Lima, 27 de abril 1822. AHEP. Libro copiador Nº 6, s.f.

24Oficio a la Junta Gubernativa remitiendo documentos que acreditan donaciones de esclavos al Estado, 1823. AGNPMH. O.L., p. 74-3.

25Dentro de ese concepto podía calificarse al moreno Pedro Carrillo, esclavo de Víctor Campos, vecino de Chincha. Carrillo se encontraba trabajando en las partidas de cargadores del Callao, de donde frecuentemente huía, para lo cual, en palabras de su amo, era “diestrísimo”. Víctor Campos, vecino del partido de Chincha, cede al gobierno a Pedro Carrillo, su esclavo moreno, prófugo, bajo condición de que sirva como soldado en los cuerpos de línea. Lima, 1823. AGNP. Superior Gobierno, Contencioso. Leg. 38, cuad. 1402, s.f.

26Decreto. Lima, 11 de abril 1822 (Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, 1950, pp. 420-421).

27BNPSM. Colección General D5985.

28La comisión de rescate de esclavos da cuenta de su gestión al Ministerio de Guerra del Perú. Lima, 5 de marzo 1823. AGNPMH O.L. 92-9.

29Varias fueron las denuncias contra los cuerpos formados por morenos, específicamente el regimiento del Río de la Plata, el Batallón Nº 4 de Línea de Chile y el Batallón Nº 3 del Perú, de levar a cualquier afro que se cruzara con sus patrullas, incluso si eran oficiales o soldados de cuerpos milicianos de pardos libres. Ese fue el caso del teniente de morenos Patricio Pineda, o el sargento 2º de la guardia cívica José Ríos; ambos aprehendidos por partidas del Batallón Nº 3, en febrero de 1824. AHEP, 1824. Carp. 1, leg. 22, doc. 2.

30El general Juan Antonio Álvarez de Arenales, jefe del Estado Mayor General del Ejército del Perú, al ministro de Guerra y Marina. Lima, 18 de octubre 1822. AHEP. Carp. 2, leg. 6, doc. 48, s.f.

31El ministro de Guerra y Marina del Perú al coronel Federico Brandsen. Lima, 25 de febrero 1823. AHEP. Libro copiador Nº 15, s. f.

32Oficio de don Pedro Manuel de Escobar al presidente del departamento de Lima don José Freire. Lima, 17 de mayo 1823. AGNPMH O.L. 91-38.

33Orden del general Simón Bolívar al prefecto del Departamento de Lima prohibiendo la matanza de bueyes y el reclutamiento de negros esclavos. Lima, 24 de diciembre 1824. AGNPMH O.L. 99-13. La baja de la productividad de las haciendas o su nula actividad económica, producto del reclutamiento de los esclavos, o de su huida por temor a ser levados, era una de las máximas preocupaciones de los amos, sobre todo de aquellos que necesitaban importantes cantidades de mano de obra, como sucedía con la producción azucarera. Domingo de Orué, exalcalde de Lima, coronel del ejército de San Martín y dueño de obraje, expresa perfectamente el punto de vista de estos empresarios en un memorial titulado: Memorial de Domingo de Orué, diputado y dueño del Ingenio de Huayto, sobre la defensa de la situación de las haciendas y los hacendados frente al decreto de San Martín sobre libertad de vientres. Lima, 21 de noviembre 1823. AGNP. Colección Santa María H-5. Sta. 0585.

Referencias documentales

I. Archivo General de Indias

Sección Audiencia de Chile 18.

Sección Patronato Real 229.

II. Archivo Nacional Histórico de Chile

Ministerio de Guerra: Vols. 56, 103.

III. Archivo General de la Nación, Perú

Corte Superior de Justicia: Leg. 466, cuad. 6.

Ministerio de Hacienda: O.L. 20-24; O.L. 74-3; O.L. 91-38; O.L. 92-9; O.L. 99-13.

Superior Gobierno: Leg. 38, cuad. 1402.

Colección Santa María H-5. Sta. 0585.

IV. Biblioteca Nacional del Perú, sección de Manuscritos

Colección General: D5985; D11701.

Colección Indiana: XI-FN2071.

V. Archivo Histórico del Ejército del Perú

Libros copiadores: Nº 6, Nº 9, Nº 15.

Carpeta 1, leg. 22.

Carpeta 2, leg. 6; leg. 13.

Recibido: 27 de Noviembre de 2017; Aprobado: 24 de Octubre de 2018

Creative Commons License Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons