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Estudios atacameños

On-line version ISSN 0718-1043

Estud. atacam.  no.63 San Pedro de Atacama Dec. 2019

http://dx.doi.org/10.22199/issn.0718-1043-2019-0033 

Dossier Nuevos Capitalismos

Presentación. Nuevos capitalismos y transformaciones territoriales en la región andina

Presentation. New capitalisms and territorial transformations in the Andean region

1 Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (CEDLA), Universidad de Ámsterdam, PAÍSES BAJOS. Email: baud@cedla.uva.nl

2 Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (CEDLA), Universidad de Ámsterdam, PAÍSES BAJOS. Email: R.A.Boelens@cedla.nl

3 Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad de Wageningen, PAÍSES BAJOS. Email: Rutgerd.Boelens@wur.nl

4 Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú, PERÚ.

5 Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), PERÚ. Email: gdamonte@grade.org.pe

Resumen:

Esta presentación introduce un dossier que examina las nuevas configuraciones territoriales que están tomando forma en la región andina bajo los gobiernos desarrollistas del siglo XXI. Los nuevos proyectos territoriales fomentan el incremento a la extracción de los recursos, las transferencias de productos básicos a nivel local y el desarrollo económico. Este remodelamiento transforma los órdenes tecno-naturales y culturales-políticos, y crea nuevos “capitalismos” que hacen que los espacios locales sean comprensibles, explotables y controlables. En este dossier se analizarán las expresiones prácticas y políticas de estas nuevas formas de (re)territorialización social y ambiental.

Palabras claves: territorio; extractivismo; políticas desarrolistas; capitalismos

Abstract:

This presentation introduces a special issue that analyzes the new territorial configurations taking shape in the Andean region under the developmentalist governments of the 21st century. The new territorial projects seek to increase the extraction of resources, the transference of crucial products on local level, and economic development. This remodeling transforms the techno-natural, cultural and political orders and creates new ‘capitalisms’ that facilitate knowledge production on, exploitation of, and control over local societies. This special issue analyzes the practical and political expressions of these new forms of social and ecological (re)territorialization.

Keywords: territory; extractivism; developmentalist policies; capitalisms

Introducción

Durante le última década, la región andina ha estado sujeta a un proceso de reconfiguración, desestructuración y reestructuración capitalista. A pesar de la retórica antineoliberal y posdesarrollista, a veces radical, en países como Ecuador y Bolivia, no hay duda de que los gobiernos andinos han impulsado una agenda profundamente desarrollista. La convicción de que “el desarrollo” y “la modernización” son necesarios e inevitables para el progreso de las naciones está presente en todos los discursos políticos y publicaciones oficiales a todo nivel. La expansión resultante del capital y el modelo económico extractivista de crecimiento económico, basado en la minería a gran escala, agronegocios, la hidroenergía y el desarrollo infraestructural, están produciendo procesos dramáticos de reterritorialización en la región (p.e., Baud, De Castro y Hogenboom, 2011; Bebbington, 2012; Cameron y Sharpe, 2010; Damonte y Peralta, 2015; De Castro, Van Dijck y Hogenboom, 2015; Escobar, 2009; Hogenboom, 2012; Yacoub, Duarte y Boelens, 2015).

La llegada del neoliberalismo a Latinoamérica en la década de 1990 dio inicio a un proceso de reformas estructurales y agresivas en todos los países de la región andina: se privatizaron empresas estatales, se liberalizaron las fronteras para el capital extranjero y se impulsó la flexibilización laboral, entre otros (Castree, 2008; Dávalos y Albuja, 2014; Wilson, Bayón y Diez, 2015). Paralelamente, se desplegó un discurso sobre el desarrollo de corte economicista que colocó a la actividad extractiva como un medio clave para lograr el progreso económico, el cual estaba basado en la idea de que era posible alcanzar el desarrollo como región exportadora de materias primas: un discurso y una política de desarrollo que se denominaron ‘extractivistas’ (Dávalos y Albuja, 2014; Göbel y Ulloa, 2014; Gudynas, 2013; Svampa, 2013).

Cuando, después de más de una década de neoliberalismo, se produjo en la región el denominado “giro hacia la izquierda” (Cameron y Sharpe, 2010; Hogenboom, 2015; Radcliffe, 2011), gobiernos como el de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia adoptaron un modelo “neoextractivista” (Acosta, 2012; Gudynas, 2011; Bebbington y Humphreys-Bebbington, 2010). El modelo prevalece hasta hoy, lo cual implica una evidente presencia más activa del Estado que se manifiesta en políticas que facilitan la participación de las empresas extractivas estatales. Los gobiernos, entre otras medidas, también aplican nuevos controles sobre las inversiones y elevan las regalías y los tributos para facilitar sus programas de desarrollo de obras públicas y redistribución (Gudynas, 2011). Dicho protagonismo estatal, sin embargo, no ha implicado un alejamiento del modelo anterior sino todo lo contrario. El extractivismo continúa presentándose como una fuente de progreso, ahora legitimándolo con programas y argumentos relacionados con el combate a la pobreza. El hecho de que este proyecto, supuestamente posneoliberal, esté produciendo grandes injusticias socioambientales hace que surjan profundas interrogantes (De Castro, Hogenboom y Baud, 2015). No solo los gobiernos de izquierda, sino también las poblaciones y las comunidades marginadas que votaron por ellos, tenían grandes expectativas de cambio después del período al que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha llamado “la larga noche neoliberal”.

Perú, Chile y Colombia mantuvieron el discurso de que el extractivismo era necesario para sostener el progreso nacional y traer un bienestar generalizado, y que el Estado debía interferir lo menos posible en el mercado. Ecuador y Bolivia presentaron sus políticas “neoextractivistas” de una manera diferente. Manifestaron de manera explícita que los gobiernos nacionales tenían la responsabilidad social de generar superávits a través de una producción extractiva a gran escala y una industrialización expansiva como las únicas formas de redistribuir y apoyar los procesos de modernización de campesinos, comunidades y minifundistas (Ayala-Mora, 2011; Bebbington y Humphreys-Bebbington, 2010; Gudynas, 2011; Lu, Valdivia y Silva, 2017). Se puede argumentar que, legitimados bajo la bandera del beneficio a las mayorías pobres de los países, la usurpación territorial y la violación socioambiental se han vuelto más intensas y disruptivas que nunca, desestructurando profundamente las configuraciones socionaturales de los países andinos.

Este número especial examina las nuevas configuraciones territoriales que están tomando forma a nivel local y regional en la región andina bajo los actuales gobiernos desarrollistas. Los nuevos proyectos territoriales dominantes entrelazan el conocimiento científico, las reglas y fuerzas del mercado, los esquemas tecnológicos y las redes estatales y administrativas para mejorar la extracción de los recursos, las transferencias de productos básicos a nivel local y el desarrollo económico. Este remodelamiento se adapta con frecuencia a intereses político-económicos no locales (Büscher y Fletcher, 2015; Harvey, 1996; Heynen, McCarthy, Prudham y Robbins, 2007; Hommes y Boelens, 2017; Swyngedouw, 2004) y comúnmente evitan y cooptan a las autoridades y las formas de gobernanza locales. De esta manera, transforma los órdenes tecno-naturales y político-culturales, y crea nuevos “capitalismos” que hacen que estos espacios locales sean comprensibles, explotables y controlables. Los autores aquí reunidos analizarán las expresiones prácticas de estas nuevas formas de (re)territorialización social y ambiental, pero, al mismo tiempo, los debates políticos, sociales e ideológicos que resultan de ellas y de las nuevas formas de presencia estatal que estas configuraciones conllevan. Al hacerlo, se llamará la atención sobre las nuevas formas de capitalismo global en contextos locales y sobre cómo estos influyen en la gobernabilidad (Foucault, 1991) y las relaciones entre el Estado y la sociedad en general.

Nuevo desarrollismo y territorialización participativa

Cuando el nuevo gobierno boliviano de Evo Morales asumió el poder en 2006, se enfrentó a una sociedad que intentaba recuperarse de los “efectos devastadores” (Postero, 2007, pp. 190-3) de dos décadas de reformas neoliberales en el país. Estas reformas habían conducido a un impulso radical hacia la privatización y, al mismo tiempo, hacia una reducción de las funciones estatales. Sin embargo, uno de los efectos más paradójicos del neoliberalismo boliviano fue la tendencia a la descentralización, implementada en la Ley de Participación Popular de 1994. Esto llevó a una reterritorialización política en la que las sociedades locales adquirieron oportunidades políticas y presupuestarias y, en el proceso, al mismo tiempo se vincularon más firmemente a la estructura estatal boliviana. Esto permitió que el MAS (Movimiento Al Socialismo) adquiriera poder a nivel local (Van Cott, 2000, 149ff; Lucero, 2008, 130ff).

Si bien el gobierno de Morales hizo todo en los años siguientes para fortalecer el Estado y, especialmente, para convertirlo en el principal actor del desarrollo económico, mantuvo e incluso fortificó esta “gubernamentalidad” descentralizada. La nueva Constitución aprobada en 2008 fue un instrumento primordial para esta territorialización política, lo que llevó al Estado a las regiones más remotas y periféricas del país. Se creó una eficaz ciudadanía pluricultural en el país y, en el mismo proceso, se sometió a estas regiones y sus habitantes al control político del Estado. Un proceso similar se pudo observar en Ecuador, donde el nuevo gobierno de Alianza País de Rafael Correa también decidió organizar una Asamblea Constituyente. Esto dio lugar a una nueva Constitución para el país en 2008, que, aunque llena de importantes principios de justicia social y ambiental, confirmó de muchas maneras la descentralización de estilo neoliberal y, al mismo tiempo, fortaleció el Estado (Ayala-Mora, 2011; Boelens, Hoogesteger y Baud, 2015; Radcliffe, 2011).

Lo que inicialmente parecía ser simplemente un proyecto político-administrativo y discursivo tendría profundas consecuencias sociales y ambientales. Todos los países andinos emprendieron políticas económicas que se basaban claramente en la explotación de sus abundantes recursos naturales. Apoyados por una economía mundial en expansión, con una creciente demanda de productos primarios, los Estados andinos fortalecidos del siglo XXI permitieron una dramática expansión de los proyectos extractivistas (Bebbington, 2012; Perreault, 2014). Fue el sector privado el que asumió la ejecución de la mayoría de estos proyectos, para lo cual el Estado desempeñó un papel crucial en la facilitación de sus actividades. El Estado desarrolló proyectos infraestructurales, en parte bajo la égida del proyecto regional IIRSA (p.e., De Castro et al., 2014); apoyó proyectos hidroeléctricos (p.e., Duarte-Abadía, Boelens y Roa-Avendaño, 2015; Hidalgo, Boelens e Isch, 2017; Hommes y Boelens 2017); participó en grandes asociaciones público-privadas hidrocarburíferas y mineras (p.e., Bebbington, 2007; Budds, 2010; Perreault, 2014; Van Teijlingen, 2017), y otorgó todo tipo de incentivos legales y financieros para fomentar el desarrollo de la agroindustria (p.e., Damonte, 2016; De Castro et al., 2014; Urteaga, 2014; Yacoub et al., 2015). Debido a que estos gobiernos lograron simultáneamente aplicar políticas fiscales más estrictas, fueron capaces de elevar a la par el nivel de vida de la mayoría de la población a través de políticas de incentivos salariales y programas sociales (Bebbington y Humphreys-Bebbington, 2010).

Si nos fijamos en la minería, uno de los rasgos notables del auge extractivo en la región andina ha sido la similitud entre los regímenes claramente neoliberales (Perú, Chile, Colombia) y supuestamente posneoliberales (Bolivia, Ecuador). Aunque su retórica difería y cambiaba con el tiempo, comparten el enfoque hacia la expansión de las actividades mineras y la industria extractiva, y la gobernanza de los conflictos con los que se ha asociado (De Castro, Hogenboom y Baud, 2015). Como observa Bebbington (2009, p. 9), “lo que podría cambiar en estas transiciones políticas (si transiciones son) no es la práctica de la extracción, sino la gobernanza de la naturaleza y el control social, y el subsecuente uso de su subsidio”. Estos gobiernos, impulsados ​​por los altos precios de las materias primas en la primera década del siglo XXI, consideran que la minería es el camino preferido para salir de la pobreza y la desigualdad (Acosta, 2012; Arellano-Yanguas, 2011; Damonte, 2008; Göbel y Ulloa, 2014; Hogenboom, 2012). Para sustentar esta posición, idean modelos de gobernanza que celebran los discursos de redistribución, participación y consulta (Ortiz, 2015; Perreault, 2015; Radcliffe, 2011).

En respuesta a la creciente demanda local por información y participación, algunos países promulgaron leyes para ejecutar, promover o al menos alentar los procesos consultivos, gracias a lo cual este mecanismo se ha convertido en una práctica común en el desarrollo de los proyectos extractivos en la región. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, fue ratificado por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, e incluso algunos países implementaron medidas adicionales. Perú promulgó una ley de consulta previa en 2011. En Colombia, la Corte Constitucional puede detener aquellos proyectos que no incorporen la consulta local. Asimismo, las compañías privadas han incluido voluntariamente cierto nivel de participación local en sus procesos de toma de decisiones, aunque siempre supeditando la consulta al desarrollo del proyecto extractivo.

Estas medidas legitiman el apoyo estatal a las políticas extractivas al referirse a los objetivos y normas ambientales que han establecido. Al mismo tiempo, apuntan a la nueva presencia del Estado y sus políticas fiscales mejoradas, las que les permiten combatir la pobreza y la desigualdad en sus sociedades. Las políticas de consulta se anuncian especialmente como signos de la influencia real y concreta de las poblaciones locales en el diseño y la organización de nuevos proyectos mineros. Las nuevas obligaciones de consulta y participación supuestamente muestran que la actividad minera está bajo control y no perjudica los intereses de las poblaciones locales y nacionales (Acosta, 2012; Ortiz, 2015; Perreault, 2014).

Existe hoy un consenso en la comunidad académica de que estos procesos consultivos no han cumplido sus promesas (p.e., Duarte-Abadía y Boelens, 2016; Ortiz, 2015; Perreault, 2015; Schillling-Vacaflor, 2016). Esto resultó en parte de un diseño que dejó muchos resquicios para que las empresas mineras y las autoridades estatales pudieran impulsar sus proyectos a pesar de las protestas locales. Tom Perreault (2015) concluye que estos procesos no pudieron ejercer una influencia decisiva en el futuro de los proyectos mineros. Por el contrario, las prácticas cotidianas de participación controladas por el Estado llevaron a la “gubernamentalidad por medio del suave martillo de la gobernanza cotidiana” (p. 448).

Estas nuevas políticas han provocado importantes procesos de reestructuración social y ambiental que afectan tanto a las condiciones de vida de las poblaciones como a las circunstancias ambientales de las regiones donde se desarrollan estos proyectos extractivos. Aunque hay similitudes visibles con las primeras etapas de la expansión capitalista, este nuevo proceso es único en el sentido de que afecta a regiones anteriormente periféricas. Estas son ahora “colonizadas” por corporaciones privadas, pero con una clara presencia del Estado (Bebbington, 2009; Lu et al., 2017; Wilson et al., 2015; Yacoub et al., 2015; Ferguson y Gupta, 2002). Aunque sería simplista considerar que estos dos actores principales son siempre entidades iguales, el Estado, a través de su nuevo marco legal, ha adquirido cada vez más un papel mediador en los conflictos que fueron el resultado de esta nueva expansión extractiva. Esta estrategia varía desde las intervenciones pacificadoras y conciliadoras, pasando por los procedimientos judiciales, hasta llegar finalmente a la represión, no siempre en este orden (p.e., De Castro et al., 2015; Isch, Peña y Boelens, 2012; Lynch, 2012; Perreault, 2015).

Como resultado de estas políticas de desarrollo y redistribución, las intervenciones de los Estados andinos a menudo son contradictorias y difíciles de evaluar. No cabe duda de que la expansión del sector extractivo es el objetivo fundamental de su programa político, pero como este objetivo está enraizado en la retórica socialista o indigenista que favorece la redistribución, la protección ambiental y algún tipo de transformación socialista, el papel del Estado es contradictorio y bastante inconsecuente (Lu et al., 2017; Ortiz, 2015; Radcliffe, 2011). Las autoridades locales y los funcionarios de manera individual a menudo simpatizan con los manifestantes, o al menos comparten sus temores acerca de la contaminación, el acaparamiento de tierras y agua, y la fragmentación social. Más adelante veremos que esto puede conducir a formas complejas y anómalas de gobernanza que, por un lado, abren espacios para los intereses locales y, por otro, hacen extremadamente difícil la resistencia contra los programas extractivos. Al mismo tiempo, los intereses estatales y corporativos no siempre son los mismos. Los impuestos, las normas ambientales y las consultas son todos elementos de la gubernamentalidad del Estado a menudo resistidos por el sector privado. No hay duda de que detrás de la cara pública de la colaboración se producen fuertes conflictos de poder entre el Estado y el sector corporativo. Estas luchas han adquirido nuevas expresiones en las relaciones multipolares cuyo capital corporativo se origina a menudo en China (Bebbington, 2009; De Castro et al., 2015; Hogenboom, 2012, 2015).

Al mismo tiempo, los intereses corporativos han aprendido de conflictos anteriores. Se adaptan al nuevo discurso estatal y tratan de presentarse como representantes de lo que podríamos llamar un “capitalismo benévolo”. En este sentido, podríamos hablar en la actualidad de la aparición de una multitud de capitalismos. Los intereses corporativos han aprendido, en parte obligados por el Estado, a adaptar sus ideologías y prácticas a nuevas reglas y normas sociales (p.e., Fletcher, 2010; Rodríguez-de-Francisco y Boelens, 2015, 2016). Los proyectos sociales y las apaciguadoras ideologías de responsabilidad social corporativa abundan. Aquí podemos ver una diferencia entre los dos tipos de modelo extractivista. En los países más progresistas y neoextractivistas, como Bolivia y Ecuador, los desalojos a la fuerza son raros y, cuando ocurren, el Estado y las compañías mineras tratan de integrarlos cuidadosamente en el marco legislativo estatal (p.e., Van Teijlingen, 2017). Estas nuevas formas de desempeños capitalistas son a menudo oportunistas y contradictorias, con la intención de confundir, y a veces a cooptar, a los actores locales y los movimientos sociales.

Estos múltiples y ambiguos procesos de cambio no hacen que la expansión de esta nueva ola de extractivismo y capitalismo sea menos poderosa. Por el contrario, con sus expresiones más crudas, es hoy aún más difícil frenar esta expansión. A través de un proceso aparentemente uniforme de expansión capitalista controlada por el Estado, la reterritorialización andina es testigo de una multitud de “capitalismos” y “desarrollismos”. Tanto en la práctica cotidiana como en términos del discurso político se han gestado nuevas narrativas, prácticas y disputas. Parcialmente forzados por los debates públicos y los movimientos sociales, las grandes corporaciones y el Estado han aprendido a adaptar sus discursos, ideologías y prácticas. Las nuevas reglas y leyes estatales, así como las nuevas expresiones “más sociales” del capitalismo, se presentan como “benévolas”, “verdes”, “sostenibles”, “pro-pobres” y hasta “pro-indígenas”. Los proyectos sociales, los velos discursivos y las ideologías apaciguadoras abundan, mientras que, al mismo tiempo, los seres humanos y la naturaleza se ven inexorablemente “integrados” en estos nuevos arreglos territoriales.

La reterritorialización: minería, agronegocios y megaproyectos

Una definición clásica de territorialidad dice que es “el intento de afectar, influir o controlar las acciones, las interacciones o el acceso afirmando e intentando imponer el control sobre un área geográfica específica” (Sack, 1983, p. 55). La clave es que los territorios son el resultado de encuentros cargados de poder y negociaciones entre diferentes actores sociales con poder divergente. Al mismo tiempo, los actores sociales siempre tienen ideas e intereses divergentes sobre cómo el espacio, la gente, la naturaleza y los conocimientos deben ser valorados, divididos y administrados. Por lo tanto, la construcción del territorio es un proceso profundamente disputado y dinámico que interrelaciona imaginarios, discursos, conceptos escalares, gobernabilidad y poder contradictorios: “[P]olíticamente hablando, el territorio es la organización y la expresión socio-materialmente constituida y geográficamente delineada de y para el ejercicio del poder político” (Swyngedouw y Boelens, 2017). Es el resultado de acciones conscientes y estratégicas, así como de procesos contingentes inconscientes. Al mismo tiempo, la producción de territorio es también el resultado de fuerzas más estructurales y sistemáticas. En consecuencia, los imaginarios y las materializaciones territoriales divergentes (que representan diversos “capitalismos antiguos y nuevos” y múltiples fuerzas contrarias) entran en conflicto entre sí, se superponen y se hibridan en configuraciones territoriales complejas y siempre disputadas (Agnew y Oslender, 2013; Boelens, Hoogesteger, Swyngedouw, Vos y Wester, 2016; Hoogesteger et al., 2016).

Como muestran varios artículos de este número, a pesar de estos factores cargados de poder y de las fuerzas detrás de las políticas de planificación territorial y/o de las prácticas de intervención, los gobiernos andinos comúnmente legitiman los proyectos de infraestructura minera, agroindustrial y megahidráulica a través de los discursos naturalizadores del desarrollo sostenible, progresista y limpio. Junto con los discursos de “gobernanza buena y responsable”, los temas de poder y desigualdad son activamente marginados, independientemente de la profunda reconfiguración de las realidades socioeconómicas y político-culturales. Esto implica disputas fundamentales sobre las definiciones del problema, los marcos de conocimiento, los significados ontológicos, los poderes tras la toma de decisiones, la distribución de la riqueza y la organización social.

Para avanzar en la comprensión de estas complejas y sutiles estrategias de poder recientemente desarrolladas, varias contribuciones en este número especial hacen uso de una perspectiva de gubernamentalidad. Esto puede mejorar la comprensión de cómo está incrustado el control de los recursos naturales en el contexto político más amplio de la gobernanza sobre y por medio de las socio-naturalezas. Como sostenía Foucault:

El gobierno es la correcta disposición de las cosas […] [No se trata] de oponer las cosas a los hombres, sino más bien mostrar que el gobierno tiene que ver con […] una especie de complejo compuesto de hombres y cosas… los hombres en sus relaciones, sus vínculos, su imbricación con aquellas otras cosas que son riqueza, recursos, medios de subsistencia, el territorio con sus cualidades específicas, clima, riego, fertilidad, etc.; los hombres en su relación con ese otro tipo de cosas, costumbres, hábitos, modos de actuar y pensar, etc. (Foucault, 1991, p. 93).

Así, los espacios territoriales son sitios de imaginarios disputados y proyectos divergentes respecto a la configuración socionatural deseada. Examinar estos “proyectos” territoriales conflictivos en la región andina, desde una perspectiva local, nacional, regional y global, ofrece una visión profunda de cómo se distribuyen los beneficios y las cargas, cómo se ordenan y se asume que se comportan los seres humanos y no humanos, y cómo esto es sostenido por los órdenes político-económicos, tecnológicos y simbólicos, de una manera que el statu quo se pueda fortalecer o desafiar (Boelens, 2014; Boelens et al., 2016; Budds, 2008; Bridge y Perreault, 2009).

Además, las escalas territoriales y los vínculos escalares no son algo “dado” ontológica y empíricamente, sino el resultado contingente de disputas y luchas que buscan ordenar “convenientemente” estos territorios (Marston, 2001; Smith, 1984). En otras palabras, las intervenciones extractivistas apoyadas por los estados en los Andes y las reformas institucionales tienen como objetivo rediseñar los territorios, cambiando los componentes sociales/naturales existentes y sus respectivas funciones, interrelaciones y fronteras. Donde sea necesario para la expansión capitalista organizada por el Estado, también pretenden modificar las visiones del mundo existentes, los órdenes políticos vernáculos y las formas en que los actores se identifican y representan a sí mismos (p.e., Boelens, 2014; Lynch, 2012; Paerregaard, Bredholdt Stersrud y Oberborbeck, 2016; Roa-García, 2014; Rodríguez-de-Francisco y Boelens, 2016; Svampa, 2013; Sullivan, 2009).

Los artículos de este número especial dan una idea de cómo los proyectos territoriales “post-neoliberales” tienden a construir redes de poder político-administrativas que vinculan la autoridad del Estado nación, los mercados y las empresas capitalistas de tal manera que externalizan el conocimiento, la elaboración de reglas y la autoridad de las realidades de la gobernanza local (p.e., las territorialidades indígenas y campesinas). Este variado reordenamiento territorial capitalista involucra diferentes “mezclas de gubernamentalidad”. En diferentes grados y manifestaciones, el reordenamiento territorial se despliega, primero, a través de las fuerzas coercitivas de los gobiernos que utilizan la compulsión jurídico-administrativa, militar y extraeconómica (el “poder soberano”, según Foucault, 2008, 313). A continuación, aunque la imposición estatal “de arriba hacia abajo” es todavía común en la reterritorialización, los proyectos neoextractivistas modernistas combinan dinámicamente la fuerza con técnicas más sutiles de gobernanza, como por medio de la “gubernamentalidad disciplinaria” moralizante y científica, y la “gubernamentalidad neoliberal” basada en la racionalidad del mercado (Foucault, 2008, p. 313, Boelens, 2014; Boelens, Hoogesteger y Rodríguez-de-Francisco, 2014; Fletcher, 2010; Heynen et al., 2007). Estas apuntan a la “subjetivación”, por la cual se supone que los actores territoriales adoptan el discurso dominante y se convierten en ciudadanos obedientes del orden territorial gobernante. Al desplegar diferentes gobernabilidades, incluyendo formas opresivas y sutiles capilares del poder, los gobiernos andinos, en conjunto con las empresas capitalistas, legitiman prácticas particulares de extracción, distribución y control, como si estas fueran totalmente naturales.

Estos artículos presentan el carácter fuertemente contingente y complejo de estos procesos neoextractivistas de remodelación. Aunque los gobiernos y las empresas capitalistas comparten objetivos particulares, también están llenos de contradicciones y paradojas. Por ejemplo, el actual Estado ecuatoriano trata de controlar y regular la expansión industrial-extractivista, al mismo tiempo que claramente la promueve. En parte debido a esta posición ambigua, a menudo no puede resistir el chantaje de estas grandes empresas transnacionales, que amenazan con irse si no obtienen lo que desean (p.e., concesiones, infraestructura, apoyo policial, etc.). Otras contradicciones se relacionan con el hecho de que el sueño tecnocrático-modernista de los gobiernos “izquierdistas-extractivistas” no es una construcción estatal monolítica y es en sí mismo contradictorio y ambiguo. No hay duda de que, junto con su retórica socialista, Correa y Morales empujan una agenda radicalmente desarrollista y con claros elementos del Estado de bienestar socialdemócrata: la convicción de que el “desarrollo” es necesario e inevitable está presente en todas las publicaciones oficiales a todo nivel (p.e., Acosta et al. 2013). Asimismo, la nueva generación de empleados públicos ha sido testigo de prácticas y realidades gubernamentalistas sobre el terreno, a nivel local. Están bien educados y tienen fuertes ideas sociales, y muchos están atrapados en las ambigüedades del proyecto estatal. El hecho de que se hayan convertido, de muchas maneras, en cómplices de un proyecto autoritario de capitalismo apoyado por el Estado, genera fricción y resistencia interna en el “aparato estatal”.

Por último, la agenda neoextractivista de la gubernamentalidad es continuamente desafiada por las coaliciones de la sociedad civil y las poblaciones locales profundamente afectadas por sus consecuencias (Arroyo y Boelens, 2013; Hoogesteger y Verzijl, 2015; Terhorst, Olivera y Dwinell, 2013). Esta contestación activa ha llevado a adaptaciones tanto a la implementación técnica del extractivismo como a sus consecuencias territoriales. Históricamente, la sociedad civil en los países andinos está altamente organizada (Baud, 2009). Además, nuevos contextos legales y políticos han permitido discutir las consecuencias sociales y ecológicas del nuevo extractivismo. Por lo tanto, se pueden ver dos procesos paralelos y muchas veces contradictorios de las nuevas formas de gubernamentalidad. Mientras están fomentando y facilitando la contestación y la oposición, al mismo tiempo están debilitando y fragmentando profundamente la sociedad civil. Quiere decir que la fuerte actividad del movimiento social contra el extractivismo no sería una respuesta automática. Si bien la intrusión brutal, como en el extractivismo minero y petrolero, a veces puede generar reacciones sociales fuertes y amplias, el activismo contra las intervenciones megainfraestructurales se limita comúnmente a aquellas comunidades que se ven desplazadas o directamente afectadas. La resistencia contra la invasión territorial dirigida por el agronegocio es aún más compleja, dada la relación de dependencia extremadamente profunda e intrincada entre los pequeños productores y las empresas agroexportadoras capitalistas (Mena-Vásconez, Vos y Boelens, 2016). En general, la resistencia a los nuevos desarrollos capitalistas-extractivistas a menudo se manifiesta en coaliciones improvisadas que existen por un tiempo reducido y luego se desintegran rápidamente. Se podría argumentar que este es el resultado del cambio mencionado y la presencia local (intensificada) y la actitud (participativa-seductora) del capitalismo y el Estado. Además, los actores poderosos a menudo son capaces de “comprar” sectores de la población local, dejando a los demás débiles, marginados y fragmentados. Este proceso también ha llevado a la desconfianza dentro de los movimientos sociales y locales. Hay muchos rumores sobre quién ha estado tomando dinero o se ha vendido al gobierno. Esto a menudo impide una discusión abierta sobre estrategias y alternativas (Terhorst et al., 2013).

En términos generales, sin embargo, las instancias de resistencia activa y organizada tienen importantes consecuencias para las transformaciones territoriales en aquellas regiones donde se desarrollan e implementan la minería, la agroindustria o los nuevos megaproyectos. Contribuyen a la compleja e intrincada reconfiguración de los territorios de los países andinos. Varios documentos dan testimonio de cómo las comunidades “locales” o marginadas y las redes de base desafían las normas, los conocimientos, los patrones de distribución, las formas de gobierno y las identidades que se les imponen. Un objetivo fundamental de estas luchas es “rediseñar” y remodelar las redes y las ideologías que subyacen a los esfuerzos por estructurar y transformar los territorios por parte de actores estatales y capitalistas dominantes. Tales luchas por la territorialidad alternativa tienden a involucrar la construcción y la participación en nuevas redes multiescalares que vinculan a las comunidades locales con actores y alianzas translocales (p.e., Bebbington, Humphreys-Bebbington y Bury, 2010; Hoogesteger et al., 2016; Van der Ploeg, 2008; Zwarteveen y Boelens, 2014). A través de la política escalar, los colectivos de base emplean prácticas materiales y discursivas para impugnar la política dominante de reterritorialización y presentar sus reivindicaciones para la redistribución económica, la democracia, el reconocimiento cultural y la legitimidad política (Boelens, 2014; Schlosberg, 2004; Yacoub et al., 2015). En qué medida y de qué manera los agentes dominantes u opuestos puedan tener éxito en producir, reforzar o reordenar los proyectos territoriales que prevén, depende en gran medida de su capacidad para vincular, movilizar e involucrar a múltiples actores a variadas escalas.

Las contribuciones

Este número especial trata de arrojar luz sobre estos procesos de reconfiguración territorial y nuevos capitalismos, centrándose en nueve estudios de casos de diferentes regiones de los países andinos. Las contribuciones se ordenan en torno a los tres campos del neoextractivismo y del desarrollismo presentados más arriba: los megaproyectos hidráulicos, la nueva minería y los ejemplos de nuevos actores que intentan controlar los recursos agrarios y marítimos.

La primera sección se refiere a los grandes proyectos hidráulicos que han caracterizado la región a partir de la década de 1950. Se presentan ejemplos muy relevantes porque sus consecuencias territoriales han sido claramente visibles para todas las partes interesadas. Además, se arroja luz sobre los sueños tecnológicos de modernización y homogeneización que están legitimados por el “bien mayor” del progreso global al ofrecer electrificación, control de inundaciones y riego a los productores rurales, y agua potable a los centros poblados. Este sueño de gobernabilidad técnica y política encontró una feroz resistencia de parte de las poblaciones afectadas, lo que dio lugar a complejas y frecuentemente contradictorias negociaciones entre las administraciones estatales, las agencias financiadoras, los departamentos técnicos y las poblaciones locales.

Desde esta perspectiva, Juan Pablo Hidalgo analiza el megaproyecto hídrico multipropósito Chone, localizado en un valle de la costa ecuatoriana. Muestra cómo este tipo de tecnologías causa impactos socioambientales profundos, transformando territorios en lo social, cultural y agroproductivo. En su análisis, el autor busca mostrarnos de qué modo el proceso de construcción e implementación del megaproyecto involucró el uso estratégico de discursos neutralizantes para “naturalizar” el desarrollo tecnológico y enmascarar sus efectos de poder y sus impactos desiguales. De esta manera, el artículo ilumina el despliegue de técnicas de gubernamentalidad relativas al control hídrico.

De igual manera, Lena Hommes analiza el modo en que las empresas hidroeléctricas de la cuenca del río Rímac en Perú lograron adquirir control de los recursos hídricos locales. Este proceso estuvo sustentado, en primer lugar, por argumentos sobre la modernidad, la civilización y la necesidad de domesticar la naturaleza a través de la ingeniería; y, en segundo lugar, por el desarrollo de una alianza entre la compañía hidroeléctrica y la de agua potable de la ciudad de Lima. La autora nos muestra cómo el discurso desarrollista se vuelve una poderosa herramienta de poder que confiere a los ingenieros la posibilidad de transformar el territorio. Sin embargo, su análisis también hace ver las tensiones que produce este ejercicio de poder, a distintas escalas, donde se entremezclan los ámbitos e intereses urbanos y rurales.

En otro caso peruano, localizado en la región andina de Ayacucho, Andrés Verzijl, Rutgerd Boelens y Oseas Núñez muestran la manera en que un moderno proyecto de desarrollo hidráulico interfiere con la comprensión local del espacio y el territorio hidrosocial. El análisis se centra en la contraposición de dos formas de concebir los territorios. Por una parte, la represa de terraplén, como paradigma de intervención modernista, es vista en paralelo a las prácticas de medición de datos geodésicos e hidrológicos o el control de filtraciones necesarias para su mantención. Por otra, la “plataforma ushnu”, ubicada en un humedal que fue sumergido por la construcción de la represa, junto con sus prácticas y objetos rituales perdura e interactúa con el paradigma ingenieril, alterando y entrelazándose con los usos comunitarios de la tierra y el agua. Aquí estamos ante la disputa de dos maneras sociales, materiales y discursivas de concebir el territorio. Se trata de narrativas territoriales en competencia, donde la pertenencia a un espacio territorial local se transforma en una herramienta política para enfrentarse a la alienación territorial.

El segundo grupo de contribuciones analiza las consecuencias territoriales de los nuevos proyectos de minería y extracción de hidrocarburos. Cada proyecto minero y petrolero en la región constituye un espacio social diferenciado que se reproduce a partir de dinámicas sociales específicas desarrolladas en la interacción corporación-comunidad a través de años de una convivencia tensa y muchas veces conflictiva (Bebbington, 2007, 2009; Burneo y Chaparro, 2010; Damonte, 2008; Gil, 2009; Salas, 2008). Se generan procesos complejos donde la transformación con escenarios de despojo y crecimiento económico se da en el contexto de una “guerra” por los recursos entre comunidades y empresas (Ballard y Banks, 2003). Las siguientes contribuciones muestran de manera clara la forma en que el impulso extractivo ejemplificado en estos sectores tiene un efecto sustancial en la reconfiguración territorial y en la producción de tensiones y conflictos sociales. La acumulación por despojo entonces no se centra en la apropiación del trabajo, sino en abrir el acceso a los territorios para la trasformación capitalista de la naturaleza, respondiendo a incentivos globales. La dinámica de apropiación de recursos y transforma­ciones territoriales complejiza los conflictos que pueden estallar no solo por los impactos sobre los recursos locales, sino también por los beneficios de la extrac­ción o las promesas de desarrollo local (Arellano-Yanguas, 2011; Bebbington, 2007; Gaybor, 2011).

Karolien van Teijlingen analiza un importante conflicto territorial inducido por la irrupción de un proyecto minero alrededor del Tundayme en la Amazonía ecuatoriana. A través del estudio de caso del proyecto cuprífero Mirador en la cordillera del Cóndor de la región amazónica, primer proyecto de minería a gran escala a desarrollarse en el país, Van Teijlingen muestra los múltiples procesos históricos y contingentes de territorialización en la cordillera del Cóndor y describe la disruptiva reconfiguración territorial que introduce el proyecto minero, reabriendo antiguas disputas entremezcladas con nuevas tensiones. Muestra que la sensibilidad ante los procesos históricos de territorialización, resignificación y exclusión es indispensable para entender el pluralismo territorial y las interacciones que se generan en el presente.

Por su parte, Carolina Valladares y Rutgerd Boelens utilizan el concepto de gubernamentalidad para analizar el caso de la construcción de las “Comunidades y Escuelas del Milenio” como un factor simbólico de (re)territorialización espacial. Estos autores examinan en la comunidad indígena Cofán Dureno en la Amazonía ecuatoriana y en la parroquia Victoria del Portete en la Sierra sur cómo la gubernamentalidad estatal intenta crear material y discursivamente nuevos territorios en pos de la extracción de petróleo y minerales. Al mismo tiempo, y en dirección contraria, analizan las tácticas de defensa territorial que recurren a los Derechos de la Naturaleza y promueven la activación de redes campo-ciudad y de alianzas locales, regionales e internacionales que dan cuenta de la multiescalaridad de los movimientos de justicia ambiental.

Lucrecia Wagner, a través de un trabajo etnográfico de larga duración, nos muestra cómo se cristalizó el rechazo a un proyecto minero por medio de la organización de un referéndum en la provincia de Neuquén, Argentina. Este artículo nos muestra el modo en que comunidades mapuches, afectadas por la llegada de una empresa minera de capitales chinos, se apropiaron de mecanismos institucionales locales, nacionales y globales para llevar a cabo la consulta popular. Este trabajo constituye un buen ejemplo de cómo las políticas de consulta pueden volverse mecanismos de resistencia a partir de su apropiación y uso político local.

En tercer lugar, la agricultura, en particular a gran escala, es la actividad económica que más impacto territorial ha generado en las últimas décadas en la región. La agricultura es una actividad que involucra en gran medida las fuerzas naturales, como son los tiempos de crecimiento de los cultivos o las condiciones meteorológicas y climáticas. Por lo tanto, la agricultura de gran escala requiere de tecnologías orientadas a maximizar esas fuerzas y a superarlas cuando constituyen obstáculos. Estos esfuerzos represen­tan intentos por disciplinar tanto a la naturaleza como a las poblaciones locales. Se pueden ver mecanismos similares en la apropiación de los recursos marítimos en las zonas costeras. Aquí se puede ver cómo esta apropiación de los recursos naturales necesita una reterritorialización y un control mayor de las poblaciones. La reestructu­ración de las condiciones sociales y políticas tiene precisamente el objetivo de facilitar el desarrollo de un nuevo orden productivo y de consumo (Damonte y Peralta, 2015).

Lucía Galarza contribuye a la comprensión de la producción de territorios bananeros en el Pacífico Sur ecuatoriano y sus efectos sobre las poblaciones que vivieron la transformación de su ambiente y actualmente trabajan como jornaleros en el sector bananero. Galarza identifica los costos políticos, sociales y ambientales del cultivo de banano para la exportación, a través de una reconstrucción histórica y etnográfica de la producción y conversión de un territorio fértil y dedicado a diversos productos agrícolas, hacia una lógica de monocultivo a lo largo del siglo XX. El análisis se centra en la agencia de los diversos actores -estatales, empresariales y populares- enfrentados a la expansión histórica del monocultivo, la pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas tropicales y la incorporación de las poblaciones montubias (campesinos de la costa ecuatoriana) y migrantes dentro de relaciones de producción capitalistas.

A partir de un aparato conceptual inspirado en estudios de ciencia y tecnología, Carolina Domínguez propone una nueva lectura de los procesos de neoliberalización del sector agrícola y del acceso a los recursos hídricos, con el fin de desestabilizar grandes narrativas y categorías de la ecología política. La autora analiza el caso de la agricultura de mango de exportación en Motupe, en la costa norte del Perú. Específicamente trata el caso de los excedentes de agua: los agricultores operan bajo lógicas comunales, sin licencia de agua o aprobación oficial para sembrar cultivos perennes, y solo tienen la posibilidad de regar en tiempo de abundancia o exceso de agua. Aunque estos pequeños agricultores se consideran desplazados por la agroexportación moderna, ellos y sus plantaciones de mango han logrado echar raíces en un clima desértico, llegando a representar la mayor parte de la producción de mangos en el país.

Beatriz Bustos Gallardo, Josefina Délano Oelckers y Manuel Prieto presentan el caso de la industria salmonera de la región chilena de Los Lagos a partir del cual exploran el proceso de comoditización de la naturaleza y el territorio. Los autores defienden la idea de que este proceso no se da solamente mediante el control y la coproducción del medio ambiente, sino que interfiere en la formación de identidad y ciudadanía de los sujetos. Estas autodefiniciones, a su vez, influyen en la gestión del territorio. Los autores, al revisar la instalación de la industria salmonera en la región de Los Lagos, identifican y examinan los procesos en los que la materialidad del salmón pudo generar transformaciones en la identidad local.

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Recibido: 17 de Abril de 2018; Aprobado: 17 de Abril de 2018

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