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Estudios atacameños

On-line version ISSN 0718-1043

Estud. atacam.  no.63 San Pedro de Atacama Dec. 2019

http://dx.doi.org/10.22199/issn.0718-1043-2019-0035 

Dossier Nuevos Capitalismos

Agua, tecnología y gubernamentalidad: reconfiguración territorial en torno al megaproyecto hídrico multipropósito Chone, Ecuador

Water, technology and governmentality: territorial reconfiguration around the Chone multipurpose mega-dam in Ecuador

Juan Pablo Hidalgo-Bastidas1  2 
http://orcid.org/0000-0002-0068-4671

1 Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos, Universidad de Ámsterdam, Ámsterdam, PAÍSES BAJOS. Email: j.p.hidalgobastidas@uva.nl

2 Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Central del Ecuador, Quito. ECUADOR. Email: jphidalgob@uce.edu.ec, juanhidalgo_b@hotmail.com

Resumen:

Históricamente las megarrepresas han sido imaginadas y construidas por expertos hidráulicos para gobernar y distribuir agua. Los beneficios, aunque importantes, han sido altamente sobrevalorados; en tanto, los impactos económicos y socioambientales sobre poblaciones locales son frecuentemente subestimados. No obstante, en los países andinos se han retomado tales obras como imprescindibles e indefectibles. Estas obras son presentadas por gobiernos autodenominados progresistas como modernas formas de gobernanza del agua, vinculadas a discursos de desarrollo y ‘buen vivir’. En ese contexto, este artículo describe y discute el megaproyecto hídrico multipropósito Chone, localizado en la costa ecuatoriana. Analiza cómo el proceso de construcción e implementación involucró el uso discursivo de la tecnología, y muestra de qué modo este tipo de tecnologías, además de causar impactos socioambientales, transforman territorios en lo social, cultural y agroproductivo. El artículo concluye presentando los megaproyectos hidráulicos como un constructo gubernamental poderoso: a más de ser impuestos mediante formas de poder coercitivo, son tecnologías disuasivas, que se implementan a través de formas de poder inclusivo que -simultáneamente- justifican y legitiman su ejecución.

Palabras claves: reconfiguración territorial; gubernamentalidad; gobernanza del agua; represas; Ecuador

Abstract:

Historically, mega-dams have been imagined and built by hydraulic experts to govern and allocate water. Although these dams have some important benefits, their positive effects are often highly overrated while their socio-environmental and economic impacts on local populations are fairly underestimated. Despite this, in many Andean countries the construction of such projects is being resumed as indispensable and unfailing. Mega-dams are promoted by self-defined left-wing progressive governments as modern ways of water governance, closely related to development, ‘good living’ and wellbeing discourses. This article shows through the Chone multipurpose mega-dam in coastal Ecuador, the discursive use of technology that is involved in its construction and implementation process. It furthermore analyzes and shows that these water technologies not only inflict material changes, but also social, cultural and agro-productive territorial transformations. The article concludes that megadams should be understood as powerful governmentality tools since they are imposed not only by coercive forms of power, but also through more inclusive forms that justify and legitimize their development.

Keywords: territorial reconfiguration; governmentality; water governance; megadams; Ecuador

Introducción

Desde hace siglos las grandes represas han sido pensadas y utilizadas para acumular, manejar y distribuir agua; sin embargo recién en el siglo XX su construcción, en número y tamaño, se incrementó de manera alarmante (Nüsser y Baghel, 2017). Según sus principales promotores -expertos, tecnócratas, instituciones financieras y empresas constructoras nacionales y transnacionales- los beneficios en riego, agua potable, generación eléctrica y control de inundaciones superan enormemente a sus impactos negativos. Por otra parte, sus críticos -comunidades locales, organizaciones sociales, ONG ambientalistas, académicos-, aunque a veces reconocen los beneficios como importantes, mantienen casi siempre una posición opositora, sobre todo porque afirman que los proponentes subestiman los reales impactos de estas obras sobre la sociedad y la naturaleza (Everard, 2013; Khagram, 2004; Sneddon y Fox, 2008; World Commission on Dams, 2000). La literatura crítica, basada en decenas de estudios de caso, reconoce y advierte estos desencuentros. A partir de ello invita a repensar sus procesos de planificación, construcción e implementación. Varios trabajos incluso cuestionan la necesidad de seguir ejecutando este tipo de obras (Baghel, 2014; Khagram, 2004; McCully, 2001).

A pesar de las críticas y controversia, durante la última década en varios países andinos los megaproyectos hídricos han tomado un renovado impulso (Ansar, Flyvbjerg, Budzier y Lunn, 2014; Baghel y Nüsser, 2010; Duarte-Abadía, Boelens y Roa-Avendaño, 2015; Dye, 2016; Fearnside, 2016). Estos son presentados por sus proponentes como nuevas, necesarias y modernas soluciones que a más de ser técnicas (por tanto, apolíticas), corrigen las arbitrariedades de la naturaleza, abren paso al desarrollo verde, incorporan formas inclusivas de participación y eventualmente incrementarían la resiliencia de las poblaciones frente a las amenazas del cambio climático. Concordantes con estos discursos, varios gobiernos de la región han incluido los megaproyectos hídricos como parte clave de sus estrategias de política pública (Duarte-Abadía et al., 2015; Kopas y Puentes, 2009). En este contexto lo que no se conoce con certeza -o más bien lo que no está suficientemente explorado, considerando los grandes impactos ocasionados por estas obras- es ¿cómo podemos entender bajo nuevos regímenes de gobierno (progresistas o izquierdistas) un proceso de reconfiguración territorial tan agresivo como el causado por una represa? ¿En qué es diferente (en caso de serlo)? Y ¿cuáles son sus efectos territoriales?

En Ecuador, como en el resto de la región, durante el gobierno de la llamada ‘revolución ciudadana’ los megaproyectos hídricos multipropósito se han retomado bajo premisas vinculadas al control de inundaciones, mitigación de sequías y el buen vivir como promesa de desarrollo para las mayorías. Estas obras, junto a grandes proyectos mineros y petrolíferos, han sido la columna vertebral de una política de cambio de matriz productiva y energética que se justifica con el mandato del bien común.1 Tales iniciativas han sido fuertemente criticadas por ONG ambientalistas, académicos, organizaciones sociales, periodistas y sectores críticos de la sociedad debido a las repetidas acciones coercitivas y violentas que han acompañado la implementación de esta clase de políticas. Sin embargo, un aspecto que ha sido poco examinado es cómo el oficialismo materializa estos proyectos. En este artículo, ilustrado con el megaproyecto hídrico multipropósito Chone (Figura 1), analizaré no solo los mecanismos de poder coercitivo o weberiano desplegados por el gobierno, sino también desalojos forzados y violencia explícita. Además, integraré el tratamiento de otras formas de poder (disciplinaria y neoliberal) provenientes de una ecología política posestructuralista (Fletcher, 2010; Leff, 2012) que intentan, más que imponer el proyecto sobre la población como lo hace el poder clásico, legitimarlo y justificarlo. En este análisis integro una mirada crítica a la tecnología y su uso discursivo a partir del enfoque de la Construcción Social de la Tecnología (SCOT por sus siglas en inglés).

Fuente: Elaboración propia

Figura 1 Valle del río Chone.  

El artículo se sustenta en información empírica sobre el proceso histórico y contemporáneo de planificación e implementación del megaproyecto Chone.2 En el año 2011 colecté información técnica, de gestión del proyecto y socioambiental mediante participación directa en reuniones oficiales sobre el multipropósito en las oficinas de la Senagua en Quito y Chone. Durante el período 2014 y 2015 hice una estancia de cinco meses en la zona de influencia y sus alrededores. Durante este último período de campo realicé un registro etnográfico permanente sobre la vida campesina en el vaso de la presa y en la comunidad del milenio ‘Ciudad Jardín’. En julio del 2016 realicé un proceso de validación y complementación mediante entrevistas a actores claves. Los principales métodos de recolección de datos fueron observación participativa, entrevistas semiestructuradas, revisión de archivos históricos, informes técnico-administrativos y artículos de prensa escrita, y construcción de historias de vida. Mis entrevistados fueron seleccionados sobre la base de la revisión de información secundaria y el método bola de nieve. Con un total de 42 entrevistas, la investigación incluyó información tanto de actores en oposición, a favor de la represa, como de neutrales. El análisis se basó en triangulación de la información de las distintas fuentes, elaboración de líneas de tiempo, valoración de matrices temáticas y la realización de un proceso de validación realizado en la Universidad Laica Eloy Alfaro (sede Chone) al final del segundo período de campo.

El documento presenta a continuación una base teórica sobre la ecología política del agua, los megaproyectos y el rol de la tecnología; el territorio y su reconfiguración, y formas de poder gubernamental. Segundo, muestra el contexto discursivo, político e institucional en el que se desarrolló el megaproyecto en Chone. Tercero, se presenta el caso en sí mismo. Se explica cómo se justificó la implementación del proyecto, la configuración histórica de las relaciones socionaturales en Chone, el proceso de reconfiguración territorial y acciones de contestación local. Finalmente, el artículo cierra con una discusión a manera de conclusiones sobre la relación entre agua, megaproyectos hídricos, reconfiguración territorial, tecnología y formas de poder gubernamental.

Reconfiguración territorial: agua, tecnología (megaproyecto) y gubernamentalidad

Agua y tecnología

El agua transforma debido a sus características biofísicas, químicas y mecánicas: erosiona, humedece, transporta nutrientes, moviliza, etcétera; y es transformada en la medida en que es apropiada, usada, contaminada, almacenada y distribuida de acuerdo a los valores, intereses y usos asignados a ella (Andolina, 2012; Boelens, 2014; Swyngedouw, 2015). Por lo tanto, el agua deja de ser un recurso únicamente natural para constituirse además en un recurso social y político disputado (Bakker, 2012; Linton y Budds, 2014; Zwarteveen y Boelens, 2014). En estas disputas, comunidades campesinas e indígenas tienen sus propios conocimientos y relaciones híbridas en torno al control, acceso y distribución del agua, que comúnmente entran en conflicto con universales formas de conocimiento (hidráulica de represas), lenguaje despolitizado (multipropósito, eficiencia de uso), leyes, políticas mercantilizadoras (cambio de matriz productiva y energética) y discursos universalizados y naturalizados (GIRH, Buen Vivir, desarrollo). En la gobernanza del agua tales conflictos de valoración y significancia frecuentemente se materializan en la sociedad a través de la tecnología. Es decir, mediante la construcción de canales, acueductos, sistemas de riego, reservorios, tuberías, trasvases o represas.

Tal como el agua no es neutral, tampoco lo es la tecnología. Como parte de la amplia contribución teórica desde los Estudios de la Ciencia y la Tecnología, SCOT es un enfoque particularmente útil para analizar la problemática que nos ocupa en este artículo: agua, tecnología y gubernamentalidad. Lejos de mantener una visión determinista sobre la tecnología, una que asume a la tecnología como producto de un desarrollo autónomo, unidireccional e indefectible. SCOT apuesta por un entendimiento de esta como resultado de visiones políticas y sociales, y que a partir de ello (y su materialización) también tiene efectos sobre la sociedad (Bijker, 2015; Pfaffenberger, 1988; Winner, 1980). A partir de este enfoque argumento que la tecnología es socialmente construida y políticamente negociada, o como lo propone Pfaffenberger (1988, p. 244): la tecnología es “naturaleza humanizada”, con lo que insiste “en que [la tecnología] es fundamentalmente un fenómeno social: es la construcción social de la naturaleza en torno y dentro de nosotros, y una vez lograda [construida e implementada], expresa una intrínseca visión social, y nos involucra en lo que Marx llamaría una forma de vida” (Bijker, 2007). Esto sugiere que la tecnología está cargada de lenguaje, valores, normas y discursos. Así, el Estado Nacional (en el caso de Chone como el principal proponente de la obra) impregna sus visiones, valores y normas en dicha tecnología hidráulica, ocasionando que esta sea un medio de movilización de poder gubernamental que reconfigura territorios (Winner, 2013).

Territorio y reconfiguración

Proyectos como el de Chone no se planifican ni construyen sobre terra nullius (Nixon, 2010) o tierras vacías; se implementan sobre espacios preexistentes. Sobre espacios socionaturales. Espacios que son producto de una configuración híbrida, en donde coexisten valores, normas, relaciones sociales, culturales, ecológicas y productivas que dan forma a expresiones territoriales (Boelens, Hoogesteger, Swyngedouw, Vos y Wester, 2016; Hoogesteger, Boelens y Baud, 2016). En consecuencia estos espacios no son simples coordenadas geográficas: se constituyen en territorios (Delaney, 2008). El territorio, por consiguiente, es una expresión espacial material e imaginaria, con límites históricamente producidos, fruto de la diversa experiencia, vivencia y permanente interrelación entre lo cultural, social y natural que está en constante cambio en un contexto determinado (Escobar, 2011; Perreault, 2014; Swyngedouw, 2015). Los territorios representan muchas veces contradictorias ontologías y epistemologías; es decir, diferentes formas de entender, pensar, hablar y experimentar la realidad (Escobar, 2008). Esto hace que estas distintas y comúnmente contradictorias territorialidades entren en disputa, derivando en conflictos abiertos e implícitos, colocando en la balanza relaciones del poder (Hoogesteger et al., 2016). Mientras unos actores, congregados en comunidades epistémicas de expertos basan sus nociones territoriales en formas universalizadas de entender y practicar la gobernanza del agua,3 proveniente de la aceptación de que el agua es únicamente un recurso natural, apolítico y que obedece a un ciclo (hidro)lógico (Linton y Budds, 2014), otros actores promueven formas situadas y contextuales de conocimiento, no siempre capitalistas y no muchas veces conmensurables, provenientes en cambio de la generación de conocimiento sobre la base de prácticas y experiencia locales (Escobar, 2008; Scott, 1998). Con esto no sugiero que estas últimas sean formas anheladas y armónicas de territorialidad y de convivencia con la naturaleza, simplemente las planteo como contestatarias a las primeras. No obstante, esta aparente dialéctica es únicamente una mirada superficial a los procesos de configuración territorial ya que no son blanco y negro. Los distintos intereses en juego hacen que existan además matices grises, posiciones híbridas, producto de la interacción y el permanente contacto entre estas posiciones más extremas. En este sentido entender las relaciones de poder que constituyen los territorios y sus procesos de territorialidad es clave para, a su vez, indagar sobre cómo son los territorios delimitados, cuáles son sus límites, cuáles son sus contenidos y quién tiene poder sobre ellos (Brighenti, 2010; Delaney, 2008; Hoogesteger et al., 2016).

Estos aspectos se materializan en reconfiguraciones territoriales. Contrario al determinismo que sugiere terra nullius, cuando presenta los espacios geográficos como lugares vacíos, sin historia. En este artículo presento el concepto re-configuración, no simplemente como una muletilla lingüística para expresar transformación, sino como una manera de reconocer los espacios y lugares como territorios vivos, políticos, con experiencias e historias contingentes (Escobar, 2008). Es decir, la reconfiguración es un concepto que nos ayuda a entender las transformaciones en lugares -territorializados- llenos de vida, en donde el espacio trasciende lo biofísico y material. En esta medida, los lugares y sus territorialidades continúan “[…] siendo importantes en la vida de muchas personas, tal vez lo más importante, si entendemos por lugar la experiencia de un lugar particular con alguna forma de arraigamiento (no obstante, inestable), sentido de límites (no obstante, permeable), y conexión con la vida cotidiana” (Escobar, 2001, p. 140, traducción propia).

Las reconfiguraciones devienen a partir de nociones sobre cómo entender y experimentar el territorio, acerca de cómo es o debería ser ese territorio y de cuál debería ser el comportamiento de sus diferentes elementos constitutivos (humanos y no-humanos). Por lo tanto, el territorio se reconfigura a partir de un orden político que se establece o que está en proceso de establecimiento, tanto en lo imaginario como en lo material (Baghel, 2014; Latour, 1996). No obstante, su establecimiento no significa de ninguna manera que este nuevo orden sea hegemónico, siempre es contestado, ya sea individual o colectivamente. En consecuencia, los actores (humanos) y actantes (no-humanos) entran en una lucha de significancias y representaciones sobre, por ejemplo, qué es el agua (beneficio o perjuicio) y a partir de ello cómo debe ser manejada y gobernada. Así, la reconfiguración implica un proceso político de toma de decisión que, como en otros tipos de negociación, involucra relaciones de poder que hacen posible la reproducción de tal o cual territorialidad. Dado que las relaciones de poder son por defecto desiguales, los procesos de reconfiguración con frecuencia explicitan formas de inequidad que obedecen a ciertos regímenes de gobierno y de orden, dispuestos para alcanzar un objetivo determinado.

Formas de poder gubernamental

El proceso de reconfiguración en Chone, como en otras regiones andinas, es profundamente contestado. Tales disputas están mediadas por relaciones de poder representadas y visibilizadas en y a través del agua y la tecnología misma. Diferentes formas de poder se movilizan para establecer un nuevo orden político a partir del gobierno del agua. Tal como Foucault (1991) lo afirma: “Gobernar es la disposición correcta de las cosas, dispuestas para alcanzar un fin conveniente” (p. 93). Con esto sugiero que el proceso como ese fin conveniente -intencionadamente o no- se alcanza a través del gobierno del agua y del uso discursivo de la tecnología. Con la finalidad de indagar sobre esta problemática, propongo considerar las formas de poder que se enmarcan en el arte de gobernar o la gubernamentalidad como categorías de análisis: soberana (Fletcher, 2010; Foucault, 2008), disciplinaria (Foucault, 1978) y neoliberal (Boelens, Hoogesteger y Baud, 2013; Fletcher, 2010).

Complementario al poder clásico weberiano, uno de los aportes del trabajo de Foucault es el de entender el poder como uno que incluye en lugar de excluir, que produce en lugar de destruir, un poder que entre más invisible mayor capacidad de influencia adquiere (Foucault, 2002); además, como un poder estructural, pero que tiene espacios para la crítica y la resistencia en donde actores más vulnerables también movilizan estrategias de poder subalternas (Cadman, 2010).

La primera forma de poder gubernamental se basa en el proceso disciplinario del ser. Para esta forma, los individuos son considerados como sujetos desviados de la normalidad. Para corregir a ese sujeto anormal el poder opera mediante normas sobre lo que es o debería ser considerado un comportamiento adecuado (p.e., prácticas de gobernanza propias del desarrollo vs. aquellas consideradas como subdesarrolladas, urbano vs. rural, buenos ciudadanos vs. atrasa-pueblos, mal vivir vs. buen vivir, etc.). Esta forma principalmente ejerce un poder a través de valores morales y la culpa, incentivando de esta manera la autocorrección, el disciplinamiento o la normalización. Es aplicada mediante técnicas y procedimientos propios del poder capilar. Esta es la forma de poder más eficiente para el Estado moderno,4 puesto que no excluye per se, por el contrario, incluye colectivamente y disciplina individualmente. Además, es eficiente porque es el “punto donde el poder alcanza la esencia misma de los individuos, toca sus cuerpos y se inserta dentro de sus acciones y [pensamientos] mismos, en sus discursos, en sus procesos de aprendizaje y en sus vidas diarias” (Foucault, 1980, p. 39).

La segunda forma de poder es la neoliberal. Esta se basa en promover un régimen de verdad a través de entender o tratar a los individuos como sujetos racionales, que basados en un deseo utilitarista de alcanzar la felicidad, estratégicamente fundan sus decisiones en el cálculo costo-beneficio particular (Fletcher, 2010). Esta forma no ejerce un poder coercitivo sobre el individuo, actúa simultáneamente al poder disciplinario. Es decir, el sujeto internaliza normas propias del mercado (p.e., eficiencia, maximización de ganancias individuales). Esta forma de poder intenta conducir la conducta a través de la creación de incentivos ligados al mercado (p.e., propiedad privada, compensaciones económicas, indemnizaciones).

La tercera forma de gubernamentalidad está vinculada con la concepción tradicional del Estado soberano (Foucault, 2008, p. 312). Esta forma de poder intenta conducir la conducta a través de técnicas coercitivas de poder, propias del poder visible; “involucra el ejercicio directo de poder soberano a través de la construcción y empleo de reglas codificadas […] que se dirige a la gobernanza racional de un territorio a través de reclamar la obediencia de los sujetos al deseo soberano mediante amenaza o castigo” (Fletcher, 2010, p. 176; Foucault, 2002). Si bien, esta última forma de gubernamentalidad puede ser interpretada como un oxímoron frente al principio del poder capilar, en su obra El nacimiento de la biopolítica, el filósofo francés asume el poder soberano como una forma de gubernamentalidad en sí misma (Fletcher, 2010; Foucault, 2008).

Estas tres formas de poder gubernamental, que se presentan aquí como categorías de análisis separadas, en la práctica están superpuestas y en tensión. Por lo tanto, en la práctica, estas no se excluyen mutuamente, por el contrario, se complementan (Foucault, 2008).

El ‘retorno’ del Estado: revolución ciudadana y megarrepresas

En el año 2007 un nuevo gobierno asumió el poder en Ecuador. Su bandera de lucha fue refundar la patria con una revolución con los ciudadanos. Una revolución que, según el expresidente Rafael Correa, dejaría la larga y triste noche neoliberal atrás.5 Guiado por esta premisa y bajo un discurso socialista y progresista (Gudynas y Acosta, 2010) -tal como otros países de la región: Bolivia, Brasil, Venezuela y Argentina-, el gobierno de la ‘revolución ciudadana’ emprendió varios esfuerzos para fortalecer el rol del Estado, que fue desmantelado por el neoliberalismo y su consecuente crisis. Entre los esfuerzos oficialistas cuentan la alianza con otras fuerzas políticas (movimiento indígena, academia crítica, campesinos) y ciudadanas para la expedición de una nueva carta constitucional garantista de derechos (Acosta, 2010). La participación ciudadana, el agua y el respeto a los derechos de la naturaleza son pilares de este articulado construido por una asamblea constituyente y aprobados mediante consulta popular en el año 2008 (Acosta, 2010).

A través de esta nueva carta magna se introdujeron discursos alternativos de desarrollo, como el Buen Vivir, provenientes de las diversas nociones de bienestar de los pueblos originarios y nacionalidades indígenas que apoyaron en gran medida la candidatura de Correa y el proceso constituyente (Caria y Domínguez, 2016; Van Teijlingen y Hogenboom, 2016). Sin embargo, con el pasar de los años la propuesta de la ‘revolución ciudadana’ ha recibido críticas, incluso de los grupos que la apoyaban inicialmente: fundamentadas principalmente en las contradicciones entre el discurso y la práctica gubernamental (Gudynas y Acosta, 2010). Durante casi 10 años, gracias a los altos precios internacionales del petróleo, el gobierno realizó una alta inversión social y en obras públicas. Producto de aquello se redujo la pobreza del 35% en el 2008 al 24% en el 2016 (Banco Central del Ecuador, 2016). No obstante, los datos estadísticos y macroeconómicos esconden las particularidades por las cuales el gobierno de Correa ha sido altamente criticado. Principalmente la crítica gira alrededor de la incapacidad del gobierno para incluir a los actores que piensan diferente, la criminalización de la protesta, el autoritarismo, la falta de independencia de los poderes del Estado y la deslegitimación y consecuente debilitamiento de la organización social autónoma (Acosta et al., 2013). La noción de buen vivir fue vaciada de contenido por el gobierno (Van Teijlingen y Hogenboom, 2016). Otro elemento de crítica, aunque menos estudiado, se plantea en torno a la tecnocratización que ha sufrido el Estado en los últimos años y sus consecuencias territoriales (Acosta et al., 2013). Esta tecnocratización6 paulatinamente ha dado paso a la subordinación de otro tipo de conocimientos y formas de vivir bajo sus principios (De la Torre, 2013). Mientras por una parte el conocimiento experto ha trabajado desde el poder estatal con su discurso de desarrollo, que responde en gran parte a un régimen de verdad científico-burocrático; por otra, están las alternativas que dentro y fuera del Estado interfieren con los principios e intereses de este. Frecuentemente, esta situación hace que cualquier disenso sea percibido y presentado desde el Estado como opuesto a la noción universalista del buen vivir o desarrollo estatal. La tensión entre la urgencia de alcanzar el desarrollo desde una visión estatal y diferentes formas de percibir ese desarrollo desde varios sectores como el campesino sale a flote particularmente en proyectos donde la intervención del Estado vulnera de forma violenta derechos consagrados en la Constitución, como sucede en procesos de implementación de grandes represas, minería a gran escala y ampliación de la frontera petrolera (p.e., Sasso Rojas, 2008; Valladares y Boelens, 2017; Van Teijlingen, Leifse, Fernández-Salvador y Sánchez-Vázquez, 2017). Los argumentos de crítica se basan, comúnmente, en las acciones coercitivas del gobierno hacia las poblaciones locales. De manera complementaria, el estudio etnográfico e histórico-territorial de las intervenciones en megaproyectos hídricos, tal como se muestra a continuación, revela otras formas no coercitivas de poder que amplían el entendimiento de las relaciones de poder que informan los procesos de implementación de este tipo de proyectos.

Parte del afán de dejar el pasado atrás involucró fortalecer la presencia institucional en el manejo del agua y alta inversión en megainfraestructura hídrica. Uno de los ejes centrales del proyecto político fue el cambio de la matriz productiva y energética, para lo cual el manejo tecnocrático del agua tuvo un rol protagónico (Villavicencio, 2014). Para manejar los recursos definidos como estratégicos (agua, minería, petróleo, telecomunicaciones, medio ambiente), se crearon el Ministerio de Sectores Estratégicos (MICSE), la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) y la Empresa Pública Ecuador Estratégico (EEEP).7 El primero dirige la política rectora sobre el manejo de los recursos estratégicos, la segunda dicta política nacional sobre gestión del agua y construye grandes proyectos hídricos, y la tercera realiza proyectos de compensación económica a las comunidades afectadas por la construcción e implementación de proyectos estratégicos nacionales a partir de la renta petrolera y minera. Expertos-políticos asumieron la gerencia de las nuevas instituciones. A la luz de estos cambios el Estado y su institucionalidad se presentan fortalecidos y con mayor presencia nacional, lo que le ha permitido al gobierno retomar la mayoría de megarrepresas, hidroeléctricas, proyectos multipropósito y trasvases de agua que quedaron archivados durante la larga noche neoliberal. A pesar del discurso progresista e inclusivo adoptado desde el gobierno, el diseño, la construcción e implementación de megaproyectos han presentado resistencia por parte de las comunidades locales afectadas, ONG ambientalistas y de derechos humanos, políticos locales y nacionales, académicos críticos e instituciones internacionales antirrepresas. Contrario a lo esperado por un gobierno de los ciudadanos, estos proyectos han estado matizados por violencia estatal, desalojos forzados, falta de participación en procesos de toma de decisión, desconocimiento de la consulta previa y elaboración de estudios de impacto ambiental cuestionados y fuera de tiempo.

Desde una mirada regional, es preocupante atestiguar cómo en otros países de la región con gobiernos de corte progresista, el tratamiento dado tanto a las propuestas de este tipo de megaproyectos (junto al nuevo boom extractivista) como al cuestionamiento de sus opositores ha sido similar, tal como opina Evo Morales respecto al multipropósito El Bala: “No faltan pequeños grupos, so pretexto de cuidar el medio ambiente, quieren perjudicar no solo a La Paz sino a Bolivia”.8 No obstante, es posiblemente más inquietante analizar cómo políticas hídricas y de manejo de recursos naturales, como las adoptadas por el gobierno ecuatoriano, presentan convergencias con gobiernos abiertamente neoliberales como Colombia, Perú y/o Chile (Bebbington, 2012). Tal como lo expresa en el discurso inaugural de una de las hidroeléctricas más grandes y controvertidas de Colombia el presidente Juan Manuel Santos:9 “Hoy vemos un sueño convertido en realidad”10 y agregaba en Twitter “Hidrosogamoso proveerá el 8,3% de la energía del país, impulsando el desarrollo”. Tanto progresistas como neoliberales al parecer han seguido el mismo camino. Sin intención de profundizar acerca de esta temática a lo largo del presente documento ni sugerir que estas obras hidraúlicas tienen una trayectoria propia, al estilo Wittfogel, con estos ejemplos comparativos pretendo avivar una discusión sobre el modo en que el estudio crítico de casos como el de Chone contribuirían a entender tanto las paradojas de gobiernos progresistas como sus convergencias regionales con aquellos neoliberales (Bebbington, 2012).

En este contexto sociopolítico e institucional presento a continuación el caso del megaproyecto hídrico multipropósito Chone, un proyecto que se retomó en el año 2008 como emblema de la llamada ‘revolución ciudadana’.

El proyecto multipropósito Chone: configuración y reconfiguración territorial

Justificando el Proyecto Multipropósito Chone

Las grandes represas, como en la India poscolonial, en la España de Franco y en el Ecuador neoliberal, han sido justificadas abiertamente como la representación material del desarrollo y el progreso de las naciones (Baviskar, 1995; Khagram, 2004; Swyngedouw, 2007). En el caso de Chone no fue muy distinto; sin embargo, su proceso y abordaje fue diferente. Inicialmente el proyecto se presentó desde el gobierno como una mera solución técnica al problema de las inundaciones de la ciudad de Chone y que podría eventualmente mejorar la provisión de servicios como riego y agua potable, pero conforme avanzaba la implementación y la resistencia social se fortalecía, el discurso de presentación de la obra cambió a uno más tradicional, vinculado al de desarrollo y progreso.

Después de varias décadas, los estudios del proyecto fueron retomados durante el gobierno de la ‘revolución ciudadana’. Así lo estableció el entonces presidente Correa en una rueda de prensa después de inundaciones que azotaron a la ciudad de Chone en el año 2008: “Aquí la solución definitiva es el proyecto múltiple Chone que solo por el control de inundaciones ya tendría razón de ser, además de eso habilita hectáreas para agricultura bajo riego[…] vamos a hacer ese proyecto […]!”.11

Esta decisión no es casualidad, proviene de una larga historia de propuestas y pugna en varios niveles de gobierno sobre la mejor manera de solucionar el problema. Históricamente el valle de Chone, zona urbana y rural, cada invierno ha soportado inundaciones causadas por el desbordamiento del río de mismo nombre y varios de sus afluentes (Figura 2).

Fuente: Senagua. Elaboración propia

Figura 2 Áreas de inundación y ríos del valle de Chone.  

La ciudad de Chone ha soportado cerca de 220 inundaciones en los últimos 40 años.12 Este problema fue acogido por los proponentes del megaproyecto desde hace varias décadas; es así que el 26 de noviembre de 1979 el mayor diario de circulación nacional, El Comercio, anunciaba: “Atenderán pedidos del cantón Chone”:

Se realizará una reunión ampliada en el CRM,13 con asistencia de autoridades. Por su parte el gobernador de la provincia manifestó que el desvío del río Chone era la obra de mayor importancia, pues si se demora en solucionar el asunto, esta ciudad podría verse inundada nuevamente en el invierno.

En Chone las inundaciones tienen varios orígenes. No ocurren únicamente por efecto de las abundantes lluvias que caen aguas arriba del valle. La zona urbana -que es la que más ha promovido el proyecto o por lo menos no se ha opuesto a él- se inunda además por el desbordamiento de otros ríos, Garrapata y Mosquito, y esteros que conforman la compleja red orográfica de la zona. Por esta razón las inundaciones han continuado afectando al valle, aun después de que la represa entrara en operación en el año 2015.

A estas causas naturales se suman varias antropogénicas como la tala de bosques en las cuencas altas, la deficiente o nula planificación territorial y uso del suelo, la obsoleta y limitada infraestructura hidrosanitaria y el ahorcamiento del río Chone con una represa de mediano tamaño construida aguas abajo de la ciudad.14 A pesar de que desde finales de los años setenta entre expertos y políticos se debatían y negociaban varias alternativas (algunas incluso con menor impacto socioambiental), la solución y decisión tomada por el gobierno nacional en el 2008 fueron presentadas como una decisión exclusivamente técnica y apolítica, que depende enteramente del conocimiento experto y que busca maximizar el bienestar de la mayoría.

Para reforzar esta idea de solución técnica durante la etapa de promoción, el gobierno colocó en toda la ciudad gigantografías de inundaciones pasadas y difundió datos en donde se estimaban millonarias pérdidas económicas a consecuencia de las inundaciones. Así, en la primera etapa del proyecto el gobierno ecuatoriano no construyó una asociación directa entre el proyecto y el discurso de desarrollo. Este último entraría en juego más adelante, durante el proceso de construcción e implementación, pero no como una justificación del proyecto, sino como parte de una estrategia de gobierno y de transformación territorial.

Configuración territorial en Chone

En esta sección abordaré brevemente algunos aspectos históricos de las formas de acceso y uso de la tierra y agua que han influido sobre la organización social y productiva actual de la zona.

El río y la tierra han sido determinantes para la configuración territorial en Chone. En esta zona las personas se asentaron cerca de ríos para cultivar la tierra, regar, pescar, transportarse y recrearse. “El surgimiento de la ciudad de Chone estuvo ligado a la explotación de las montañas circundantes… Por otra parte, la existencia del río Chone, navegable gran parte del año, tuvo una importancia capital en tanto significó una vía permanente hacia el puerto de embarque” (Ferrín-Schettini, 1991, p. 130).

Previo a la conquista española la tierra era de acceso libre, las cordilleras, mesetas y valles poblados por un espeso bosque húmedo tropical y subtropical estaban también ocupados por pueblos campesinos que se dedicaban a la caza, la pesca, prácticas de recolección y al cultivo de la tierra de forma individual. La tierra no era sujeto de propiedad legal, tampoco tenía un valor comercial. El acceso a la tierra estaba determinado por el trabajo invertido en ella. Es decir, de acuerdo a las normas locales el acceso y uso dependía del cumplimiento de su función social y alimentaria (Ferrín-Schettini, 1986). Para los administradores del Estado y colonizadores nacionales y extranjeros, estas prácticas de uso de la tierra eran consideradas como ineficientes, por lo tanto, para ellos las tierras campesinas eran tierras baldías o incultas.

Con el establecimiento de los españoles paulatinamente la tierra empezó a adquirir importancia mercantil por las actividades agrícolas y ganaderas que se emprendieron con mayor intensidad y extensión, producto de la demanda del mercado externo (Deler, 1994; Delgado-Coppiano, 2012; Ferrín-Schettini, 1991). Mientras el cacao y el caucho proliferaron como cultivos, el primero con mayor agresividad que el segundo, la tagua se mantuvo como un producto de recolección campesino llevado a cabo en las tierras incultas. De esta manera los dos primeros productos estaban relacionados con la gran propiedad (estancias,15 haciendas), en donde se los empezó a domesticar. La tagua,16 aunque muy importante en lo social y económico, seguía siendo salvaje. Paulatinamente, estas actividades inyectaron una dinámica comercial diferente en la economía local, que hasta entonces se basaba principalmente en la comercialización del sombrero de paja toquilla, controlada por élites comerciales locales (Ferrín-Schettini, 1991).

El flujo comercial entre Chone y el mercado externo configuró la nueva estructura agraria de la zona: en el valle las grandes haciendas, estancias, y en las cordilleras y mesetas fincas de pequeño y mediano tamaño principalmente (Chiriboga, 1980). Junto al ingreso de nuevas estructuras económicas y comerciales, la propiedad de la tierra fue adquiriendo un valor monetario. Se empezaron a legalizar las tierras y a cuidar con mayor celo, no solo por grandes comerciantes y hacendados, sino también por los pequeños productores campesinos.

Las relaciones laborales también se transformaron a causa de las nuevas lógicas de propiedad de la tierra (agroexportación, eficiencia productiva y monetarización de la tierra). Formas precarias de trabajo como el concertaje17 fueron creadas y establecidas por los comerciantes-terratenientes18 para garantizar suficiente mano de obra barata en sus propiedades. A pesar de que gran parte de la dinámica económica de la época giraba en torno a los grandes comerciantes-terratenientes, algunos campesinos, por sus relaciones productivas y culturales construidas previo a la llegada de los colonizadores, como la recolección y el trabajo individual de la tierra, mantenían cierto nivel de independencia frente a esta tendencia (Ferrín-Schettini, 1986; Chiriboga, 1980). Estos campesinos en cierta medida conservaban poder de decisión sobre su situación laboral, puesto que tenían los medios necesarios (alimento e ingresos económicos), aunque modestos para subsistir, producto del trabajo en sus propias fincas. En consecuencia, a finales del siglo XIX e inicios del XX, las relaciones socionaturales en Chone estaban influidas por la colonización de tierras, el boyante comercio, la dependencia económica de tierra incultas y las distintas formas de relacionamiento laboral que surgían de esta interacción.

A inicios del siglo XX las relaciones comerciales basadas en la agroexportación gozaban de su época dorada, pero entrado el primer tercio de siglo este sector empezó a debilitarse debido a la crisis europea sufrida a raíz de la Primera Guerra Mundial (Chiriboga, 1980; Núñez-Sánchez, 2011). Los hacendados empezaron a caer en deuda y muchos tuvieron que vender o embargar sus propiedades. La tierra en muchos casos se dividió y se consolidó una estructura agraria dominada por la pequeña y mediana propiedad.

La crisis de la gran propiedad afectó diferenciadamente a los campesinos. Aquellos que se mantuvieron con cierta independencia lograron sobrellevar de mejor manera los cambios.

En la misma época, con la revolución liberal, las formas precarias de trabajo empezaron a ser cuestionadas (Prieto, 2004) y, más tarde, su abolición fue legitimada y fortalecida por el surgimiento de una identidad regional de mestizaje bajo la narrativa del montubio,19 cuyo principal objetivo era el de realzar una cultura campesina y mestiza independiente, en especial frente a las élites de Guayaquil. Así, a partir de la transformación sobre el valor mercantil de la propiedad de la tierra introducida por la agroexportación, esta reivindicación identitaria de carácter étnico-político posiblemente también contribuyó a fortalecer nociones de territorialidad local y arraigo sobre el uso y acceso a la tierra. Esto lo presenta Roitman (2013), aunque un tanto esencialista, en una de sus entrevistas: “El montubio es… individualista, es independiente… Cada montubio quiere su propio terreno… y [ningún] montubio quiere que alguien venga y le pida que coopere. ‘No! Ándate al diablo’ dirían” (p. 84). Si bien esta construcción de identidad no determina de manera absoluta cuestiones como el individualismo y arraigo, ofrece un contexto interesante para entender más las relaciones que encontramos hoy en día en la zona de influencia del megaproyecto, en donde subsisten formas semiindividuales de trabajo y acceso a la tierra. Así lo presenta Ferrín-Schettini (1986) cuando hace alusión al arraigo individual en torno al acceso a la tierra: “La existencia de tierra como mercancía, desde hace mucho tiempo […] ha influido para que el acceso a la tierra [en la zona] tenga un carácter muy arraigado de propiedad privada, libre e individual” (p. 242).

Producto de estas relaciones históricas, en la zona donde está ubicado el megaproyecto cada familia campesina con o sin propiedad sobre la tierra accede a ella mediante distintas formas de relacionamiento laboral. Una modalidad es el contrato de un trabajador -frecuentemente de corta duración- a cambio de reconocimiento económico por cada día trabajado (jornalero). Otra es el contrato asalariado de largo plazo del jornalero, y frecuentemente, de su familia. En esta modalidad los trabajadores administran la finca cuyo propietario comúnmente vive en la ciudad. Otra modalidad de relacionamiento laboral es una forma no asalariada de trabajo basada en la reciprocidad, bastante popular en la zona: presta-brazo y medianía. La primera es una relación laboral en la que un campesino trabaja gratuitamente en la propiedad de otro, con la condición de que el beneficiario cuando se le requiera entregue de vuelta el mismo número de jornadas de trabajo que recibió en su oportunidad. La segunda es una forma de acceso a la tierra a través de contribuir en el proceso productivo como mediero. En este caso cada parte aporta con lo que cuente como medio de producción (tierra, trabajo, capital). La contribución varía y depende de la negociación entre las partes. Todas estas actividades se fundamentan en la reciprocidad; no significan, sin embargo, formas colectivas de acceso y uso de la tierra y de trabajo, ya que cada campesino tiene control sobre su tierra o forma de reproducción de manera individual. Esto sugiere que lo colectivo no ha sido una construcción necesariamente adecuada de relacionamiento entre los campesinos de esta zona.

No obstante, la creciente tendencia hacia la valoración mercantil de la tierra desde épocas coloniales, la evolución de la tenencia de la tierra y los mecanismos de transacción utilizados para transferir su propiedad sugieren el establecimiento de una relación con ella que trasciende lo material y económico como única forma de valoración. Así, entre 1954 y 1974 la tenencia de la tierra estaba marcada por un 87% de unidades de producción agropecuaria (fincas) con tamaños que variaban entre 0,1 y 10 ha. En la misma época estas propiedades, junto a las de entre 10 y 20 ha, eran transferidas mediante herencia.20 En ese período el 57 y 62% de las fincas, respectivamente, utilizaron este mecanismo para transferir la propiedad sobre la tierra entre generaciones. Esto sugiere la permanencia de las familias en el mismo espacio por un tiempo prolongado, lo cual refuerza procesos de arraigamiento territorial basado en las experiencias vividas en esos espacios.

Río Grande: contexto antes de la llegada de la represa

En el 2011 la estructura agraria (Tabla 1) y las relaciones laborales presentan varias similitudes a las configuradas históricamente en la zona de Chone.

Los pequeños y medianos finqueros representaban el 80% de los propietarios; las prácticas laborales (asalariadas y de reciprocidad) -como en el pasado- son comunes en la zona y una forma habitual de acceder a la tierra sigue siendo la herencia. Tal como lo refleja una líder campesina que perdió su tierra tras la inundación causada por la represa: “Nuestra finca era herencia de mi esposo… perdimos todo… hay cosas que nunca se pueden recuperar, lo emocional, los amigos, los vecinos…” (Entrevista, 3 de septiembre, 2015).Estas declaraciones reflejan tanto la forma de acceso a la tierra como las relaciones sociales de arraigo ligadas a ella.

Tabla 1 Tenencia de la tierra en la zona de inundación 

Fuente: Secretaría Nacional del Agua (2012).

Elaboración propia.

A pesar de la aparente colectividad practicada en la zona, debido a las relaciones laborales y de acceso y uso de la tierra, las familias campesinas contaban con sistemas de producción individuales y bastante complejos. En el vaso de la presa casi todas las fincas tenían una propiedad con salida al río y muchas también poseían parte de ‘montaña’.21 Por una parte esto les permitía a los campesinos diversificar su producción agrícola en zonas bajas, pero por otra, la creciente expansión de la frontera agrícola talaba remanentes de bosque para implementar pastizales en las partes altas. Las fincas tenían cultivos de cacao, plátano, arroz, maíz, maní, hortalizas, verduras, cítricos y ganado. La pesca y recolección de camarón de río se realizaba en todo el río con trampas artesanales y era importante en la dieta familiar. Las mujeres se dedicaban a la cría de animales menores y al cultivo de plantas en el terreno junto a la vivienda. El acceso al agua para riego y consumo humano se realizaba a través de vertientes naturales de manera individual o se compartía una entre varias familias. No existían deberes explícitos para acceder al agua. El único requerimiento para poder hacerlo y usufructuar de ella era colaborar en el mantenimiento de la vertiente para conservarla limpia y con sombra para que no se secara en verano. Con la construcción e implementación del proyecto multipropósito, tanto lo biofísico como las relaciones sociales y productivas locales empezaron a reconfigurarse.

Reconfiguración territorial: el alma del multipropósito Chone

Esta obra tiene alma y cuerpo. El cuerpo es esta majestuosa represa, pero el alma se está sembrando en la consciencia, en el alma de los más puros. En el alma de nuestros niños y niñas… Esta obra no solamente es infraestructura (Palabras de la gobernadora de Manabí al inaugurar el Sistema Multipropósito Chone, 24 de noviembre, 2015).

La infraestructura central del sistema multipropósito Chone es una represa de 59,5 m de altura sobre el Río Grande (ver Figura 1). A pesar de que la construcción e implementación del sistema se justificó desde una esfera técnica y neutral de control de inundaciones, en el discurso de inauguración, la gobernadora de Manabí sugirió que “la majestuosa represa” es más que eso. En la práctica esta obra derivó en una reconfiguración territorial que trasciende lo biofísico, ecológico y espacial en torno al agua. Al tiempo que transforma relaciones sociales, agroproductivas y laborales de las comunidades locales, es legitimado por el gobierno como símbolo del buen vivir. Tal como se explicitaba en los carteles gubernamentales colocados para promocionar la obra (Figura 3).

Figura 3 Cartel de promoción del proyecto multipropósito Chone ubicado en la ciudad de Chone. 

Así, durante el proceso de construcción e implementación de la represa, discursos gubernamentales de buen vivir empezaron a asociarse a esta tecnología como la materialización del proyecto político oficialista.

Tan pronto se inició el proceso de promoción y construcción de la represa, esta empezó a ser criticada por comunidades ubicadas en la cuenca del Río Grande, sitio donde se ubicaría el eje de la presa. La resistencia de las comunidades de Río Grande empezó a organizarse desde el 2009. La base social de la resistencia fue una organización con reconocimiento jurídico dedicada a “brindar orden y seguridad local y evitar la pérdida de bienes pecuarios”:22 el Comité Central de Comunidades Campesinas de Río Grande (CCRG). Sus miembros son pequeños y medianos campesinos y propietarios de fincas ubicadas en la zona de Río Grande. A partir de esta base se establecieron dos grupos de hecho, el Comité de Defensa y el Comité de Mujeres de Río Grande. Según una de sus lideresas, el segundo grupo fue creado para mostrar hacia afuera mayor equidad en la organización de la lucha; sin embargo, en la práctica las decisiones y acciones se centraban en el Comité de Defensa que estaba dirigido por hombres. Ambos espacios también lo conformaban otros actores que no pertenecían al CCRG, como académicos críticos, ONG, políticos locales y nacionales, campesinos afectados por otros embalses23 y ciudadanos críticos de la ciudad de Chone. La resistencia movilizó su reclamo a través de varios medios: jurídicos, marchas en la ciudad de Chone y Quito, manifestaciones simbólicas de rechazo, artículos de prensa, redes sociales y prohibición de entrada a la zona de Río Grande a personas ajenas al sitio. Todas estas actividades aplazaron el inicio de la obra y físicamente evitaron el ingreso de la empresa constructora a la zona. Así, mientras el gobierno reforzaba un discurso desarrollista en torno al proyecto, el cuestionamiento local en Río Grande no mermaba. Por el contrario, se fortalecía. Uno de los precursores de tal resistencia estuvo motivado por la falta de reconocimiento y participación política de las comunidades campesinas durante el proceso de toma de decisión en la planificación del proyecto. Esto se evidencia en el análisis del único proceso de participación social en torno al megaproyecto que tuvo lugar como parte del Estudio de Impacto Ambiental después de la contratación de la obra. Tal como manifiesta un campesino sintiéndose menospreciado: “El punto de ellos es hacer el embalse aquí y de ahí recién ver cómo nos van a reubicar… no tienen un plan…”.24 El segundo plano que el gobierno dio al proceso de participación social es evidenciado en un informe interno de la propia Senagua (2012), en donde se ratifica que el proceso de socialización del EIA y el Plan de Manejo Ambiental tuvo lugar casi cinco meses después de haber sido contratada la construcción de la obra. Además se evidencia que todo el proceso fue motivado por el cumplimiento de obligatorios trámites burocráticos más que por llevar a cabo una real participación social de las comunidades. Este proceso de resistencia hizo que la construcción de la represa se retrasara poco más de un año, sin embargo, paulatinamente fue desmovilizada por varias acciones estatales.

A pesar de estas voces cuestionadoras, en julio del 2010 durante las fiestas de cantonización de la ciudad de Chone, la Senagua firmó el contrato de construcción con una empresa china. Haber firmado el contrato precisamente en el inicio de las fiestas de la ciudad, proyectaba al multipropósito como una aspiración festiva, relativa al progreso y desarrollo. Tal como lo muestra el gobierno municipal de Chone en un video promocional: “El propósito múltiple para Chone representa desarrollo…”.25 Aunque todavía en papel, el proyecto empezaba a ser sinónimo del discurso de desarrollo y buen vivir oficialista. Pronto, en la ciudad y sus alrededores se colocaron anuncios que mostraban el proyecto como más que una solución técnica de control de inundaciones: “Aquí se construye el sueño de Chone. El cambio ya está en marcha y nada lo detiene”. De esta manera discursivamente esta tecnología empezaba a forjarse como parte de un proyecto político que construye sueños vinculados a la idea de desarrollo. Esto es ratificado por uno de los campesinos afectados por la represa: “Debemos entender que detrás de esto viene un desarrollo integral”.26 Ciertamente, el significado de la represa empezaba a dejar en segundo lugar su aparente justificación técnica para mostrarse como un instrumento con un contenido social y político.

Tres formas de poder gubernamental en el multipropósito Chone

Varias acciones fueron ejecutadas por el gobierno, que se agrupan en tres diferentes formas de gubernamentalidad usadas para imponer el proyecto (soberana), y para legitimarlo y justificarlo (disciplinaria y neoliberal). La primera forma se evidencia después de la negativa de abandonar la finca de uno de los líderes campesinos, lugar que servía como sitio de concentración de la protesta. Mediante resolución ministerial la Senagua declaró a varias de las fincas como propiedades de utilidad pública.27 A partir de esto un juez de Chone ordenó a la fuerza pública proporcionar apoyo y garantías para la ocupación inmediata y violenta del predio donde se agrupaba la resistencia. Tal como se relata en el Informe Policial del operativo de octubre del 2011: “Con el apoyo del personal policial […] se procedió a ingresar a dichos predios para la ocupación inmediata ordenada por la autoridad competente al tener un numérico superior a los opositores, se les pudo disuadir y hacer abandonar los terrenos con el uso progresivo de la fuerza” (Senagua, 2012, p. 267).

Horas más tarde, después del desalojo, mientras maquinaria de la empresa china ingresaba a la zona para derribar las viviendas y desmontar la vegetación, en Quito el uso de la fuerza fue legitimado y el poder soberano del Estado sellado cuando el expresidente Correa firmó el Decreto 914, mediante el cual se declaró a la zona de afectación del proyecto como área de seguridad nacional. Por lo tanto, el área pasó a ser resguardada por la fuerza pública, lo cual permitiría garantizar la implementación de la obra, tal como era exigido por el contratista.

La compleja situación creada por este desencuentro entre el proyecto estatal y la resistencia local motivó para que el oficialismo implementara -antes y después del desalojo-una fuerte campaña que estaba pensada y sirvió no solo para legitimar el proyecto, sino además fue medio de desmovilización de los campesinos en resistencia y justificación de la violencia. Así, por ejemplo, se reconoce en un documento de la Senagua después de haber realizado el desalojo: “Es necesario resaltar el logro obtenido con la incursión [policial] a la zona de construcción del cuerpo de la presa […] la que dio como resultado la adhesión de los propietarios de la zona de Río Grande que se encontraban en oposición” (Senagua, 2012, p. 247).

Los mecanismos gubernamentales no solo incluyeron la aplicación de formas coercitivas de gubernamentalidad. Simultáneamente el gobierno utilizó incentivos económicos y de moralización de las formas de vida y desarrollo local propias de la gubernamentalidad disciplinaria y neoliberal. Así por ejemplo, los procesos de indemnización y compensación económica también fueron utilizados por el gobierno como estrategia de desmovilización. A pesar de que el Comité de Defensa proclamaba colectivamente que “las tierras de Río Grande no están en venta”,28 varios campesinos decidieron individualmente negociar sus propiedades -muchas veces a escondidas de los otros opositores-, lo que contribuyó a resquebrajar la confianza interna del movimiento. Esta situación respondió a varios factores. Primero, el gobierno aprovechó los lazos familiares y de amistad que existían entre varios campesinos y funcionarios de la Senagua para convencer a los opositores de abandonar la lucha. Segundo, había un cierto nivel de desconfianza al interior del movimiento de resistencia porque, según varios entrevistados, las decisiones del CCRG obedecían a ambiciones particulares de los líderes y no buscaban el beneficio colectivo. Tercero, varios campesinos tenían miedo de ser criminalizados por protestar o de ser desalojados de sus tierras por la fuerza. Y cuarto, la decisión de varios campesinos que vieron en las compensaciones económicas y en los ofrecimientos del gobierno (p.e., puestos laborales) una salida adecuada. Así, la urgencia de la Senagua para iniciar la construcción de la represa motivó la utilización del poder económico que tiene el Estado para ofrecer pagos extraordinarios por las tierras en disputa. Esta estrategia fue utilizada deliberadamente por funcionarios públicos durante el período más conflictivo de la lucha. Las indemnizaciones económicas estaban directamente relacionadas con la urgencia de desmovilizar la resistencia. Así lo recuerda el dueño de la finca en donde se ubicó el bastión de la resistencia: “Al inicio el mismo ministro me ofrecía 400 mil, después 500 y hasta 800 mil al último a través de mis hijos… pero yo no cogí nada” (Entrevista, 5 de febrero, 2015). Lo confirma el exsecretario del Agua al referirse al mismo caso: “Sí, le ofrecimos un buen pago por sus tierras al líder de la oposición, pero estaba necio” (Entrevista, 21 de julio, 2016). Esta negociación se muestra mediante el análisis del precio final que pagó la Senagua por el caso de dos fincas de similar ubicación y características que fueron negociadas en diferentes épocas. La primera negociación fue durante el período de mayor resistencia y la segunda después del desalojo, cuando la intensidad de aquella había bajado y algunos opositores habían cedido a las ofertas gubernamentales. Ambas propiedades estaban ubicadas en el sitio donde se levantaría el eje de la presa. En el primer caso el propietario de la finca aceptó negociar con la Senagua y obtuvo un pago aproximado de 10 mil dólares por hectárea, mientras que en el segundo caso el campesino que no aceptó negociar recibió un pago cercano a 4.900 dólares por hectárea. Después del desalojo y el proceso de negociación la resistencia se fue debilitando y tanto las negociaciones como los pagos fueron disminuyendo su urgencia.

Simultáneamente al uso de formas de poder gubernamental soberano y neoliberal, formas más sutiles propias del poder disciplinario fueron también desplegadas. Mientras la emergente institucionalidad estatal -Senagua y EEEP- ejecutaba el proyecto multipropósito como una tecnología empleando un discurso de desarrollo o buen vivir para la zona, formas locales de conocimiento y experiencia eran subestimadas. Tal como lo menciona el expresidente de la república durante un enlace ciudadano: “¡Ese es el problema de la falta de visión. Este es el único gobierno que ha cumplido y que una docena de familias, aupada por unos politiqueros irresponsables, se oponga al bien común […]. No es posible que Chone por un puñado de insensatos se siga inundando cada año!”.29

Entre los argumentos de los campesinos opositores al proyecto que sustentaban la protesta y que se reclamaban estaban el no ser tomados en cuenta en el proceso de participación social, que la zona donde se construiría el eje de la presa no es estable, que las inundaciones obedecen también a la convergencia de otros factores, que la solución no es una megarrepresa, y que las tierras del vaso de la presa son de una rica producción agropecuaria, muy importante para la economía local.30 Por el lado del gobierno, vallas publicitarias colocadas en la ciudad y en el sector rural anunciaban que “el proyecto multipropósito Chone promueve el buen vivir de tu comunidad” y que “los recursos hídricos llevan educación a tu comunidad”. En esta misma línea, el vicepresidente del Ecuador condenaba públicamente al grupo en oposición enfatizando que “deberíamos estar unidos todos buscando el desarrollo, y no es así, todavía hay los que se oponen a todo […] quieren que vivamos en las cavernas […] los atrasa-pueblos, los que no quieren que nos desarrollemos”.31 A partir de esta relación entre la tecnología, el agua y el discurso de desarrollo oficialista se buscaba legitimar el multipropósito, justificar las acciones gubernamentales (violentas o no) necesarias para su construcción e implementación e intentar internalizar en la sociedad chonera la relación entre tecnología hídrica y discurso.

Además, este relato fortaleció la idea en el imaginario social de que toda persona que estuviese en contra del proyecto estaba en contra del desarrollo de Chone. Tal como lo reconoció uno de los miembros más activos de la oposición: “Cuando iba en bicicleta por Chone algunas personas me gritaban: ¡Atrasa-pueblos! ¡Deja que se construya el multipropósito!” (Entrevista, 9 de febrero, 2015). De esta manera, el discurso y el lenguaje de desarrollo asociados al multipropósito llegó a formar parte de la noción de desarrollo y no-desarrollo de muchos pobladores. Esto sugiere que el poder disciplinario tuvo un rol central al calar en los capilares de los individuos.

El rol de la EEEP

En este proceso la EEEP desempeñó un papel importante. Creada en el 2011, surgió como una propuesta institucional con el fin de materializar el discurso de desarrollo y buen vivir a través de realizar inversiones como escuelas, comunidades del milenio, vías asfaltadas en zonas afectadas por grandes proyectos considerados estratégicos. En Chone, durante la época de mayor conflictividad, varias estrategias se movilizaron para promover el proyecto, no solo desde la EEEP, sino también desde otras instituciones, con el fin de corregir -a través de compensar- el comportamiento atrasa-pueblo o irracional de los opositores. La Senagua, EEEP y el Ministerio de Agricultura tuvieron un papel protagónico. Entre las compensaciones económicas principales figuran: la planificación y construcción de dos vías asfaltadas en el perímetro del embalse, una escuela del milenio,32 un cementerio, una comunidad del milenio33 para reasentar a 81 familias y la compra de dos fincas para promover el trabajo colectivo de aquellas familias reasentadas.34

En especial las dos últimas tuvieron varias funciones en la aceptación del proyecto: la desmovilización de la resistencia y la reconfiguración no-material del territorio. Esto deriva, en gran medida, de la visión de los técnicos a cargo del plan de compensación social y ambiental. Ellos aseguraban que lejos de ser un perjuicio, el proyecto es una “bendición” para los campesinos de Río Grande. Afirmaban que les ayudaría a dejar el atraso en el que vivían y que eventualmente los convertirá en un pueblo desarrollado. Tal como lo expresó uno de los técnicos a cargo del área socioambiental del megaproyecto: “[…] Su calidad de vida ya estaba así [mal] cuando llegamos. ¡Nosotros estamos más bien ayudando a los campesinos a mejorar! El múltiple Chone no trajo los problemas, ellos ya vivían aislados… sin vías, sin escuelas ni casas dignas” (Entrevista, 6 de noviembre, 2015).

Esto también justificaba los sacrificios que tenían que hacer los campesinos afectados para dar paso al proyecto y mejores días para la ciudad de Chone y zonas aledañas. En este contexto se planificó y construyó la comunidad del milenio para instalar una forma de vida desarrollada dirigida a los trabajadores de las propiedades afectadas. Durante la etapa de planificación de la comunidad del milenio, los técnicos se acercaban individualmente a campesinos opuestos al proyecto para ofrecerles casas con la condición de que persuadieran a más gente a abandonar la protesta. Esta estrategia fue efectiva en tanto varios campesinos aceptaron la propuesta. Así lo comenta un exdirigente opositor y primer dirigente de la comunidad del milenio:

Nosotros nos oponíamos... pero una noche un ingeniero de Senagua me llamó y me dijo: “Sabe, el presidente les va a construir un pueblito. Tal fecha traiga toda la gente para que firmen para darles las casas”. Entonces ahí me fui y me pasé de la oposición a favor del gobierno. Nosotros cedimos. Nosotros estábamos ciegos y otros de la oposición que ahora viven aquí en estas casas, también (Entrevista, 10 de diciembre, 2014).

Una vez construida la comunidad, la EEEP estableció y socializó reglas y normas para vivir acorde a la nueva configuración del espacio físico y social. Contrario a la configuración previa de la zona, la comunidad fue construida como un ejemplo de que el buen vivir está relacionado con lo urbano. Siguiendo esa lógica la comunidad -similar a una ciudadela urbana- está organizada en manzanas, con señales de tránsito y límites de velocidad cada 10 metros. También cuenta con espacios comunitarios: parque, mercado, iglesia, centro de cómputo. Sin embargo, ninguna casa tiene un terreno extra para cultivar ni criar animales; en su lugar el gobierno adquirió dos fincas para promover el trabajo colectivo de los reasentados. La posición del gobierno fue singular en este respecto. En el discurso de desarrollo oficialista la noción de lo urbano era central; sin embargo, consideraban a los afectados como campesinos, quienes debían seguir siendo campesinos pero bajo las normas y reglas del gobierno.

Entre las nuevas reglas de convivencia de la comunidad estaban: organizarse por bloques para mantener los espacios comunes, la prohibición de hacer fiestas pasada la medianoche, tener animales de corral o cerdos y dejar inhabitada la casa por más de 15 días, de lo contrario, la EEEP analizaría la posibilidad de otorgarle la vivienda a otra familia.

Como parte del proceso de compensación económica, la EEEP desarrolló un juego de mesa con el fin de enseñar a los reasentados el camino correcto -de acuerdo al proyecto político oficialista- hacia la felicidad o el buen vivir. Este juego fue implementado en la comunidad a través de promotores comunitarios, varias sesiones de capacitación y visitas de los reasentados a otros proyectos estratégicos (agrícolas, trasvases de agua, represas, hidroeléctricas) construidos por el gobierno. El juego tiene tres versiones, cada uno de ellos dedicado a un sector estratégico: minería, hidrocarburos y megaproyectos hidroeléctricos. Su lógica es similar a la del popular juego de mesa Monopolio, pues incluye colores, dibujos y cartillas informativas en lenguaje sencillo y directo, dados y una trayectoria a seguir llena de íconos que premian o castigan dependiendo de la elección del jugador. En tanto el jugador caiga en casilleros correspondientes a obras emblemáticas del gobierno de la ‘revolución ciudadana’, la felicidad y el buen vivir se acercan más. Parte fundamental del juego conforme avanza el jugador en el tablero es contestar preguntas que abiertamente promueven el proyecto político gubernamental. Así una cartilla pregunta ¿En Ecuador, las actividades petroleras protegen los recursos hídricos? La respuesta es “Sí”; otra menciona ¿Para qué se utiliza el dinero proveniente de los recursos estratégicos? La respuesta categóricamente es “Para generar desarrollo al país” y tal vez una de las más sugestivas sea ¿Qué significa el petróleo para el Ecuador? La única respuesta es “Desarrollo, prosperidad y bienestar”. Así, las normas y verdades del gobierno son transmitidas con la intención de que sean adoptadas por los habitantes de la comunidad; sin embargo, la autodeterminación individual de las personas muestra hendijas por donde cuestionar.

Gubernamentalidad contestada

No obstante los esfuerzos de la EEEP para hacer cumplir las reglas de convivencia en la comunidad, después de pocos meses observé que los espacios comunes iban deteriorándose y que varias familias empezaban a desobedecer ciertas reglas. De acuerdo a un nuevo habitante de la comunidad, el reglamento es desobedecido debido a la costumbre de la gente de trabajar en su propia tierra. No están acostumbrados a vivir de la forma impulsada por la EEEP. (Entrevista, 10 de octubre, 2015).

Esto se evidencia en las declaraciones de una campesina reasentada: “Es bonita la casa, sí… pero hay que acostumbrarse. Es duro a veces. Yo en mi casa tenía mis animales, me gustan las flores, tenía el plátano, la papaya, la yuca, el zapallo, el café, el cacao, de todo. Casi no compraba nada en el mercado… ¡Ahora hasta el [plátano] verde tengo que comprar! [risas] (Entrevista, 10 de enero, 2015).

Después de pocos meses, en especial las mujeres, preocupadas por no tener trabajo y no contar con un pedazo de tierra junto a la vivienda, empezaron a criar gallinas y unos pocos cerdos en los reducidos patios de las casas. Otras mujeres con el apoyo del gobierno municipal y la asociación de ingenieros agrónomos del cantón empezaron a instalar huertos orgánicos. Otros empezaron a cultivar de forma ilegal en terrenos estatales que marcan el límite de la comunidad. La paulatina desobediencia de las reglas molestó a los dirigentes de la comunidad, quienes afirmaban: “La gente no cumple con las reglas porque el problema es que no están acostumbrados a vivir bien” (Entrevista, 10 de octubre, 2015). Sin embargo, los inconvenientes no se quedaban únicamente en la convivencia dentro de la comunidad; también se reflejaban en el trabajo en las fincas compradas por el gobierno. A pesar de que el Ministerio de Agricultura creó una junta de regantes y realizó capacitación a los campesinos sobre la experiencia de proyectos comunitarios implementados en otras regiones del país, la acogida de esta modalidad laboral era incipiente y contestada. Así lo reconoce uno de los directivos de la junta de regantes sobre el trabajo en una de las fincas: “En el período de fumigación del maíz vi a la gente que no colaboraba… son vagos y no entienden. En la bomba no mezclaban el químico con el agua, solo llenaban con agua a la mitad la bomba y se hacían como que fumigaban, pero el líquido o el fertilizante se robaban, se llevaban en las tarrinas del almuerzo” (Entrevista, 5 de noviembre, 2015).

Esto podría explicarse en parte porque muchos reasentados mantenían todavía relaciones laborales con sus antiguos empleadores o vecinos o conservaban un remanente de tierra en el lugar de su antigua vivienda. Muchos preferían viajar en mula por más de una hora hacia las tierras expropiadas (todavía no inundadas) para continuar trabajando ahí en lugar de participar del trabajo colectivo en las nuevas fincas. Además se desarrolló una diferenciación social entre campesinos reasentados y no reasentados, al punto que varios funcionarios del gobierno, habitantes de Chone y los propios reasentados manifiestan que la forma de vida de los segundos es menos digna y moderna que la de los primeros. En otras palabras, aquellos que no se opusieron al proyecto o que escogieron las ofertas gubernamentales ahora están, como en el juego de mesa, más cerca del buen vivir y la felicidad que los opositores.

Es así que a través de las normas y discursos vinculados a la represa, no solo el paisaje y su ecología han sido reconfigurados, pero también las relaciones sociales, agroproductivas y laborales de las comunidades locales.

Al tomar en cuenta cuidadosamente el proceso de implementación del proyecto y los discursos asociados a este, la gobernadora de Manabí, en sus palabras de inauguración, fue en realidad bastante precisa acerca de lo que representa esta megaobra hídrica: no solo es una mera infraestructura técnica de control de inundaciones. Como lobo con piel de oveja, el megaproyecto tiene un alma que impulsa, legitima y justifica el proyecto político oficialista.

En la actualidad, aunque el sistema está en operación, las inundaciones en la ciudad de Chone y sus alrededores continúan (pero según los promotores del proyecto “ya no son como antes; ahora, en algunos sectores, el agua no supera el metro de altura…”). A más del impacto ambiental causado, decenas de familias campesinas no han sido reasentadas, muchas permanecen aún en condiciones más precarias que antes de la llegada del proyecto. Varias han quedado con dificultades de transportación por la presencia acumulada de lechuguín (Eichhornia crassipes) (lirio de agua) en el espejo del embalse y el incremento de los costos de transporte. Además, se evidencia una coerción de las relaciones sociales preexistentes, incluso entre los que alguna vez fueron miembros de la resistencia. Así, el proceso de construcción e implementación de esta megaobra -durante el gobierno de la ‘revolución ciudadana’- muestra cómo un proyecto justificado como técnico y apolítico reconfigura el territorio y se legitima a través de formas de gubernamentalidad disciplinaria y neoliberal, como complemento a aquellas coercitivas, propias del poder clásico.

Discusión y conclusiones

En la sección introductoria del artículo me pregunté: ¿Cómo podemos entender bajo nuevos regímenes de gobierno (progresista) un proceso de reconfiguración territorial tan agresivo como el causado por una represa? ¿En qué es diferente (en caso de serlo)? Y ¿cuáles son sus efectos territoriales? El caso de Chone ofrece algunas entradas interesantes para responder a estas preguntas.

Primero, el proceso de construcción e implementación en Chone muestra de qué modo en Ecuador la infraestructura hídrica constituida de cemento y hierro no es únicamente una forma sólida de control y manejo del agua, sino que es una infraestructura que tiene alma política, es socialmente construida y discursivamente utilizada. Es decir, refleja relaciones de poder, normas y visiones desde el Estado que dan forma a la gobernanza del agua, pero que también afecta relaciones sociales y formas de vivir locales. A partir de esto puedo afirmar que tales megaproyectos provocan una reconfiguración territorial profunda, una que va más allá de lo material biofísico y que comúnmente escapa a nuestro campo de visión y observación. Mediante la adopción de SCOT como un marco analítico crítico sobre la tecnología, se logra navegar por y desenmarañar las formas de poder gubernamental que están constituyendo la relación entre tecnología, agua y sociedad. Parte angular de este enfoque es estudiar el poder no como externo al proceso y a la tecnología (megaproyecto), sino como constituyente discursivo de la misma y de su proceso de construcción e implementación. Así, por ejemplo, la oposición de los campesinos al megaproyecto no fue asimilada por el gobierno como resistencia en contra de la represa únicamente, sino también como una oposición al proyecto político que esta representaba: desarrollo y buen vivir oficialista. A partir de esto, sugiero que las represas son proyectos gubernamentales que, a más de influir sobre la gobernanza del agua, son tecnologías que intentan transformar la sociedad a través de acarrear consigo normas y discursos dominantes.

Segundo, el artículo presenta claramente cómo la tecnología, en apariencia técnica y apolítica, es utilizada por el gobierno como parte integral del discurso de desarrollo vinculado al buen vivir. Por un lado, este uso en gran parte intenta justificar la construcción e implementación del megaproyecto frente a la sociedad y legitimar acciones gubernamentales, mientras por otro, simultáneamente, sirve para deslegitimar la protesta local y debilitar su resistencia. De esta manera el estudio de este caso devela como diferentes formas de poder gubernamental son movilizadas para materializar el proyecto político oficialista. A diferencia del pasado, cuando el uso de la fuerza era primordialmente el medio para implementar este tipo de proyectos, durante el gobierno de la ‘revolución ciudadana’ -por lo menos en el caso ecuatoriano-, formas más inclusivas y capilares son complementariamente desplegadas. Por ejemplo, el desalojo violento, combinado con indemnizaciones oportunistas y formas de compensación económica mimetizadas. Esto, a su vez, devela contradicciones entre el discurso progresista de inclusión y participación social con las prácticas atrapadas en el utilitarismo neoliberal que justifica su expansión basado en la racionalidad individual y el bienestar común.

Tercero, las tres formas de gubernamentalidad descritas (soberana, disciplinaria y neoliberal) y discutidas a través de ilustraciones concretas muestran que estas operan simultáneamente. Es decir, no son mutuamente excluyentes, por el contrario, son complementarias entre sí. Su despliegue causa varios efectos territoriales o de territorialización. Estos proyectos, en consecuencia, no son únicamente causantes de injusticias hídricas como efectos de movilización de formas de poder coercitivo y de las transformaciones materiales del paisaje (inundaciones), sino que además generan transformaciones aún más estructurales y duraderas mediante la inclusión de relaciones de poder y normas sociales vinculadas al uso discursivo de la tecnología. En otras palabras, los megaproyectos hidráulicos de este tipo y en este contexto son un constructo gubernamental poderoso: a más de ser impuestos mediante formas de poder coercitivo, son tecnologías disuasivas, que se implementan a través de formas de poder ‘inclusivo’ que -simultáneamente- justifican y legitiman su ejecución.

Cuarto, en el artículo argumento que ningún espacio es terra nullius o tierra vacía, por el contrario, los espacios geográficos en donde se construyen e implementan este tipo de proyectos son llenos de contenido, lo cual se refleja en la contingencia histórica social, política, económica y agroproductiva de dichos espacios (Escobar, 2001). En el caso de Chone estas contingencias se muestran, por ejemplo, a través de los huertos orgánicos y la crianza de gallinas por parte de las mujeres, en contra de las reglas de la comunidad del milenio, y el robo de agroquímico de los cultivos colectivos o el cultivo en tierras ‘ajenas o del Estado’ por parte de los hombres como formas de reivindicación del conocimiento y experiencia locales configuradas históricamente en torno a un lugar.

Quinto, más allá del contexto nacional, en donde el caso de Chone revela paradojas de un gobierno autoproclamado como progresista, por ejemplo, marginando de procesos de participación social (EIA) y violando derechos humanos (desalojos forzados); este caso abre puertas para indagar sobre cómo regionalmente -tanto en gobiernos progresistas o no- este tipo de proyectos reflejan viejas formas de expansión capitalista (construcción de megarrepresas), pero con nuevas y renovadas herramientas gubernamentales de materialización y legitimación (megarrepresas vinculadas a prácticas de desarrollo y buen vivir).

Sexto, al dedicar mayor atención a las formas de poder dominante que nos muestra el caso de Chone, no pretendo desconocer la agencia e influencia que el conocimiento y la resistencia de comunidades locales y sus alianzas pueden tener sobre el diseño, construcción e implementación de este tipo de proyectos. Por el contrario, mi objetivo al tratar de explicar los nuevos mecanismos gubernamentales de poder es contribuir y motivar a la apertura de nuevos espacios de investigación y acción que permitan reclamar un reconocimiento cultural y participación de los actores más vulnerables en este tipo de proyectos y contextos. Esto va de la mano con lo que para Enrique Leff (2012) es uno de los principios de una ecología política posestructuralista que emerge como “el campo en donde relaciones de poder son concebidas y luchas sociales mostradas para abrir nuevos caminos de sobrevivencia y para la construcción de un futuro sustentable” (2012, p. 5, traducción propia). En este sentido, sugerir el fortalecimiento de procesos participativos a partir de estudios críticos sobre megaproyectos hídricos, no es insinuar una inclusión clientelar o utilitaria de las poblaciones locales en los procesos gubernamentales (Cleaver, 1999). Lo que se intenta es fortalecer procesos de participación política para que estos se constituyan en la base de verdaderas estrategias de justicia hídrica y de democratización en el manejo de los recursos hídricos.

Finalmente, el artículo invita a que en futuras investigaciones se reconsidere el estudio crítico de megaproyectos hídricos que, tanto en Ecuador como en varios países de la región, en la última década han reaparecido como formas modernas y neutrales de gobernanza del agua. En estos estudios surge la necesidad prominente de evaluar el rol de la tecnología en su estructura misma (diseños) para entender las relaciones de poder que la conforman y los efectos que tienen sobre la sociedad y la naturaleza. Así, el estudio crítico de la gobernanza del agua, junto a la tecnología y el poder, tiene el potencial de abrir espacios para develar reconfiguraciones territoriales que se esconden y legitiman bajo renovados discursos de desarrollo y cuestionables buenas intenciones gubernamentales.

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1 Ver, por ejemplo, Van Teijlingen y Hogenboom (2016) como referencia al caso de la minería y el buen vivir.

2Este megaproyecto tiene dos principales componentes, el canal de desagüe San Antonio y la represa sobre el Río Grande. No obstante, me enfocaré en los eventos ocurridos en torno a la represa por su fuerte relación con la movilización social local y las acciones del gobierno para contrarrestarla.

3Para saber sobre el origen y trascendencia del concepto ‘comunidad epistémica’, ver Haas (1992), y para el uso del concepto en el estudio de la gobernanza de recursos naturales, ver Rodríguez de Francisco y Boelens (2015).

4Al referirme a ‘Estado moderno’ particularmente adopto una lectura de lo que Partha Chatterjee llama la forma moderna de la nación, la cual es universal y particular a la vez; en donde “la dimensión universal está representada, en primer lugar, por la idea del pueblo como el locus original de la soberanía en el Estado moderno, y en segundo lugar, por la idea de que todos los seres humanos son portadores de derechos. Si esto fuera una verdad universal ¿cómo se llevó a efecto? Por medio de la consagración de los derechos específicos de los ciudadanos en un Estado constituido por un pueblo en particular […]” (Chatterjee, Chaves, y Hoyos, 2011, p. 207).

5Para una explicación más elaborada acerca de la referencia a la larga y triste noche neoliberal, referirse a Correa (2009).

6La tecnocratización de los Estados en Latinoamérica es un fenómeno bastante estudiado (Centeno y Silva, 1998; Silva, 2010). En el caso ecuatoriano, y durante el período específico de la administración de Rafael Correa, la administración pública se caracterizó por incluir en el proceso político de toma de decisión un fuerte componente de expertos como economistas, sociólogos e ingenieros (muchos con estudios en el extranjero). Es decir, las decisiones no recaían únicamente en los políticos tradicionales, sino que los tecnócratas tomaron un rol central en la política, legitimados por su promocionado conocimiento experto. Con esto mi intención no es desconocer el rol de la tecnocracia en gobiernos anteriores al de la ‘revolución ciudadana’; lo que pretendo es resaltar el predominio e importancia particular que discursiva y materialmente adquirió durante este período de gobierno.

7La Constitución Política del Ecuador en el Art. 313 dispone que: “Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social”.

8Diario La Razón, 16 de noviembre, 2016. http://www.la-razon.com/economia/Bala-Evo-indigenas-Beni-no-enganarse-efectos-medioambientales_0_2601339894.html

915 de enero, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=R2lJPRucFSw

10Ver Roa y Duarte (2012) para más detalles sobre el caso.

11Rueda de prensa, 24 de febrero, 2008. https://www.youtube.com/watch?v=6qS8OtRWd-o

12Proyecto de control de inundaciones de la ciudad de Chone. Diseños Definitivos. Consorcio consultor COPADE-ICA, 2002.

13El Centro de Rehabilitación de Manabí era la institución regional del desarrollo y planificación del agua en la provincia.

14La represa Simbocal fue construida para evitar la intrusión salina y facilitar la expansión camaronera en el estuario del río Chone.

15Eran un tipo de explotación rural dedicada a la ganadería en pastos naturales en donde la tierra tenía poco o ningún valor económico.

16En Ecuador, la tagua -llamado también marfil vegetal- se extrae de la palma Phitelephas aequatorialis, que crece en el subtrópico entre la cordillera de la Costa y los Andes.

17Un mecanismo precario de trabajo utilizado por los terratenientes para hacerse de mano de obra. Consistía en endeudar engañosamente a los conciertos con sumas de dinero imposibles de pagar, lo que llevaba a estos a trabajar bajo condiciones de explotación indefinidamente.

18Según Ferrín-Schettini (1991) la clase terrateniente o hacendada de finales del siglo XIX tuvo sus bases en el comercio, en especial, de sombreros de paja toquilla. La acumulación de capital de esta forma les permitió a muchos adquirir tierras para insertarse en las nuevas dinámicas de exportación cacaotera y taguera.

19Uno de los mayores representantes de esta narrativa es el escritor ecuatoriano José De la Cuadra con su obra El montuvio ecuatoriano, publicada por primera vez en 1937.

20Según datos presentados por Ferrín-Schettini (1986) tomados del Pronareg-Orstom (1978).

21Montaña es el nombre local que se le da a la tierra no cultivada, que está cubierta por bosque primario y secundario.

22Reglamento interno del CCRG legalmente reconocido mediante acuerdo ministerial 2410 de 1997 y que agrupa a 31 comunidades campesinas-montubias de Río Grande.

23Campesinos afectados por el sistema multipropósito Daule-Peripa construido en 1988 (Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, 2008; Hidalgo, Boelens e Isch, s/f).

24RTU Noticias, 16 de agosto, 2011. https://www.youtube.com/watch?v=Cg2kpmFHrF8

25GAD Chone. Video promocional mostrado desde el 25 de marzo, 2011. https://www.youtube.com/watch?v=BErRyFa5tRc

26GAD Chone. Video promocional mostrado desde el 25 de marzo, 2011. https://www.youtube.com/watch?v=BErRyFa5tRc

27Resolución ministerial Nº 194 de 22 de noviembre, 2010.

28Comunicación escrita del CCRG, 5 de septiembre, 2010.

29Enlace Ciudadano 228, 9 de julio, 2011. Caluma, Bolívar. https://www.youtube.com/watch?v=_5IixHXSdvs

30Además en comunicación escrita del CCRG, 26 de abril, 2011, menciona que la zona genera cerca de 18 millones de dólares anuales.

31Enlace Ciudadano 346, 2 de noviembre, 2013.

32Es una unidad educativa centralizada con capacidad para 570 estudiantes, construida para compensar la pérdida de varias escuelas pequeñas inundadas o aisladas por el reservorio.

33Es una comunidad/urbanización construida en la zona rural, a 5 km de reservorio, con la finalidad de alojar a los jornaleros de las fincas afectadas por la megaobra.

34De un total de 181 familias afectadas que debían ser reasentadas, en la actualidad cerca de 100 familias no han sido reasentadas. La EEEP justifica este retraso por falta de presupuesto y los técnicos a cargo del proyecto se muestran indiferentes.

Recibido: 04 de Abril de 2017; Aprobado: 27 de Octubre de 2017

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