SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 issue63Large-scale mining, territorial pluralism and contention: mapping encounters and divergences in the Ecuadorian AmazonProposal of chinese investments in mapuche territory: resistances to metallic mining in Loncopué author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • Have no similar articlesSimilars in SciELO
  • On index processSimilars in Google

Share


Estudios atacameños

On-line version ISSN 0718-1043

Estud. atacam.  no.63 San Pedro de Atacama Dec. 2019

http://dx.doi.org/10.22199/issn.0718-1043-2019-0030 

Dossier Nuevos Capitalismos

(Re)territorializaciones en tiempos de ‘revolución ciudadana’: petróleo, minerales y Derechos de la Naturaleza en el Ecuador

(Re)territorialization in times of ‘citizen revolution’: petroleum, mining and Rights of Nature in Ecuador

Andrea Carolina Valladares Pasquel1 
http://orcid.org/0000-0001-9057-4793

Rutgerd Boelens2  3 
http://orcid.org/0000-0002-8412-3109

11 Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (CEDLA), Universidad de Ámsterdam, Ámsterdam, PAÍSES BAJOS. Email: a.c.valladares@cedla.nl

2 Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (CEDLA), Universidad de Amsterdam. PAÍSES BAJOS. Email: Rutgerd.Boelens@wur.nl

3 Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad de Wageningen. PAÍSES BAJOS. Email: Rutgerd.Boelens@wur.nl

Resumen:

El programa de modernización en el Ecuador, puesto en marcha por el gobierno de la llamada 'Revolución Ciudadana', ilustra las nuevas estrategias de penetración y expansión del capital global hacia nuevas fronteras. A pesar de su discurso anti-neoliberal, el proyecto de gobierno está sostenido en la expansión de la frontera extractiva y prácticas de inclusión homogenizantes y disciplinarias en los territorios. A través del concepto de gubernamentalidad se analiza el caso de la construcción de las “Comunidades y Escuelas del Milenio” como un factor de (re)territorialización espacial y simbólico, en la comunidad indígena Cofán Dureno en la Amazonía ecuatoriana y en la parroquia Victoria del Portete en la Sierra sur.

El último apartado discute las nuevas respuestas de la sociedad local y global para enfrentar esta expansión capitalista hacia nuevos territorios. El reconocimiento constitucional de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador -aunque un instrumento ambiguo- trae a la discusión política los múltiples significados de naturaleza presentes en los conflictos territoriales. Concluimos que los Derechos de la Naturaleza son producto de la interacción de actores en varios niveles geográficos y culturales, y que es precisamente en esa multiescalaridad e interculturalidad donde radica su potencial de defensa territorial.

Palabras claves: territorio; gubernamentalidad; extractivismo; derechos de la naturaleza; epistemología

Abstract:

The modernization program launched by the government of the so called 'Citizen Revolution' in Ecuador illustrates the new strategies of global capital penetration and intensification towards new frontiers. Notwithstanding its anti-neoliberal discourse, the government project relies on the expansion of the extractive frontier as well on practices of homogenizing and disciplinary inclusion inside of the territories. The policy implementation of 'Millennium Communities’ and 'Millennium Schools' is analyzed through the concept of governmentality, as a key instrument of spatial and symbolic (re) territorialization. We explore the cases of the indigenous community Cofán Dureno in the Ecuadorian Amazon and the parish Victoria del Portete in the southern highlands. The last section discusses the new responses of local-global alliances to respond to such capitalist expansion in new territories, by means of supporting the enactment of the Rights of Nature in the Ecuadorian Constitution. This ambiguous instrument brings the multiple meanings of nature underlying territorial conflicts into political discussion. The conclusion presents how Rights of Nature are a product of the interaction among actors of diverse geographical scales and cultural backgrounds. It is precisely in its multi-scalar reach and intercultural interaction where the potential of these rights can be found.

Keywords: territory; governmentality; extractivism; rights of nature; epistemology

Introducción

En el Ecuador los proyectos estratégicos del gobier no de la llamada ‘Revolución Ciudadana’ (2007 2017) ilustran las inéditas estrategias de penetra ción y expansión del capital global hacia nuevas fronteras, pero también las respuestas recientes de la sociedad local y global para cuestionarlos. Estas estrategias centradas especialmente en el sector de hidrocarburos, minería e hidroeléctricas emergen en medio de un discurso gubernamental antineoliberal, y de políticas estatales que en la práctica político- institucional buscan promover la subordinación del territorio y la vida cotidiana de sus habitantes (Wilson, Bayón y Diez, 2015). Enmarcada en la corriente latinoamericana del ‘socialismo del siglo XXI’, la ‘Revolución Ciudadana’ llegó al poder con amplio apoyo popular y con la promesa de acoger las reivindicaciones de los movimientos sociales, al gunas de estas plasmadas en la nueva Constitución del 2008. Sin embargo, paso a paso el gobierno fue impulsando políticas que profundizaron el modelo capitalista que decía criticar y encontró en las or ganizaciones sociales el principal obstáculo para la implementación de sus reformas tecnocráticas (De la Torre, 2013). Los instrumentos de planificación nacional y de ordenamiento territorial que se ela boraron durante este período fueron concebidos con la visión de que el Estado debe retomar un rol central en la sociedad. El Estado y sus instituciones exaltaron estos esfuerzos como parte de una reforma posneoliberal cuyas transformaciones reemplazarían la acostumbrada sumisión de los Estados latinoame ricanos ante las élites y capitales transnacionales. De cierta manera, esta reestructuración de poderes fue posible por las luchas sociales del continente, luego distorsionada por el papel incremental del Estado en los espacios de la sociedad civil y el avance del extractivismo minero y petrolero.

La nueva configuración del Estado fue facilitada por un período económico favorable para ello, con altos precios de las materias primas (Baud, De Castro y Hogenboom, 2011; De Castro, Van Dijck y Hogenboom, 2014; Hogenboom, 2012). Con el fin de afianzar el reordenamiento del espacio socionatural requerido por el programa político de gobierno, se procuró que las intervenciones estatales en los te rritorios tengan gran impacto material, con vistosa infraestructura, pero también simbólico y discursi vo para crear un orden conveniente a varias escalas. En la práctica político-económica del país, estas es trategias de intervención estatal responden en gran medida a la demanda global de materias primas (Bo nilla, Maldonado, Silveria y Bayón, 2016; Hoogesteger, Boelens y Baud, 2016) y en muchos sentidos e impactos no difieren mucho de las políticas extractivistas de los gobiernos neoliberales anteriores (Bebbington, 2007).

El avance capitalista modernizador del gobierno de la última década (2007-2017) hábilmente se ha co bijado en el uso y funcionalización desde el poder, del lenguaje y reivindicaciones históricas de los mo vimientos sociales y el sector indígena. La Consti tución del 2008 tiene varias novedades producto de las históricas luchas sociales del país: se declara el Estado plurinacional; el Sumak Kawsay (Buen Vi vir) como eje de desarrollo; el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza; el derecho a la resistencia y al agua como un derecho humano. Se visibilizó así a nivel constitucional la posibilidad de debatir sobre epistemologías diferentes a la modernista-universalis ta, y de abrir la discusión política de nuevos sistemas de conocimiento, de valores, y de significados sobre ‘territorio’ y ‘naturaleza’. Sin embargo varios de estos principios se han convertido en el lema presente en los proyectos socioambientales más polémicos del gobierno para legitimar su intervención. El gobier no apuesta, por un lado, a llenar de contenido afín los derechos constitucionalmente reconocidos y, por otro, alinear a las comunidades locales al discurso desarrollista gubernamental creando nuevas identi dades, jerarquías, sentidos de pertenencia e imagi narios, mientras se deslegitima a quienes se oponen (Ospina Peralta, 2011; Radcliffe, 2011; Valladares y Boelens, 2017).

Simultáneamente han surgido desde la sociedad no vedosas estrategias de resistencia y defensa territo rial. Ante la arremetida de megaproyectos mineros y petroleros, los movimientos sociales e indígenas han apostado por apelar a la plurinacionalidad y los Derechos de la Naturaleza, como una forma de aplicar desde la sociedad lo que no puede quedar exclusivamente a cargo del tutelaje del Estado: la defensa de los sentidos locales y comunitarios de te rritorio y naturaleza. La posibilidad de recurrir a los

Derechos de la Naturaleza como una herramienta de defensa territorial ha promovido la activación de redes campo-ciudad y de alianzas locales, regionales e internacionales que dan cuenta de la multiescala- ridad local-nacional-global de los movimientos de justicia ambiental y del carácter interescalar de las intervenciones territoriales (Boelens, Hoogesteger, Swyngedouw, Vos y Wester, 2016; Hoogesteger et al., 2016).

En este contexto leemos las reterritorializaciones que se generan de la confrontación entre Estado y comunidades por realizar proyectos territoriales divergentes. Los conflictos socioambientales del Ecuador están relacionados con la dependencia del país en las materias primas, pero que hoy por hoy son atizados por el modelo intervencionista estatal y los procesos de acumulación regionales y globa les. Los datos y resultados que presentamos se basan en una primera fase de revisión de archivos, docu mentación y literatura e investigación de campo durante los meses de enero a mayo del 2015 y una segunda fase entre mayo y septiembre del 2016. El primer período está centrado en la comunidad Co fín Dureno afectada por la actividad petrolera, en la provincia de Sucumbíos en la Amazonia norte del país. Se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas y abiertas en la comunidad, en la capital provincial Lago Agrio y en la capital nacional Quito. En Sucumbíos se realizaron entrevistas a habitantes de la comunidad y miembros de la anterior y actual di rectiva, al presidente de la organización de la nacio nalidad Cofín así como a representantes vinculados a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Algunas de las entrevistas fueron tra ducidas del idioma a’iange al español por los dos residentes que acompañaron la visita. En Quito se realizaron entrevistas a activistas, políticos y acadé micos involucrados en el reconocimiento constitu cional de los Derechos de la Naturaleza. La segunda fase de investigación en el 2016 se ha centrado en las comunidades del Azuay que resisten la entrada de la minería a gran escala. En el cantón Cuenca se entrevistó a los pobladores de Tarqui y Victoria del Portete, las dos parroquias con mayor movili zación antiminera y en el cantón Girón visitamos San Gerardo, la parroquia con menor resistencia al proyecto minero y donde se ubica la empresa. Se realizaron 10 entrevistas semiabiertas y abiertas con moradores, líderes comunitarios y nacionales, pa dres y madres de familia de la escuela, dirigentes de los sistemas de agua, y a la representante del info- centro minero. En Cuenca las entrevistas recogieron el punto de vista de académicos y activistas del mo vimiento social local y nacional.

El artículo se estructura en tres partes. El primer apartado presenta las estrategias de ‘gubernamentalización’ (Foucault, 1991, 2007) que el gobierno de la llamada ‘Revolución Ciudadana’ ha puesto en marcha en las comunidades cercanas a reservas de petróleo o minerales para legitimar la profundización del modelo extractivista. Se presenta el caso de la construcción de las “Comunidades y Escuelas del Milenio” como un factor de (re)territorialización es pacial y simbólico. Situado en la comunidad indíge na Cofín Dureno en la Amazonía ecuatoriana y en la parroquia Victoria del Portete en la Sierra sur, se examina cómo la gubernamentalidad estatal intenta material y discursivamente crear nuevos territorios en pos de la extracción de petróleo y minerales. En el segundo apartado se explora la interacción de las intervenciones estatales con las estrategias de defen sa territorial de sus habitantes que las afrontan ape lando a nociones epistemológicas de naturaleza. Se analiza el papel que puedan jugar los constitucional mente reconocidos Derechos de la Naturaleza como herramienta política epistemológica para la defensa territorial. Finalmente se presentan las conclusiones.

Gubernamentalidad a través de ‘comunidades convenientes’: las Comunidades del Milenio en zonas extractivas como rediseño del territorio

A través de una retórica antineoliberal y una política de fortalecimiento del Estado, el proyecto guberna mental de la ‘Revolución Ciudadana’ ha promovido programas de modernización que profundizan los discursos ‘incluyentes’, para posibilitar un mayor control en el desarrollo capitalista. Las técnicas de disciplina se han ampliado en el territorio nacional (Alfaro, 2010; Radcliffe, 2011) a través de la abru madora presencia física y discursiva del Estado en todas las escalas espaciales del país. Para ello se ha llevado a cabo reformas legales e institucionales que apuntan a (re)territorializar el país en función del Plan Nacional para el Buen Vivir; programa de largo alcance centrado en impulsar megaproyectos de sec tores estratégicos, petróleo, minería, hidroeléctricas e infraestructura, para propiciar un cambio de ma triz energética y pasar a la sociedad del bioconocimiento (Senplades, 2013). Las inversiones estatales son difundidas a través de un gran despliegue comunicacional que presenta cada intervención como un paso más hacia la ‘patria nueva’ y a quienes se oponen, como ‘antipatriotas’ (Larrea, 2009; Ayala Mora, 2011; Ospina-Peralta, 2011).

El Plan Nacional para el Buen Vivir delinea una Es trategia Nacional Territorial para articular los objeti vos nacionales con los objetivos locales de desarrollo en los diferentes niveles de gobierno. Allí se resalta la importancia de “reorientar la interrelación de los sis temas natural y antropogénico” debido a “la incor poración y desarrollo de nuevos usos del territorio” que el cambio de matriz productiva del país implica (Senplades, 2013, p. 365). En un primer momento, se planifica en función de la aptitud y compatibili dad de los territorios para los distintos usos posibles del suelo y se dirige a los asentamientos humanos hacia el aprovechamiento de esos recursos disponi bles para promover la especialización económica de esas zonas. Irónicamente, la población local poco puede beneficiarse de los frutos de estos cambios productivos; la industria extractivista y las megaobras hidroenergéticas que forman parte fundamen tal de este plan gubernamental implican que la ri queza generada no se aproveche en las localidades rurales intervenidas, sino que se la lleva a ciudades y zonas lejanas, muchas veces urbanas y/o extranje ras. Eso sí, los grandes impactos socioambientales se hacen sentir en las zonas rurales locales. Más bien el discurso de ‘aprovechamiento de recursos’ va enfo cado hacia el encadenamiento laboral y productivo de las poblaciones a la industria extractiva asentada en sus territorios.

En un segundo momento, el Plan Nacional prevé aprovechar la riqueza natural y biológica del país, para dar un salto a la “sociedad del bioconocimien- to”. La construcción del megaproyecto Yachay (la ‘Ciudad del Conocimiento’) y la universidad regio nal amazónica Ikiam apuntan a este fin al posibilitar la creación de ‘redes productivas y de generación tecnológica local’ a través de procesos de “territorialización y acumulación del conocimiento” (Senplades, 2013, p. 370). Pero nuevamente, la ironía amarga nos enseña que proyectos megacapitalistas como la ciudad-universidad Yachay no apuntan a la generación e hibridación de tecnologías y cono cimientos locales, sino a la importación masiva de tecnología y conocimiento experto extranjero que no se acoplan ni se ajustan lejanamente al contex to diverso y específico del Ecuador (Villavicencio, 2015). El Rector y la Comisión Gestora de Yachay -los cuatro “cerebros extranjeros”- lo explican de manera clara: no se trata de ajustar la tecnología y el conocimiento a la realidad particular de la sociedad ecuatoriana, sino que se trata de cambiar la socie dad y la naturaleza del Ecuador de tal manera que se ajusten al conocimiento experto y la racionalidad externa. “Si podemos transformar sus vidas encen diendo su imaginación, habremos propiciado una nueva sociedad basada en la ciencia y la tecnolo gía”. Es más, para ello hay que transformar la men te del ecuatoriano: “Queremos que Yachay cambie el ‘chip’ de la mentalidad ecuatoriana, la forma en que los ecuatorianos ven la vida...” (revista Vistazo, 2014, pp. 13, 14, 16).

En este proyecto de planificación territorial nacio nal se entretejen técnicas de gobernanza político- culturales, económico-financieras, tecnológicas y legal-institucionales. La reciente Ley de Ordena miento Territorial (2016) creó, entre otras cosas, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Una entidad técnica con capacidad sancionatoria para “vigilar y controlar” la aplicación por parte de los gobiernos locales de la planificación nacional y sectorial de ordenamiento y uso de suelo en concor dancia con los “principios, directrices y lineamientos” a ser dictados por el también creado Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. Queda clara la necesidad del gobierno de reducir los obstáculos locales para el avance de los proyectos estratégicos. Poder y conocimiento se juntan para asegurar un orden político deseable (Foucault, 1980), aunque es presentado a la sociedad como un problema mera mente técnico de reducción de la pobreza a partir de una rigurosa planificación de las intervenciones estatales en el territorio. Sin embargo, los objetivos de territorialización del régimen hacen tabla rasa de las profundas implicaciones políticas que tiene este reordenamiento para las socionaturalezas diversas existentes en el país, con significados, conocimien tos, normas, valores y dinámicas específicas para cada uno de los asentamientos humanos (Bonilla et al., 2016). A través de la implantación de reglas de juego legales, administrativas y organizacionales uniformes y no negociables, la recuperación del Es tado busca contener la diversidad y pluralidad im plícita de los sistemas sociolegales y de organización territorial, presentes en particular en las zonas rura les campesinas e indígenas (Unda, 2013; Hoogesteger et al., 2016).

Otro instrumento institucional e ideológico impor tante creado para sostener y legitimar el desarrollo territorial con base en las industrias de hidrocarbu ros, minería y obras hidroeléctricas, es la empresa pública Ecuador Estratégico. Su razón de ser es “marcar un ‘antes’ y un ‘después’ en el manejo de sectores estratégicos”, y así “materializar la política pública del gobierno nacional para el buen vivir de las comunidades de estas áreas” (Ecuador Estraté gico, 2011). Los esfuerzos del gobierno se dirigen principalmente a las zonas indígenas donde se llevan a cabo proyectos petroleros, mineros o hidroeléc tricos, para fortalecer la presencia de instituciones públicas encargadas de interactuar con las organi zaciones indígenas y de base, y con los gobiernos locales para resaltar las obras públicas e inversión social. La construcción de las Comunidades y Es cuelas del Milenio’ se promociona como prueba de que el petróleo y la minería traen el ‘Buen Vivir’ a las comunidades en zonas de influencia, mientras que el anuncio de cada nuevo proyecto extractivo incluye una mención a los ‘Derechos de la Natura leza’ como garantía de la responsabilidad ambien tal. Así, la ideología de la Revolución Ciudadana y su discurso ‘incluyente’ hacia el Sumak Kawsay, de manera sutil busca reformular las reivindicaciones y lenguaje indígenas de tal modo que contribuyan a la racionalidad gubernamental -“gubernamentalidad” o el afán de “conducir el conducto”- (cf. Foucault,

1991, 2007).

En efecto, las Escuelas del Milenio han sido criti cadas por varios dirigentes indígenas (Viteri, 2015; Pacari, 2015) porque el modelo educativo que se intentó promover con estas vistosas infraestructuras implicó el desmantelamiento del Sistema de Educa ción Intercultural Bilingüe antes a cargo de la Con federación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la centralización de la planificación de la educación intercultural. Esto “anuló la autono mía y capacidad de las nacionalidades indígenas de formular políticas educativas desde sus territorios y procesos culturales, a la vez que las subordinó a ser receptoras del proyecto pedagógico definido desde el Estado” (Muyolema, 2015). De manera que el modelo educativo de Escuelas del Milenio apuntó a rediseñar no solamente el territorio sino también los modelos de conocimiento.

Los casos que discutiremos a continuación suceden en poblaciones indígenas con conflictos extractivos generados bajo el discurso ’posneoliberal’ del go bierno ecuatoriano, en el marco de los reconocidos Derechos de la Naturaleza. Son dos zonas del país con contextos históricos, ecológicos y culturales di ferentes, pero con algunas similitudes socioeconó micas. En ambos casos se trata de poblaciones in dígenas asentadas en ecosistemas frágiles cercanos a los parques nacionales Cuyabeno y Cajas, respecti vamente, con economías pequeñas principalmente de subsistencia, y en cuyos territorios se encuentran recursos naturales considerados estratégicos por el Estado. La comunidad Cofán Dureno en la Amazonía norte se encuentra en la región petrolera del país y ha sido testigo y protagonista de conflictos socioambientales desde inicios del boom petrolero en los años setenta. Esto influye en su relativamente baja movilización en rechazo del nuevo escenario extractivo. En contraste, las comunidades aledañas al proyecto Loma Larga (antes Quismsacocha) en la Sierra sur del Ecuador no tienen experiencias an teriores con conflictos extractivos a gran escala y es una de las zonas con mayor resistencia antiminera, vinculada a las movilizaciones locales y naciona les que han surgido en los últimos años desde la apertura del país a la mega minería. La discusión de estos dos casos en regiones y contextos distintos presentan una muestra de que las Comunidades y Escuelas del Milenio como estrategias materiales y simbólicas de territorialización tienen implícitas maniobras de homogenización y disciplinamiento que permiten la penetración y expansión del capi tal. Los diferentes efectos y respuestas a estas estra tegias que se dan en cada caso nos permiten analizar el avance y límites de la gubernamentalidad estatal en estos territorios.

Cofán Dureno

La comunidad Cofán Dureno es la más grande de las cinco comunidades en las que se dividen los aproximadamente mil habitantes que conforman la nacionalidad cofán en la provincia amazónica de Sucumbíos en el nororiente ecuatoriano. En su ma yoría viven de la caza, pesca y agricultura familiar, aunque varios miembros son empleados de empresas contratistas vinculadas a las actividades petroleras. El contacto inicial de las comunidades cofanes con el resto del país sucedió a partir del descubrimien to de las reservas petroleras en la Amazonía norte a finales de la década del sesenta, lo que generó una abrupta reconfiguración territorial por la llegada de colonización, infraestructura y las dinámicas propias de esta industria. Desde allí su relación con el Esta do ecuatoriano ha sido en función de la extracción de hidrocarburos y de los permanentes reclamos por los derrames y accidentes relacionados, que incluso los ha llevado a arenas internacionales. Los cofanes son uno de los grupos demandantes en el juicio a la transnacional Chevron-Texaco por la contamina ción que dejó tras sus operaciones (Valdivia, 2007; Beristain, 2009). Tras la salida de la transnacional, la industria petrolera continuó mayormente a cargo de la empresa estatal. De manera que la relación de los cofanes con la actividad petrolera tiene ya varias décadas, pero fue recién en el año 1998 cuando el Estado ecuatoriano reconoció los derechos colecti vos de los pueblos indígenas y su derecho a ser con sultados sobre planes de prospección y explotación de recursos naturales en sus territorios.

La larga convivencia e interacción entre comunida des cofán y la industria petrolera, sumado al hecho de que esta industria operó durante décadas sin mecanismos legales ni protección de derechos para las poblaciones indígenas, son factores que influyen en la actitud más de resignación y negociación que de oposición con la que las comunidades encaran la nueva expansión de la frontera petrolera en sus territorios, como lo explica Mónica Chuji, activista política quichua oriunda de Sucumbíos (entrevista, abril, 2015). Esto no niega, por supuesto, las resis tencias e inconformidades expresadas de manera más silenciosa y cotidiana. A esto se suma que es la primera vez que el Estado llega a estas zonas con un discurso de planificación para el desarrollo y pro gramas de servicios e infraestructura que, aunque ligados a la profundización extractivista, pretende incluir a estas poblaciones en el proyecto de país vis lumbrado por el gobierno.

En la Amazonía norte, Ecuador Estratégico prevé construir 200 ‘comunidades del milenio’: comuni dades ‘modelo’ a modo de compensación para las familias afectadas por la industria petrolera. Por ejemplo, en la comunidad Cofán Dureno, donde la empresa estatal prevé ampliar una plataforma petrolera. A cambio de esto, el proyecto ‘Comuni dad del Milenio’ consiste en la construcción de 108 viviendas equipadas para el total de familias de la comunidad y una híper moderna ‘Escuela del Mi lenio’, ícono del nuevo modelo de educación del país, para lo cual el Estado ‘recuperó’ la educación bilingüe, antes competencia de las organizaciones indígenas; además de servicios de agua potable, al cantarillado y un puerto, según explica su presiden te. Las viviendas son para las familias de los cinco centros que forman la comunidad Cofán Dureno cuyas escuelas locales -tradicionalmente ejes de convivencia comunitaria e interacción cultural y política- serán cerradas. Casi necesariamente ten drán que mudarse a la comunidad del milenio en Dureno Central, o por lo menos viajar lejos, con las dificultades que implica la transportación flu vial, durante los días de clases para que sus hijos asistan a la Escuela del Milenio. En el país ya hay varias Comunidades del Milenio construidas, en la Sierra, Costa y Amazonía, todas según el mis mo modelo normalizador. Por ejemplo, en las otras dos Comunidades del Milenio’ construidas en co munidades kichwas de la Amazonía petrolera, sus habitantes viven en condominios equipados con todos los servicios, pero están prohibidos de criar animales y tener chacras, por lo que dicen aburrirse sin tener qué hacer (Agencia Andes, 2014; diario El Universo, 2014). En la inauguración de una de estas obras, el Presidente sentenció que esta era su ven ganza personal ante tanta satanización del petróleo y del extractivismo. “Queremos sembrar la Amazonía entera de Comunidades del Milenio. Esta es la nueva Amazonía, el pasado nunca más! Que vivan nuestros pueblos ancestrales!” (Correa, 2013).

Tal como ha advertido Scott (1998), estas institu ciones estrictamente funcionales que obran sobre ciudadanos y comunidades abstractas son “tanques de privación sensorial”, donde la monotonía y el ambiente controlado terminan siendo “estupidizantes cuando se empobrecen las fuentes locales de autoexpresión económica, social y cultural” (1998, p. 349). Estos nuevos espacios introducen nuevas re glas, en un nuevo orden social racionalista que bus ca reemplazar las dinámicas complejas existentes. El “antes y después” en el manejo de sectores estratégi cos que Ecuador Estratégico pretende implantar y las permanentes menciones gubernamentales de que “el pasado no volverá” muestran la manera en que este proyecto de gubernamentalidad construye “pa sados convenientes” (Patterson, 1997) para generar “comunidades imaginadas” (Anderson, 1983) desde las escalas locales hasta la nacional.

Los habitantes de Cofán Dureno ven un antes y un después a partir de la construcción de la Escuela del Milenio que llegó a cambio de la ampliación de una plataforma petrolera y generó división. Para unos, por fin la extracción petrolera se materializa en obras sociales, aunque saben que la contaminación conti nuará: “Durante años de explotación petrolera hemos recibido solamente contaminación y muerte. La Ama zonia ya está contaminada, pero ahorita si el gobierno tiene buena voluntad de invertir en la Comunidad del Milenio hay que agradecer” (dirigente nacionalidad cofán, abril 2015). Para otros, estas obras y compen saciones han afectado la cohesión interna al crear privilegios en ciertos personajes de la comunidad a partir de la penetración de instituciones estatales en los sistemas organizativos de la nacionalidad. “Las nacionalidades están divididas. Pero si una naciona lidad se opone a alguna propuesta del gobierno ya no tiene beneficios ni apoyo. Hay muchos ministerios que están ahí [en zona cofán] a los que se tiene que apoyar” (dirigente comunitario, abril 2015).

La nueva infraestructura de la Comunidad del Mi lenio simboliza el intento del Estado por hacerse presente en zonas extractivas en donde, generalmen te, las comunidades aledañas tenían que negociar la provisión de ciertos bienes y servicios directamente con las empresas. A su vez, las condiciones que posi bilitaron esta infraestructura reproducen la relación de subordinación de los habitantes de Cofán Dureno al sistema habitual de acumulación de capital, solo que esta vez es a través de un Estado activo.

Victoria del Pórtete

La Escuela del Milenio se construyó en Victoria del Portete, la comunidad con mayor organización y re sistencia al proyecto minero Loma Larga, localizado a 15 km. Hasta el 2015 el nombre del proyecto fue Quimsacocha, que en idioma quichua significa tres lagunas, y fue rebautizado para eliminar la referen cia del proyecto a las fuentes hídricas de esta zona de páramo, cuya defensa es motivo de conflicto. La parroquia Victoria del Portete se ubica en la Sierra sur del país, en la provincia del Azuay a 30 km de la ciudad de Cuenca, tercera ciudad más importante del Ecuador. Al igual que el resto de comunidades aledañas al proyecto minero, la población de Porte te la conforman campesinos e indígenas dedicados principalmente al pastoreo y ganadería familiar o de pequeña escala y con una alta tasa de migración ha cia Estados Unidos ocurrida durante la crisis econó mica del país a finales de los noventa. Alrededor de 2500 familias están organizadas en sistemas comu nitarios de agua que administran los canales de riego construidos de manera colectiva. Quienes se oponen al proyecto aurífero en estas zonas de páramos resal tan la importancia hídrica de este ecosistema para el abastecimiento de agua a los cantones rurales cerca nos, así como a una parte de la ciudad de Cuenca. En defensa del agua como bandera de lucha, apelan a la relación cultural-espiritual que mantienen con las más de 30 lagunas del lugar “que se comunican entre sí” (Pérez, 2012, p. 51) y a donde incluso per sonas de otras comunidades vienen a curarse (diri gente sistemas de agua, entrevista agosto 2016).

El área con las zonas de ‘interés estratégico nacio nal’ apuntaladas por un programa de planificación territorial basado en los sectores petroleros, mine ros y agroexportadores hace énfasis en la Amazonía, pero alcanza todas las regiones del país. También en la Sierra la transformación socionatural de estas zonas se hace acompañar por programas ideológico- discursivos y obras para complacer, silenciar y gubernamentalizar a las poblaciones locales. Las comuni dades cercanas al proyecto Loma Larga empezaron a organizarse en el año 2004 cuando descubrieron que parte de sus territorios habían sido concesionados, pero el punto más alto de conflictividad surgió en el 2009 cuando la Ley Minera y la Ley de Aguas abrie ron la puerta a la megaminería en el país. Desde en tonces las comunidades organizadas en los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay exigen prohibir actividades mineras en fuentes de agua. Sin embar go, el proyecto operado por INV Metals, con par ticipación mayoritaria de la canadiense IamGold, ya se encuentra en fase de exploración avanzada. A cambio, Ecuador Estratégico construyó una Escuela del Milenio. El discurso del Estado, de la empresa minera y de los moradores que apoyan este proyecto extractivo destaca las fuentes de empleo y obras so ciales que la minería generará en una zona con altos índices de pobreza y migración.

La construcción de esta escuela híper moderna con mejor infraestructura que las escuelas privadas de Quito y Guayaquil (Correa, 2013) significó tam bién el cierre del resto de las 10 pequeñas escuelas comunitarias de los alrededores y la concentración de alrededor de 1300 alumnos organizados en ho rario matutino y vespertino. El presidente de padres de familia de la nueva Escuela del Milenio está cons ciente de que el gobierno ha construido la escuela allí a cambio de posibilitar las actividades mineras. Sabe que no existen garantías de que la actividad mi nera no traerá contaminación y afirma que en caso de que haya afección minera él será el primero en movilizarse rechazando la instalación de esta indus tria en su territorio. “Esta educación de ahora tenemos que tomarla con cautela. Estudiamos pero no vendemos nuestra conciencia a la contaminación de las futuras generaciones, contra eso vamos a luchar” (entrevista a José, 2016). Aun así, el proyecto de gubernamentalidad sí tiene sus efectos claros: al dirigente le en tusiasma la idea de que la empresa minera otorgue becas de educación a niños y jóvenes dirigidas a su formación para la industria minera y que eventual mente las comunidades puedan encontrar trabajo en esta industria y resolver los futuros problemas de contaminación de la zona. El presidente de la comu nidad, en este sentido, repite lo que la Estrategia Te rritorial Nacional prevé para los asentamientos hu manos: que a través de dotación de infraestructura e “intervenciones relacionadas con la profundización de su especialidad económica”, la población tenga “mejor aprovechamiento de los recursos territoria les” (Senplades, 2013, p. 360).

La Escuela del Milenio de Portete presenta ya los primeros problemas con la asignación de maestros y las dificultades que tienen los alumnos para trans portarse diariamente desde las comunidades lejanas hacia la nueva escuela. El dirigente de la Escuela del Milenio ha increpado a las autoridades zonales de educación diciéndoles que “no se queden sentados en un escritorio sin saber las necesidades reales de las comu nidades” (entrevista a José, 2016). Los alumnos cu yas escuelas comunitarias fueron cerradas dependen del servicio de transporte organizado por la división distrital del Ministerio de Educación, que además ya ha presentado dificultades de presupuesto y lo gística. Algunos alumnos deben empezar a caminar a las cinco de la mañana hasta llegar al punto más próximo donde les recoge el transporte hacia la Es cuela del Milenio, o quienes tienen turno vespertino deben hacer el mismo recorrido ya caída la noche. Incluso se dio el caso de una niña cuya comunidad está ubicada en zona de alta de montaña, que se vio enfrentada con un puma cuando se dirigía a tomar el bus hacia la escuela en la madrugada.

Comunidades y escuelas de milenio como instrumentos de disciplina y reterritorialización

Las comunidades y escuelas del milenio han traído conflicto y división comunitaria tanto en la Amazonía como en la Sierra, al ser condicionadas a la expansión de actividades extractivas y generar je rarquías en las dirigencias locales que se complacen en tener contacto cercano con altas instancias del gobierno nacional. Constituyen intentos de territorialización estandarizada y tecnocrática con un profundo desconocimiento de condiciones del te rritorio y modos de vida de las comunidades, que lo hacen poco sostenibles a mediano plazo por la desarticulación con sus lógicas territoriales y por las dependencias generadas. Se erigen además como obras de infraestructura prescriptivas de los modos de vida ‘deseables’ y sujetos ‘convenientes’ (Boelens, 2015b) alineados a la idea de buen vivir definida desde el gobierno central. El modelo educativo que se busca promover con estas escuelas implica la “(re) construcción de sujetos” (Foucault, 1980) con nue vas identidades asignadas en función de los progra mas modernizadores en su territorio. Esto permite ampliar las actividades extractivas a partir de formas sutiles de ‘poder capilar, inclusivo, disciplinario’ que inducen normas y la autocorrección de los sujetos a partir de invocaciones a la culpa, la moralidad, conformidad y obediencia. En los paisajes mineros y petroleros, dominados por las nuevas racionalida des del gobierno y leyes mercantiles, esta ‘guberna- mentalidad disciplinaria’ tiende a combinarse con ‘gubernamentalidad neoliberal’ y formas de poder jerárquicas (verticales, coercitivas, legales) basadas en ‘soberanía’ (Foucault, 2008; véase también Flet cher, 2010; Boelens, 2014).

Estas intervenciones estatales no actúan sobre su jetos pasivos, sino sobre habitantes en constante reconstrucción de sus identidades y estrategias de producción de territorio autogestionado y de dis puta política. Quienes se oponen a este proyecto megaminero apelan a los Derechos de la Natura leza y al carácter sagrado de las aguas del páramo para defender su territorio. Así quedó asentado en la demanda por inconstitucionalidad de la Ley Mi nera interpuesta en el 2009 por los Sistemas Co munitarios de Agua del Azuay (SCA) y Conaie. En su argumentación contra esta ley el representante de SCA menciona: “La minería permite la destruc ción de la naturaleza y de sus entrañas mismas de donde fluye la vida como el agua” (SCA, 2009, p. 5). De igual manera, para plantear la sacralidad del agua y, por tanto, su inconmensurabilidad con las regalías que el gobierno ofrece a cambio del oro del subsuelo, los habitantes llevan a cabo acciones cargadas de sincretismo religioso, como por ejem plo la colocación de la Virgen del Quimsacocha frente a las lagunas, cuya figura de piedra lleva ta llada una chakana, símbolo andino, en su pecho. Acciones como esta conllevan rituales y acciones públicas que convocan también a actores rurales y urbanos a nivel nacional e internacional (Vallada res y Boelens, 2019). Estas redes de disputa y res puesta se organizan muchas veces con conexiones fuera de sus espacios locales, por lo que el proyecto de gubernamentalización de la ‘Revolución Ciuda dana’ entra en disputa con los proyectos de territo rio de las comunidades locales intervenidas. En el siguiente apartado analizamos cómo las estrategias de defensa local apelan a un debate epistémico de sentidos de territorio y naturaleza.

Derechos de la Naturaleza: luchas multiescalares y epistémicas para la defensa del territorio

En la práctica política el uso de los Derechos de la Naturaleza refleja la confrontación entre Estado y comunidades por sus respectivos proyectos de pro ducción de territorio en zonas extractivas. Recono cidos en la Constitución ecuatoriana desde el año 2008, estos derechos constituyen un instrumento político y objeto de confrontación epistemológica entre Estado y comunidades indígenas y campesinas por la defensa territorial. El Estado recurre a estos derechos para avalar la responsabilidad ambiental de sus proyectos extractivistas, mientras que las co munidades afectadas generan estrategias de defensa territorial a partir de la especificidad de sus espacios de vida, conectándolas con espacios más amplios de disputa.

El reconocimiento constitucional sin precedentes de la naturaleza como sujeto de derechos es el resultado de la articulación de actores en distintas escalas espa ciales y culturales. Participaron organizaciones indí genas y ambientalistas a nivel local y nacional, algu nas de ellas vinculadas a redes de justicia ambiental internacional (entrevista a Carlos Larrea, 2015). Los Derechos de la Naturaleza son un producto de hibridación político-cultural -aunque surgidos principalmente desde sectores mestizos y aliados de redes internacionales- su reconocimiento fue apo yado por sectores indígenas, , como ‘un pacto epistémico’, explica la líder indígena Nina Pacari. De tal manera, las nociones de los pueblos indígenas sobre territorio y naturaleza pueden ser reivindicadas por la sociedad ecuatoriana en general, como aliadas de los reclamos ambientalistas e indígenas (entrevista a Nina Pacari, 2015). Para el movimiento indígena, la defensa de varias nociones de naturaleza está im plícita en su demanda por un Estado plurinacional que dé cabida a sistemas de conocimiento propios, distintos al científico dominante, pero no por ello reducidos a ‘creencias culturales’. También para el dirigente indígena Luis Macas, las luchas del movi miento indígena son “luchas epistémicas y políticas” (citado en Escobar, 2009, p. 5; Valladares y Boelens, 2017), que para la defensa de sus territorios implica no solamente la apropiación material sino también la disputa política de estos territorios como sustrato de la producción de conocimientos e identidades.

Estas luchas son visibilizadas en los últimos años por los movimientos de justicia ambiental, cuyas estrategias político-culturales desafían la definición monocultural de naturaleza de la política moderna (Latour, 1993; De la Cadena, 2010); su valoración únicamente monetaria utilitarista (Sullivan, 2009) y la esencialización estereotipada de culturas natu ralizadas (p.e., Hobsbawn, 1983; Baud, Koonings, Oostindie, Ouweneel y Silva, 1996; Boelens, 2015a). Así, en el Ecuador los Derechos de la Na turaleza han ampliado las estrategias no solo legales sino, sobre todo, discursivas del movimiento in dígena y ambiental para disputar políticamente el modelo de desarrollo en territorios, por lo que estos derechos son activamente apelados por estos secto res. Así lo demuestra Humberto Cholango, líder nacional indígena, a propósito de las pugnas entre movimiento indígena y Estado por la aprobación de leyes que promueven el extractivismo. “No se pueden violar nuestros derechos y los derechos de la naturaleza a nombre del desarrollo. Eso no puede ser negociado. Nosotros creemos que el Ecuador no se puede desarro llar como país si es que para alcanzar unos derechos se necesita violar otros" (Humberto Cholango, presi dente Conaie, en Alfaro 2012). Se trata, pues, de es trategias de disputa política de saberes y apropiación cultural de los territorios que ponen en relieve las desavenencias epistemológicas entre comunidades indígenas y Estado, para contrarrestar el proyecto territorial gubernamentalizador de la ‘Revolución Ciudadana’. Estas diferentes estrategias ponen de manifiesto también que la naturaleza es política y políticamente representada (Swyngedouw, 2011; Boelens, 2014).

Como se ha mencionado, los Derechos de la Natu raleza no constituyen únicamente un arma concep tual, epistemológica y política de los sectores popu lares, indígenas y defensores ambientalistas. Son un campo de batalla en sí, por construir y materializar territorios con definiciones disputadas e intereses específicos. Tal como muestran las ilustraciones de Cofán Dureno en la Amazonía y Portete en la re gión Sierra, también el gobierno lo aplica como un instrumento sutil de planificación y transformación territorial. Una Constitución con derechos para la naturaleza ha aumentado el espectro discursivo del gobierno para legitimar sus intervenciones en terri torios indígenas y zonas ecológicamente frágiles. El Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, se refiere también a los Derechos de la Naturaleza al resaltar que el “crecimiento sostenido del bienestar en fun ción del Buen Vivir tiene su cimiento en la trans formación del modo como se aprovecha la riqueza natural y biológica del país, sujeto de derechos y actualmente principal ventaja comparativa nacio nal” (Senplades, 2013, p. 370). En el anuncio de polémicos proyectos petroleros y mineros en selvas y páramos, las instituciones del Estado apelan a los Derechos de la Naturaleza para reforzar el discurso de la compatibilidad de estos derechos y una indus tria extractiva responsable. Además, en estas zonas las políticas de conservación son aliadas en el con flicto minero, pues han servido para integrar terri torios sensibles al sistema de áreas protegidas y al de pago por servicios ambientales, para así transferir su administración al Estado posibilitando, como suce dió en la zona del páramo Quimsacocha, establecer zonas de uso especial minero (Torres, 2015).

En cuanto a la implementación legal, varios han sido los casos interpuestos por la sociedad civil para defender territorios de actividades que atentan con tra los derechos de la naturaleza. Entre otras, se han interpuesto demandas para declarar la inconstitucionalidad de la Ley Minera; para detener la explo tación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y la explotación minera en el páramo de Quimsacocha y en la Amazonía sur; y para defender los derechos de los páramos frente a plantaciones industriales. Nin guno de estos casos prosperó. Por el contrario, los casos que sí llegaron a sentencia han sido sobre todo aquellos interpuestos desde el Estado o aquellos que no comprometen el desarrollo de los sectores estra tégicos y el diseño nacional de desarrollo local.

En resumen, ambos -el Estado y la sociedad civil- apelan a los Derechos de la Naturaleza de manera estratégica para respaldar proyectos territoriales opuestos. Por la relación asimétrica de poder entre ambos, una estrategia de alinear estos derechos a las luchas de defensa territorial indígena necesariamen te requiere del respaldo de otros actores y discursos de justicia ambiental, juntando fuerzas y aliados a nivel multiescalar en el país y a nivel internacional.

De esta manera se podría aprovechar el potencial de estos derechos como instrumento estratégico que facilita pactos epistemológicos: redes multiactores e interculturales que colectivamente defiendan los socioterritorios vulnerables y los distintos significados y valoraciones de naturaleza y territorio.

Conclusiones

Las Comunidades y Escuelas del Milenio cons truidas como condición para la profundización del modelo extractivo retratan la contradicción del go bierno al plantear políticas de transformación social sostenidas en el fortalecimiento de las bases de acu mulación de capital. Frente a las lógicas opuestas de producción de territorio y reterritorialización del Es tado extractivista por un lado, y de las comunidades indígenas/campesinas intervenidas por otro, los De rechos de la Naturaleza constituyen un instrumento político-estratégico caracterizado por grandes am bivalencias y también oportunidades. Por su parte, el Estado apunta a funcionalizar estos derechos a la legitimación de sus proyectos. Pero frente a las es trategias materiales y simbólicas de construcción de territorios y sujetos afines al Estado -en su proyecto de gubernamentalización de los socio-territorios ‘de interés nacional extractivista’-, los Derechos de la Naturaleza también podrían convertirse en un arma política movilizadora. Desde la interacción inter cultural, multiescalar y dinámica de varios actores, estos derechos pueden abrir nuevas posibilidades y retos para la defensa territorial, pues llaman la aten ción sobre los múltiples sentidos de naturaleza y, por tanto, invitan a la repolitización de la misma. Al conectar las luchas locales con redes más amplias que visibilicen los conflictos territoriales subyacen tes a los discursos de sustentabilidad y desarrollo, es posible pensar en configuraciones socioecológicas distintas a las planteadas por el enfoque técnico ad ministrativo del ambiente que propone el Estado.

En estas disputas epistemológicas, la concepción de territorio se define de acuerdo con el poder y co nocimiento de actores en diferentes escalas y con diferentes intereses. Los intereses de la expansión capitalista global con actores externos que inciden en la territorialización local, incluso sin tener ma yor conexión con el territorio, actúan a través de los

Estados como principales mediadores de estos inte reses. Mientras tanto, actores locales con interés en la defensa de sus territorios como socio-naturalezas cargadas de interacciones y significados diversos, or ganizan también su resistencia a través de redes a nivel regional e internacional. Así, los proyectos de territorio en marcha en el Ecuador retratan la con fluencia de actores locales y externos, de diferentes estrategias de apropiación material y discursiva de territorios, inmersos en contextos globales de expan sión de capital, sistemas epistemológicos opuestos e híbridos, y luchas multiescalares de los movimientos de justicia ambiental.

Referencias citadas

Agencia Andes (2014). Pañacocha es la segunda comunidad del milenio que se inaugura en la Amazonia de Ecuador gracias a los recursos petroleros. Agencia Andes, 16 de enero. [ Links ]

Alfaro, E. (2010). El ‘otro’ y la estética del poderío en la ‘revolución ciudadana’, artículo no publicado, Quito. [ Links ]

Alfaro, E. (2012). Entrevista a Humberto Cholango, pre sidente Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE), Prensa. Asuntos indígenas y políti cas públicas, 23 de marzo. [ Links ]

Anderson, B. (1983). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso. [ Links ]

Ayala Mora, E. (2011). Del neoliberalismo al ‘Socialismo del Siglo XXI’. Dossier Ecuador. Observatorio Latinoa mericano, 7. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. [ Links ]

Baud, M., Koonings, K., Oostindie, G., Ouweneel, A., Sil va, P. (1996). Etnicidad como estrategia en América Latina y el Caribe. Quito: Abya-Yala. [ Links ]

Baud, M., De Castro, F., Hogenboom, B. (2011). Environ mental Governance in Latin America: Towards an Inte grative Research Agenda. ERLACS, 90, 78-88. [ Links ]

Bebbington, A. (Ed.) (2007). Minería, movimientos so ciales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales. Lima: IEP CEPES, Cen tro Peruano de Estudios Sociales. [ Links ]

Bebbington, A., Bebbington, D.H. y Bury, J. (2010). Federa ting and Defending: Water, Territory and Extraction in the Andes. En Boelens, R., Getches, D., Guevara, A. (Eds.). Out of the mainstream: The politics of water rights and identi ty in the Andes (pp. 307-327). London: Earthscan. [ Links ]

Beristain, C., Páez, D. y Fernández, I. ( 2009). Las Palabras de la Selva. Bilbao: Hegoa. [ Links ]

Boelens, R. (2014). Cultural politics and the hydroso cial cycle: Water, power and identity in the Andean highlands. Geoforum, 57, 234-247. [ Links ]

Boelens, R. (2015a). Water, Power and Identity. The Cultu ral Politics of Water in the Andes. London/Washington DC: Routledge/Earthscan. [ Links ]

Boelens, R. (2015b). Water Justice in Latin America. The Politics of Difference, Equality, and Indifference. Amster dam: CEDLA and University of Amsterdam. [ Links ]

Boelens, R., Hoogesteger, J., Swyngedouw, E., Vos, J., Wes ter, P. (2016). Hydrosocial territories: a political ecology perspective. Water International, 41, 1-14. [ Links ]

Bonilla, O., Maldonado, P., Silveria, M., Bayón, M. (2016). Nudos territoriales críticos en Ecuador: dinámicas, cam bios y límites en la reconfiguración territorial del Estado. GeoGraphos, 84(7), 66-103. [ Links ]

Correa, R. (2013, septiembre 13). Inauguración de Obra e Inicio del año lectivo 2013-2014 en Morona Santia go [online]. Recuperado de https://www.youtube.com/ watch?v=2xGQret8UEULinks ]

Correa, R. (2013, octubre 1). Inauguración Comunidad del Milenio Playas de Cuyabeno [online]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=7nwxKsMj_ycLinks ]

De Castro, F., Van Dijck, P., Hogenboom, B. (2014). The Extraction and Conservation of Natural Resources in South America. Cuadernos CEDLA, 27. [ Links ]

De la Cadena, M. (2010). Indigenous cosmopolitics in the Andes: conceptual reflections beyond “Politics”. Cultural Anthropology, 25, 334-370. [ Links ]

De la Torre, C. (2013). In the Name of the People: Demo cratization, Popular Organizations, and Populism in Ve nezuela, Bolivia, and Ecuador. European Review of Latin American and Caribbean Studies, 95, 27-48. [ Links ]

Ecuador en Vivo (2015). Correa sobre negativa a Ley 010 [on line]. Ecuador en Vivo, 7 de febrero. Recuperado de http:// www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/27007- correa-sobre-pedido-de-incremento-por-ley-010-a-los- gads-que-no-apoyan-la-explotacion-petrolera-y-minera- no-les-voy-a-dar-ni-20-centavos.htmlLinks ]

Ecuador Estratégico (2011). Misión y visión [online]. Recu perado de http://www.ecuadorestrategicoep.gob.ec/institucion/mision-visionLinks ]

El Universo (2014). Comunidades del milenio se replicarán en toda la Amazonia con rentas petroleras, según gobier no. El Universo, 16 de enero. [ Links ]

Escobar, A. (2009). Latin America at a Crossroads. Alter native modernizations, post-liberalism, or post-develop ment? Cultural Studies, 24, 1-61. [ Links ]

Fletcher, R. (2010). Neoliberal Environmentality: Towards a Poststructuralist Political Ecology of the Conservation Debate. Conservation and Society, 8(3), 171-181. [ Links ]

Foucault, M. (1991) [1978]. Governmentality. En Burchell, G., Gordon, C., Miller, P. (Eds.). The Foucault Effect: Studies in Governmentality (pp. 87-104). Chicago, IL: University of Chicago Press. [ Links ]

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: selected interviews and other writings 1972-1978. Gordon, C. (Ed.). New York: Pantheon Books. [ Links ]

Foucault, M. (2007). Security, Territory, Population: Lec tures at the College de France 1977-1978. Sellenart, M., Burchell, G. (Eds.). New York, NY: Palgrave Macmillan. [ Links ]

Foucault, M. (2008). The birth of biopolitics. New York, NY: Palgrave Macmillan . [ Links ]

Hobsbawm, E. (1983). The Invention of Tradition. Cam bridge, MA: Cambridge University Press. [ Links ]

Hogenboom, B. (2012). Depoliticized and Repolitiziced Minerals in Latin America. Journal of Developing Socie ties, 28(2),133-158. [ Links ]

Hoogesteger, J., Boelens, R., Baud, M. (2016). Territorial pluralism: water users’ multi-scalar struggles against sta te ordering in Ecuador’s highlands. Water International , 41(1), 91-106. [ Links ]

Larrea, G. (2009). Revolución Ciudadana. Quito: Editorial Ecuador F.B.T. [ Links ]

Latour, B. (1993). We have never been modern. Cambridge, MA: Harvard University Press. [ Links ]

Muyolema, A. (2015). El Carácter Mandatorio de la Ley y la Representación de las Nacionalidades Indígenas en el sistema de educación Intercultural Bilingüe. Lineadefuego.info, 8 de septiembre. [ Links ]

Ospina-Peralta, P. (2011). La participación ciudadana en el proyecto de Estado de Rafael Correa. Dossier Ecuador. Observatorio Latinoamericano, 7. Buenos Aires: Universi dad de Buenos Aires. [ Links ]

Pacari, S. (2015). Entrevista en Contacto Directo, TV, Ecuavisa, 26 de agosto. [ Links ]

Patterson, T. (1997). The Inka Empire: The Formation and Disintegration of a Precapitalist State. Oxford and New York: Berg Press. [ Links ]

Pérez Guartambel, C. (2012). Agua u Oro. Kimsacocha, la Resistencia por el Agua. Universidad Estatal de Cuenca, Cuenca. [ Links ]

Radcliffe, S. (2011). Development for a postneoliberal era? Sumak Kawsay, living well and limits to decolonization in Ecuador. Geoforum , 43, 240-249. [ Links ]

Scott, J. (1998). Seeing like a State. New Haven and Lon don: Yale University Press. [ Links ]

Secretaría de Planificación y Desarrollo-Senplades (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Quito: Senplades. [ Links ]

Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay, 2009. Deman da de Inconstitucionalidad por la aprobación de la Ley Minera. Presentada el 31 de marzo del 2009. Recuperado de http://www.derecho-ambiental.org/Derecho/Documentacion/Demanda_Grupos_Azuay_Ley_Mineria.pdfLinks ]

Swyngedouw, E. (2011). Nature does not exist! Sustaina bility as Symptom of a Depoliticized Planning. Urban, 1, 41-66. [ Links ]

Torres, N. (2015). La declaratoria del Macizo del Cajas como reserva de la biosfera y la minería a gran escala. Posibilida des y contradicciones en el caso de Quimsacocha (Tesis de Maestría en Desarrollo Territorial Rural), Flacso Ecua dor. [ Links ]

Unda, M. (2015, junio 19). Análisis de Coyuntura Junio [online]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch ?v=xzS- aoY M8ccLinks ]

Valdivia, G. (2007). The “Amazonian Trial of the Cen tury”: Indigenous Identities, Transnational Networks, and Petroleum in Ecuador. Alternatives, 32, 41-72. [ Links ]

Valladares, C., Boelens, R. (2017). Extractivism and the Rights of Nature: Governmentality, ‘convenient com munities’ and epistemic pacts in Ecuador, Environmental Politics, 26(6), 1015-1034. [ Links ]

Valladares, C., Boelens, R. (2019). Mining for Mother Ear th. Governmentalities, Sacred Waters and the Rights of Nature in Ecuador. Geoforum , 100, 68-79. [ Links ]

Villavicencio, A. (2015). La nano-alfalfa y el cambio de la matriz productiva: más verdades sobre Yachay [online]. Plan V, 24 de septiembre. Disponible en http://www. planv.com.ec/investigacion/investigacion/la-nano-alfalfa-y-el-cambio-la-matriz-productiva-mas-verdades-sobreLinks ]

Vistazo (2014). Los cuatro cerebros de Yachay. Vistazo, 12 17. 10 de abril. [ Links ]

Viteri, F. (2015). Entrevista en Contacto Directo. TV, Ecuavisa. 24 de agosto. [ Links ]

Wilson, J., Bayón, M., Diez, H. (2015). Post-neoliberalism and planetary urbanization in the Ecuadorian Amazon. Revista Economía, 67, 29-57. [ Links ]

Recibido: 04 de Abril de 2017; Aprobado: 29 de Abril de 2018

Creative Commons License Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons