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Estudios atacameños

On-line version ISSN 0718-1043

Estud. atacam.  no.63 San Pedro de Atacama Dec. 2019

http://dx.doi.org/10.22199/issn.0718-1043-2019-0028 

Dossier Nuevos Capitalismos

Propuestas de inversiones chinas en territorio mapuche: resistencias a la minería metalífera en Loncopué

Proposal of chinese investments in mapuche territory: resistances to metallic mining in Loncopué

1 Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) - Centro Científico Tecnológico Mendoza - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), ARGENTINA. Email: lucrewagner@gmail.com / lwagner@mendoza-conicet.gob.ar

Resumen:

La existencia de conflictos socioambientales en Argentina ha ganado creciente visibilidad en la opinión pública y en los medios de comunicación. Aquellos conflictos suscitados por la potencial instalación de proyectos mineros a gran escala, principalmente metalíferos, se destacan por su cantidad y productividad. Este artículo pretende avanzar en la caracterización de estos procesos conflictivos, a partir del análisis de uno de los últimos conflictos generados en Argentina, en la localidad de Loncopué, provincia de Neuquén, donde una empresa de capitales chinos intentó llevar adelante una exploración minera en territorio mapuche.

A través de un trabajo etnográfico con las comunidades afectadas por el conflicto, la investigación tiene como objetivo central dar cuenta de la heterogénea trama de relaciones que dieron lugar al rechazo al proyecto minero, que se materializó en la realización de un referéndum (consulta popular). Se busca también, en menor proporción, indagar en las estrategias que las empresas chinas despliegan en el territorio para llevar adelante sus inversiones.

La investigación demuestra que estos conflictos empujan cambios sociales en pequeñas comunidades que impactan en la institucionalidad en materia ambiental y de derechos de las comunidades indígenas.

Palabras claves: minería metalífera; conflictos socioambientales; comunidades indígenas; extractivismo; mapuche

Abstract:

The existence of socio-environmental conflicts in Argentina has gained increasing visibility in public opinion and in the media. Those conflicts caused by the potential installation of large-scale mining projects, mainly metalliferous, stand out for their quantity and productivity.

This paper is expected to advance in the characterization of these conflictive processes, based on the analysis of one of the last conflicts generated in Argentina, in the Loncopué locality, Neuquén province, where a Chinese company tried to carry out a mining exploration in Mapuche’s territory.

Through an ethnographic work with the communities affected by the conflict, the research has how central objective to give account of the heterogeneous network of relationships that gave rise to the mining project rejection, which was materialized in the realization of a “referéndum” (popular consultation). In less proportion, it also seeks to investigate the strategies that Chinese companies deploy in the territory to carry out their investments.

This work shows that these conflicts push social changes in small communities. These changes impact on the environmental institutionality and indigenous communities rights.

Keywords: metalliferous mining; socio-environmental conflicts; indigenous communities; extractivism; Mapuche

Introducción

En las dos últimas décadas en Argentina se puede observar una escalada en la conflictividad socioambiental. Desde los múltiples conflictos que acontecieron durante la década de 1980 (diques, industrias, repositorio nuclear, entre otros, localizados principalmente en la Patagonia) hasta la resistencia a la megaminería1 que se inicia a principios del año 2000, el debate socioambiental ha ganado diversos espacios de discusión en la sociedad argentina. Esquel, en la provincia de Chubut, fue la primera localidad argentina en rechazar un proyecto minero de oro, en la cual diversos sectores de su población impulsaron un plebiscito donde el 82% de los votos fueron por el “No a la Mina”. Se trató de la segunda consulta en Latinoamérica, después de Tambo Grande, Perú, en 2002. Uno de los aspectos más interesantes para el análisis de esta conflictividad, es la generación de diversas estrategias de organización social, principalmente asambleas de vecinos autoconvocados, que han conformado una red de resistencias a proyectos extractivos, a lo largo y ancho del país.2

Este artículo pretende sumar nuevos elementos al análisis de esta conflictividad socioambiental en Argentina, a partir del caso de Loncopué. Este caso presenta la originalidad de reunir una serie de características que permiten examinar los aspectos claves que se ponen en juego actualmente en estas disputas. Entre estas, se destaca la llegada de capitales de origen asiático a la actividad minera metalífera, en este caso chinos, en territorio indígena (mapuche). Se trata, además, del primer conflicto por megaminería en Neuquén, una provincia con una historia extractiva ligada a la actividad petrolera y gasífera. Se inscribe así en una continuidad de la historia del despojo a pueblos indígenas, pero en un nuevo marco donde estos amplían su lucha en un marco internacional y nacional que los habilita para reclamar su participación en la toma de decisiones sobre el uso de su territorio. Sumado a ello, este conflicto presenta una compleja articulación de diversos sectores de las comunidades presentes en la zona del conflicto, entre los que se destacan las comunidades indígenas, crianceros de la zona rural, vecinos autoconvocados en asambleas, la parroquia local, Pastoral Social y Pastoral Aborigen.

El foco del análisis se centra en la conformación de esta trama de resistencias, y la línea argumentativa de esta contribución pretende mostrar que el éxito de esta lucha se basó en la diversidad de estrategias que esta conjunción de distintos actores permitió llevar adelante. Entre ellas, se destaca haber realizado un referéndum (consulta comunitaria), la segunda del país, luego de Esquel. Este aspecto resulta sumamente interesante para indagar cómo las sociedades se apropian de mecanismos institucionales que existían previamente, para plantear nuevas demandas. A ello se suma la casuística legal producto de instancias jurídicas impulsadas por comunidades indígenas, combinadas con las que fueron obtenidas por las asambleas, recurriendo al derecho ambiental.

Partiendo de estos disparadores, el artículo tiene el propósito de contribuir al análisis de las respuestas que desde comunidades concretas se intenta dar a los embates resultantes de la movilidad internacional del capital, hacia nuevas fronteras extractivas.

La metodología de esta investigación ha consistido principalmente en el abordaje etnográfico de las comunidades de Loncopué, con observación participante y no-participante, y entrevistas a informantes claves de diferentes sectores implicados en el conflicto. También se indagaron documentos gubernamentales y empresariales (demandas judiciales, respuestas y dictámenes del Estado plasmadas en expedientes de diferentes instituciones de gobierno e informes de impacto ambiental de las empresas, entre otros), y documentos y registros de las organizaciones sociales en resistencia, incluyendo material audiovisual. Teniendo en cuenta nuestro objetivo de reconstruir el entramado de relaciones sociales que envuelven y configuran el conflicto suscitado por la potencial instalación de proyectos mineros metalíferos, la metodología etnográfica nos permite aprehender cómo los actores de estas disputas -asambleas, comunidades indígenas, grupos de apoyo a colectivos étnicos, iglesia, campesinos, funcionarios estatales, sector científico académico, partidos políticos, empresarios mineros, entre otros- se performan en diferentes escalas de interacción que, a su vez, configuran la dinámica de sus prácticas y los valores plasmados en sus discursos. En este sentido, el trabajo de campo permite situar a cada actor en un mapa político más amplio, que favorece la comparación de este caso con otros conflictos, y la posibilidad de realizar un aporte desde el caso particular a un contexto mayor, analizando especificidades y similitudes.

Propuestas de inversiones chinas y conflicto socioambiental: el contexto latinoamericano

El conflicto de Loncopué puede caracterizarse como el primer conflicto socioambiental en el que diversos colectivos sociales se aliaron para resistir a un proyecto minero de capitales chinos en Argentina. Pero este hecho no es aislado: en América Latina están emergiendo conflictos por diversos proyectos que se financiarían con capitales chinos: minas, explotación petrolera, redes ferroviarias, obras de infraestructura, represas, entre otros. Como destacan Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araújo (2013), la vocación de China es global, pero acontece fundamentalmente en el mundo en desarrollo, que es donde se encuentran las materias primas que necesita para alimentar su economía y, a la vez, mercados vírgenes con mínima competencia para los productos “Made in China”. La huella más visible de ello ha sido África, ante una China que se ha convertido en el banquero del mundo.

La llegada de capitales de las denominadas economías “emergentes”, que han tenido una extraordinaria expansión económica durante la última década, es una de las características que presentan las inversiones extranjeras en los últimos años en América Latina. Si en el año 2000 menos del 1% de los ingresos por exportaciones provenían de China, en 2010 superó el 8%. Así, América Latina logró convertirse en un engranaje de la mecánica del crecimiento global guiado por el país asiático, siendo el principal proveedor de materias primas y derivados a China si excluimos al resto de los países de Asia (alcanzando un quinto del total extrarregional) (Albrieu, Rozenwurcel y Carciofi, 2014, p. 29).

Como antecedente con respecto a la minería, en los inicios de la década de 1990 el gasto en exploración minera de países como Australia, Canadá y los Estados Unidos se desvió hacia América Latina, debido a los mayores costos de esta actividad en esas economías, ya sea por el agotamiento de las reservas mineras, la cancelación de incentivos fiscales y/o el aumento de las exigencias ambientales. Esta situación, junto al proceso de neoliberalización de los países latinoamericanos, desencadenó un vertiginoso crecimiento de las inversiones de exploración en América Latina, que se convirtió en el principal destino de la exploración minera mundial durante dos décadas. La actividad de exploración minera se concentró en Perú, México, Brasil, Chile y, en menor medida, Argentina (Altomonte, Acquatella, Arroyo, Canales y Jouravlev, 2013).

Anthony Bebbington, Leonith Hinojosa, Denise Humphreys Bebbington, Maria L. Burneo y Ximena Warnaars (2008) destacaron el incremento de las inversiones mineras en América Latina, África y otros países, por parte de las empresas de mercados emergentes (China, Rusia, India e Indonesia), a menudo con el apoyo de sus Estados de origen, y con una presencia notoria también en los mercados de inversión. La importancia crítica de China como un mercado lucrativo para las exportaciones de minerales en bruto ha sido destacada como una de las principales características del extractivismo del siglo XXI, junto al rol de las compañías mineras juniors en la extracción y explotación, y el crecimiento e impacto de los movimientos sociales que se oponen a la extracción (Ciccantell y Patten, 2016). Elizabeth Sowers, Paul Ciccantell y David Smith (2014) destacan que el boom extractivo en América Latina relacionado al mercado chino es la última reconstrucción y revitalización del rol que América Latina ha tenido desde hace 500 años, como fuente de materias primas para las principales economías en el sistema global.

La demanda de China por recursos naturales ha tenido una forma específica en sus relaciones económicas exteriores. El éxito de China y otros países asiáticos contribuyó a un consenso internacional alternativo, en el cual el Estado asume un rol de liderazgo en la decisión de cómo el capital nacional (económico, humano, natural) es gestionado. Con la crisis de las economías occidentales, China emergió como una fuente alternativa de inversiones y créditos. Las compañías chinas están ocupando el lugar dejado por compañías canadienses, europeas y estadounidenses, y los inversores chinos están más abiertos a invertir en proyectos rentables a largo plazo (Arsel, Hogenboom y Pellegrini, 2016).

En cuanto a los proyectos mineros llevados adelante por empresas chinas y la conflictividad socioambiental generada, existen en algunos países latinoamericanos casos muy conflictivos que han alcanzado gran visibilidad en esta región y no brindan un panorama alentador acerca de las relaciones de las empresas chinas con las comunidades cercanas a sus proyectos mineros. Uno de ellos es el proyecto Las Bambas, una mina de cobre en el altiplano central de Perú, controlado por la compañía australiana-china MMG, cuyo propietario mayoritario es China Minmetals, que ha generado repetidas protestas ambientales, una de las cuales, en 2015, dejó muertos y heridos. Otro caso en Perú es el proyecto de cobre y molibdeno Toromocho, de Chinalco (la Corporación de Aluminio de China), que fue suspendido por inspecciones de la autoridad ambiental peruana, acusado de verter desechos en cuerpos de agua cercanos a la mina, afectando a las comunidades, además de ser foco de huelgas y disputas sindicales (Erthal Abdenur, 2017). En Ecuador, el proyecto Mirador, el primero de explotación minera metálica a gran escala en la historia de este país, es llevado adelante por las empresas estatales chinas ECSA/Tongling-CRCC, en la cordillera del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. También otro proyecto cercano, Panantza-San Carlos, en pleno territorio del pueblo Shuar Arutam, al norte de Mirador, está en manos de las mismas empresas transnacionales chinas. Ambos proyectos han tenido serias consecuencias para las comunidades locales, que han sido desalojadas de sus territorios, viviendo situaciones violentas que incluyen personas asesinadas y detenidas por las fuerzas policiales (Sacher, 2017).

En el caso argentino,3 existen antecedentes, como el de la empresa minera china Shandong Gold, que fue una de las expulsadas del cerro Famatina, en la provincia de La Rioja, por las asambleas de vecinos de Chilecito y Famatina, que resisten a la explotación minera en el cordón de Famatina. Posteriormente, en 2017, la misma empresa compró parte de los proyectos Veladero y Pascua Lama, en la provincia de San Juan, pertenecientes a la canadiense Barrick Gold, incluso luego de que Veladero ocasionó derrames de solución cianurada en 2015 y 2016.

Por su parte, la empresa china MCC, que fue la que quiso iniciar la exploración minera en Loncopué, ya opera la mina Sierra Grande, en Río Negro, otra provincia argentina. MCC es la filial argentina de la estatal china Metallurgical Group (CMG), un grupo empresarial bajo la órbita del Consejo de Estado de Supervisión de Activos Estatales y Comité de Administración de la República Popular China. Sierra Grande, considerado el mayor yacimiento de hierro del país, fue adquirida por MCC en 2006 y comenzó a enviar concentrado de mineral de hierro a China en 2011. MCC es una importante apuesta de China en Argentina, ya que se trata de una de las primeras empresas en arribar al país. Además refleja el interés de China por el desarrollo de proyectos de megaminería:

El D. Han (gerente general de MCC) expresó que esta es la primera industria real que China desarrolla en Argentina, por lo que resulta primordial que esta experiencia piloto resulte muy exitosa, atento al hecho de que el gobierno chino tiene grandes intenciones de colaborar en el desarrollo de la industria minera argentina en futuras inversiones en otras áreas de su territorio. Así, el funcionario resaltó que la industria minera en Argentina es aún incipiente, ya que aproximadamente el 75% de las reservas minerales, las cuales se encuentran mayormente en la cordillera de los Andes, aún no han sido exploradas (Larriera, 2011, p. 10).

Diversos analistas coinciden en que la demanda china tiene motivación directa en el uso de los minerales para el crecimiento de su país, a diferencia de otras empresas occidentales para las cuales la explotación de minerales es un lucro y depende de su cotización en el mercado internacional. “La demanda de hierro, cobre y aluminio, entre otros minerales de exportación, está asociada al crecimiento de los sectores de la construcción, la infraestructura y la manufactura (que requieren acero, conductores eléctricos y metales industriales, entre otros)” (Altomonte et al., 2013, p. 7).

Con respecto al proyecto minero en Loncopué, un referente del sector minero de esta localidad, Oscar González, describe:

Campana Mahuida es una pequeña mina de cobre diseminado, tiene 600.000 toneladas de cobre, para la empresa que busca el lucro es invertir hoy y dentro de 20 años sacar la misma plata, en cambio los chinos necesitan el metal. Los chinos cambiaron las formas de ver las cosas, están tomando negocios que las empresas “liberales” no tomarían. El caso de Sierra Grande es una vieja mina de hierro que estaba abandonada y vinieron los chinos y la hicieron funcionar, al costo, ahora tienen un problema bastante serio. Ellos necesitan el metal, no quieren depender, con tremenda industria, permanentemente de Canadá o de Estados Unidos. Este tipo de emprendimientos les da independencia (O. González, com. pers., 24 de febrero, 2016).

Es importante destacar, además, que la presencia china en la zona de Loncopué se asocia a la instalación de una estación y antena satelital, por parte de CLTC (The China Satellite Launch and Tracking Control General), dependiente de la Administración Nacional Espacial China. La finalidad de esta base es la investigación del espacio lejano y el apoyo logístico para las misiones satelitales que efectuará la República Popular China, a través de un acuerdo con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) de Argentina. El gobierno de la provincia de Neuquén cedió 200 ha a la Conae para llevar adelante el proyecto (Herrero, 2013), proceso que no ha estado exento de conflictos con crianceros de la zona. La antena se localiza a unos 33 km en línea recta al cerro Tres Puntas, donde se planificaba la exploración minera que fue foco de conflicto (Figura 1).

La instalación de esta estación satelital despertó, desde 2012, una serie de debates en los medios de comunicación y entre diferentes partidos políticos a nivel provincial y nacional, en los que la principal preocupación ha sido el potencial uso militar de dicha estación, y la dependencia que estos programas de exploración tienen con el Ejército chino. Por otra parte, a nivel regional, generó ciertas expectativas laborales, sumado a la llegada de población china a localidades cercanas al lugar de la estación satelital, como el poblado de Las Lajas, y también preocupación por las condiciones laborales que presentan los emprendimientos chinos, reticentes a respetar la legislación nacional en esa materia.

Fuente: elaboración propia, Facundo Rojas y Lucrecia Wagner.

Figura 1 Ubicación de Loncopué y otros sitios de interés. 

Como ya se destacó, las empresas chinas parecen dispuestas a invertir en proyectos que resultan menos rentables para empresas occidentales. Por otra parte, las diferencias entre culturas, plasmadas en la dificultad del idioma y las diferentes costumbres, incluso en las relaciones laborales, también es otro aspecto a considerar. En el caso de Loncopué, el repetido incumplimiento de los requisitos ambientales, especialmente en relación a la participación social, como se detallará a continuación, fue una problemática central del proyecto chino. Al respecto, el referente minero local Oscar González, analiza:

La estrategia de los chinos fue negociar con el Estado, y pensaron que con eso era suficiente. Similar a lo sucedido con la estación y antena china, donde el Estado se hizo cargo de darles el lugar para la estación, es decir, el gobierno hizo todos los contactos, los chinos no tuvieron contacto con nadie (O. González, com. pers., 24 de febrero, 2016).

Este análisis coincide con el hecho corroborado durante esta investigación de que, durante el conflicto en Loncopué, la cara visible de MCC en dicha localidad solo fue su gerente mexicano.

La conflictividad socioambiental en América Latina: minería en la región andina

La conflictividad por las disputas que genera la apropiación y extracción de recursos naturales se imbrica en la historia colonial de América Latina (Alimonda, 2011). Como destaca Tom Perreault (2014), la minería ha sido una característica central de los paisajes andinos desde mucho antes de la Conquista. De hecho, fue en la región andina donde el trabajo del oro, la plata y otros metales preciosos alcanzó su ápice en la América prehispánica. En este sentido, Guido Galafassi (2012) considera que el fenómeno de la megaminería debe entenderse como renovación constante del proceso minero latinoamericano, que se abre camino de la mano de la innovación tecnológica y la ingeniería jurídico-política, que en tanto instrumento de hegemonía legitima y posibilita socialmente su existencia.

La megaminería se ha transformado, además, en las últimas décadas, en un foco central de disputas socioambientales. Así lo muestra el Atlas de Justicia Ambiental coordinado por Joan Martínez Alier, que hasta el momento contabiliza 848 casos de conflictos ambientales en Latinoamérica, de los cuales 304 se vinculan a la extracción de minerales y materiales de construcción. La mayor parte de los mismos se concentra en la cordillera de los Andes, y en 164 de los 304 conflictos por minería se reconoce la presencia de grupos indígenas y/o comunidades tradicionales. Por otra parte, la presencia china en estos conflictos aún es menor: 20 de los 304 casos incluyen proyectos de compañías de origen chino, y 14 de estos 20 casos cuentan además con grupos indígenas entre los actores en conflicto. Por su parte, Argentina contabiliza 37 conflictos por minería, en 17 de los mismos se registran grupos indígenas como actores del conflicto, y solo el caso de Loncopué presenta una comunidad indígena en conflicto con una empresa china por un proyecto minero metalífero.4

La creciente conflictividad ambiental -y su visibilización a partir de la creación de redes entre diversos actores y otras estrategias- ha dado lugar a la creación de observatorios de conflictos ambientales en América Latina. Se destacan el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA),5 y el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL).6 El OCMAL ha identificado 244 conflictos por minería, de los cuales 29 se encuentran en Argentina.

Esta conflictividad ambiental ha sido objeto también de debates sobre modelos de desarrollo en los que se imbrica la megaminería y ha dado nacimiento a conceptos como extractivismo o neoextractivismo. Como afirma Maristella Svampa (2016), extractivismo o neoextractivismo son categorías presentes tanto en la bibliografía crítica como en el lenguaje de los movimientos socioterritoriales.

La noción de extractivismo ha tenido una difusión creciente en el debate latinoamericano e incluso mundial, y ha ido ampliando su alcance y caracterización (Gudynas, 2011; Machado Araoz, 2013; Alimonda, 2015; Gago y Mezzadra, 2015; Svampa, 2016). El extractivismo no implica solo la actividad de extraer recursos naturales no renovables (o recursos naturales renovables a un ritmo que hace peligrar su tasa de renovación), y que genera impactos ambientales negativos de gran magnitud e importantes consumos de otros recursos naturales. Su importancia analítica radica en que, además, constituye un singular modelo basado en actividades extractivas, por medio de las cuales se obtienen los insumos que el capital requiere, para lo cual necesita penetrar en las subjetividades locales, a partir de diferentes estrategias que apuntan a su legitimación social.

Tom Perreault (2014) destaca que, desde el principio del siglo XX, el carácter de la minería andina se ha transformado dramáticamente de tres maneras interrelacionadas: durante el último medio siglo, la minería se ha convertido de una actividad de mano de obra intensiva a una de capital intensivo, favoreciendo a las grandes firmas altamente capitalizadas, lo que conduce a la segunda transformación de la minería andina: la dominación del capital transnacional. La tercera transformación está dada por su carácter de enclave: los vínculos económicos entre las operaciones mineras y sus corporaciones matrices transnacionales, y otras empresas transnacionales, suelen estar mucho mejor establecidos que las conexiones entre el centro minero y las economías nacionales y, particularmente, las locales.

En este contexto, hay países con mayor tradición minera, como Perú, Bolivia y Chile, y otros como Colombia, Ecuador y Argentina, donde la minería a gran escala se presenta como una posibilidad de atraer inversiones y generar desarrollo, en palabras de sus gobernantes. En ambos casos, los conflictos suelen ser diferentes: mientras que en los países con tradición minera no está en discusión la continuidad de la actividad, salvo excepciones, sino que se promueve un respeto de los derechos humanos y ambientales, en los países con escasa tradición minera los conflictos presentan un carácter más preventivo, y en algunos casos, como Argentina, hay una fuerte presencia del “No a la Mina”.7

Como destacan Cristina Yacoub, Rutgerd Boelens y Bibiana Duarte (2015), en las últimas décadas las implicaciones del extractivismo en Latinoamérica han cobrado importancia, proliferando un mayor número de conflictos socioambientales en torno a las explotaciones de las grandes empresas mineras y petroleras. Estos autores destacan que el elemento clave de estos conflictos se centra en la afectación de los territorios hidrosociales, por lo cual los impactos generados son el principal reclamo de los movimientos y alianzas que surgen en su contra. La expansión de las nuevas fronteras del extractivismo es contestada, y los conflictos, que tienen como elemento reivindicativo central el agua, emergen o se profundizan. Afirman así la importancia de las alianzas, que desde abajo pero conectadas con diversos movimientos sociales y en múltiples escalas, han desarrollado diversas estrategias que han logrado por el momento detener los proyectos extractivos promocionados por los gobiernos centrales. En estas redes se destaca la presencia de comunidades indígenas y campesinas, organizaciones sociales laicas, religiosas, sindicales, académicas y sectores políticos, pero también iniciativas individuales y creaciones artísticas, entre otras.

Como explica Anthony Bebbington (2007, pp. 49-50), las empresas y los gobiernos responden a estos movimientos diciendo que no tienen necesidad de preocuparse, o que la reducción del capital natural está siendo más que compensada por ganancias en el capital financiero (en la forma de inversión empresarial) y en capital humano y físico (como resultado de inversiones de programas de responsabilidad social empresarial o de programas del gobierno financiados por los impuestos generados por las industrias extractivas). Estos empates entre las empresas y los movimientos reflejan, por tanto, luchas acerca de quién debe definir los niveles aceptables de sustitución entre formas de capital, y en este sentido politizan dimensiones sociales. También objetan la distribución social de las pérdidas y ganancias creadas por la extracción de recursos. Si bien los movimientos pueden compartir una preocupación general en torno al desposeimiento, es posible que todavía exista en y entre ellos mucha diversidad en cuanto a los tipos específicos de desposeimiento a los que se oponen. Estas alternativas pueden variar desde un rechazo total a la extracción de recursos y los conceptos de gobernanza y sostenibilidad que esta extracción implica, hasta demandas por una mayor participación en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos y una distribución más equitativa de los beneficios derivados de la explotación de estos. Algunos grupos dentro de los movimientos pueden estar dispuestos a tratar con las empresas mineras, mientras que otros no lo estarían de ningún modo. Algunos preferirán estrategias de negociación, otros de confrontación y acción directa.

Entre las demandas existentes por parte de estos movimientos socioambientales, una que está en auge en América Latina es la participación social en la toma de decisiones sobre la instalación de proyectos mineros, plasmada en la creciente realización de consultas comunitarias. Mariana Walter y Leire Urkidi (2015) determinaron que, entre 2002 y 2012, se habían llevado adelante 68 consultas por proyectos mineros en cinco países de Latinoamérica: Perú (en 2002, 2007, 2008, 2009 y 2012), Argentina (en 2003 y 2012), Ecuador (2011), Colombia (2009), y Guatemala (con 57 consultas, realizadas entre 2005 y 2012). Todas tuvieron como principal resultado un gran rechazo a los proyectos mineros. En 2017, Kristina Dietz y Carla Noever (2017) contabilizaron, desde 2002, 95 consultas populares que tuvieron lugar en seis países en Latinoamérica, sumadas a otras planificadas pero aún no realizadas. A los países registrados por Walter y Urkidi (2015) se agregó en los últimos años El Salvador.

El caso aquí presentado, Loncopué, es la segunda consulta realizada en Argentina, la cual tuvo carácter vinculante. Además, presenta una articulación de movimientos sociales que dio lugar a una estrategia exitosa: la combinación de la acción directa y la vía jurídica, y, en esta última línea, la combinación del derecho ambiental y el derecho indígena.

Conflictos mineros en Argentina: la originalidad del caso de Loncopué

La conflictividad socioambiental en Argentina cobra trascendencia desde la década de 1980, con múltiples reclamos contra represas, fábricas y otros proyectos en Patagonia (Chiappe, 2005). De estos, el que llegó a la opinión pública y alcanzó repercusión mediática nacional fue el conflicto de Gastre, en Chubut, donde la población de diferentes localidades patagónicas se opuso a la instalación de un repositorio nuclear. Surgió así el movimiento antinuclear de Chubut (MACH), del cual formó parte el reconocido ambientalista argentino Javier Rodríguez Pardo (Rodríguez Pardo, 2006). En la década de 1990, un conflicto en la provincia de Misiones (noreste argentino) por la instalación de una represa binacional (Argentina-Paraguay) dio lugar a la realización de una consulta vinculante, en 1996, en la cual la población rechazó el proyecto.8

En los primeros años del siglo XXI, van a incrementarse los conflictos ambientales, de los cuales los relacionados con la megaminería son los más numerosos y trascendentes en la opinión pública. El caso emblemático, y que marca el nacimiento del “No a la Mina” en Argentina es el conflicto de Esquel, en la provincia de Chubut, donde diversos sectores sociales de la localidad conformaron la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, realizando numerosas manifestaciones que desembocaron en la realización de una consulta (plebiscito) no vinculante, que dio como resultado un 82% de rechazo al proyecto minero (Claps y Colao, 2005; Walter, 2008; Weinstock, 2012). Posteriormente, se produce el denominado “efecto Esquel”, cuando otras comunidades rechazaron proyectos mineros metalíferos, en diferentes provincias del país, siete de las cuales actualmente poseen legislación restrictiva a la megaminería. Los colectivos sociales que se organizaron contra la megaminería, en su mayoría asumieron el nombre de “asambleas de vecinos autoconvocados” e iniciaron su articulación en 2003, con la conformación de la Red Cama (Red de Comunidades Afectadas por la Minería), con miembros de las provincias de Catamarca, Chubut, Río Negro, San Juan y Tucumán. En 2006, se organizó la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que reúne no solo a asambleas contra la megaminería, sino a la mayor parte de las asambleas del país que resisten a diferentes actividades potencialmente contaminantes, teniendo como lema “Por la vida, no al saqueo y la contaminación”.9 Svampa y Antonelli (2009) contabilizaron que la UAC agrupa aproximadamente a 70 asambleas de base, solamente en relación con la problemática de la minería a gran escala. Los encuentros de la UAC han contado también con la participación de movimientos campesinos e indígenas, unidos intrínsecamente a las asambleas socioambientales, en la lucha contra la apropiación de los territorios. Sin embargo, esta lucha conjunta no está exenta de fricciones.

Por su parte, la conflictividad socioambiental en la provincia de Neuquén ha estado históricamente asociada a la actividad petrolera y gasífera,10 teniendo como principales afectadas a las comunidades indígenas mapuche. Otras actividades que han generado conflictos con estas comunidades son los proyectos hidroeléctricos y las áreas naturales protegidas, de gran interés turístico.

En relación a la conflictividad social general, esta provincia posee una interesante e intensa historia de resistencia de los trabajadores ante la pérdida de puestos de trabajo y derechos laborales. Como destaca Fernando Aiziczon, la constitución histórica del campo de protesta se produce con los grandes emprendimientos hidroeléctricos en los años setenta (Complejo Chocón-Cerros Colorados) y el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo y gas, que hacen que el incremento de las regalías energéticas apuntale también una matriz productiva específica -economía de enclave- que crece al compás del accionar estatal (YPF, Hidronor, Gas del Estado) y de un espectacular aumento poblacional. Pero este despegue estatal ya es acompañado tempranamente por un importante conflicto social, el “Choconazo”, primera y masiva acción de protesta de los obreros acantonados en el complejo hidroeléctrico (Aiziczon, 2005, pp. 131-132; Chávez, 2008). En la década de 1990, ante el proceso de embate neoliberal en Argentina, se gestaron en esta provincia diferentes resistencias al cierre de fábricas que fueron recuperadas por los trabajadores,11 protestas como las de los extrabajadores petroleros en Plaza Huincul y Cutral Có (que se consideran como el nacimiento de los “piqueteros”) (Auyero, 2004), combinadas y articuladas con una gran lucha docente (Nardacchione, 2012), entre otras.

En este contexto, la lucha de las comunidades de Loncopué contra el proyecto minero contó con la colaboración de organizaciones de trabajadores, docentes, organismos de derechos humanos y organizaciones ambientales de la ciudad de Neuquén. Sumado a ello, su originalidad radica en haber unido en una lucha local a sectores campesinos (crianceros), indígenas (comunidad mapuche Mellao Morales), asambleas de vecinos autoconvocados y la parroquia local.

La llegada del proyecto minero a Loncopué

Loncopué es un departamento del noroeste de la provincia de Neuquén, a unos 300 km de la capital provincial. Posee una población de casi 7 mil habitantes (6.925, según censo de 2010), de los cuales 5.010 viven en el ejido municipal (INDEC, 2010). Hay pobladores que llegaron desde otros lugares del país en las últimas décadas, eligiendo Loncopué como lugar de vida y/o por motivos laborales. Es una localidad que vive, mayoritariamente, del empleo estatal: el complejo de Termas de Copahue-Cavihaue, personal del municipio, policía, docentes. Loncopué no es un poblado turístico en sí mismo, pero está camino a dos lugares que sí lo son: Copahue y Caviahue, al noroeste de Loncopué, con sus paisajes de araucarias y lagunas, y el volcán Copahue, cuya actividad ha dado lugar al Complejo Termal de Copahue. Además, se encuentra rodeado de estancias y campos privados. La zona se destaca por su producción ganadera, que varía entre grandes estancias con un importante número de cabezas de ganado, y crianceros que desarrollan sus actividades ganaderas basados en la trashumancia. Esta última práctica ganadera, que toma lugar entre la meseta árida y semiárida y la cordillera de los Andes, la realizan aproximadamente 2.500 productores, en su gran mayoría “fiscaleros” (ocupantes de tierras fiscales). Estos campesinos conocidos como crianceros y puesteros no representan al productor agropecuario tipo argentino, sin embargo, son predominantes en el noroeste de la Patagonia. El circuito que realizan es la respuesta social a obstáculos físicos e históricos; es la adaptación obligada a los condicionantes agroecológicos y socioinstitucionales (Bendini, Tsakoumagkos y Nogues, 2005).

En la zona de Loncopué hay crianceros dentro de las comunidades indígenas, y otros que no pertenecen a ellas (denominados localmente “criollos”). Ambos presentan diferentes situaciones respecto a la tenencia de la tierra, pero la precariedad de su posesión es una característica compartida, que los lleva a situaciones de conflicto con propietarios privados y con el Estado provincial. Incluso los crianceros criollos tienen mayores dificultades que los indígenas, al no estar amparados por las leyes que protegen a estos pueblos.

Respecto al sector minero, Loncopué presenta actividad extractiva de áridos (0,78% de la producción provincial) y minerales no metalíferos, como celestina (100%) y baritina (8,6%) (Dirección Provincial de Minería, 2013).12 La única experiencia de minería metalífera cercana es Andocollo, al norte de Loncopué, que ha tenido problemas de contaminación ambiental y afectación de la salud de los pobladores.

En Loncopué, los intentos por desarrollar minería metalífera presentaron, desde sus inicios en 2007, problemas derivados del incumplimiento de la legislación ambiental. La primera empresa que intentó llevar adelante un proyecto minero fue la canadiense Golden Peaks. Esta empresa se encontraba realizando exploración de oro en un campo privado cuando los pobladores rurales comenzaron a preocuparse por la apertura de picadas, luces en la noche y sonidos de explosiones, y alertaron a la parroquia de Loncopué. En estos lugares, la parroquia actúa como uno de los posibles canales de información entre estos parajes rurales y la localidad cabecera. El cura párroco comenta que los conflictos en la zona son comunes, principalmente los conflictos de tierras, y que estar en el campo, con Pastoral Aborigen y Pastoral Rural, ha llevado a la parroquia a acompañar conflictos diariamente, pero no del tenor que alcanzó el del proyecto minero, aunque sí implican el enfrentamiento con el gobierno, alguna Dirección de Tierras, o algún estanciero. El cura párroco destaca que la cercanía de la Iglesia con la población es una marca dejada en la Diócesis neuquina por su primer obispo, don Jaime de Nevares.13

A raíz del aviso de los pobladores rurales sobre movimientos mineros, el cura párroco José María D’Orfeo aprovechó, en octubre de 2007, la presencia de autoridades del gobierno local y provincial en un acto en Loncopué, para pedirles explicaciones sobre lo que estaba sucediendo en el paraje rural, e invitó a los vecinos a charlar sobre el tema.

Algunas personas se acercaran a la parroquia, entre ellos un abogado que provenía de Esquel, con la experiencia de la resistencia al proyecto minero allí acontecida. Quienes se reunieron en aquel momento dieron origen a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL). El cura párroco fue elegido presidente de esta asamblea, una característica que difiere de otras asambleas socioambientales, que han preferido no tener presidentes o referentes.

Posteriormente, los representantes de la minera Golden Peaks se acercaron a las reuniones de vecinos, que comenzaron a realizarse semanalmente en la parroquia local, y mostraron la licencia ambiental, que había sido otorgada por la Dirección Provincial de Medioambiente y Desarrollo Sustentable. Ante ello, los vecinos autoconvocados descubrieron que esta licencia se había otorgado sin la realización de audiencia pública, la cual es parte del procedimiento de evaluación de impacto ambiental (según lo establece la legislación ambiental nacional y provincial), por lo que decidieron presentar un recurso de amparo contra la provincia de Neuquén. En este amparo también se incluyó el cuestionamiento a que no hubieran sido consultadas las comunidades mapuche de la zona de influencia del proyecto minero. Este recurso de amparo tuvo fallo favorable de la Justicia, basado en que la omisión de la audiencia pública cercenaba el derecho a la participación ciudadana, y que este derecho está íntimamente ligado al derecho ambiental.

Por otra parte, para desarrollar la actividad minera se necesita una empresa con el capital necesario para llevar adelante las actividades de exploración o explotación. Generalmente los derechos mineros de un yacimiento pertenecen a quienes los hayan solicitado a las autoridades mineras, comúnmente particulares locales, provinciales o nacionales con los cuales las empresas extranjeras negocian para llevar adelante el proyecto. Los derechos del yacimiento de interés para Golden Peaks pertenecían a Oscar H. González, referente local del sector minero, de familia minera desde sus abuelos, quien actualmente trabaja en minería junto a sus hijos. La familia González, luego de explotar la minería de baritina, se dedicó a los pórfidos. El freno al proyecto coincidió con la caída del precio de los metales en los mercados internacionales, por lo cual bajó el precio del mineral y no les interesó insistir con este proyecto. “Yo armo negocios y los ofrezco a empresas que tienen capital para desarrollarlos. Después todos los días trabajo yeso para agricultura, bentonita y siempre algo de baritina, siempre fuimos bariteros” (O. González, com. pers., 24 de febrero, 2016). Este testimonio muestra la relación entre estos emprendedores locales con las empresas mineras de mayor capital, generalmente extranjeras. González nos describe que, para buscar un socio, hay que ofrecer un negocio factible, y entre los aspectos de esta factibilidad, la presencia de comunidades mapuche, áreas naturales protegidas o descontento de la población local se consideran aspectos negativos:

Y lo primero que nos preguntan es cómo está respecto a las comunidades mapuche, áreas de reserva, qué piensa la población, y recién ahí te aceptan un proyecto. Y después, actualmente [el problema] es el precio del cobre, que estaba a 5 mil dólares la tonelada y ahora está a 2 mil. Sí, nos han dicho que esto es pasajero, 2 años y después remontaría (O. González, com. pers., 24 de febrero, 2016).

Luego del fallido proyecto de la canadiense Golden Peaks, llegó a Loncopué otro proyecto minero metalífero, impulsado por capitales chinos. Las falencias del proyecto canadiense, en relación a la legislación ambiental y especialmente a la participación social, serán posteriormente repetidas y profundizadas por el proyecto minero chino, en medio de una importante movilización social que fue creciendo a través de los años.

En septiembre de 2008, el entonces intendente de Loncopué (autoridad municipal) convocó a una reunión en su despacho a los directores de las diferentes áreas municipales, para presentarles a Jaime Brown, gerente de la empresa Emprendimientos Mineros S.A., dependiente de la empresa china MCC, que llegaba a Loncopué con la intención de llevar adelante una exploración minera en el cerro Tres Puntas, en el paraje Campana Mahuida. El intendente manifestaba que quería progreso y trabajo para su gente, por lo cual el municipio se ponía a disposición del emprendimiento. Los vecinos autoconvocados supieron de esta reunión, y la sensación fue que “los chinos se vienen con todo”, ya que el proyecto era de mayor envergadura que el de Golden Peaks.

El referente local del sector minero, González, nos describe el proyecto de Campana Mahuida como la única mina evaluada en la provincia, es decir, que está en etapa de factibilidad, lista para empezar a trabajar. Una mina de provincia que fue vendida a los chinos, y situada dentro de una comunidad mapuche. “La provincia no quiso darle importancia a ese hecho, y eso fue lo que frenó el proyecto. Sin el consentimiento de los titulares superficiarios, y más aún si son mapuche, era imposible trabajar” (O. González, com. pers., 24 de febrero, 2016).

El interés chino en la exploración y explotación de recursos naturales coincide temporalmente con el interés del gobierno de Neuquén por desarrollar la minería metalífera en su territorio. El gobierno neuquino posee una empresa minera estatal, Cormine (Corporación Minera del Neuquén), que cuenta con gran cantidad de los derechos mineros provinciales, entre ellos los de Campana Mahuida, en Loncopué. Martín Irigoyen, presidente de Cormine, destaca que Neuquén es una provincia que tiene historia minera, sobre todo en el norte, con las minas de Andacollo que se explotan desde 1896 aproximadamente. Considera que la explotación minera se vio opacada por el desarrollo del gas y el petróleo, pero Cormine tiene los derechos mineros de áreas en las que puede haber yacimientos metalíferos interesantes, por lo que justifica la inversión en exploración en la minería neuquina (Mining Press, 2012).

Sin embargo, como se muestra a continuación, esta intención provincial de desarrollar la minería metalífera encontró una organizada resistencia por parte de la población local. El Estado en sus escalas provincial y local presentó fragmentaciones que potenciaron la caída del proyecto minero, a lo que se sumó el incumplimiento de la legislación en materia ambiental e indígena.

La organización de una resistencia diversa

En 2008 la empresa minera china avanzó en la realización de contactos con la población local y ofrecimientos de trabajo y promesas de servicios que algunos pobladores podrían otorgar a los trabajadores del proyecto. Estos ofrecimientos se realizaron también en la comunidad mapuche Mellao Morales, debido a que el proyecto minero se encontraba dentro de su territorio.

En respuesta a ello, la resistencia al proyecto fue ganando diversidad. Se conformó la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), y se sumaron al rechazo al proyecto minero la comunidad mapuche Mellao Morales y la Asociación de Fomento Rural (AFR) Huecú Có. “Se conformó así este bloque de organizaciones que para cada uno de sus protagonistas fue y continúa siendo una instancia de conocimiento mutuo y de articulación que no existía antes de esta ‘invasión’ al territorio, al estilo de vida tomado por opción o por defecto” (Picasso y Milán, 2011, p. 284).

En esta diversidad de resistencias, cobra especial relevancia para el freno al proyecto minero el accionar de la comunidad mapuche. Como afirma Maristella Svampa (2016), en América Latina, a partir de los ochenta, los indígenas irrumpen en el escenario político y se convierten en fuerzas políticas a escala nacional. En numerosos casos se produjo la ampliación de la plataforma discursiva y del horizonte programático. Este camino hacia la autonomía tuvo una inflexión simbólica en los contrafestejos del V Centenario del “descubrimiento” de América, con varios encuentros que unieron a organizaciones de los Andes y de la Amazonía con el resto del continente.

Lejos de ser exclusivo de aquellos países en los que existe una fuerte matriz comunitaria, el proceso de empoderamiento político y, a la vez, de nuevo arrinconamiento de las comunidades indígenas, abarca naciones como la Argentina, donde de manera persistente desde los años 70, pasando por los 90, hasta la actualidad, asistimos a un importante proceso de reconstrucción identitaria (Svampa, 2016, p. 112).14

Argentina, desde el punto de vista de la denominada “historia oficial”, ha sido definida políticamente y caracterizada sociológica y antropológicamente como una nación “sin indios” o, como lo expresara el reconocido sociólogo brasileño Darcy Ribeiro, un país de pueblos transplantados “que descienden de los barcos”, una nación que no reconoce como constitutiva de sus dispositivos de identidad a los pueblos originarios (Trinchero, 2010). Recién a partir de la Reforma Constitucional argentina, en el año 1994, se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y sus derechos, entre ellos, su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan (artículo 75, inciso 17). Inherente a este reconocimiento es la configuración de los propios indígenas como actores políticos, que participan en espacios en los que confluyen funcionarios estatales, organizaciones de la sociedad civil y académicos (Lazzari y Quarleri, 2015). Si bien la conmemoración de los 500 años del “descubrimiento” de América y el debate por la Reforma Constitucional posibilitaron la reconfiguración de los mapuche como “pueblo-nación” y/o “pueblo originario”, las instituciones estatales -enmarcadas en una perspectiva neoliberal multiculturalista- no terminan de visualizar a los mapuche como “actores políticos” y continúan considerándolos como productores de “cultura”, “artesanías” y/ o “folklore” (Lazzari, Rodríguez y Papazian, 2015). Así, se desestima desde el gobierno provincial y local su capacidad de agencia, y como muestra el caso aquí analizado, no se incluye su participación en los procesos de consulta para la radicación de proyectos extractivos.

En este contexto, los mapuche, junto a otros pueblos originarios, vienen protagonizando variados conflictos con diversas actividades económicas (hidrocarburífera, hidroeléctrica, turística, forestal, agrícola). Paralelamente, se han ido produciendo múltiples procesos de reconfiguración y movilización étnica que redefinen la relación con los ámbitos territoriales. En este contexto de creciente conflictividad territorial, el pueblo mapuche se ha vuelto foco de discursos mediáticos que intentan desacreditar la preexistencia del pueblo indígena mapuche y deslegitimar su resistencia (Trentini, Valverde, Radovich, Berón y Balazote, 2010).

En cuanto a su relación con el Estado neuquino, casi desde la creación de Neuquén como provincia, en 1955 (antes era territorio nacional), gobierna el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Este partido hegemónico a nivel provincial15 intentó desde sus orígenes incidir en la organización mapuche y ordenar la política indígena a partir de la regularización de tierras, buscando generar un lazo clientelar con estas comunidades (Lenton, 2015).

“Hace más de 50 años que gobierna el MPN, y su presencia en el interior es fuerte y ha arraigado estilos de hacer política que rozan el clientelismo y dificultaron durante muchos años que se conformaran espacios para manifestar disidencias” (Bertoglio, 2014, p. 16). Destacamos este aspecto debido a que el poder provincial del MPN y su lógica clientelar hacia la población indígena y no indígena parecía dificultar el éxito de la resistencia a un proyecto extractivo impulsado por el propio gobierno provincial y municipal, y que además cobraba especial interés por ser los derechos mineros del yacimiento propiedad de Cormine, la empresa estatal que se vería favorecida en la negociación con la minera china.

En la actualidad podemos apreciar una fuerte articulación Estado/partido político/gobierno, a través del cual el MPN externaliza su poder […]. En dicho contexto la presencia del pueblo originario mapuche se constituye a través de diversas prácticas y saberes en una fuerza etnopolítica que impugna dicho modelo hegemónico, no sin conflictos y contradicciones, pero con una tenaz fuerza encaminada a la transformación (Radovich, 2013, p. 26).

En Neuquén, la población mapuche posee experiencias de lucha contra proyectos hidroeléctricos (Radovich, 2003; Balazote y Radovich, 2003; Radovich, 2005), privatización de tierras (Vidal y Agosto, 2012; Hadad, 2013) y actividades hidrocarburíferas (Balazote y Radovich, 2001, Lenton, 2008), pero la exploración china en el cerro Tres Puntas implicaba el desembarco de una nueva actividad extractiva: la megaminería, que junto al fracking (explotación de hidrocarburos no convencionales) se presentan como las “nuevas caras” del extractivismo en esta provincia.

La comunidad mapuche Mellao Morales, en cuyo territorio se quería desarrollar el proyecto megaminero, ya había tenido previamente una mala experiencia con la actividad minera (minería por socavón) desarrollada por Cormine.

En el año 1986 [Cormine] pidió autorización a la comunidad para explorar y le ofreció en ese momento 80 o 90 puestos de trabajo […], tomaron a dos personas, les dieron trabajo, estuvieron más de un año y algo explorando, y dentro del convenio que hizo la empresa con la comunidad, tenía que informarle a la comunidad qué mineral sacaban, cosa que no sucedió, ni tampoco pagaron lo que habían prometido. Cuando la empresa se fue tampoco dijo que se iba, dejó todo tirado, explosivos, montón de cosas, que con el tiempo son contaminantes, y los pozos que sí dejaron, los dejaron descubiertos […] nunca dejaron beneficio a la comunidad (lonko de Mellao Morales, com. pers., 19 de septiembre, 2016).

Los pozos de la explotación anterior, así como los testigos que se tomaron para evaluar el yacimiento, permanecen en la zona de la comunidad, cercanos a la escuela de Campana Mahuida. La comunidad mapuche denuncia que la existencia de estos pozos es peligrosa y que han perdido animales por su caída en los mismos. Sumado a ello, el cerro Tres Puntas, donde se planificó la exploración minera china, es un sitio muy importante para la comunidad mapuche. “Aquellos abuelos que me contaron a mí, decían que el cerro Tres Puntas era un lugar de salvación de mucha gente, en aquella época de matanzas” (lonko de Mellao Morales, com. pers., 19 de septiembre, 2016).

Cuando esta comunidad mapuche supo del potencial proyecto minero metalífero en su territorio, su lonko, máxima autoridad de ella, llamó a una consulta interna sobre el tema.

Era para saber si contábamos con el respaldo de la gente, porque si no lo teníamos era imposible luchar, iba a ser este lonko contra una minera, con toda su gente en contra, y esto fue un primer paso dentro de la comunidad, ahí surgió que se podía enfrentar esto a pie firme (lonko de Mellao Morales, com. pers., 19 de septiembre, 2016).

Elena Picasso y Adriana Milán, abogada del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) e integrante de AVAL, respectivamente, comentan que esta comunidad mapuche propuso este plebiscito interno, donde “se pronunció y fundamentó la decisión contraria a la realización del emprendimiento minero. […] internamente hubo un procedimiento de decisión conjunta que indicó el rumbo y enmarca el futuro, desde un inicio, de la voluntad política de la comunidad” (Picasso y Milán, 2011, p. 291).

La comunidad mapuche actuó conjuntamente con la parroquia de Loncopué, que con una trayectoria de más de 30 años en el lugar, posee una relación muy fluida con las poblaciones rurales indígenas y criollas. Las reuniones de AVAL se realizaban en sus dependencias, y allí se planificaron una serie de acciones a llevar adelante para impedir la exploración minera en el Cerro Tres Puntas.

Cuando supimos de esto [del proyecto minero chino], cargamos las pilas y empezamos a hacer mucha difusión, concientización, volanteadas en las rutas y en las puertas del supermercado de Loncopué al que va todo el mundo, y charlas en las escuelas. También empezamos un programa de radio todos los sábados que se llamaba “La tierra tiene fiebre”. El municipio local ha organizado charlas queriendo explicar las bondades de la minería y ahí hemos estado rebatiendo. Hemos ido a contar lo que está pasando a Campana Mahuida, porque si bien se le llama Campana a la zona que es territorio de la comunidad mapuche, también es un sector de fiscaleros, de criollos, que crían sus animales, tienen sus huertas, también hay una empresa de frutas finas, que exporta fruta fina orgánica a Estados Unidos. Ahí se conformó otra asamblea de vecinos, la de Campana Mahuida. También se acercó gente de un paraje de atrás del cerro, que es Huecú-Có, que es Cajón de Almanza, que son también criollos. Así como está directamente afectada la comunidad Mellao Morales, también lo están todos los campesinos de alrededor (Vaca, en Vidal y Agosto, 2009).

En cuanto al apoyo recibido desde otros lugares de la provincia, en la capital de Neuquén se organizó el Foro Permanente de Neuquén (Foperma), el cual, según los vecinos autoconvocados, “fue muy importante para instalar el tema a nivel provincial”. Las organizaciones ambientales de Neuquén, la Defensoría del Pueblo de Neuquén, y algunos diputados provinciales acompañaron la lucha de Loncopué contra el proyecto minero. Desde Loncopué, miembros de las asambleas viajaban todas las semanas a reunirse con estas organizaciones.

Hechos claves del conflicto

La exposición pública del conflicto con la minera china se produjo en el acto del aniversario de Loncopué, en 2008. Los vecinos autoconvocados aseguran que el gobernador de la provincia “había venido a anunciar el proyecto minero”, ya que destacan que en el acto había personas del sector minero que no suelen estar regularmente. El cura párroco, presidente de AVAL, aprovechó su intervención en el acto para pedir que no se instalaran en el pueblo “proyectos de muerte”. Así, comenzaban a plasmarse los posicionamientos en el conflicto, de cara a la primera audiencia pública del proyecto minero de Campana Mahuida, convocada para fines de enero del año 2009.

Como se mencionó previamente, el proyecto minero canadiense había sido frenado por la falta de audiencia pública, a través de un recurso de amparo. En cuanto al proyecto chino, se produjo otra falencia en el proceso de evaluación ambiental: el Estudio de Impacto Ambiental, que es el documento que debe detallar los impactos ambientales de la actividad y las medidas que se tomarán para prevenir y mitigar sus efectos, estaba disponible para ser consultado en la ciudad de Zapala, que se encuentra a 124 km de Loncopué, donde está radicada la Dirección de Minería. Esto representaba un claro impedimento para que los vecinos de Loncopué pudieran consultar este documento público. Sumado a ello, en la fecha planificada para la audiencia pública, la población de la comunidad Mellao Morales se encontraba en la veranada, una actividad que las comunidades realizan con el fin de llevar a sus animales a zonas de pastos y aguadas durante el estío. La veranada se realiza en los valles de altura, excediendo en muchos casos la cota 1.200 (de metros de altitud) (Bendini, Tsakoumagkos y Nogues, 2005).

Ante esta situación, las organizaciones en resistencia decidieron presentar un recurso de amparo para impedir la realización de la audiencia pública. Este procedimiento de evaluación ambiental del proyecto minero requería, por parte de estas organizaciones, incorporar saberes técnicos para contrarrestar los argumentos pro mineros. En este sentido, en un discurso dado en Loncopué, el entonces ministro de Desarrollo Territorial de Neuquén manifestaba:

Desafiamos académicamente a que discutamos esto [el proyecto minero] en los ámbitos con gente que sabe, vamos a discutir esto con la gente que conozca la técnica, que conozca la tecnología, que tenga la formación científica para hacerlo, no vamos a parar el desarrollo de Loncopué, Loncopué va a crecer, le pese a quien le pese, con la Constitución y la ley en la mano.16

Miembros de AVAL y Avacam destacan en las entrevistas realizadas que, desde el inicio del conflicto, tuvieron que aprender a disputar los espacios de generación y legitimación del conocimiento, una de las características compartidas con otras asambleas nacidas de conflictos socioambientales:

Siempre el sector minero plantea que no damos argumentos científicos. El sector minero vino a dar charlas, le rebatimos todo, nos ayudó mucho la radio FM Arco Iris, y mostrar, desgraciadamente, la mala experiencia de otras ciudades y pueblos, lo que pasa en Catamarca, en San Juan,17hacíamos charlas (integrante de AVAL, com. pers., 20 de septiembre, 2016).

Estamos así ante la presencia de controversias sociotécnicas en relación a los efectos del proyecto minero, en palabras de Gabriela Merlinsky, quien plantea que:

En contextos de incertidumbre, los actores sociales que pueden verse afectados por las decisiones que se van a tomar irrumpen en el debate sobre “escenarios futuros” o “estados del mundo posibles”, y con su intervención amplían el campo de las decisiones técnicas, para transformarlas en cuestiones políticas (Merlinsky, 2013, p. 30).

La audiencia planificada para enero de 2009 fue suspendida debido a las falencias en la información a la población local, se reprogramó para el 1 de abril de aquel año, la que también fue suspendida por nuevas acciones de las asambleas y las comunidades. Además de la vía judicial a través de recursos de amparo, se decidió convocar a la primera marcha en el pueblo.

La convocatoria a la primera movilización en las calles de Loncopué resultaba una apuesta tan estratégica como riesgosa. La preocupación, por parte de las asambleas, sobre la capacidad de convocatoria a este tipo de actividades, se debía al hecho de que muchos de los pobladores son empleados públicos, o sea que su trabajo depende directamente del Estado provincial, proclive al proyecto minero. Sin embargo, la población de Loncopué decidió masivamente manifestarse, salió a la calle y participó de la movilización. Este hecho constituyó una importante muestra de apoyo hacia las asambleas y comunidades que impulsaban el rechazo al proyecto minero, y una mayor certeza para las mismas de que su posicionamiento en contra de la megaminería era compartido por la mayor parte de la población.

Y con este impulso se llegó a la fecha de la tercera convocatoria a la audiencia pública, programada para el 30 de septiembre. En el intertanto cambió el juez que intervenía en la causa, y el nuevo juez confirmó la realización de la audiencia pública en la fecha fijada.

Sin embargo, los miembros de AVAL y Mellao Morales tenían “un as en la manga”. Además de los recursos de amparo presentados para frenar la audiencia pública, el apoderado legal de la comunidad Mellao Morales había presentado un recurso para la nulidad del contrato de Cormine con Emprendimientos Mineros S.A., por no haber realizado la consulta al pueblo mapuche, determinada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).18 Quedaba entonces la posibilidad de presionar al Tribunal que tenía que expedirse sobre este aspecto, para que lo hiciera antes de la fecha fijada para la audiencia pública.

Nuevamente se decidió combinar la presión en instancias judiciales con acciones en Loncopué. En vísperas de la audiencia pública, los vecinos autoconvocados decidieron llevar adelante una “demora informativa” en el puente de acceso al pueblo, que no fue un corte de ruta, sino que se paraba temporalmente a los automovilistas y se les entregaba un folleto informativo sobre la problemática (Figura 2). Solo se demoraba, aproximadamente dos o tres horas, a los mineros y a quienes estaban identificados como pro mineros (especialmente a los funcionarios del gobierno). Mellao Morales realizó paralelamente otra demora informativa, en un camino alternativo que pasa por su territorio, y en este acceso sufrió la demora el intendente de Loncopué. Hubo personas procesadas judicialmente por esta acción, la mayoría de ellas pertenecientes a la comunidad Mellao Morales.

En las acciones llevadas adelante para solicitar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, que se expidiera sobre el recurso de nulidad de contrato entre Cormine y la empresa china, participaron otros actores claves en la resistencia al proyecto: la corriente de Derechos Humanos de Neuquén, y las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle. En conjunto con las organizaciones de Loncopué, solicitaron una audiencia con el presidente del TSJ. Esta reunión se concretó la semana previa a la fecha establecida para la audiencia pública del proyecto minero, y también participaron el lonko y la inal lonko de Mellao Morales.

Fuente: Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL)

Figura 2 Pintada en camino de acceso a Loncopué: “no pasarán” en chino, español y lengua mapuche. Loncopué, septiembre de 2009. 

La asistencia de sus autoridades a esta reunión, que resultaba clave para el avance o el freno del proyecto minero, fue acompañada desde la comunidad mapuche con una rogativa colectiva:

Si profundamente llevás la fe mapuche, recibís la fuerza para poder seguir adelante con lo que estás haciendo; uno dice, antes de irse, “hago una oración mapuche para poder entrar en ese lugar”, y eso me ayuda a tener fuerza, por eso siempre se hace a la mañana temprano […], para que puedas tener fuerza adonde vas, y pedir, si vas a un pueblo, que aquella persona que te va a recibir te abra la puerta y también su corazón (integrante del pueblo mapuche, com. pers., 19 de septiembre, 2016).

En la reunión con el presidente del TSJ, se le explicó la necesidad de contar con una resolución sobre la legalidad o no del contrato entre la empresa minera provincial y la china, debido a la situación conflictiva que se vivía en Loncopué. Posteriormente, el lunes 28 de septiembre, dos días antes de la audiencia pública del proyecto minero, integrantes de las organizaciones de Loncopué viajaron a la capital de Neuquén a ejercer presión ante este Tribunal de Justicia. Ya se había tomado la decisión de que, en caso de que no hubiera respuesta, las asambleas, junto a campesinos y mapuche, ocuparían el gimnasio donde iba a realizarse la audiencia.

La gente del campo iba a venir con caballos para ponerse en la puerta del gimnasio. Íbamos a hacer cortes, uno en la entrada al pueblo, otro en un puente que va a la zona rural, y otro en el camino que va a Caviahue-Copahue. Habíamos propuesto una marcha para el martes 29, y de ahí nos íbamos a los cortes y a tomar el gimnasio (integrante de AVAL, com. pers., 20 de septiembre, 2016).

Finalmente, ese lunes el Tribunal se expidió. El TSJ devolvía al Juzgado de Primera Instancia el expediente, porque no había seguido la vía adecuada, pero tomaba la medida cautelar de suspender todo el proceso administrativo hasta la resolución del juicio que determinara si el contrato que realizó Cormine con MCC se ajustaba a derecho. Con esta decisión, no solo se suspendía la audiencia pública, sino todo el proceso.

En Loncopué, la población estaba esperando las novedades en el puente de acceso a la localidad. Cuando recibieron la noticia de la decisión del Tribunal, un mayor número de pobladores se concentró en el puente, y marcharon hasta la Intendencia manifestando su alegría por la caída del proyecto minero. Al día siguiente se realizó una movilización para festejar la resolución del TSJ. Hasta la fecha, el juicio no ha tenido resolución definitiva (Figura 3).19

Figura 3 Movilización festejando la Resolución del TSJ de Neuquén, que suspendió el proyecto minero. Loncopué, 29 de septiembre de 2009.  

El freno al proyecto minero chino en Loncopué constituyó un triunfo compartido con organizaciones de la capital provincial, que habían acompañado la resistencia. Por ello, en noviembre de 2009 se realizó una marcha por las calles de la ciudad de Neuquén, capital provincial.

Así, asambleas de vecinos autoconvocados, comunidades mapuche y campesinas, la parroquia local y Endepa, con el acompañamiento de organizaciones ambientales de la capital provincial y organismos de derechos humanos, lograron no solo impedir la instalación del proyecto minero en el cerro Tres Puntas, sino también generar casuística en materia de derecho ambiental e indígena. Generan así una localización y expansión territorial (y material) del derecho ambiental, consonante con nuevas interpretaciones y aplicaciones del derecho realizadas por actores institucionales, principalmente legisladores y jueces (Delamata, 2013).

El referéndum: el día que Loncopué plasmó su ‘No’ a la mina

Las organizaciones de Loncopué, luego de la decisión del TSJ, decidieron impulsar una ordenanza municipal que protegiera el ejido municipal de proyectos mineros. A pesar de que el cerro Tres Puntas queda afuera de este ejido, deseaban plasmar la decisión del pueblo de Loncopué, de no tener minería metalífera en su territorio. El anteproyecto de ordenanza que redactaron las organizaciones prohibía, en primer lugar, la técnica de explotación a cielo abierto de minerales de primera categoría, en la jurisdicción territorial de la Municipalidad de Loncopué, y el empleo de técnicas de lixiviación con cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas.

Destacamos este proceso porque se suma a las experiencias desarrolladas por diversas asambleas socioambientales, que aprovechan figuras institucionales ya existentes en la legislación para llevar adelante sus demandas. Así, AVAL decidió presentar su proyecto de ordenanza mediante la figura de Iniciativa Popular, basándose en la Ley de Municipalidades de Neuquén. Si la iniciativa presentada recibía la adhesión de, por lo menos, el 15% del padrón, el Concejo Deliberante (poder legislativo municipal) estaba obligado a tratarla. Y si este Concejo se pronunciaba negativamente, la iniciativa podía ser sometida a referéndum popular, válido si votaba la mitad más uno de los componentes del cuerpo electoral (es decir, del padrón de electores).

En 2011 el anteproyecto de ordenanza fue presentado con las firmas de aproximadamente un 24% del padrón, pero el Consejo Deliberante de Loncopué rechazó la propuesta, habilitando la posibilidad de que se realizara un referéndum. Una integrante de AVAL recuerda que, cuando se propuso la idea del referéndum, un concejal le planteó: ì¿Y cuál es el problema, tenés miedo a que el pueblo hable, tenés miedo a que la gente se exprese y diga si quiere o no la mina?”. A lo que ella, en lo que hoy puede leerse como una anticipación a los acontecimientos posteriores, respondió: “El pueblo ya se expresó, ¿O no lo viste todo en todo este tiempo? ¿Sabés qué? Mejor que vayamos a referéndum, porque esta ordenanza la vamos a ganar, y no se la vamos a deber a ninguno de ustedes, se la vamos a deber al pueblo” (integrante de AVAL, com. pers., 20 de septiembre, 2016).

Ese mismo año cambiaron las autoridades del gobierno local. La nueva intendenta había afirmado durante su campaña electoral que si ganaba iba a convocar al referéndum. Para ello, se conformó la Junta Comisional Municipal (Jucom), integrada por personas muy respetadas de Loncopué, en su mayoría exdirectoras y maestras de escuelas. En este referéndum votaron el 72% de las personas empadronadas, del cual el 82% votó por el Sí a la ordenanza. A diferencia del plebiscito de Esquel, en el caso de Loncopué la consulta era vinculante, es decir, si la mitad más uno del padrón votaba por el Sí, el anteproyecto se convertía en ordenanza.

Esta ordenanza, si bien solo protege el ejido municipal, fue resistida y calificada de ilegal por parte de las autoridades provinciales. El día del referéndum, el 3 de junio de 2012, la localidad de Loncopué, especialmente en los alrededores de la escuela donde se realizó la votación, amaneció cubierta de folletos que decían “No te dejes engañar, no vayas a votar, no te pueden multar”.

El gobierno provincial intentó frenar por vía judicial la realización del referéndum, pero sus pedidos fueron rechazados por el TSJ de Neuquén. A pesar de ello, el día en que se realizó el referéndum se presentó en Loncopué un escribano, intentando fiscalizar el proceso. Sumado a ello, arribó a Loncopué el ministro de Seguridad de Neuquén (que viajó más de 300 km, desde la capital provincial), argumentando haber recibido denuncias de que se estaba impidiendo la fiscalización del proceso. Desde Jucom se le explicó que estaban vencidos los plazos para la presentación de fiscales, que ni el Estado provincial ni el sector minero habían presentado los suyos a tiempo. Los miembros de AVAL rememoran que había personas apostadas en las esquinas tomando nota de los nombres de quienes entraban a votar, y sacando fotografías. Una de las integrantes de Jucom relata el rol del gobierno, afín al proyecto minero:

Ellos no quisieron participar de nada, el espíritu de ellos fue no participar, no presentar lista, y llegado el momento boicotear la elección. Pensaban que la gente les iba a obedecer […], cuando vieron que la gente iba a votar ahí empezó el susto. Una de las integrantes de Jucom, maestra jubilada, le dijo al ministro de Seguridad, que estaba con el jefe de la policía provincial, “por favor, dígale a la policía que saque a esa gente que está pagando en la esquina,20y que está amedrentando a la gente” (integrante de Jucom, com. pers., 24 de septiembre, 2016).

Estos hechos son relatados en detalle para dar cuenta de la difícil situación a la que son arrojados estos movimientos sociales contra la minería a cielo abierto, “con escenarios regionales caracterizados por una gran asimetría de poderes, que parecen evocar la lucha desigual entre David y Goliat” (Svampa y Antonelli, 2009, p. 20). A pesar de este contexto, gracias a la diversidad de miradas y a la convergencia de resistencias, la población de Loncopué se manifestó contra el proyecto minero, proceso en el cual el referéndum constituye el momento de mayor exposición pública de los pobladores, que al votar plasmaron su “No” a la Mina en el “Sí” a la ordenanza, a pesar de los riesgos laborales que ello podía implicar.

Como destacan Walter y Urkidi (2015), la particularidad de estas consultas es que están promovidas por movimientos de justicia ambiental, generalmente con soporte de los gobiernos locales, pero no por los gobiernos nacionales, que no impulsan estos procedimientos oficiales como mecanismo de expresión de las comunidades. Incluso en algunos casos, como el de Loncopué, los gobiernos provinciales intentan impedir la realización de la consulta. Argentina ya cuenta con impedimentos de este tipo en otras provincias, con gobiernos muy ligados a la megaminería como modelo de “desarrollo”, como San Juan y Catamarca.21 El caso de Loncopué se enmarca además en aquellos en los que las autoras identifican que: “los gobiernos locales cambian su posición a medida que aparecen los conflictos y finalmente permiten o apoyan las consultas para preservar la gobernabilidad o el poder local (p.e., Esquel, Sipacapa), a veces adoptando una posición que difiere de la de su partido a nivel nacional” (Walter y Urkidi, 2015, p. 51). En Loncopué, el mismo partido político provincial, el MPN, fue el que cambió de representante en el gobierno local (del intendente que estaba cuando se inició el conflicto, que quedó muy vinculado a la empresa minera, a una nueva intendenta que acompañó la realización del referéndum). Desde el gobierno provincial, a través de su fiscal de Estado, se solicitó la inconstitucionalidad del referéndum. En 2013, el TSJ de Neuquén la rechazó, respaldando la legitimidad de la ordenanza de Loncopué.

Reflexiones finales

Loncopué ha sido uno de los conflictos socioambientales por megaminería más recientes en Argentina, en el que se destaca una empresa minera de capitales chinos, con escasa presencia local. Al cierre de este trabajo, el proyecto que la misma empresa (MCC) tiene en Sierra Grande (Río Negro) ha sido amenazado por el gobierno provincial de perder la concesión si no mejora su explotación y se ajusta a la legislación en materia de despidos (Mining Press, 2017).

La exploración minera en Loncopué fue temporalmente frenada por incumplir la legislación ambiental y, finalmente, frenada totalmente por no respetar los derechos de los pueblos indígenas. Podemos concluir entonces que, hasta el momento, los proyectos mineros impulsados por capitales chinos en América Latina y en Argentina han provocado serios problemas ambientales y sociales. No hay evidencia de un discurso ni una práctica de Responsabilidad Social Empresaria, aun con los cuestionamientos que este tipo de prácticas implica, como sí la hay en empresas mineras de otros orígenes. Paralelamente, otros emprendimientos chinos, como la estación satelital en Neuquén, siguen en debate y están siendo revisados por el gobierno nacional. Por otra parte, la estrategia empresarial china en el sector minero ha sido de bajo perfil y sin buscar relaciones directas con la comunidad, por ejemplo, contratando a un gerente de otra nacionalidad, que fue la cara visible del proyecto en Loncopué.

Este caso se complejiza aún más por la presencia de una empresa minera estatal provincial. En los debates por megaminería en Argentina, la estatización de la actividad es uno de los tópicos que se abren en la búsqueda de un camino hacia una mejor distribución de los beneficios. Casos como el aquí analizado permiten observar los aciertos y errores de este camino. En el conflicto de Loncopué, esta presencia estatal minera podría haber garantizado a la empresa extranjera el conocimiento sobre las condiciones a cumplir (ambientales, en materia indígena, contractuales) y/o haber obligado a su cumplimiento, pero el caso analizado evidencia que no fue así.

Desde otro punto de vista, Loncopué es parte de los conflictos que presentan a las comunidades indígenas como actores centrales en la disputa. A diferencia de otros países, donde los pueblos indígenas están frecuentemente presentes en este tipo de conflictos, en Argentina, por la propia historia de las comunidades indígenas, que fueron negadas en la historia oficial, reemergen como actor político en la segunda mitad del siglo XX, y fundamentalmente a partir de la década de los noventa. Frente al avance extractivo, surgen nuevos frentes de organizaciones sociales, donde comunidades indígenas y campesinas junto a asambleas de vecinos autoconvocados -otro nuevo actor político que emerge en el campo ambiental a inicios de este siglo-, coordinan acciones para rechazar estos proyectos, enfrentándose principalmente a gobiernos provinciales y al empresariado minero. A ello se suma el rol de la Iglesia en esta conflictividad, con un capítulo especial en Neuquén por el devenir de su Diócesis, pero que además emerge a nivel internacional a partir de la Carta Encíclica “Laudato Si, Sobre el cuidado de la casa común”, del papa Francisco, que coloca lo ambiental en un rol central dentro de las problemáticas sociales a tratar por la iglesia cristiana.22

Un último elemento es lo que Delamata (2013) destaca al mencionar que los movimientos socioambientales son activadores del “derecho dormido”, término que utiliza Gargarella (2010) para hacer referencia a cláusulas constitucionales escritas, consagratorias de derechos, que no han sido utilizadas. Como resultado del conflicto de Loncopué, se generaron fallos por parte de jueces que hacen mención al derecho ambiental, en relación a la participación ciudadana, lo cual además se combinó con el fallo del TSJ basado en el derecho indígena. Así, resulta que el primer proyecto metalífero en conflicto en Neuquén fue frenado por un fallo que hace referencia a la violación de los derechos de las comunidades indígenas, y demorado por estrategias de los movimientos socioambientales que recurrió paralelamente al derecho ambiental y al indígena. Un caso que además suma jurisprudencia a la fructífera experiencia de avances legales que se han producido en todo el país, empujados por la creciente conflictividad socioambiental.

Sin embargo, como también lo resalta Delamata (2013), “en aquellos casos en que las asambleas lograron incidir positivamente en los parlamentos, otras formas de construcción de voluntad política estuvieron asimismo presentes” (pp. 65-66). El accionar combinado de diferentes organizaciones, sumado a las diversas estrategias empleadas, transformaron a Loncopué en la primera comunidad que resistió a un proyecto minero metalífero en Neuquén. La corta historia de la resistencia a proyectos mineros metalíferos en Argentina muestra que, cuando surge una comunidad que resiste en una nueva provincia, es decir, que interpela al gobierno provincial,23 que recurre a la legislación y genera fallos de jueces a nivel local y provincial, que articula redes de organizaciones y construye consenso social, genera además un potencial para que otras comunidades se levanten contra proyectos extractivos. Al cierre de este trabajo, Neuquén ya cuenta con otras dos localidades en resistencia: Las Coloradas y Chos Malal.

Y así hay gente de otras comunidades y gente de organizaciones que están agradecidos por la lucha, por haber parado a la minera, y también creo que eso, la lucha de la comunidad Mellao Morales junto a todo el pueblo de Loncopué, ha hecho ver a otros lugares y a otras comunidades que se puede luchar, eso le ha generado fuerza al resto y se han animado a salir a enfrentar los problemas de ellos. Entonces creo que eso para mucha gente es muy valioso, el tema de hacerle ver a otros que se puede (lonko de Mellao Morales, com. pers., 19 de septiembre, 2016).

Agradecimientos

Al CONICET, por financiar esta investigación. Al Grupo de Historia Ambiental del IANIGLA, en especial a Charo Prieto y Facundo Rojas. A Joan Martínez Alier y su equipo de investigación en ICTA-UAB. A Fabián Arias, Cristian Quiroga y Graciela Blanco. A Diego Bombal. A Agalón. A los integrantes de AVAL, Avacam, AFR Huecú Có, y comunidad mapuche Mellao Morales. A las integrantes de la Jucom. Aldirector de FM Arco Iris. A Oscar H. González y sus hijos. A las maestras y maestros de la escuela de Campana Mahuida. A los abogados apoderados de AVAL y Mellao Morales. Al exintendente y a la intendentade Loncopué.

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1Megaminería se utiliza como sinónimo de minería a gran escala. Pero “mega” no se restringe solo a la magnitud del proyecto minero. Incluye otros aspectos vinculados a las características específicas que esta actividad asume, tales como: explotación a cielo abierto; generación de pasivos ambientales importantes (open pit o rajo abierto, escombreras, diques de cola entre otros); uso de sustancias potencialmente contaminantes; gran consumo energético; utilización de importantes volúmenes de agua; generación de drenaje ácido de mina (DAM) y potencialmente de drenaje ácido de roca (DAR); liberación de metales pesados; apertura de caminos y aumento de tráfico (Wagner, 2014). Con el aumento de la conflictividad se han destacado otras características esenciales de esta actividad, entre las que prevalece el impacto social, efecto de las disputas por la instalación o no del proyecto extractivo.

2Sobre las características de las asambleas que resisten a la megaminería, ver Svampa y Antonelli (2010) y Wagner (2016).

3En cuanto a la relación específica entre China y Argentina, Gutiérrez y Cesarín argumentan que el vínculo de Argentina con China está fundamentalmente condicionado por la presencia china en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la posibilidad de que desde esa posición pueda apoyar la causa argentina por las islas Malvinas/Falklands. Otros factores fundamentales en la relación bilateral son la agricultura y la migración. Además, China se ha constituido en un proveedor alternativo de financiamiento para la nación sudamericana (Gutiérrez y Cesarín, citado en Bonilla Soria y Miret García, 2015).

4Fuente: Environmental Justice Atlas, http://ejatlas.org/

5Disponible en http://www.olca.cl/oca/index.htm

6Disponible en https://www.ocmal.org/

7Para más detalles sobre estos movimientos ver la página web http://noalamina.org/

8El conflicto por la represa Corpus Christi se detalla enhttp://ejatlas.org/conflict/proyecto-hidroelectrico-corpus-christi

9 Su página web puede consultarse en http://asambleasciudadanas.org.ar/

10Las primera perforación para extraer petróleo fue en 1918 en Plaza Huincul (Favaro, 1992).

11El caso emblemático es la fábrica Cerámica Zanon, actualmente Cooperativa FaSinPat (Fábrica Sin Patrones), gestionada por sus trabajadores desde 2002. Su historia se detalla en http://endefensadezanon.com/historia-de-zanon/

12La celestina es una de las principales menas de estroncio, y el mineral barita o baritina es la principal mena de bario. Ambas se utilizan en la industria hidrocarburífera, como compuestos de lodos de perforación.

13El obispo Jaime de Nevares fue una de las figuras de la Iglesia católica que, en tiempos de la más cruda dictadura militar argentina, se manifestó a favor de mapuche, obreros, migrantes, acompañando las luchas por los derechos humanos y cuestionando la desaparición de personas causada por el gobierno de facto.

14Argentina ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, que determina la consulta previa, libre e informada de las comunidades sobre las actividades que se realizan en su territorio, y también la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos Universales de los Pueblos Indígenas.

15En 1961, políticos provinciales crearon el Movimiento Popular Neuquino (MPN), debido principalmente a la proscripción del partido peronista, al que pertenecían la mayoría de sus adherentes. El MPN ganó las elecciones en 1963 y a partir de entonces gobierna la provincia.

16Fuente: Documental Si ¿Sí? a la Vida. Realizado por la Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina. Neuquén, 2010.

17Catamarca y San Juan son provincias argentinas donde existe actividad minera metalífera a gran escala en fase de explotación.

18Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Establece el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras. “Los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras” (artículo 15).

19Esta causa fue llevada adelante por un abogado de AVAL junto a una abogada de Endepa.

20En referencia a gente apostada en las cercanías de la escuela, que ofrecía dinero a los pobladores para que votaran por el No a la ordenanza.

21En 2005, en Calingasta, San Juan, se impulsó en tres ocasiones un plebiscito, “…habitantes y autoridades locales intentan llamar a un plebiscito, pero estos son suspendidos por el Tribunal Electoral de la provincia, alegando que ‘el medio ambiente no es de competencia municipal’” (Machado Araoz et al., 2011, p. 175). En 2007, en Tinogasta, Catamarca, también se impidió una consulta popular alegando que las políticas minera y ambiental son de competencia provincial. En Andalgalá, Catamarca, se intentó convocar a plebiscito, que hasta el momento no ha sido realizado. Para mayor información ver “Entre las consultas públicas y las leyes del NO” (Machado et al., 2011, pp. 171-181).

22Y específicamente el tema minero está presente en el debate. En 2013 se formó la Red “Iglesias y Minería” que ya lleva tres encuentros: Lima (Perú, 2013), Brasilia (Brasil, 2014) y Bogotá (Colombia, 2015), que acompaña a las comunidades afectadas por estos proyectos en diferentes países.

23Según la legislación argentina, son las provincias las que otorgan el permiso ambiental a los proyectos que lo requieran.

Recibido: 28 de Marzo de 2017; Aprobado: 06 de Marzo de 2018

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