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Estudios atacameños

On-line version ISSN 0718-1043

Estud. atacam.  no.63 San Pedro de Atacama Dec. 2019

http://dx.doi.org/10.22199/issn.0718-1043-2019-0034 

Dossier Nuevos Capitalismos

Tierra, trabajo y tóxicos: sobre la producción de un territorio bananero en la costa sur del Ecuador

Land, labor and toxics: on the production of banana lands in the southern coast of Ecuador

Lucía Galarza Suárez1 
http://orcid.org/0000-0001-5714-8813

1 Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos, Universidad de Ámsterdam. Ámsterdam, PAÍSES BAJOS. Email: malugalarza@hotmail.com

Resumen:

El banano es la fruta más comercializada a nivel mundial. Sin embargo, no todas las personas se benefician por igual de su producción y consumo. Este artículo analiza los costos políticos, sociales y ambientales del cultivo de banano para la exportación a través de una reconstrucción histórica y etnográfica de la producción de un territorio bananero en la región de la costa sur del Ecuador. El análisis se centra en las prácticas de diversos actores -estatales, empresariales y populares- enfrentados a la expansión del monocultivo, la pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas tropicales y la incorporación de la población rural al sistema de relaciones de producción capitalistas. Prestando particular atención a la co-constitución de la sociedad y la naturaleza y al testimonio de quienes viven y trabajan en el territorio bananero, este artículo busca aportar a una mayor comprensión de las lógicas y prácticas extractivistas promovidas por la territorialización de los intereses del Estado y el capital en el mundo rural a través de las distintas etapas históricas de su expansión.

Palabras claves: territorio; producción bananera; capitalismo; Estado; Ecuador

Abstract:

Bananas are among the world’s most traded fruit. Yet not everyone benefits equally from the fruit’s production and consumption. This article analyzes the political, social and environmental costs of export monoculture through a historical and ethnographic reconstruction of the production of banana lands in Ecuador’s southern coastal region. This analysis centers around the practices of diverse state, business and popular actors confronted with the expansion of large scale plantations, the loss of tropical biodiversity and the incorporation of rural populations into capitalist relations of production. Drawing attention to the co-constitution of society and nature and the testimonies of those living and working in this region, this article seeks to contribute to a greater understanding of the extractivist logics and practices promoted by the territorialization of both state and capital interests in rural worlds throughout the diverse historical stages of their expansion.

Keywords: territory; banana production; capitalism; state; Ecuador

Introducción

La costa sur del Ecuador -la planicie costera que se extiende desde el puerto de Guayaquil hasta la zona fronteriza con el Perú- es una de las regiones tropicales más fértiles del continente americano. En palabras de sus habitantes, en este lugar lo único que no crece son los frutos que no se plantan. Sin embargo, durante los últimos 80 años un solo cultivo ha desplazado a los demás. El banano -la fruta más consumida en el mundo y el primer producto de exportación agrícola para el país- ocupa actualmente alrededor de 200 mil hectáreas de tierras permanentemente irrigadas y fumigadas para asegurar la producción semanal del cultivo. En el 2016, se exportaron 5 millones de toneladas de banano en su mayoría provenientes de la región, consolidando al país como el mayor exportador de banano a nivel mundial.2 Ese mismo año, la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea y la apertura de nuevos mercados en Rusia, Asia y Oriente Medio inauguraron una nueva etapa del Ecuador como país bananero sujeto a las demandas fluctuantes del mercado global de alimentos.

Con estas cifras y tratados en mente, es importante reflexionar sobre los costos políticos, ecológicos y sociales de la expansión bananera para el país y la región en particular. Este artículo busca contribuir a una mayor comprensión de la producción de un territorio bananero en la costa sur ecuatoriana y sus efectos sobre el medio ambiente y las poblaciones que vivieron la transformación de sus espacios vitales y actualmente trabajan como jornaleras en las plantaciones bananeras. Históricamente, la siembra de banano se asocia a la expansión de las relaciones de producción capitalistas en la región, lo cual tuvo tres consecuencias territoriales importantes. La primera se refiere a la reducción de la complejidad y biodiversidad de los ecosistemas tropicales y al incremento de la contaminación ambiental que restó espacio y energía a los conocimientos y a las prácticas territoriales de las poblaciones montubias3 y campesinas de la costa. La segunda concierne a la erosión del tejido social a partir de la pérdida y encierro de los espacios naturales comunes y la incorporación de hombres y mujeres al trabajo disciplinado y mal remunerado de las plantaciones bananeras. La tercera corresponde a la acumulación de la tierra, el agua y el trabajo en manos de una minoría blanco-mestiza que llegó a concentrar un importante poder político y económico a nivel local, regional y nacional. Esta situación explica en gran parte la consolidación de una estructura de desigualdad en el acceso y control de la tierra y el agua en la zona bananera, así como la profundización de una estructura de poder asimétrica en el territorio.

Es importante señalar que la producción de un territorio bananero no fue un proceso unilineal, sino más bien heterogéneo y muchas veces contradictorio, reflejando tanto las dinámicas históricas regionales como los ciclos de acumulación de capital desde lo local hasta lo global. Como explica Striffler (2002), el proceso de reestructuración agraria de la costa sur fue extremadamente irregular, transformando en el transcurrir de todo un siglo un sinnúmero de espacios interconectados. Este proceso enfrentó a distintas facciones del capital, del Estado y de los sectores populares en la región y se manifestó en dos décadas de reforma agraria, el surgimiento de un movimiento regional de campesinos por la tierra y la aparición de grupos semiproletarizados de pequeños agricultores que incursionaron en la producción de cacao, banano y camarón. En este contexto, para todos los actores involucrados -las poblaciones montubias, campesinas y migrantes, los empresarios capitalistas nacionales y extranjeros y los representantes de un Estado complejo y fragmentado- hubo pérdidas y ganancias que dieron lugar al desarrollo de distintas formas de capitalismos y a la coexistencia de diversas prácticas y lógicas económicas en el territorio. Sin embargo, en términos generales no hay duda sobre la expansión capitalista y su vinculación a la producción de un territorio bananero. Siguiendo a Nealon (2008), en este artículo se analiza cada nuevo ciclo de expansión capitalista como una intensificación de las relaciones de poder desiguales que surgieron a partir de la reorganización de la naturaleza y la sociedad de la costa sur en función de la producción y acumulación de capital bananero.

En lo que sigue distingo cuatro etapas que describen el desarrollo de este proceso. La primera se remonta al desembarco de las compañías bananeras extranjeras en el territorio en los años veinte. Su arribo impulsó significativamente la expansión de la producción bananera provocando la deforestación extensiva de los bosques tropicales, el encierro de los recursos comunales y la incorporación de las poblaciones rurales dentro de la cadena de producción de banano como productoras, comerciantes y jornaleras. La aparición de las primeras plagas en las plantaciones, la reestructuración del mercado global de alimentos y la intervención del Estado nacional a través de dos proyectos de reforma agraria pone fin a esta primera etapa (1920-1972). El segundo momento corresponde a la formalización e institucionalización de un proyecto de desarrollo capitalista en el marco del giro hacia el neoliberalismo, la proliferación de la agroindustria en la costa y la consolidación de un modelo económico primario agroexportador (1973-2007). En esta etapa se sientan las bases para la reestructuración de la agricultura que cobra fuerza durante las décadas de los ochenta y noventa y se caracteriza por la implementación de programas de ajuste estructural, la liberalización de los mercados agrícolas y el retroceso del Estado social en el campo. Este proceso fue seriamente cuestionado por amplios sectores de la sociedad y movimientos sociales que impulsaron la elección de un gobierno de izquierda en el 2007. El gobierno electo proclamó una ‘revolución ciudadana’, puso la soberanía alimentaria al centro de las políticas de desarrollo nacional, otorgó derechos a la naturaleza y declaró entre otros aspectos la abolición de las formas precarias de trabajo. Sin embargo, en lo económico sostuvo un modelo basado en la extracción y exportación de recursos primarios promoviendo la expansión de la frontera capitalista a expensas de las poblaciones indígenas y campesinas (2008-presente). Antes de pasar a la discusión, muestro los límites y alcances de las reformas promovidas por el gobierno a partir del testimonio de un trabajador de las plantaciones bananeras. Con ello mi objetivo es incorporar el conocimiento de actores sociales hasta ahora excluidos de los debates académicos y de la toma de decisiones políticas que afectan directamente sus vidas.

Metodología

Este artículo se basa en una investigación cualitativa y un trabajo de campo extendido que incluyó un período de 12 meses de convivencia con una familia trabajadora en el corazón de la zona bananera de la provincia de El Oro entre el 2014 y 2015. También se realizaron visitas puntuales a las zonas bananeras de las provincias de Guayas y Los Ríos al año siguiente. En el trabajo de campo se utilizaron varios métodos de recolección de información, principalmente la observación participante, recorridos guiados de las plantaciones, conversaciones informales diarias con trabajadores y trabajadoras bananeras, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. También se trabajó con la historia oral para reconstruir la transformación del territorio a partir de las experiencias vividas por sus habitantes. En total se entrevistó a más de 100 hombres y mujeres trabajadores, 10 productores pequeños, cinco medianos y dos de los mayores productores bananeros de la zona. Además, se entrevistó a los miembros de la Junta Parroquial del lugar de estudio, a dos técnicos de la Unidad de Banano del Ministerio de Agricultura, a un investigador de la Universidad Técnica de Machala, al coordinador de la Asociación Sindical de Trabajadores Campesinos y Bananeros y al presidente de la Asociación de Exportadores de Banano. Adicionalmente se realizó un trabajo de archivo en el Municipio de Machala y una revisión exhaustiva de los materiales bibliográficos secundarios disponibles. La combinación de distintos métodos permitió la triangulación de los datos obtenidos para ampliar y profundizar la comprensión de las distintas etapas de producción de un territorio bananero en la costa sur. La colaboración de todas las personas mencionadas en este artículo, protegidas por el uso de seudónimos, así como la convivencia diaria con los trabajadores y trabajadoras bananeras en sus hogares y sus espacios de recreación y trabajo informó mi comprensión de las relaciones de poder que consolidaron a la agroindustria bananera en la costa sur e inspiró el marco analítico que presento a continuación.

Repensando el capitalismo desde el territorio

La transformación de la sociedad y el medio ambiente por la expansión de relaciones capitalistas ha sido una problemática ampliamente tratada por varias disciplinas de las ciencias sociales. Por lo general, estas han estudiado los efectos ecológicos, sociales y culturales de esta expansión como hechos aislados e independientes. Esta tendencia ha comenzado a revertirse en las últimas décadas a partir de las contribuciones de la ecología política y la antropología feminista que muestran las limitaciones de la lógica binaria, dualista y antropocéntrica que concibe a la sociedad y la naturaleza como dos entidades separadas (Ulloa, 2001; Whatmore, 2002; Haraway, 2003; Alaimo, 2010; Tsing, 2015). Apoyándose en una relectura del pensamiento marxista combinada con una crítica foucaultiana del poder, esta literatura propone explorar la co-constitución de la naturaleza y la sociedad como un proceso imbricado en relaciones de poder alrededor del uso, acceso, control y representación de diversas poblaciones y naturalezas. Para visibilizar estos procesos en su dimensión espacial, varios autores han recuperado el concepto de territorio como un espacio social e históricamente construido, donde conviven múltiples formas de ocupar y entender el espacio geográfico (Delaney, 2005; Brighenti, 2010; Escobar, 2010; Van Teijlingen et al., 2017). El reconocimiento de una pluralidad de visiones y prácticas territoriales tiene importantes implicaciones para nuestro entendimiento del capitalismo.

Desde esta perspectiva, el encuentro entre la lógica monocultural del capital y la diversidad de prácticas que existen en un territorio daría lugar a distintas variedades y formas de vivir el capitalismo. Esta visión se aproxima a la lectura que realizó Catherine LeGrand (1998) sobre la región bananera de Santa Marta en Colombia. Dicha autora concibe los enclaves bananeros creados por capitales extranjeros en la región como zonas de contacto, es decir, áreas de interacción entre dos o más culturas en un contexto de desigualdad de recursos y de poder. LeGrand (1998) argumenta que el desarrollo del capital no implica necesariamente una ruptura con el pasado ni una situación de homogenización social. Al incorporar las prácticas territoriales y relaciones preexistentes, el capitalismo se transforma dando lugar a múltiples configuraciones socio-naturales y culturales. De modo similar, Tania Li (2014) muestra la variedad de capitalismos que se desarrollaron a partir de la expansión del monocultivo de cacao en la región de Sulawesi en Indonesia. Para la autora, la emergencia de distintos capitalismos responde a la diversidad de respuestas y prácticas cotidianas puestas en marcha por los habitantes de la región, quienes participaron activamente en la transformación de su territorio.

Si bien estos ejemplos apuntan hacia la existencia de una variedad de capitalismos, estos comparten la característica de desencadenar procesos de acumulación y diferenciación a partir de la reconfiguración de las relaciones sociales y ecológicas que existen en el territorio. Siguiendo a Moore (2015), la generación de capital pasa por la privatización, comodificación y apropiación de la naturaleza y la capacidad de trabajo de las personas. Estos procesos permiten que el capital se expanda asegurando su acceso a una fuente continua de recursos naturales y mano de obra barata para sostener su reproducción y crecimiento. Siguiendo a Harvey (2003), esta expansión implica la desposesión de la tierra, el agua y el capital de quienes habitan espacios biodiversos dando lugar a un proceso continuo de ‘acumulación por desposesión’. Estas teorías permanecen vigentes, sin embargo, trabajos etnográficos como aquellos desarrollados por Li (2014) permiten matizar ciertos conceptos. A partir de observaciones empíricas, la autora demuestra que la emergencia de relaciones capitalistas también puede ocurrir de manera paulatina e incluso inesperada desde las prácticas diarias realizadas por las personas en sus espacios cotidianos. No obstante, conducen a un mismo fin: la desposesión de la tierra, la erosión del tejido social y la aparición de nuevas formas de pobreza y exclusión. Estas aportaciones teóricas y empíricas nos permiten entender el desarrollo del capital como un proceso complejo y dinámico, íntimamente relacionado tanto con las prácticas cotidianas de las personas que habitan el territorio como con los procesos de acumulación que ocurren a nivel global. Sin duda, la necesidad de articular nuevos espacios a las dinámicas de acumulación de capital tiene consecuencias importantes para el Estado y su rol como mediador entre el capital, el territorio y las poblaciones locales.

En la mayoría de casos, la expansión de relaciones capitalistas pasa por la incorporación de diversos territorios y poblaciones al Estado, que asume en distintos momentos y espacios el papel de regulador o promotor del capital. En el contexto ecuatoriano, la dependencia económica de las rentas generadas por la exportación de recursos primarios ha tenido serias implicaciones para la función estatal. Según Acosta (2009), la consolidación de una economía primario-exportadora constituye un riesgo para la gobernabilidad democrática en el país debido a la influencia ejercida por los grupos oligopólicos que concentran las mayores riquezas. Históricamente, argumenta, el Estado ecuatoriano ha beneficiado a estos grupos a través de un sistema complejo de subsidios implícitos y poco transparentes. Esto a su vez ha conducido “a la generalización de la pobreza” y “ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades rentistas” (Acosta, 2009, p. 22). Según el autor, existe una relación directa entre la pobreza del país y su riqueza en recursos naturales, consolidando lo que denomina la maldición de la abundancia. Como observa Parenti (2014), la extracción de recursos naturales involucra necesariamente al Estado que asume la suministración de la riqueza natural y humana dentro del territorio nacional a través de sus funcionarios e instituciones. En este sentido, para el autor, el Estado es una “institución productora del medio ambiente” y deriva su poder de esta función. Estas observaciones conducen a una serie de preguntas acerca de la influencia de las también cambiantes condiciones internas e internacionales dentro de estos procesos.

Siguiendo a Escobar (1994, 2010) el fin de la Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión para las relaciones entre el Estado, el capital y el medio ambiente. Este período corresponde a la difusión de un discurso que vinculaba el subdesarrollo de los países del Sur a la escasa penetración del capital y la tecnología, particularmente en los territorios rurales. Este discurso aportó una visión construida desde la razón occidental de -cómo los beneficios del progreso científico y técnico se pueden aplicar -por lo general desde el Estado- a todos los campos de la actividad humana” (Scott, 1999, p. 90). Estas ideas, construidas al interior de instituciones financieras y organismos internacionales de cooperación y desarrollo, fueron adaptadas a las realidades de cada país por científicos y tecnócratas que planificaron la transición de los países hacia la modernidad capitalista. Según Baud (2013, p. 7), en América Latina el acercamiento entre científicos, élites gobernantes e intereses capitalistas globales históricamente dio paso a un proceso de colonización interna a través del cual las élites gobernantes “comenzaron a perseguir la incorporación del campesinado indígena (pero también afroamericano y criollo) al Estado nacional y, a través del mismo proceso, su domesticación y control”. Esta situación no se aplica únicamente al pasado. Con cada nuevo ciclo de crisis y expansión de capital, desde las instituciones del Estado se reviven las ideologías de expansión y progreso que justifican la apropiación de la tierra, el agua y el trabajo de las poblaciones rurales y dan lugar a nuevas rondas de acumulación. Con el transcurrir del tiempo esta situación conduce a una transformación de los procesos capitalistas que incorporan sus propias contradicciones y asumen distintos rostros para asegurar su reproducción y hegemonía (Arrighi, 2009; Moore 2011).

A partir de estas ideas muestro a continuación de qué modo las relaciones de poder desiguales que caracterizan a los territorios bananeros de la costa sur del Ecuador en el presente se relacionan, por una parte a la incorporación de la región al Estado nacional como proveedora de recursos naturales y mano de obra barata, y por otra, a los procesos históricos de acumulación de capital desde lo local hasta lo global. A través de una reconstrucción histórica y etnográfica de la producción de un territorio bananero, mi objetivo es mostrar cómo cada nuevo ciclo de expansión del capital intensifica la presión sobre la tierra, el agua y la mano de obra generando nuevas formas de pobreza, exclusión y contaminación que son a su vez resistidas y problematizadas por las poblaciones que continúan a residir en la zona bananera.

La ruta del oro verde: la doble apropiación de la tierra y el trabajo (1920 - 1972)

Del cacao al banano

La expansión del banano en la costa sur correspondía a una nueva etapa de desarrollo del capital en la región tras el colapso de la producción cacaotera. La pérdida del monocultivo de cacao a raíz de la aparición de una serie de plagas representó un golpe inusitado contra el poder de las élites terratenientes, las que habían perpetuado en el territorio las estructuras de desigualdad social heredadas de la Colonia. La quiebra y el abandono de las plantaciones también significó un aumento del desempleo en la región, desatando una ola de protestas que se concentraron sobre todo en torno al puerto de Guayaquil. El 15 de noviembre de 1922, esta ciudad fue el escenario de la represión a fuego abierto de cientos de manifestantes autoconvocados a una huelga general organizada por la Federación Regional de Trabajadores del Ecuador (FRTE). Este hecho, recordado como la mayor matanza obrera en la historia del país, llevó a la dispersión de la organización social en la costa y a la ocupación informal de tierras por parte del campesinado que inició la expansión de cultivos de subsistencia para hacer frente a la escasez de empleo y de alimentos (Páez, 2001; Striffler 2002).

La necesidad de recuperar el control sobre la tierra y la mano de obra aceleró la búsqueda de una alternativa por parte de las élites políticas y económicas del país. En estos mismos años, las compañías bananeras estadounidenses sufrieron importantes pérdidas en sus plantaciones centroamericanas devastadas por una serie de plagas y por el azote de los vientos huracanados del Caribe. Fue en este contexto que los directivos de la mayor compañía transnacional de entonces -la United Fruit Company-4 establecieron contactos con funcionarios ecuatorianos para negociar la compra de tierras en el país. Estas negociaciones favorecieron ampliamente a las compañías extranjeras (Striffler, 2002; Roberts, 2009). En 1922 el Estado anunció la expedición de un decreto que otorgaba importantes beneficios a las compañías fruteras, incluyendo acceso a cantidades ilimitadas de tierra y la posibilidad de construir la infraestructura necesaria para la producción y el transporte de banano. Durante los dos primeros años, las exportaciones de banano estarían exentas de impuestos y sujetas a una tasa de imposición mínima en los años subsiguientes (Larrea, 1987; Striffler, 2002).

A partir de la expedición de este decreto, la costa ecuatoriana comenzó a poblarse de enclaves bananeros que se convirtieron en focos de difusión para el cultivo de la fruta (Roberts, 2009). El enclave más extenso fue conformado por la United Fruit Company, coloquialmente conocida como ‘la Yunai’ tras la compra de la hacienda Tenguel a principios de los años treinta. Cabe señalar que, para entonces, el Ecuador ya era un exportador marginal de banano de la variedad Gros Michel cultivado por pequeños y medianos productores para el mercado sudamericano (Larrea, 1987). La llegada de las compañías bananeras y la apertura del mercado norteamericano impulsaron la expansión de la producción bananera. En las áreas que se encontraban directamente bajo su influencia, las compañías establecieron contratos de compra y venta de banano con los pequeños y medianos productores de la fruta. También firmaron contratos con compradores intermediarios que realizaban extensos recorridos por las vías fluviales de la región en busca de productores bananeros. Las relaciones que establecieron las compañías con las poblaciones rurales convirtieron sus enclaves en zonas de contacto donde productores y productoras acudían a vender su fruta, recibir consejos sobre el manejo de sus cultivos, obtener créditos para establecer nuevas plantaciones o conseguir insumos para sus fincas (Striffler, 2002). En estos años, el banano pasó de ser un cultivo menor en las fincas campesinas a ser conocido popularmente como el ‘oro verde’. Otro elemento que contribuyó a dinamizar la economía de la región y de los principales centros poblados fue la llegada de una ola de migraciones -sobre todo desde la Sierra del país- atraída por las ofertas de empleo en las bananeras. El crecimiento de la población y la expansión de los cultivos dieron lugar a un período conocido en la historia del país como el boom bananero (1948-1960).

Las oportunidades generadas por el boom del banano beneficiaron tanto al Estado como a las élites económicas, los comerciantes y los pequeños productores de la fruta. Para el campesinado de la costa, la posibilidad de combinar la producción para el mercado de exportación con la producción para el consumo familiar garantizaba cierto grado de autonomía que se reflejaba en la coexistencia de formas de vida campesinas junto a las grandes economías de las plantaciones. La abundancia de tierras, ríos y bosques comunes permitía, además, combinar la agricultura de subsistencia con la recolección de alimentos, la cacería y sobre todo la pesca, una fuente importante de proteína para los habitantes de la zona bananera. Como recuerda Amada, una mujer de 70 años que creció a orillas del río Buenavista antes del boom bananero, las familias campesinas habían ocupado tierras en las márgenes de las grandes haciendas cacaoteras abandonadas por los terratenientes.

Antes esto era puro cacahual. Había árboles de naranja, mandarina, mango, aguacate, zapote, caimito, pomarosa […] Había de todo. Mi mamá criaba animales que daba gusto. Tenía entre 150 y 200 gallos y gallinas, cuyes y chanchos. Acá no más en los cerros se cazaba gualilla, guatusa, pacazo, venado y pava de monte. Y en el río se veía como sábana el pescado. Me acuerdo que se llevaba por saquillos y luego se tendía en un cordel a secar al sol [...] en ese tiempo había de todo y nunca nos faltaba la comida.

Aunque la abundancia descrita con nostalgia por Amada debe entenderse a la luz de las dificultadas que experimenta en el presente, su testimonio es importante para comprender algunas características de las culturas campesinas establecidas en el territorio previo a la expansión bananera. Según Chiriboga (1980), el carácter “casi natural” de los sistemas de labranza de aquella época, así como el posterior abandono del cultivo de cacao a gran escala, habría permitido la regeneración temporal de los ecosistemas tropicales contribuyendo a una mayor diversidad y disponibilidad de plantas, animales y peces silvestres. Por otra parte, puesto que la propiedad privada se encontraba en desuso, el aprovechamiento de los recursos comunes constituía una alternativa viable de subsistencia para las comunidades que se establecieron a orillas de los ríos. La distancia de los centros urbanos también facilitó la ocupación del territorio por parte de las poblaciones montubias, campesinas y migrantes. Hasta mediados del siglo XX la costa sur era aún una región de difícil acceso (Larrea, 2005). Los ríos constituían el principal medio de comunicación y transporte para la población, existían escasas vías ferroviarias y unos pocos caminos de tierra que comenzaban a abrirse entre la espesa cobertura boscosa. Desde la perspectiva del Estado, el aislamiento de la región y la abundancia de tierras consideradas no productivas justificaría la colonización de estos espacios, su incorporación al territorio nacional y la inserción de la costa sur al mercado mundial de alimentos como zona productora de banano.

Modernización, colonización y reforma

En los años cincuenta, el Estado ecuatoriano le apostó a la producción bananera como eje de la modernización del aparato estatal y la transformación política, económica y cultural del país (De la Torre y Salgado, 2008). Con apoyo de las instituciones financieras y de la cooperación internacional, el Estado expandió su presencia en la costa sur a través de inversiones en infraestructura vial y portuaria y la creación de mecanismos financieros para incentivar la expansión de la frontera agrícola a través de la producción bananera. En este período, se realizaron los primeros censos poblacionales y se crearon los primeros mapas del territorio nacional que permitieron cuantificar y visibilizar a las diversas poblaciones y ecosistemas del país como recursos naturales y humanos que podían ser incorporados a un proyecto de desarrollo nacional. A partir de estos datos, científicos y tecnócratas influenciados por las tesis desarrollistas de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) planificaron la transición del país hacia la modernidad capitalista, apoyándose en la riqueza generada por el despunte de la exportación bananera (López, 2008, p. 72).

La dependencia económica del Estado de las rentas del banano para construir obras públicas y pagar la deuda externa adquirida convirtió la modernización agrícola en uno de los ejes más importantes del proyecto de desarrollo nacional. En el marco de este proyecto se pensó la Costa como un espacio deshabitado, marginal e improductivo. Este discurso se utilizó para justificar la colonización del territorio, la deforestación de los últimos remanentes de bosques tropicales y la introducción de nuevas tecnologías agrícolas para impulsar el desarrollo económico del país. Como explica Salgado (2008, p. 138), durante el gobierno de Galo Plaza (1948-1952), principal promotor de la actividad bananera en el país, “[l]a toma de ciertas decisiones que respondían a juegos de poder y presiones internas, se disfrazaban en el discurso aséptico del desarrollo”. Esto tuvo dos efectos importantes. Por una parte, favoreció a un grupo emergente de pequeños y medianos productores nacionales (muchos de ellos migrantes de la Sierra del país), quienes establecieron sus propias plantaciones bananeras. Por otra, desplazó a quienes ocupaban informalmente la tierra y carecían de recursos para incurrir en la producción de banano. Este proceso de desposesión por diferenciación social facilitó la captura de antiguos campesinos dentro de un mercado laboral precario vinculado a las plantaciones. Como mencionan varios autores, desde sus orígenes, la producción bananera ecuatoriana utilizó los bajos salarios y la explotación laboral como una ventaja comparativa para mantener su competitividad en el mercado (Larrea, 1987; Martínez, 2004; Rubio, 2007; Cepeda, 2009). A raíz de este proceso impulsado por el Estado, entre 1951 y 1968 el monocultivo de banano pasó de ocupar 45 mil hectáreas de tierras fértiles a 215 mil de planicie costera (Larrea, 2005, p. 47). En el transcurso de esta transformación, el Ecuador se convirtió en uno de los principales países productores de banano y en el primer exportador de la fruta a nivel mundial.

En los años sesenta, las apariciones de enfermedades en las plantaciones bananeras generaron los primeros problemas para la industria (Roberts, 2009). El traspaso de las pérdidas económicas incurridas hacia los trabajadores y pequeños productores de la fruta generó una ola de descontento que dio lugar a la formación de un movimiento regional de campesinos y obreros que organizaron huelgas e invasiones de tierra dirigidas en contra de las propiedades extranjeras en la costa del país. En este ambiente de crisis y agitación social, la huelga convocada por los trabajadores y trabajadoras de Tenguel contra la United Fruit Company en 1962 culminó con la intervención militar de la hacienda y el encarcelamiento de los líderes obreros y campesinos de la protesta (Striffler, 2002). Esta intervención se convirtió en el preludio del golpe militar orquestado en 1963, que respondía tanto a la situación interna del país como a las presiones internacionales generadas por la Guerra Fría y el triunfo del comunismo en Cuba. La junta militar que asumió el poder inició la represión violenta de la protesta y la organización social. Paralelamente emitió un decreto que revertía las concesiones de tierra en manos de las compañías extranjeras al Estado para dar paso al primer proceso de reforma agraria del país.

A través del Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), entre 1964 y 1976 el gobierno promovió la organización de cooperativas campesinas y obreras afines a las dictaduras militares para iniciar la redistribución de tierras (Striffler, 2002). Desde un inicio, el acceso a las tierras concedidas por el Estado estaba sujeto a las condiciones impuestas por la burocracia militar y los intereses de las élites terratenientes. Como señala Lisa North (1985, pp. 434-438), “los terratenientes de la costa y sierra unieron fuerzas para asegurar que ni los trabajadores agrícolas ni los campesinos estuvieran representados en el Consejo Ejecutivo del IERAC”. Respondiendo a los intereses de los grandes grupos económicos, las políticas del IERAC se concentraron sobre todo en la pacificación de la protesta social y en la ampliación de la frontera productiva, con el fin de recuperar e incrementar las exportaciones de banano. Estas condiciones, sumadas a las exigencias de los compradores de la fruta, generaron dificultades para los pequeños productores y productoras campesino/as y los trabajadores y trabajadoras cooperado/as que carecían de recursos. Esta situación incrementó su vulnerabilidad frente a la emergencia de una clase de productores capitalistas con la capacidad de invertir en la modernización de las plantaciones y la expansión del monocultivo (Striffler, 2002; Wunder 2011). Como explica Marcelo, un antiguo campesino convertido en trabajador bananero, durante la época de la reforma agraria llegaron hombres desconocidos a los pueblos situados en torno a los ríos y establecieron su dominio sobre las tierras a través de la siembra de banano. “Trabajábamos con el finado Don Benítez. Llegó con unas diez sepitas de guineo y nos dice: siembren este guineo. Entonces sembramos y cuando ya estaban lindas las matas para parir, comenzó este señor Benítez a traer hartísima sepa de guineo. Comenzó siembra y siembra y así se adueñó de todas estas tierras”.

La desposesión de Marcelo muestra por una parte la debilidad de la sociedad campesina frente a la emergencia de la clase empresarial bananera y por otra la debilidad de las reformas impulsadas desde el Estado para garantizar el derecho de las poblaciones campesinas y trabajadoras de la tierra. Como muestran varios autores, la reforma agraria tuvo resultados asimétricos en el país, principalmente en la Costa que se convirtió en el escenario de la expansión de la agroindustria bananera (North, 1985; Breton, 2008; Martínez, 2014) En la práctica, la reforma agraria creó un mercado de tierras sujeto al control del Estado, debilitando las luchas campesinas y preparando el terreno para la emergencia de una clase empresarial modernizadora (Breton, 2008; Rhon, 2016).

En 1973 tras el descubrimiento del petróleo en la Amazonía ecuatoriana, una nueva junta militar impulsó una segunda reforma agraria en sintonía con los esfuerzos de modernización de la estructura productiva vinculada al modelo de sustitución de importaciones (ISI). De acuerdo a este modelo, las reformas agrarias eran necesarias para acelerar la incorporación del campo al desarrollo capitalista y promover mayores inversiones estatales en el sector industrial y urbano. Bajo esta ideología, la junta militar planificó la integración de las poblaciones indígenas y campesinas al desarrollo nacional como interlocutoras del Estado en el territorio. Como explico a continuación, este proceso dio paso a la formalización de las relaciones de producción capitalistas, la consolidación del agroextractivismo y la integración de la región a los circuitos de la agricultura globalizada.

¿República bananera? La formalización de las relaciones entre el Estado y el capital (1973 - 2006)

El mercado transnacional y las élites bananeras

La década de los setenta se caracterizaba por la crisis y reestructuración del mercado bananero tras la salida de las compañías extranjeras del país, la introducción de una nueva variedad de banano y la consolidación de la agricultura bajo contrato. A nivel internacional, las compañías fruteras estadounidenses, United Fruit y Standard -con las marcas Chiquita y Dole- fortalecieron su monopolio sobre el mercado de la fruta, negociando precios mínimos para la compra de banano en los países productores y ejerciendo un alto grado de control sobre la producción, distribución y transporte de la fruta. Esto a su vez permitía a estas compañías evadir la legislación laboral (sindicalización, salario mínimo, trabajo infantil, seguridad social) y daños ambientales en los países productores (Striffler, 2002; Rubio, 2007). Si bien el sistema de agricultura bajo contrato permitió mantener hasta cierto punto una producción diversificada en plantaciones pequeñas, medianas y grandes, sobre todo facilitó la monopolización del mercado interno de la fruta por parte de algunas compañías exportadoras nacionales. Este fue el caso de Exportadora Bananera Noboa, que llegó a controlar el 46% del mercado interno de la fruta en 1977, convirtiéndose en la tercera compañía frutera más poderosa a nivel internacional (Larrea, 1987).

Exportadora Bananera Noboa sentó un precedente importante para el desarrollo del mercado bananero en la costa sur (Roberts, 2009). Utilizando sus contactos con funcionarios estatales a lo largo de distintos gobiernos, la familia Noboa se benefició de tasas preferenciales para la compra de combustibles, ventajas en el uso de servicios públicos y facilidades para evadir sus responsabilidades laborales, llegando a imponer los salarios más bajos del país (Rubio, 2007). Inspirándose en el sistema de organización introducido por la Standard Fruit (Dole), Exportadora Bananera Noboa convirtió a los pequeños productores y productoras que le abastecían de fruta en ‘asociados’, otorgándoles crédito para la siembra del cultivo y cupos para la compra de su fruta. Si bien hubo quienes se beneficiaron de este sistema, otros asumieron importantes deudas y tuvieron que entregar sus tierras a la empresa en forma de pago (Rubio, 2007, p. 13). El desplazamiento de pequeños y medianos productores y productoras ocurría de la mano de la expansión territorial de la empresa exportadora y la producción de una población dependiente de la venta de su fuerza de trabajo (Martínez, 2004). Esta estrategia fue replicada por otros inversores capitalistas en la región que se interesaron en el negocio bananero y sus empresas asociadas.5

Elaboración: Marcel Heemskerk

Figura 1 Mapa del territorio bananero de la costa sur ecuatoriana (ESPAC 2015) 

En el marco de los inicios de la reestructuración neoliberal, las élites bananeras utilizaron su poder político y económico para incursionar en la importación y venta de insumos agrícolas, productos químicos y la oferta de servicios técnicos, consolidando su control sobre toda la cadena de producción y comercialización del banano. Parafraseando a Breilh (2007), la expansión de la agroindustria bananera en la costa sur creó una topología propia dispersa en el territorio: plantaciones, fábricas de insumos, oficinas administrativas y comercializadoras, pistas de aterrizaje, avionetas de fumigación, flotas de camiones, bodegas, navíos y artefactos navales (Figura 1). La concentración de la tierra, el agua, el trabajo y el capital en manos de la agroindustria bananera profundizó las brechas económicas y sociales en la región: a medida que se expandía la propiedad empresarial en el territorio, empeoraban las condiciones de vida, salud y trabajo de la población.

La neoliberalización del territorio: tierra, trabajo y tóxicos

Estos cambios ocurrieron en el marco de la introducción de una nueva variedad de banano al mercado desde mediados de los años sesenta. La variedad Cavendish, desarrollada en los laboratorios de la Standard Fruit Company para resistir la enfermedad del Mal de Panamá, desplazó al banano Gros Michel convirtiéndose en la principal variedad de banano para el mercado de exportación (Cepeda, 2009). Junto al banano Cavendish aparecieron nuevas tecnologías de riego, drenaje y transporte al interior de las plantaciones y se construyeron las primeras plantas procesadoras para embalar el banano en las típicas cajas de cartón en que son exportados (Roberts, 2009). La implementación de estas tecnologías y la contratación de una cuadrilla adicional de trabajadores y trabajadoras para el proceso de la fruta incrementaron significativamente los costos de producción. Mientras los grandes productores se adaptaron rápidamente a los cambios a través de nuevas inversiones de capital, la introducción de la nueva variedad de banano quebró a un gran número de pequeños productores (Cepeda, 2009). Su desplazamiento llevó a la reconcentración de la tierra y el agua en manos de las élites bananeras que afianzaron su control sobre el territorio a través de la producción de extensos monocultivos en la planicie costera de la costa sur.

La monoculturalización y la modernización de los cultivos abrieron el camino al uso incremental de agrotóxicos en el campo. Herbicidas, insecticidas y nematicidas como el glifosato, el DDT y el DBCP fueron introducidos para eliminar las especies consideradas ‘no deseadas’ en las plantaciones y combatir la vulnerabilidad del monocultivo a las plagas y enfermedades. Bajo la influencia de la Revolución Verde, desde el Estado se dio paso a la importación de agrotóxicos y se organizaron campañas anuales “en defensa del banano”, que consistían en el despliegue de un escuadrón de avionetas militares para fumigar los campos (Larrea, 1987). Con el tiempo, el uso indiscriminado y continuo de estos productos generó una dependencia tóxica, costosa y dañina. Entre 1972 y el 2002, el Ecuador incrementó 47 veces la compra de plaguicidas y los gastos de importación de estos insumos de 45 a 116 millones de dólares (Campaña, 2011, p. 132). El uso intensivo de estos productos se relacionó con la erosión y pérdida de fertilidad de los suelos, la resistencia de varias especies a sus efectos y a la contaminación de la tierra, el aire y las fuentes de agua con químicos peligrosos. Como muestra la investigación de Vallejo (2006, p. 145), respondiendo en parte a las condiciones climáticas del trópico, los productores ecuatorianos aplicaban en promedio entre 14 y 16 ciclos de fumigación al año mientras que la dosis recomendada para el uso de los fungicidas sistémicos aplicados era de máximo seis ciclos. Entre las consecuencias más graves de las fumigaciones, la autora menciona “la muerte de peces y otros animales marinos debido a la contaminación de las aguas”. Esta pérdida de la biodiversidad no solo deriva en serios problemas ecológicos sino sociales, pues existen asentamientos ribereños que se alimentan de los peces y también viven de su comercialización.

Aunque los empresarios del banano y los funcionarios del Estado persistían en sus intentos de minimizar la toxicidad de los productos utilizados en las fumigaciones, quienes vivían y trabajaban en la zona bananera insistían en que los productos eran un veneno. Para muchas de las personas entrevistadas, la introducción de los agrotóxicos provocó la pérdida de la pesca en los ríos y acabó con la biodiversidad de la región. En palabras de Amada: “Los peces se morían en cantidad. Los pájaros, los animales, las plantas. Todo se acabó con el químico. El pescado que antes se cogía por saquillos ahora ya no hay. Si usted se fija, no se ve ni un solo pescado en el río. Todo eso se murió. El veneno acabó con todo.

Para las poblaciones aledañas a los cultivos, los químicos también provocaron problemas de salud y aumentaron las muertes por cáncer. Si bien este es un tema que genera controversia, existe cada vez mayor evidencia de los efectos negativos del uso indiscriminado de agrotóxicos para el medio ambiente y la salud humana. Quizás el ejemplo más conocido sea el caso de la esterilización forzosa de los trabajadores bananeros expuestos al uso del químico DBCP. Vendido en el país como Nemagon o Fumazone, este producto fue utilizado en las plantaciones desde finales de los años sesenta hasta principios de los ochenta en el Ecuador. En este caso, a pesar de la existencia de pruebas científicas acerca de los impactos del químico sobre la salud humana y la prohibición de su venta en Canadá y Estados Unidos, las compañías bananeras lo continuaron aplicando en las plantaciones de Centro y Sudamérica (Thrupp, 1991). Tras conocer los efectos del DBCP, 800 trabajadores bananeros ecuatorianos se sumaron a las demandas impuestas en cortes norteamericanas en contra de las compañías bananeras Standard Fruit y United Brands y las productoras del químico Dow Chemical, Shell Oil y Occidental Petroleum, para exigir compensaciones por daños permanentes a su salud. De estos, únicamente sobreviven 93 casos en cortes de apelación estadounidenses (El Expreso, 2015).

Como muestran las investigaciones de Breilh, Campaña y Maldonado (2010), Maldonado y Martínez (2007) y Harari (2004), el contacto continuo con los agrotóxicos estaría vinculado a la aparición de enfermedades agudas y crónicas entre los trabajadores y trabajadoras del banano y las poblaciones aledañas al monocultivo. Estos autores muestran que las zonas bananeras registran índices superiores de muerte por problemas cardíacos, cáncer hepático y estomacal. Además, observan que los síntomas neurológicos, las enfermedades de la piel y los problemas respiratorios son más frecuentes entre las personas que residen en la zona bananera. Según Harari (2004), en algunos casos los efectos de la exposición a los agrotóxicos no son inmediatos; no obstante, a través de un proceso de bioacumulación en el cuerpo es probable que provoquen una degeneración progresiva de la salud que puede tardar años en manifestarse. Por otra parte, los agrotóxicos tienen efectos especialmente nocivos para las mujeres, quienes sufren abortos espontáneos y se han dado casos de nacimientos de bebés con malformaciones. Pese a esta situación, a partir de la expansión del monocultivo, los agrotóxicos llegaron a formar parte de la cotidianidad en la zona bananera donde las fumigaciones aéreas se complementaban con las fumigaciones manuales realizadas periódicamente por los trabajadores de campo en las plantaciones. Adicionalmente, estos debían cubrir cada racimo con una funda bañada en insecticida para evitar daños en la fruta y cumplir con los requisitos de calidad impuestos por las compañías de exportación. Una vez terminada la jornada laboral, los trabajadores regresaban a sus hogares con la ropa impregnada de agroquímicos, exponiendo a sus familias a los efectos nocivos de estas sustancias, especialmente a las niñas y mujeres encargadas de lavar esta ropa a mano sin ninguna protección.

El deterioro de la salud de las poblaciones campesinas y trabajadoras de un territorio contaminado no puede entenderse sin un análisis de las condiciones laborales que se imponían en las plantaciones bananeras. Las fumigaciones aéreas en horarios laborales y la manipulación de productos altamente tóxicos en las plantaciones sin medidas de protección constituían tan solo una de las formas de degradación del trabajo que experimentaron las poblaciones a partir de la expansión bananera. Según Rubio (2007), los altos costos de los insumos utilizados para proteger los cultivos se compensaron con la imposición de salarios reducidos y la extensión de las jornadas laborales en las plantaciones donde se trabajaba sin contrato, seguridad social, ni beneficios laborales (Rubio, 2007, p. 12). En las plantaciones, los trabajadores no tenían acceso al agua potable, instalaciones sanitarias ni botiquines de auxilio en caso de accidentes. Como recuerda Ignacio, un trabajador de la zona: “Los jefes, ellos no se preocupaban por nada. Como que tengan un poco de animales ahí, el que se moría, moría. Tantos han muerto en las bananeras […] Muertos en la línea de andar garruchando. Ahí cayeron, cayeron y quedaron botados”.

Las enfermedades de los trabajadores y la violación de sus derechos constituían algunos de los efectos colaterales del control jerárquico de la naturaleza y las relaciones laborales al interior de las plantaciones. Basándose en un modelo taylorista de la organización científica del trabajo, se normalizaron los mecanismos de presión y disciplina al interior de las plantaciones con el fin de aumentar la productividad y el rendimiento de cada trabajador o trabajadora. En este contexto, también se justificó la represión de quienes protestaban contra la violación de sus derechos y las condiciones de trabajo. La imposición de sanciones económicas, los despidos intempestivos y las prácticas de intimidación que incluían la circulación de listas negras con los nombres de los líderes sindicalistas evidenciaban la complicidad de las autoridades con las élites bananeras. Como recuerda José, un trabajador veterano del sector bananero:

Un tiempo con la ayuda de un abogado convocábamos a reuniones de los trabajadores en el pueblo […]. Cuando se enteraron los patrones de las haciendas ellos también se reunieron y se pusieron de acuerdo para sacarnos a toditos del trabajo […] A mí me tenían amenazado de muerte así que me escondí un tiempo en las minas de Portovelo. Cuando volví solo conseguía trabajo en las fincas de los pequeños, nunca más trabajé con los grandes bananeros.

Los bajos salarios percibidos por los trabajadores llevaron a la incorporación masiva de niños y niñas al trabajo en las plantaciones para completar los ingresos familiares suficientes. Los productores bananeros se aprovechaban de esta situación para explotar doblemente a los menores de edad, pagándoles un salario inferior por la realización de las mismas labores. Se estima que hasta inicios de siglo existían aproximadamente 30 mil niños y niñas trabajando en las bananeras, expuestos a la manipulación de productos altamente tóxicos y al uso de herramientas peligrosas y afiladas (HRW, 2002; Maldonado y Martínez, 2007). Según un informe de la ONG Human Rights Watch, los niños en las zonas bananeras del Ecuador coartaban su desarrollo acarreando pesadas cargas de banano, mientras las niñas preadolescentes sufrían episodios de acoso sexual en las plantaciones. El estudio menciona que la carga laboral y psicológica del trabajo en las plantaciones se extendía a los hogares donde las mujeres, en su mayoría excluidas del trabajo asalariado, realizaban labores informales vinculadas a la industria bananera. Uno de los trabajos más comunes era el lavado y secado al interior de las casas de fundas plásticas impregnadas de insecticidas que servían para recubrir los racimos. Las mujeres obtenían apenas unos centavos por cada funda que sería reutilizada en una segunda cosecha. La precarización de la vida de las mujeres en sus hogares ilustra el alcance de la cadena de toxicidad y explotación que sirvió para establecer y sostener el crecimiento de la industria bananera.

Los procesos descritos se intensificaron a raíz de la implementación de un modelo agrícola neoliberal que privilegió el desarrollo del agroextractivismo y legitimó los procesos de degradación del mercado laboral y desestructuración de la pequeña y mediana agricultura campesina (Zapatta, López y Brassel, 2008). La neoliberalización del territorio bananero se caracterizó por el retroceso significativo de los derechos humanos frente a la expansión del monocultivo para la exportación, la concentración oligopólica del mercado y la masificación de tecnologías centradas en el uso de agrotóxicos. Durante esta época, la pérdida de autonomía del Estado fue notoria con la venta de empresas estatales, como la red de silos ENAC y la empresa de fertilizantes Fertisa, a inversores privados. Para apuntalar este proceso, desde la Cámara de Agricultura y el Instituto de Estrategias Agropecuarias se promovió la Ley de Desarrollo Agrario promulgada en 1994 que entre otros aspectos dio paso a la libre importación de agroquímicos, fertilizantes y semillas, a la venta de tierras estatales y al registro de tierras comunales como privadas. Mientras tanto, en el territorio, la desaparición de fuentes alternativas de empleo, así como la privatización y la contaminación de los espacios y recursos comunes profundizó la dependencia de la población rural del trabajo en las plantaciones. A inicios del año 2000, estas poblaciones fueron especialmente golpeadas por la dolarización de la economía que encareció el costo de la vida y de los insumos agrícolas necesarios para trabajar en el agro. Ante la persistencia de salarios mínimos en el mercado laboral, se vendieron propiedades “a precio de gallina apestada” y hubo una ola de migraciones al extranjero protagonizadas en su mayoría por personas que provenían de las áreas rurales (Martínez, 2005). Para quienes permanecieron en el país, la movilización social y la búsqueda de una mayor representación política se convirtieron en una estrategia importante para contrarrestar los efectos negativos de la expansión de las relaciones capitalistas y la agroindustria en el campo.

Más allá de la revolución: los límites y alcances de las reformas progresistas (2007 - presente)

El triunfo de la revolución ciudadana

Durante las décadas de los ochenta y noventa, movimientos sociales campesinos e indígenas protagonizaron una fuerte oposición a los programas de ajuste estructural implementados desde el gobierno. Sus demandas se concentraban principalmente en torno a la redistribución de la tierra y el agua, al reconocimiento de la plurinacionalidad y a la participación política más extendida de las poblaciones que habían sido históricamente discriminadas. La fuerza de las protestas provocó el derrocamiento sucesivo de varios gobiernos y obstaculizó algunas de las propuestas neoliberales más radicales como la privatización del agua y la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. También preparó el terreno para la elección en el 2007 de un gobierno progresista liderado por Rafael Correa, un economista poco conocido hasta entonces en el escenario político.

Desde la plataforma de su movimiento político, Correa agudizó las críticas contra el neoliberalismo de los anteriores gobiernos y propuso el retorno del Estado para impulsar la generación de riquezas y la distribución equitativa de los ingresos. Durante su campaña, la promesa de llevar a cabo una ‘revolución ciudadana’ a partir de un proceso constituyente fue clave para concertar el apoyo de amplios sectores de la población que fortalecieron su candidatura a nivel nacional. Destacados líderes sociales e intelectuales participaron en la redacción de la Constitución del 2008 que garantizó y extendió derechos a la naturaleza y a los sectores sociales históricamente discriminados por anteriores gobiernos (Acosta, 2008). Su participación en este proceso fue importante para definir, entre otros aspectos, un nuevo régimen de desarrollo basado en el sumak kawsay o buen vivir de los pueblos indígenas, establecer la soberanía alimentaria como objetivo estratégico del Estado, declarar al país libre de cultivos y semillas transgénicas, impulsar la redistribución de la tierra e instalar un sistema económico incluyente.

El triunfo de la autoproclamada ‘revolución ciudadana’ vaticinaba importantes cambios para las poblaciones que habitaban las zonas bananeras del país. Durante la campaña presidencial, Correa atacó con vehemencia las prácticas de explotación laboral en el sector bananero sobre todo de menores de edad, cuyo mayor representante era su opositor en los comicios, Álvaro Noboa, empresario bananero y el hombre más adinerado del país. Correa llegó a declarar en campaña que no permitiría “que se convierta al Ecuador en una hacienda bananera” (Tercer Canal, 2016). Una vez electo, promovió una campaña a nivel nacional para la erradicación del trabajo infantil, que incluía el pago de una bonificación mensual para las familias con niños o niñas en situación de vulnerabilidad, beneficiando a un número importante de familias en la zona bananera. El gobierno también emprendió una serie de reformas laborales que pretendían fortalecer los derechos de los trabajadores y trabajadoras frente al poder de la clase empresarial. Entre las medidas más importantes en este ámbito se encontraban la abolición de las formas precarias de contratación laboral, incluyendo la intermediación y la terciarización, así como la criminalización de la no afiliación al seguro social en el Código Integral Penal. Finalmente, la incautación de la hacienda bananera La Clementina -la propiedad más extensa de Álvaro Noboa en la provincia de Los Ríos- por el Servicio de Rentas Internas en el 2013 fue ampliamente publicitada como uno de los actos emblemáticos del gobierno de Correa. A partir de la incautación, el Estado a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN) extendió un crédito de 95 millones de dólares a los trabajadores y trabajadoras de la hacienda con el fin de trasladar la propiedad a sus manos.

Tras el entusiasmo que siguió a la noticia de la incautación, existe poca información acerca de la situación de los trabajadores y trabajadoras que permanecieron al interior de la hacienda y trabajan para reponer la deuda adquirida con el Estado. Algunos líderes sindicales han denunciado irregularidades en este proceso y cuestionado el impacto de las reformas laborales en el sector agrícola. Estos cuestionamientos se suman a las críticas de diversos sectores sociales en el marco de la expansión de la agroindustria y otras actividades extractivas en el territorio nacional, el aumento de la criminalización de la protesta (Cano, 2012; Amnistía Internacional, 2012) y serias acusaciones de corrupción que ponen al descubierto los vínculos entre poderosas empresas y funcionarios del gobierno de la ‘revolución ciudadana’ (El Universo, 2016).

Las reformas y las leyes del cambio

La transformación de los territorios rurales en la última década responde parcialmente a un proyecto creado por los funcionarios y funcionarias de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Desde esta instancia, se dividió el país en nueve zonas, 140 distritos y 1134 circuitos con el fin de facilitar la prestación de servicios por parte del Estado en todo el territorio nacional y cuantificar los recursos naturales y humanos disponibles en cada lugar. Este proyecto estuvo a su vez vinculado con la propuesta de cambio de la matriz productiva entendida como el paso de una economía de ‘recursos finitos’ (modelo primario exportador) a la de los ‘recursos infinitos’ (economía social del conocimiento). Para impulsar esta transformación, el gobierno se apoyó en el aumento de las exportaciones de materias primas o commodities hacia China. Esto a su vez impulsó la expansión de la frontera extractiva en agricultura, minería, petróleo y gas y condujo a la construcción de un nuevo marco jurídico para regir las relaciones entre las instituciones del Estado, el capital, el trabajo y el territorio.6 En lo relativo al sector agrícola, en el 2014 se aprobó la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Esto fue seguido por la aprobación en el 2015 de una serie de reformas al Código Laboral y la entrada en vigencia en el 2016 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Ese mismo año se aprobó un nuevo Código del Ambiente. Entre otros aspectos, este marco jurídico permitió sintonizar las bases productivas, específicamente, la tierra, el agua, la energía y el trabajo, con las necesidades de aumentar la productividad y apuntalar el crecimiento económico del país.

Un aspecto ampliamente cuestionado fue el énfasis del discurso oficial en la eficiencia productiva asociada a las grandes empresas agroindustriales frente a la supuesta ineficiencia de los pequeños productores campesinos. Desde el discurso oficialista, la agricultura fue señalada repetidamente como el sector menos productivo y más pobre y se le recriminó su falta de cultura de riesgo e innovación. En el 2011 Correa declaraba: “[L]a pequeña propiedad rural va en contra de la eficiencia productiva y de la reducción de la pobreza […] más grave que el problema del acceso a la tierra es el problema de la productividad […] repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es repartir pobreza” (citado en Isch, 2013).

Coincidiendo con estas declaraciones, las reformas planteadas por el gobierno para el sector agrícola se concentraron en la incorporación de los pequeños productores y productoras campesinas a las cadenas agroindustriales para producir alimentos destinados a los mercados urbanos o al sector agroexportador. En lo referente al sector bananero, en el 2007 el gobierno inauguró la empresa estatal UNA-EP destinada a la promoción de las exportaciones de pequeños y medianos productores bananeros. Algunos años después, en el 2013 el Ministerio de Agricultura impulsó el Programa de Desarrollo de la Productividad de los Pequeños Productores Bananeros con el fin de ampliar el apoyo técnico y el acceso a créditos para pequeños productores y productoras y promover procesos de asociatividad en el sector. Si bien estas iniciativas beneficiaron a un sinnúmero de agricultores y agricultoras bananeras, su integración planificada a una cadena de producción globalizada y altamente competitiva reproduce su vulnerabilidad y subordinación dentro de un mercado de por sí oligopólico. Un claro ejemplo es la persistencia de irregularidades en el manejo de contratos de compra y venta de banano por parte de las compañías exportadoras. En la práctica, estas compañías imponen sus propios precios a la caja de banano perjudicando a los pequeños productores y productoras y violando las leyes establecidas. Por otra parte, estas políticas estatales supusieron una ruptura con la propuesta de impulsar la soberanía alimentaria y el buen vivir a través de la promoción de prácticas agrícolas campesinas.

A las dificultades que enfrentan los pequeños productores y productoras bananeras se suman las injusticias que siguen enfrentando los trabajadores y trabajadoras del sector. Según cifras oficiales, en el campo el 75% de la población económicamente activa (PEA) se encuentra subempleada o tiene empleos de mala calidad, sin salario fijo y sin seguridad social (INEC, 2010). Los trabajadores y trabajadoras del sector bananero que conforman el 25% de la PEA agrícola son especialmente vulnerables a estas condiciones. La experiencia de este grupo marginado por las prácticas empresariales y glorificado en discursos estatales que hablan del “gobierno de los trabajadores” constituye un punto de partida poco explorado para entender cómo opera y prevalece la lógica del capital a través de las reformas instituidas durante los últimos 10 años.

Nos tratan como animales”: la intensificación de las relaciones capitalistas en el territorio bananero

Antes de pasar a una discusión sobre las implicaciones políticas, sociales y ambientales del proceso de territorialización bananera a la luz de la reconstrucción histórica planteada, a continuación, ofrezco una descripción detallada de la vida de un jornalero del sector bananero tal como pude observarla durante el trabajo de campo realizado para esta investigación. Este testimonio es representativo de las experiencias vividas por muchos de los trabajadores y trabajadoras bananeros/as entrevistados. Sin embargo, es importante reconocer la existencia de una pluralidad de voces y experiencias que no han podido ser del todo retratadas en este espacio. Pese a estas limitaciones, el testimonio de Thiago, a quien seguí y entrevisté durante una semana en el mes de octubre del 2014, sirve para ampliar nuestros conocimientos acerca de las particularidades de las relaciones capitalistas en el territorio, así como sus efectos sobre la experiencia cotidiana de quienes viven y trabajan en este lugar.

Al igual que la mayoría de jóvenes en la zona bananera que provienen de familias de escasos recursos, Thiago comenzó a trabajar desde niño junto a su padre en las plantaciones. A diferencia de las generaciones anteriores, nació en un paisaje transformado por las bananeras y no tiene memoria de la diversidad de cultivos y conocimientos que existían antes de la imposición del monocultivo. Su vida es principalmente urbana y el trabajo asalariado es su principal medio de subsistencia. Durante su niñez y adolescencia combinó sus estudios con el trabajo, arrumando racimos de 20 o 30 kilos al hombro a cambio de un salario mínimo para contribuir a los gastos de su familia. Antes de graduarse de bachiller, Thiago se convirtió en padre de familia y decidió abandonar sus estudios para volcarse por completo al trabajo en las bananeras. A sus 21 años forma parte de una cuadrilla de trabajadores contratados a través de un capataz en su pueblo para ocuparse del proceso de poscosecha y embarque de banano en distintas plantaciones. Su salario varía según el productor o productora, el tamaño de la hacienda y el tipo de pago que se realiza, ya sea por jornal o a destajo (según el número de cajas producidas). Comenta que el pago a destajo es una práctica frecuente, sobre todo entre los grandes productores de la zona, aunque legalmente esté prohibido. Además, menciona que las mujeres ganan entre 20 y 50% menos que los hombres solo por el hecho de ser mujeres. Este salario es conocido como ‘la media plata’.

Antes me gustaba trabajar a destajo porque se gana un poco más. Más se trabaja, más se gana. Pero así uno también se cansa más y al final del día termina agotado y sin trabajo. Las mujeres también trabajan duro igual que los hombres, pero se les paga menos. Así dicen los capataces, que a las mujeres sólo hay que darles ‘la media plata’.

Antes me gustaba trabajar a destajo porque se gana un poco más. Más se trabaja, más se gana. Pero así uno también se cansa más y al final del día termina agotado y sin trabajo. Las mujeres también trabajan duro igual que los hombres, pero se les paga menos. Así dicen los capataces, que a las mujeres sólo hay que darles la media plata.

En promedio Thiago recibe 30 centavos de dólar por caja de banano o 20 dólares por día de trabajo. Aunque el jornal es más elevado que el de otras provincias en el país, explica que en su zona no se consigue trabajo todos los días por los distintos tamaños de las propiedades y la variabilidad del clima. Durante los meses de frío -entre junio y noviembre-, conocido como ‘el tiempo malo’ por la escasez de fruta, únicamente consigue trabajo dos o tres días a la semana. En ‘el tiempo bueno’ -entre diciembre y mayo- cuando el calor acelera la maduración del banano, trabaja entre cuatro y seis días a la semana. Aunque el salario básico aumentó a 366 dólares por mes bajo el gobierno de Correa, son escasas las ocasiones en las que Thiago logra reunir este monto. El salario mínimo tampoco alcanza para suplir la canasta básica de alimentos estimada en 612 dólares. Para subsistir, al igual que la mayoría de jóvenes, Thiago se ‘aventura’ como jornalero eventual e intenta negociar una plaza de trabajo sin contrato en el mercado informal. Como explica: “El trabajo en la bananera es inestable. Si se quiere hacer dinero hay que buscar en distintas plantaciones. Nunca se sabe cuántas horas se va a trabajar, pero se empieza desde las seis de la mañana. Uno se tiene que aventurar para ganar. Y así, a veces se gana y otras no se tiene ni para comer.

Cada madrugada, Thiago se dirige al parque central del pueblo donde se reúnen hombres y mujeres para vender su mano de obra. La mayoría de las personas son contratadas a través de un intermediario de las plantaciones que a la vez se desempeña como capataz de las cuadrillas. El capataz recibe el doble de dinero que los trabajadores y es el encargado de la disciplina y la remuneración de cada miembro de la cuadrilla. La necesidad de acceso permanente a una mano de obra flexible que se adapte a las demandas de producción semanal de la fruta hace que la intermediación laboral persista en el sector bananero, pese a la prohibición de esta figura en la Constitución. La noche previa a un embarque, el capataz recibe una llamada del productor o productora bananera para confirmar el número de cajas que deberán ser producidas al día siguiente. Después de la llamada, el capataz sale en busca de los trabajadores y trabajadoras que necesita y los cita en el parque temprano en la mañana.

En la mayoría de los casos, los trabajadores eventuales no están afiliados al seguro social. Según el último censo poblacional realizado por el INEC en el 2010, en la provincia de El Oro, 71,6% de trabajadores se encuentran desafiliados. Para evitar las sanciones establecidas por las reformas del Código Integral Penal en el 2014 que obligan a los empleadores a asegurar a sus trabajadores, con frecuencia los productores y productoras del sector bananero afilian a un grupo de sus trabajadores y excluyen a otros. Por lo general se excluye a quienes consideran como eventuales, aunque cumplan horas semanales de trabajo, o a quienes por sus años de trabajo costaría demasiado afiliar. Thiago considera que el gobierno de la ‘revolución ciudadana’ ha hecho cosas buenas, pero la situación de los trabajadores bananeros sigue siendo más o menos la misma que en el pasado. Por ejemplo, aunque la salud sea gratuita, pocos trabajadores y trabajadoras tienen acceso a atención médica de calidad. Para quienes están afiliados al seguro social, el tiempo de espera para obtener una cita suele ser demasiado largo. Además, pocas veces sus empleadores les conceden un permiso de salida para ser atendidos. Al abandonar su puesto de trabajo, son inmediatamente sustituidos por trabajadores eventuales. Como resultado, aun cuando sienten dolor, los trabajadores y trabajadoras permanecen en la línea de producción.

Thiago también habla de afiliaciones fantasmas por parte de algunos empleadores que mienten a sus trabajadores respecto a su afiliación al seguro para evitar reclamos. Únicamente cuando tienen una emergencia médica se enteran de que no han sido afiliados pese a los descuentos realizados a su salario con este fin. Por lo general, los trabajadores carecen de pruebas para denunciar este tipo de abusos, ya que deben firmar un rol de pago en el que los empleadores hacen constar todos los beneficios supuestamente otorgados por la empresa al momento de recibir su salario. Con ello, los empresarios o empresarias mantienen sus cuentas en regla y evitan los problemas legales, al tiempo que extraen un mayor rendimiento por cada trabajador o trabajadora. Por otra parte, los mismos trabajadores y trabajadoras denuncian irregularidades y corrupción dentro de los mecanismos institucionales puestos en marcha para defender sus derechos frente a sus empleadores. En palabras de Thiago: “A uno le hacen firmar los roles, ponen el nombre, ponen el día del embarque y acá le ponen toditas las platas que no le dan y la gente firma. Son sabidos. Ya está tu firma, ya está legalizado, ¡con qué pruebas vas a reclamar! O se hacen los locos o pasan el billete por debajo cuando reciben denuncias.

Él asegura que esta situación es conocida por las autoridades regionales. Sin embargo, al igual que la mayoría de las personas entrevistadas para este trabajo, sospecha que existe un alto nivel de colusión entre la burocracia local y las élites empresariales. Principalmente en la provincia de El Oro donde alcaldes, prefectos y asambleístas (parlamentarios) de los partidos en el poder también son empresarios bananeros, mineros o camaroneros. En palabras de Jessy, una trabajadora que lleva más de cinco años de juicio en contra de su antiguo empleador que se negó a pagarle una liquidación después de treinta años de trabajo, “Aquí las leyes son otras. Por la plata se vende el oro y el moro. Las autoridades aquí son vendidas […] La ley, la policía, los abogados, todos están vendidos.

Esto ocurre en el marco del desmantelamiento progresivo de los sindicatos bananeros que intentan ejercer presión para que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector bananero. Ellos denuncian que al interior de las plantaciones se acaba con los intentos de organización sindical independiente, mientras se fomenta la creación de sindicatos empresariales vinculados a las directivas. Existen denuncias de amenazas de muerte y despidos injustificados por parte de líderes sindicales y evidencia de circulación de listas negras con los nombres de quienes participan en actividades sindicales independientes con el fin de evitar su contratación (Cazorla, 2015; Vitali, 2016). Por otra parte, el nuevo Código de Trabajo aprobado en el 2015 mantiene que los sindicatos o asociaciones de trabajadores deben estar conformados por un mínimo de 30 personas que pertenezcan a una misma empresa y respondan a un mismo empleador. Según la Asociación Sindical de Trabajadores Campesinos y Bananeros (Astac, 2017), el desconocimiento de quienes buscan organizarse por rama de actividad para defender sus derechos afecta a la mayoría de jornaleros y jornaleras del sector bananero, que trabajan como eventuales en las plantaciones y son contratados por intermediarios. Además, denuncia que un gran número de empresas mienten acerca de la cantidad de personas contratadas para eludir esta norma y evitar que se formen sindicatos. Acciones como estas muestran que las reformas laborales introducidas no cambiaron la situación de los trabajadores y trabajadoras, quienes siguen siendo explotados por la industria bananera. A esto se suma la criminalización de la protesta social que también se contempla en el Código Orgánico Integral Penal. En este, se definen los paros, las marchas, los cierres de vías y las huelgas solidarias como formas de sabotaje, terrorismo y desestabilización al régimen democrático.7

Si se hace reclamos, ya no te llevan más a trabajar. Te dicen que eres un resabiado y traen gente de otros lados para darles tu trabajo. ¡Aquí el único trabajo es en el banano! Uno que es pobre no puede reclamar. Nosotros que no somos bachilleres tenemos la cuestión de morir en el banano. Si fuera por ellos [los dueños de las plantaciones], trabajáramos gratis.

A pesar de la persistencia de injusticias en el sector bananero, la dependencia del trabajo asalariado frente a la escasez de tierras y de otras oportunidades de empleo mantiene a los trabajadores y trabajadoras enganchados a las plantaciones. En el pueblo de Jessy y Thiago, el 67% de la PEA, es decir, la mayoría de hombres y mujeres entre las edades de 25 y 60 años, son jornaleros/as de las plantaciones (INEC, 2010). Cada día, antes de que amanezca, todas ellas se dirigen al parque central o a las intersecciones donde se reúnen los trabajadores y trabajadoras bananeros. Si tienen suerte y son contratados por un capataz, podrán arrumarse en la cajuela de uno de los viejos camiones bananeros que sirven de transporte hasta las plantaciones (Figura 2). Thiago resume con indignación: “Nos tratan como animales […]. Tienen carros nuevos en las haciendas, pero a nosotros nos transportan como animales”.

Discusión y conclusiones

La deshumanización descrita por Thiago al comparar su situación con la de un animal destinado a morir en el trabajo es una de las caras menos visibles de la producción bananera. A lo largo de 80 años, el banano contribuyó a la modernización del Estado ecuatoriano, sostuvo el crecimiento económico del país y consolidó algunas de las mayores fortunas a nivel nacional. Esta misma industria llevó a la transformación de una de las regiones más fértiles y biodiversas del país en un extenso territorio de monocultivo, alterando radicalmente la vida de sus habitantes. Thiago pertenece a la tercera generación de hombres y mujeres que participaron en la siembra, expansión y producción de banano, únicamente para descubrir que la tierra ha dejado de pertenecerles y está tan contaminada como el aire que respiran, el agua que consumen y sus propios cuerpos expuestos a fumigaciones permanentes de agrotóxicos.

Fuente: Fotografía de la autora

Figura 2 Foto del transporte de trabajadores y trabajadoras bananeras a las plantaciones. 

Este artículo reconstruye las transformaciones socioambientales que dieron forma al territorio bananero habitado por Thiago en el presente. Como se ha visto, este proceso ha sido marcadamente heterogéneo debido a las distintas manifestaciones del Estado y el capital en el territorio y a la diversidad de respuestas expresadas por las poblaciones rurales que se enfrentaron a estos procesos. La producción de un territorio bananero tiene sus orígenes en la imposición de un régimen colonial que inició la apropiación de la tierra y el trabajo para la creación de extensas plantaciones en la costa. Durante esta época se sentaron las bases de una estructura de desigualdad social que dio lugar a la formación de élites terratenientes, las que se mantuvieron en el poder tras la independencia. Esta situación cambió con la llegada de compañías frutícolas extranjeras que impulsaron el desarrollo de la producción bananera y el surgimiento de nuevas élites empresariales. A partir de los años cincuenta, el Estado asumió un papel protagónico en la producción de un territorio bananero, contribuyendo de manera indirecta a la consolidación de grandes capitales bananeros a expensas de las poblaciones rurales y de la pequeña producción campesina. En este contexto, los intentos de reforma agraria introducidos por las dictaduras militares tuvieron resultados desiguales y restaron muy poco poder a las élites. La década de los setenta se caracterizó por la introducción de una nueva variedad de fruta al mercado, el uso extendido de agrotóxicos y la consolidación de la agricultura bajo contrato. Esta última transfirió los riesgos de la producción bananera a los pequeños y medianos campesinos y campesinas, quienes en muchas ocasiones tuvieron que abandonar sus cultivos debido al incremento en los costos de producción y la presión incremental del mercado. Durante la década de los ochenta y los noventa el Estado fue desplazado por el poder político y económico que acumularon las élites bananeras en la costa sur. Esto provocó la degradación paulatina de las condiciones laborales y ambientales en la zona bananera, con serias consecuencias para la salud y el bienestar de las poblaciones aledañas a las plantaciones En este contexto, pese a las luchas que protagonizaron las poblaciones campesinas y trabajadoras, no lograron hacer prevalecer sus derechos frente al avance del monocultivo y la consolidación de un modelo agroexportador basado en la expansión de la frontera extractiva.

Las historias y experiencias de quienes vivieron la transformación de sus espacios vitales en un extenso monocultivo se alejan de los discursos oficiales que tienden a minimizar los impactos sociales y ambientales de la gran producción bananera en el país. Para las instituciones del Estado y los grupos empresariales, el banano contribuyó al desarrollo del campo, a la modernización de las prácticas agrícolas, a la generación de empleo y a la incorporación del campesinado dentro de cadenas de valor que promueven la eficiencia y la productividad. Sin embargo, la reconstrucción histórica y etnográfica de la producción de un territorio bananero muestra que detrás de estos discursos se esconden importantes intereses políticos y económicos. En la práctica, la expansión bananera contribuyó sobre todo a la concentración y acumulación de capital en manos de las élites empresariales, mientras se precariza y deshumaniza a los trabajadores y trabajadoras bananeros y a las poblaciones aledañas a las plantaciones. Los altos índices de concentración de poder han dado lugar a la intensificación de las relaciones de desigualdad y a la emergencia de nuevos capitalismos que se adaptan a los cambios políticos y sociales del país para profundizar la explotación de la tierra y el trabajo.

En las últimas décadas, a partir del planteamiento de una serie de reformas promovidas desde el Estado, se inició una nueva etapa de reestructuración agraria. Esta se caracteriza por la expansión del monocultivo y la frontera extractiva, la promoción del encadenamiento agroindustrial de la pequeña producción campesina y la formalización de relaciones de trabajo flexibles. Como advierten Vergara-Camus y Kay (2017), estas políticas no han logrado transformar las estructuras económicas y sociales de desigualdad que persisten en el campo. El Ecuador mantiene uno de los índices más altos de concentración de tierra en la región latinoamericana (Martínez, 2014). A esto se añaden altos índices de concentración de capital en manos del sector agroexportador. Como muestra una investigación reciente realizada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), desde el 2013, siete empresas controlan el 51% de los ingresos generados por todo el sector agrícola en el país (Báez, 2017). Por otra parte, las políticas estatales tampoco han intentado remediar la contaminación ambiental provocada por el uso indiscriminado de agrotóxicos pese a las evidencias cada vez mayores de sus efectos negativos sobre la salud humana. Al contrario, nuevas leyes buscan liberalizar la importación y comercialización de estos productos y reducir las franjas de seguridad en torno a las áreas fumigadas. Ante esta situación, cualquier logro social alcanzado en los últimos años corre el riesgo de retroceder frente al poder político y económico acumulado por las élites, las que inventan nuevas formas para asegurar su control sobre la tierra y el trabajo. Desde la perspectiva del Estado y de los grandes grupos económicos, la producción de un territorio bananero es un referente para el desarrollo del campo que ahora es replicado con otros cultivos, principalmente con la palma africana, que continúa su expansión en la costa centro y norte del país.

Frente a las injusticias sociales y ambientales generadas por la expansión de las relaciones capitalistas en el campo, existe un contramovimiento que propone retomar los preceptos de plurinacionalidad, soberanía alimentaria y derechos de la naturaleza garantizados por la Constitución. Esta alternativa cuenta con el respaldo de movimientos sociales campesinos e indígenas y colectivos urbanos que buscan restituir las relaciones entre el campo y la ciudad para la construcción de economías diversas basadas en la reciprocidad con la naturaleza, el trabajo comunitario y distintas formas de intercambio. Estas propuestas constituyen una alternativa valiosa frente a la destrucción de los ecosistemas y la precarización de la vida. Sin embargo, presentan un reto importante para los trabajadores y trabajadoras asalariados sin tierra que conforman una población creciente en el campo. En este sentido, este artículo destaca la importancia del trabajo etnográfico en los espacios rurales que han sido transformados por la presencia tóxica y expansiva del monocultivo. La escasa información que existe sobre las personas que viven y trabajan en estos territorios, sus formas de convivencia y sus estrategias para sobrellevar una vida que ellas consideran digna limita nuestra comprensión de las transformaciones rurales y de las posibilidades de encontrar soluciones reales para los problemas del campo. La inclusión de sus voces y sus conocimientos en los debates actuales sobre la construcción de una agricultura más justa y sustentable es uno de los principales desafíos que enfrentamos como investigadores de cara a la emergencia de nuevos capitalismos en los territorios rurales.

Agradecimientos

La autora agradece a los trabajadores y trabajadoras bananeros de la provincia de El Oro, en especial a Dora Mina, por su confianza, esfuerzo y valor. También agradece a sus colegas del Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos por sus valiosos comentarios y sugerencias.

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2Las cifras son de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria (Espac 2015) y de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (Aebe 2016).

3La población montubia está conformada por un sector del campesinado costeño que construye su identidad en relación a los territorios rurales de la costa ecuatoriana y se auto identifica como tal. En respuesta a una prolongada huelga de hambre, en el 2001 el Estado ecuatoriano reconoció formalmente a la población montubia como grupo étnico. Ver De la Cuadra, J. y Robles, H. J. (1996 [1937]). El montuvio ecuatoriano: ensayo de presentación. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar; Roitman, K. (2013). Mestizaje montubio: rompiendo y manteniendo esquemas. Ecuador Debate, 88, 69-86.

4Fundada en 1889, la United Fruit Company era ampliamente conocida por sus acciones en Centroamérica y Colombia donde estableció sus mayores enclaves bananeros. La compañía influyó de manera decisiva sobre los gobiernos de los países en los que operaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas estadounidenses salvaguardando sus intereses económicos. Entre otros eventos, la United Fruit estuvo detrás del golpe de Estado que derrocó al gobierno socialista de Jacobo Arbenz en Guatemala y de la masacre bananera que tuvo lugar en Colombia en 1928 (LeGrand, 1998; Striffler y Moberg, 2003; Chapman, 2007).

5En Los Ríos y Guayas Grupo Wong (Reybanpac) utilizó una estrategia similar para concentrar tierras y convertirse en la segunda empresa bananera a nivel nacional. En la provincia de El Oro, Grupo OBSA y más recientemente Grupo Palmar operan de un modo similar.

6En lo referente a los monocultivos para la exportación, según datos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria (Espac) ha aumentado su superficie. “Entre 2002 y 2011, la superficie sembrada de palma africana en la provincia de Esmeraldas pasó de 44.461 ha. a 113 878 ha. En el caso de banano hubo un aumento ligero por ejemplo en Los Ríos pasó de 55 203 a 55 040 ha” (Daza, 2016, p. 115).

7Los artículos mencionados tipifican el sabotaje (Art. 345) -definido como cualquier acto cuyo objetivo es trastornar el orden económico o público del país- y la paralización de un servicio público (Art. 346) como crímenes sancionados con una pena de prisión mínima de un año y máxima de 10 años si se llegase a destruir infraestructura de los recursos estratégicos.

1 Martí, J. (1975). El tratado comercial entre los Estados Unidos y México, La América, ¿Nuestra América? Nueva York, marzo de 1883. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Recibido: 10 de Abril de 2017; Aprobado: 03 de Noviembre de 2018

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