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Universum (Talca)

versión On-line ISSN 0718-2376

Universum v.19 n.1 Talca  2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762004000100005 

 

Revista Universum Nº 19 Vol.1 :86 - 109, 2004

ARTICULOS

La disputa por el Beagle y el papel de los actores no estatales argentinos

 

Pablo Lacoste (*)

(*) Doctor en Historia, Universidad de Buenos Aires. Doctor en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile. Profesor de la Universidad de Cuyo, Argentina y del Instituto de Estudios Humanísticos Juan Ignacio Molina, de la Universidad de Talca, Chile.

Correo electrónico: placoste@utalca.cl


RESUMEN

En febrero de 1978 el gobierno argentino resolvió rechazar el laudo de la reina de Inglaterra con motivo del arbitraje con Chile por la soberanía de la zona del Canal de Beagle. Esta decisión significó por un lado, crear un clima bélico en el país, que estuvo a punto de iniciar una guerra con Chile y que luego se redireccionó hacia las Malvinas. Por otro, con esta medida, el gobierno argentino quebró una larga tradición nacional de respeto al resultado de los arbitrajes internacionales. Hasta ahora se había explicado esta actitud a partir de la naturaleza del gobierno argentino (dictadura). Sin embargo, el presente estudio demuestra que hubo una densa trama de la sociedad civil (historiadores, periodistas, políticos, dirigentes gremiales, empresarios) que impulsó y legitimó la decisión del gobierno de rechazar el laudo y promovió la construcción de un clima ilegal, violento y bélico que culminaría con la guerra de las Malvinas.

Palabras clave:

Beagle - Actores no Estatales - Sociedad Civil - Relaciones Chile-Argentina


ABSTRACT

On February 1978, argentine government declared the nullity of the British Queen award in the Beagle Channel. The significance of this decision was, on the one hand the creation of a warlike atmosphere in order to the beginning of a war with Chile; frustrated it momentously by the roman catholic mediation, it was redirected to the south Atlantic, conducting to the Falkland islands. On the other hand, that decision has broken a large argentine juridical tradition concerning the international law and the arbitration as a peaceful mechanism for controversies solving. Often, that decision has been explained since the nature of the argentine government: an illegal dictatorship specialized in human rights massive ravishment. This paper shows that it was an important task of the civilian society (historians, mass media, politician and trade union leaders) who promoted and legitimated the decision against the queen's award and build the illegal, violent and warlike atmosphere that drive the country to the Falklands Islands on April, 1982.

Key words:

Beagle - Falkland islands war - Mass Media - Civilian actors - Warlike atmosphere


 

En febrero de 1978, el presidente argentino, general Jorge Rafael Videla, anunció la decisión de rechazar el laudo de S.M.B. sobre el diferendo argentino-chileno en la zona del Canal de Beagle. De esta manera se inició un proceso de tensiones militares en la frontera trasandina. Se convocaron a dos clases de reservistas, se movilizaron tropas y armamento hacia las fronteras y la flota de guerra se trasladó al extremo austral del país. En diciembre de ese año, todo parecía listo para el inicio de las acciones bélicas. La chancillería argentina llegó a enviar a sus embajadores en el exterior telegramas secretos en los cuales se les anunciaba que en un plazo de 24 horas debían comunicar al gobierno cerca del cual estaban destacados, que la Argentina estaba en situación de guerra con Chile. La intervención de EEUU y la mediación de la iglesia católica romana, a través del cardenal Samoré, lograron detener el conflicto que se consideraba inminente. Las tensiones siguieron latentes, hasta cuando, en abril de 1982, el gobierno militar dispuso la ocupación por la fuerza de las islas Malvinas, en medio de las aclamaciones populares. En ese momento, el presidente argentino, general Leopoldo Fortunato Galtieri anunció que "este es sólo el primer paso en la reivindicación de los territorios australes de la Argentina". El siguiente era, naturalmente, las islas del Beagle. Dos meses más tarde, la derrota de los militares argentinos ante la Task Force, cambió drásticamente la situación: los militares perdieron la confianza del pueblo argentino, y debieron replegarse a los cuarteles, devolver el poder a los civiles y archivar definitivamente sus proyectos bélicos. En estas condiciones, el flamante presidente constitucional, Raúl Alfonsín, procedió a retomar las negociaciones con Chile por la vía diplomática y logró superar el diferendo austral mediante la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Recién entonces fue posible neutralizar el ciclo de tensión militar entre Argentina y Chile generado por la decisión de rechazar el laudo arbitral, dispuesta por Videla en 1978.

Retomando la situación de 1978, la decisión de Videla significó quebrar una larga tradición de la política exterior argentina, en el sentido de respetar los compromisos contraídos con la comunidad relativos a los fallos de los árbitros a los cuales el país, voluntariamente, había sometido cuestiones de límites con sus vecinos. Esta tradición comenzó en la década de 1870: después de la Guerra de la Triple Alianza, la clase dirigente argentina tomó la decisión de renunciar al uso de la fuerza y, en su lugar, emplear mecanismos pacíficos de solución de controversias para solucionar los temas de límites pendientes con sus vecinos. En este marco, la Argentina firmó tratados de arbitrajes con Paraguay, Brasil y Chile, para superar los temas todavía irresueltos de soberanía territorial. Y sistemáticamente, el gobierno argentino acató las sentencias arbitrales: en 1876, en el caso del Chaco Boreal, el presidente de EEUU falló a favor de Paraguay y Argentina lo aceptó; en 1895, en el litigio por las Misiones Orientales, el presidente de EEUU falló a favor de Brasil, y la Argentina lo aceptó; en 1899, 1902 y 1966 se produjeron tres fallos arbitrales referentes a la frontera con Chile, y la Argentina los volvió a aceptar. Con estas decisiones, la Argentina evitó nuevas guerras, mantuvo más de un siglo de paz y construyó una sólida tradición pacifista en su política exterior. Esto le permitió desarrollar un claro liderazgo en toda la región, lo cual motivó a otros países a elegir al presidente argentino como árbitro para sus conflictos (Bolivia y Paraguay por un lado, y Bolivia y Perú, por otro, son buenos ejemplos) (Lacoste, 2002). Estos cien años de paz y de prestigio como país respetuoso de los fallos arbitrales y los compromisos internacionales, fueron quebrados en febrero de 1978 por la decisión del presidente Videla.

Una explicación inicial de estas acciones, tiende a reducir sus causas en la naturaleza del gobierno argentino de ese momento: una dictadura militar, emanada de un golpe de Estado, y caracterizada por una lucha ideológica que arrojó un saldo de 13.000 ciudadanos desaparecidos (según cifras oficiales) o 30.000, según los organismos de derechos humanos. La mayor parte de estos desaparecidos no tuvieron el derecho a defensa de ningún tipo. Ante un gobierno de estas características, no parece llamar la atención el empleo de criterios parecidos para el manejo de asuntos regidos por el derecho internacional. De todos modos, este enfoque resulta simplista, insuficiente y parcial. Sería como una suerte de deus ex machina, como en las tragedias de los antiguos griegos, en los cuales se apela a una figura para resolver una situación para la cual no se encuentra otra solución.

En 1977 la Reina Isabel II de Inglaterra emitió el laudo del Canal de Beagle. Ella misma había producido, una década antes, otro fallo en un arbitraje entre argentinos y chilenos en la zona río Palena. En esa oportunidad, los gobiernos de ambos países acataron el laudo; especial significado tuvo el acatamiento del gobierno argentino, pues S.M.B. entregaba la parte principal que estaba en litigio, el valle de Califorina, a la soberanía chilena. De todos modos, el gobierno argentino de ese momento (1966) no tuvo problemas en mantener la tradición argentina de respeto a los tratados. Una década más tarde, cuando el presidente Videla tomó conocimiento del laudo de la misma Reina Isabel II, se inclinó a mantener la tradición. En sus primeras declaraciones públicas sobre el tema, consultado por la prensa, señaló que lo que correspondía era, justamente, acatar el resultado del fallo arbitral. Sin embargo, desde este enfoque inicial, en mayo de 1977, hasta su decisión en el sentido contrario, comunicada en febrero de 1978, hubo un cambio muy profundo. ¿Cuál fue el motivo de ese cambio? ¿Cuál fue el papel de la sociedad civil argentina -hasta ahora eximida de responsabilidad en este proceso- en el cambio de posición del presidente Videla?

El objetivo del presente artículo es, precisamente, responder estas dos preguntas. Examina el papel de los "actores no estatales" en un conflicto binacional. No se trata de un caso de "actores no estatales en las Relaciones Internacionales", pues los organismos a estudiar no funcionan como entidades con un interés permanente de influir en el escenario internacional. Son organizaciones que habitualmente desarrollan su actividad en los límites de un país. Pero ante las circunstancias dadas, cuando el tema de la política exterior pasa al centro de la escena nacional, ellos también son interpelados: se ven ante la necesidad de definir sus posiciones y lo hacen.

1. LAS ISLAS DEL BEAGLE: CIEN AÑOS DE NEGOCIACIONES DIPLOMÁTICAS

Cuando Argentina y Chile firmaron el Tratado de 1881 tenían por delante la misión de resolver los límites por una extensión superior a 1.000.000 de kilómetros El acuerdo resultó de utilidad como un primer paso en la definición fronteriza en grandes territorios. Por ejemplo, se acordó que el límite, hasta el paralelo 52, estaría en la cordillera de los Andes, en "la línea de más altas cumbres divisorias de aguas". De esta manera quedó resuelta la parte principal del problema. Luego surgieron inconvenientes en torno a los océanos. Porque algunos peritajes señalaban que por las características de la cordillera en la parte sur del continente, sería muy difícil delimitarlo. Para aclarar estos puntos, se firmó el Protocolo de 1893, en el cual se estipuló que en la zona del continente, más allá de las irregularidades que podía presentar la montaña y la divisoria de aguas, se consagraba al principio bioceánico, por el cual "Argentina no puede pretender punto alguno hacia el Pacífico ni Chile hacia el Atlántico". Así lo determinaba con precisión el artículo segundo, que sostenía textualmente:

"La República Argentina conserva su dominio y soberanía sobre el territorio que se extiende al oriente del encadenamiento principal de los Andes, hasta las costas del Atlántico, como la República de Chile el territorio occidental hasta las costas del Pacífico; entendiéndose que, por las disposiciones de dicho Tratado, la soberanía de cada Estado sobre el litoral respectivo es absoluta, de tal suerte que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico, como la República Argentina no puede pretenderlo hacia el Pacífico".

En la zona del continente, el Tratado de 1881 y el Protocolo de 1893 aportaban varias definiciones claras, al consagrar los principios de divisiones por las más altas cumbres divisorias de aguas, y el criterio bioceánico. Como se ha señalado oportunamente, estas grandes definiciones significaban un paso adelante en la mayor parte de la frontera común. De todos modos, las dificultades se presentaban al sur del paralelo 52, sobre todo en las islas y canales.

En estos tratados se resolvió también la cuestión del Estrecho de Magallanes, que quedó para Chile, y de la Isla de Tierra del Fuego, que quedó dividida en dos partes mediante el meridiano 68' de Greenwich (el Este para Argentina y el Oeste para Chile). También se reconoció para Chile la soberanía en la isla Navarino. Con respecto a las islas del Canal Beagle, estos documentos dejaron un amplio lugar para la controversia. El artículo III señalaba al respecto:

En cuanto a las islas, pertenecerán a la República Argentina la isla de los Estados, los islotes próximamente inmediatos a ésta, y las demás islas al Oriente de la Tierra del Fuego y costas orientales de la Patagonia; y pertenecerán a Chile todas las islas al Sur del Canal Beagle hasta el Cabo de Hornos y las que haya al occidente de la Tierra del Fuego.

El tratado reconoció que pertenecerían a Chile "las islas ubicadas al sur del Canal Beagle". En los mapas de la época, como el que elaboró el canciller argentino, Bernardo de Irigoyen, se expresaba que el canal corría a lo largo de toda la costa sur de la isla grande de Tierra del Fuego. Por lo tanto, las islas Picton, Nueva y Lennox, quedaban bajo soberanía chilena. Pero en la redacción del Tratado de 1881, no definió con claridad de dónde a dónde corría el Canal Beagle. Y a partir de esta imprecisión se iban a construir las opiniones divergentes. El Canal Beagle tenía una parte clara y reconocida por todos: el tramo que corre entre Tierra del Fuego y la Isla Navarino, en dirección Oeste-Este. Pero una vez allí, el canal no tiene una orientación única, clara e irrefutable. Podría seguir en esa misma dirección, paralelo a Tierra del Fuego, en cuyo caso las islas Nueva, Picton y Lenox serían chilenas. Pero también podía hacer un ángulo de 90% y adoptar la dirección Norte- Sur, para seguir un curso paralelo a la costa de la isla Navarino. En tal caso, las islas en disputa no estarían al sur del Canal de Beagle, y por tanto podrían ser reclamadas por la Argentina por estar en el Atlántico.

Los defensores de la posición chilena alegarían que cuando se firmaron los convenios de fin de siglo, se consideraba que el Canal de Beagle corría en dirección Este-Oeste; que así lo habían considerado los primeros marinos que recorrieron la zona. Y por tanto, había que respetar el espíritu de los tratados. Además, en los veinte años posteriores a la firma del Tratado de 1881 se confeccionaron numerosos mapas de la zona, en la mayoría de los cuales se atribuían las islas a Chile. Para ser más exactos, en esos años, los mapas chilenos, en su totalidad, señalaron estas islas como chilenas; y muchos mapas argentinos sostuvieron la misma posición. Hubo también algunos mapas argentinos con enfoques divergentes; pero sólo una mínima parte; en cambio ningún mapa chileno de la época dudó de la soberanía chilena sobre las islas. Además, entre los autores argentinos de esos años que atribuyeron estas islas a Chile, se encuentran verdaderas autoridades en la materia, como el canciller Bernardo de Irigoyen, el jefe de la oficina topográfica Nacional, Manuel Olascoaga, y el perito especializado en la zona austral, Francisco Moreno. Además, las islas fueron habitadas, explotadas y administradas por ciudadanos y gobernantes chilenos desde la década de 1890. Esta situación se mantuvo así durante varios años, aunque posteriormente dos de estas islas quedaron deshabitadas. De hecho y de derecho, al comenzar el siglo XX, no existían problemas de límites en la zona: las tres islas pertenecían a Chile.

De todos modos, sí existían problemas pendientes por otros territorios limítrofes a lo largo de la dilatada frontera binacional. Como resultado, entre 1881 y 1902 Argentina y Chile se embarcaron en una descontrolada carrera armamentista, que los llevó a poseer dos de las ocho flotas de guerra más poderosas del mundo en términos absolutos, y dos de las tres (después de Gran Bretaña) en proporción al número de habitantes. Argentinos y chilenos estaban en el mismo proceso que en esos momentos vivían las Grandes Potencias y que desembocó en la I Guerra Mundial. En la Navidad de 1901, los gobiernos de Argentina y Chile estaban muy próximos a trasladar el diálogo a los cañones. Eran tan complejas las cuestiones pendientes sin resolver, que muchos dirigentes no encontraban otro camino que el de las armas para dirimir las diferencias.

Paralelamente, en Europa, la actividad diplomática ganaba en intensidad. En el marco de los intentos por detener la marcha hacia la conflagración mundial, el zar de Rusia Nicolás II propuso una reunión de las testas coronadas de Europa, con vistas a solucionar los conflictos mediante mecanismos pacíficos, como el arbitraje. Su propuesta no tuvo éxito en el Viejo Continente, pero sí fue aceptada y realizada en el Cono Sur. Este fue, precisamente, el sentido de la firma de los Pactos de Mayo de 1902 entre Argentina y Chile.

El nuevo tratado establecía básicamente un sistema de solución de las cuestiones fronterizas pendientes mediante el arbitraje. Argentina y Chile se comprometían a solucionar de común acuerdo los asuntos de límites. En aquellos casos en los cuales no fuese posible alcanzar el consenso, se trasladaría el caso a un árbitro internacional. Ambos países podían acudir al árbitro de común acuerdo. Pero también cada uno de ellos quedaba facultado para avanzar en esta dirección en forma unilateral, en cuyo caso, la contraparte quedaba obligada a colaborar en la puesta en marcha del proceso de arbitraje. Así lo autorizaba el artículo V, conforme al cual:

"En defecto de acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención del Arbitro, a quien corresponderá fijar el compromiso, la época, lugar y formalidades del procedimiento, así como resolver todas las dificultades procesales que pudieran surgir en el curso del debate. Los Compromitentes se obligan a poner a disposición del Arbitro todos los medios de información que de ellos dependen",

El tratado preveía entonces dos formas de acceder al arbitraje: de común acuerdo entre las partes, o bien, a pedido de una de ellas. De todos modos, si bien había dos caminos de entrada, había sólo uno de salida: una vez puesto en marcha el mecanismo, el resultado del arbitraje era inapelable y obligatorio para las partes. No había posibilidad legítima alguna de rechazarlo ni declararlo nulo. Sólo se abría una alternativa transitoria, en el sentido de solicitar revisión al mismo árbitro, en casos excepcionales. Pero en tal caso, el árbitro volvía a emitir su dictamen y en tal caso, la sentencia quedaba en firme. En efecto, el artículo XIII del tratado señalaba textualmente:

La sentencia es inapelable y su cumplimiento está confiado al honor de las Naciones signatarias de este pacto. Sin embargo, se admitirá recurso de revisión ante el mismo Arbitro que la pronunció, siempre que se deduzca antes de vencido el plazo señalado para su ejecución, y en los siguientes casos:

1 Si se ha dictado sentencia en virtud de un documento falso o adulterado.

2 Si la sentencia ha sido en todo o en parte, la consecuencia de un error de hecho, que resulte de las actuaciones o documentos de la causa.

Lo más importante de los Pactos de Mayo, fue que ambos países se comprometieron formalmente a aceptar el fallo del arbitraje. Este sería inapelable y obligatorio. Sólo se podía pedir revisión al mismo árbitro, en caso de constatarse el empleo de mapas o documentos erróneos. En tal caso, el árbitro reconsideraría su fallo, para emitir entonces uno definitivo.

Pero quedaba claro que tanto Argentina como Chile renunciaban al uso de la fuerza para dirimir sus diferencias limítrofes. Ambos hacían un renunciamiento parcial a su soberanía, al comprometerse a acatar el fallo del arbitraje. Para dejar definitivamente en firme los Pactos de Mayo, los convenios fueron firmados por los representantes de los Poderes ejecutivos de ambos países, y ratificados por los parlamentos. Como resultado de los Pactos de Mayo, se logró descomprimir la atmósfera belicista y agresiva que se había creado. Además, ambos países pudieron detener la onerosa carrera armamentista iniciada. Muchos barcos de guerra recién comprados fueron vendidos nuevamente a terceros países.

Con relación específicamente a la zona del Canal de Beagle, los Pactos de Mayo venían a superar los problemas jurídicos que se habían creado en los acuerdos anteriores. En efecto, las zonas grises del Tratado de 1881 y del Protocolo de 1893, quedaban ahora dotadas de una forma de solución racional, al aceptarse por ambas partes el sistema de arbitraje. Porque si bien por los tratados anteriores, era imposible que Argentina y Chile pudiesen resolver el tema de común acuerdo (por las contradicciones y la falta de claridad jurídica en estos tratados), ahora quedaba una vía segura y pacífica mediante el sistema de arbitraje. Como ambos países estaban comprometidos formalmente a aceptarlo, no había espacio para mayores problemas.

Los Pactos de Mayo permitieron evitar la guerra trasandina de principios del siglo XX, y a la vez, consolidaron la tradición pacifista que la Argentina venía cultivando desde hacía 30 años. En noviembre de 1902, seis meses después de la firma de los Pactos de Mayo, se produjo el laudo de Eduardo VII que fue acatado por ambas partes. Las tensiones se aliviaron y los vecinos trasandinos comenzaron un largo ciclo de relaciones pacíficas y de cooperación.

En 1915 la Argentina inició las protestas formales por la cuestión del Beagle. La cancillería chilena estaba tan segura de tener el derecho de su lado, que de inmediato propuso someter la cuestión a arbitraje. Ante esta respuesta, la cancillería argentina realizó las consultas de estilo, y se encontró que los asesores desaconsejaban el traslado del tema a arbitraje, dada la precariedad de los argumentos argentinos. A partir de entonces comenzó un largo camino para dar solución a un tema que tenía más que ver con la política interna y los costos que debería pagar el gobierno argentino por solucionar el conflicto, antes que por el valor real y efectivo de las tres islas australes.

Tras las frustradas negociaciones de 1917, 1928, 1938 y 1960, el gobierno chileno resolvió trasladar el tema de las islas del Beagle al arbitraje. Lo hizo conforme a las facultades que le otorgaban los Pactos de Mayo de 1902. Pero la iniciativa fracasó rápidamente. Entre 1966 y 1970, la Argentina fue controlada por un gobierno de signo nacionalista, partidario de teorías como "las fronteras ideológicas". Como símbolo del nuevo rumbo que tendría la política exterior argentina, basta mencionar que el conocido nacionalista Ricardo Paz actuó como asesor del Ministerio. Poco interés tenía el dictador Onganía de estrechar lazos con los países latinoamericanos, especialmente con Chile, que avanzaba hacia el socialismo. Onganía tomó diversas medidas para aislar a la Argentina del país trasandino. Paralizó inversiones en rutas de montaña, con lo cual detuvo la mayor parte de los proyectos de integración física que se encontraban en marcha. Por ejemplo, dejó sin efecto la decisión política anunciada por el presidente Illia, en el sentido de electrificar el Ferrocarril Trasandino; también paralizó el proyecto de ruta internacional Ramón Freire, que uniría San Rafael y Curicó por el paso Planchón-Vergara. Además, ordenó la suspensión inmediata de las obras de construcción de la ruta directa de Mendoza a Santiago por el Paso Portillo Argentino-Los Piuquenes.

Con estos antecedentes, el perfil que exhibía el gobierno de Onganía no era muy favorable a un mejoramiento de las relaciones con Chile. Cuando este país, en 1967 acudió unilateralmente al sistema de arbitraje, obtuvo una previsible respuesta negativa por parte del gobierno de facto argentino.

"La Argentina optó por el rechazo de ese procedimiento sobre la base de argumentaciones jurídicas que, por su puesto, no fueron aceptadas. De modo tal que el asunto quedó bloqueado: ni Chile ni Gran Bretaña intentaron la realización compulsiva del arbitraje mientras la Argentina hacía notar su preferencia por un arreglo bilateral en tratativas directas, o buscaba la postergación del tema por tiempo indeterminado" (Peltzer, 1996 p.217).

Con el correr del tiempo, el gobierno de Onganía fue cambiando de actitud. El elenco gobernante reexaminó su posición con respecto a la posibilidad de un arbitraje, y del rechazo original (reflejado en 1967), pasó a aceptarlo como alternativa. Así lo dispuso el presidente Onganía en las instrucciones impartidas a sus funcionarios en materia de relaciones con Chile en 1970. En otras palabras, fue el mismo presidente Onganía quien puso en marcha la decisión política que, tras una serie de consultas y negociaciones, culminaría con el sometimiento del tema Beagle al arbitraje. Entre 1970 y 1971 estas negociaciones lograron notables avances, y quedaron prácticamente listas para la firma (Lanús, 1984 pp. 230-231).

Tras la caída de Onganía, llegó al gobierno argentino el general Alejandro Lanusse. Era también un presidente de facto, pero a diferencia de su antecesor, tenía una concepción más amplia de la política. No compartía los postulados de las "fronteras ideológicas" del general Onganía. Procuró normalizar el país tanto en lo interno como en lo externo. Hacia adentro, dispuso la convocatoria a elecciones generales sin proscripciones ni fraudes, lo cual no se verificaba desde 1955. En lo externo, Lanusse intentó mejorar la inserción de Argentina en el mundo en general, y en Latinoamérica en particular. En este sentido, uno de sus primeros objetivos fue lograr un mejor diálogo con Chile mediante la solución del problema del Beagle. El fundamento de esta nueva línea diplomática, se encontraba en la posición que Lanusse había fijado de "respeto al pluralismo ideológico en América", lo cual marcaba una diferencia notable con Onganía y abría el camino para el diálogo con Chile tendiente a superar el secular diferendo austral (Lanusse, 1977 pp. 240-241). Concretamente, la política exterior del gobierno de Lanusse de cara a los países limítrofes tuvo en cuenta cuatro objetivos que facilitarían este camino: 1-crear una mayor interdependencia económica entre los países de la región; 2-promover una adecuada integración física; 3-buscar una solución final a las cuestiones de límites y 4-subordinar las diferencias ideológicas a las necesidades mencionadas anteriormente (Pablo Pardo, 1996 p. 238).

En este nuevo contexto político, y para avanzar en esta dirección, Lanusse dio continuidad al proceso diplomático iniciado durante el gobierno de Onganía, en el sentido de someter la cuestión del Beagle al arbitraje internacional. Otro tanto hizo el presidente socialista de Chile, Salvador Allende, quien también expresó su voluntad de dar continuidad a las tratativas iniciadas durante la presidencia de Frei. Como resultado, el 22 de julio de 1971, apenas cuatro meses después de la asunción de Lanusse como presidente, se firmó el tratado por el cual la cuestión del Beagle se sometía al arbitraje internacional, conforme a lo acordado en los Pactos de Mayo de 1902. El tratado de 1971 señalaba expresamente en su artículo XIV que "la sentencia será legalmente obligatoria para ambas partes y será inapelable". Parecía que por fin, se iba a solucionar el problema.

Conforme al Tratado de 1902, el diferendo debía ser resuelto por una Corte Arbitral de especialistas. Estos debían emitir su fallo y entregarlo a Su Majestad Británica. Esta sólo podría aceptar o rechazar el fallo. Carecía de facultades para modificarlo. La Corte Arbitral estuvo integrada por cinco especialistas de nivel internacional, de distintos países y aún continentes (América, Europa y África). En efecto, la Corte Arbitral estuvo compuesta por Hardy Dillard (US), Gerald Fritzmaurice (UK), André Gros (Francia), Charles Onyeama (Nigeria) y Sture Petrén (Suecia). La Corte Arbitral examinó los antecedentes, evaluó los argumentos de los representantes de Argentina y de Chile, hasta que por fin, el 18 de febrero de 1977, emitió su dictamen y lo entregó a S.M.B. Por unanimidad de sus miembros, la Corte Arbitral resolvió que las islas en disputa pertenecían a Chile. La corona británica recibió la propuesta de la Corte Arbitral y a partir de ella emitió el laudo. Luego, el 2 de mayo de 1977 lo dio a conocer a las partes. El gobierno chileno aceptó el resultado, y esperó que Argentina hiciera lo mismo. De acuerdo a todos los antecedentes, la Argentina iba a acatar el laudo arbitral. Esto fue lo que este país había hecho en todos los casos anteriores. No obstante, en mayo de 1977, Buenos Aires se limitó a recibir la documentación y dilató la respuesta.

Entre mayo y diciembre de 1977, el tema fue ampliamente debatido en la prensa, en las universidades y en los ámbitos académicos y gremiales. Por fin, el 25 de enero de 1978, la junta de comandantes que controlaba el Poder Ejecutivo Nacional, anunció su decisión en el sentido de declarar nulo el laudo arbitral. Como argumento principal, se alegaba que la corte arbitral se había excedido en sus atribuciones, al atribuir a Chile soberanía en islas ubicadas en el Océano Atlántico. Se apelaba a las zonas grises que habían provocado los convenios de 1881 y 1893, a la vez que se ignoraban los compromisos que el país había asumido ante la comunidad internacional en 1902.

Los militares argentinos se embarcaron en un discurso sin retorno, al plantear que el arbitraje lesionaba la soberanía nacional. Generales, almirantes y brigadieres, en distintas oportunidades, efectuaban declaraciones públicas en el sentido de colocar la soberanía nacional por encima de todo, y con la reivindicación del principio bioceánico como innegociable. Rápidamente se construyó en la Argentina un clima de rechazo al arbitraje. Entre febrero y diciembre de 1978, los gobiernos de Argentina y Chile llevaron adelante una serie de negociaciones, tendentes a buscar una solución consensuada al diferendo. Tal como ha examinado detalladamente Lanús (1984), rápidamente se puso en evidencia que por este camino no se iba a lograr ningún objetivo. Básicamente, el gobierno argentino se opuso a aceptar el laudo, por considerar que no podía tolerar bajo ningún punto de vista, que Chile tuviese salida al Atlántico. El gobierno Chile, por su parte, se mantenía en el plano legal. Argentina se había comprometido a aceptar al fallo del arbitraje, y tenía que cumplir con su palabra empeñada ante Chile y la comunidad internacional en 1902. Como ninguno de los dos gobiernos estuvo dispuesto a variar esta postura, no fue posible destrabar la situación.

2. LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA Y EL CONFLICTO DEL BEAGLE

La Academia Nacional de la Historia no emitió un dictamen oficial sobre la cuestión de límites con Chile. Pero muchos de sus miembros de número, entre los cuales buena parte integró la Mesa Ejecutiva de la corporación, se dedicaron a estudiar y fijar posición sobre el tema a través de conferencias, artículos y libros. Estos formaron un corpus documental que puede considerarse la posición no oficial pero sí oficiosa de la Academia Nacional de la Historia sobre las relaciones diplomáticas de Argentina con Chile en general, y de la cuestión del Beagle en particular. Mayores detalles sobre la posición fijada por los miembros de la Academia Nacional de la Historia sobre este conflictivo tema son examinados en otro trabajo, al cual remitimos (Lacoste, 2003). Para los objetivos del presente estudio, nos vamos a restringir exclusivamente a las conclusiones de aquella investigación.

El primer elemento destacable es la coherencia interna de los discursos. No hubo mayores debates de unos con otros. Cada académico aceptaba, sin mayores críticas, las conclusiones del colega que había investigado el tema con anterioridad. De la tesis de Martínez, sobre la usurpación chilena del Estrecho debido al odio de Sarmiento contra Rosas, construyeron sus edificios teóricos Fitte y Destéfanis. Lo mismo pasó con Zeballos, figura de gran influencia en el manejo de la cancillería argentina entre fines del siglo XIX y principios del XX, creador de las tesis más claramente antichilenas dentro de la elite rioplatense (Lacoste y Arpini, 2002). Las posiciones que éste fijó en sus gestiones del siglo XIX, en medio del fragor de la acción, no fueron examinadas críticamente por los académicos que escribieron casi un siglo más tarde. Algún nivel de análisis desarrolló Etchepareborda, quien admitió la influencia del darwinismo social y las ideas del Destino Manifiesto que experimentó Zeballos. Pero en última instancia tanto Etchepareborda como Caillet Bois, Cuccorese y los demás, terminaron por realizar la apología de Zeballos que, como ellos, había sido miembro de número de la corporación.

La hegemonía de Zeballos fue tan notable, que dominó los enfoques de los académicos. Ellos tomaron al canciller como referente para el abordaje de toda la problemática. Y trataron de explicar y hasta justificar sus actitudes. No economizaron elogios para referirse a Zeballos a quien consagraron como un verdadero modelo de patriota.

Hubo también una tendencia a dar continuidad a las tesis fundacionales que los autores argentinos del siglo XIX, habían elaborado para defender las posiciones del país en las negociaciones diplomáticas. Los textos de Vélez Sarfield, Quesada y Frías son constantemente repetidos por los autores de la Academia, sin examinar críticamente el grado de consistencia de cada uno. Destéfanis, por ejemplo, llegó a repetir el error de Vélez Sarfield, quien había afirmado que el límite sur de Mendoza se hallaba en el Estrecho de Magallanes, sin revisar el acta fundacional de 1562, que indicaba claramente que aquella terminaba en el valle del río Diamante.

Los miembros de la Academia omitieron documentos fundamentales sobre el tema. No mencionaron ni la Real Cédula de 1570, ni el corpus documental generado con motivo de la implantación de las intendencias en Chile y el repoblamiento de Osorno. Tampoco dieron cuenta del mapa de Bernardo de Irigoyen de 1881, que había dejado suficientemente clara la soberanía de Chile sobre las islas del Beagle, y que fue un argumento decisivo para que el tribunal arbitral fallara como lo hizo.

En resumidas cuentas, la Academia Nacional de la Historia no actuó en función de estudiar la verdad histórica, sino que se puso al servicio de lo que consideraba los intereses de su país. Por ello, dio plena continuidad a los enfoques de Estanislao Zeballos y de los polemistas del siglo XIX, autores de las tesis fundacionales conforme a las cuales, Chile se habría apoderado de centenares de miles de kilómetros cuadrados que, de acuerdo al principio de uti possidetis iuri de 1810, deberían corresponder a la Argentina (Lacoste, 2003-b).

Dada la influencia y prestigio de la Academia Nacional de la Historia, el discurso de sus miembros ejerció una poderosa incidencia en los periodistas, militares y políticos de la época, lo cual generó un clima negativo hacia el arbitraje de 1977. De esta manera, los miembros de número de la Academia impulsaron el rechazo del arbitraje de 1977 y difundieron una imagen negativa de Chile, al cual presentaban como país expansionista y sustractor de territorio.

3. LA PRENSA Y EL FALLO ARBITRAL

El enfoque de la Academia Nacional de la Historia no tardó en encarnarse en los medios de prensa, que lo difundieron masivamente y contribuyeron a crear un estado de indignación en la población argentina. Los diarios de la época se encolumnaron en forma unánime detrás de los enfoques de los historidores de esta institución. Su pensamiento se encarnó en la pluma de los redactores, columnistas, editores de los medios de prensa argentinos. Estos tradujeron el enfoque de aquellos, y lo difundieron en el formato periodístico, con el consecuente impacto en la opinión pública.

Siguiendo el enfoque de Estanislao Zeballos, Hernán Fitte, Julio Irazusta y los demás historiadores, la prensa argentina -o al menos un sector importante y representativo de la misma- fijó su posición con respecto al fallo arbitral, en el sentido de rechazarlo. No sólo acompañaría el proceso del gobierno militar, sino que se adelantaría en varios meses a la decisión formal de la Junta Militar de declararlo nulo.

En efecto, si el gobierno de facto rechazó el resultado del arbitraje en febrero de 1978, importantes medios de prensa se adelantaron a esta postura -y en cierta forma, la alentaron- desde mayo de 1977. Desde el momento mismo en que el fallo se dio a conocer públicamente, la prensa se inclinó en su contra y comenzó una profunda tarea deslegitimadora del mismo.

Como ejemplo, se puede citar el caso de Clarín, el diario de mayor circulación en la República Argentina. Como se sabe, el gobierno militar dio a conocer públicamente el resultado del arbitraje el lunes 2 de mayo de 1977. Al día siguiente, los diarios dieron la noticia a sus lectores. Y basta examinar los titulares que utilizó Clarín en sus primeras páginas, para advertir la toma de posición editorial. El cuadro siguiente muestra los títulos que utilizó Clarín en sus páginas principales, para dar a conocer el fallo sobre Beagle al pueblo argentino.


Títulos del diario Clarín

El día que se dio a conocer públicamente el arbitraje


Pág. T i t u l a r e s

1 El fallo sobre el Beagle viola nuestra soberanía

1 Ningún compromiso obliga a cumplir aquello que afecte intereses vitales de la Nación

4 y 5 Un fallo que desconoce todos los tratados

7 El gobierno argentino no admitirá situaciones que violen la soberanía

8 Dan a Chile una ventana al Atlántico (reportaje a Ernesto Fitte, vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia).


8 La Soberanía, límite del arbitraje (editorial)

10 Agradece Pinochet a Isabel II.

10 Las futuras generaciones nos juzgarán severamente según el capitán Ernesto Campos, ex diputado nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Fuente: Elaboración propia a partir de Clarín, 3 de mayo de 1977.

Es relativamente sencillo imaginar el concepto que la población argentina comenzó a elaborar de la cuestión del Beagle, al recibir la noticia planteada de una forma tan tendenciosa e impactante. El popular matutino presentaba lisa y llanamente, una situación de despojo escandaloso. Mostraba que había una tremenda injusticia, que afectaba a todos los argentinos y que podría acarrear consecuencias todavía más catastróficas.

Los titulares iban acompañados de ilustraciones de alto impacto, tendientes a reforzar la línea editorial del diario. Algo que le interesaba al Clarín, era mostrar un papel protagónico de los ingleses en este proceso, asunto que se podía criticar por el pleito pendiente entre Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas. Para fortalecer este concepto, en la primera plana del 3 de mayo de 1977, se incluía una caricatura de la reina Isabel II comiéndose un gorro frigio, parte del escudo nacional argentino. Recordemos que se trata de la misma soberana que había emitido el laudo de Palena y California una década antes, el cual había sido aceptado por el gobierno argentino y con el cual se había solucionado otro problema de límites con Chile. Naturalmente, en 1977, la prensa argentina no hizo la menor mención de ese antecedente.

Para brindar mayor dramatismo a su agresiva posición, el diario incluía datos erróneos, equívocos y confusos. Se ocultaba que el fallo arbitral había sido elaborado por cinco especialistas, pertenecientes a cinco naciones diferentes de tres continentes distintos. Se omitía señalar que el papel de la reina de Inglaterra había sido estrictamente formal. En ningún título, el influyente matutino porteño explicaba que Isabel II no había sacado ni puesto una coma del dictamen arbitral. No se aclaró con suficiente precisión que S.M.B. no había incluido absolutamente en ninguna parte del contenido del fallo, pues se había limitado a recibirlo de la comisión internacional para girarlo a las partes.

Tendenciosamente, el diario Clarín -y junto con él, casi todos los medios de la Argentina- asoció fuertemente el resultado del arbitraje a Gran Bretaña. Se acuñaría la expresión "el laudo inglés". Y los símbolos que se usaban -para deslegitimar el arbitraje- eran los de la Nación usurpadora de las Malvinas. Eso era mucho más fácil que ponerse en contra de todo el mundo del derecho internacional, o de criticar a especialistas de tres continentes.

Además de los titulares y las ilustraciones, los textos más destacados también reforzaban esta línea editorial, con más argumentos. Un buen ejemplo puede ser la "bajada" que Clarín colocó en su tapa, para explicar su título principal del 3 de mayo, que ya citado (El fallo sobre Beagle viola nuestra soberanía). El texto continuaba:

"El fallo arbitral de Gran Bretaña sobre el Canal de Beagle, difundido ayer, adjudicó a Chile la totalidad de las islas en litigio -Picton, Nueva y Lenox- que se encuentran sobre el Atlántico".

En tres líneas el texto presenta dos afirmaciones tendenciosas. En primer lugar, comienza con un grave error con respecto a la autoría del arbitraje. La atribuye a Gran Bretaña, falsamente, en vez de explicar que fue por dictamen unánime de los juristas de Nigeria, Suecia, Francia, EEUU e Inglaterra. Segundo, asegura que las islas están en el Atlántico, para provocar una reacción de indignación, explotando los relativamente vagos conocimientos de los Tratados con Chile que podía tener el pueblo. Porque el argentino medio podía tener una noción sobre el principio bioceánico del Protocolo Adicional de 1893. Pero muy pocos sabían que ese principio sólo corría en el continente, hasta el paralelo 52. Pero que perdía vigencia desde el Estrecho de Magallanes hasta el sur. De allí entonces, la maliciosidad de la nota del diario porteño. El texto continuaba:

"Tal dictamen viola los acuerdos bilaterales firmados en 1902, según los cuales la Argentina tiene vedado el acceso territorial sobre el Océano Pacífico y Chile sobre el Atlántico".

Nuevo error del diario. El principio bioceánico figura en el Protocolo de 1893 (artículo 2) y no en el Tratado de 1902, que está referido al arbitraje. Quien viola el tratado de 1902, al deslegitimar el resultado del arbitraje y al exhortar al pueblo y gobierno argentino a rechazarlo, era el mismo diario Clarín. Más adelante, el texto agregaba: "La afectación de nuestra soberanía va más allá de la posesión patrimonial de los territorios concedidos al país trasandino".

A fuerza de confusiones, el texto destacado de aquella histórica tapa de Clarín, llegaba a posiciones alarmistas. El diario no había estudiado con suficiente profundidad el complejo problema del Beagle. Desconocía que había zonas grises, donde no se sabía exactamente qué país tenía más derechos. Optaba por una postura superficial. Arrancaba asumiendo que había derechos absolutos y claros de la Argentina sobre esas tres islas. No se detuvo a observar por qué, los especialistas internacionales, tras ponderar todos los elementos de juicio, llegaron a la conclusión que los derechos de Chile era más claros que los de Argentina. No, el diario no hizo esta reflexión.

Pero además, utilizó el concepto de soberanía en forma confusa. Tal como ha explicado el doctor Edmundo Heredia, un país mantiene su soberanía mientras preserva su capacidad de tomar decisiones. Por tanto, cuando en 1902 el gobierno argentino aceptó el Tratado de Arbitraje, ello fue una decisión soberana. Y el resultado de un arbitraje, cuando está previamente aceptado de común acuerdo, en ningún caso puede ser considerado violación de una soberanía. El Estado ejerció plenamente su soberanía en el momento de decidir que las cuestiones de límites se resolverían por medio de arbitrajes. Y justamente, porque era un Estado Soberano, en ejercicio de su soberanía, pudo solucionar pacíficamente el conflicto mediante un arbitraje.

El texto de la bajada de la tapa del Clarín, culminaba con una oración más. Era una síntesis de los objetivos que se había propuesto la línea editorial del diario, y explicaba el criterio utilizado para definir primeras planas, titulares, ilustraciones y demás elementos periodísticos; según Clarín, este fallo:

"Posibilitará una posterior reclamación chilena sobre la extensa franja del mar epicontinental argentino y una mejor posición para discutir la soberanía de un amplio sector antártico, actualmente reivindicado por las dos naciones.Ningún compromiso obliga a cumplir aquello que afecte intereses vitales de la Nación" (Clarín, 3 de mayo de 1977, p.1).

El periódico llegaba a posiciones alarmistas, agitando el fantasma del expansionismo chileno. Si, como aseguraba la cancillería chilena y como entendieron los especialistas internacionales que dictaminaron el fallo, estas islas habían sido tradicionalmente chilenas, el arbitraje no vendría a dar nada nuevo sobre el asunto. Las reclamaciones que Chile venía haciendo sobre el sector antártico ya incluían los derechos que potencialmente le podían dar estas islas. Lo mismo para los mares. El mar continental argentino, ubicado desde el paralelo 52 hacia el norte, de acuerdo al Protocolo Adicional de 1893 seguía en manos exclusivas de la Argentina. En todo caso, se podía discutir cuántos metros de agua podía pretender Chile en los alrededores de las tres islas. Pero de allí a poner en duda la soberanía sobre el "mar epicontinental argentino", como señala el artículo, existe un gran trecho. El diario estaba traspolando, con el claro objetivo de alarmar a la población. Se estaba manipulando la noticia para orientar a la opinión pública hacia el rechazo del arbitraje.

¿Qué móviles había detrás de estas maniobras? ¿A quién se buscaba favorecer con esta manipulación informativa? ¿Con quién había negociado el medio de prensa, antes de definir su línea editorial? No existe documentación que pruebe efectivamente un acuerdo personal y directo. Pero hay indicios. Una posible explicación sería la siguiente: la prensa habría operado para preparar el terreno del gobierno militar; la idea era preparar a la población para un re-encuentro con sus fuerzas armadas. Se plantearía la cuestión del Beagle como un caso de agresión externa. Y se apelaría a los militares para que, una vez más, salieran en defensa de los "sagrados intereses de la Nación", para asumir un papel protagónico.

Para confrontar esta hipótesis, se pueden examinar otros elementos del diario, en aquella trascendental jornada. Porque, tras haber planteado el problema, también se presentaba la posible solución. O bien, los posibles protagonistas de esa solución. En la misma primera plana del diario, otro texto rezaba:

"El gobierno argentino se pronunció ayer sobre el fallo arbitral de Gran Bretaña. Si bien el documento tienen presente "la tradición de nuestra política exterior de cumplir con los compromisos internacionales contraídos en nombre de la República por los gobiernos sucesivos, aseguró que mantendrá el principio de que ningún compromiso obliga a cumplir aquello que afecte intereses vitales de la Nación o que perjudique derechos de soberanía" (Clarín, 3 de mayo de 1977 p.1).

El círculo se comenzaba a cerrar. En un solo día, el diario ya estaba planteando el escenario nacional e internacional que se iba a vivir en los siguientes 19 meses. Si el problema era grave, si estaban en peligro la soberanía, el mar y la antártida argentinos, había también un brazo capaz de defender los intereses nacionales. Y ese brazo estaba armado.

4. OTROS ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONFLICTO DEL BEAGLE

Otros actores de la sociedad civil se movilizaron en la misma dirección. Este fue el sentido del convenio celebrado entre el Gobierno de Mendoza, a través del ministerio de Cultura y Educación, y la Universidad Nacional de Cuyo, conducida por el historiador y miembro de la Academia Nacional de la Historia, Pedro Santos Martínez, para realizar una ronda de conferencias de extensión. Esta vez, el escenario sería el Teatro Independencia, el mayor centro de actividad cultural de Cuyo. Las disertaciones estaban a cargo de historiadores de orientación nacionalista, todos ellos vinculados ideológicamente al rector Martínez y el ministro Nallim. Al ciclo de Conferencias asistían el ministro Carlos Orlando Nallín, el subsecretario de Cultura, Pablo Sacchero, la subsecretaria de Educación, Isabel Blas, el titular del CEIFAR, Jorge Comadrán Ruiz y el ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Héctor Balmaceda (Los Andes, 17-10-1978 p. 8). A través de esta iniciativa, centenares de profesores de geografía e historia de los colegios fueron adoctrinados en la línea señalada con relación a la inaceptabilidad del laudo arbitral del Canal de Beagle. Posteriormente, buena parte de esos docentes transmitieron estas ideas a sus alumnos de todos los niveles en las aulas de clase de escuelas, colegios y liceos.

No sólo el estado y la universidad pública concurrieron en esta batalla cultural. También el sector privado tomó participación en el asunto. En efecto, la Universidad del Aconcagua, organizó sus propias actividades con relación a la cuestión del Beagle. Con este objetivo, invitó a disertar a Ricardo Colombo, ex embajador argentino ante la OEA. La conferencia tuvo como eje central demostrar que "la actitud argentina es de sumisión al derecho". Los argumentos de Colombo fueron ampliamente difundidos a través de la prensa (Los Andes, 30-9-1978 p.11). Más adelante, la Universidad del Aconcagua fijó su posición oficial con respecto al tema del Beagle, a través de un documento público mediante el cual: "Declara enfáticamente su total adhesión a las gestiones y políticas que el gobierno argentino ha impreso a las tratativas" (Los Andes, 19-11-1978, p.15).

Poco a poco, a lo largo de aquel agitado 1978, el gobierno y los aparatos ideológicos del Estado, lograron instalar como afirmación indiscutible, el derecho argentino en la zona litigiosa que el arbitraje había otorgado a Chile. Una vez lograda esta unanimidad, las condiciones eran adecuadas para el desarrollo de otras actividades.

Las decisiones del gobierno de facto argentino, al rechazar el laudo arbitral primero y al endurecer su posición hasta colocar al país al borde de la guerra después, no fueron medidas tomadas en soledad. Contaron con el respaldo de amplios sectores civiles, tanto políticos como empresarios y en algunos casos, gremiales. Evidentemente, este resultado se logró, en buena medida, debido a la influencia que ejercía el bloque de poder a través de la prensa y las instituciones culturales, que reproducían el discurso oficialista en forma constante. De todos modos, y más allá de los móviles, es preciso destacar el importante respaldo que el gobierno obtuvo en distintas instituciones y dirigentes a lo largo de todo 1978.

Las adhesiones logradas por el oficialismo deben distinguirse en dos instancias. En primer lugar, aquellas que se registraron en enero de 1978, en torno a la decisión del gobierno de facto de rechazar el resultado del arbitraje. La segunda se ubica casi un año después, ante la inminencia de la guerra.

En la primera etapa, el respaldo del gobierno estuvo acotado a entidades universitarias, empresariales y al ala derecha del partido radical. En el ámbito universitario, un papel central cupo a la Universidad Nacional de Cuyo, que a través de su rector Pedro Santos Martínez, a quien ya hemos presentado como miembro de la Academia Nacional de la Historia, para quien "el laudo está viciado de nulidad" (Los Andes, 28 de enero de 1978 p. 6). Por su parte, Luis Sarmiento García, catedrático de la Universidad de Mendoza fijó una posición similar (Los Andes 6-2-1978 p.4). A ello hay que sumar el comunicado del Centro de Jubilados y Pensionados docentes y no docentes de la UNC (18-1-1978 p. 6).

Desde el sector empresario, también llegaron expresiones de adhesión a la medida del gobierno de facto. Entidades como la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC) fijaron esta posición (Los Andes, 1 de febrero de 1978 p. 1). En Mendoza, tanto la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, como la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), principal corporación empresaria de esta provincia, dieron a conocer sendos comunicados a través de los cuales fijaban posición favorable al oficialismo (Los Andes, 30 de enero de 1978 p. 9 y 8 de febrero de 1978 p.10).

En el ámbito político sucedió algo parecido. Por disposición del gobierno de facto, los partidos políticos estaban formalmente disueltos. Pero de hecho, permanecían en actividad, representados por sus principales dirigentes. Y éstos fijaron su posición pública con relación al conflicto del Beagle. Así por ejemplo, dos altos dirigentes nacionales de la Unión Cívica Radical se manifestaron en similar dirección: uno de ellos fue el ex senador Luis León (Los Andes, 31-1-1978 p,4), quien más tarde sería precandidato a la presidencia de la Nación por un sector interno de la UCR (1989). Mayor impacto causó la virulenta arenga de Antonio Trócoli, el ex presidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo y más tarde ministro del Interior de Raúl Alfonsín. En sus partes principales, el discurso de Trócoli planteó lo siguiente:

"El gobierno se ha manejado con una gran ponderación y con una prudencia realmente destacable. Este esfuerzo chocó lamentablemente con la incomprensión, la intransigencia que es habitual en Chile, cuando se trata de resolver sus ambiciones territoriales metro a metro. Me parece correcto que el gobierno argentino mantenga la dureza y la intransigencia que corresponde. No podemos regalar estas tres islas con las derivaciones que de ello pueda inferir Chile. Únicamente corresponde el rechazo porque estamos hablando de defectos orgánicos que hacen a la validez del laudo. Chile está bastante acostumbrado a apoderarse del territorio de otros países vecinos, a partir de las guerras del siglo pasado por la cual arrebató tierras a Bolivia y la convirtió en país mediterráneo. Llegó el momento de decir basta a la actitud expansionista de Chile" (Los Andes, 17 de enero de 1978 p. 1).

De esta manera se completaba el cuadro de respaldo civil a la decisión del gobierno de rechazar el laudo arbitral. Todo ello se registró en el verano de 1978, y permitió establecer un arco integrado por empresarios, universitarios y la derecha radical. A medida que avanzaba aquel tenso 1978, sobre todo en los últimos meses, cuando la guerra parecía inminente, los respaldos se multiplicaron. En los ámbitos universitarios, como se ha visto, la UNC trabajó durante todo el año para difundir la posición oficialista, en tanto que la Universidad del Aconcagua también participó de estas tareas y llegó a fijar posición formal en respaldo al gobierno. Entre los empresarios, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) envió un telegrama, firmado por su titular, Narciso E. Ocampo y dirigido al dictador Jorge R. Videla, por el cual se "expresa la solidaridad de la banca privada nacional con las decisiones que el gobierno deba adoptar en defensa de la soberanía nacional" (La Nación, 13 de diciembre de 1978 p. 30). Más taxativa fue la definición de la Bolsa de Cereales, que dio a conocer un comunicado que en su parte principal señalaba:

"Junto a un ferviente voto por la unidad, la armonía y la paz, siente la necesidad de adherir y sumar públicamente su apoyo de histórico rechazo del laudo que pone en duda nuestros derechos sobre el Atlántico" (La Nación, 15 de diciembre de 1978 p. 28).

En Mendoza, la UCIM reiteró su posición anterior (Los Andes, 18-11-1978 p.10). Se sumó a esta postura también la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), mediante un comunicado público (Los Andes, 17-11-1978 p. 8).

En el terreno político, también se registraron nuevas adhesiones. Entre los sectores vinculados al gobierno, cabe destacar el respaldo a la medida de Leopoldo Bravo, influyente dirigente político de la provincia de San Juan, que por entonces se desempeñaba como embajador argentino ante la URSS (Los Andes, 7 de febrero de 1978 p.10). En la misma línea se manifestó el ex presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973), quien fuera justamente el firmante del tratado con Chile por el cual se había sometido la cuestión a arbitraje, con la cláusula expresa de su reconocimiento como obligatorio e inapelable (Los Andes, 10 de febrero de 1978 p. 2).

La insólita e ilegal decisión gubernamental no sólo fue apoyada por sectores vinculados al gobierno de las fuerzas armadas, sino también a los partidos políticos más tradicionales y populares. En el radicalismo, no sólo los referentes del ala derecha partidaria apoyaron al gobierno, sino también otros sectores. El ex senador nacional Fernando De la Rúa, (más tarde presidente de la República Argentina 1999-2001) señaló al respecto:

"Hemos apoyado la invalidez del laudo y sostenemos que es necesario agotar los medios para preservar la paz y la unidad latinoamericana, pero cuidando también la dignidad nacional y la integridad de nuestra soberanía, que no puede declinar. Confío en que prevalecerá la razón, que responde al respeto del principio de la división bioceánica. De cualquier modo, en este tema, todo el país estará unido" (Los Andes, 30-11-1978 p. 7).

Con sus declaraciones, De la Rúa fue ensanchando la base de sustentación política del gobierno militar. En esta misma dirección fijó su postura el líder indiscutido de la UCR, Ricardo Balbín, al señalar "queremos la paz en Latinoamérica, naturalmente, pero no al precio de declinar dignidades o soberanía" (Los Andes, 19-11-1978 p.15). Más adelante, el jefe radical amplió su posición al señalar:

"Toda la Nación acompaña el esfuerzo del Gobierno de encontrar los caminos de la paz, pero en el caso de que no haya reconocimiento por parte de Chile, considero que el pueblo apuntalará los legítimos e irrenunciables derechos de la Argentina" (La Nación, 11 de diciembre de 1978 p.7)

Por su parte, el principal dirigente del ala izquierda de la UCR, Raúl Alfonsín, más tarde presidente argentino (1983-1989) también expresó una posición parecida al oficialismo partidario. Consultado por la prensa, el futuro presidente argentino (1983-1989) opinó que las autoridades del gobierno argentino "habían dado muestras de prudencia negociadora pero de firme voluntad soberana" (Los Andes, 19-11-1978 p.15).

No sólo los radicales se manifestaron en favor de la política oficial, sino también otras fuerzas políticas. Los dirigentes nacionales del Partido Demócrata Progresistas, incluyendo a Rafael Martínez Raymonda, fijaron públicamente esta posición (La Nación, 13 de diciembre de 1978 p. 28). Los dirigentes peronistas tenían más dificultades para aparecer en público. Todavía estaba fresca su polémica gestión al frente del gobierno nacional (1973- 1976), y el gobierno consideraba a los peronistas culpables de la crisis institucional que había sufrido el país. Muchos peronistas sufrían fuertes persecuciones, encarcelamiento por motivos políticos, cárcel, tortura y hasta muerte por parte del aparato montado alrededor del sistema de terrorismo de Estado implementado por el gobierno de facto. Los peronistas fueron los más afectados por esta política y la mayor parte de los entre 10.000 y 30.000 desaparecidos de la Argentina de esos años, pertenecían a sus filas.

A pesar de todo, en los últimos meses de 1978, algunos dirigentes del Partido Justicialista lograron organizarse y elaborar comunicados sobre la cuestión del Beagle, que hicieron públicos a través de los medios de prensa. El ex candidato a gobernador Alberto Serú García, junto a Enrique Cherubino, Dardo Olguín, Alberto Martínez Caballero y otros dirigentes, expresaron su respaldo a la posición que llevaba adelante el gobierno nacional (Los Andes, 16-12-1978 p. 8).

Esta regla general por la cual los políticos respaldaban al gobierno de facto en el tema bélico -y que se repitió en 1982 en Malvinas- tuvo algunas excepciones. Una de las más sorprendentes fue la esgrimida por el dirigente conservador Álvaro Alsogaray, quien formuló una propuesta audaz e inesperada. El ex embajador y ex ministro de Economía propuso que, en caso de bloqueo definitivo de las negociaciones diplomáticas, se clausurase la salida bélica para seguir en su lugar el siguiente camino:

a) mantener el statu quo en la cuestión de límites y soberanía en la zona austral; aplazar la solución del problema para un futuro indeterminado, cuando las circunstancias fuesen más adecuadas;

b) organizar la Comunidad Económica Austral Argentino -Chilena para explotar conjuntamente los recursos naturales existentes y defender los derechos de ambas naciones frente a terceros países;

c) poner en marcha, como siguiente paso, la futura integración con el Uruguay y Bolivia a efectos de llegar a la Comunidad Económica del Cono Sur (La Nación, 28 de setiembre de 1978 p. l1).

La propuesta de Alsogaray era novedosa y demostraba gran visión de futuro, No obstante, logró escaso respaldo. La fuerza política de este dirigente era muy pequeña, y ni el radicalismo ni el peronismo tuvieron en cuenta esta salida para abrir una alternativa al callejón por el cual el gobierno de facto, con amplio consenso, conducía el país hacia la guerra.

En vísperas del día "D" y la hora "H", el gobierno de facto había logrado un amplio respaldo de la clase dirigente argentina a su proyecto. Al menos entre los sectores que podían expresarse: empresarios, universidades públicas y privadas, dirigentes políticos radicales y peronistas, y entidades civiles, como la Academia Nacional de la Historia. Los líderes de la dictadura habían logrado un objetivo político de gran importancia.

5. CONCLUSIÓN

La decisión del gobierno argentino de rechazar el laudo arbitral de S.M.B. en 1978, rompió una tradición centenaria de respeto por el derecho internacional, a la vez que abrió un ciclo de tensiones militares en la región, que estuvo a punto de desencadenar una guerra. Esta medida fue adoptada por un gobierno de facto, de escasa legitimidad y menor representatividad. Pero la sociedad civil no cuestionó estas decisiones, sino al contrario, las alentó y legitimó. En este sentido, la responsabilidad intelectual recayó en los historiadores, muchos de ellos organizados en la Academia Nacional de la Historia, que sostuvo permanentemente la tesis de la injusticia e inaceptabilidad del laudo arbitral; estos historiadores sabían, de antemano, que los títulos argentinos eran muy débiles en el reclamo del Beagle y por eso, el arbitraje resultaría una derrota para la Argentina. Pero en vez de aplicar estos conocimientos para comunicar al pueblo que, por justicia, lo correcto era aceptar que las islas eran chilenas, los Académicos hicieron todo lo contrario: reiteraron que las islas eran argentinas, y procuraron deslegitimar el arbitraje por todos los medios. Este enfoque fue ampliamente difundido por la prensa argentina, y replicado por los dirigentes políticos, empresarios y universitarios.

Este proceso se realizó en tres fases. La primera se extendió desde 1960 hasta mayo de 1977 (momento en el cual se hizo público el resultado del laudo arbitral); la segunda fue desde ese momento hasta febrero de 1978 (cuando el gobierno militar anunció su decisión de rechazar el fallo). La tercera se extendió de allí hasta diciembre de ese año, cuando estuvo a punto de estallar la guerra trasandina. En la primera fase, el actor no estatal más importante fue la Academia Nacional de la Historia, cuyos miembros actuaron en forma decidida para cuestionar la figura del arbitraje en general, y del caso del Beagle en particular; promovieron una serie de tesis que apuntaban en el sentido de descalificar y deslegitimar este mecanismo pacífico para solucionar la controversia; en la segunda etapa, los historiadores mantuvieron un papel importante, pero el protagonismo pasó a manos de la prensa en el sentido de influir en el gobierno para impulsarlo a rechazar el laudo arbitral; alcanzado este objetivo, comenzó la tercera fase, en la cual, además de los historiadores y la prensa, las organizaciones de la sociedad civil se ocuparon de avalar la decisión del gobierno y de legitimar ante la sociedad, los preparativos para la guerra con Chile.

Los actores no estatales de la Argentina se apartaron del Derecho Internacional, y tendieron a apoyar la actitud del gobierno de facto, en el sentido de desconocer un laudo arbitral que era obligatorio e inapelable. De esta manera se dieron pasos decisivos en el sentido de deslegitimar la secular tradición argentina de buscar mecanismos pacíficos de solución de controversias, fundamentalmente sobre la base del derecho. En su lugar, la sociedad civil fue fortaleciendo el enfoque exactamente opuesto, es decir, la sustitución del derecho y la diplomacia por la fuerza y las armas. De esta forma se fue creando el clima propicio para la invasión por fuerza a las islas Malvinas.

La actitud de los militares era bastante comprensible, teniendo en cuenta sus antecedentes: con un supuesto objetivo de "salvar el país del peligro comunista" habían violado sistemáticamente la Constitución Nacional y las leyes, para cometer delitos masivos contra los ciudadanos de su propia Patria. Por lo tanto, no es de extrañar que hayan aplicado iguales criterios al violar tratados internacionales.

Lo que puede llamar más la atención es que esa actitud no solo no fue condenada por los actores no estatales, sino que fue apoyada abiertamente. Dirigentes de partidos políticos, entidades empresarias, gremiales y universitarias, se convirtieron en actores -al menos transitoriamente- de las relaciones exteriores o bien, de las relaciones de Argentina con Chile. Y lo hicieron en el sentido señalado.

Se produjo entonces una intoxicación ideológica en la Argentina, cuya población, como suele suceder, se inclinó hacia posiciones nacionalistas y se aprestó a movilizarse para iniciar las acciones bélicas con Chile en defensa de lo que consideraba (gracias a la acción de la Academia de Historia, la prensa y demás actores no estatales) la pérdida de territorio nacional. La intervención de la iglesia católica romana, a través del cardenal Samoré, logró detener el inicio de la guerra trasandina en navidad de 1978; pero el clima militar ya se había creado y contribuyó a preparar las condiciones para redireccionarse hacia el Atlántico Sur, con el inicio de la guerra de las Malvinas, en abril de 1982.

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Artículo recibido el 30 de diciembre de 2003. Aceptado por el Comité Editorial el 24 de enero de 2004.

 

 

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