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Universum (Talca)

versión On-line ISSN 0718-2376

Universum v.24 n.1 Talca  2009

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762009000100013 

Revista Universum Nº 24 Vol. 1, I Sem. 2009, pp. 218-246

 

ARTICULOS

 

CAPITALES, ESTADO RENTISTA Y CAMBIO SOCIAL ATACAMEÑO EN LAS REGIONES INTERIORES DE ANTOFAGASTA (1879 – 1928)1

 

Cecilia Sanhueza T.1
Hans Gundermann K.
2
1 Académica de la Universidad Católica del Norte, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo R. P. Gustavo Le Paige s.j. en San Pedro de Atacama. Chile.

Correo electrónico: msanhueza@ucn.cl
2 Antropólogo, Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Académico de la Universidad Católica del Norte, del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo R. P. Gustavo Le Paige s.j. en San Pedro de Atacama. Chile.
Correo electrónico: hgunder@ucn.cl


RESUMEN

Se describen y analizan los primeros cincuenta años de incorporación del área interior de Antofagasta a la administración y la economía chilena. Se establecen las estrategias de dominio implementadas sobre ese territorio y sus recursos, en concordancia con las directrices del modelo político y económico vigente, basado en una particular relación entre el estado, la iniciativa privada y el capital extranjero. En relación con ello, se analizan las dinámicas y reestructuraciones socioeconómicas experimentadas por los sectores sociales en el área y, particularmente, por la población indígena local.

Palabras Claves: Estado Chileno - Provincia de Antofagasta - Economías Extractivas - Área Andina Interior - Minoría Indígena Regional.


ABSTRACT

Here we describe and analyze the first fifty years of the incorporation of the interior area of Antofagasta to the Chilean administration and economy. We discuss how domain strategies are implemented on this territory and its resources, based on its peculiar relationship with the government, private initiative and foreign capital. Related to it, we analyze the socioeconomic dynamics and restructuration experimented by the social sectors in the area and, more specifically, by the local indigenous population.

Key words: Chilean State - Antofagasta Province - Extractive Economies - Interior Andes - Regional Indigenous Minority.



INTRODUCCIÓN

El potencial económico de los yacimientos mineros del ahora llamado Norte Grande chileno constituye un factor de primera importancia para explicar la Guerra del Pacífico (1879-1884). Con su desenlace, el Estado chileno anexó a su territorio varias regiones que en su conjunto representaron una enorme extensión de costas, desiertos y cordillera andina occidental, cubriendo una extensión aproximada de 180.000 km2. Los principales intereses en disputa se congregaron en los campos salitreros del desierto intermedio, en el litoral, y en los puertos que aseguraban el flujo de las exportaciones y el abastecimiento. La incorporación incluyó un extenso territorio interior, correspondiente a la antigua "Provincia de Atacama" que, en aquellos momentos, estaba lejos de concitar similares apetitos que los anteriores. Efectivamente, el dominio del Departamento Litoral o Lamar de Bolivia, cuya capital era el puerto homónimo (también conocido como Cobija), incluía la entonces subprefectura o provincia de Atacama, que abarcaba una dilatada superficie del desierto interior y la llamada Puna de Atacama, en la alta cordillera ubicada al sur oriente. Supuso también la inclusión de una población boliviana e indígena que, aunque no era proporcionalmente comparable a aquella de los enclaves mineros de la pampa y litoral -en rápido y por momentos explosivo crecimiento-, sí constituía un universo social y cultural particular.

Trataremos aquí el proceso de anexión de ese territorio interior entre 1879, año de inicio de la guerra, y 1928, inmediatamente antes de la crisis económica internacional. Proponemos que las fuerzas concurrentes en la dinámica de los cambios allí producidos son semejantes a las que convergieron en los territorios litorales de Tarapacá y Antofagasta, basadas en una misma relación entre el Estado, la iniciativa privada y el capital extranjero. No obstante, antecedentes y circunstancias propias le dan algunos matices singulares. Por una parte, en lo relativo a las lógicas específicas de dominio implementadas, que supeditaron el proceso de institucionalización de la presencia estatal y de una efectiva integración nacional a los intereses económicos de los grupos dominantes y del fisco chileno. Por otra, en cuanto a las consecuencias de dicho modelo de relación en las estructuras económicas y sociales de las poblaciones indígenas del interior.

1. INICIATIVA PRIVADA, CAPITAL EXTRANJERO Y ESTADO RENTISTA

Con la conquista del litoral boliviano y sur peruano, Chile adquirió el monopolio mundial de la exportación de salitre. Regresadas las oficinas de Tarapacá a manos privadas, y restablecidas las condiciones de operación de la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, se impuso el modus operandi que regiría durante todo el ciclo salitrero y que determinó el carácter de la relación entre el Estado y el capital en la región. La empresa privada y, cada vez con mayor fuerza, el capital extranjero, controlarían la principal fuente de ingresos de Chile. Por otra parte, el fracaso del proyecto peruano de estatización, había sentado un precedente importante y, en gran medida, determinó la política de no intervención del gobierno chileno. Se establecía, en ese contexto, una suerte de pacto tácito a través del cual el Estado se constituía en garante de las condiciones políticas y sociales favorables para el desarrollo del capital, la inversión y la producción privada, prácticamente sin restricciones ni mayores mecanismos de regulación. Era el triunfo de la política liberal del laissez faire, que implicaba por vía de los hechos la delegación de la orientación e implementación del desarrollo productivo regional en la iniciativa e intereses particulares2. Por su parte, el Estado percibía a través de los impuestos y derechos establecidos a la exportación del nitrato una proporción considerable (de hecho, sin precedentes para su época) de los excedentes que arrojaba esta industria, y que llegaron a constituir la fuente más importante de los ingresos estatales3. La cuantía de tales ingresos y la propia actividad extractiva en gran escala tuvieron consecuencias decisivas para las regiones del norte chileno -de hecho le dieron su estructuración moderna4- y del país en su conjunto, contribuyendo al fortalecimiento del sistema burocrático, a la inversión en servicios, obras públicas e infraestructura urbana y, al fomento industrial5.

El modelo rentista arrojó, a su vez, importantes consecuencias políticas y sociales. La estrecha vinculación entre los intereses estatales y el capital británico, particularmente en Tarapacá, supeditaba a las prioridades económicas el ejercicio efectivo de la soberanía nacional sobre el territorio y la población de la región6. Más aún, aunque los movimientos obreros de la primera década del siglo XX remecieron el sistema y provocaron una mayor injerencia de las fuerzas políticas y del Estado sobre la zona salitrera, el modelo como tal no fue, en general, discutido ni cuestionado por los sucesivos gobiernos liberales chilenos. Ello ocurrirá recién durante la década de los años veinte7. Este proceso, sus lógicas y directrices contextualizan la incorporación de los territorios y la población de la provincia boliviana de Atacama al dominio de Chile. Profundizar en ese análisis requiere establecer previamente las dinámicas económicas particulares de la región al momento de iniciarse la guerra y su posterior evolución desde la perspectiva del rol que le cupo al Estado y al capital nacional y extranjero en las estrategias de dominio implementadas con la intervención chilena.

2. ESTADO Y EXPANSIÓN DEL CAPITAL EN EL TERRITORIO INTERIOR DE ANTOFAGASTA (1879-1928)

a) La Provincia de Atacama en 1879, sus recursos y población

Hacia fines del período colonial, el Partido de Atacama dependía administrativamente de la Intendencia de Potosí. Estaba organizado en dos doctrinas y repartimientos: Atacama la Alta, cuya cabecera y a la vez capital del partido era San Pedro de Atacama, y Atacama la Baja, con capital doctrinaria en San Francisco de Chiuchiu. La primera incluía los oasis y ayllus circundantes a la localidad de San Pedro, los anexos de Toconao, Socaire y Peine en la cuenca del Salar, y los de Susques e Incahuasi en la puna. La segunda comprendía los asentamientos de Chiuchiu y Calama, en el curso medio del valle del Loa, los de Conchi, Aiquina y Caspana en la región del Loa Superior y, en la costa, el anexo y puerto de Cobija8. Luego del proceso independentista, Atacama quedó en 1825, sujeta a la soberanía del naciente Estado boliviano. Inicialmente permaneció como un distrito dependiente de Potosí pero, con posterioridad, adquirió el rango de departamento o prefectura del Litoral, incluyendo, como en la administración colonial, los territorios de la costa y del interior. A diferencia del período español, en que la capital del partido radicaba en San Pedro de Atacama, el gobierno boliviano estableció como cabeza departamental al puerto de Cobija o Lamar9. En el interior, la provincia de Atacama, comprendía los antiguos distritos de Atacama la Alta y la Baja10.

El principal interés de Bolivia en la zona radicó en el acceso a la costa del Pacífico, por lo que las medidas implementadas estuvieron orientadas a la habilitación del puerto, de un sistema de postas y al abastecimiento forrajero para activar el tráfico arriero y la comunicación desde y hacia el interior de la República11. Más tardíamente, con el desarrollo minero de la región de Lípez, en el vecino altiplano, se construyeron en la década de 1870 caminos habilitados para la circulación de carretas, en especial la "gran carretera" que unía la localidad de Calama, en el Loa, con el mineral de plata de Huanchaca12. Ubicado en pleno desierto altiplánico, este establecimiento minero, explotado por la Compañía Huanchaca adquirió durante el último tercio del siglo XIX, tal desarrollo productivo e industrial que se convirtió en el principal yacimiento argentífero de Bolivia. Los capitales de la compañía, concentrados en manos mayoritariamente bolivianas (aunque incluían algunos propietarios chilenos), dieron origen a millonarias fortunas familiares13. Al momento de estallar la guerra de 1879, el mineral de Huanchaca, que había experimentado un crecimiento continuo durante los años previos, constituía un enclave gravitante en las economías regionales del interior de Bolivia, de la provincia de Atacama y del litoral del Pacífico14.

En cambio, la actividad minera en la sección media y superior del río Loa, realizada por medianos y pequeños propietarios, se encontraba en una situación poco favorable. Esto se debía, a las fluctuaciones de los mercados cupríferos internacionales (que pasaban por un período de baja en sus precios), pero quizá en mayor medida a las deficientes condiciones de infraestructura y a la gran carestía de los fletes y transporte hacia el litoral. Todo ello hacía poco rentable su explotación15. Por esa época, los principales centros mineros eran Sierra Gorda, Chuquicamata, Aralar, El Inca, Atahualpa, Conchi y Miño. La industria del borato de cal, en cambio, logró prontamente un relativo desarrollo en la zona del salar de Ascotán y en la puna de Atacama16.

Por su parte, la explotación del salitre y la plata de Caracoles, mayoritariamente en manos chilenas, había impulsado el crecimiento de Antofagasta, que terminó desplazando en importancia al puerto de Cobija. La Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta construyó líneas férreas que comunicaron directamente la zona del Salar del Carmen con el puerto, estimulando el auge salitrero en la región. El mineral de Caracoles, situado en pleno desierto interior, vivió desde principios de la década de 1870, un acelerado crecimiento demográfico y se convirtió en un centro urbano que llegó a alcanzar, temporalmente, una población cercana a los 10.000 habitantes. Su demanda de abastos e insumos se satisfacía por vía marítima, a través de Antofagasta (lo que implicaba un largo, difícil y costoso tramo terrestre), y desde los valles y oasis del Loa y de Atacama, que proporcionaban combustible, forraje, productos agrícolas y ganado de producción local e importado desde Argentina17. Sin embargo, al finalizar la década, Caracoles comenzó a declinar y, aunque continuaba siendo el principal enclave minero, económico y urbano del interior, ya no producía las notables riquezas de los años previos. Su población se había reducido considerablemente, alcanzando en 1881 a unos 3.500 habitantes18. Ello no impidió que en el mineral se continuara, incansablemente, el laboreo de algunas vetas, manteniendo el mismo, un relativo protagonismo económico regional hasta la última década del siglo XIX.

Los asentamientos y poblados rurales que se distribuían en las riberas del río Loa y en los oasis y quebradas medias y altas del salar de Atacama, a diferencia de los centros extractivos y portuarios, contaban con una población principalmente boliviana, de la cual una gran mayoría eran indígenas tributarios19. Sus actividades económicas eran la agricultura, la ganadería menor, el trabajo minero asalariado y la arriería como peones o, en algunos casos, operadores independientes. Además del consumo autoproducido, el componente mercantilizado de las economías rurales andinas contribuía al abastecimiento de los centros mineros regionales.

Dado el papel político y económico asignado al puerto Lamar, los principales pueblos del Loa, Calama y Chiuchiu (vice cantón y cantón boliviano, respectivamente), acrecentaron su importancia. Constituían estaciones en el arrieraje y, más tardíamente, el paso de carretas en el tramo occidental del eje litoral-altiplano. Sus habitantes combinaban una producción agrícola destinada al abastecimiento de víveres y alfalfa para el tráfico arriero y la minería local. La comercialización y transporte de las mercancías introducidas por Cobija era manejada por casas comerciales (principalmente Dorado y Artola), sirviéndose de Valparaíso como puerto principal sobre el Pacífico. Las familias más importantes del sector mantenían fórmulas combinadas de agricultura, comercio, arriería y beneficio de metales. El resto de la población local y de las tierras altas adyacentes se ocupaba de la actividad agro-ganadera, y de la arriería como un capítulo relevante. A estos efectos proveía mano de obra para el tráfico interregional y, paralelamente, realizaba un comercio independiente en pequeña escala hacia los enclaves mineros, la costa y el interior20.

La zona de San Pedro de Atacama se concentraba, fundamentalmente, en la importación y redistribución de ganado y mercaderías provenientes de Argentina, y en el cultivo extensivo de forrajes. Dada su condición de "puerto seco"21 para el ingreso del ganado, la capital de la subprefectura de San Pedro de Atacama constituía un punto neurálgico del circuito de abastecimiento del litoral boliviano, de las pampas salitreras y mineras de la región (especialmente Caracoles), así como también de los territorios peruanos de Tarapacá. En las importaciones en uno u otro sentido participaban casas comerciales, pero también familias de origen boliviano y argentino, que además controlaban la producción forrajera local y eran propietarias de una proporción significativa de las tierras de cultivo. La actividad minera local se concentraba en el establecimiento de la mina de cobre de San Bartolo, a la sazón propiedad de la casa comercial Artola. Como en el Loa, la mayoría de la población indígena tributaria combinaba la producción de alfalfa y maíz, con crianzas y una importante actividad arriera regional e interregional22.

b) La ocupación chilena del territorio y el impacto económico local

La ocupación de Antofagasta efectuada por la Armada Chilena, en febrero de 1879 se realizó sin mayor resistencia, ya que el grueso de la población de ese puerto y de los principales enclaves mineros de la pampa era de origen chileno. Las fuerzas militares se instalaron en el territorio costero, avanzando y asegurando rápidamente el sector salitrero de Salinas y Carmen Alto y el mineral de Caracoles23. Una de las primeras medidas administrativas fue el establecimiento de una organización provisoria bajo el mando militar, pero poco después, al constituirse la Gobernación de Antofagasta, el territorio litoral quedó bajo la autoridad civil. El resto de la región interior fue intervenido militarmente y permaneció bajo el gobierno de la Comandancia General de Armas de Antofagasta. Aunque se instauró una organización político-administrativa provisoria, basada en el sistema de subdelegaciones y distritos, la administración civil y militar recayó en los oficiales de las guarniciones instaladas en Calama y San Pedro de Atacama, en su calidad de Comandantes de Armas24.

La ocupación de la provincia de Atacama tuvo por objeto asegurar el control político-militar del territorio y la reducción de cualquier amenaza a las actividades económicas de la pampa y de la costa25. A diferencia de las poblaciones del litoral y de Caracoles, las del interior ofrecieron resistencia armada a la ocupación militar, particularmente en Calama, San Pedro de Atacama y en algunos puntos de la ruta hacia el altiplano. Esta resistencia fue efectuada por milicias locales improvisadas, más que por tropas regulares26. Las tropas chilenas, a las que se agregaron voluntarios de los centros urbanos y mineros, tenían una clara ventaja militar sobre las bolivianas27. Con el enfrentamiento de Topater, en marzo de 1879, se produjo la toma de Calama, y con posterioridad la ocupación de Chiuchiu y San Pedro de Atacama. Tardíamente se sumaron refuerzos militares que permitieron a los bolivianos reocupar temporalmente San Pedro de Atacama y Toconao. Sin embargo, los enfrentamientos se caracterizaron más bien por una sucesión de escaramuzas, las que prontamente cesaron. Durante diciembre de 1879, las tropas chilenas se establecieron definitivamente en el territorio de Atacama28.

Las guarniciones militares se destinaron a asegurar los puntos estratégicos y de abastecimiento, por lo que Calama, Chiuchiu y San Pedro de Atacama fueron los principales centros de asiento y operaciones. Luego de la ocupación de Calama se realizaron incursiones hacia el interior, siguiendo la ruta de las antiguas postas del camino que comunicaba con Huanchaca y Potosí, con el objeto de interceptar el tráfico de abastecimiento de los ejércitos boliviano y peruano, e infundir el temor en las población local29. Una vez establecido el control del territorio y de sus ingresos fiscales (instalando aduanas en Calama y Chiuchiu), la situación tendió a normalizarse, pero en la región se vivió, por algunos años, un estado de estancamiento económico. La circulación por la ruta carretera y de arrieraje, que unía la costa con el interior de Bolivia, quedó virtualmente paralizada hasta el restablecimiento del libre tránsito en 1885, con las consecuentes repercusiones en la actividad minera y comercial local30. Los pueblos de Calama y Chiuchiu se vieron particularmente afectados en este período puesto que, además, habían sufrido los devastadores efectos de los terremotos de 1877 y 1878, éstos derrumbaron o dañaron gran parte de su escasa infraestructura urbana. Luego, a consecuencia de la guerra, se produjo el éxodo de parte de su población y el abandono de tierras de cultivo. Durante la ocupación militar, la población mantuvo un movimiento local de tráfico y abastecimiento de alfalfa a los minerales de los alrededores y algunas de las casas comerciales con agencias en Calama lograron permanecer activas a través del suministro de abastos31.

En San Pedro de Atacama, en tanto, una de las primeras medidas de las nuevas autoridades fue asegurar el control militar del movimiento de ganado interregional y los ingresos aduaneros derivados32. Inicialmente se produjo una fuerte disminución del flujo trasandino, puesto que los proveedores argentinos se restaron o buscaron rutas alternativas, dada la inseguridad que provocaba la ocupación y el hecho de que varios de los importadores y propietarios de tierras fueran ciudadanos bolivianos. Algunos de ellos, luego de participar en la resistencia, habían huido o, al menos emigrado temporalmente33. Con todo, el tráfico desde Argentina parece haberse restablecido paulatinamente. El mineral de Caracoles continuó siendo, durante este período, uno de los destinos principales para las producciones de las localidades andinas del gran salar y de aquellas ubicadas hacia el interior del Loa y sus afluentes. Ellas mantuvieron un comercio y una actividad arriera regular con este asiento minero34.

La inversión estatal guardó relación con la necesidad de asegurar el control militar de la región, destacando los servicios vinculados a comunicación y transporte, tales como la instalación de telégrafos, funcionamiento del sistema de correos y mejoramiento de caminos. Desde 1879 se inició la construcción, a través de licitaciones a particulares, de líneas telegráficas, comunicando, Antofagasta con Calama, Caracoles y San Pedro de Atacama. Hasta 1884, el financiamiento provino fundamentalmente del Ministerio de Guerra, en tanto que el sector privado fue el principal soporte para el transporte y abastecimiento del ejército. Para este efecto se hicieron contratos con la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta y casas comerciales como Dorado y Artola, antaño activamente presentes en la economía boliviana de la zona35. Sobre todo en los inicios de la ocupación, la compañía salitrera hizo aportes voluntarios en infraestructura y fletes, y los mineros de Caracoles reunieron erogaciones para la agilización del sistema de comunicaciones telegráficas36. Por su parte, los chilenos que poseían acciones en la mina de Huanchaca proporcionaron parte de sus utilidades para abastecer de víveres y cabalgaduras a las tropas chilenas que se habían introducido al altiplano boliviano37.

Una de las dificultades que debieron enfrentar las guarniciones chilenas, apostadas en el área, fue solventar los gastos de manutención de hombres y cabalgaduras. Entre otras fuentes, esto se cubría con los derechos de internación, que cobraban las aduanas del Loa y, sobre todo, la de San Pedro de Atacama, bastante mejor nutrida. Al no ser suficientes las comandancias de armas respectivas, recurrieron a la confiscación de propiedades rústicas y urbanas, temporalmente abandonadas por vecinos e indígenas que habían participado en las milicias. Esta ocupación de bienes y tierras parece haber facilitado la apropiación definitiva de algunas de ellas por parte de particulares, e incluso de oficiales chilenos, que se radicaron definitivamente en la zona38.

Si bien en esta etapa inicial no había una política oficial de privatización o concesión de derechos sobre recursos naturales a particulares, como sucedería en las décadas siguientes, la región interior y su población debieron sufrir los excesos de las guarniciones chilenas que contaban con todas las garantías para ejercer el poder local y satisfacer sus necesidades sin control alguno39. La certeza, respecto de la necesidad de mantener un control y resguardo militar permanente, en esos territorios, parece haberse diluido paulatinamente. Mantener guarniciones en el territorio interior constituía un gasto que el Estado chileno no estaba dispuesto a sostener por mucho tiempo.

c. Las postrimerías del siglo XIX: la constitución del Estado garante, la iniciativa privada y el capital británico

La firma del Pacto de Tregua entre Chile y Bolivia en 1884 precipitó la desmilitarización del interior y, junto con ello, ofreció seguridades para el desarrollo de la inversión privada en la región. Si bien este tratado constituyó un armisticio, en la práctica fue considerado por la parte chilena como una solución definitiva. En 1888, la región fue incorporada constitucionalmente al territorio nacional, con la creación de la Provincia o Intendencia de Antofagasta, que abarcaba los límites fronterizos señalados en el Pacto de Tregua40. Aunque esto era un acto de afirmación de la posesión chilena en el plano político institucional y jurídico, no se tradujo en un ejercicio efectivo de plena soberanía sobre el territorio del interior y sus poblaciones41. No obstante, legitimó el rol del Estado chileno como garante de condiciones políticas, propicias para la expansión del capital.

La región del Loa que se había visto particularmente afectada por el bloqueo y paralización del tráfico hacia y desde el interior de Bolivia, por lo que con el retiro de las guarniciones militares comenzó a experimentar una reactivación importante. En 1885 se restableció el libre tránsito fronterizo que fomentó nuevamente la circulación de carretas y de arrias hacia el altiplano, especialmente la vinculada a la mina de Huanchaca42. La actividad aduanera se normalizó y los resguardos establecidos en Calama, Chiuchiu y San Pedro de Atacama quedaron a cargo de funcionarios civiles43. A esta situación favorable para el desarrollo del comercio y de la industria minera se sumó el mejoramiento del transporte con el proyecto de extensión del ferrocarril desde la zona salitrera hasta el altiplano boliviano44. Sin embargo, a diferencia del centro y sur del país, en que el ferrocarril fue financiado por el Estado (cuando no se trataba de empresas mixtas)45, aquí como en Tarapacá, se delegó la inversión y su administración al sector privado. En 1884, el Gobierno chileno otorgó a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, la concesión para prolongar la línea férrea desde Pampa Alta hasta la nueva frontera con Bolivia. En 1886 el ferrocarril llegó a Calama y en los años siguientes a Conchi, San Pedro (localidad del Alto Loa) y Ollagüe. En 1888, el presidente de Bolivia, Aniceto Arce, quien era además uno de los principales accionistas de la Compañía Huanchaca, autorizó la extensión de las líneas a Uyuni y, ese mismo año, la empresa minera adquirió las instalaciones ferroviarias de la Compañía de Salitres, pasando el ferrocarril de manos chilenas a bolivianas. Sin embargo, los elevados costos que implicaba la mantención de la vía y el abastecimiento de agua para las locomotoras obligaron a la empresa Huanchaca a enajenar, un año después, sus bienes ferroviarios a la futura Antofagasta & Bolivia Railway Company, formada con capitales ingleses, y que terminaría adjudicándose toda la red entre Antofagasta y el altiplano boliviano incluyendo sus ramales y desvíos46.

La extensión del ferrocarril representa un hito fundamental en el proceso de desarrollo minero, comercial e industrial de la región interior, que por esta vía se abre a las inversiones de capital privado en gran escala, reproduciendo así la política económica implementada por el Estado chileno en todo el Norte Grande. Hasta ese momento las principales faenas mineras del Loa correspondían a pequeñas empresas de origen chileno y boliviano, emparentadas también con capitales de Caracoles, cuya baja rentabilidad no había atraído inversiones de mayor envergadura. La reapertura del tráfico y, sobre todo, la extensión ferroviaria fomentaron una creciente inversión de origen británico y la conexión de la actividad minera del Loa y de Bolivia con Antofagasta, reforzando así el crecimiento comercial y financiero del puerto47. El progreso irrumpía en la región del interior y, con él, el crecimiento urbano e industrial. Así lo ilustró el ingeniero San Román, al describir Calama de los años 1887-1888 como un pueblo favorecido por la intervención chilena y por la llegada del ferrocarril, paradigma decimonónico de la modernidad:

"Calama, puerto interior de tránsito para el comercio con Bolivia, lugar que poco antes tuvo el privilegio de ser el primer campo de batalla con que se inició la campaña del Pacífico, era ya, en los días de nuestra visita, estación del ferrocarril de Antofagasta a Pulacayo i Oruro. De caserío insignificante, esparcido en un mar de vegas saladas i pantanos insalubres, iba pasando a pueblo donde humeaban chimeneas de fábricas, rodaban carretas i se levantaban edificios para negocios i escuelas"48.

La expansión capitalista acarreó consecuencias sociales inmediatas. Un abrupto aumento demográfico y la circulación no controlada de población, repercutió tempranamente en la zona. La activación minera y las propias faenas de construcción de las líneas férreas provocaron una activa movilización de mano de obra foránea cuya procedencia fue mayoritariamente chilena49. Las autoridades regionales advirtieron respecto al significativo contingente de "jente obrera y de otras condiciones" que emigraba desde Antofagasta y la pampa, itinerando por los campamentos del ferrocarril, los centros mineros y los pueblos y asentamientos agrícolas, sin que para su control hubiera dispositivo alguno de acción sanitaria ni
policial50.

Por otra parte, el trazado de las líneas férreas sacrificó localidades como Chiuchiu, que siempre fue favorecida por la ruta de arrieraje y, más tarde, por el camino carretero. Al regularizarse el funcionamiento del tren, el tráfico a lomo de mulas y a tracción animal disminuyó, perjudicando su posición en los circuitos regionales51. Junto con ello, el sector económico tradicional más fuertemente afectado por la modernización del transporte fue aquél dedicado a la actividad arriera, que involucraba no sólo a la población indígena del Loa, sino también a la del Salar de Atacama. No pudiendo competir con el ferrocarril, ya no logrará recuperarse una actividad que había alcanzado importantes niveles de especialización en la población regional52.

d) El siglo XX y los inicios de la gran minería: diversificación de la industria y capital norteamericano.

Hacia 1903, fecha en que se firmó el tratado de paz definitivo entre Chile y Bolivia, el desarrollo del transporte ferroviario y las comunicaciones del interior atraían cada vez más capital chileno y extranjero. Chuquicamata figuraba como el yacimiento más importante del Loa, con aproximadamente 350 minas, distribuidas entre diferentes propietarios. Lo seguía en importancia el de San José del Abra, cuyos metales se beneficiaban en el establecimiento de Chorrillos en Calama, ambos pertenecientes a una compañía inglesa. Los minerales de Sierra Gorda -con vetas de oro, plata y cobre- dieron origen a un poblado que posteriormente desplazó, por su importancia urbana y económica, al de Caracoles. En la industria boratera, los principales yacimientos, el de Ascotán en particular, habían sido adquiridos por la compañía inglesa Borax Consolitated Limited, que monopolizaba un 85% de las explotaciones mundiales53.

Pocos años después, el mineral de Chuquicamata vivió un proceso de concentración similar. En 1910 fue adquirido en su totalidad por la firma norteamericana Chile Exploration Company y comenzó a experimentar un crecimiento acelerado, aumentando la mano de obra contratada y formando el campamento homónimo. El pequeño pueblo minero contaba en 1888 con apenas 80 habitantes; en 1925, superaba los 13.00054. Calama, que en 1893 se había convertido en capital comunal, figuraba al comenzar el siglo como un importante centro de transacciones mineras y, aunque no sufrió un incremento tan radical, su población también aumentó significativamente55. El drástico crecimiento demográfico de la zona minera del Loa se nutrió fundamentalmente de emigrantes desde la Zona Central y Norte Chico chileno y, en menor medida, desde los poblados del interior de la región y de Bolivia. También una cantidad considerable de inmigrantes europeos, particularmente yugoeslavos, probaron suerte en la industria, comercio y agricultura56.

El crecimiento económico de la región no fue siempre regular. Las fluctuaciones internacionales del precio del cobre provocaron períodos de estancamiento57. No obstante, ello no impidió que la expansión minera del Loa siguiera una curva ascendente, aunque no alcanzara todavía la importancia económica de la industria salitrera. A mediados de la década de 1920 se sumó al desarrollo de las grandes mineras, azufreras y borateras, norteamericanas e inglesas, otras industrias menores que proveían diferentes productos e insumos. Las principales empresas y yacimientos mineros de la región, siguiendo su distribución en un eje de norte a sur, eran las minas de Collahuasi, ubicadas en la zona limítrofe con el territorio de Tarapacá, pertenecientes a la norteamericana Poderosa Mining Co.; las azufreras de Ollagüe, las borateras de Ascotán (Borax Consolitated Ltd.) y el mineral de Chuquicamata (Chile Exploration Co.), además de varias faenas extractivas de cobre, plata, zinc, plomo, cal y arcilla. En otros rubros industriales, se contaba con la Fábrica de Explosivos de Río Loa y de Pólvora de Calama, a lo que se sumaban pequeñas y medianas industrias como la Fábrica de Sal Gema, una usina de electricidad, frigoríficos, una fábrica de bebidas gaseosas, empresas agrícolas ("fincas"), entre otras. Los propietarios de estas últimas eran de origen chileno, boliviano y europeo, en particular yugoeslavos58.

e) Recursos naturales, demanda industrial y consumo urbano

El crecimiento industrial y urbano provocó un aumento en la demanda por el acceso a determinados recursos naturales, tanto para las operaciones productivas como para el consumo de la población. Estos requerimientos se cubrieron a través de la concesión de mercedes y derechos de usufructo, de recursos e insumos indispensables como el agua y combustible vegetal (en específico, Llareta o Azorella Compacta). A cambio de ello, el fisco percibía un ingreso regular por impuestos y patentes. A partir de comienzos del siglo XX proliferaron las concesiones de aguas, principalmente del curso del río Loa, a pequeños y medianos empresarios mineros e industriales. A medida que iban surgiendo las grandes empresas, se fueron ampliando los volúmenes y las fuentes de extracción de aguas hacia otros ríos o vertientes de más difícil acceso59.

La satisfacción de la demanda de este recurso vital para el consumo de la población se delegó, a través de concesiones, al sector privado. El otorgamiento de mercedes de agua a las grandes empresas permitió al Gobierno chileno negociar con ellas el suministro a los centros urbanos. En 1902, por ejemplo, la municipalidad de Calama aprobaba una solicitud de aguas en el sector de Santa Bárbara, en el río Loa, por parte de la empresa ferroviaria, y a cambio de ello ésta se comprometía a abastecer de agua al municipio60. Similar procedimiento se llevó a efecto para el bastecimiento a Antofagasta:

"En la ciudad de Antofagasta había hasta hace pocos años como único recurso de vida el agua de las destilerías, agua marina resacada a vapor... Hoy Antofagasta, en mérito del capital privado de la Compañía Huanchaca i a espensas de dos a tres millones de pesos, tiene el rio Loa a su servicio con agua potable de cañería en casi 300 kilómetros de estensión; i así i todo, ha resultado buen negocio para la empresa constructora e inmenso beneficio para el pueblo i sus industrias"61.

Por su parte, la Chile Exploration Company, adquirió en 1914, entre otras, una merced de agua en el río Toconce, desde donde abasteció al mineral y al pueblo de Chuquicamata62. Además, estas concesiones permitieron al fisco obtener ingresos por concepto de arriendo, como fue el caso de los extensos territorios adjudicados, en 1916, a la Borax Consolitated Limited en el sector de la laguna de Ascotán, y que otorgaban el derecho exclusivo de la compañía a la extracción de llareta63.

Las consecuencias de tales medidas son diversas. La empresa privada y, especialmente los capitales británicos y norteamericanos habían llegado a controlar y monopolizar los principales centros mineros regionales, el sistema de transporte y el abastecimiento de recursos vitales como el agua. El fisco chileno, que percibía significativos ingresos por derechos de explotación y exportación garantizaba este estado de cosas y delegaba en ese sector la responsabilidad por la inversión local en servicios públicos importantes. La lógica de un sistema tan ampliamente favorable al capital privado daba a éste el poder de definir las prioridades y dar curso a las iniciativas de desarrollo zonal64. Esto, no obstante, también favoreció el desarrollo de una pequeña y mediana industria la que, dada la ausencia de inversión pública, probablemente no hubiera podido florecer sin las condiciones favorables generadas por los grandes capitales privados65. En sentido contrario, varias comunidades de base indígena de las tierras altas se vieron afectadas al ser despojadas de recursos vitales para su reproducción. Los pastizales de altura y aquellos recursos productivos y energéticos esenciales, como el agua y la llareta, fueron considerados propiedad fiscal y, como tales, sistemáticamente concesionados a los particulares y empresas que lo requirieron. Baste consignar el caso de Toconce, en la parte alta del Río Salado, comunidad que perdió sus mejores aguas en favor del mineral de Chuquicamata y posteriormente con el abastecimiento de las ciudades de Antofagasta y Calama (Aldunate, 1985:137). Las repercusiones de este proceso contribuyeron a las transformaciones sociales y económicas experimentadas por las poblaciones andinas atacameñas del siglo XX66.

f) La crisis del salitre y la crisis del modelo rentista. Demandas sociales y reestructuraciones institucionales

El período analizado en este estudio y las consecuentes transformaciones que generó en las estructuras económicas y sociales regionales se enmarcan, a su vez, en un contexto nacional mayor que trataremos brevemente. A fines de la década de 1920 el modelo económico vigente, la política estatal de no intervención y la cuestión social se constituyen en objeto de fuertes controversias ideológicas que, sumadas a los efectos de la gran crisis mundial, provocaron el inicio de importantes cambios políticos e institucionales que también repercutieron en nuestra región de estudio. Los últimos tiempos del ciclo salitrero se caracterizaron por sucesivas crisis en los mercados internacionales, que culminaron con la expansión comercial del salitre sintético, lo que acarreó profundas repercusiones en la economía chilena. En sus inicios, la región del interior de Antofagasta logró quedar parcialmente al margen de sus efectos, manteniendo su solidez, incluso cuando la etapa más aguda de crisis comenzaba a precipitarse. En 1927, el intendente de Antofagasta definía la situación por la que atravesaba la industria salitrera -considerada aún como la principal industria de toda la provincia-, como "una grave crisis económica y comercial": las oficinas se encontraban paralizadas y el comercio y las pequeñas industrias sufrían sus consecuencias produciéndose muchas quiebras. Sin embargo, respecto a la región interior, señalaba:

"La única industria que se ha mantenido firme es el cobre, que ha continuado sus labores en forma intensa y normal, pero como no es la principal de la provincia, muy poco ha aportado al mantenimiento de las actividades en el comercio"67.

La desocupación obrera no tenía aquí carácter de problema pues las principales actividades, la del cobre, del bórax y las industrias asociadas mantenían su labor permanente. Sí lo tenían las condiciones laborales y ello hacía evidente la necesidad de orientar acciones públicas hacia esa región. Particularmente, en el caso de Chuquicamata, los bajos salarios de los obreros, las condiciones miserables del trabajo en las minas, la vivienda y la salud, constituían una realidad que prontamente habría de generar un estadillo social, como advertían algunos observadores de la época, si no se tomaban las medidas correspondientes.

"Gran parte de las habitaciones obreras del mineral son inmundas e insalubres, en grado que avergonzaría a muchos dueños de conventillos de la capital. La Chile Exploration hasta hoy ha hecho muy poco por remediar este estado de cosas"68.

A la sazón, Chuquicamata se organizaba en distintos campamentos, habitados mayoritariamente por chilenos. Los trabajadores indígenas ocupaban un sector diferenciado del resto de la población obrera, llamado "la parte boliviana" cuyas condiciones higiénicas y habitacionales eran notablemente peores que las anteriores69. Si estas tan deficientes condiciones se presentaban en los campamentos habilitados por las grandes empresas mineras, la situación de los poblados asociados a estos no era mejor. Calama estaba prácticamente desprovista de inversiones fiscales al punto que carecía de servicios urbanos básicos y no se disponía de la infraestructura requerida para las dependencias estatales locales. Hacia finales de la década de 1920, esta situación se hizo particularmente crítica, en momentos que comenzaba una masiva inmigración de familias obreras provenientes de las oficinas salitreras; producto de la creciente crisis de esa industria aquéllas se volcaban a los centros mineros del Loa. Y la aún pequeña ciudad de Calama no contaba con una infraestructura habitacional que permitiera albergar una cada vez más populosa población, con los consecuentes problemas sanitarios y de orden público. La demanda por viviendas sociales o "casas de obreros" se hacía urgente en esta capital provincial, cuya cartografía urbana y social comenzaba a redibujarse:

"En esta ciudad no hay casas para obreros de la ciudad por ser un pueblo nuevo y haber sido destruida la ranchería de indios que existía cuando era subdelegación"70.

Además, señalaban las autoridades, se hacía imposible destinar terrenos fiscales o municipales para la construcción de viviendas con ese objeto, puesto que ya todos se encontraban en manos de particulares. Así las cosas, el creciente problema social se convertía, necesariamente, en un problema del Estado chileno71.

g) Hacia un mayor compromiso estatal: la creación del Departamento de El Loa

A pesar de no alcanzar aún un rol protagónico en la economía regional, la relativa prosperidad por la que atravesaba la actividad minera e industrial del Loa, la explosión demográfica y las demandas sociales constituyeron un argumento de peso que hizo cada vez más insostenible la descomprometida postura estatal llevada hasta ese entonces. La creación del Departamento de El Loa en 1924 representó un hito importante y un cierto giro en la lógica política y social estatal implementada en la región. Aunque su proyecto original data de 1909, debió esperar a que se dieran condiciones políticas favorables para concretarse. El gobierno de Arturo Alessandri había sido interrumpido por el golpe militar de un sector del ejército que aspiraba a provocar reformas políticas y sociales más radicales, lo que agilizó la aprobación de la medida. Sin embargo, y no obstante que al retornar a la presidencia, Alessandri la ratificara, la agitación social e inestabilidad política de los años siguientes dificultó su normal funcionamiento72. Aún en 1925 contaba con opositores en el Congreso Nacional. El debate que se dio al respecto permite confrontar lo que había sido la posición liberal prevaleciente hasta el momento, con otra perspectiva, también liberal, pero de carácter más social. Según los detractores, el gasto público que implicaba la institución de un departamento en el interior de Antofagasta (es decir, de una unidad administrativa que operara con fondos propios) no era justificado puesto que la inmensa mayoría de su población laboraba como obrera o empleada de las dos más importantes empresas de la región: la Chile Exploration Company y la Borax Consolitated, las cuales satisfacían todas sus demandas de servicios73. El resto de la población, afirmaban, era reducida y el avalúo de sus propiedades demasiado exiguo como para justificar semejante inversión estatal. Por su parte, los partidarios del proyecto reconocían la supremacía demográfica e industrial de Chuquicamata, pero señalaban la necesidad, por una parte, de invertir en un mejor resguardo fronterizo, dada la situación geográfica e importancia de la región, y por otra, de fomentar y dar proyección a la industria, agricultura, comercio y minería de la zona, particularmente de Calama. Se insistía también en la necesidad de dar respuesta a la demanda social de una serie de servicios y asistencia de carácter público tales como juzgados, notarías, hospitales e instrucción pública74. Estos argumentos, como se señaló, adquirirán particular consistencia con los efectos regionales de la crisis salitrera.

Estos antecedentes nos sitúan en el centro del debate político de la época y de las presiones y movimientos sociales que estaban abriendo paso a una reforma del Estado, en dirección a uno con mayor compromiso social e injerencia en la regulación de la economía nacional. La crisis salitrera, cuyos efectos se manifestaron desde los inicios de los años 20, puso definitivamente en entredicho al modelo vigente. La caída del precio del salitre y la merma en el poder económico mundial inglés, evidenciaron la precariedad de un sistema que, basado en una economía monoproductora, estrechamente dependiente del capital extranjero y de las fluctuaciones de los mercados externos, podía poner en jaque o sumergir en una profunda crisis política y social al país75. Entendidos desde esa perspectiva, los cambios registrados por la política estatal en la región interior durante el gobierno de Arturo Alessandri, no sólo implicaron una reestructuración administrativa76, sino también un mayor compromiso nacional sobre el territorio. Aunque no abordaremos el proceso regional que se inaugura, es importante señalar que, en la práctica, la creación del departamento de El Loa no se tradujo en transformaciones inmediatas. Constituyó, no obstante, un primer esfuerzo de inversión estatal en la región. Se favoreció el área de obras públicas con la construcción de redes viales expeditas entre la capital de Antofagasta y el interior del Loa y de Atacama, incluyendo la ruta internacional hacia Salta77. Sin embargo, la gran crisis salitrera que comenzaba a repercutir en todos los ámbitos de la economía chilena y las fuertes convulsiones políticas y sociales del período obstaculizaron y retardaron en gran medida el proceso.

3. EXPANSIÓN MINERA, CAMBIOS AGRARIOS Y TRANSFORMACIONES SOCIALES EN LA REGIÓN INTERIOR

a) El sector rural y las readaptaciones de la producción agrícola y ganadera

El proceso de expansión minera experimentado por el área del río Loa convirtió a esta zona en un espacio económico regional importante. Calama inició en la última década del siglo XIX un rápido proceso de crecimiento económico y demográfico: en 1895 contaba con 900 residentes y en 1907 alcanzaba sobre los 2.800 habitantes. Sin embargo, al menos en este primer período, la población parece haber sido fluctuante, dependiendo de los ciclos del mercado minero, la oferta laboral y la demanda de abastecimiento e insumos78. Todavía en 1903 la composición social de los habitantes de Calama era mayoritariamente indígena. Las ciénagas y terrenos pantanosos circundantes al pueblo -considerados propiedad fiscal y cuyos pastos y agua eran de mala calidad-, constituían un espacio periférico que albergaba a una población flotante que alimentaba allí sus escasos animales y proveía de mano de obra de bajo costo a los enclaves mineros79. El posterior crecimiento demográfico, urbano e industrial, estimuló la producción agrícola local y, con ello, incrementó la extensión de tierras privatizadas. Calama aumentó de manera considerable su producción de alfalfa, extendiendo sus campos de cultivo a las ciénagas del entorno y alcanzando, en 1914, una superficie de 800 hectáreas80. Las llamadas "fincas", dedicadas en forma casi exclusiva al cultivo del "pasto", se concentraron en manos de propietarios grandes, algunos de ellos provenientes de las antiguas familias de origen boliviano de la región y también inmigrantes yugoeslavos81.

San Pedro de Atacama, vinculado al mineral de Caracoles hasta fines del siglo XIX, redirigió ahora su actividad productiva y comercio a la demanda minera y urbana del Loa y a las salitreras de Antofagasta y Tarapacá82. Aunque por esa fecha se importaba algo de ganado vacuno desde Tarija en el ferrocarril83, el grueso de las remesas provenía de Argentina y, San Pedro, continuó siendo durante las primeras décadas del siglo XX, el principal sitio de redistribución del ganado trasandino. A consecuencias de ello experimentó un crecimiento económico de cierta consideración. La elite local, compuesta de familias de ancestro boliviano, argentino y chileno, combinaba las importaciones de bovinos y mulares con la producción de alfalfa, en grandes volúmenes84. Los capitales destinados a las importaciones, sin embargo, se habían diversificado. En 1928, las importaciones de ganado incluían a empresarios de origen local (por ejemplo, Abaroa Hnos. y Ceruti, a su vez propietarios de tierras e industrias en Calama85) y también a firmas que atendían la demanda de los campamentos salitreros. Ellas operaban desde Antofagasta y mantenían representantes en San Pedro de Atacama86. Según la Superintendencia de Aduanas, en 1903 se habían ingresado por ese resguardo 7.756 cabezas de ganado. En 1910 se registró una cifra cercana a las 25.000 cabezas, y en 1924, el movimiento de internación, aunque bastante menor, superaba las 15.500 cabezas de ganado (principalmente vacuno)87. En 1927, el intendente de Antofagasta, señalaba que los derechos de internación por San Pedro de Atacama producían al erario nacional una suma superior a $1.000.000 (un millón de pesos chilenos) anuales88.

Los propietarios agrícolas y las propias casas comerciales absorbían mano de obra temporera proveniente de los sectores menos pudientes de la población local, como también de indígenas foráneos e itinerantes que vendían su fuerza de trabajo a muy bajo precio. A su vez, las labores de peonaje, arreo de ganado y otras actividades vinculadas al tráfico y comercio trasandino constituían la fuente de trabajo de un sector importante de la población atacameña e, incluso, de arrieros y "remeseros" provenientes de Argentina89.

b) La población atacameña y el cambio en la pauta de integración económica regional

Desde los inicios de las transformaciones reseñadas, la población indígena de las comunidades del pie de la cordillera andina habría comenzado un proceso migratorio y un visible asalariamiento hacia la minería, estableciéndose temporal, estacional o definitivamente en los centros mineros y en los alrededores de Calama. El proceso de integración de la fuerza de trabajo atacameña a las economías capitalistas y particularmente al sistema laboral con que operaba la gran minería de la zona, requiere aún de una investigación profunda y sistemática90. Con todo, se evidencia desde fines del siglo XIX una participación indígena estratificada, desarrollando los sectores más empobrecidos las faenas menos remuneradas, en tanto aquellos provenientes de estratos más pudientes las labores más calificadas, por ejemplo, como empleados del ferrocarril91. Para 1925 se informa de una población significativa de "indios bolivianos" establecidos en Chuquicamata, quienes representaban una alternativa notablemente más barata que la contratación de mineros y obreros chilenos:

"En el mineral había una fuerte población de indios bolivianos, terribles competidores de los chilenos en sus trabajos de extracción, pues se contentan con poco salario y no demuestran grandes exigencias materiales, por lo que, a veces, son preferidos por los capitalistas norteamericanos"92.

Efectivamente, la inmigración estacional de poblaciones provenientes de las regiones bolivianas de Chichas y del altiplano de Lípez, constituía una fuente importante de mano de obra temporera para las labores agrícolas de los oasis del Loa, y que resultaba rentable para los propietarios de tierras por su bajo costo93. Sin embargo, es preciso aclarar que en el léxico de aquel entonces la categoría de "indio boliviano" se ocupaba no sólo para nombrar a los habitantes de aquella República sino también a la población indígena de la antigua provincia de Atacama94. Es curioso, por ejemplo, que durante este período de crecimiento demográfico regional San Pedro de Atacama no haya aumentado visiblemente su población. Ésta, estimada en 1.780 habitantes en 1894, se calculaba en 2.000 en 1914, y en 1925 habría, incluso, disminuido95. Es entonces plausible sostener la existencia de migraciones estacionales y también definitivas hacia los centros productivos mineros desde las primeras décadas del siglo.

Este período marca el inicio de un punto de inflexión decisivo para la historia atacameña ulterior. Señala el momento en que empieza a cambiar la pauta de integración económica regional atacameña hacia la modalidad característica del siglo XX. Con la noción de pauta de integración regional designamos el conjunto complejo de relaciones económicas externas, y sus correlatos internos, a través de las cuales la población indígena se vincula con la región. Durante el periodo boliviano esta pauta estuvo marcada por una activa articulación con la región, pero sustentada sobre experiencias y bases agrarias y dependiente, a la vez, de un contexto más amplio de relaciones neocoloniales96. En efecto, el arrieraje marcó la tónica de la participación
indígena en la economía regional, sea bajo la forma de relaciones de peonaje en actividades tales como el transporte y distribución del ganado proveniente de Argentina, sea mediante el trabajo por cuenta propia del tráfico independiente (cuando se disponía de mulares o pequeñas tropas de burros) para abastecer de algunos productos y combustibles vegetales a centros mineros como Caracoles y, posteriormente, a los enclaves del Loa. Sin embargo, ya hacia fines del siglo XIX la actividad arriera que circulaba por esas rutas se vio seriamente afectada por la construcción del ferrocarril. En el rubro agrícola, por su parte, la demanda de alfalfa o de productos alimenticios contribuía a la mercantilización de buena parte de la producción indígena local, la que sin embargo, difícilmente podía competir con la producción en mayor escala de los propietarios vinculados a las casas omerciales.
Así también, la venta de fuerza de trabajo en labores agrícolas, particularmente en aquellos estratos menos pudientes de la sociedad atacameña, satisfacía la demanda de mano de obra temporera de los grandes y medianos propietarios, especialmente para las labores de corte de la alfalfa97.

Las economías campesinas se monetarizaron crecientemente a través de una activa relación con los mercados de fuerza de trabajo, de productos agropecuarios y de otros bienes de consumo en la región interior. Sin embargo, esto no comprometía la continuidad de otras prácticas tradicionales, tanto en los procesos productivos y relaciones sociales de producción, como en las relaciones de intercambio no mercantil entre familias o grupos de localidades ecológicamente diferenciadas. En definitiva, se trataba de poblaciones rurales que seguían una pauta de integración económica regional, basada en relaciones de mercado, pero que también integraba relaciones económicas tradicionales. Todo esto se daba todavía desde bases agropecuarias andinas. En la medida que las producciones y capacidades andinas fueran perdiendo importancia en la economía y la división social del trabajo regionales, esa pauta de integración se desprendería progresivamente de tales bases agropecuarias.

Es justamente hacia finales del período de estudio que la nueva situación de la región interior de Antofagasta otorga un sello distinto a la participación e integración económica indígena. Éste viene dado por el incremento del trabajo asalariado minero y por el correlativo decaimiento de las funciones que, hasta entonces, este campesinado desempeñaba en la economía regional98. Los términos del proceso mantienen una estrecha relación: la expansión de la minería demanda, como una condición de posibilidad, tecnología e infraestructura de transporte y comunicaciones (ferrocarril, telégrafo, etc.) cualitativamente distintas a las disponibles en el área. A su vez, la envergadura y variedad de los abastecimientos que requiere la minería en gran escala hacen insolvente cualquier oferta del campesinado local. Pero esa minería requiere, a su vez, ingentes cantidades de fuerza de trabajo, más valiosa en la medida que presente mejores capacidades de adaptación a las faenas rudas en el desierto y la altura. Esa adaptación, aunque no necesariamente una experiencia de trabajo minero, la cumplían atacameños y quechuas de la región Lípez99. Unos y otros nutrirán el peonaje encargado de las faenas duras de la minería del cobre, el bórax y el azufre en la provincia de El Loa100. La pérdida de una base agraria de relaciones económicas con la región, fue progresivamente compensada con una intensificación de la dependencia indígena a un mercado de fuerza de trabajo minero.

En ambos contextos los atacameños conformaron un componente estructural de un sistema regional amplio. Pero, si en un momento se incorporaron al mercado en tanto que campesinos, en el segundo progresivamente lo harán en tanto que asalariados mineros. En el primero, aprovecharon extensivamente una experiencia campesina andina y de desierto. En el segundo, ganarán una experiencia laboral y de vida minera en gran medida fuera de los orígenes agrarios indígenas. Los oasis y quebradas atacameñas serán cada vez menos proveedoras de arrieros y productos agrarios, y cada vez más localidades que reproducen fuerza de trabajo para la minería regional. La del cobre de Chuquicamata en particular. Por cierto, la tesis presentada
sólo puede comprobarse en el largo plazo. Las posibilidades para el sector agropecuario no se cerraron de golpe. Ello ocurrió luego de varias décadas101. El acomodo de la agricultura de la zona a las posibilidades abiertas por el crecimiento minero facilitó su permanencia y ayudó a una transición más lenta. Calama y San Pedro de Atacama, entre otros, son ejemplos de ello102.

CONCLUSIONES

La anexión al dominio chileno del litoral y el desierto intermedio de la dilatada región de Antofagasta abarcó también un extenso territorio interior, correspondiente a la provincia boliviana de Atacama y, junto con ello, la incorporación de una población boliviana e indígena residente. El medio siglo posterior es testigo de un paulatino aumento en las actividades de la industria extractiva, al punto de constituirse, la zona de El Loa, en un distrito minero cuprífero y de sales, relevante en la región y el país. Ello acarreó transformaciones importantes en toda el área: irrupción de capitales e inversiones mineras en gran escala, infraestructura ferrocarrilera y de comunicaciones, desarrollo urbano y de servicios básicos, crecimiento considerable de la población y efectos de cambio e inclusión de los grupos sociales tradicionales de la zona. Hemos seguido la tesis de que el proceso de incorporación de ese territorio interior es análogo, aunque con algunos aspectos específicos, a lo ocurrido en el resto de la Zona Norte. Se basan en un mismo tipo de relación entre el Estado, la iniciativa privada y el capital extranjero. La integración de los grupos sociales concurrentes en la zona se ordena según el modelo económico y político regional, que queda definido por esas relaciones.

En 1888 se crea la Provincia e Intendencia de Antofagasta y se implementa su administración. Esos actos políticos y administrativos reforzaron la posesión chilena y con ello se facilitó el rol del Estado chileno como garante de condiciones para la expansión del capital. Por esos mismos años, el desarrollo del ferrocarril representó una condición indispensable para la inversión privada y el aumento de la minería, el comercio e industria del interior. Durante los primeros años del siglo XX se amplían e intensifican las actividades mineras y se produce, a la vez, una concentración notable en la minería del bórax y el cobre, por parte de capitales ingleses y norteamericanos. La población crece exponencialmente, en correspondencia con la ampliación de las actividades extractivas, los servicios y la industria pequeña y mediana. Se reproduce así el marco de política económica rentista y de prescindencia de inversiones que caracterizó la acción estatal en los territorios anexados. El sector económico tradicional más impactado por el desarrollo de inversiones fue el dedicado a la actividad arriera, con una presencia indígena importante. Sin posibilidad alguna de competir con el ferrocarril, esta actividad declina y se transforma bajo las nuevas condiciones.

El paulatino desarrollo industrial y urbano incrementó la presión sobre algunos recursos naturales. El sector privado obtuvo la concesión de derechos de usufructo de los yacimientos mineros y también de recursos e insumos como el agua y combustibles vegetales, a cambio de lo cual el Estado percibía ingresos importantes por vía de impuestos y patentes. La propia extracción y conducción de agua para la población urbana de Calama y Antofagasta fue satisfecha a través de concesiones al sector privado. Como consecuencia, capitales ingleses y norteamericanos monopolizaron los centros mineros regionales de mayor importancia, el sistema de transporte y el abastecimiento de recursos vitales. El Estado chileno amparaba esta situación y delegaba la inversión en servicios básicos a esas empresas y empresarios. Algunas comunidades indígenas fueron afectadas por la sustracción de recursos. Los pastizales de altura y aguas (recursos productivos), y la llareta (energético) se consideraron fiscales y, bajo esos términos, fueron concesionados a empresas y particulares que lo requirieron.

Hacia el final del período que analizamos, se hace evidente la precariedad de la acción estatal en la zona, frente al flujo de población desplazada de las salitreras en crisis hacia centros extractivos menos amagados por la recesión. La importancia económica de la zona de El Loa, el aumento demográfico asociado, las demandas sociales de los trabajadores y un ambiente político nacional más receptivo explican la creación del Departamento de El Loa, en 1924. Con ello se modifica en parte la lógica política y social estatal implementada en la región. Recordemos que la mayor parte de la población trabajaba asalariada e integrada a campamentos mineros de dos grandes empresas mineras, en donde obtenían habitación y servicios básicos. No obstante, carecían de otros importantes como juzgados, notarías, sistema público de salud o educación. Se percibía también la necesidad de inversiones públicas y acciones de fomento en el territorio más allá del ámbito propiamente obrero, cuestiones en las que previamente el Estado se había sustraído de acciones de envergadura. Las transformaciones impulsadas durante el gobierno de Alessandri condujeron a una reestructuración administrativa y un mayor compromiso nacional sobre el territorio. Aunque no se tradujo en mayores cambios inmediatos, sí representó un primer esfuerzo estatal traducido sobre todo en obras públicas de vialidad.

La expansión minera en el área del río Loa, anticipada brevemente por el fenómeno de Caracoles, expandió y absorbió la actividad agropecuaria de la zona. Se aprecia la ampliación de los cultivos de forrajes en Calama y San Pedro de Atacama consolida su rol de centro redistribuidor de ganado en pie a los centros mineros regionales. Ello atrajo nuevos agentes económicos particulares y empresas hacia las localidades andinas más importantes. Se interesaban en el control de recursos agropecuarios y en los beneficios de su producción y venta. Otro tanto se aprecia con algunas familias de antigua presencia en la zona. Pero también se advierten grados importantes de concentración de tierras (en Calama y San Pedro) y encadenamientos económicos con empresas de abastecimiento de bienes de consumo humano e industrial. Más ampliamente considerado, este proceso supuso un incremento de la presión industrial sobre recursos naturales, un reforzamiento de la articulación y dependencia de la agricultura regional con las economías de la minería y una sociedad rural que se diferencia y estratifica en un grado mayor que el conocido décadas antes. Un mayor desarrollo de este último punto se encuentra en Sanhueza y Gundermann (2007).

Nos hemos pronunciado, asimismo, porque las décadas estudiadas marcaron un punto de inflexión importante de la historia atacameña moderna: al mismo tiempo que se despliega el proceso resumido, también se ponen en evidencia síntomas de cambio en la pauta de integración económica regional atacameña hacia la modalidad característica del siglo XX. Si bien el asalariamiento y la movilidad laboral hacia la minería no son desconocidos para los indígenas atacameños del siglo XIX, en las primeras tres décadas del siglo siguiente y en relación con la expansión minera de la zona de El Loa, claramente se advierte un aumento de trabajadores en la industria extractiva de la zona. Es una tendencia que se pronunciará en décadas posteriores,
en paralelo a la depresión de la agricultura tradicional.

La pauta de integración económica regional basada en relaciones de mercado (con persistencia de algunas tradicionales) se conformaba desde bases agropecuarias andinas. A medida que las producciones y actividades andinas fueran perdiendo relevancia en la economía y la división social del trabajo regional, esa integración económica se desprenderá progresivamente de las bases agropecuarias. La pérdida de un soporte agrario de relaciones económicas con la región fue entonces paulatinamente reemplazada por una intensificación de la dependencia indígena al mercado de fuerza de trabajo minero. En ambos momentos, el que concluye y el que se anuncia, los atacameños formaron un componente estructural de un sistema regional amplio. Pero, si en un momento se incorporan al mercado en tanto que campesinos, en el segundo lo harán cada vez más como asalariados en la minería.

NOTAS

1 Resultado de investigación del proyecto Fondecyt Nº1060973, denominado "Comunidades translocales: grupos y redes sociales indígenas en un contexto de postcomunalidad". Parte de los materiales ocupados provienen de estudios previos sobre el área atacameña.

2 Blakemore, 1977: 28-31; Cariola y Sunkel, 1991; González, 1991.

3 Cariola y Sunkel, Op. cit.: 87-88; González, Op. cit.

4 El ciclo salitrero dio una forma moderna a la estructura de la región norte, al incidir decisivamente en su urbanización, sistema de comunicaciones, transporte y servicios portuarios, así como a su organización política y funcionamiento administrativo (Geisse, 1983).

5 Cariola y Sunkel, Op. cit: 91.

6 González, Op. cit.: 20-21.

7 Milos, 1983.

8 Hidalgo, 1978.

9 El nombre de "litoral" es indicativo de los intereses bolivianos sobre la zona. Desde un enfoque nacional el control de la zona aseguraba una salida autónoma al mar y de gran importancia para las relaciones del Estado boliviano con los países del Pacífico y el resto del mundo. Cabe agregar que lo de Lamar no se explica por "la mar", sino por honrar la memoria del general ecuatoriano Lamar, partícipe de las luchas de la independencia.

10 La provincia o subprefectura de Atacama, cuya capital continuó siendo San Pedro, mantuvo la estructura anterior, pero en la puna de Atacama estableció los anexos de Susques, Rosario y Antofagasta de la Sierra. En la región del río Loa incluyó los pueblos coloniales referidos, exceptuado el puerto de Cobija, ahora cabeza departamental (Dalence, [1848] 1975; Cajías, 1975).

11 Cajías, Op. cit.

12 Bertrand, 1885: 266; Risopatrón, 1910: 129.

13 Bresson, [1886] 1997: 108-111.

14 Bresson, Op. cit.; Risopatrón, Op. cit: 129.

15 Memorias, 1883, vol. 99: 9 – 10.

16 Memorias, 1886, vol. 98: 123-124.

17 Bresson, Op. cit.: 171-177; Vidal Gormaz, 1879.

18 M.I., v. 934 nº 546, año 1881.

19 La república boliviana mantuvo, con modificaciones, la institución colonial del tributo indígena, bajo la denominación de "contribución indigenal". Debido a ello es que la condición de "indígena" constituía no sólo una categoría sociocultural, sino también fiscal.

20 Cajías, Op. cit.; Vidal Gormaz, Op.cit.; Philippi, 1860

21 Sitio de aprovisionamiento y de redistribución de importaciones. Lugar fronterizo donde se establece una aduana.

22 Vidal Gormaz, Op. cit.; Bertrand, Op.cit.

23 M.G., v. 827 nº 1, año 1879,

24 Memorias, 1883, vol. 99: 7; Memorias 1884, vol. 92: 39-40.

25 M.G., v.827 nº 1, v.818, nº 80.

26 Boletín de la Guerra del Pacífico, 1979.

27 Como señaló Sotomayor al Ministro de Guerra, en septiembre de ese año, uno de los principales incentivos de estos "voluntarios" chilenos reclutados para las campañas hacia el interior de Bolivia, era su interés en el botín de guerra que lograran del enemigo (M.G., v. 827 nº 12).

28 M.G., v. 818 nº 10, nº 80.

29 Boletín, Op. cit.: 327.

30 Bertrand, Op. cit.; M.G. v. 817 nº 170

31 Bertrand, Op. cit.; San Román, 1902: 388 y ss.

32 M.G., v. 817, nº 63 y 421

33 Memorias, 1884, vol. 92: 52; M.G., v. 818, n° 285

34 Bertrand, Op. cit.; San Román, 1902: 395-396; Muñoz, 1894.

35 M.G., v. 818, 827, 869; M.I., v. 1168, 1264 A.

36 M.G., v. 869, nº 132.

37 Boletín, Op. cit.: 345.

38 MG., v. 818 nº 285, v.817, nº 421; Sanhueza y Gundermann, 2007.

39 Memorias, 1884, vol. 92: 40; M.G. v. 817 nº 63.

40 De acuerdo a dicho tratado quedaron sujetos al régimen político y administrativo chileno los territorios comprendidos desde el paralelo 23 hasta la desembocadura del río Loa en el Pacífico. Sin embargo, los límites orientales, establecidos en el cordón cordillerano, no se explicitaron claramente, lo que provocará posteriormente las sucesivas controversias limítrofes entre Chile, Bolivia y Argentina, particularmente en lo relativo a la Puna de Atacama (Espinoza, 1958).

41 Sanhueza y Gundermann, Op. cit.

42 Durante la ocupación, la Compañía Huanchaca, cuyo yacimiento había quedado fuera del control militar chileno, resolvió el bloqueo fronterizo exportando toda su producción metálica por la República Argentina (Bresson, Op. cit: 113).

43 Memorias, 1884, vol. 92.

44 Este proyecto, cuyas gestiones había iniciado la Compañía Huanchaca, abortó producto de la guerra (Bresson, Op. cit.).

45 Collier y Sater, Op. cit.: 77-78, 85.

46 Alliende, 1993; Thompson y Angerstein, 1997: 136 – 137.

47 Memorias 1883, vol. 99: 8-10; Memorias 1887, vol. 102.

48 San Román, 1896: 228.

49 M. OOPP., v. 8, años 1879 – 1895. Durante todo el proceso de construcción de las vías, la antigua carretera Calama - Ascotán aumentó su actividad con un considerable tráfico que, junto con proveer a las empresas mineras y borateras del alto río Loa y del altiplano de Lípez en Bolivia, movilizaba mano de obra y abastecía a los campamentos de la empresa ferroviaria. Los «carreteros» que transportaban mercaderías, insumos y forraje eran funcionarios de pequeñas empresas organizadas para esos efectos, y cuya procedencia parece haber sido mayoritariamente foránea, así como la de los «peones», «camineros» y otros empleados de la empresa de ferrocarriles que se ocupaban de la conservación de la ruta y los puestos del interior (Ceres, Santa Bárbara, Ascotán, entre otros).

50 Memorias 1884, vol. 92; M.G., v. 817, nº 175, 197; M.I., v. 1320

51 Risopatrón, Op. cit.: 157.

52 Vaïsse, 1894.

53 Risopatrón, Op. cit.: 147-155.

54 I., v. 35, nº 323, año 1925.

55 Según el Censo de 1895 tenía 904 habitantes, mientras que en el de 1907 ya se había triplicado (San Román, 1896; Risopatrón, Op. cit.). Hacia 1925 Calama parece haber contado con una significativa población flotante, puesto que en esa fecha, su población se estimaba, según distintas fuentes, fluctuante entre los 2.000 y los 4.000 habitantes (véase I., v. 35, nº 323).

56 Latchman, 1926; I., v. 51, nº 1776, año 1927.

57 Memorias, 1910, vol. 136: 1119.

58 I., v.45, nº 1963, año 1926; v. 51, n° 1776, año 1927.

59 Risopatrón, Op. cit.: 119 – 123; I., v. 31, año 1925.

60 Municipalidad de Calama, v. 3, año 1902.

61 San Román, 1902: 384. Es necesario aclarar que la Compañía Huanchaca a que se refiere el autor, no es sino la "Antofagasta & Bolivia Railway Company", compañía inglesa que había adquirido la red ferroviaria desde la costa al interior de Bolivia, perteneciente poco antes a la empresa Huanchaca. Es posible que el cambio de nombre de la empresa ferroviaria se haya producido con posterioridad. Ver: Thompson y Angerstein, Op. cit.: 136-139.

62 I., v. 31 s/n, año 1925. La compañía obtuvo también concesiones en los ríos Loa, Grande, Putana, Salado y Hojalar.

63 I., v. 28 s/n, año 1923

64 La carencia de políticas fiscales de inversión y fomento no escapaba a la conciencia de la población, como lo manifestaba el jurista Echeverría y Reyes en 1914, al referirse a la falta de voluntad política y de compromiso estatal con la región: "...en estos apartados lugares, tan abandonados de la acción del gobierno, a pesar de que producen una parte muy considerable de las rentas nacionales, sin que los políticos, que sólo se preocupan de Santiago o Valparaíso, se molesten en atender una sola de sus innumerables necesidades" (Echeverría y Reyes, 1914: 100-101).

65 Recordemos que una de las razones esgrimidas por las nuevas autoridades chilenas respecto a la baja rentabilidad y, en general, las limitaciones que dificultaban un desarrollo minero en el Loa radicaban, justamente, en la escasa infraestructura local y en el alto costo que implicaba el transporte hacia y desde el litoral.

66 Sanhueza y Gundermann, Op. cit.

67 I., v. 57, nº 1579, 1927,

68 Latcham, Op. cit.: 83.

69 Op. cit.: 134, 148.

70 I., v. 57, nº 1863.

71 I., v. 57, nº 565 y 1863.

72 I., v. 45, nº 1963

73 En 1925 se estimaba una población superior a los 18.000 habitantes para toda la región del interior, de la cual, más de 14.000 estaba vinculada laboralmente con estas compañías (I., v 35 nº 323).

74 I., v 35, nº 323; I., v. 45, nº 1963, año 1926,

75 Milos, Op. cit.

76 Con capital en la ciudad de Calama, el departamento se dividió en los distritos o subdelegaciones de Calama, Chuquicamata, Ascotán y San Pedro de Atacama.

77 I., v. 60 nº 2357; I. v. 51, nº 26.

78 Muñoz, Op. cit.: 75.

79 Boman, [1903] 1992: 715; San Román, 1902: 390.

80 Echeverría y Reyes, Op. cit.: 97.

81 Entre los principales propietarios se menciona a las familias Núñez, Ceruti, Abaroa, Hrepic, Tomicic y Yutronic (I. v. 51, nº 1776, 1927; Silvestre Varas [Socaire], Comunicación Personal).

82 Vaïsse, Op. cit.

83 Risopatrón, Op. cit.: 136.

84 Hacia 1914, San Pedro de Atacama explotaba "mil hectáreas de regadío que producen 200.000 quintales de alfalfa, 2.000 de trigo, y 1.000 de maíz, fuera de 200 cargas de frutas diversas". Toconao contaba con 100 has. cultivadas, y Soncor, Socaire y Peine con 15 has., donde se cosechaba cebollas, papas, trigo y maíz (Echeverría y Reyes, Op. cit.: 99).

85 Ambos eran propietarios de fincas de alfalfa en Calama, pero además, Abaroa poseía una usina generadora de luz eléctrica en esa ciudad (I., v.45 n° 1963; v. 51 n° 1776).

86 I., v. 60, n° 25, n° 27. Entre estas últimas figuraban: Patrón Costas Hnos. & Durand; Pascual Baburizza & Cia; Muñoz y Vallotton; Mariano Farandato; Mac Donald y Gómez.

87 Risopatrón, Op. cit.: 137; Memorias, 1910, vol. 136: 1113; I. v. 33 s/n, año 1925.

88 I., v. 57, n° 738: 5.

89 Sanhueza y Gundermann, Op. cit.

90 Una pesquisa más acuciosa de documentación relativa a la administración pública y privada (empresas e industrias mineras u otras) de la época, así como la búsqueda de documentos personales, testimonios de historia oral y testimonios biográficos familiares podrían, sin duda, dilucidar de una manera mejor documentada este muy importante aspecto de la historia andina regional.

91 Muñoz, Op. cit.: 75; AJA, legs. 764 y 800 nº 11, año 1898.

92 Latcham, Op. cit.: 116.

93 San Román, 1902: 393-394.

94 Véase San Román, 1896: 176; I. v. 20, nº 1182, año 1921. Incluso hasta los inicios de la década de 1920, los habitantes de los poblados indígenas del interior de la región eran inscritos en el Registro Civil como bolivianos (R.C. San Pedro de Atacama, Nacimientos, 1889-1942).

95 Vaïsse, Op. cit.; Echeverría y Reyes, Op. cit.: 96; I, v. 35 nº 323, año 1925. Respecto a la última cifra registrada, se señala en 1925 un total de 350 habitantes en esa localidad. Sin embargo, esta información, debe ser tomada con mucha cautela puesto que proviene de los datos manejados por aquellos congresistas que, como se verá más adelante, impugnaban la creación de un Departamento en la región, sosteniendo como argumento su baja población.

96 Nos limitamos aquí a señalar lo esencial en materia de relaciones económicas, dejando de lado también relaciones de poder, sociales y culturales.

97 Sanhueza y Gundermann, Op. cit.

98 Sanhueza y Gundermann, Op. cit. Consideramos región en sentido amplio, no sólo la que queda definida con criterios político administrativos y según las formas de operación del capital, sino que también aquella menos visible, más andina, menos registrada, más anónima de los espacios de intercambio y relaciones económicas indígenas tradicionales. Con fines de análisis privilegiamos aquí la primera acepción.

99 En esta modernidad de primera generación, por así llamarla contando con la perspectiva del tiempo, debe buscarse el origen de los quechuas actuales en Chile y no en permanencias prehispánicas (Fuente: información etnográfica originada en historias familiares).

100 Cabe también consignar la afluencia quechua de Cochabamba, esta sí, por lo general, con experiencia en la minería (Fuente: información etnográfica originada en historias familiares).

101 Lo anterior es válido no sólo para la economía campesina mercantilizada, sino que también para aquella más andina definida por el intercambio. Las relaciones semi o no monetarizadas con campesinos de la zona de Lípez (Bolivia) y la Puna de Atacama (Argentina) se mantuvieron hasta aproximadamente la década de 1950 (Aranda, 1964). El endurecimiento de fronteras, el cambio en los patrones de consumo, la desvaloración de la tradición, pero sobre todo la crisis de las economías campesinas atacameñas explica esta paulatina ruptura.

102 No obstante lo anterior, ya en 1925 las autoridades del Loa señalaban que las producciones frutícolas y hortícolas de Toconao, San Pedro de Atacama, Calama y Chiuchiu, estaban disminuyendo considerablemente por el agotamiento de los escasos terrenos que no se ocupaban en el cultivo intensivo de alfalfa (I. v. 35, nº 193). Probablemente, el golpe de gracia a la producción agrícola de los valles de la región se produjo con la entrada en
operaciones de la Carretera Panamericana, que abrió la posibilidad de abastecimientos rápidos desde el centro del país. Así lo consigna el caso, hacia 1960, del pequeño valle de Toconao, especializado en la producción de frutas y vino para los centros mineros de la región, cuya oferta campesina no pudo competir con alternativas de más bajo costo y mejor calidad.

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Artículo recibido el 13 de julio de 2008. Aceptado por el Comité Editorial el 12 de enero de 2009.

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