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Universum (Talca)

On-line version ISSN 0718-2376

Universum vol.24 no.2 Talca  2009

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762009000200002 

Revista Universum Nº24 Vol.2, II Sem. 2009, pp. 12-27

 

ARTICULOS

 

LOS PROCESOS DE INSTITUCIONALIZACIÓN COMO PROCESOS DE RECEPCIÓN. AGENDAS TRANSNACIONALES Y CONTEXTOS LOCALES EN EL CASO DE CHILE

 

Kathya Araujo1
Doctora en Estudios Americanos. Académica e Investigadora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Santiago, Chile.
Correo electrónico: karaujo@academia.cl


RESUMEN

Este artículo propone la pertinencia de abordar el estudio de los procesos de institucionalización estatal como procesos de recepción, entendiendo éstos como resultado de dos dimensiones: el contexto de oportunidades políticas y las operaciones de recepción mismas. Se discute en este contexto la importancia que tiene atender a los efectos normativos de estos procesos y a sus consecuencias en la reflexión sobre dominación, en el marco de las relaciones trasnacional -local. Los alcances de esta propuesta son presentados y discutidos, centrándose en el análisis de conceptos y visiones que, proviniendo de las agendas feministas transnacionales se movilizan en el ámbito internacional y encuentran su camino de ingreso en la institucionalidad estatal nacional, específicamente en el caso de Chile, en el campo de las políticas y programas sobre sexualidad en la década del noventa e inicios del dos mil.

Palabras claves: Institucionalización estatal - Relaciones trasnacional /local - Dominación - Feminismo - Sexualidades.


ABSTRACT

This paper discusses the pertinence of approaching the study of institutionalization processes at the state level as reception processes, that is, as a result of two interconnected dimensions: the political opportunities context and the reception operations. The text underlines the importance of the normative effects of institutionalization processes and its consequences on the discussions about domination within the context of transnational-local relationships. The implications of this analytical perspective are presented and developed through the analysis of Feminist transnational agenda's visions and concepts mobilized in the international sphere that find their way into the national state institutions. Specifically the analysis will be carried out in the case of state policies and programs on sexuality (1990 - 2002) in Chile.

Key words: Institutionalization process at the state level - Transnational/local relationships -Domination - Feminism - Sexualities.


 

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es abordar los procesos de institucionalización de nociones y principios que, proviniendo de movimientos sociales de espíritu transformador, tienen como correa de transmisión relevante y actual las agendas transnacionales. La institucionalización de concepciones y visiones resulta particularmente importante dada su repercusión en la definición y en los enfoques adoptados en la generación de políticas públicas y en las formas en que el Estado entiende su propia función. Estas concepciones tienen efectos preformativos, en cuanto funcionan como orientaciones últimas para la acción estatal, pero también porque contribuyen a la conformación de las figuras ideales sociales que desde el Estado se ofrecen a los individuos, participando así en la definición del modelo de sujeto social legítimo y deseable. Es, pues, a la presentación del amplio espectro de fenómenos por los cuales opera la recepción política nacional de concepciones transnacionales que nos centraremos con el fin de analizar la compleja relación entre propuestas trasnacionales de carácter global y contextos locales.

1. LA INSTITUCIONALIZACIÓN COMO PROCESO DE RECEPCIÓN

Para abordar el análisis del ingreso en la institucionalidad estatal de concepciones movilizadas por las agendas trasnacionales, proponemos que una noción útil es la de procesos de recepción. Para el problema aquí propuesto, el centro no es la manera en que un "texto" se produce, sino lo que ocurre en el encuentro entre un "texto" y elementos que provienen de otro ámbito textual. Así, a diferencia del concepto de framing (Tarrow, 1998/2006), que pone el acento en la producción del texto o discurso de los actores colectivos, los procesos de recepción lo sitúan en las maneras en que elementos de éstos hacen su camino, una vez incorporados en contextos diferentes a los de origen. Esto es, el concepto de framing designa la producción del mensaje por parte de actores colectivos: las maneras en que se generan los símbolos utilizados y la acción de construcción de un marco de significados, lo que explica al mismo tiempo la movilización de actores individuales y el impacto en la población. Los procesos de recepción se interesan por el destino y las consecuencias de la inclusión de estos elementos en marcos institucionales. En un sentido, se sitúan en un segundo momento de la lucha política, cuando se ha ganado ya la legitimidad que ha abierto el camino hacia las agendas institucionales.

Como lo iremos mostrando, el ingreso de ciertos elementos a un marco discursivo, implica al mismo tiempo, la modificación de ese marco discursivo y la transformación del elemento incorporado. El proceso no se reduce nunca al mero hecho que un discurso sustituya a otro, sino que en el camino de migración de ciertos elementos de un contexto a otro, necesariamente, el elemento migrante se transforma porque entra en nuevas constelaciones, que tienen como efecto su resignificación. Pero los elementos migrantes pueden, al mismo tiempo, empujar a transformaciones del marco discursivo preestablecido ya sea porque aprovechan las fisuras constitutivas de cada discurso, porque conservan las reverberaciones de las que se ha cargado en la lucha política o porque obligan a ciertos reacomodos de éste con el objeto de mantener un mínimo de consistencia.

En otros términos, el proceso de recepción política no se reduce nunca a una simple incorporación textual. Los procesos de recepción, tal como aquí se propone entenderlos, solo pueden resultar inteligibles en el marco de las luchas políticas y atravesados por relaciones de poder. Pero, a diferencia de lecturas influidas por el marxismo o de inspiración foucaultiana, se está lejos de considerar que en estas coyunturas la cooptación por parte del Estado sea el destino necesario de estos procesos. Tanto la noción de negociación, que pone entre paréntesis la relación entre poder e interpretación, como la asociación rígida entre cooptación e institucionalización tienen un efecto reductor para la construcción del enfoque analítico de los procesos mencionados, así como efectos importantes en los debates políticos entre los propios actores colectivos. Tomemos el caso del feminismo chileno.

La interpretación de los procesos de institucionalización promovidos por el feminismo ha estado sujeta a una larga y sostenida discusión (Barrig, 1997, 1998; Alvarez, 1997; Araujo, 2002), la que se ha desarrollado en torno a un diagnóstico diferencial del proceso. Ciertos sectores han evaluado críticamente la decisión de privilegiar una estrategia de institucionalización, lo que han hecho basados en el argumento que ello ha conducido a una incorporación tergiversada y neutralizante de propuestas emancipatorias de cara al feminismo, al mismo tiempo que a un uso instrumental del Estado de estos conceptos y orientaciones, a favor de intereses discordantes con los objetivos del movimiento social. Otros sectores, por el contrario, han abrazado la causa de la institucionalización de manera enfática y optimista poniendo como argumento la transformación efectiva de la situación de las mujeres que habría resultado de los mismos.

La asociación directa entre institucionalización y cooptación produce un juicio esencialmente negativo de este proceso, el que, a todas luces, no parece justificado. Existen suficientes evidencias que los procesos de institucionalización han dotado a las mujeres de herramientas jurídicas y discursivas para enfrentar situaciones de abuso, violencia o subordinación (ley de violencia intrafamiliar, campañas contra la discriminación, entre otras), colaborando de este modo a mejorar su calidad de vida y sus oportunidades (GIM, 2004). De igual modo, parece evidente, a estas alturas de las lecciones recibidas sobre los efectos negativos de la ilusión de la autorregulación del mercado, que pensar la transformación social sin tomar en cuenta al Estado no es un objetivo deseable ni realista.

Sin embargo, la afirmación enfática y positiva de los procesos de institucionalización que descuida por un lado las asimétricas relaciones de poder en juego y, por otro lado, los avatares que sufren sus nociones o visiones en su encarnación en la institucionalidad y sus consecuencias en términos normativos, tampoco parece aconsejable.

Desde una perspectiva que pone el acento en los procesos de recepción, el hecho que los conceptos, orientaciones o principios feministas que encuentran su vía de entrada a la institucionalidad estatal se hayan transformado (afirmación crítica frecuente en el debate feminista), no constituye en absoluto un problema en sí mismo. Transformación y permeabilidad, como argumentaremos, son condiciones de los procesos de recepción. El problema o el foco de la atención necesario es otro: consiste en definir la medida en la que los nuevos presupuestos normativos, resultado de la incorporación de elementos de la matriz feminista en el Estado, operan como vehículos de emancipación o como renovadas modalidades de dominación.

Para estudiar los procesos de recepción nos parece así indispensable distinguir tres grandes momentos. En un primer momento, es preciso partir, y en este punto en consonancia con los trabajos efectuados desde la perspectiva de la movilización de recursos (Obershall, 1973; McAdam, McCarthy y Zald, 1999), desde el entramado de posibilidades y límites en el cual éste opera -el contexto de oportunidades de la recepción. En un segundo momento, es interesante identificar el marco discursivo existente así como las dinámicas que entran en acción en el tratamiento de las nuevas nociones a medida que éstas son incorporadas en la institucionalidad -las operaciones de la recepción. Un punto que, como veremos, es indisociable de un conjunto de presupuestos normativos. Por último, en un tercer momento, y solamente una vez estos dos aspectos han sido estudiados, es posible evaluar concretamente el resultado de la recepción, un proceso en el que, como lo veremos a través de una ilustración concreta, es posible advertir importantes paradojas e incluso problemáticas inversiones valóricas -las consecuencias normativas de la recepción.

Con el objeto de presentar y desarrollar la pertinencia de esta perspectiva, nos apoyaremos en el análisis de los procesos de institucionalización de las agendas transnacionales de los movimientos de mujeres en el marco de la sociedad chilena actual2.

2. LA RECEPCIÓN Y EL CONTEXTO DE OPORTUNIDADES

Los análisis de los procesos de recepción no pueden darse aislados de la contextualización que entrega la comprensión de los procesos políticos mismos que son el fundamento de una tal incorporación. Estos procesos políticos, que sustentan e impulsan la introducción de los elementos, permiten dar cuenta de los avatares, los horizontes y los límites de una tal recepción. O dicho en otros términos, el análisis del proceso de recepción debe partir teniendo en cuenta el contexto de oportunidades políticas que lo han antecedido (y lo acompañan).

En el caso chileno que aquí estudiamos, el marco en que la interacción colaborativa entre movimiento feminista y Estado se hace posible es el retorno a la democracia a comienzos de la década del noventa luego de diecisiete años de régimen dictatorial, tal como ha sido puesto en evidencia por diferentes estudios (Ríos, Godoy y Guerrero, 2003; Araujo, 2000; Valdés, 2000). En la época posdictatorial, una de las tareas fundamentales que se proponen los gobiernos de la Concertación, es la modernización del Estado dentro del más amplio objetivo de democratización del país. La definición de esta tarea de democratización y modernización del Estado (Toloza y Lahera, 1998), supone diversos procesos, muchos de ellos habiendo sido efectivamente marcados por las agendas transnacionales.

En efecto, el período estuvo marcado por una fuerte receptividad a las agendas y a las concepciones provenientes de la esfera transnacional, esencialmente por dos razones. Por un lado, por la necesidad de legitimación internacional, luego de una larga época de aislamiento, especialmente en la última época de la dictadura. La legitimación es buscada ya sea como legitimidad simbólica capaz de aportar elementos al capital político o como legitimidad política que facilita el acceso a recursos materiales. Pero, por otro lado, esta apertura a las esferas internacionales, debe ser entendida como resultado de la búsqueda de orientaciones para las tareas de democratización del país y de reconfiguración del Estado que se había propuesto el gobierno. Este doble proceso ha facilitado, pues, el ingreso a la institucionalidad estatal de ciertos principios y conceptos caros a los movimientos sociales (Guzmán, 2002).

En el caso de Chile, los procesos de institucionalización de las políticas sobre sexualidad, como en otros países, se han producido en consonancia (y no de manera azarosa) con procesos que se producían en el ámbito internacional, sobre todo a nivel del sistema de las Naciones Unidas. La coincidencia estratégica y conceptual muestra bien hasta qué punto los procesos propios a la esfera internacional se desarrollan en una relación circular de retroalimentación con los procesos nacionales. Los marcos interpretativos y estratégicos que tienen su origen en el feminismo internacional se cristalizan en los discursos de los organismos internacionales los que, en su "camino de regreso" en dirección del ámbito nacional, influyen y reconfiguran las agendas y los modos de conceptualización de ciertos sectores del movimiento feminista chileno.

El feminismo, en su faz institucionalizante desarrolla así, como es sabido, una doble estrategia. Por arriba (upstream), los feminismos trasnacionales impactan a los organismos internacionales, los que a su vez influirán en los Estados nacionales. Por abajo (downstream), los feminismos y movimiento de mujeres nacionales o locales, en estrecho contacto y consonancia estratégica y conceptual con el feminismo transnacional institucionalizante, impactan en los Estados nacionales. Aunque este proceso se debe analizar según las especificidades de cada región y país, puede funcionar como una matriz general de la estrategia del movimiento.

Pero, este proceso de institucionalización que se inicia en la década de los noventa se da en un contexto que tiene otra faz. La esfera política en reconstitución en esos años, hereda resabios autoritarios y sus dinámicas son impactadas por un imaginario actuante asociado con el temor a la reversión de los procesos democráticos. La clase gobernante busca asegurar la gobernabilidad por medio de una acendrada "política de consenso"3. Es pues un contexto político particular y una coyuntura histórica específica, los que explican que la esfera política se haya caracterizado en este período por la preeminencia de criterios consensuales, el temor al conflicto, la restricción del debate y una representación desigual de los distintos sectores sociales, en el que priman los poderes fácticos los cuales influyen ostensiblemente en la orientación de las políticas públicas (Garretón, 2000; Jocelyn- Holt, 2000).

La política consensual con la oposición y con los poderes tradicionales tuvo como consecuencia una restricción del debate público. Ello se expresó en la renuencia al reconocimiento público de nuevos sectores, el movimiento feminista entre ellos, como actores políticos legítimos. El campo dialógico fue reducido. Por otro lado, esta orientación se evidenció en la evitación de ciertos temas, los llamados temas "valóricos", en cuanto ello podría generar una amenaza a los equilibrios políticos conseguidos. Aunque los gobiernos de esta época reconocen a los movimientos feminista y de mujeres como agentes sociales, los despotencian como actores políticos. La pervivencia del poder de influencia de posiciones conservadoras, lideradas por la Iglesia y la derecha política, asociadas al carácter altamente consensual en la política chilena a lo largo de los tres primeros gobiernos de la Concertación (1990-2006)4, resultó en barreras para la presencia de posiciones que rompieran los equilibrios políticos obtenidos. Esta coyuntura funcionó como un límite a la transformación de la discursividad política pública de los representantes estatales en ciertas temáticas, entre las cuales la de las sexualidades es emblemática (Araujo, 2005).

Un debate público sobre educación sexual que se da iniciada la segunda parte de la década de los noventa, permite ejemplificar lo anterior. La polémica se inicia por un artículo publicado en El Mercurio el 8 de setiembre de 1996. En él se revela que el gobierno está promoviendo una metodología para la educación en sexualidad5, que ya se encontraba en fase de evaluación en algunos establecimientos educacionales públicos de la capital. La metodología había sido desarrollada con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con influencia de consultores internacionales vinculados a otros organismos del sistema de Naciones Unidas, y se situaba dentro de las iniciativas propias de ONG activas desde la década anterior pero también en acuerdos internacionales en el campo de la educación (Araujo, Ibarra y Hurtado, 2005). El texto periodístico describía las actividades de estas Jornadas como una incitación a las relaciones sexuales precoces y una puesta en cuestión a la autoridad de los padres y a las posiciones de la Iglesia católica. A partir de este hecho se establece un debate en el que el polo de la interlocución se dio entre la Iglesia católica (y sus aliados los sectores de derecha) y el gobierno. Aunque otros participaron en el debate abierto en los medios, con la ausencia notoria del movimiento feminista en lo que fue considerada una abstención táctica en coordinación con actores políticos y gubernamentales, éstos no fueron contabilizados por el gobierno como interlocutores sino simplemente sumados o restados como fuerzas a favor. El gobierno, por otro lado, mantuvo una posición cauta y conciliadora, buscó cerrar el debate lo más pronto posible y decidió bajarle el perfil al programa hasta que la atención pública disminuyera (Araujo, 2000).

Este debate muestra de qué manera las características de la estructuración de la esfera política definen el campo de oportunidades y el grado de permeabilidad a la recepción de ciertos principios. En el caso del feminismo, si sus posibilidades de influencia y de incorporación en los discursos políticos públicos fueron muchas veces reducidas, sobre todo en el tema de la sexualidad, por el contrario su suerte fue mucho mayor en lo que concierne los discursos técnico-políticos. La característica principal de la discursividad estatal sobre sexualidad en la época pos-dictatorial es pues el divorcio entre el discurso técnico-político (de las políticas y programas fuertemente influidos por nociones defendidas por el feminismo transnacional) y el discurso gubernamental sostenido públicamente. Como resultado de lo anterior, se dio el reforzamiento del doble discurso (Shepard, 2000) en la esfera gubernamental, una dinámica que ha marcado durablemente el espacio público en relación con los debates sobre sexualidades6.

3. LAS OPERACIONES DE LA RECEPCIÓN

La transformación de los elementos es un efecto esperable y constante cuando se piensa en el encuentro de posiciones discursivas. En efecto, los discursos no solo se colocan en relaciones de antagonismo en la lucha por hacer hegemónicas sus ofertas de significación y representación (Laclau y Mouffe, 1987), sino que también establecen relaciones dialógicas (Bachtin, 1979: 352), lo que da cuenta de su permeabilidad y transformación en el encuentro con otros discursos. Las posiciones discursivas pueden tomar elementos unas de otras, absorberlos haciéndolos entrar en sus propios entramados significantes, modificando de esta manera el sentido del elemento incorporado al mismo tiempo que ellas son modificadas por la materialidad de los elementos absorbidos dadas las reverberaciones que estos portan consigo. De esta manera, los discursos en su encuentro con otros discursos se modifican, se rectifican, se apropian de elementos ajenos, cambian su retórica según las necesidades o el contexto.

En otros términos, la incorporación de elementos provenientes de la matriz discursiva feminista en la institucionalidad estatal no se da necesariamente ni de manera completa ni directa. Estos son modificados, resignificados o descompletados en el proceso de incorporación. Pero a su vez, la incorporación de nuevos elementos empuja a una transformación del marco institucional existente porque da paso a nuevas retóricas, a la transformación del arsenal significante o a reacomodos semánticos, entre otros. Pero este complejo proceso de recepción está fuertemente influido por el entramado de pugnas entre actores y de los equilibrios políticos que resultan. Algunos ejemplos nos ayudarán a aclarar este punto.

En buena medida, la constitución y transformación del marco estatal chileno respecto a temas vinculados con las sexualidades en la década del noventa tiene como contra-texto el de la época dictatorial. La diferenciación con el texto de la época dictatorial es un elemento central en las maneras en que los propios participantes dan cuenta del proceso de construcción de políticas y de sus motivaciones, y aunque no de manera tan explícita, está también presente en el texto oficial, documental del gobierno. El carácter ilegítimo, atribuido implícitamente al gobierno en la época dictatorial, autoriza y sostiene retóricamente la tarea básica y radical de modificación de las agendas y los modos de definición de los asuntos en ellas incluidos7. Un objetivo fue, en relación con lo primero, la recuperación de temas que hacían parte de la historia y tradición del Estado democrático chileno, como eran, para el caso estudiado, la planificación familiar (regulación de la fecundidad) y la educación sexual (Bonan, 2002: 267). En relación con lo segundo, un arduo trabajo de transformación del marco técnico político fue realizado, lo que supuso la modificación de muchas políticas y programas.

El paradigma de los derechos y el principio de la participación como valor central se convierten en pivotes de la intervención estatal. Se incorpora la noción de derechos sexuales y reproductivos, la que es defendida y promovida por el feminismo transnacional y las agendas de organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas, diseñándose programas que se sostienen en la participación activa de los actores y sus comunidades. El individuo es colocado en el centro de las nuevas propuestas, suplantando de esta manera a la familia como objeto exclusivo de las políticas, tal como había sido definido en la época dictatorial. En coincidencia con la propuesta emancipatoria feminista, éste está caracterizado como un sujeto reflexivo y autónomo, lo que incluye el ámbito moral.

En el marco heredado de la época dictatorial, la función de orientación moral de la población se mantiene adscrita a la Iglesia católica, afirmando de este modo su función histórica de tutela moral en América Latina (Nugent, 2004, 2002). Al mismo tiempo, y por esta actitud, se suponía la vigencia y legitimidad de los valores cristianos en la definición y transmisión moral de un conjunto de valores establecidos como instrumento de regulación de las conductas sexuales (ODEPLAN, 1979).

En la década de los noventa, por su parte, y en consonancia con la comprensión del sujeto que empieza a introducirse, se redefine la posición estatal respecto a los valores y orientaciones morales en torno a la sexualidad y el sexo. Se encuentra una insistencia permanente en que no existen definiciones preestablecidas respecto a los valores que deben gobernar las conductas y actitudes sexuales (MINEDUC, MINSAL, SERNAM, 2001; MINEDUC, 1996). La premisa básica es la de la existencia de una pluralidad de posiciones en la sociedad, lo que se asocia a una concepción que incluye el concepto de diversidad, y es respecto de esta diversidad que un trabajo de elección y articulación recae en cada cual. Basándose en esta premisa el Estado justifica su no intervención. El pluralismo social y cultural así como la libertad de conciencia y creencia son los pilares a partir de los cuales se justifica la imposibilidad de que el Estado se haga él mismo cargo de definir (o siquiera participar) en la definición de los valores sociales de orientación a las sexualidades. Esta definición debe ser resultado de una elaboración colectiva de los propios grupos y comunidades concernidos.

Ahora bien, una definición tal como la descrita, que subraya la necesaria abstención del Estado en estos temas, supone necesariamente la protección de un amplio espacio de debate público, y, una clara defensa al carácter laico del Estado -lo que a su vez exige la transformación del lugar históricamente privilegiado de la Iglesia católica en la regulación de las cuestiones morales sexuales en la población. Dicho en otros términos, esta perspectiva supondría una concepción consistente y profunda de la transformación y modernización de la esfera moral social. No obstante, ello resultaba obstaculizado, como ya lo hemos mencionado, por la relación de fuerzas y estrategias en la confrontación política de los gobiernos con la Iglesia católica y sus aliados políticos.

El principio de transformación de la esfera moral social y del papel del Estado en ésta, en consonancia con la idea de un sujeto autorreflexivo y autónomo capaz de producir sus propias articulaciones morales, se convierte en este contexto en un principio puramente abstencionista del Estado. La entera responsabilidad por la definición de los principios morales es traspasada al individuo y a los pequeños grupos, sin por otro lado, quebrar completamente con un modelo de heteronomía moral basado en la tutela eclesial. En breve, se propuso un modelo normativo de sujeto pero no se lo acompañó con una comprensión de las tareas estatales necesarias para ofrecer las condiciones para el despliegue de este modelo de sujeto (Araujo, 2005).

Un segundo ejemplo lo da el caso de la introducción de la perspectiva de género en los documentos de los programas y políticas en los sectores de Educación y Salud en el campo de la regulación de fecundidad y educación sexual. Es así, por ejemplo, que en el Programa Salud de la Mujer (1997), se afirma por un lado que "la mujer juega un rol estratégico en las promoción de la salud dentro de la familia", por lo que se propone fortalecer su "esencial función como agente de salud familiar, y de la comunidad en que se halla inserta" (MINSAL, 1997: 15). Pero, por otro, se recoge el planteamiento de la Organización Panamericana de la Salud, respecto a la "Integralidad de la atención a la mujer como sujeto de derecho y no como vehículo para el logro de la salud de otros" (MINSAL, 1997: 16). La noción de mujer como sujeto de derecho se contrapone así a la primera caracterización, en donde ella es solamente definida por medio de las funciones, que le son prescritas en razón de género (cuidado de la familia). Esta contradicción se asienta en el encuentro no resuelto entre el nuevo modelo de sujeto (y de la noción de individuo como centro de las políticas) y el antiguo modelo en el que la familia es núcleo de comprensión societal y en el que el trabajo reproductivo es responsabilidad central femenina.

4. INVERSIONES RECEPTIVAS: CONSECUENCIAS PARADÓJICAS DE LA RECEPCIÓN

El análisis de los procesos de recepción política pasa, de esta manera, por dos grandes momentos. Por un lado, a través de la toma en cuenta del contexto de oportunidades presentes en un campo político; por otro lado, por el estudio pormenorizado de las operaciones de traducción, por lo general antagónicas, por las cuales los presupuestos normativos de un marco institucional son afectados por la llegada de elementos provenientes de otra matriz, sobre todo cuando estos últimos han sido producidos, como es el caso con el feminismo, dentro de un horizonte de emancipación. Es pues a través de la articulación entre una perspectiva procedural y un análisis de los presupuestos normativos presentes en las concepciones de las agendas transnacionales como es posible dar cuenta de las especifidades institucionales de los procesos de recepción. Pero así entendido, el proceso de recepción no sólo da lugar a figuras contradictorias o paradójicas8, como lo hemos visto en los puntos precedentes, también puede dar lugar, como lo veremos en este apartado, a verdaderas figuras de inversión. El proceso de recepción de un proyecto emancipatorio se puede transformar, en ausencia de ciertas condiciones, en mecanismo de dominación.

En cada discurso o posición discursiva social (como también individual) es posible discernir presupuestos normativos o ideales, altamente legítimos, que funcionan como orientadores de las acciones y prácticas institucionales. Producciones normativas en forma de ideales son vehiculizadas permanentemente por diferentes tipos de discursos sociales, de los cuales es necesario reconocer el estatal como uno entre otros, pero de ningún modo el menos relevante de ellos. Estas producciones, de las cuales probablemente una de las más expresivas es la de los ideales sociales de sujetos, es decir, modelos de sujetos deseables y legítimos, que se ofertan como polos para la identificación de los individuos. Pero cuando los actores no poseen las condiciones objetivas para encarnar estos modelos, el resultado no es otro sino que es muchas veces la aparición de una amplia familia de experiencias inéditas de dominación. Más simple es a través de la recepción de elementos emancipatorios como se engendran nuevas formas de dominación. La razón se encuentra, sin lugar a dudas, en el carácter de radical ambigüedad del Ideal (Freud, 1921/1973) que puede al mismo tiempo ser instrumento para la cohesión social (elemento común de identificación que permite el reconocimiento enlazador de los miembros de una comunidad o grupo) o como una amenaza para la misma (cuando funciona como pivote de modalidades de producción grupal basadas en la exclusión de una parte de la comunidad). Pero la razón también se encuentra en que, en función de las condiciones materiales y sociales, un mismo Ideal puede constituir una herramienta para la emancipación como para la dominación. El carácter fundamentalmente abierto de los ideales, explica que los destinos de los mismos no pueden ser evaluados apriorísticamente: su función como instrumentos de dominación o emancipación no puede ser dado por sentado. De ello dependerá el complejo contexto de relaciones, de significaciones y de luchas sociales en los que se ubiquen.

Lo importante, por ende, no es saber si la institucionalización como tal es o no positiva (puesto que se trata de un momento inevitable en toda lucha social - Touraine, 1995), sino estudiar concretamente los procesos por los cuales se da la recepción y las alteraciones -e incluso inversiones- que los discursos iniciales son susceptibles de tener en el proceso de institucionalización. Retomemos para ilustrarlo un ejemplo ya analizado en el artículo para explicitar este aspecto.

La noción de sujeto que subyace a las políticas y programas de la década de los noventa analizados, está claramente asociada a aquella propuesta por el feminismo: sujeto autónomo y reflexivo, capaz y con el derecho de tomar la vida en las propias manos, es decir, a que se le reconozca la capacidad de decisión sobre sí mismo. Pero esta noción de sujeto en posición de ejercitar su autonomía moral puede contrastar fuertemente con la ausencia de condiciones para este ejercicio, las que pasan desde la existencia de un campo social en el que se ven expuestos de manera permanente a dobles discursos hasta dispositivos institucionales que por presencia o ausencia suponen la restricción de esta supuesta capacidad de articulación y actuación moral. Y esto tanto a nivel propiamente discursivo o político (dada la importancia y poder de la Iglesia católica y de sectores aliados) como a nivel de los soportes materiales del individuo (Castel, Haroche, 2003).

En contextos de este tipo, las nociones de sujeto y de la esfera moral sexual, no consiguen su camino de expresión en políticas y programas concretos. Para volver al caso de la Educación Sexual, aunque el Estado propone una nueva Política de Educación Sexual a comienzos de los noventa y produce el programa piloto de la Metodología de las JOCAS, en el que se expresan los principios normativos sobre sujeto y sobre las formas de comprender la esfera moral social (plural, basada en la autonomía, asociada a espacios de debate), esta normativa no logra incorporarse de manera obligatoria en la educación pública. Los espacios para la reflexión, los medios para la información, las oportunidades para el debate, requeridos para la producción y despliegue de las nociones normativas que vehiculizan las políticas o programas propuestos no están presentes y se difuminan entre el momento de la formulación de la política y su implementación. Los individuos están llamados así a tener que ser más de lo que es posible, a asumir como responsabilidad propia lo que les pasa si se atienen a la imagen normativa de sujeto, pues serían ellos los que han de hacerse responsables de las consecuencias de sus prácticas sexuales, aún cuando las condiciones mínimas para este ejercicio no estén disponibles. Dos figuras de la dominación, tal como las ha discutido Martuccelli, se vislumbran: la responsabilización (ser responsable no solo de lo que se hace sino de lo que a uno le pasa) y la implosión (resultado del encuentro entre el llamado a convertirse en un sujeto y las coerciones que hacen que éste sea imposible de satisfacer) (Martuccelli, 2007: 147 y 152).

Es indispensable subrayarlo: en este proceso de recepción, la inversión no se explica solamente por la inevitable distorsión de elementos discursivos emancipatorios cuando entran en una esfera institucional, o cuando se "traducen" principios de movimientos transnacionales a nivel nacional. Aquí la inversión, por paradójico que parezca, es el resultado de una "buena" recepción (el modelo del sujeto propuesto por el feminismo) que en ausencia de las condiciones de discusión y sobre todo de realización material se convierten en principios activos de sujeción personal. La incapacidad práctica en la cual se halla el individuo de sostenerse desde ese Ideal del sujeto hace que éste se convierta en un modelo de dominación.

* * *

Se ha dicho en ocasiones del feminismo que ha sido el movimiento social más rápidamente institucionalizado de la historia. La afirmación puede ser sin duda admitida a condición que se reconozca la complejidad de los procesos de recepción. Como nos hemos esforzado de indicarlo en este artículo, si la institucionalización es el horizonte de todo movimiento social en tanto que intenta incidir en la vida social, este proceso no es nunca lineal. Por el contrario, es inseparable de un conjunto de factores que lo hacen o no posible (contextos de oportunidades), de operaciones concretas de recepción (que pasan por un trabajo activo de redefinición y de transformación de significados) e incluso, a veces, de inversión significativa (cuando principios de emancipación dan lugar a experiencias inéditas de dominación). Los procesos de recepción invitan así a abrir la mirada analítica hacia la complejidad real de los avatares que atraviesa la institucionalización.

NOTAS

1 Dirección postal: Condell 506 Providencia, Santiago, Chile.

2 Este texto se basa en los resultados de la investigación "Discurso estatal y configuración de la sexualidad en la sociedad chilena actual. 1992 - 2002". Proyecto financiado por el Fondo de Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (Chile) Nº 1030193, desarrollado entre 2003 y 2005 de la que fui investigadora responsable, con la participación de las investigadoras Carolina Ibarra y Josefina Hurtado, y en la que colaboraron especialmente Ximena Carvallo, Marcela Orellana, María Elena Fuentes y Myriam Jara. La investigación se restringió a dos áreas: regulación de fecundidad y educación sexual. El corpus de esta investigación estuvo constituido por: 1) todas las políticas y programas estatales en torno a regulación de fecundidad y educación sexual desarrollados entre 1992 y el 2002, y 2) entrevistas a personas de los diferentes sectores del gobierno (Educación, Salud y de la Mujer), y de la sociedad civil involucradas en los procesos de institucionalización estatal en las temáticas estudiadas. Adicionalmente, se basó en el análisis de documentos seleccionados, oficiales y no oficiales, en materias de regulación de fecundidad y educación sexual producidos entre mediados de los años sesenta y la década del ochenta.

3  Aunque la gobernabilidad supone por definición la capacidad del Estado para establecer consensos y conducir la acción colectiva (Calderón y Orellana, 2003), lo que se trata de subrayar en este caso es la desmedida centralidad que esta orientación consensual adquiere.

4  Los tres gobiernos de la Concertación se desarrollaron entre: 1990 y 1994 bajo la presidencia de Patricio Aylwin; 1994 - 2000 de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y 2000 - 2006 de Ricardo Lagos.

5  JOCAS (Jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad).

6 En la actualidad aunque se ha dado una relativa ampliación del campo y el reconocimiento público de otros actores, lo cierto es que esta posición de la Iglesia católica en su relación con el Estado se ha mantenido, y esto a pesar de un movimiento estratégico de la Iglesia católica de fortalecer su agenda social.

7 Esta posición discursiva tiene como efecto una lectura de lo acontecido en la época dictatorial que tiende a simplificar la comprensión de los procesos o a invisibilizarlos. Ello asociado a la necesidad argumentativa de fundar la legitimidad propia en la idea de reconstrucción. A pesar de las evidentes continuidades, retóricamente aparece la idea de refundación como móvil y sostén de la acción en actores gubernamentales y no gubernamentales.

8 El punto, como se recuerda, ha sido ampliamente abordado en América Latina desde la teoría de la modernización. Es así como, por ejemplo, al tradicional "efecto de demostración" que los modelos de países avanzados tendrían sobre sociedades menos desarrolladas se le opuso los "efectos de fusión" o sea la amalgama y la desvirtuación de estos elementos positivos en matrices políticos autoritarias. Cf. Germani, 1962.

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Artículo recibido el 03 de marzo 2009. Aceptado por el Comité Editorial el 10 de agosto de 2009.

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