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Universum (Talca)

versión On-line ISSN 0718-2376

Universum vol.29 no.2 Talca dic. 2014

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762014000200009 

 

ARTICULOS

 

EL DEBER DE PROTEGER A LA FAMILIA. RECURSOS DISCURSIVOS Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN FEMENINAS ANTE LA JUSTICIA. EL NORTE CHICO, 1860-19201

The task of protecting the Family. Discursive Resources and strategies of female action before Justice

 

Emerson Hirmas Fernández*
* Estudiante del Programa de Doctorado en Historia, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. Correo electrónico: mhirmas@uc.cl


RESUMEN

Este artículo plantea que las mujeres que demandaron a sus esposos y parejas consensuales ante la justicia civil por pensiones alimenticias, elaboraron recursos discursivos y estrategias de acción fundadas en el deber de protección que la ley debía a la familia. Con ello obtuvieron fallos favorables, al colocar en el centro del conflicto judicial un colectivo superior a proteger como lo establecía y fomentaba el Código Civil, la familia, en contraposición con el incumplimiento de sus deberes de un integrante de la familia, el cónyuge o pareja. Como fuentes utilizamos setenta expedientes judiciales denominados indistintamente como "alimentos", "pensión alimenticia" o "mesada alimenticia". Algunos recursos discursivos usados fueron el amparo jurídico, la acción diligente de la justicia, la protección judicial a la familia del hostigamiento masculino, la conservación de los bienes familiares y el pago efectivo de las pensiones otorgadas. El accionar de las demandantes operó construyendo una disyuntiva esencial que el juez debía solucionar: brindar protección a través de la ley a la familia, al núcleo formado por madre e hijos; o fallar a favor de quien quedaba apartado del núcleo, el esposo o pareja, cuya conducta era condenada como la anomalía que desordenaba la familia.

Palabras clave: deberes de la ley, protección de la familia, recursos discursivos y estrategias de acción.


ABSTRACT

This article argues that women who sued their husbands and consensual couples to civil justice alimony, developed discursive and action strategies based on the duty of care owed to the family law. This favorable rulings obtained by placing at the center of legal dispute over a collective protection as established and fostered the Civil Code, the family, as opposed to the dereliction of duty of a family member, spouse or partner. As court records seventy sources used interchangeably referred to as "food", "alimony" or "food allowance". Some discursive resources used were legal under the diligent action of justice, judicial protection to the family of male harassment, preservation of family property and the actual payment of pensions paid. The actions of the applicants operated building an essential dilemma that the judge should solve: provide protection through the family law, the core consists of mother and children, or fail to whoever was the core section, the spouse or partner whose conduct was condemned as the anomaly that ruffled the family.

Keywords: law duty, Family protection, discursive resources and actions strategies.


 

INTRODUCCIÓN

El estudio histórico de la ley y su institucionalidad son utilizados por los historiadores para analizar los cambios y las continuidades que ocurren a la familia en el tiempo. Tanto en la colonia como en la república, el análisis de normas y códigos constatan la construcción legal de una desigualdad jurídica y social de las mujeres, madres, esposas e hijas. Esa discriminación operó caracterizando su género como naturalmente incapaz, necesitando la tutela del varón.

Sin embargo, las mujeres —especialmente las del bajo pueblo— recurrieron constantemente ante las autoridades estatales y la justicia eclesiástica o civil, según correspondiera el tipo de problema que deseaban soluciona2. Si sus comportamientos afectivos, sexuales y morales fueron condenados; si muchas de sus actividades económicas basadas en redes comunitarias de sociabilidad y solidaridad, fueron perseguidas ¿por qué recurrieron a la ley que las hostigaba para solucionar sus conflictos? ¿Qué buscaban obtener con el apoyo de la ley? ¿Qué tipo de relatos argumentativos y procedimientos de acción desplegaron? Este trabajo plantea esas preguntas, analizando algunos recursos discursivos y estrategias de acción femeninas desplegadas ante la justicia civil, en el contexto de la promulgación y vigencia del Código Civil chileno.

La historiografía contemporánea sobre la familia y los estudios de género, concuerdan en interpretar al Código Civil como un conjunto normativo sistematizado que estableció un dominio masculino sobre la familia, con altos grados de precisión y minuciosidad3. En los ámbitos jurídicos relativos a la familia, y especialmente en el parentesco legítimo y la transmisión de la propiedad, el varón tuvo asegurado legalmente la exclusividad en la toma de decisiones sobre el origen, desarrollo y conclusión del proyecto y la historia familiar. Algo similar ocurrió con las costumbres amorosas, en donde se esperaba que el hombre tomara la iniciativa, cortejara a la mujer, presionara para acordar el noviazgo, y contrajera matrimonio4.

Por el contrario, legalmente la mujer quedaba más o menos igualada a sus hijos en la dependencia de éstos con respecto al varón jefe de la familia. La mujer fue considerada una menor de edad que necesitaba ser representada, protegida, mantenida, corregida y vigilada por su padre o su marido5. Bajo esas circunstancias, desfavorecida por las leyes escritas y las costumbres sociales, cabe preguntarse qué pudieron obtener las mujeres casadas y solteras con hijos al recurrir ante tribunales y demandar a sus esposos o parejas consensuales. Más importante aún es interrogarse sobre su capacidad para elaborar relatos y desplegar acciones ante la justicia civil, que les permitieran ganar una causa. Tomar la decisión de demandar al marido o la pareja tiene relevancia histórica si consideramos el estatus dependiente asignado por las leyes escritas, y su comportamiento pasivo en las costumbres afectivas en torno a la formación de la pareja y la familia6.

Este estudio plantea que aquellas mujeres que se presentaron ante la justicia civil para solucionar algún conflicto con sus esposos o parejas, construyeron ciertos recursos discursivos y desplegaron estrategias de acción fundamentándolas en el deber de protección que la ley debía a la familia. Recordemos que el Código Civil "fomentó la familia legalmente constituida sobre la base del matrimonio e hijos legítimos"7. Por ende, y aunque el conflicto correspondiera a desavenencias de la pareja o los cónyuges, las mujeres que aparecen en los expedientes que sustentan este trabajo solicitaban la protección de la familia como un deber de la ley. Al salir del conflicto particular de la pareja o matrimonio, y situarse judicialmente ellas mismas junto con sus hijos como familia, lograron obtener más fallos favorables. De los setenta expedientes judiciales por alimentos que fundamentan este trabajo, 40 registran fallos favorables a mujeres casadas y solteras; 26 causas no concluyeron, fueron archivadas por retardadas o aparecen sin sentencias; 2 sentencias conciernen a otras instancias legales; y sólo 2 expedientes registran fallos negativos para las mujeres8.

Estos setenta juicios corresponden al total de este tipo de causas donde hallamos familias populares involucradas. Descartamos aquellos pleitos en donde indicios monetarios y sociales nos indicaron la presencia de familias de la oligarquía o cercanas a esa clase social9. Pese a su riqueza informativa estos legajos no han sido muy utilizados, si bien recientemente Sara Chambers tomó una muestra para el lapso 1788-1855, describió su contenido y propuso líneas de investigación en relación a los deberes y derechos paternos10. El contenido de los datos es rico y variado: composición de la familia, el ejercicio de los roles, costo de la vida, inversión de las pensiones en bienes de consumo básico, etc. Hasta aproximadamente 1880 estos juicios registran una estructura levemente heterogénea; después de esa fecha el contenido adquiere una estructura similar y más regular.

Respecto a la extensión de estos legajos, hay expedientes de unas cuantas fojas y otros bastante extensos. No obstante, más que interesarnos lo cuantitativo o dirimir entre testimonios verídicos o falsos, pesquisamos cómo los relatos lograban alcanzar la verosimilitud necesaria para ser considerados ajustados a derecho por los jueces. Nos referimos a la elaboración de narraciones que pudieran asimilarse a "la coherencia con la realidad social que le servía de contexto"11. Desde esa perspectiva, nos importa más analizar cómo las mujeres que estudiamos desarrollaron recursos discursivos y estrategias de acción que consideraron los mecanismos de funcionamiento del sistema judicial, las formas de comunicarse con los jueces y los estilos de narrar. En ese sentido, tanto los discursos como las acciones apuntaron a demandar de la ley un deber intrínseco: proteger a la familia (madre e hijos), fuese legítima o ilegítima. Por otra parte, el contenido de estos legajos los consideramos como géneros referenciales, es decir, "estructuras discursivas cuyo objeto es la realidad externa de los sujetos que emiten el discurso"12. Las múltiples versiones de los hechos que expusieron demandados, demandantes y testigos, son relatos biográficos sobre hechos y circunstancias históricas puntuales. En consecuencia, estos conflictos llevados ante tribunales civiles permiten constatar "algunos aspectos de la dinámica familiar"13.

Ahora bien, esa dinámica familiar se estudia entre 1860 y 1920 porque —junto con la vigencia del Código Civil en 1857— durante ese lapso de tiempo comenzó el desarrollo de la institucionalidad de la justicia, sancionándose otros códigos y normas, algunas de ellas directamente dirigidas a la familia14. Espacialmente se eligió el Norte Chico, específicamente las zonas urbanas donde se asentaron los tribunales de justicia civil. No obstante, y como se observa en estos expedientes, consideramos la existencia de una circulación o migración interna de población entre las villas mineras, los espacios agrícolas y las ciudades. En esta zona aparecen al mismo tiempo dos vertientes de un mismo proceso: la modernización económica y sociocultural. Aquí tratamos el segundo ramal, intentando observar cómo las familias en general, y las mujeres específicamente, se relacionaron con la justicia civil en plena etapa de desarrollo y consolidación.

Los resultados se desglosan en seis secciones: la presente introducción; la construcción de la conflictividad familiar en Latinoamérica; los deberes de amparo y premura de la justicia con la familia; la protección que debía brindar la ley a la familia ante el hostigamiento masculino; la protección judicial de los bienes familiares y el pago de pensiones alimenticias; y las conclusiones.

Respecto a la conflictividad familiar, ésta aparece como uno de los tópicos más recurrentes dentro de la historiografía sobre la familia a nivel nacional y latinoamericano15. La propagación del matrimonio católico, las prácticas alternativas al enlace conyugal y las conductas transgresoras a la moral familiar católica, han concentrado los esfuerzos de los investigadores. Las fuentes más utilizadas son expedientes judiciales eclesiásticos, especialmente los de divorcio. Además, estas investigaciones se concentran temporalmente entre la colonia y las últimas décadas decimonónicas, con el matrimonio como objeto de estudio fundamental. No obstante, la historiografía americana viene estudiando durante la última década la construcción del rol de la familia en las nacientes repúblicas continentales, a partir de su relación con la nueva institucionalidad jurídica y estatal16. Otros enfoques novedosos estudian las transformaciones de los códigos morales de comportamiento, y los cambios de los ritos domésticos17. También existen trabajos que profundizan el impacto cultural a través del estudio del parentesco, mestizaje y la migración en América durante la segunda mitad del siglo XIX18.

FAMILIA, JUSTICIA Y CONFLICTIVIDAD EN LATINOAMÉRICA

En el pasado la familia prevaleció sobre otras formas de organización porque contribuyó efectivamente a mantener el orden social, "a través de la moral cristiana y las leyes civiles"19. En el caso americano, la familia fundada sobre el matrimonio religioso fue considerada como el núcleo institucional y fundamental más estable bajo la dominación española. Sin embargo, en torno al connubio "los conflictos y las violencias familiares desafiaban la solidez de esa construcción social" 20. Como explica Moreno, en lo doméstico se observan diferentes tensiones que llegan hasta nosotros a través de expedientes judiciales, que revelan las discrepancias entre la norma y la realidad21. Esas tensiones domésticas son el reflejo de una familia cristiana basada en el matrimonio, y que no cristalizó universalmente en todas las sociedades hispanoamericanas. No podía ser de otra manera: la adopción perfecta del modelo occidental de familia habría hecho inútil la supervisión eclesiástica. Cabe preguntarse si, por el contrario, el modelo de familia implementado y desarrollado en las sociedades americanas contenía en sus estructuras y normas, factores culturales que facilitaron los conflictos e hicieron imprescindible la vigilancia de la Iglesia Católica.

Según Pilar Gonzalbo, las enseñanzas y normas canónicas y las leyes civiles no fueron decisivas en el propósito de organizar y controlar los comportamientos. Igualmente, las transformaciones políticas y las crisis económicas tampoco determinaron la estructura de las familias22. Pese a ser una sociedad organizada a través del patriarcado, la autora cuestiona su amplitud dadas las numerosas familias encabezadas y mantenidas por mujeres, fenómeno que se extendió a todo Latinoamérica23.

Con el advenimiento de las repúblicas americanas esa situación comenzó un lento proceso de cambio, donde la familia y su modelo de convivencia doméstico vería el reforzamiento de sus roles y la introducción de nuevas concepciones. Comienza a relacionarse la construcción del Estado Nacional con el papel de la mujer como formadora de ciudadanos: "guardiana del hogar"24. Ante el desorden social primero, y la Cuestión Social después, la familia se pensó como la institución indispensable para conseguir la estabilidad necesitada por el orden proyectado. A juicio de Yolanda Trueba, sobre la familia en Argentina convergieron discursos de índole médico, educativo, judicial, etc., que convirtieron todo lo relativo a ella "en cuestión de interés público"25 .

En algunos casos, ciertas innovaciones en materia jurídica civil sobre la familia que implicaban cambios bruscos y drásticos alejados de los preceptos eclesiales, no perduraron en el tiempo. Una demostración patente de cuán puntuales y singulares eran esos intentos en la realidad americana, fueron las tentativas de legalizar el divorcio y la disolución del vínculo conyugal en Colombia, que no perduraron más allá de unos pocos años. Inclusive, una ley promulgada en 1887 consideró como divorcio la simple separación de cuerpos y bienes, sin otorgar la disolución del vínculo. Además, el matrimonio celebrado bajo el rito eclesiástico "producía efectos civiles"26. La familia originada en el matrimonio fue construida y pensada para habilitar y hacer responsable al hombre como ciudadano, en tanto representante de su familia ante la sociedad.

La disputa entre la Iglesia y el Estado sobre la familia tuvo su correlato en torno al matrimonio. La Iglesia Católica presionó de distintas maneras para impedir la masificación del contrato civil. En el caso de la ciudad colombiana de Barranquilla durante el siglo XIX, las altas tasas del matrimonio civil llevaron a la curia local a desplegar mecanismos de coerción sobre las parejas que habían contraído. Dalín Miranda demuestra que muchas parejas casadas bajo el rito civil solicitaron dispensas para contraer el matrimonio eclesiástico, los que "se "santificaron", demostrando con ello cierto poder de la Iglesia Católica en las conciencias de quienes habían formalizado su matrimonio con un ritual diferente"27. Combatido con esas y otras estrategias el matrimonio civil no fue considerado verdaderamente legítimo, ni tuvo el espesor cultural para imponerse como opción marital.

En el caso de la familia en Chile, la reproducción de un modelo ideal de convivencia esencialmente privado fue vulnerable a la persistente conflictividad social, tanto en lo colectivo como en las relaciones interpersonales28. Ya por las precarias condiciones materiales de vida o por los códigos conductuales instintivos y emocionales propios de una sociedad tradicional, los conflictos familiares eran parte de la vida cotidiana y del quehacer de todos los parientes y de la comunidad donde residieron29. Las formas de solucionar los conflictos en la sociedad tradicional chilena abarcaron todos los rasgos de la violencia, desde la simbólica a la física30. Obviamente, en el caso de las familias que estudiamos las mujeres y los niños se encontraban en desventaja respecto al varón, y obtenían de la justicia un apoyo. Tal aplicación y uso de la violencia era tolerado y aceptado como forma de solucionar los conflictos, pero al transgredirse los límites "de lo que se consideraba justo, entonces la parte menoscabada recurría a la autoridad"31.

Cabe puntualizar que en las relaciones establecidas entre los sujetos y la justicia, como en toda sociedad, "coexisten varias culturas normativas, entendidas como códigos de conductas emanados desde los diversos grupos sociales, cuya validez radica en que se les atribuye la cualidad de justos o adecuados"32. En el marco de una sociedad que comienza a transitar hacia formas de comportamientos más modernos, la implementación de un aparato judicial moderno implicó la inauguración de una jerarquía jurídica y legal sobre esas culturas normativas. Verticalidad que no sólo buscó transformarse en la única instancia válida para la sanción de justicia, sino que de manera paulatina y sistemática, comenzó a desplazar y eliminar las prácticas y formas comunitarias de hacer justicia, basadas en la costumbre y los usos consuetudinarios33. En ese sentido, y respecto a la familia, la justicia civil implicó una manera efectiva de obtener la justicia que las normas comunitarias les negaban o no podían solucionar. Observemos entonces los motivos que tuvieron las mujeres que estudiamos para elevar una demanda y qué exigieron de los tribunales.

DEBERES DE LA JUSTICIA CON LA FAMILIA: AMPARO Y DILIGENCIA JUDICIAL

Sin importar el parentesco ni las características del conflicto, los familiares involucrados en estos expedientes judiciales asumieron que la ley bajo la figura del juez tenía deberes que cumplir con ellos. Referencias y caracterizaciones de esas obligaciones aparecen diseminadas en varias secciones de estos juicios. La mayoría corresponde a peticiones solicitadas por mujeres, y esas obligaciones de la ley civil comenzaban por un hecho básico: reconocer y aceptar el derecho de un familiar para litigar, inclusive cuando las características no eran ajustadas a la ley.

Por ejemplo, este tipo de situaciones sucedía cuando una mujer se embarazaba y el supuesto padre fallecía antes de nacer el menor. Sin poder demostrar la paternidad ante la ausencia del progenitor imputable, sin el testimonio de sus familiares o amistades, los abogados defensores restaban mérito a este tipo de demandas y se negaron a patrocinarlas. Una mujer oriunda de Copiapó y madre de un hijo póstumo —como se denominaban a estos menores por nacer y de padre fallecido—, presentó una demanda por alimentos hacia 1853. Según explicó, sostuvo una relación consensual pasajera y su pareja falleció a los pocos días en una posada de Púquios, dejando escasos bienes, los que pidió como alimentos. El primer abogado consignó que en el caso que se pudiera demostrar la paternidad, los pobres bienes restantes correspondían por derecho a los familiares del difunto. Tan claro era el caso para el jurista, que ofreció a la madre hablar con el administrador de la posada y "conseguir amigablemente en su obsequio alguna cosa para el hijo en que pretende apoyar sus derechos"34.

Dada la negativa del primer abogado, la madre solicitó un segundo defensor; éste también rechazó defenderla, argumentando respecto a la idoneidad legal del pleito que "este derecho no me pareció entonces, como no me parece ahora, muy explícito para litigar"35. Ante el rechazo de dos abogados, esta mujer apeló a los deberes que, según ella, la ley debía cumplir con esta naciente familia monoparental:

¿Quién no entiende cómo es entonces mi demanda, ni quién puede dudar que mi derecho es expedito contra ese administrador voluntario de lo que dejó el difunto padre de la criatura que llevo en el vientre? Me bastaría, señor juez, entonces que usted comprenda esa justicia, que conozca su deber como magistrado, para insistir en que se sirva nombrarme un patrocinante de entre los letrados recibidos, que defienda más antes los derechos de un huérfano desvalido por cierto, pues lo es antes de nacer, y que concluyo rogando36.

La idoneidad de la causa para litigar refleja lo que exigía una demandante implicada en este tipo de pleitos judiciales, respecto a las obligaciones de la ley para con aquellos familiares más desprotegidos. Ese discurso fue asumido por madres casadas y solteras en condiciones vulnerables, relato que afloró al menos en tres tipos adicionales de situaciones: la premura del sistema judicial en diferentes diligencias favorables a la madre; el deber de la justicia de proteger a la demandante del hostigamiento del marido o pareja; evitar la enajenación de los bienes familiares y vigilar el pago efectivo de la pensión, de la litis y expensas37.

Las demandantes también planteaban exigencias relativas a la sanción de una justicia diligente y expedita en estricta relación con las necesidades básicas de sus familias, para ahorrarse los gastos propios de un juicio extenso. Al iniciarse la causa, mujeres y madres que demandaron a sus parejas y esposos por pensiones alimenticias buscaban lograr un acuerdo rápido y expedito para no desembolsar mayores gastos. En el caso de las mujeres casadas, es posible que utilizaran la misma fórmula que implicó el rol del cura párroco en los conflictos conyugales: buscar un arreglo entre los involucrados antes de pedir al juez una decisión38. Lograr un avenimiento evitaba mayores diferencias y enemistades con la pareja o cónyuge, influyendo en la disposición de pagar la pensión, y también en evitar los gastos de un juicio extenso. El costo se abarataba considerablemente al pedir un comparendo y obtener un acuerdo, como lo consideró una demandante hacia 1875 al demandar por alimentos a su esposo:

Sin embargo antes de adoptar este procedimiento que seria costoso para [mi esposo] e incómodo para mi, pues, se haría necesario un juicio desfavorable para mi esposo, he preferido tomarme la libertad de solicitar de US que, por medio de un comparendo, interponga su mediación a fin de llegar a un resultado menos gravoso para el que tiene la obligación de facilitarnos los medios de subsistencia39.

También se le sugería al juez que considerara la pobreza familiar, y aprobara una solución rápida y ejecutiva de un juicio por alimentos mediante el comparendo judicial. Cuando los esposos dejaban de entregar lo indispensable para la sobrevivencia familiar, la justicia debía actuar rápidamente y fallar a favor de la familia. Era otra instancia aprovechada por las demandantes para exigir la protección de la ley sobre la familia, como se observa en el siguiente expediente de finales del siglo XIX:

mi marido [...] procede con mucha irregularidad a cumplir con sus deberes de dueño de casa hasta el punto de maltratarme y de negarme los recursos necesarios para mi subsistencia y la de mis menores hijos. La conducta de mi marido va siendo, pues, cada vez peor, y me obligaría a presentarme en juicio para cuyo objeto carezco de recursos. Siendo pues yo muy pobre, y creyendo que la respetable autoridad de usted puede arreglar toda desavenencia pendiente entre mi marido y yo, y acordar las medidas necesarias para que se regularice el estado actual de mi pobre casa, ocurro a usted en vía de instancia sumaria o de juicio verbal, rogándole se digne citar a [mi marido] a un comparendo bajo apercibimiento de cincuenta pesos de multa sino compareciere40.

Los casos citados anteriormente involucraron a mujeres casadas favorecidas por el decreto de un comparendo, aunque en el primer juicio, el expediente llega sólo hasta la petición de tal instancia, y en el segundo no se logró acuerdo. También solicitaron comparendo hijas ilegítimas que demandaban el reconocimiento y alimentos de sus padres, solicitando comparendo con apercibimiento de decretar pago de mesada en caso de inasistencia41. Las mujeres solteras con hijos fruto de relaciones consensuales también buscaban llegar a un arreglo. Pero el comparendo no siempre era decretado, y se sancionaba el traslado de los autos para que el demandado respondiera, alargándose el juicio42.

Obtener un acuerdo expedito en tribunales, era una figura que colocaba a la demandante en una posición favorable si no se llegaba a un avenimiento en el pago de la pensión o en el monto de su cuantía. Cuando no se llegaba a acuerdo en el comparendo, el juez podía decretar unilateralmente el monto y pago de una mesada43. En otras ocasiones de negativa al pago de alimentos o desacuerdo en la cifra, el juez consideraba la petición del comparendo como demanda formal iniciándose el respectivo expediente de cargos, concluyendo en el pago de pensión44.

PROTEGER A LA FAMILIA: EL HOSTIGAMIENTO MASCULINO

Las demandantes consideraban que las leyes a través de la figura del juez y las acciones que éste decretaba, debían proteger a la familia de diversas formas de hostigamiento y conflictos esgrimidos por esposos y parejas. Las querellantes también explicaban a los jueces las estrategias desplegadas por sus maridos para evitar la notificación y retardar el juicio. Por ejemplo, en 1865 otra demandante solicitaba un nuevo comparendo al juez, pues se ignoraba el paradero del esposo. La señora acusó a su cónyuge de ocultarse "para evadirse de la notificación, desde el momento que su objeto es andarme trayendo entretenida en estos odiosos pasos, perdiendo de trabajar y sin conseguir de él los alimentos necesarios para subvenir a mis necesidades y las de mis hijos"45.

En otros casos lo importante era obtener la sanción de aquellas diligencias que permitieran conservar para la familia los escasos bienes acumulados, evitando así que los demandados pudieran venderlos furtivamente. Buscando protección para ella y su hija, una litigante solicitó al juez en 1889, que prohibiera a su esposo enajenar "sus bienes para que no burle la prescripción de su deber conyugal de protegerme y alimentarme"46. En otra petición similar de principios del siglo XX, el esposo se negó realizar el inventario ordenado por el juez sobre los bienes conyugales. La cónyuge demandante pidió la ejecución de un nuevo inventario con apoyo policíal, lo que el juez decretó47.

También se exponía el ejercicio continuo de malos tratos por parte de la pareja o esposo, que originaban la separación. Tal concepto iba desde la entrega insuficiente o total de recursos económicos para la sobrevivencia familiar, hasta la violencia física y el peligro de la vida. Las demandantes denunciaron en numerosas oportunidades, mediante quejas verbales y escritas, el ejercicio de violencia reiterada, como quedó registrado en un expediente de 1911:

Sucede su señoría que desde que nos casamos harán a la fecha nueve años, nuestras relaciones maritales desgraciadamente no han sido muy felices, pues siempre mi marido ha tenido que chocar conmigo con motivo de ser un hombre demasiado celoso y mal intencionado, que ha querido ver en mi, no la mujer honrada y fiel sino la mujer mala e indigna. Como, por otra parte, ha tenido el cinismo de arrojarme en varias ocasiones a la calle, actualmente por ejemplo, y lo que es peor todavía me ha privado hasta la subsistencia diaria, para mi y mis hijos pequeños, habiéndome dado, aparte de esto, [y] en varias ocasiones, malos tratamientos graves y repetidos de obra y de palabra hasta poner en peligro mi vida48.

Se trata de mujeres que solicitaron divorcio, lo que implicaba diligencias y acciones judiciales que suspendían temporal o definitivamente la violencia física y psicológica sobre la demandante. Era una operación interventora y ejecutiva que la ley realizaba sobre la familia, sus recursos y el hogar, cuando una mujer solicitaba divorcio civil. A tal instancia, continuaban dos diligencias: la primera, una demanda separada de la anterior solicitando el decreto de entrega de mesada alimenticia mensual para la mujer y la familia, y el pago de los gastos del juicio. La segunda, la separación de la mujer del hogar sola o con sus hijos, y la fijación de una nueva residencia49.

El seguimiento e intervención que realizaba el juzgado con esas medidas implicaba, en primer lugar, cortar de raíz la violencia conyugal, determinando el divorcio temporal mientras durara el juicio. Decretaba la entrega de recursos suficientes para alimentos de la mujer y sus hijos, el pago de la causa, y arbitrando lo conveniente para la familia, su economía y sobrevivencia. Sin embargo no se cortaba el vínculo familiar; el deber del marido de sostener económicamente a su familia era refrendado por la autoridad civil que imponía montos y plazos de entrega.

Al separar a la mujer sola o con sus hijos del hogar, existía en esa figura el traspaso de la responsabilidad que el marido tenía sobre los actos de sus familiares, hacia la justicia, que a su vez elegía entre familiares directos, amistades y vecinos idóneos y de reputación demostrable o conocida, donde enviar a la mujer y a los menores. En un caso demostrativo, otra mujer casada solicitaba al juez fijar su residencia donde su comadre. Con esa petición intentaba alejarse de su marido para que no la importunara, y solicitaba la protección de la justicia dada su condición de mujer "enferma", es decir, embarazada:

Que en virtud a lo preceptuado por el artículo 168 del Código Civil, necesito que usted me autorice desde luego para fijar mi residencia en la morada de mi comadre [...], [...], donde actualmente me encuentro, y durante el tiempo que dure el juicio de divorcio; sin que yo sea molestada por mi marido de ningún modo y en ningún tiempo, atendida mi enfermedad de embarazo en que me encuentro, pues que ya ando en cinco meses más o menos50.

En otro caso similar ocurrido hacia 1911, la litigante también solicitaba protección mientras durase el juicio de divorcio. Pero la demandante, junto con cumplir los requisitos de tutela por parte de familiares y vecinos idóneos, solicitó protección adicional al juez; el amparo de la fuerza policial si su marido concurriera a su nuevo hogar sin autorización del tribunal:

Que en virtud a lo que prescribe el art° 928 del Código de Procedimiento Civil necesito que ud. me autorice, desde luego, para fijar mi residencia acompañada de mis cinco hijos menores de edad, la morada que he tomando en arriendo en [...] muy cerca de donde vive mi hermana [y su esposo], comerciante de aquel pueblo, mientras dure el divorcio; sin que sea molestada por mi marido de ningún modo y en ningún tiempo, so pena de solicitar de mi parte el auxilio de la fuerza pública si mi marido intentare irse a introducirse a ella, sin autorización expresa de ud.51

RESGUARDAR A LA FAMILIA: CONSERVAR LOS BIENES Y EL PAGO DE PENSIONES

El cuarto recurso para obtener la protección sobre la familia como deber de la ley, era conseguir el pago efectivo de la mesada alimenticia. También se aprovechaba para solicitar el pago de los costos del pleito judicial —en el caso de las mujeres casadas—, y todo lo relativo a la protección de los escasos bienes que pudo acumular una familia popular. Las demandantes exigían protección para los escasos enseres familiares, construyendo un relato que exaltaba la salida del hogar obligada e involuntaria de ella y sus hijos, ya por decisión propia o por expulsión. Los argumentos destacaban que los bienes familiares eran adquiridos en común por los cónyuges, teniendo también derecho la mujer a disfrutar de ellos. Así alegaba una mujer casada en Copiapó en 1894, arguyendo que su esposo la expulsó del hogar; apoyándose en ese argumento entabló formal demanda por:

divorcio y separación de bienes, pues, no me es posible hacer vida marital con [mi] recordado esposo por las razones que dejo apuntadas; y pido en consecuencia que su señoría declare que me haga entrega de la mitad de los bienes que hemos adquirido con nuestro comun trabajo durante el matrimonio52.

Al ser expulsadas del hogar, las mujeres no sólo dejaban de disponer del bienestar prodigado por el disfrute de la casa y los enseres básicos; además podían perderlos definitivamente. Esto era particularmente grave cuando después de años de sacrificios y ahorros, una determinada familia lograba acumular un pequeño capital e invertirlo en un modesto negocio. En estos casos las mujeres explicaban al juez que debía guarecer sus bienes:

Otro sí: tengo conocimiento que mi marido pretende vender todos los muebles y existencias del negocio que, desde años atrás y con mis ahorros, hemos establecido en [...], casa de pensión.
.....................En resguardo de mis derechos,
A.U.S. suplico: que sin perjuicio del traslado que se decrete, se ordene a un ministro de fe tomar inventario de esas existencias, y que se prohíba a mi marido la venta de ellas durante la secuela del juicio haciéndose mientras tanto como se pide53.

En este tipo de casos la salida del hogar era generalmente repentina, brusca, sin la posibilidad de llevar algo, por la continua violencia y malos tratos contra la esposa o conviviente, o dado el peligro de la vida de los hijos. También estaba la dificultad para conseguir y pagar el transporte de los enseres. Es interesante señalar que en varios de estos procesos eran las mujeres quienes dejaban sus residencias junto con sus hijos, y no pedían que los demandados abandonaran el domicilio. Entonces las mujeres elaboraban un relato completo y coherente que reflejaba todas esas situaciones, para obtener la protección de los tribunales sobre los escasos bienes familiares, o que, mediante el apoyo judicial, pudiesen llevarse algo. Con ello daban a entender al juez que, en primer lugar, el divorcio no era un mero capricho o un malentendido pasajero. Por el contrario, ellas habían tolerado durante un tiempo prudente el nulo cumplimiento del rol marital de sus esposos como proveedores. En segundo lugar, existía peligro para la vida de la demandante y de los hijos, lo que la ley debía cautelar. Posteriormente, las demandantes demostraban que estos bienes eran esencialmente para el uso cotidiano de la familia:

Como mi esposo no me da un solo centavo para esas necesidades es llegado el caso de que U.S. previa audiencia de mi esposo se sirva fijar los valores que dejo expresado. [...] Como mi vida y la de mis hijos peligra cada día mas con el motivo de esta de embriaguez habitual de mi esposo y de los maltratos que estoy recibiendo día a día, pero que no hay testigos que lo vean, es llegado el caso de que se me autorice para vivir en otra casa según lo permite el articulo 131 del Código Civil citado, llevando además mis hijos, mi ropa y la de ellos y nuestras camas".
.....................
Sírvase ud. concederme esa autorización en la forma que dejo expresado. Enero 3 de 190854.

El traslado de la familia desde el hogar común a otro, no solo implica el fin de la violencia contra la mujer y el maltrato psicológico contra la familia en general; el marido también perdía su calidad de jefe de familia respecto al orden doméstico y la vigilancia que por ley y costumbre ejercía sobre los miembros de su familia diariamente. Lo mismo ocurría respecto a los bienes que el hombre administraba en tal calidad. Para la mujer casada salir del hogar constituía un espacio de libertad, el fin de la tutela marital cotidiana sobre ella55.

El pago del juicio, denominado jurídicamente litis y expensas, era otra instancia judicial aprovechada por las mujeres para solicitar el deber de protección a la familia. La ley debía ejercer presión contra los demandados, especialmente cuando éstos se negaban a pagar pensión alimenticia o alargaban ese tipo de juicios. Las demandantes tenían la certeza que "la ley ordena que se me den alimentos y litis expensas"56. Pero los gastos implicados en el pago del juicio también amenazaban reducir o dividir el patrimonio, afectando a las familias que lograban acumular algunos bienes o montar pequeños negocios.

El pago de los costos del juicio de divorcio y la asignación del monto para pensión alimenticia, eran instancias legales donde las mujeres casadas solicitaban todas las diligencias necesarias para obtener rápidamente la asignación de la mensualidad. En 1894 una litigante pidió al juez que al momento de ser notificado su esposo fuera informado de la suma que debía darle como litis expensas. Agregó a esta petición el decreto de arraigo sobre su cónyuge y "la prohibición de enajenar los bienes que administra, hasta que se ponga a derecho conmigo y su comparecencia al juicio"57. Incluso la demandante reclamó para ella —ante la moratoria de su marido a pagar la litis expensas concedida por quince pesos— la posesión de los bienes que administraba su marido si éste no comparecía ante el tribunal y pagaba todos los gastos58 . Aunque la cifra para el pago del juicio correspondía por una sola vez, a veces su cuantía era elevada, incluso más que la suma de la pensión59 . Pero lo más importante para las mujeres casadas era la concesión de "lo que no puede negarse, los alimentos"60.

Esos alimentos dependían exclusivamente del pago de la mesada alimenticia, y obtenerlos revestía en ocasiones el carácter de verdadera proeza. Maridos, convivientes y parejas consensuales, no sólo se desentendieron de los llamados a hacerse cargo de sus deberes como jefes de hogar; muchas veces sus actividades laborales los llevaban de un lugar a otro, entorpeciendo el rápido desarrollo del pleito y su conclusión. Son actitudes poco claras y difusas, mezclándose muchas veces la indiferencia, la beligerancia, errores involuntarios u omisiones fortuitas. En otras ocasiones los condenados a pagar una pensión alimenticia se defendían alegando insolvencia en el corto o mediano plazo por problemas económicos, desempleo o el encarecimiento de la vida61. Ante esta situación, algunas mujeres solicitaban como alimentos el usufructo de la propiedad familiar, basándose en la protección que la ley debía a los hijos menores de edad:

El juzgado tiene mandado que dé el contendor diez pesos al mes para alimentos, nada a dado en mas de dos meses que van corridos. Si esto sucede en la secuela de este juicio, que será en lo de adelante. Hago formal indicación para que se me den veinte pesos mensuales para los referidos alimentos, y afianzados éstos por una persona solidaria y de responsabilidad. Mas si esto no se consignare, que me entregue la posesión que más adelante tengo hecha relación, y se mande extender una escritura para que pueda usufructuar la propiedad hasta que mis menores hijas salgan de la acción pupilar. La cuota alimenticia la renunciaré en caso de tomar la posesión; más si esto no le conviene a la contraria sin embargo de que le resulta utilidad, entonces déseme la pensión de la cual dejo hecho merito, y dejaré la habitación en el acto y pasaré a vivir con mi familia a otra parte como bien Dios me ayude62.

En el caso de los matrimonios es probable que esta situación obedeciera al estatus ambiguo y no definido de la pensión alimenticia, ya que, después de los alegatos y pese a fijarse una cifra, se reservaba "a las partes el derecho de pedir el aumento o disminución de la cantidad fijada, en la forma que vieren conveniente"63. Quedaba abierto entonces un espacio de negociación o disputa sobre el monto de la mesada, que daba origen a nuevas controversias. Además bajo el concepto de pensión alimenticia, mesada alimenticia, o simplemente alimentos, se incluyeron otras necesidades y bienes64. En algunas situaciones se solicitó como pago de alimentos vivir en el hogar, como en el caso de las esposas expulsadas de casa. Las mujeres aprovechaban las prerrogativas de la ley escrita para solicitar el apoyo judicial, especialmente cuando el marido disfrutaba de una posición económica regular:

Que según se acredita con el certificado de matrimonio que acompaño, soy casada legalmente [...]. Y sucede su señoría que hace ya varios meses a esta fecha, que estoy viviendo separada de mi marido a consecuencia de haber sido arrojada por éste a la calle sin consideración alguna, so pretexto de encontrarme con mis facultades perturbadas (lo que no es cierto); y sin darme en ningún tiempo un medio centavo para mis alimentos, ni el pago de la casa, que son lo indispensable para la vida. Teniendo que andar por este motivo, la mayor parte del tiempo, mendigando un pan de algunas personas caritativas que quieran hacerme esta limosna, antes de tener que verme arrastrada en una deshonra cualquiera que ha sido la intención perversa de mi marido, a juzgar por sus procedimientos pocos dignos de un marido para con su mujer legítima, dada la forma con que ha procedido.

No es posible señor Juez soportar por más tiempo éste estado de cosas, con un marido como el mío que gana un buen sueldo en [...] , y vive holgadamente y sin carecer de nada; y es por eso que quiero recogerme al lado de mi marido y me reciba en su casa".

Haciendo pues uso del derecho que me concede el Art° 133 inciso n°3° del Código Civil. A.U.S. Suplico se sirva ordenar que mi marido me reciba en su casa; o subsidiariamente me de los alimentos y pago de casa que estimo prudencialmente en cuarenta pesos mensuales (Art° 134 del citado código)65.

La morosidad en los pagos de la pensión obligaba a la favorecida a retornar a tribunales para conseguir nuevamente el apoyo judicial y obtener la cancelación de los montos adeudados, dando origen a nuevos gastos66. En otros expedientes se decretó el pago de pensión alimenticia sin los requisitos legales previos —el juicio de divorcio y la fijación de residencia para la mujer en este caso—, situación en la que fundaban los demandados la resolución de no pagar la cifra67. Otros demandados argumentaron enfermedad e incapacidad para trabajar. Ante esas excusas, mujeres casadas o en relaciones consensuales no tenían más opción que esperar, como expuso con cierta ironía una demandante: "como creo que esta enfermedad no durará toda la vida, me basta que el juzgado designe la pensión para que me la pague cuando llegue su época"68.

Con el correr del tiempo y el desarrollo del sistema judicial, el pago de las pensiones alimenticias comenzó a obedecer a ciertas normas generales, dentro del esquema institucional jurídico. En un caso llevado ante tribunales en 1899, al momento de notificarse al demandado éste debía remitir inmediatamente "el valor de la mesada impuesta a favor de su esposa [...], bajo apercibimiento de despacharse mandamiento de embargo en su contra y demás que haya lugar en derecho", lo que finalmente ocurrió69.

Es probable que algunas diligencias solicitadas por las demandantes para obtener el pago, con el tiempo se transformaran en procedimientos acostumbrados en estas causas. Cuando un cónyuge dejaba de enviar recursos al hogar desde su lugar de trabajo, su esposa, después de comunicarle por carta o mensaje oral los apuros económicos de la familia sin obtener resultados, optaba por demandarlo. Si el marido tampoco concurría a contestar la demanda ante tribunales, la esposa solicitaba al juez retener el sueldo hasta pagar los alimentos. Para ello la demanda se fundaba en dos premisas: el vínculo legítimo del matrimonio que daba origen a derechos y deberes recíprocos; y que la ley obligaba y debía vigilar que el marido satisficiera a la familia con lo necesario para su sobrevivencia. Esos argumentos se detectan en una demanda entablada por una mujer casada hacia 1898:

Que mi esposo, no ha contestado legalmente, los traslados pendientes uno recaído en la demanda y el otro sobre fijación de litis expensas, limitándose a hacer una exposición que el juzgado ha mandado se agregue a los antecedentes.

Por esta razón, acuso rebeldía de ambos traslados, solicitando del juzgado, acceda a mis peticiones anteriores previniendo, a US, que mi marido se proporciona como es público y notorio, se proporciona, un sueldo mensual de más de cien pesos, y en muchos meses ciento cincuenta pesos, como sucedió en el mes de Octubre próximo pasado, según declaraciones de los jefes de esas minas.

Así es su señoría, que yo no puedo y es completamente imposible, que pueda mantener cuatro hijos y atender a todas sus necesidades, con veinte pesos al mes. Ítem más que es de derecho que mi marido como marido legitimo mío , me atienda con lo necesario a los gastos de la familia, de la cual es su jefe, sin que haya motivo ninguno justificado que lo eludan de sus obligaciones como padre de familia, no dando todavía nada desde septiembre70.

Posteriormente, la misma demandante quiso reducir el margen de error y desidia en el pago de la mesada, solicitando la retención de la cantidad asignada sobre el sueldo de su esposo en las minas donde trabajaba. Además pidió la notificación de tal resolución al tesorero de la sociedad donde trabajó el demandado71.

CONCLUSIONES

En estos expedientes por pensiones alimenticias se observa cómo las mujeres que estudiamos obtuvieron fallos favorables. Para ello estructuraron relatos asociados al deber judicial de proteger a la familia. Apelaron al concepto de familia en su perspectiva más general y amplia, vinculándola especialmente con los hijos y también con otras instancias particulares de convivencia cotidiana, como el hogar o la casa. Surge un concepto de familia formado esencialmente por madre e hijos, que viven en una residencia común, y cuya sobrevivencia depende del jefe de hogar, ya fuese marido o pareja consensual. Estas mujeres lograron que el juez considerara indispensable proteger a la familia como instancia superior y colectiva de vida en común, dejando fuera del núcleo al cónyuge o pareja, cuya conducta anómala era condenada como la que producía el desbarajuste del orden familiar. Desde una perspectiva jurídica, cuando el orden familiar se quebraba y no podía ser reparado por los propios interesados, la justicia civil intervenía estableciendo un nuevo orden, acorde con las representaciones sociales y legales sobre los roles familiares.

En relación al rol de la familia en el proceso de construcción social de la nación, cuando se acababa el orden y aparecían las manifestaciones del desorden en la familia, la nueva cara de la institucionalidad jurídica chilena invitaba a dirimir los conflictos en los salones de tribunales. Ciertamente se condenaba el desorden; pero el retorno al orden entregaba una enseñanza: dirimir los conflictos por medios cercanos a la razón. Al respecto, Goicovic propone que el mundo tradicional en Chile era "una sociedad impulsiva, irascible, pasional; una sociedad que se dejaba llevar por los instintos y las emociones"72. En ese sentido, el ejercicio de la justicia civil era el marco apropiado para enseñarles a los miembros de las familias populares cómo resolver sus diferencias y conflictos sin poner en peligro la vida de sus parientes. Además, es posible considerar la construcción de un orden jurídico-pedagógico en torno a la familia, fundamental para la construcción social de la nación. Hablamos de un orden jurídico-pedagógico pues sobre la familia confluyen, desde esta época, una serie de normas e instituciones legales que establecen mecanismos de acción y lazos comunicativos a partir de los conflictos generados por las relaciones familiares.

Este orden es jurídico, en tanto se concretaron cuerpos normativos especializados que se involucraron con la forma de la estructura, los roles, las relaciones y el proyecto familiar. Fueron acompañados de la implementación -ciertamente lenta y paulatina-de una institucionalidad idónea, con cuerpos profesionales más o menos especializados. Ambas zonas posibilitaron la introducción de la familia en campos de intervención institucional- estatal, que en el largo plazo irán ampliándose a otros ámbitos. Decimos que ese orden es pedagógico, pues aprovechó la conflictividad familiar, de pareja y parientes relacionados, para encauzar los comportamientos desordenados al orden que establece la ley. Además sirvió para involucrar a la comunidad en los debates sobre los roles familiares, en que cada demandante, demandado, familiar, amistad, vecino o testigo involucrado, tiene un papel delimitado y definido legalmente. Ese orden opera preventivamente sobre las dudas de los involucrados, revistiendo a los tribunales como lugar exclusivo para solucionar los conflictos.

Esta descripción involucró a la comunidad mediante un proceso de instrucción o enseñanza general: se inculca el nuevo status que adquieren los conflictos y que deben considerar los familiares para resolverlos. Soluciones que ya no se construyen en el espacio abierto del vecindario o barrio, sino en un lugar cerrado, lejos de la intervención de una infrajusticia comunitaria forjada durante los siglos coloniales. La piedra angular de este orden, el Código Civil, da forma a una definición de la familia que permea todas las relaciones familiares, sobre el cual se construyeron otros ámbitos de intervención institucional-estatal; y que debieron tener en cuenta aquellas instancias e instituciones públicas o privadas que deseaban innovar sobre algún aspecto de las familias.

NOTAS

1 El presente artículo se elaboró a partir de los resultados de mi tesis doctoral titulada "La formación de la familia chilena: Un problema social. Norte Chico, 1860-1920", dirigida por el historiador Julio Pinto V. El autor agradece los comentarios del colega David Coronado y de los/las evaluadores/as.

2  Salazar, Gabriel. Labradores, peones y proletarios. Santiago de Chile: LOM ediciones, 2000. El autor recopila solicitudes de terrenos elevadas ante Cabildos e intendentes hechas por mujeres "cargadas de familia", pp. 49-75 y 273-275; También anota la vigilante coacción punitiva y judicial sobre su pragmática moral sexual y afectiva, sus actividades económicas y sus redes de sociabilidad y solidaridad, pp. 260-318.

3 Milanich, Nara. "El perfil local del patriarcado legal transnacional: El Código Civil chileno en una perspectiva comparativa". En Fernando Purcell y Alfredo Riquelme (Eds.), Ampliando miradas. Chile y su historia en un tiempo global. Santiago de Chile: RIL editores, PUC, (2009): 95-128. Salinas, René. "La pareja: Comportamientos, afectos, sentimientos y pasiones". En Rafael Sagrado y Cristián Gazmuri (Dirección), Historia de la vida privada en Chile. Tomo II. Santiago de Chile: Taurus, (2006): 59-83. Carrasco, M. "La historicidad de lo oculto. La violencia conyugal y la mujer en Chile (siglo XVIII y primera mitad del XIX)". En Diana Veneros (Ed.), Perfiles revelados. Historia de mujeres en Chile. Siglos XVIII-XX. Santiago de Chile: Editorial de la Universidad de Santiago, Santiago, (1997): 113-139.

4 Goicovic, Igor. "Es tan corto el amor y es tan largo el olvido... Seducción y abandono en Chile Tradicional, 1750-1880", Contribuciones científicas y tecnológicas, Santiago, n°114, Noviembre (1996): 22-56.

5 La potestad marital se define en el artículo 132, República de Chile, Código Civil, Editorial jurídica de Chile, Santiago, (1970): 49. Coinciden con esta visión Salinas, René. "Las otras mujeres: madres solteras, abandonadas y viudas en el Chile Tradicional (siglos XVIII-XIX)". En Ana María Stuven y Joaquín Fermandois (Eds.), Historia de las mujeres en Chile. Tomo 1. Santiago de Chile: Taurus, (2010): 178; y Carrasco, Maritza. "La historicidad de lo oculto. La violencia conyugal y la mujer en Chile (siglo XVIII y primera mitad del XIX)" En Diana Veneros, op. cit., 121.

6 Goicovic, op. cit.

7 Ponce de León, Macarena; Rengifo, Francisca y Serrano, Sol. "La pequeña república. La familia en la función del Estado nacional, 1859-1929". En Julio Valenzuela; Eugenio, Tironi y Timothy Scully (Eds.), El eslabón perdido. Familia, modernización y bienestar en Chile. Santiago de Chile: Taurus, (2006): 49.

8 Estos expedientes fueron ubicados, seleccionados y transcritos entre los años 2007 y 2010. Dado su buen estado de conservación, se pudo consultar los originales. Corresponden al total de este tipo de documentos para el período 18601920, depositados en los siguientes fondos del Archivo Nacional de Chile: 40 del Fondo judicial de Copiapó (en adelante FJCOP); 25 del Fondo del Juzgado de Letras de Coquimbo (FJLCOQ) y 5 del Fondo del Juzgado Civil de Coquimbo (FJCCOQ). Para agilizar la lectura actualizamos la ortografía de los juicios, sin alterar el sentido del relato original. Además, omitimos los nombres de los involucrados para mantenerlos en el anonimato.

9 FJCOP, legajo 257, pieza 2, 1896.

10 Chambers, Sarah. "Los derechos y los deberes paternales: pleitos por alimentos y custodia de niños en Santiago (17881855)". En Tomás Cornejo y Carolina González (Eds.), Justicia, poder y sociedad en Chile: recorridos históricos. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, (2007): 85-116.

11 Tuozzo, María Celina. "Apuntes metodológicos: el problema de la verosimilitud en el estudio de sumarios criminales", Actas Americanas 4 /3 (La Serena, 1996): 13.

12 Cornejo, Tomás. "Testimonios y testigos: el problema de la fuente". En Tomás Cornejo y Carolina González, op. cit., 252.

13 Kluger, Viviana. "El expediente judicial como fuente para la investigación jurídica. Su utilidad para el estudio de la historia de la familia colonial Iberoamericana", Passagens 1/1, enero/junio, ( Río de Janeiro, 2009): 86.

14 Código Penal (1874), Ley de Atribuciones y Organización de Tribunales (1875), Ley de Matrimonio y Registro Civil (1884), Código de Procedimiento Civil (1902), Código de Procedimiento Penal (1906).

15 Goicovic, Igor y Salinas, René. "Familia y sociedad en Chile Tradicional. Enfoques teóricos, estructuras temáticas y avances historiográficos". En Francisco Chacón et. al., (Eds.), Sin distancias. Familias y tendencias historiográficas en el siglo XX. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, (2003): 135-140. Sobre Latinoamérica véase el estudio de Ghirardi, Mónica. "Familias, poderes instituciones y conflictos. Iglesias, preceptos y transgresiones. La vertiente Americana". En Francisco Chacón, Juan Hernández y Francisco García (Eds.), Familia y organización social en Europa y América, siglos XV-XX. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, (2007): 109-130.

16 Trueba, Yolanda. "Alimento, techo, educación y... ¿maltrato? La preocupación por los niños y niñas pobres en el centro bonaerense a finales del siglo XIX y principios del XX", Historia Crítica 47 (Bogotá, 2012): 93-114. Trueba, Yolanda. "La justicia en una sociedad de frontera: Conflictos familiares ante los juzgados de paz. El centro sur bonaerense a fines del siglo XIX y principios del XX", Historia Crítica 36 (Bogotá, 2008): 102-123. Ramos, Carmen. "Entre la ley y el cariño. Normatividad jurídica y disputas familiares sobre la patria potestad en México (1873-1896). En Bárbara Potthast y Sandra Carreras (Eds.), Entre la familia, la sociedady el Estado. Niños y jóvenes en América Latina (siglos XIX-XX). Frankfurt: Biblioteca Iberoamericana-Vervuet, (2005): 115-141. Da Conceição, Maria. "Catolicismo e casamento civil na cidade de Goiás: conflictos políticos e religiosos (1860-1920)", Revista Brasileira de História 23/46 (São Paulo, 2003): 123-146. Miranda, Dalín. "Familia, matrimonio y mujer: El discurso de la Iglesia Católica en Barranquilla (1863-1930)", Historia Crítica 23, (Bogotá, 2003): 21-50. Bermudez, Suzy. "Mujer y familia durante el Olimpo Radical", Anuario Colombiano de Historia Socialy de la Cultura, 15 (1987): 57-90.

17 Gomes, Suely. "Sociabilidades políticas e relações de género: ritos domésticos e religiosos no rio de Janeiro do século XIX", Revista Brasileira de História 27/54 (São Paulo, 2007): 39-57. Briceño, Lillian. "La moral en acción. Teoría y práctica durante el porfiriato", Revista de Historia Mexicana LV/2 (2005): 419-460.

18 Rodrigues, Tarcísio; Porto, Mariângela y Viega, Cristiana. "Imigração e familia em Minas Gerais no final do século XIX", Revista Brasileira de História 27/54 (São Paulo, 2007): 155-176. Berg, María. "Un caleidoscopio social. Familia, parentesco y mestizaje en la campaña de Buenos Aires en el siglo XIX", Quinto Sol, (Santa Rosa) 9-10 (2005-2006): 47-72.

19 Ibídem, 16-17.

20 Moreno, José Luis. "Conflicto y violencia familiar en el Río de la Plata 1770-1810", Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 6, (2002): 13.

21 Ibídem, 14: "las relaciones de género, las relaciones de poder, las relaciones entre adultos y niños, la relación entre la base económica y la familia, la sexualidad, el afecto, el amor-odio y su exteriorization en el ámbito de la justicia. "

22 Gonzalbo, Pilar. "La familia en México colonial: una historia de conflictos cotidianos", Estudios Mexicanos 14/2 (1998): 390.

23 Gonzalbo, Pilar. "Afectos e intereses en los matrimonios en la ciudad de México a fines de la colonia", Revista de historia mexicana LVI/4 (2007): 1118. Sobre el tema de familias encabezadas por mujeres consúltese el trabajo de García, Ana. "Madres solteras, pobres y abandonadas. Ciudad de México, siglo XIX", Revista de historia mexicana LIII/3 (2004): 647-692; y el artículo de Potthast, Bárbara. "Hogares dirigidos por mujeres e hijos naturales. Familia y estructuras domésticas en el Paraguay del siglo XIX". En Ricardo Cicerchia (Comp.), Formas familiares, procesos históricos y cambio social en América Latina. Quito: Ediciones Abya-Yala,(1998): 131-147.

24 Trueba, Yolanda. "La justicia en una sociedad de frontera: conflictos familiares ante los juzgados de paz. El centro sur bonaerense a fines del siglo XIX y principios del XX", Historia Crítica 36 (Bogotá, 2008): 103. En Chile ese enfoque ha sido trabajado por Ponce de León, M., Rengifo, F., y Serrano, S., op.cit.

25 Trueba, op. cit., 104.

26 Bermudez, Suzy. "Mujer y familia durante el olimpo radical", Anuario Colombiano de Historia Social y de la cultura 15 (Bogotá, 1987): 59-60.

27 Miranda, Dalín. "Familia, matrimonio y mujer: el discurso de la Iglesia Católica en Barranquilla (1863-1930)", Historia Crítica 23 (Bogotá, 2003): 27.

28 Goicovic, Igor. Relaciones de Solidaridad y estrategias de Reproducción Social en la Familia Popular del Chile Tradicional (1750-1860). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Historia, (2006): 157-158.

29 Ibídem, 159-160.

30 Ibídem.

31 Rojas, Mauricio. Las voces de la Justicia. Delito y sociedad en Concepción. Atentados sexuales, pendencias, bigamia, amancebamientos e injurias. Santiago de Chile: DIBAM, (2008): 141.

32 Ibídem, 20. Las cursivas son del autor.

33 Al respecto es importante el trabajo de Edward Thompson sobre la cencerrada como forma de castigo contra aquellos individuos que transgredían normas comunitarias. Véase el capítulo 8 "La Cencerrada" de su libro Costumbres en común. Barcelona: Crítica, (1995): 521-594.

34 FJCOP, leg. 526, pieza 10, fs. 2v-3, 1853.

35 Ibídem, fs. 6.

36 FJCOP, leg. 526, pieza 10, fs. 8-8v, 1853.

37 Recordemos que por ley la mujer casada podía demandar a su marido, estando éste obligado a pagar lo necesario para cancelar los gastos de las acciones judiciales o litis expensas. República de Chile, op. cit., 49. Artículo 136, incisos 2° y 3°.

38 Una visión sobre el rol del cura párroco en los conflictos familiares en Corvalán, Nicolás. "Amores, intereses y violencias en la familia de Chile Tradicional. Una mirada histórica a la cultura afectiva de niños y jóvenes", Contribucioones científicas y tecnológicas 114 (1996): 59.

39 FJCOP, leg. 282, pieza 11, fs. 2, 1875.

40 FJCOP, leg. 340, pieza 8, fs. 1-1v, 1889.

41 FJCCOQ, leg. 20, pieza 4, fs.1-1v, 1904.

42 FJLCOQ, rol n° 1553, fs. 2v, 1908.

43 FJCOP, leg. 248, pieza 17, fs. 10v-11, 1885.

44 FJCOP, leg. 482, pieza 13, fs. 4, 1876.

45 FJCOP, leg. 199, pieza 11, fs. 3,1865.

46 FJCOP, leg. 340, pieza 8, fs. 3, 1889.

47 FJCCOQ, leg. 24, pieza 12, fs. 2, 1907.

48 FJLCOQ, rol n° 2645, fs. 2-2v, 1911. Esta causa está mal rotulada, pues corresponde al juicio de divorcio seguido por la pareja, aparece sin sentencia.

49 FJLCOQ, rol n° 2911, fs. 1-1v, 1911.

50 FJLCOQ, rol n° 2730, fs. 1-1v, 1911.

51 FJLCOQ, rol n° 2911, fs. 1-1v, 1911.

52 FJCOP, leg. 693, pieza 4, fs. 9v, 1894.

53 FJCCOQ, leg. 24, pieza 12, fs. 1, 1907. Otra petición similar: FJCOP, legajo 693, pieza 4, fs. 10-10v, 1894.

54 FJCCOQ, leg. 24, pieza 12, fs. 1, 1907.

55 Tema profundizado por Rengifo, María Francisca. "Un recurso de protección femenina. El divorcio eclesiástico en Santiago de Chile, 1850-1890". Tesis para optar al grado de Doctor en Historia, PUC, 2008. Dirección: Sol Serrano y Arnold Bauer; y también por Carrasco, M., op. cit.

56 FJCOP, leg. 1080, pieza 7, fs. 14, 1878.

57 FJCOP, leg. 693, pieza 4, fs. 9v-10, 1894.

58 Ibúkm, fs. 17-17v.

59 FJLCOQ, rol n° 221, fs. 2, 1903. El pago de la pensión ascendió a $30 pesos y la litis expensas a $50 pesos.

60 FJCOP, leg. 1080, pieza 7, fs. 12v, 1878.

61 FJCOP, legajo 174, pieza 1, fs.6v-7, 1872.

62 Ibúkm, fs.31v-32.

63 FJCOP, leg. 470, pieza 7, fs. 2v-3, 1880.

64 Una definición del concepto "alimentos" en Rodríguez, E., Del derecho de pedir Alimentos, Memoria de prueba para optar al grafo de Licenciado en la facultad de Leyes y Ciencias Políticas y Sociales, Santiago, U. de Chile, (1928): 11: "las exigencias de habitación, vestuario y aún, en caso de enfermedad, la asistencia médica. Y también comprende la obligación de proporcionar al alimentario la enseñanza primaria y la de alguna profesión u oficio cuando éste sea menor de veinticinco años".

65 FJLCOQ, rol n° 1988, fs. 2-2v, 1909.

66 FJCCOQ, leg. 20, pieza 30, fs. 3, 1904.

67 FJLCOQ, rol n° 6238, fs. 2, 1918.

68 FJLCOQ, rol n° 1593, fs. 4v, 1908.

69 FJCOP, leg. 884, pieza 4, fs. 1-2v, 1899.

70 FJCOP, leg. 1089, pieza 11, fs.10-10v. 1898. El subrayado es nuestro.

71 Ibúkm, fs. 15-19.

72 Goicovic, op.cit., 158.

 

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Artículo recibido el 19 de mayo de 2013. Aceptado el 22 de septiembre de 2013.

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