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Política criminal

versión On-line ISSN 0718-3399

Polít. crim. vol.10 no.19 Santiago jul. 2015

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992015000100013 

Recensión: OLIVER CALDERÓN, Guillermo, Delitos contra la propiedad.
Santiago de Chile, Legal Publishing y Thomson Reuters, 2013, XVI + 591 páginas.

 

Review: OLIVER CALDERÓN, Guillermo, Delitos contra la propiedad (Crimes against property).
Santiago, Chile, Legal Publishing and Thomson Reuters, 2013, XVI + 591 pages.

 

Dr. José Luis Guzmán Dalbora*

*Catedrático de Derecho penal en la Universidad de Valparaíso (Chile). Correo electrónico: joseluis.guzman@uv.cl


 

Un especialista extranjero experimentaría cierto asombro al constatar el afán local de ocuparse científicamente de algunos de los delitos de que trata este libro, y más, si se le presenta una obra dedicada al examen sistemático de todas las figuras del grupo, como es la muy reciente, extensa y completa que pasamos a reseñar.
Los delitos contra la propiedad forman parte de los más estudiados y, por ende, mejor conocidos de la Parte especial. Lo eran ya en la época de la constitución del Derecho penal contemporáneo, a finales del siglo XVIII. Aquello que se ha podido aportar a su conocimiento desde aquel instante, o es producto de la depuración de conceptos elaborados en la Parte general de la disciplina –como el problema del momento consumativo y del delito imperfecto en el hurto y el robo–, de avances tecnológicos en las ciencias de la naturaleza –piénsese en la apropiación de energías ajenas, el empleo fraudulento o la destrucción de medios electrónicos de protección de inmuebles, las «llaves» magnéticas, etc. – o, en fin, lo suscita la actual fenomenología de estas infracciones, en otras palabras, su aspecto criminológico, en parte novedoso, según se aprecia en el uso de formas de engaño con que perpetrar lo que sin ellas sería un vulgar robo, en parte trillado para el estudioso que posea familiaridad con la historia de estos maleficios. Así, por ejemplo, la destreza de los modernos carteristas y cicateros, pero también el tosco empuje de los ladrones por sorpresa (el scippo de los italianos, llamado “hurto del tirón” en España), no maravillan en absoluto si se los compara con las admirable riqueza de variedades fácticas de los hurtos subrepticio y oculto en las postrimerías de la República romana.
Sin embargo, a poco de adentrarse en las páginas de este libro, el lector foráneo caerá en la cuenta de la justificación del esfuerzo que puso en prepararlas el autor. El asombro cambiará de enfoque, para cifrarse en la multiplicidad de reformas legislativas que viene sufriendo el Código penal chileno en la materia, la primera de las cuales restableció en octubre de 1876, o sea, un año y medio después de la entrada en vigor de aquél, la pena de azotes para los condenados por hurto o robo, inhumano medio con que los terratenientes de la sazón buscaron escarmentar a la población rural por la recrudescencia del bandolerismo en los valles comprendidos entre los ríos Mapocho y Maule. El número de modificaciones crecería durante el siglo XX hasta tal punto, que en la cuidadosa compulsa del autor (cfr. págs. 22 a 29) se agotó al enunciarlas las letras del abecedario. Si tamaño cúmulo mueve a la sospecha, tanto mayor será el recelo ante los defectos valorativos, técnicos y hasta lingüísticos de las treinta y una leyes modificatorias, la dureza de sus puniciones, el desequilibrio que generan en la economía axiológica del Código, la fundada impresión de que los habitantes de este país, o las capas dominantes en él, parecen atribuir más importancia a la propiedad que a la libertad o la vida (de lo cual, por lo demás, el pasado bajo la tiranía cívico-castrense y el decurso ulterior de los procesos sobre detenidos desaparecidos, brindan una contundente demostración). Tanto el ilustre prologuista de la obra como su redactor se anticipan a criticar este estado de cosas, asociándolo a la ideología meramente defensista que yace tras el prurito de abroquelar sin orden, concierto ni medida la propiedad privada, como a la conmoción pública que se supone producirían delitos que gobiernos y prensa de la hora califican de “alta connotación social”. Pues bien, en nuestro concepto, que va más allá de las apreciaciones críticas que contiene el libro –y no son pocas–, este inédito panorama, con su plétora de innovaciones y desconcertante resultado, no es casual ni fruto tan sólo de la chapucería legislativa. Poderosos y circunscritos intereses consiguieron antaño y logran todavía que la tutela penal de la propiedad mueble supere con largueza a la concedida a bienes jurídicos de superior coturno, del mismo modo que han tejido una densa red de preceptos con que sancionar delitos cometidos por intranei contra la Administración pública, sólo que librando de responsabilidad a los particulares que atentan contra los mismos bienes de valor general por los que debiera velar una Administración cada vez más asediada, desprestigiada y, por cierto, explotada económicamente por conspicuos representantes de aquellos intereses. Viene aquí espontánea a las mientes, en diacrónico parangón, la observación de Rudolph von Jhering sobre el carácter clasista del Derecho romano arcaico en materia de delitos contra la propiedad y las personas, al que inspiró la táctica patricia de tomar precauciones para que un delito cometido por el rico contra el pobre no saliese al primero demasiado caro, imponiéndole una modesta multa si fracturaba los huesos del último o violaba a la criada de casa, mientras que la pena se elevaba a una corporal cuando el pobre hurtaba o robaba al rico
1. En suma, nuestro observador extranjero caerá en la cuenta de que escribir en Chile acerca de los delitos contra la propiedad no sólo está justificado, sino que es una tarea indispensable para el efecto de contener en lo factible los desmanes de este específico ius puniendi y redimir hasta donde se pueda a los desheredados de su lamentable condición de sometimiento penal.
El libro del profesor Oliver se propone realizar un análisis minucioso, una síntesis sistemática y un enjuiciamiento crítico de los delitos contra la propiedad en el Código nacional. Parte de la base de que es hacedero diferenciar estas figuras de las que ofenderían el patrimonio en su conjunto, una discutible distinción de origen germánico en la que no entraremos esta vez. Como sea, antepone a los delitos del subgrupo (hurto, robo con fuerza en las cosas, robo con violencia o intimidación en las personas, robo por sorpresa, abigeato, usurpación, incendio, estragos y daños) el tratamiento de cuestiones históricas, políticas y sistemáticas, en el capítulo I, donde coteja la debilidad del régimen vernáculo frente a las exigencias de los principios de ofensividad, intervención mínima y proporcionalidad (páginas 6-17), repasa algunas posibilidades teóricas de clasificación de estas infracciones, decantándose por la que separa delitos de apropiación, destrucción y defraudación, y, en fin, toma postura ante el problema de la naturaleza del daño patrimonial y el concepto de propiedad penalmente relevante, que incluye el dominio, la posesión y la tenencia de cosas, con tal que el Derecho conceda alguna forma de reconocimiento a la relación fáctica de la persona con el objeto. El libro se distancia, pues, de los hodiernos planteamientos funcionalistas sobre el particular, cuya asunción, como bien indica el autor, “implica profundizar el nivel de desigualdad social que trasunta esta clase de delincuencia” (pág. 51).
El siguiente capítulo aborda los elementos típicos comunes a hurto y robo, o sea, la acción y el objeto material. A propósito del requisito negativo de la falta de consentimiento del dueño, queda de manifiesto cómo para el autor el objeto jurídico específico de estos delitos es la posesión, no la propiedad, y que la forma de vulnerarla consiste en violar la esfera de custodia constituida por el tenedor, no ya –como creemos correcto y más congruente con el verbo rector– el ámbito de disponibilidad respectivo (cfr. págs. 80-81). Discutible parece la afirmación de que el ánimo de hacerse pago puede compaginarse con el de lucro (pág. 89), pero original es la interpretación gramatical del giro reflexivo “ánimo de lucrarse” con que el Código describe este elemento subjetivo de lo injusto, la cual, en sentir del autor, dejaría al margen de los tipos el fin de hacer que otro se enriquezca con la hazaña. Muy completo, asimismo, resulta el estudio del objeto material, a cuyo propósito se argumenta la punibilidad del hurto de cosas entre condóminos y, en general, la necesidad de atenerse al valor económico objetivo de la cosa, valor que, tratándose de mercancías que se trafica en el comercio, no tiene por qué ser el precio asignado por el comerciante para su venta (cfr. pág. 110).
El examen del hurto, con sus elementos propios y modalidades típicas, llena las páginas del capítulo III. Allí se desestima la posibilidad de la frustración, aunque no tanto por lo inconciliable de la actividad descripta en el artículo 432 con la definición del artículo 7º del Código, sino porque el hurto, en opinión del profesor porteño, sería un delito de mera actividad. Llama la atención, pues, que el libro afirme la factibilidad de la frustración en el hurto como falta (art. 494 bis), imaginando que en las contravenciones existiría un concepto de frustración distinto del que estampa preceptivamente el Código para crímenes y simples delitos (pág. 126: “ejecución incompleta o imperfecta de la conducta de apropiación, debida a causas ajenas a la voluntad de quien la realiza”). Una noción de este jaez contradice la historia moderna del delictum perfectum
2, evoca la tentativa acabada de los países germánicos y, en Chile, suena a una construcción, antes que analógica, conceptualista. En verdad, parécenos atendible la idea que el propio autor insinúa poco antes, que en dicha disposición del libro III yace un auténtico disparate (cfr. pág. 125). Hasta podría hablarse de una dúplice fuente de fuego fatuo, por el vano intento de castigar la falta frustrada y, además, la reincidencia en semejante irrealidad, a lo que añadiríamos que en la novel disposición sólo resta incorrupto haber el legislador, malgré lui, mantenido en la atipicidad lo único que sería conceptualmente punible en el hurto de fruslerías, o sea, la tentativa. Tampoco podemos secundar al autor en su promoción de la teoría de la ruptura de la esfera de custodia anterior y la constitución de una nueva esfera de custodia, con que caracteriza las fases incompleta y completa del proceso ejecutivo del hurto, una doctrina que convierte en la defenestrada frustración casos clamorosos de tentativa (como el del ladrón flagrante que es perseguido a la vista por la víctima o terceros), ni en la interpretación del párrafo cuarto del artículo 390 del Código procesal penal. Este inciso, perpetrado contra el Código por la Ley número 19.950, de 5 de junio de 2004, viola abiertamente el principio de igualdad ante la ley al disponer que si el hurto como falta es cometido en un establecimiento de comercio, para la determinación del valor de las cosas –que debiese arrojar un resultado objetivo al tenor de las reglas comunes del Código penal– se considerará el precio de venta. Pues bien, tememos que agrava el ingrato panorama la lectura sistemática propuesta por Guillermo Oliver, que gira en torno del concepto de precio en las leyes tributarias y de protección a los consumidores, y concluye que en el de venta habría que considerar el importe del impuesto al valor agregado (cfr. pág. 160). Como el impuesto se calcula sobre la base del precio que el comerciante asignó circunstancial y subjetivamente a la mercancía, resulta que el IVA queda contaminado con idéntica subjetividad. Acaso sería bueno tener presente que el precio de una cosa no coincide necesariamente con su valor objetivo y, en consecuencia, sugerir a los jueces que apliquen siempre la cláusula de rescate que cierra el tormentoso artículo (“salvo que los antecedentes que se reúnan permitan formarse una convicción diferente”).
El capítulo IV desarrolla el robo con fuerza en las cosas, figura deformada como la que más a causa de las modificaciones legales del último quindenio. Con razón el autor recomienda una reforma que reduzca este robo a lo que ontológicamente es, un hurto agravado por el empleo de ciertos medios de ejecución para acceder a determinados inmuebles, que es también la tónica en el Derecho extranjero (cfr. págs. 203-205). Ahora, de lege lata, no deja aspecto alguno de la estropeada infracción sin circunstanciado estudio. Por lo pronto, el lugar de su ocurrencia, que exige que cumpla efectivamente, al momento del hecho, la función de servir de hogar doméstico o de cobijar el desempeño de alguna actividad humana, en otras palabras, que sea una morada en el amplio sentido de la expresión (cfr. págs. 217 y 218, a propósito de las viviendas de solaz). En seguida, los medios de ingreso indebido al inmueble, en punto a los cuales admite la calidad de llave en las tarjetas magnéticas y los mandos a distancia, medios que en otros ordenamientos han requerido una mención especial de la ley (cfr. pág. 234), y a los que hace escolta una justificada crítica de la presunción de autoría del artículo 444 del Código, en rigor incompatible con el principio de inocencia y el régimen de libertad probatoria del proceso penal (cfr. págs. 239 y 240). Del robo cometido en bienes nacionales de uso público piensa Oliver que, si afecta a automóviles, la regla del artículo 443 habría que aplicarla cuando el objeto material es el coche mismo, no cosas contenidas dentro de él, supuesto que debiera ser sancionado a título de robo en lugar habitado o no habitado (cfr. págs. 245 y 246). Sin embargo, esta solución riñe con el Leitbild del robo con fuerza en las cosas, que consiste en emplear fuerza sobre una cosa, no para llevársela sin más, sino para llegar a otra que es el genuino objeto de la apropiación, y, en consecuencia, parece mejor planteada si se invierte los términos que formula el libro para la disyuntiva
3. Atinada, en cambio, es la crítica que se dirige contra el robo de cajeros automáticos, en el flamante artículo 443 bis, porque el esquema rector del robo con fuerza en las cosas “siempre ha atendido al espacio físico en que el delito se comete, con total prescindencia de la naturaleza y del valor del objeto material” (pág. 255). De ello ya había dado una pésima señal el artículo 447 bis, sobre hurto de componentes de redes de suministro de servicios públicos o a domicilio, porque el hurto gradúa sus penas según el valor económico, no la índole del objeto material. El capítulo en palabra acaba con un moderno planteamiento del delito continuado, fundado en la unidad del dolo criminológicamente entendido y en el que ceder a una misma tentación revela una capacidad menguada de determinación en el sujeto activo, con la consiguiente reducción de la reprochabilidad de su fechoría (cfr. pág. 267).
Sabido es que el robo con violencia o intimidación en las personas presenta las características de delito complejo, de acción doble y pluriofensivo. Nuestro autor ejecuta un impecable estudio del tipo básico y sus formas agravadas en lo que respecta a los dos primeros rasgos (capítulo V). Así, por ejemplo, registra que la diferencia entre la intimidación del robo y una amenaza con condición lucrativa, radica en que en el primer caso el agente exige la entrega inmediata de la cosa (cfr. pág. 287). Además, y esta vez bogando contra la corriente, sostiene que en el robo simple (art. 436, inciso uno) la oportunidad del empleo de la violencia o la intimidación queda fijada por el artículo 439, no por el 433, con lo cual descarta de la férula tipo básico la rapiña impropia o hurto rapaz, esto es, el medio coactivo que se desencadena después de obtenida la entrega o manifestación de las cosas, con el objeto de asegurar la apropiación (cfr. págs. 299-230, que bien pueden lucir entre las más logradas del volumen
4). Sin embargo, una central afirmación relativa al bien jurídico suplementario ofendido por el robo genérico, le juega malas pasadas en el esclarecimiento de problemas de neto corte axiológico en la interpretación del género y sus especies. Allí leemos que en el delito del artículo 436 y, por tanto, “en el núcleo de todo el robo con violencia o intimidación en las personas, además de verse afectados intereses patrimoniales, el único bien contra el que necesariamente se atenta, es la libertad de actuación (autodeterminación) de la víctima” (pág. 276). Que esto vale sin ambages para la violencia, no seremos nosotros quienes tendremos la osadía de negarlo. Sí juzgamos indicado refutar su aplicabilidad a la intimidación, cuyo injusto difiere de las coacciones5. La amenaza, sea como delito en sí mismo, sea como medio de ejecución de otros delitos, ofende la seguridad individual del sujeto pasivo, que es presupuesto, no un sinónimo de la libertad. Esta inadvertencia explica la inicua conclusión de que no puede haber robo si la amenaza tampoco produjo el efecto de intimidar al amenazado (cfr. pág. 283), que deja desprotegidas a las personas de temperamento flemático o provistas de un carácter acerado por las circunstancias, su profesión u oficio, como quienes conviven a diario con el peligro de ser víctimas del robo, los luchadores profesionales, policías o militares. Un problema análogo se presenta en la tipología calificada. Los robos con homicidio y violación, justamente criticados por el autor, lo hacen concluir, aunque a regañadientes, que si el agente roba y mata o viola a varias personas, el número plural de homicidios o violaciones no modifica la existencia de un solo delito de robo agravado (cfr. págs. 315 y 337), tesis que, a nuestro juicio, exagera el papel del ataque patrimonial y reafirma la triste impresión de que en Chile cuentan más las cosas que las personas y su libertad. Esto aparte, la libertad es el elemento básico para manejar el robo extorsivo, al que el libro que glosamos llama robo con retención. Si las víctimas son retenidas bajo rescate, las “robadas” son ellas, no sus pertenencias. Y para el castigo del maleficio existe hoy el secuestro extorsivo del artículo 141, inciso tercero, cuya introducción, obra de la Ley número 18.222, de 28 de mayo de 1983, derogó tácitamente la primera hipótesis (“bajo rescate”) del art. 433, número 2º. El autor, que divisa una heterogeneidad o exclusión lógicas entre ambos supuestos de hecho, da a entender que para él todavía está vigente el robo en comento (cfr. pág. 353). Este capítulo de la obra halla su fin en la piratería y la extorsión. Es curioso que se comparta la opinión del tribunal constitucional, de que el tipo de la piratería respetaría el principio de taxatividad, como también que se la defina sólo gramaticalmente, como unos robos con violencia o intimidación en las personas que se cometen en el mar, actuando los agentes de una embarcación a otra (cfr. pág. 358). En realidad, para el Derecho internacional vigente sobre el particular, piratería es un conjunto de actos de violencia, secuestro o depredación cometidos con fines privados y en alta mar o en lugares no sometidos a la jurisdicción de algún Estado, por miembros de la tripulación o pasajeros de un bajel o aeronave armados, contra otro vehículo o las personas y los bienes transportados en éste. Los actos de latrocinio perpetrados en aguas territoriales no son crimen iuris gentium, según las disposiciones de la Convención de de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar (1982)6.
El capítulo sucesivo brinda a los interesados la oportunidad de ilustrarse a fondo sobre el frecuente robo por sorpresa, una forma de hurto asimilada al robo genuino, pero sancionada más prudentemente, con penas análogas a las de aquél. El texto le propone finas proyecciones de los métodos histórico, sistemático y teleológico de interpretación, por ejemplo, que la acción típica demanda que la cosa sea arrebatada al paciente, que éste debe llevarla en su cuerpo o asida en las manos, no simplemente junto a sí (como la cartera que yace en un asiento desocupado del vehículo que el conductor detuvo ante un semáforo, ocasión que un viandante aprovecha para llevársela fracturando el cristal de la ventana; cfr. pág. 388), y que tampoco cabe aquí la violencia personal ejercida para consolidar el desapoderamiento, salvas las hipótesis agravadas del artículo 433 (cfr. págs. 390 y 392-393).
Los capítulos VII y VIII tratan de las disposiciones más y peor reformadas del Código, o sea, el abigeato, que, tras la enésima modificación, cuenta hoy con un parágrafo propio (4 bis) en el título respectivo del Código, y el parágrafo 5, sobre reglas comunes a los delitos precedentes. El autor despliega ingentes esfuerzos para reducir las calamitosas consecuencias de la mayoría de tales artículos, sea criticando derecha y contundentemente su contenido, como el absurdo régimen del hurto de ganado, en que abundan las presunciones de delito, que vuelven a la carga juntamente a ficciones de consumación en las normas comunes a hurtos y robos, sea examinando hasta en los mínimos detalles las agravantes especiales y las agravaciones específicas de estos últimos. Mención particular merecen las conclusiones restrictivas que reciben la agravación específica del porte o uso de armas y la agravante especial de ser dos o más los malhechores (págs. 442-455 y 459-472), en que se alían, como en otros pasajes de la obra, amplias referencias doctrinales, la cita directa de jurisprudencia antigua y nueva, y los elementos histórico y sistemático de interpretación de la ley.
La obra termina con el examen de los delitos de usurpación y de mero perjuicio patrimonial. De la usurpación, destaquemos la apología del concepto propio de violencia (pág. 491), que, con efecto, no alberga en el artículo 457, como en pasaje alguno del Código, formas conminatorias o amenazadoras, todo ello en obsequio del principio de legalidad de los delitos, al que hay que poner a salvo de lo que en otros países se ha calificado de hipertrofia de la delincuencia de coacciones, uno de los tantos engendros de la hodierna manía normativista. Menos persuasivas resultan algunas conclusiones en el incendio y los daños, como el ensayo de salvaguardar el principio de culpabilidad en el artículo 474 inciso tercero (pág. 519), una hipótesis derechamente inconstitucional, y la consideración de la dispersión de cosas ajenas como si fuesen daños (págs. 536 y 537), para la cual textos extranjeros, v. gr., el italiano, por algo prevén reglas expresas. En cambio, muy útil es la relación comentada de los numerosos daños contemplados en leyes especiales (págs. 552-559).
Nuestras discrepancias no deben hacer creer que dejemos de apreciar las bondades de la obra cuya recensión nos aprestamos a concluir. El oficio de reseñador, en la metáfora de Novalis, lo quiere como un médico literario, que trata al autor reseñado según las reglas del arte y, por tanto, sin el fin de dar a conocer con malevolencia las imperfecciones de su creación
7. Guillermo Oliver ha alumbrado un libro muy completo y bien armado sobre la dolorosa materia de la delincuencia dominical. Lo respalda un amplísimo aparato bibliográfico, en que descuella la glosa de obras iberoamericanas. Parafraseando Nuestra América, el célebre alegato de José Martí, no se puede hacer proficuamente ciencia en nuestro continente si se desconocen los factores reales de estos países y lo que pensamos al respecto los estudiosos americanos8. Los tres años de trabajo que el autor invirtió en la empresa no sólo son reveladores de una perseverancia que la ciencia penal chilena, con su proliferación de artículos y otras publicaciones menores, necesita con urgencia, pues hay que escribir monografías y, tras muchos años de estudio y reflexión, obras generales. El trienio le franqueó además un atento repaso de la jurisprudencia. También esto augura éxito al libro allí donde la Dogmática se juega verdaderamente su destino, la práctica forense. En fin, la edición es agradable, en su amplia caja de impresión y tapas de empaste duro, que facilitan el manejo cotidiano del volumen.

Notas

1 Los ricos y los pobres a la luz de las multas establecidas en el Derecho arcaico por delitos contra la propiedad y las personas, en: Bromas y veras en la Jurisprudencia. Un regalo de Navidad para los lectores de obras jurídicas. Traducción del alemán por Tomás A. Banzhaf. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1974, págs. 255-270.         [ Links ] El jurista alemán dirige su finísima ironía y brillante sentido del humor contra los romanistas de su tiempo, encastillados en el formalismo, quienes no se interrogaron ni por un instante acerca del trasfondo de las disposiciones respectivas de la Ley de las XII Tablas.

2 Cfr. GOLDSCHMIDT, La teoría de la tentativa acabada e inacabada. Traducción de Jacobo López Barja de Quiroga y León García-Comendador Alonso, en: DEL MISMO, Derecho, Derecho penal y proceso. Problemas fundamentales del Derecho. Edición preparada por Jacobo López Barja de Quiroga. Madrid: Marcial Pons, 2012, pp. (189-240) 191-296,         [ Links ] con el decurso del concepto forjado por Jacobo Menochio en 1599.

3 Por lo demás, los automóviles ocupan un lugar en el espacio, pero no son lugares en sí mismos, como se desprende de pág. 245, que los llama incluso recintos. Tanto menos cabe estimarlos cual proyecciones del domicilio o de la personalidad, según se elucubró antaño en México y otros países, ¡como si los hombres naciésemos con ruedas en vez de con piernas!

4 Adelantadas en uno de los artículos sobre delitos contra la propiedad que el autor publicó durante su preparación, Consideraciones sobre la violencia y la intimidación en el robo, en: VV.AA., La Ciencia penal en la Universidad de Chile. Libro Homenaje a los profesores del Departamento de Ciencias penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, MAÑALICH, Juan Pablo (Coord.), Santiago de Chile: Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2013, pp. 463-479.         [ Links ]

5 Las chilenas, se entiende, en el artículo 494, número 16, no las que regulan algunos Códigos extranjeros, que incorporan la amenaza condicional como miembro del delito.

6 La posterior Convención de Roma (1988) amplió el concepto de piratería al ataque contra una nave por obra de sujetos no provenientes de otro navío, una piratería por analogía debida al secuestro de los pasajeros del crucero italiano Achille Lauro frente a la costa de Egipto en 1985. Cfr. COCCO, Giovanni, “Dal pirata hostis humani generis alla pirateria contemporanea. Verso un Diritto penale universale?”, Rivista italiana di Diritto e procedura penale, Nueva serie, año LV, fascículo 2, abril-junio de 2012, pP. (409-463) 420-421.

7 NOVALIS, Pólen. Fragmentos, diálogos, monólogo. Tradução, apresentação e notas de Rubens Rodrigues Torres Filho, São Paulo: Iluminuras, 1988, cfr. pág. 97.         [ Links ]

8 “El buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas”. Nuestra América. Edición crítica. Investigación, presentación y notas de Cinto Vitier, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2012, pág. 15. En la 16 aplica el mismo pensamiento a la cátedra y la academia, parecidamente a los discursos universitarios de Andrés Bello.

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