El rol de los privados en las cárceles

Las funciones de las cárceles privadas en el mundo dicen relación con generar alternativas adicionales al modelo carcelario clásico, en cual son instituciones estatales quienes se hacen cargo de manera exclusiva de los centros penitenciarios, muchas veces resolviendo el problema de la seguridad en las sociedades desde diferentes grados de eficacia y buscando que los actores sociales cooperen en conjunto. Así, se le quita al estado el deber exclusivo y el monopolio de la administración carcelaria¹⁰. Sin embargo, existen diversos factores y contextos que inciden al momento de escoger la estrategia concesionada como opción de política carcelaria.

En el mundo existen fundamentalmente tres diferentes modalidades de participación de los actores privados en instituciones penitenciarias: i) en primer lugar, está el sistema de leasing, muy utilizado en países latinoamericanos y en el cual la alianza con privados se da de manera que éstos diseñan, construyen y equipan los establecimientos penitenciarios sin intervenir en la operación del recinto, ii) la segunda modalidad es la de privatización, en la cual se delega en forma absoluta la administración del penal a los actores privados, relegando el rol estatal a la mínima intervención reguladora; este modelo se observa en Estados Unidos, e Inglaterra, iii) una tercera modalidad es de carácter mixto y consiste en la delegación a privados una parte importante de las tareas del penal o una “terciarización” de ciertas tareas, dejando a cargo de Gendarmería (o su equivalente en otro país) la facultad exclusiva de vigilancia y castigo.

Esta última modalidad “mixta” es la utilizada en algunas cárceles francesas y es la que fue adaptada para ser aplicada en nuestro país, generando de esa manera una alianza público-privada en la cual las responsabilidades quedan reguladas a partir de una Base de Licitación y un posterior contrato de licitación por 20 años. Así, en Chile, el sistema de cárceles privadas funciona en base a una concesión otorgada a un privado para que dirija y administre una unidad penal, aunque esta sigue bajo la custodia de Gendarmería de Chile y, de manera más general, bajo la responsabilidad del estado. Se establece, así, una relación contractual en términos amplios, abriendo posibilidades a que existan múltiples formas de llevarse a cabo bajo diferentes contratos, estándares o características.

La experiencia internacional respecto a la privatización de las cárceles nos muestra que en Gran Bretaña, algunas cárceles tienen un régimen privado que abarca la mayoría de sus aspectos: intervienen en la construcción, manejo de las cárceles y contratación de personal. En este país, la privatización carcelaria surgió en un periodo en que se aplicaron múltiples medidas neoliberales producto de una amplia fe en la competencia, las empresas y los incentivos; pero también con una amplia fe en este sistema desde el debate académico y político. Así, una de las medidas de Margaret Thatcher se basó en una consultoría que consideró que la mejor opción era la intervención privada no solo en la construcción de las cárceles, sino también en su manejo y la contratación de personal. Actualmente, son 11 las cárceles manejadas por privados en ese país.

En el caso de España, no resulta riguroso hablar de privatización, a pesar de que la participación estatal va disminuyendo cada vez más. Los orígenes de la participación de privados en el sector penitenciario se remonta a los siglos XIX y XX. Sin embargo, en los ochenta ha comenzado una progresiva colaboración privada en los recintos penitenciarios, lo cual perdura hasta hoy en ámbitos de construcción, contabilidad, cocina y cafetería como servicios proveídos por empresas privadas.

En Francia coexiste un formato privado con uno público: el gobierno mantiene y contrata a los internos mientras las empresas diseñan, construyen y equipan la infraestructura; además del subcontrato de algunos servicios bajo la idea de que esta división de tareas permite que cada uno de los actores se enfoque de manera total a su quehacer. Así, coexisten a la vez cárceles administradas y gestionadas de manera centralizada, como también un sistema mixto en el cual el gobierno se encarga del mantenimiento y control de los internos y los privados diseñan, construyen y equipan las instalaciones penitenciarias, subcontratando los otros servicios adicionales exceptuando la seguridad. Este sistema funciona desde los 90´s y hacia el año 2007 los establecimientos de tipo mixto albergaban al 25% del total de la población penitenciaria.

Voces a favor y en contra

Algunas voces a favor de las alianzas público-privadas de los centros penitenciarios argumentan que la concesión del sistema penal permite reunir estrategias del sector privado y del público, construyendo de esa manera una gestión mixta en que los privados se encarguen del aspecto económico-administrativo y la ejecución penal sea de carácter público. A su vez, en un análisis más económico desde la Public Choice Theory, existe la expectativa de que los privados sean más eficientes y racionales en la prestación de servicios carcelarios que los organismos públicos: pues la competencia impulsaría una mayor eficiencia administrativa y también permite evitar que los internos estén forzados a aceptar una peor calidad de servicios por provenir desde un único prestador público.

Otras voces promotoras han señalado que un manejo privado de las cárceles disminuiría los aspectos burocráticos y traería como consecuencia una mayor flexibilidad respecto a la satisfacción de necesidades¹¹. Además de los argumentos relativos a la eficiencia y al costo-efectividad de este tipo de alianzas, la flexibilidad y dinamismo resulta un argumento a favor de la participación de los privados: el sector privado respondería de manera más rápida y adecuada las necesidades, promoviendo la creatividad, corrigiendo los problemas y dando más espacio a nuevas ideas sin una estructura tan burocrática.

A su vez, hay quienes destacan que esta alianza fortalece la rendición de cuentas y transparencia respecto a las instancias únicamente estatales, además de disminuir los espacios para corrupciones. Finalmente, un último argumento a favor de las alianzas público-privadas es que los sistemas de seguridad implementados y gestionados por los privados contarían con profesionalismo, tecnología y entrenamiento de mayor efectividad que los servicios públicos.

Entre quienes critican el sistema privado, han señalado que no existiría una disminución efectiva de los costos a largo plazo, pues los privados deberían incurrir en gastos operativos y de gestión que el sistema público tiene cubiertos de antemano; en este sentido, debido a que el estado tradicionalmente se ha hecho cargo de las cárceles, suele tener una experticia acumulada en el tema que incluye una estimación y consideración de gastos operativos tales como salarios, capacitaciones, sistemas operativos y de gestión; los privados, por otra parte, carecerían de esa experticia y tendrían que entrar a conocer e invertir en una variedad de ítems que no son inmediatos de estimar.

En términos de su desempeño moral, un estudio comparativo llevado a cabo por ^{Liebling y Crewe el año 2012} revela que las cárceles de carácter público obtuvieron mejores resultados que su comparación entre los privados, principalmente en lo relativo a la lealtad y profesionalismo del personal. Así también, las cárceles privadas tendrían comparativamente un mejor trato y mayores niveles de respeto que en las cárceles tradicionales. Por otro lado, ellos encontraron menores niveles de profesionalismo en los equipos técnicos de las cárceles privadas; menor profesionalismo del staff; una alta y mayor rotación del personal; una débil oferta de reinserción; mayor percepción de injusticias por parte del staff; y también mayores debilidades en materias de seguridad y control, lo cual según los autores vuelve a las prisiones privadas peores que sus contrapartes estatales a nivel agregado.

Además, según los autores, en estos establecimientos se replicarían problemas de la cultura carcelaria y de drogas presentes también en las cárceles tradicionales¹². Sin embargo, la cultura organizacional resulta muy diferente entre ambos sistemas y desde la evidencia de Liebling y Ludlow, es más estable y positiva en el caso de las cárceles públicas, con menores índices de estrés y frustración. Además, un mayor uso de autoritarismo estaría presente entre los privados que en los organismos públicos¹³.

Antecedentes y descripción del modelo de concesiones carcelarias en Chile

En Chile, el sistema de concesión de cárceles nace en el año 2000 como respuesta a los graves problemas de hacinamiento que enfrentaba el sistema penitenciario en aquel entonces. En noviembre del año 2005 se inaugura el primer centro penitenciario concesionado en la ciudad de Rancagua, dando así cumplimiento al primer paso de uno de los ejes principales de la política pública en la agenda de justicia 2006-2010 y viéndose secundado por la concreción de los demás centros concesionados que existen actualmente. La idea era contar con una mejor infraestructura, que permita una segregación penal para evitar el “contagio criminógeno”, el cual sería inherente a todo sistema penitenciario mal operado.

Además, se esperaba de estas instituciones una mejor capacidad para adaptarse a realidades locales, una mayor inversión en tecnología y seguridad, contar con ventajas comparativas de gestión, lograr una mayor eficiencia y mejorar la calidad de vida y el hacinamiento que caracterizan a las cárceles tradicionales chilenas¹⁴.

El modelo chileno de concesiones penitenciarias correspondería a un modelo mixto donde mientras la custodia corre por cuenta de Gendarmería de Chile, la intervención psicosocial y la provisión de servicios a la población penal están a cargo de la empresa concesionaria. Este surgió de la promesa de avanzar en eficiencia y enfocar los esfuerzos de rehabilitación a la población penal, resguardando la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de los internos, modernizando las dependencias penales y la segmentación de los internos y planteándose la misión de generar proyectos de capacitación y reinserción social más efectivos.

Así, los contratos entre los actores privados y las instituciones públicas serían del tipo B.O.T (Build, Operate and Transfer), que consiste principalmente en que un privado construya y explote la obra pública y, finalizada la concesión, le entregue la obra al Estado para que lo concesione nuevamente. Este modelo se implementó en el marco de una búsqueda por aumentar la capacidad de innovación de las cárceles, para rescatar los aportes en eficiencia del sector privado y poder desempeñar de mejor manera aquellos ámbitos que queden relegados al estado. Se buscaba también aumentar los actores participantes en materia de centros penitenciarios. Finalmente también se buscaba focalizar y/u optimizar los recursos materiales, económicos y humanos de los que dispone el estado.

De esta forma, la división de roles quedó concretada en que el Estado se encarga de la vigilancia, seguridad y administración del establecimiento (a cargo de Gendarmería de Chile), y debe fiscalizar y controlar el cumplimiento de estándares, además de pagar semestralmente a los concesionarios. Por su parte, los actores privados deben diseñar, construir y equipar los establecimientos, generar un manual operativo para capacitar al personal de Gendarmería, mantener la infraestructura y equipamiento, proveer servicios alimenticios, de salud y de reinserción social.

Actualmente, existen tres grupos de concesiones privadas operando cárceles en nuestro país. El grupo 1 está compuesto por los centros penitenciarios de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua, los cuales funcionan desde el año 2006 y tienen capacidad para más de 5.000 internos. El grupo 2 opera los penales de Antofagasta y Concepción, con capacidad para 2.350 internos. Finalmente el grupo 3 desarrolla su trabajo en los penales de Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt, los cuales operan desde el año 2007 con capacidad para más de 5.000 internos.

En términos de la población que albergan, las cárceles concesionadas en el país (al 31 de Enero del 2016) concentraban a un 24,6% del total de condenados del país y a un 48,2% del total de imputados/as, con 7.617 internos condenados y poco más de 6.200 imputados¹⁵.

En referencia a la implementación de este sistema en Chile, Arriagada¹⁶ sostiene que la estrategia de cárceles concesionadas se origina como parte de una serie de políticas neoliberales y un espíritu basado en nociones de que es el sector privado el encargado de complementar el quehacer del estado. Así, la finalidad de la privatización carcelaria era sustituir los defectos administrativos del estado y entregar soluciones más eficaces, generando un espacio para la contribución de los privados en el manejo de los centros penitenciarios. Esto a su vez pone sobre la mesa un debate ético respecto a la existencia de lucro en el castigo, así como un cuestionamiento a la manera en que el sector público se está haciendo cargo del tema.

El rol del sector privado en las cárceles y los debates asociados a este han sido largamente discutidos en mayor profundidad en otros trabajos previos, tanto del extranjero como de Chile¹⁷. Sin embargo, existen pocos trabajos que presenten evidencia empírica respecto a algunos aspectos de funcionamiento de las cárceles concesionadas en Chile. Nuestro trabajo ofrece una revisión de fuentes secundarias que analizan el rol de los privados en las cárceles.

Habitabilidad

Los estadísticos descriptivos de las variables elegidas para este estudio muestran que, en las cárceles concesionadas, existe una percepción sobre la infraestructura penitenciaria cuyo promedio es de 5,3, la cual es bastante cercana al valor promedio del sistema en general (5,4 en una escala 0-9 donde valores más altos indican una mejor percepción) y al promedio de 5,4 presente entre las cárceles tradicionales. Estas diferencias no resultan estadísticamente significativas al 95% de confianza (p=0,5; t=0,5).

A pesar de que no se reportaron diferencias estadísticamente significativas en el indicador agregado de la percepción de infraestructura y habitabilidad, al examinar el detalle y de manera desagregada dicho índice, se observan diferencias entre ambos sistemas para las variables temperatura, calidad de comida y cantidad de la comida, aspectos en los cuales las cárceles tradicionales se posicionan mejor en comparación a las concesionadas. (Ver tabla 2). Sin embargo, en lo relativo a la presencia de baños en buen estado, limpieza del lugar en que duerme y acceso diario a una ducha, desde la evidencia de la encuesta de Percepción de calidad de vida penitenciaria es posible constatar que las cárceles concesionadas presentan una ventaja significativa en relación a las tradicionales (Ver tabla 2).

Tabla 2 Indicadoresdesagregados de percepción de infraestructura y habitabilidad según tipo de cárcel 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Percepción de Calidad de Vida en Personas Privadas de Libertad 2013. (*) Significancia al 90% de confianza (**) Significativo al 95% de confianza (***) Significativo al 99% de confianza.

En lo referente al acceso y calidad de los servicios de salud que reciben los internos, el valor promedio para las cárceles concesionadas fue de 2,4, lo cual se contrapone a un promedio nacional que alcanzó 2,3 (en una escala de 1 a 3 donde valores más altos indican una percepción de peores servicios de salud). Las cárceles tradicionales consideradas en la muestra tuvieron un promedio de 2,2 en el indicador de salud, lo que evidencia que existen diferencias estadísticamente significativas (p=0,0; t=-2,9) que muestran peores percepciones del servicio de salud en las cárceles concesionadas que en las tradicionales.

Por otro lado, en el caso de acceso y trato a las visitas (Variable cuya escala de 1 a 3 donde los valores más altos representan mejor acceso y trato a visitas), el promedio de las cárceles concesionadas es de 1,9 y en las cárceles tradicionales es de 2,3. Esto quiere decir que en lo respectivo a las visitas, las cárceles concesionadas reportan significativamente peores resultados que las tradicionales de la muestra (al 95% de confianza, donde p=0,0; t =6,0).

Violencia carcelaria

Asimismo, en cuanto a los niveles de maltrato físico y psicológico experimentado al interior de la cárcel el valor promedio para las cárceles concesionadas fue de 1,5 versus un promedio nacional que alcanzó 1,4 (en una escala de 0-4 donde valores más altos indican una percepción de mayor maltrato). Las cárceles tradicionales consideradas en la muestra tuvieron un promedio de 1,3 en el indicador de maltrato, lo que deja en evidencia que este tipo de malos tratos se darían con mayor fuerza en el caso de las cárceles concesionadas que en su contraparte estatal, de manera significativa al 95% de confianza (p=0,0; t= ^-2,0).

En cuanto a la media de percepción sobre la calidad de la relación con los funcionarios uniformados, los datos muestran un valor de 2,0 para las cárceles privadas (en una escala 1-3, donde 1 es “buena relación” y 3 constituye “mala relación”), lo cual es superior al 1,8 de promedio nacional en la muestra. En el caso de las cárceles tradicionales, el promedio es de 1,8, lo que mediante un test t al 95% de confianza resulta significativamente menor al de las cárceles concesionadas (p=0,0; t=-3,5), dejando en evidencia que la relación con funcionarios sería peor en los centros concesionados que en el sistema tradicional.

Por otro lado, los auto-reportes de internos/as en cuanto a haber sufrido ya sea violencia física o psicológica de parte de otros internos(as) no presentó diferencias estadísticamente significativas entre ambos sistemas. Esto es un punto a favor de las cárceles concesionadas y que podría explicarse por las mejores condiciones de infraestructura y segregación. Lo mismo ocurre con la presencia de violencia durante los allanamientos, lo que no muestra diferencias estadísticamente significativas.

Respecto al maltrato de parte de funcionarios, se reportan promedios más bajos en las cárceles tradicionales que en las concesionadas de la muestra, lo cual considerando la escala de la variable (0 indica ausencia de malos tratos desde funcionarios y 1 indica la presencia de estos), posiciona a las concesionadas (promedio 0,6) en un panorama de mayor violencia desde los funcionarios que las cárceles tradicionales (promedio 0,5), significativo al 95% de confianza (p=0,0; t=-2,2).

La presencia de castigos (0 indica ausencia de estos y 1 presencia de castigos), muestra que las cárceles concesionadas poseen un promedio mayor número de castigos (0,5) que las tradicionales (0,4). Así, es posible constatar que dentro del sistema concesionado el sistema de castigos persiste con mayor fuerza que en los centros penitenciarios tradicionales (p=0,0; t=-2,5) al 95% de confianza.

Finalmente, en relación a la violencia en los allanamientos, es posible que el promedio es igual en las cárceles concesionadas y en las tradicionales (0,5) de la muestra. Considerando que la variable está medida con el valor 0 para la ausencia de violencia y valor 1 para la presencia de ésta, es posible constatar que existen diferencias estadísticamente significativas.

Acceso a programas

En cuanto al acceso a programas de reinserción en la cárcel, se presentan datos de la Primera Encuesta de Calidad de Vida Penitenciaria. Esta variable fue un indicador compuesto que iba de 0-6, donde 0 representa participación en ningún programa y 6 una participación en 6 programas diferentes, incluyendo capacitación laboral, trabajo remunerado, actividades deportivas, asistencia a la escuela penal, taller psico-social y taller artístico-cultural. El resultado muestra que el promedio de acceso en las cárceles concesionadas fue de 1,5 mientras que, en el caso de las cárceles tradicionales, el promedio fue de 1,8. Esta diferencia fue estadísticamente significativa y representa evidencia preliminar de que las cárceles concesionadas presentarían un menor de acceso a programas de reinserción social en comparación con las tradicionales (p=0,0; t=0,2).

Ahora bien, para conocer en qué aspectos específicos de los programas ambos sistemas diferían, se llevaron a cabo una serie de análisis de pruebas t para muestras independientes (ver tabla 3, más abajo). En ellos, aparecen diferencias estadísticamente significativas (al 95% de confianza) en favor de las cárceles tradicionales en tres de los seis programas considerados: i) porcentaje de internos que participan de programas de trabajo remunerado (31,5% en tradicionales y 21,5% en concesionadas; p=0.0), ii) porcentaje de internos que participan de actividades deportivas (45,5% en tradicionales y un 36,7% entre las concesionadas; p=0.0), y iii) porcentaje de internos que participan de actividades artísticas o culturales (20,4% en cárceles tradicionales y 13,9% en el caso de las concesionadas; p=0.0), todas significativas al 95% de confianza.

Para el resto de los programas que componían el índice de acceso a programas (capacitación laboral; asistencia a la escuela penal; talleres psicológicos o sociales; taller de reunificación familiar) no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos sistemas.

Tabla 3 Indicadores desagregados de participación en programas de reinserción según tipo de cárcel 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Percepción de Calidad de Vida en Personas Privadas de Libertad 2013. (*) Significancia al 90% de confianza (**) Significativo al 95% de confianza (***) Significativo al 99% de confianza

Un informe de la DIPRES que busca evaluar los programas de rehabilitación y reinserción social mostraba además que en las Cárceles Concesionadas, la tasa de internos por cada asistente social es menor a la que tendrían las cárceles tradicionales¹⁹. Estos hallazgos coinciden parcialmente con lo encontrado por Oliveri, en el sentido que no ha sido posible constatar diferencias entre cárceles concesionadas y privadas en el diseño de los programas de reinserción, ni tampoco ha sido posible conocer los motivos por los que no se han cumplido las metas de los concesionados en ese aspecto. Oliveri también evidenciaba una alta rotación de los profesionales y equipos técnicos, lo que dificulta las intervenciones psico-sociales a los internos. Asimismo, reconocía la necesidad de profesionales altamente especializados y un aumento del número de profesionales enfocados en labores de reinserción, como también aumentar el porcentaje del presupuesto designado para ese quehacer. Así, en las cárceles concesionadas habría una oferta programática que no se estaría adaptando a realidades nacionales y locales, faltando prestaciones y profesionales para generar un adecuado plan de rehabilitación y reinserción.

De todos modos, los porcentajes de internos que han participado de programas del sistema en su totalidad presentan porcentajes relativamente bajos. Aunque de la encuesta no se conocen las razones de la no-participación, una de las hipótesis que explicaría estos bajos guarismos tendría que ver con la poca centralidad que tiene actualmente la labor de reinserción de los centros penitenciarios.

De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos en su Informe de Condiciones Carcelarias 2013, si bien en las cárceles concesionadas la mayoría de los/as internos/as cuenta con un diagnóstico psicosocial (el cual es elaborado al momento de ingresar a cumplir la condena al establecimiento), los/as internos/as declararon en su mayoría que no cuentan con oferta psicosocial permanente, sino solo cuando tienen cumplido el tiempo mínimo para postular a beneficios intrapenitenciarios. En otras palabras, los internos/as se quejaban de recibir escasa atención por parte de psicólogos/as y asistentes sociales.

A partir de los datos recolectados, el acceso a los programas de reinserción constituye, quizás, el aspecto más problemático de las cárceles privadas pues, en ninguno de los seis programas que forman el índice las cárceles privadas presentan porcentajes de participación mejores que sus contrapartes públicas tradicionales; en tres de ellos, inclusive, el sistema penitenciario tradicional muestra mayor participación (trabajo remunerado, actividades deportivas y actividades artístico-culturales). Esto adquiere particular relevancia en tanto las expectativas del sistema penal concesionado en el país tenían una fuerte inclinación hacia que se potencien los programas de reinserción y rehabilitación, posicionándose como una de las principales promesas de estos.

Rendición de cuentas y costos

A partir de la evaluación realizada por Paz Ciudadana el año 2013 es posible considerar que el tema de la rendición de cuentas sería una complicación de este sistema en tanto el estado desconoce la manera en que efectivamente se llevan a cabo los recintos. El mismo informe de Paz Ciudadana del año 2013 tematiza el riesgo de que exista lucro o generación de ganancias con el sistema penal: existe un conflicto de intereses entre la calidad de los servicios entregados y las motivaciones de generar la mayor ganancia a costa de estándares que se degraden. Finalmente, dicha evaluación señala que la privatización de los centros penales dificulta la coordinación de otras agencias públicas, además de dejar en evidencia que se corre el riesgo de dar un giro desde el monopolio del estado hacia el monopolio de un privado.

De acuerdo a Prado, “(…) la alternativa de solución concesionada no ha resuelto el problema hasta la fecha: no ha cumplido con las metas y plazos programados; además de tener un costo mayor al de las cárceles tradicionales”²⁰ cuestionándose, por ende, la eficiencia y eficacia en la que estaban puestas las expectativas de la colaboración de los privados al quehacer público en el sistema carcelario. Esto, tomando en consideración que se esperaba que las cárceles concesionadas albergaran al 34% de toda la población privada de libertad³ y actualmente solamente albergan al 24,6%.

3.5. Reincidencia

Dentro de los pocos estudios que se tienen noticia sobre la evaluación de las cárceles concesionadas en Chile se encuentra el trabajo realizado por la Fundación Paz Ciudadana el año 2013, donde se compararon los niveles de reincidencia delictual por tipo de cárcel (pública v/s concesionada). Dentro de los principales hallazgos estaba el hecho de que los niveles de reincidencia no presentaban diferencias significativas asociadas al tipo de cárcel que habitaron.

La metodología utilizada en dicho estudio fue cuasi experimental como respuesta a la imposibilidad de contar con dos grupos asignados completamente asignados al azar en el sistema penitenciario chileno. Entre las ventajas de usar cuasi-experimentos se cuenta que proveen una buena alternativa cuando la aleatoriedad no es posible (como es el caso de las cárceles chilenas), siendo recomendados para evaluar resultados a nivel de programas. De este modo, el estudio intentó controlar efectos del recinto y de variables individuales en la reincidencia, ofreciendo una primera aproximación confiable a la pregunta acerca de los niveles de reincidencia en cárceles públicas versus concesionadas.

Otro estudio de reincidencia realizado por Gendarmería de Chile en 2013 mostraba que existían diferencias estadísticamente significativas en la tasa de reincidencia entre ambas modalidades de cárceles, posicionando a las concesionadas casi 3 puntos porcentuales por encima de su contraparte tradicional. La tasa de un 41,1% de reincidencia para las concesionadas se contrapone al 38,2% en el caso de las cárceles tradicionales (chi: 0,003), y dichos resultados se dan incluso tras comprobar que variables tales como el compromiso delictual, el tiempo de condena y la conducta de los internos se comporta de manera homogénea para ambos tipos de administración. Un elemento a tener en consideración es que este estudio realizó un periodo de seguimiento de dos años, versus los tres años que, usualmente, son los empleados en este tipo de análisis.

Dicho de otra forma, aun cuando debido a factores como la asignación no-aleatoria de los reclusos ninguno de los dos estudios citados logró aislar totalmente los posibles efectos de variables individuales en los niveles de reincidencia futuras y/o el “efecto cárcel” (multinivel) sobre las trayectorias individuales, la evidencia empírica disponible a partir de ambos trabajos respecto a la efectividad de las cárceles concesionadas en cuanto a disminuir la reincidencia sugiere que no habrían diferencias entre ambos sistemas, lo cual supone un revés a la promesa inicial del sistema concesionado de brindar más reinserción.

En este sentido, futuros estudios podrían incorporar análisis multinivel y/o estudios longitudinales, con el fin de profundizar los análisis y robustecer las conclusiones respecto a la influencia de los recintos, incorporando a su vez análisis adicionales respecto a otras variables -como el vecindario al cual llegan- que impactan en los procesos de reinserción.