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Política criminal

versión On-line ISSN 0718-3399

Polít. crim. vol.13 no.25 Santiago jul. 2018

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992018000100572 

Documentos

Análisis de los cuasidelitos de incendio y otros delitos vinculados previstos en el Decreto Supremo Nº4.363 (“Ley de Bosques”)

Analysis of fire reckless offenses and other related crimes provided by the Supreme Decree N°4.363 (“Forest Law”)

Gonzalo Javier Bascur Retamal 1  

1 Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad de Talca. Magíster en Derecho Penal, Universidad de Talca y Universitat Pompeu Fabra. Profesor de Derecho, Universidad Santo Tomás (Talca), Chile, gbascur@santotomas.cl

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una aproximación dogmática sobre los delitos previstos en los arts. 22 a 22 ter del D.S. Nº 4.363, consistentes en tipos imprudentes de incendio y tipos dolosos complementarios a tal contenido de injusto, precisando los elementos constitutivos de su tipicidad y señalando determinados aspectos de la tipificación que se consideran relevantes para su operación práctica.

Palabras clave: Cuasidelitos; imprudencia; incendio; peligro abstracto; parte especial

Abstract

This paper has as purpose to develop a dogmatic approach on the crimes foreseen in article 22 to 22 ter of Supreme Decree Nº 4.363, consisting on criminal types of reckless fire and malicious offenses complementary with such content of illegality, specifying the constituent elements of their typicity and pointing out certain aspects of the legal text that are considered relevant for its practical operation.

Keywords: Reckless crimes; imprudence; fire; abstract danger; criminal offenses

1. El contenido de injusto del delito de incendio (en sentido amplio)

“La fábula de Prometeo encadenado por Zeus en las cubres del Cáucaso por haber librado a los humanos el secreto del fuego, es buena prueba del impacto de orgullo y horror que en la conciencia de la humanidad dejó tan decisivo invento, paralelo en las tinieblas de su Prehistoria, al renacentista de la pólvora y al tan reciente de la desintegración de la materia. Por lo mismo no es de extrañar la frecuencia y dureza con que las legislaciones antiguas regularon tan peligrosa materia”.1

Nuestro derecho contempla un amplio y casuístico catálogo de lo que podríamos denominar como delitos de incendio “en sentido amplio”. Tal variedad de tipos delictivos se diferencia -en lo medular-por dos propiedades: (i) el objeto de la acción del comportamiento incendiario, es decir, la cosa “hacia” o “sobre” la cual se “dirige” (dolo) o “propaga” (culpa) el fuego2; y (ii) la modalidad de imputación subjetiva que admite el supuesto de hecho3, pues las reglas aplicables a las infracciones “dolosas” se encuentran previstas en los arts. 474 a 483 b del Código Penal (en adelante: CP)4; mientras que las conductas imputables a título de “culpa”, en los arts. 22 a 22 ter del D.S. Nº 4.3635, comúnmente denominado como “Ley de Bosques” (en adelante: LB).

En relación al punto (ii), el presente documento elabora un breve análisis tanto de los “cuasidelitos” de incendio actualmente vigentes en el derecho nacional, como también de los tipos accesorios cuya finalidad es servir de complemento para su evitación. La relevancia de la contribución reside en desarrollar una aproximación preliminar a un género de infracciones que, debido a la devastadora y reciente contingencia nacional6, reclamarían una mayor atención que la escasamente dispensada por la doctrina local.

1.1 Generalidades

Originalmente, el delito de incendio fue tipificado en el § IX del T. IX L. II CP, es decir, bajo la rúbrica correspondiente a los delitos contra la “propiedad”. Sin embargo, a nivel mayoritario se considera que este no sería ni exclusiva como tampoco prevalentemente el bien jurídico protegido por el tipo penal7. Esto porque el incendio constituiría algo distinto y bastante más grave que un simple daño patrimonial ocasionado por el uso del fuego8, conclusión que se obtiene del examen del inc. I del art. 482 CP:

El culpable de incendio o estragos no se eximirá de las penas de los artículos anteriores, aunque para cometer el delito hubiere incendiado o destruido bienes de su pertenencia.

Por ello, al declararse punible el incendio sobre cosa propia, el injusto necesariamente habría de ser fundamentado en la afectación de un interés distinto a la propiedad9, pues ciertamente no tendría sentido alguno criminalizar el más nítido ejercicio del derecho real de dominio: la enajenación “material” de la cosa10. Esta conclusión sería reforzada por texto expreso a partir de lo señalado en dos disposiciones del CP.

El art. 478 CP dispone calificar como daño patrimonial y por ende, no subsumir un potencial evento como incendio, bajo las siguientes condiciones:

En caso de aplicarse el incendio a chozas, pajar o cobertizo deshabitado o a cualquier otro objeto cuyo valor no excediere de cuatro sueldos vitales, en tiempo y con circunstancias que manifiestamente excluyan todo peligro de propagación, el culpable no incurrirá en las penas señaladas en este párrafo (§ IX: Del incendio y otros estragos); pero sí en las que mereciera por el daño que causare con arreglo a las disposiciones del párrafo siguiente (§ X: De los daños)11.

Por otra parte, el art. 482 inc. II CP exime de pena a la persona que proceda a incinerar una cosa, disponiendo:

Pero no incurrirá en tales penas el que rozare a fuego, incendiare rastrojos u otros objetos en tiempos y con circunstancias que manifiestamente excluyan todo propósito de propagación, y observando los reglamentos que se dicten sobre esta materia.

Lo anterior no implica negar que todo incendio involucre la afectación total o parcial de un objeto portador de significación patrimonial, sino más bien reconocer que dicha constatación no lograría fundamentar por sí sola la antijuridicidad material del suceso. Esta falta de relevancia de la destrucción -total o parcial- sobre la sustancia de una cosa, permite explicar el sentido de la regla concursal de subsidiariedad expresa contemplada en el art. 488 CP:

Las disposiciones del presente párrafo (§ X: daños patrimoniales) sólo tendrán lugar cuando el hecho no pueda considerarse como otro delito que merezca mayor pena12.

Esta regla expresa, en términos de la teoría del concurso, que si en forma simultánea a la realización de un incendio se verifica un delito de daños, este último debe ser considerado como abarcado suficientemente por el contenido de injusto del primero13.

Adicionalmente, ha de resaltarse una propiedad caracterizadora “implícita” en todo tipo de incendio, que surge de la exigencia “negativa” contemplada por los arts. 478 y 482 inc. II CP: sólo podrá calificarse un hecho consistente en la incineración de una cosa bajo el tipo de daño patrimonial, cuando el resultado de combustión exhiba una manifiesta “ausencia” de riesgo de “propagación”. Por lo anterior, la doctrina mayoritaria14 ha generalizado dicha circunstancia como un elemento “positivo” de esta especie delictiva15, aunque no siempre de manera explícita, relegando su tratamiento al estudio de las etapas imperfectas de realización del delito. Así, el riesgo de propagación incontrolada se hallaría incorporado en forma “tácita” 16 al tipo objetivo de todas las variantes de incendio17.

La legislación forestal pareciera inclinarse en este sentido, pues el art. 2 Nº 25) de la Ley Nº 20.283 “sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” (en adelante: LBN) define “incendio forestal” como “toda destrucción de la vegetación, por intermedio del fuego y cuando éste se propaga libremente y sin control en terrenos denominados forestales”18; mientras que el inc. I del art. 2 del D.S. N° 733 del Ministerio del Interior, que contiene el “Reglamento sobre prevención y combate de incendios forestales”, define incendio forestal de “gran magnitud” como el evento caracterizado “por su extensión o valores afectados o que amenacen la vida, salud o bienes de las personas o que puedan llegar a constituir una catástrofe por su cercanía con centros poblados u obras públicas”19.

El análisis dogmático de la circunstancia de “riesgo de propagación” implica dilucidar a qué clase de componente del tipo objetivo corresponde. Para ello, resulta útil la distinción entre el concepto de “resultado típico” y “resultado jurídico” del delito. Desde un punto de vista “formal”, el delito de incendio es un delito de resultado20, lo cual significa que para considerar el estadio de “consumación” del mismo, debe verificarse, en forma ex-post a la realización de la acción, un determinado estado de cosas descrito por la ley como resultado típico21. Sin embargo, al menos en su mayoría, los tipos penales utilizan el concepto de incendio para describir la modalidad ejecutivo-instrumental (“incendiare”), es decir, para referirse a la conducta activa y no al resultado típico de la acción22, por lo que en rigor, la conducta propia del incendio no se encontraría expresamente descrita en la ley penal23.

No obstante, dado que la producción de daños patrimoniales es un evento necesario para la configuración del “iter” -o estructura- de todo incendio24, la combustión de una cosa no puede por sí sola constituir el momento consumativo del incendio25. De modo que sólo un complemento adicional podría caracterizar a este delito: el fuego habría de tomar cuerpo y producir un abrasamiento que escapara del ámbito de control del agente26. El “incendio”, entonces, consistiría en el resultado “material” (esto es: físico-causal) exigido por el tipo para configurar el estado de consumación: incendio es la destrucción por combustión (total o parcial) de cosas “con” riesgo de propagación incontrolada del fuego. En este punto cobra relevancia la estructura “material” de este delito: el incendio sería un delito de resultado en que dicho hito consiste en un estado de cosas “materialmente” coincidente con una situación de peligro “abstracto”27. Lo anterior quiere decir que desde un punto de vista fenomenológico, la reacción de combustión de una o más cosas ha de exhibir un determinado grado de desarrollo28 que supondría su extinción sólo por medios extraordinarios29, es decir, cuando este fenómeno se torne “autónomo”30, “incontrolado”31 o “ingobernable”32. En síntesis, la estructura común a todo incendio consiste en: (i) un acto de “ignición” preliminar desde un medio incendiario hacia uno o más objetos de la acción33, circunstancia que, habida adscripción del dolo, correspondería a la tentativa -en sentido amplio-; y (ii) un resultado de “incendio” propiamente tal34, empíricamente constatado por la entidad que adquiere el fuego en razón de su aptitud para propagarse en forma descontrolada, lo cual -a nivel “material”- haría surgir el factor de “peligro común” que confiere a esta clase de combustión “en cadena” su carácter de delito contra la “seguridad pública” y por ende, explicaría su elevada penalidad35.

Por lo anterior, el incendio no consiste solamente en el acto de provocar la combustión de algo36, sino que obedecería a un concepto “resultativo”37, donde la cosa total o parcialmente incinerada, sólo funge como “insumo” para la generación del resultado típico38; todo lo cual implica, saludablemente, un razonamiento que obliga al tribunal a trasladar el enfoque desde un plano fáctico a uno valorativo39. Consecuentemente, la exigencia de una proyección “catastrófica” del fuego ha llevado a identificar como bien jurídico tutelado a un objeto de naturaleza “supraindividual” denominado como “seguridad colectiva”40, cuyo referente empírico sería la producción de una condición de riesgo “generalizada” para todo tipo de bienes jurídicos, sean de naturaleza “individual” o de naturaleza “colectiva”41.

1.2. Los tipos de incendio de vegetación en particular

Los “cuasidelitos” de incendio tipificados en la Ley de Bosques, a diferencia de ordenamientos jurídicos comparados42, exceden la categorización jurídica de “incendio forestal”. El derecho chileno desconoce tal nomenclatura, al menos en sentido jurídico-penal43, y más bien correspondería -en nuestro medio44- a una denominación basada en cierta fenomenología de aparición de los mismos -sino la más habitual- consistente en la destrucción por combustión de “bosques” o plantaciones forestales; como también a una nomenclatura dada por la ubicación de las infracciones en el cuerpo matriz de la regulación “forestal”, el D.S. Nº 4.363.

Pero tal denominación no se agota exclusivamente en dichas infracciones, siendo extensiva también a los tipos dolosos previstos en los Nº 3 y 4 del art. 476 CP, particularmente en razón del objeto de la acción típica45.

De esta forma, los referidos tipos delictivos tienen en común la previsión de idénticos objetos de la acción en sus correlativas descripciones: “bosques”, “mieses”, “pastos”, “montes”, “cierros”, “plantíos” y “formaciones xerotíficas”. Y tal como puede apreciarse, en todos los casos se trataría de componentes integrantes de la “vegetación” o elementos de la denominada “cubierta vegetal”46. Esta coincidencia explica la necesidad de un análisis conjunto de ambos grupos de figuras, pudiendo constatarse, como será planteado, un específico contenido de antijuridicidad material que revestiría a dichas infracciones de una caracterización particular por sobre los restantes tipos de incendio.

La proposición de este injusto específico “común” se basa en las siguientes consideraciones:

  1. La existencia de un deliberado tratamiento legislativo unitario al que han sido sometidos los tipos del art. 476 Nº 3 y 4 CP y los arts. 22 inc. II y 22 ter LB. En tal sentido, la publicación de la Ley N° 20.653, con fecha 02.II.2013, y destinada a incrementar “las sanciones a responsables de incendios forestales”, modificó ambos grupos delictivos bajo esa misma idea matriz. Así, se agregó como objeto de la acción del art. 476 Nº 3 CP a las “formaciones xerofíticas” definidas en la LBN y se incorporó un nuevo supuesto de hecho en el Nº 4 de la misma disposición destinado a sancionar el incendio de Áreas Silvestres Protegidas. Mientras que en relación a la Ley de Bosques, se reordenó la tipificación de las infracciones contemplando actualmente dos “cuasidelitos” de incendio (arts. 22 inc. II y 22 ter LB) y otras dos figuras de “dolosas” de naturaleza complementaria a las anteriores (arts. 22 inc. I y 23 LB).

  2. La previsión a título de “imprudencia” de los incendios tipificados en la Ley de Bosques, lo cual necesariamente implicaría -a nuestro juicio- reconocer alguna propiedad jurídica especial que fundamente dicha decisión: dado que la culpa operaría en tanto mecanismo de imputación “subsidiaria” frente al dolo, restringido por lo mismo a un sistema de tipificación expresa -o “numerus clausus”- (arts. 2 y 10 Nº 13 CP), el derecho penal de la culpa correspondería a un estatuto sancionatorio “excepcional”, y por ende, reservado para la protección de intereses que justifiquen su castigo inclusive “en ausencia” de dolo47. Así, la “apertura” de la imputación “culposa” a los tipos de incendio originalmente previstos en el Código Penal y luego codificados en la LB, en definitiva exigiría que todo ciudadano “asegure” su capacidad de evitar incurrir en la realización de tales conductas, lo cual resultaría indiciario de que su contenido de injusto exhibiría alguna propiedad adicional al exclusivo riesgo de propagación que fundamente este régimen excepcional.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, aquí se propone denominar al incendio de bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos y formaciones xerotíficas como incendio de vegetación, comportamiento que se encontraría tipificado a título intencional o doloso en los Nº 3 y 4 del art. 476 CP; mientras que a título culposo o imprudente, en el inc. II del art 22 y en el art. 22 ter LB.

1.3. El medio ambiente como objeto (complementario) de tutela

Si bien la escasa literatura existente en la materia no ha realizado una mayor profundización sobre el injusto subyacente a estos tipos penales48, Jean Pierre Matus y María Cecilia Ramírez han propuesto que dicho contenido estaría relacionado de alguna manera con la afectación del “medio ambiente” 49.

En este sentido, la principal dificultad que entraña este objeto de tutela es la identificación precisa de las propiedades que integran su composición, en el sentido de los criterios que deben ser tenidos en cuenta para evaluar en concreto el injusto del hecho. Se trata, por ende, de un problema de la parte especial, relacionado con la función “interpretativa” del bien jurídico, y que actualmente enfrenta -de manera muy sintetizada- básicamente a dos propuestas de elaboración dogmática50: para el denominado “antropocentrismo”, la relevancia típica del suceso debería evaluarse en relación a la afectación que genera el evento para la vida del ser humano; mientras que para el “ecocentrismo”, la dañosidad del evento ha de ser analizada desde una perspectiva “autónoma”, centrada en los componentes del medio ambiente que son directamente afectados por el suceso. Como se aprecia, el punto nuclear del debate radica en si debe -o no- otorgarse relevancia a los intereses humanos individuales “mediatamente” afectados por el hecho, lo cual incluye, por cierto, también algunas tesis eclécticas o moderadas.

A partir de la definición de medio ambiente contenida en el art. 2 Nº 11 de la Ley N° 19.30051, la balanza pareciera inclinarse bajo una concepción de naturaleza “econcentrista”, tendencia que resulta prevalente en el horizonte comparado52. Desde esta posición interpretativa, el estado de cosas valorado consistiría en una determinada calidad de ciertos componentes naturales de uso o consumo colectivo, tales como el “agua”, el “aire” o el “suelo”53. La doctrina española ha profundizado la sistematización de tales componentes a partir de dos categorías complementarias54, distinguiendo entre (i) elementos “abióticos” (o inorgánicos), siendo tales determinados espacios vitales constitutivos de recursos naturales (agua, aire y cielo); y (ii) elementos “bióticos”, en tanto especies animales y/o vegetales (flora y fauna) que operan como mecanismos de estabilidad sobre los componentes abióticos.

Esta interdependencia entre el componente “abiótico” como plataforma de sustento de los elementos “bióticos”, resulta crucial para esbozar el contenido de injusto “medioambiental” de los delitos de incendio de vegetación.

Ya que el referente empírico del bien jurídico “medio ambiente”, desde el plano de análisis antedicho, se manifestaría en un recurso natural de uso colectivo, es determinante resaltar que una de las principales funciones medioambientales que cumple la denominada “cubierta vegetal” sería contribuir a la protección del recurso “suelo” a través de la reducción y/o amortiguación del fenómeno de la “erosión” 55: así por ej. la vegetación actuaría como una capa amortiguadora de los principales agentes erosivos naturales, como el agua, cuyo impacto directo con la tierra debilitaría su estructura, y/o el viento, cuya velocidad, de no contar con obstáculos naturales ante su libre circulación, provocaría igual nivel de degradación.

1.3.1. Tipo de injusto y lugar de realización del riesgo

Sea que se trate de las variantes dolosas o imprudentes de incendio de vegetación, en ambos supuestos existen buenas razones para considerar que el injusto propiamente medioambiental, representado por la combustión incontrolada de masa vegetal, se hallaría referido a la afectación del “suelo” en tanto elemento “abiótico”, precisamente por la generación de un peligro abstracto de erosión implicado en la exposición de una determinada superficie sin contar con el correspondiente “manto vegetal”.

En esta línea y tal como se adelantó, a pesar de que los tipos imprudentes se hallen codificados en la regulación nuclear de la normativa forestal, la descripción típica excede la sola destrucción de “bosques” o “plantaciones forestales”. Aquí es relevante la tipificación de “ganado”, “construcciones” o “bienes de terceros” como objeto de la acción “alternativo” de los arts. 22 inc. II y 22 ter, en tanto prima facie no parecieran integrar o constituir elementos de la cubierta vegetal propiamente tal.

Así por ej., piénsese en la combustión de un basurero localizado geográficamente en una zona “urbana” producto del abandono de una colilla de cigarro: ¿objetiva y subjetivamente, cabría la subsunción del hecho como incendio de vegetación por destrucción de un “bien propiedad de tercero” en los términos del art. 22 ter?

La única explicación coherente para la previsión alternativa de tales objetos en conjunto a la masa vegetal, sería una circunstancia de realización “implícita” a dichos tipos penales que derivaría del tipo de injusto: un determinado “lugar” geográfico de ocurrencia del suceso, común a todos los objetos de la acción.

Tal como ha resaltado la doctrina, en los tipos de incendio de vegetación, tanto de la Ley de Bosques como del Código Penal, adquiere relevancia el contexto “rural” o “agrario” de la realización típica. Así Mario Garrido explica sobre el art. 476 Nº 3 CP que “alude a los incendios que se provocan en el campo o la actividad agrícola”56, mientras que Alfredo Etcheberry indica sobre los tipos de la Ley de Bosques que se refieren “al incendio agrícola”57.

Precisamente esta consideración halla conexión con el contenido de injusto medioambiental señalado precedentemente: dicho espacio geográfico reflejaría especiales condiciones para una fácil propagación del fuego y una mayor dificultad para su control58, específicamente por tratarse de elementos vegetales59.

Esta especial condición del terreno tendría una doble significación jurídico-penal para el objeto de tutela60.

Para el injusto-base de los tipos, vale decir, la puesta en peligro abstracta de la “seguridad colectiva” inherente a todo incendio, adquiere relevancia el favorecimiento de una rápida propagación de las llamas por la presencia del abundante material combustible que implica la cubierta vegetal; circunstancia que explica la naturaleza de tipo “agravado” del incendio doloso de vegetación (art. 476 Nº 3 y 4 CP) por contraposición al tipo-base del art. 477 CP; mientras que en relación a los tipos imprudentes (arts. 22 inc. II y 22 ter LB), esta especial condición de peligro fundamentaría la apertura del sistema a la “culpa” como forma de imputación.

Mientras que en relación al “suelo” como recurso integrante del medio ambiente, es decir, el injusto-específico del incendio de vegetación, sólo la densidad vegetal que exhibe la porción territorial de carácter “rural” lograría colmar el nivel mínimo de antijuridicidad material que justificaría la puesta en peligro abstracta constitutiva de riesgo de erosión, de manera que dicha circunstancia de realización habría de estimarse como un elemento implícito de la descripción derivado del tipo de injusto de cada figura delictiva.

El menoscabo de tales elementos (por ej. pasto o árboles) sin las especiales condiciones que significa el contexto rural, como por ej. el incendio en zonas urbanas, sólo tendrían aptitud para configurar el injusto-base, conforme al específico supuesto de hecho que se trate, como por ej. “lugares habitados” (art. 475 Nº 1 CP), “oficinas” (art. 475 Nº 2 CP) o “lugar dentro de poblado” (art. 476 Nº 2 CP). Si tal realización se verifica con “imprudencia”, sólo cabría estimar el evento como producción de daño patrimonial, supuesto de casi nula aplicación práctica en razón de las particularidades de los delitos culposos contra la propiedad (véase 2.4.1. c) ii).

La consideración previa halla correlato en la distinción efectuada por el derecho público y civil patrimonial entre predio “rústico” e inmueble “urbano”. Así, el inc. I del art. 1 D.L. N° 3.51661 define como predio “rústico” a los “inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del plan regulador metropolitano de Concepción”, concepto igualmente ratificado por lo dispuesto en el inc. II del art. 1 DL N° 99362. Por otra parte, el inc. I del art. 1 de la Ley N° 18.10163 define predio “urbano” como “los ubicados dentro del radio urbano respectivo”, no siendo aplicable según el art. 2 N° 1 a predios “de cabida superior a una hectárea y que tengan aptitud agrícola, ganadera o forestal, o estén destinados a ese tipo de explotación”.

Asumiendo que el derecho penal es un orden regulativo “secundario” y “accesorio” a las normas del ordenamiento jurídico64, el fin de protección del tipo se encontraría vinculado al contenido del concepto jurídico de predio “rústico”, en virtud de sus dos elementos constitutivos: (i) un factor geográfico consistente en la ubicación del terreno fuera del correspondiente límite “urbano” y (ii) la destinación objetiva del inmueble a fines de explotación “rural” (agricultura, ganadería o forestación).

Además de las consideraciones de injusto ya efectuadas, una interpretación sistemática de los tipos de la Ley de Bosques, y consecuentemente con lo aquí sostenido, también extensible a los tipos del Código Penal, permite reconducir la verificación de los eventos típicos exclusivamente sobre predios “rústicos”, a partir de elementos presentes en el propio texto legal:

  1. El tipo del art. 22 inc. I se halla referido a la realización de una conducta destinada a la actividad “agrícola”, “ganadera” o “forestal” (detalladamente: véase 2.1.1. a); de manera que si se genera un resultado de incendio, el inc. II de la disposición, además de contemplar como objeto del hecho a los elementos de la cubierta vegetal, añade “bienes de terceros” tales como “ganado” o “construcciones”. Vale decir, el contexto de la acción típica presupone una de las propiedades definitorias de los predios rústicos: la destinación del inmueble.

  2. El tipo del art. 22 bis circunscribe la ejecución de la acción típica a un Área Silvestre Protegida, ubicación de por sí ajena al contexto “urbano”.

  3. El art. 22 ter exige que la destrucción de la masa vegetal o bienes de terceros haya sido iniciada en “zonas rurales” o en “terrenos urbanos” o “semiurbanos destinados al uso público” (en detalle: véase 2.4.1. b). Conforme a los antecedentes legislativos, se hizo notar durante la tramitación del proyecto que culminó con la publicación de la Ley N° 20.653, la necesidad de especificar el lugar de ejecución del hecho, pues la gran mayoría de incendios forestales inician su propagación en zonas aledañas a las Áreas Silvestres Protegidas o en límites de los centros urbanos65, de manera que subyace a la modificación legal la consideración latente de que el sitio de incendio se encuentra localizado fuera de límites urbanos.

  4. La regulación unitaria efectuada por la Ley N° 20.653 a los tipos del Código Penal y la Ley de Bosques reflejaría un fundamento común de incriminación para ambas especies delictivas66.

1.3.2. Síntesis

A partir de las consideraciones previas, las variantes dolosas e imprudentes del incendio de vegetación exigirían como circunstancia de realización que el resultado típico se verifique sobre un predio “rústico”, vale decir, situado fuera del radio urbano y destinado a labores de carácter agrícola, forestal o ganadero. El fundamento material para esta limitación derivaría del contenido de peligro abstracto subyacente para el medio ambiente: la propagación incontrolada sobre la masa vegetal sólo podría verificarse potencialmente en espacios geográficos densamente ocupados por tales componentes bióticos, de manera que si objetivamente se afectan en centros urbanos, el riesgo para el componente “suelo” (como interés medioambiental adicional) resultaría desplazado por el peligro para la seguridad colectiva, y por ende, la subsunción restringida a los tipos dolosos del Código Penal.

La propuesta esbozada permite enlazar el objeto “vegetal” de la acción con el resultado de peligro abstracto de “erosión”, ya que la propagación incontrolada de las llamas sólo podría realizar un peligro abstracto de erosión del suelo cuando se verifique sobre terrenos susceptibles de ser afectados -aún de forma remota- por tal fenómeno, en forma “relevante”, es decir, espacios geográficos constitutivos de predios “rústicos”.

Este planteamiento permite realizar una lectura unitaria desde el punto de vista del contenido de injusto sobre los tipos delictivos de la Ley de Bosques, pues el único delito no vinculado a un incendio de vegetación, corresponde a la acción de corte y tala ilegal de bosques y arbustos nativos, tipificado en el art. 21, cuya ilicitud se encuentra referida principalmente a la perturbación de suelos y/o manantiales y por ende, no directamente encaminada al resguardo “directo” de la masa arbórea67.

De lo anterior se puede concluir que el incendio de vegetación sería aquel proceso de combustión incontrolada que se propaga por inmuebles “rústicos”, “a través” de la correspondiente cubierta vegetal, destruyendo este abrasamiento, conjunta y/o alternativamente, tanto los elementos de la misma como también eventuales bienes de terceros.

1.4. Consecuencias interpretativas

Desde un punto de vista estrictamente práctico, la determinación precisa del injusto fundante del carácter “medioambiental” del correspondiente incendio conlleva, a nuestro juicio, principalmente tres aspectos de relevancia.

  1. En primer lugar, la asunción del componente “medioambiental” en el injusto del hecho implica una posible restricción al tipo objetivo del cuasidelito del art. 22 ter inc. I, relativa al objeto de ataque y al lugar de ejecución del delito, por cuanto una interpretación desvinculada del contenido material de antijuridicidad antedicho, como se verá, podría llevar a considerar tal figura como un delito imprudente de incendio de aplicación general68 (véase 2.4.1. b), enteramente desvinculado del contenido de injusto aquí propuesto en relación al componente “suelo”.

  2. Como segunda cuestión, incide en relación a la posibilidad de aplicación de salidas alternativas al proceso penal. Conforme dispone el art. 241 inc. II del Código Procesal Penal, la celebración de acuerdos reparatorios, en principio sí procede tratándose de “cuasidelitos”, sin restricción alguna sobre el tipo de infracción así imputada. Sin embargo, al tratarse de una convención directa entre el imputado y la “víctima”, considerando que el fundamento general de la institución es otorgar “disponibilidad” de la pretensión penal a un agente no estatal, por afectar intereses predominantemente de carácter privado69, surgen dudas sobre la aplicabilidad de este mecanismo en relación a la naturaleza del delito de incendio: por una parte, el contenido de “peligro común” asociado al siniestro constituiría un superávit de injusto no disponible por los intervinientes; mientras que por otra, al vulnerarse un bien jurídico colectivo surgen interrogantes acerca de la verdadera “víctima” en sentido estricto70. Tales dificultades no se presentan en la suspensión condicional del procedimiento, la que sujeta a la prognosis concreta de pena del correspondiente imputado, procedería tanto en los delitos como cuasidelitos de incendio.

  3. Finalmente y en tercer lugar, repercute sobre el posible reconocimiento de la circunstancia atenuante de efecto ordinario prevista en el art. 11 Nº 7 CP, denominada como reparación “celosa” del “mal” causado por el delito, pues existe un cierto debate acerca de la naturaleza de los delitos en que resultaría procedente71, la que en lo medular, apuntaría, si bien no de manera explícita, a un concepto de “mal” fuertemente asociado a la afectación de bienes jurídicos personalísimos, circunstancia que de cierto modo se ve reforzada por la exclusión de la atenuante en delitos contra bienes jurídicos supraindividuales, como la salud pública (art. 20 de la Ley Nº 20.000) y la seguridad del tráfico rodado (art. 197 inc. V de la Ley Nº 18.290), aunque existe una cierta tendencia a la aceptación de su aplicación general, salvo en los casos taxativamente excluidos por la ley72. En este punto se alude a la eventual identidad en el fundamento de esta circunstancia con los acuerdos reparatorios73, por lo que las dificultades antedichas se hallan referidas tanto al contenido de injusto del hecho como a la titularidad del interés afectado.

2. Los delitos de incendio (y otros relacionados) tipificados en el D.S N° 4.363

El catálogo de infracciones penales previsto en la LB es el resultado de la modificación introducida por la Ley N° 20.653, publicada el 02.II.2013. Dicho cuerpo legal fue orientado, según indica su propio título, a incrementar el rigor punitivo sobre los responsables por “incendios forestales”, dando forma a la actual estructura de la LB, la cual permite identificar dos géneros de comportamientos prohibidos, relacionados entre sí por una relación de “progresión” de un mismo contenido -o “iter”- de injusto: el riesgo de producción de un resultado de incendio de vegetación.

Un primer grupo de tipos consiste en supuestos de incendio propiamente tal, caracterizados por ser los únicos cuasidelitos -o delitos imprudentes- de esta clase contemplados en el derecho chileno. Entre sí, los tipos se diferencian por el respectivo “medio comisivo” empleado, de manera que según los términos legales, el primero sólo constituiría una explicitación del segundo:

El inc. II del art. 22 tipifica la provocación de un incendio por la realización -ilegal- de una actividad de “roza a fuego” o “quema controlada”;

Mientras que el art. 22 ter tipifica aquel generado por el “uso del fuego” u “otra fuente de calor”, subdistinguiéndose entre:

Un tipo-base previsto en el inc. I, sancionado con igual pena que el incendio del art. 22 inc. I, y;

Un tipo-agravado contemplando en su inc. II, fundamentándose dicha calificación por el objeto de la acción: la afectación de un “área silvestre protegida”.

Desde el contenido de antijuridicidad material, ambos supuestos implican la configuración del nivel de injusto más intenso contemplado en la LB, al verificarse un resultado de incendio propiamente tal, circunstancia claramente reflejada en la penalidad asignada a cada supuesto de hecho.

El segundo conjunto de figuras consiste en “delitos” -vale decir: dolosos- donde lo castigado es la realización de una determinada actividad con infracción a la reglamentación extrapenal vigente. Tales hechos son punibles sin requerir la verificación de un resultado adicional a la simple manipulación ilícita de una fuente de peligro:

  1. El inc. I del art. 22 tipifica la realización ilegal de una actividad de “quema controlada” o “roza a fuego”;

  2. El inc. II del art. 22 bis sanciona el “uso” ilegal de una fuente de calor (fuego u otra) al interior de un “área silvestre protegida”.

En ambos casos, el contenido de injusto puede ser interpretado como una forma de “anticipación” a la tutela de la seguridad colectiva y el medio ambiente, mediante la incriminación de actos que entrañan un riesgo latente de producción de incendio forestal.

2.1. Empleo “ilegal” de la técnica de quema controlada (art. 22 inc. I)

Dispone el inc. I del art. 22:

El empleo del fuego, en contravención a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos, y siempre que de ello no se haya seguido incendio, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de once a cincuenta unidades tributarias mensuales.

2.1.1. Tipo objetivo

a) Conducta típica

La acción típica puede ser esquematizada de la siguiente manera: (i) utilización del fuego (ii) sin ocasionamiento de incendio y (iii) en contravención a lo dispuesto por la regulación forestal. El requisito (iii) permite caracterizar al tipo como realización “ilegal” de una actividad reglamentada.

i. Generalidades

El comportamiento se encuentra descrito como un acto positivo: la acción de “emplear fuego” sin ocasionamiento de “incendio”. De esta forma, el tipo sanciona la utilización de un proceso de combustión en cuanto medio para un determinado fin, sin que el fuego adquiera un desarrollo fuera del ámbito de control del agente. Para la determinación del injusto del hecho, la acción es complementada con una circunstancia de comisión a modo de un elemento normativo: se exige que tal uso del fuego contravenga la normativa extrapenal vigente en materia forestal, sea de nivel legal o reglamentario74.

La redacción es concordante con lo dispuesto en el art. 482 CP:

El culpable de incendio o estragos no se eximirá de las penas de los artículos anteriores, aunque para cometer el delito hubiere incendiado o destruido bienes de su pertenencia.

Pero no incurrirá en tales penas el que rozare a fuego, incendiare rastrojos u otros objetos en tiempos y con circunstancias que manifiestamente excluyan todo propósito de propagación, y observando los reglamentos que se dicten sobre esta materia.

Se trata de una regla que merece una breve explicación75. La disposición establece que, en principio, la quema de cosas “propias” sin riesgo de propagación es un evento atípico, pues la falta del contenido de peligro abstracto impidiría la configuración de un resultado de incendio en sentido estricto76. La excepción a la atipicidad estaría dada cuando el acto de incineración sobre cosa propia se ejecuta para el desarrollo de una determinada “actividad” que conlleve un germen de riesgo de producción de incendio77 (el art. 482 se refiere a la roza a fuego o quema de rastrojos78). La referencia a que tal acto se realice en circunstancias que excluyan “todo propósito de propagación”, debe ser comprendida en clave objetiva: la regla se halla referida al ejercicio de una actividad de utilización de fuego que implique un deber de vigilancia del agente sobre la combustión para impedir su descontrol.

Debido al peligro inherente al uso del fuego, la regla exige que dicho empleo debe cumplir (“con observancia”) las exigencias de seguridad dictadas por la autoridad competente (“los reglamentos que se dicten en la materia”). Se trata de una decisión político-criminal que pretende otorgar el monopolio estatal sobre la reglamentación para el uso del fuego en tanto fuente de riesgo: en este contexto no bastarían las medidas de aseguramiento observadas o diseñadas por el propio imputado, por el contrario, se requiere un nivel superior de diligencia diseñado por la institucionalidad estatal.

Por ello, aun cuando el imputado realice una actividad de uso del fuego con medidas de precaución dispuestas por él para evitar su propagación incontrolada, el hecho igualmente resultaría punible si este no cumple con la normativa de seguridad reglada institucionalmente aplicable al ámbito de relación correspondiente.

Sin embargo esta regla presenta problemas en relación a su implementación: al no contemplar una norma de comportamiento en su texto, deja entregada la punibilidad a los tipos penales que se promulguen en este sentido. Originalmente, el tipo aplicable era la falta del art. 495 Nº 11 en relación a la actividad de “quema de bosques”, “rastrojos”, “productos de la tierra” y la operación de “máquinas de vapor”, “calderas”, “hornos” u “lugares semejantes”; sin embargo, la dictación del D.S. Nº 4.363 vino a derogar tácitamente su vigencia respecto a la actividad “forestal”. En el caso de actividades diversas a las señaladas en el art. 495 Nº 11 CP y el art. 22 inc. I LB, el derecho chileno no presenta otros tipos penales aplicables.

Bajo este diseño legislativo debe comprenderse el tipo del art. 22 inc. I: se trata de la realización de actividades de despeje agrícola con infracción a la reglamentación estatal vigente. De manera que estructuralmente, el tipo se configura a nivel formal como un delito de “mera actividad”, vale decir, que se consuma por la sola realización de la acción79; mientras que a nivel material, se trata de un delito de peligro abstracto, cuyo injusto se configura en razón de infringir la regulación accesoria que funge como parámetro general de prevención de riesgos de incendio forestal.

Desde la perspectiva del injusto de incendio, se puede realizar una lectura de la figura como un eslabón anterior a la producción del resultado: se trataría de la consagración de una regla de precaución como una norma de comportamiento de carácter penal, transformando un acto descuidado (o imprudente) en un hecho doloso bajo la fisionomía de un delito de peligro abstracto, en cuanto el comportamiento consiste meramente en la contravención intencional de una regla de cuidado80. Por ello, este tipo delictivo es una excepción a la atipicidad de la destrucción sobre cosa propia: en la medida que exista infracción a reglamentación estatal sobre el uso del fuego (inc. II del art. 482 CP), se constataría un contenido de peligro abstracto de propagación del fuego (art. 478 CP) por la naturaleza misma de la acción incriminada.

ii. La regulación extrapenal de la actividad de quema controlada

Tal como se adelantó, el tipo exige que la acción sea realizada en contravención a lo dispuesto en la LB y las normas reglamentarias aplicables. La única disposición que contempla una regulación sobre el uso del fuego en la LB es el art. 18, texto que se halla referido a la técnica de “roza a fuego”, “roce a fuego” o “quema controlada”81 (art. 18 inc. I), definida por el art. 2 del “Reglamento sobre roce a fuego” (en adelante: RRAF), contenido en el Decreto N° 276 del Ministerio de Agricultura, y el art. 2 Nº 24 LBN, como la “acción de usar el fuego para eliminar vegetación en forma dirigida, circunscrita o limitada a un área previamente determinada, conforme a normas técnicas preestablecidas y con el fin de mantener el fuego bajo control”. En síntesis dicho método se encuentra limitado a la eliminación de “desechos vegetales” en terrenos de naturaleza “rural” 82.

iii. Lugar de ejecución: Predios “rústicos”

Si bien el tipo no requiere de manera expresa un determinado lugar de ejecución de la acción, el art. 18 inc. I indica que la roza a fuego se encuentra prohibida en los terrenos indicados en el art. 1, disposición que circunscribe el ámbito de aplicación de la LB sólo a terrenos “con aptitud preferentemente forestal”. Dicha categoría jurídica responde a un estatuto diseñado en orden a fomentar el proceso de forestación nacional, otorgando al respectivo titular una serie de beneficios económicos y tributarios, condicionados a un procedimiento administrativo de reconocimiento realizado por CONAF y regulado en los arts. 4 y ss. DL N° 2.565. Por ende, al menos desde una primera lectura, el tipo penal sólo podría ser realizado si la acción se verifica en un predio que haya sido previamente reconocido bajo dicho estatus por CONAF.

Sin embargo el art. 3 RRAF dispone que la técnica de quema controlada se encuentra permitida -previa autorización de CONAF- en terrenos “agrícolas”, “ganaderos” y de “aptitud preferentemente forestal”. Así, la acción típica puede ser realizada en terrenos de carácter “agrícola” y “rural” 83, circunstancia que refleja precisamente el contenido de injusto “medio-ambiental” aquí propuesto: la posibilidad de propagación del fuego sobre una extensión de cubierta vegetal susceptible de erosionar el componente “suelo” favorecida por la verificación de dicha circunstancia “geográfica”.

A pesar de lo anterior, el concepto de terreno “con aptitud preferentemente forestal” nada aporta a una determinación precisa del lugar de ejecución. Tampoco los conceptos previstos en el art. 3 RRAF de terreno “agrícola” y “ganadero”, que no hallan correspondencia en la reglamentación extrapenal vigente. Sin embargo, como se vio, el concepto de predio “rústico” permite integrar las finalidades “agrícolas”, “ganaderas” y “forestales” bajo una categoría juridica unitaria que se condice con el componente medioambiental de injusto de los incendios forestales. De esta manera se lograría apreciar una coherencia de accesoriedad valorativa entre el fin de protección de la norma penal y la reglamentación extra-penal que permite dotarla de contenido. Ello no obsta a la admisión de un cierto margen de flexibilización realizado a través de una valoración propiamente “penal”84 sobre el “lugar” de ejecución: así por ej. un predio ubicado en una zona límite al interior del radio urbano, que exhiba dichas propiedades, igualmente podría ser objeto de subsunción.

Adicionalmente al lugar de ejecución, el art. 3 RRAF contempla los precisos objetos sobre los cuales habría de recaer una operación de incineración para configurar una “quema controlada”: (i) “rastrojos”, entendidos como los residuos de una cosecha ya explotada85; (ii) “ramas” y “materiales leñosos” en terrenos aptos para cultivos; (iii) requema para siembras inmediatas; (iv) “zarzamoras” u otra “vegetación” cuando se trate de construir y limpiar vías de comunicación, canales o cercos divisorios; (v) “especies vegetales” consideradas perjudiciales, y; (vi) quemas en terrenos de aptitud preferentemente forestal con el fin de habilitarlos para cultivos silvopecuarios o con fines de manejo silvícola según la reglamentación vigente.

Consecuencia de lo anterior, el uso del fuego a título de “quema controlada” o “roza a fuego” sólo puede consistir en la eliminación de “desechos vegetales” en finalidades propias de los predios “rústicos”.

iv. Significado de la “contravención” a la regulación forestal extrapenal

La gran apertura de la posibilidad de configurar la “ilegalidad” de la actividad resulta propia de la técnica empleada, es decir, de una “ley penal en blanco”.

En cuanto al supuesto de la infracción a la reglamentación de nivel “legal” susceptible de configurar la ilegalidad del acto (ley penal en blanco “impropia”), el caso de común ocurrencia es la realización de una “quema” sin contar con la respectiva autorización administrativa (art. 17 inc. I), procedimiento establecido en los arts. 4 y ss. RLB y que resumidamente consiste en una solicitud dirigida a CONAF para obtener un permiso que se concreta en la emisión de un “comprobante de aviso”, el que determina los días y horas en que se puede realizar la operación.

Por otro lado, la determinación de la infracción a normativa de nivel inferior (ley penal en blanco “propia”) resulta más compleja, dado que el RLB no contempla reglas técnicas -al menos en sentido estricto- sobre la manera en que se ha de “usar” el fuego. Sin perjuicio de ello, el respectivo “comprobante” de aviso contiene por regla general una serie de medidas de precaución que deben ser empleadas antes y durante la realización de la actividad de quema, como por ej. la habilitación de brechas cortafuego o la limpieza fajas de vegetación.

b) ¿Aplicación del tipo a otros contextos de relación extra-rural?

En la medida que el tipo exige que la acción contravenga la regulación forestal sobre uso del fuego (art. 18 LB y RRAF), surge la duda de si una operación de uso de fuego sobre cosa propia realizada en un contexto distinto al “rural”, vale decir, a la eliminación de desechos vegetales de naturaleza agrícola, podría realizar el tipo del art. 22, como lo sería por ej., una quema de desperdicios o de basura.

En principio el tipo rezaría: se prohíbe toda utilización del fuego -no constitutiva de incendio- en forma “diferente” a lo permitido en la regulación forestal. De esta forma una quema de basura resultaría abarcada por la prohibición.

Sin embargo, como se dijo, el inc. II del art. 482 no tipificó acciones de uso del fuego punibles, sino que delegó dicha incriminación en normas complementarias. Para el ámbito de relación “forestal”, comprensivo de la explotación “agrícola”, “forestal” en sentido estricto y “ganadera”, rige el tipo en análisis; mientras que respecto a otros contextos, el tipo del art. 495 Nº 11, vale decir, para la operación de “máquinas de vapor”, “calderas”, “hornos” u “lugares semejantes”.

En la medida que el legislador no prevea normas de comportamiento aplicables a otro tipo de actividades, la quema de basura en terrenos “rústicos” o “urbanos” que no ocasione un resultado de incendio propiamente tal e imputable a título de dolo, sencillamente no resultaría punible.

La ilicitud extra-penal de tales comportamientos resulta sugerida por la Resolución Nº 1215/1978 del Ministerio de Salud, que establece “normas sanitarias mínimas destinadas a prevenir y controlar la contaminación atmosférica”, que en su art. 9 dispone:

Se prohíbe quemar residuos sólidos, líquidos o cualquier otro material combustible a cielo abierto, en áreas rurales, radio urbano, vía pública y recintos privados. Esta disposición regirá para áreas saturadas o en vías de saturación con las siguientes excepciones:

Cuando se efectúe con permiso de la autoridad competente para:

Instruir sobre procedimientos que tengan como fin combatir el fuego y los incendios.

Destruir materiales peligrosos que no sea posible eliminar por otros medios sin causar riesgo.

Cuando se trate de prevenir la propagación del fuego que no puede ser atacado de otro modo.

Por razones sanitarias de protección comunitaria.

Cuando el fuego se use para cocinar al aire libre y no produzca molestias.

En la práctica, la competencia para sancionar dichos ilícitos ha quedado relegada a la Justicia de Policía Local, condicionada a la existencia de la respectiva infracción en las correspondientes Ordenanzas Municipales.

Lo anterior evidencia un contraintuitivo déficit en la protección penal del suelo en tanto componente del medio ambiente: realizar una quema de vegetación de manera controlada pero sin la formalidad legal, resulta más gravoso que una quema de basura ilegal en un centro poblado. Sin embargo, apreciar una realización del tipo en comento socavaría el principio constitucional de legalidad en materia de normas de comportamiento.

2.1.2. Tipo subjetivo

Se trata de un tipo doloso, y dado que el injusto consiste en emplear ilegalmente el fuego para la realización de una “quema controlada”, sin que de tal acto “se haya seguido incendio”, el dolo exige la representación de la realización del proceso de combustión y que no se cuenta con la autorización administrativa respectiva.

La previsión en el tipo objetivo de la existencia de la autorización administrativa vigente para la realización de la quema, la erige como una circunstancia fáctica (elemento normativo) sobre la cual debe proyectarse el dolo, de manera que si el imputado yerra acerca de su “validez” u “existencia” (por ej. si este cree que la correspondiente a la temporada pasada igualmente vale para la actual), habría de apreciarse un error de tipo vencible, lo cual conlleva la atipicidad subjetiva del hecho por no contemplarse una variante imprudente del mismo.

2.1.3. Culpabilidad

Cuando el imputado se representa la falta de la respectiva autorización administrativa e igualmente persiste en la acción, igualmente podría apreciarse una situación de falta de capacidad de culpabilidad, fundada en un error de prohibición -en todo caso, vencible-: por ej. el imputado -conforme a un bajo nivel de instrucción- desconoce el régimen legal de la quema controlada, lo cual, de acuerdo a un relevante sector de la doctrina nacional, conllevaría una atenuación de la pena por aplicación (analógica) del art. 11 Nº 1 CP86.

Pero inclusive podría configurarse una situación de necesidad donde, dolosa y previa constatación de la capacidad de culpabilidad, el imputado podría verse exento de reproche por la motivación de salvaguardar intereses vitales propios o ajenos, como por ej. si ante el avance de un incendio forestal el imputado procede a realizar una quema para la construcción de una franja corta-fuegos, caso en cual el sentimiento de temor y el móvil que lo impulsa a contravenir la norma, podría ser valorado como una acción motivada por fuerza (psíquica) irresistible u miedo insuperable (art. 10 Nº 8 CP), o bien un situación de necesidad exculpante (art. 10 Nº 11 CP), según las propiedades del caso en concreto87, sobretodo si este ha dispuesto los medios de resguardo y/o seguridad tendientes a contener la propagación del fuego.

2.1.4. Intervención delictiva

La actividad de quema en cuanto proceso, en muchos casos puede requerir de la intervención de dos o más personas, considerando que suelen emplearse métodos de preparación del terreno, caso cual nada obstaría para estimar una realización conjunta del hecho a título de coautoría (arts. 15 Nº 1 primera parte o 15 Nº 3 CP).

Una situación problemática podría presentarse en caso de que por ej., el propietario o en su caso, quien tiene poder de mando sobre uno o más dependientes, ordene la realización del hecho, sin que pueda estimarse que los ejecutores de-propia-mano fuesen razonablemente también castigados. Si bien no es el lugar para ahondar en los presupuestos teóricos del que pueden esgrimirse las soluciones, desde el punto de vista de un modelo funcionalista de la construcción del hecho punible, nada obstaría a considerar que el garante por injerencia y por ende, destinatario de la prohibición, sería quien ordena la quema, mientras que los subordinados, aún bajo una representación de las circunstancias fácticas, pasen a ser un simple dato causal “utilizado” por quien resulta objetiva y exclusivamente competente por el riesgo88; mientras que desde otro punto de vista más tradicional del hecho punible, podría considerarse un supuesto de autoría mediata por la generación de un error de tipo (vencible) en los subordinados, o bien un error de prohibición (también evitable), caso cual, los dependientes así instrumentalizados podrían resultar eximidos de reproche en el primer caso, o al menos, con una atenuación de la sanción, en el segundo89.

2.1.5. Concursos

Como fue sugerido, el supuesto de hecho típico de este delito presenta un margen de superposición con la descripción del delito-falta tipificado en el art. 495 Nº 11 CP, disposición que sanciona con una -notoriamente favorable- pena de multa de 1 UTM el siguiente hecho:

El que infringiere las reglas establecidas para la quema de bosques, rastrojos u otros productos de la tierra, o para evitar la propagación de fuego en máquinas de vapor, calderas, hornos u otros lugares semejantes.

Esta disposición, vigente en la actualidad y no modificada por las reformas efectuadas sobre la LB desde su misma promulgación, puede considerarse tácitamente derogada por la publicación del D.S. Nº 4.363.

Por el contrario, de no admitirse la consideración anterior, configuraría una situación de concurso con el delito de quema ilegal, de naturaleza “aparente”, pues conforme al criterio de solución de la alternatividad, cabría dar preferencia a la norma de sanción que pudiese comprender el desvalor de la norma desplazada, a efecto de que la especialidad de la menor sanción no se transforme en un privilegio injustificado para el hechor90.

2.1.6. Pena

En cuanto sanción “principal”, el tipo asocia una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años de privación de libertad); mientras que a modo “accesorio”, una multa de 11 a 50 UTM.

A nivel procesal, la cuantía de la pena principal impide la aplicación del principio de oportunidad (inc. I del art. 170 CPP); mientras que el interés tutelado -y la ausencia de “víctima” en sentido estricto- obsta a su término a través de un acuerdo reparatorio (art. 241 CPP). Por el contrario, la suspensión condicional del procedimiento (art. 237 CPP) procede aun considerando el marco penal en abstracto.

No existe obstáculo expreso para la concesión de sustitutivos penales según los arts. 1 ss. de la Ley Nº 18.216.

2.2. Incendio derivado de una quema “ilegal” (art. 22 inc. II)

El inc. II del art. 22 dispone:

El que rozare a fuego infringiendo las disposiciones legales y reglamentarias y a consecuencia de ello destruyere bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquellas definidas en la Ley Nº 20.283, ganado, construcciones u otros bienes pertenecientes a terceros o afectare gravemente el patrimonio forestal del país, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales.

2.2.1. Tipo objetivo

El tipo penal del art. 22 inc. II sanciona la realización del contenido de riesgo que se pretende evitar a través de la vigencia del tipo de quema ilegal previsto en el inc. I: se trata de un incendio cuyo medio comisivo queda especificado por conducta de roza a fuego, de manera que según se explicará, se estructura como una “cualificación” de la quema ilegal “por” el resultado ocasionado, exigiendo por ende (i) un determinado comportamiento que cause (ii) un resultado especificado en el tipo.

a) Conducta típica

La acción típica consiste en realizar una operación de “roce a fuego” conforme a lo ya explicado.

b) Resultado típico: Incendio sobre la cubierta vegetal

El tipo requiere que a causa de la quema ilegal se produzca un “incendio forestal” en los términos desarrollados. La fenomenología tradicional que inspira la tipificación consiste, por decirlo en términos coloquiales, en aquellas situaciones donde a un “agricultor” -en sentido amplio- se le “escapa” el fuego.

En general estos tipos penales no presentan dificultades de imputación objetiva del resultado, sino más bien, como se verá, de imputación subjetiva.

El resultado de incendio se encuentra especificado según los objetos a través de los cuales se propagan y/o afectan las llamas: (i) objetos integrantes de la “cubierta vegetal”, especificados como “bosques”, “mieses”, “pastos”, “montes”, “cierros”, “plantíos” o “formaciones xerofíticas de aquellas definidas en la Ley Nº 20.283”; (ii) “ganado”; (iii) “construcciones” o (iv) bienes “pertenecientes a terceros”; añadiendo en forma residual una cláusula general vinculada con el objeto (i) y consistente en la afectación “grave” del “patrimonio forestal del país”.

Para la doctrina el término (i) “bosque” consistiría en un sitio poblado por árboles y matas91. No obstante ello, existe una definición legal de “bosque” prevista en el art. 2 N° 2) LBN y en el art. 9 del D.L. N° 2.565, aunque expresamente contemplada para la aplicación de tales cuerpos legales. Conforme a estas definiciones -prácticamente idénticas- constituye un “bosque” aquel “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”. Sin embargo, la regulación vigente efectúa en este sentido una diferenciación adicional92: (a) será bosque “nativo” aquel que se halla “formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (art. 2 N° 3) LBN93); mientras que bosque “artificial” el que -residualmente- no cumpla con la propiedades antedichas.

A diferencia de lo anterior, no existe una definición expresa para (ii) los conceptos de “mieses”, “pastos”, “montes”, “cierros” y “plantíos”. La doctrina coincide en que los términos deben ser interpretados en su sentido “natural y obvio” en relación a los incendios causados en sectores rurales o agrícolas94, de manera que “mieses corresponde a los sembrados de granos, particularmente de trigo; pastos son las hierbas de los terrenos donde el ganado se alimenta directamente; montes, terrenos incultos poblados por árboles, arbustos o matas; plantíos son las tierras plantadas, y por cierros se entienden las tapias, cercas o vallados que separan los terrenos, sean de madera, de vegetales (cercos vivos) o de otro material”95.

En lo concerniente a la (iii) “formación xerofítica”, se encuentra definida en el art. 2 Nº 14 de la Ley Nº 20.283 como aquella “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. Por otro lado, respecto al (iv) “ganado”, (v) “construcciones” o (vi) “bienes pertenecientes a terceros”, se trata de cosas muebles o inmuebles afectadas por la propagación del fuego, sin que la terminología ofrezca mayores problemas para su determinación.

Dado que el tipo especifica la clase de acción que debe generar el resultado, se excluyen todos los casos de incendio en que la conducta inicial no provenga de una actividad de “roce a fuego” en los términos ya explicados, lo cual no impide que tales supuestos puedan ser subsumidos en el cuasidelito del art. 22 ter inc. I o eventualmente, bajo algún supuesto de incendio doloso de los arts. 474 y ss. CP.

b) ¿Afectación “grave” del patrimonio forestal?

La parte final del inc. II del art. 22 contempla una claúsula general sobre el objeto de la acción incendiaria: se requiere que el fuego destruya los elementos taxativamente indicados o bien “afectare gravemente el patrimonio forestal del país”.

Alfredo Etcheberry critica esta previsión dado que, según el texto legal, bastaría ya la sola destrucción de los elementos de la cubierta vegetal alternativamente enumerados para estimar afectado el patrimonio forestal del país: en tal sentido, la exigencia de “gravedad” de la afectación resultaría extraña a la tipificación, pues el mero incendio de pastos de pequeñas dimensiones ya realizarían el injusto del tipo96.

Por lo anterior, la máxima de interpretación “útil” de las disposiciones legales conllevaría otorgar algún sentido a dicha referencia. Desde esta perspectiva, la exigencia de “gravedad” del resultado de incendio podría ser interpretada como una cláusula referida al grado de intensidad de afectación del bien jurídico, en forma similar a expresiones diversas utilizadas en el CP que exhiben un sentido similar, como por ej., el efecto de “privación de libertad” que debe satisfacer la acción de encierro o detención constitutiva de secuestro (inc. I del art. 141 CP), la “relevancia” de la acción de abuso sexual (art. 366 ter CP) o la “afectación grave de la dignidad” que debe provocar el acto de trato degradante (art. 402 ter CP). En todos los casos se trata de una propiedad asociada al comportamiento típico en orden a desestimar -en concreto- situaciones en que pese a formalmente apreciarse la realización del hecho, su entidad resultaría insignificante para el tipo de injusto, otorgando al tribunal la facultad de considerar la escasa gravedad del acto y por ende, declarar su atipicidad. La admisión de tal exigencia de lesividad implicaría que, en caso de ocasionarse una propagación incontrolada del fuego, pero de “escasa gravedad” según las circunstancias concretas -por ej. su control inmediato o la falta de afectación del componente medioambiental-, solo cabría sancionar por el tipo de quema ilegal en concurso ideal con el cuasidelito-falta de daños patrimoniales (art. 495 N° 21 CP), bajo el supuesto que se afectase algún objeto de propiedad ajena, con la inexplicable limitación de que si el daño excede de 1 UTM, tal evento resultaría atípico (en detalle: véase 2.4.1. c). Esta interpretación resultaría extrapolable también al cuasidelito del art. 22 ter, por su referencia normativa a los objetos de la acción previstos en el inc. I del art. 22.

No obstante lo anterior, el texto legal abonaría la consideración de Alfredo Etcheberry por una cuestión de “equivalencia”: en la medida que el inc. II del art. 22 sanciona un evento que precisamente se pretende evitar anticipando la protección bajo la figura de quema ilegal, resulta coherente que si la mera infracción reglamentaria configura el injusto-base, cualquier realización de dicho peligro habrá de estimarse como típico.

2.2.2. Tipo subjetivo

Este tipo penal se halla estructurado como un delito “cualificado por el resultado”: se compone por un tipo-básico doloso que causa un resultado especial (cualificado), al menos de manera imprudente, en tanto concreción del riesgo inherente al hecho doloso que sirve de base97. Sin perjuicio de no hallarse consagrada bajo la forma de una regla de la parte general, la exigencia de una combinación dolo-imprudencia en el derecho chileno para dichas estructuras delictivas proviene de la vigencia del principio de culpabilidad, lo cual ha sido declarado expresamente por el Tribunal Constitucional en causa Rol Nº 1584-200998.

La solución interpretativa referida implica que estructuralmente el tipo constituye un supuesto de hecho “complejo” al enlazar dos eventos diversos a modo de una hipótesis concursal especial99: (i) la realización dolosa de una quema ilegal (inc. I del art. 22) y (ii) la causación imprudente de un incendio forestal, hecho que de no existir esta norma, resultaría igualmente punible según el art. 22 ter inc. I o II.

Lo anterior conlleva que el hecho castigado sólo constituya una especificación de la acción sancionada en el art. 22 ter y por ende, un tipo superfluo. La única diferencia, pues ambos tipos aparejan igual penalidad, se halla referida a la regla de seguridad o norma de cuidado exigida para configurar la imprudencia100: mientras que el art. 22 inc. II exige una infracción a lo preceptuado en el RRAF, el art. 22 ter deja abierta la posibilidad de configurar “judicialmente” la falta de cuidado según las reglas generales o bien en relación a una determinada reglamentación vigente, dependiendo del concreto supuesto de hecho enjuiciado.

2.2.3. Culpabilidad

Acerca de los supuestos de exclusión de culpabilidad, vale lo señalado para la realización del tipo-base (véase 2.1.3).

2.2.4. Intervención delictiva

Las consideraciones sobre las formas de intervención principal y accesoria resultan abarcadas por lo ya explicado en torno al tipo de quema ilegal (véase 2.1.4).

2.2.5. Concursos

El ámbito de aplicación de este delito se superpone con los dispuesto en los inc. II y III del art. 18, disposiciones que tipifican dos conductas parcialmente equivalentes a los arts. 22 inc. II y 22 ter inc. I, en los siguientes términos:

El que rozare a fuego infringiendo lo dispuesto en el artículo precedente y en el reglamento que menciona dicha disposición y a consecuencia de ello destruyere bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos, ganados, construcciones u otros bienes pertenecientes a terceros, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio. El que, fuera de los casos contemplados en los incisos 1° y 2° del presente artículo, por mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego en zonas rurales, o en terrenos urbanos o semi urbanos destinados al uso público, provocare incendio que cauce daño en los bienes aludidos en el inciso 2°, sufrirá la pena de prisión en su grado máximo, conmutable en multa de un décimo de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del departamento de Santiago, por cada día de prisión.

El inc. I del art. 18 establece una sanción compuesta y privilegiada en un grado en relación a la pena asociada al inc. II del art. 22, generando una duplicación del supuesto de hecho: el incendio derivado de una operación de “roza a fuego” ilegal. Por otra parte, el inc. III del art. 18 reproduce en forma parcial el contenido del tipo del art. 22 ter inc. I, pues contempla como medio comisivo exclusivamente al uso del fuego y no cualquier otra fuente de calor, con un notorio privilegio: se trata de una simple “falta” penal.

La vigencia de ambos incisos con posterioridad a la reforma de 2013, además de poder eventualmente considerarse como una hipótesis de derogación “tácita” según el art. 53 del Código Civil, consistiría en un supuesto de concurso “aparente” de delitos, susceptible de ser zanjado a través del denominado principio de “alternatividad” como parámetro de preferencia de la sanción aplicable. Lo anterior bajo el entendido de que, en aquellas situaciones donde aplicar la norma más específica en su descripción provocaría un resultado contrario a la valoración político-criminal contenida en la ley penal, debería darse prevalencia a la norma de sanción más gravosa, es decir, estaría permitido efectuar una corrección valorativa de la solución del caso, dando preferencia al criterio de “consunción” por sobre el criterio de la “especialidad”101.

2.2.6. Excurso: Delimitación con los tipos de incendio forestal intencional

Otro aspecto problemático de gran relevancia consiste en la diferenciación entre la realización de este tipo con los ilícitos de incendio forestal doloso previstos en los Nº 3 y 4 del art. 476 CP102. Esta última disposición sanciona con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados los siguientes comportamientos:

El que incendiare bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquellas definidas en la Ley Nº 20.283. Al que fuera de los casos señalados en los números anteriores provoque un incendio que afectare gravemente las condiciones de vida animal o vegetal de un Área Silvestre Protegida.

En la medida que se asuma la estructura cualificada por el resultado propuesta, la diferenciación, ya en el plano “objetivo”, es clara y se refiere al medio comisivo empleado: el art. 22 inc. II exige la realización de una labor de quema de vegetación agrícola o forestal, mientras que el art. 476 CP admite cualquier medio comisivo (e inclusive su realización “impropia” por la omisión de un preciso deber de evitación del resultado). Y tal como se dijo, el presupuesto para configurar un acto de “empleo del fuego” en los términos del art. 22 necesariamente implica falta de dolo en cuanto a la propagación de las llamas, lo cual resulta obvio en este contexto: quien utiliza combustión para una finalidad de explotación arriesga que el desbordamiento de las llamas lo perjudique de forma directa, de manera que la disposición de medidas de aseguramiento ha de fungir como un indicio relevante para la apreciación de mera imprudencia en caso de verificarse un accidente.

Pero en caso de que el imputado pre-ordenara una operación de quema para la realización dolosa de un incendio, vale decir, la quema de cosa propia “para” la realización de un incendio: inc. I del art. 482 CP, es la estructura “preterintencional” (o combinación dolo-culpa) del art. 22 la circunstancia que permite diferenciar ambos tipos en el plano “subjetivo”: en el caso del art. 22 inc. II, el dolo del agente ha de proyectarse exclusivamente sobre la realización de la quema ilegal; mientras que por el contrario, tratándose del art. 476 Nº 3 y 4 CP, la representación del riesgo de incendio -a título de “dolo eventual”- es el nivel base para la atribución subjetiva del hecho103. De ahí que el tratamiento notoriamente beneficioso para el imputado que dispensa el art. 22 inc. II se fundamente en que el resultado de incendio sólo sería imputable por la falta de cuidado en la realización de la quema.

De esta manera la distinción entre dolo “eventual” e imprudencia “consciente” (o “con representación”) es la operación de atribución que permite diferenciar la aplicación de uno u otro tipo penal. Para ello es bastante relevante considerar que estadísticamente, el imputado que genera un incendio a raíz de una quema ilegal será el perjudicado inmediato del siniestro104, por lo que tal indicador habría de servir como parámetro para comprobar si el incendio ha resultado de un “accidente” o bien si la actividad de quema ilegal ha sido utilizada como medio comisivo a efecto de “preordenar” un injustificado privilegio en la aplicación de la pena (detalladamente: véase 2.4.2. b).

2.2.7. Pena

Por presentar idéntico marco sancionatorio y debido su mayor incidencia práctica, el tema se abordará en relación al tipo del art. 22 ter (véase 2.3.7).

2.3. Uso ilegal de una fuente de calor en un Área Silvestre Protegida (art. 22 bis)

El art. 22 bis dispone:

Se prohíbe encender fuego o la utilización de fuentes de calor en las Áreas Silvestres Protegidas en todos aquellos lugares no autorizados y señalizados por la autoridad a cuyo cargo se encuentre la administración de las mismas. El incumplimiento de la prohibición referida en el inciso precedente hará incurrir a quien utilizare el fuego o cualquier fuente de calor en la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de once a cincuenta unidades tributarias mensuales.

Este tipo penal fue incorporado por la Ley N° 20.653 y su origen se explica en tanto reacción legislativa ante el devastador incendio que afectó al Parque Nacional “Torres del Paine” el día 27.XII.2011105, siniestro derivado de la elaboración de una fogata sobre la base de papel higiénico. Esta circunstancia explicaría la restricción prevista sobre el preciso lugar en que debe verificarse la realización del ilícito: el mero uso de fuego o de una fuente de calor, sin ocasionamiento de incendio, y salvo que se realice en un lugar protegido por el Estado, resultaría sencillamente un comportamiento atípico106.

2.3.1. Tipo objetivo

a) Conducta típica

Acción típica de este delito es utilizar una “fuente de calor”, de las cuales encender fuego es solo una manifestación, en lugares no autorizados ubicados al interior de un “área silvestre protegida”. Por su relevancia práctica, dicho medio comisivo será revisado detalladamente en el marco del cuasidelito del art. 22 ter (véase 2.4.1 a) i).

Se trata de un delito de mera actividad, materialmente constitutivo de un delito de peligro abstracto, ya que precisamente la acción consiste en el quebrantamiento intencional de una norma de seguridad prevista en el inc. I del art. 22 bis, la que se encuentra especialmente orientada a prevenir riesgos de incendio: en dichas áreas sólo pueden utilizarse fuentes de calor en los lugares señalados taxativamente por la autoridad respectiva.

Este delito refuerza, mediante sanción penal, la prohibición tipificada como ilícito administrativo prevista en el art. 25 d) de la Ley N° 18.362 que “crea un sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado” (en adelante: LASP) consistente en “encender fuego” en dichas áreas, amplificando su alcance al “uso” de cualquier “fuente de calor”.

b) Lugar de comisión

La acción debe ser ejecutada al interior de un “área silvestre protegida”, único lugar de comisión previsto para la conducta.

En principio, el concepto se encuentra definido en el art. 2 LASP en los siguientes términos: “ambientes naturales, terrestres o acuáticos, pertenecientes al Estado y que éste protege y maneja para la consecución de los objetivos señalados en cada una de las categorías de manejo”107. No obstante ello, es relevante señalar que la Ley N° 18.362 no se encontraría actualmente vigente, pues el art. 39 LASP condiciona la vigencia de dicha normativa a la entrada en vigor de la Ley N° 18.348 que “crea la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables” (1984), cuerpo legal que en su art. 19 -a su vez- supedita su vigencia a la publicación del respectivo Decreto Supremo que eventualmente disuelva a la actual CONAF.

Sin perjuicio de esta indeterminación conceptual, existe un argumento proveniente del proceso de generación de la norma que permite atribuirle operatividad al tipo: durante la tramitación de la Ley Nº 20.653, el Ministerio de Agricultura hizo presente que a pesar de no encontrarse vigente la LASP, la tipificación penal igualmente podría operar con independencia de la regulación administrativa108. Desde esta perspectiva, el concepto “área silvestre protegida” habría de ser comprendida como un “área natural” sujeta a un estatuto jurídico especial de derecho público sobre conservación de la diversidad biológica y recursos naturales a cargo la administración estatal, materia en la cual Chile mantiene una gran diversidad de instrumentos vigentes109.

2.3.2. Tipo subjetivo

El dolo en esta figura consiste en utilizar de manera intencional una fuente de calor, conociendo la prohibición de uso que se encuentre vigente en el correspondiente lugar de ejecución. El desconocimiento de la prohibición constituye un error de tipo que conlleva la atipicidad del acto, sin perjuicio que los criterios para determinar su “vencibilidad”, por regla general, habrían de ser bastante exigentes en atención al lugar de comisión del hecho exigido por el tipo, generalmente provisto de advertencias preconstituidas o textos informativos al respecto.

2.3.3. Intervención delictiva

Este delito puede ser realizado sin problemas conjuntamente por dos o más intervinientes con arreglo a los N° 1 y 3 del art. 15 CP, en la medida que se verifique una utilización compartida de la fuente de calor, como por ej., una cocinilla a gas o una fogata improvisada o el aporte de los medios necesarios para efectuar el delito (por ej. la recolección de madera seca en los alrededores).

Por otro lado, quien emplea a un menor de edad para la realización del hecho (por ej. una fogata), es autor mediato al ser competente por el déficit de responsabilidad exhibido por el instrumento110.

2.3.4. Concursos

A nivel material esta figura puede estimarse como un eslabón previo al incendio forestal tipificado en el art. 22 ter inc. II, de manera que si el fuego se propaga generando tal resultado, la sanción por esta realización ha de ser considerada absorvida en la sanción del incendio antedicho, en tanto acto anterior co-penado en concurso aparente por consunción.

2.3.5. Pena

El tipo contempla como pena “principal” un marco compuesto de los grados de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años de privación de libertad) y en cuanto sanción accesoria, una multa de 11 a 50 UTM.

Se trata de idéntica penalidad que el tipo de quema ilegal (art. 22 inc. I), de manera que valen iguales consideraciones de orden procesal: no procede la aplicación del principio de oportunidad como tampoco la celebración de acuerdos reparatorios; sin perjuicio de la suspensión condicional del procedimiento.

2.4. Incendio imprudente por uso de una fuente de calor (art. 22 ter)

El art. 22 ter dispone:

El que por mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego u otras fuentes de calor en zonas rurales o en terrenos urbanos o semiurbanos destinados al uso público, provocare incendio que cause daño en los bienes a que alude el inciso segundo del artículo 22, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales. Si el incendio se produjera en un Área Silvestre Protegida o se propagare a alguna de ellas, el responsable del uso del fuego u otras fuentes de calor en las zonas y terrenos a que alude el inciso anterior, sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales.

2.4.1. Tipo objetivo

De forma similar al incendio tipificado en el inc. II del art. 22, el comportamiento aquí prohibido consiste en un delito de resultado que por ende exige: (i) una determinada acción típica y (ii) la producción de un incendio forestal.

a) Conducta típica

El tipo restringe el comportamiento a una precisa forma de ejecución: “usar” una “fuente de calor”. Por lo mismo, el “uso del fuego” sólo constituye una ejemplificación expresa de este medio comisivo. Sin embargo, no existe una definición jurídico-penal sobre el contenido del medio comisivo “fuente de calor”. Los antecedentes legislativos tampoco son explícitos al respecto, considerando que dicho concepto fue incorporado como “alternativa” al uso del fuego por la Ley N° 20.653.

i. Medio comisivo: “fuente de calor”

Cabe apuntar, a modo de contextualización en la materia, que la explicación científica moderna para la generación de un proceso de combustión se basa en el denominado “tetraedro del fuego”, instrumento comúnmente utilizado para la elaboración de protocolos de combate y control de incendios111. Dicho constructo identifica las cuatro condiciones necesarias para que se genere la ignición de un elemento, de manera que si alguno de los componentes logra ser controlado, cesa la combustión. Los requisitos que integran el tetraedro son los siguientes: (i) el “combustible” o producto inflamable; (ii) el “comburente” o condición que favorece la combustión (por regla general: la presencia de oxígeno); (iii) un “foco de ignición” o fuente con energía de activación apta para generar el proceso de oxidación (el objeto que aporta la energía “calórica” propiamente tal) y finalmente, (iv) la posibilidad -contextual- de que se den sucesivas reacciones “en cadena” de esta naturaleza.

A partir del esquema señalado, el concepto “fuente de calor” puede ser asimilado con el de “foco de ignición”, por lo que el medio comisivo consistiría, de manera preliminar, en cualquier objeto apto para aportar la energía calórica suficiente para iniciar un proceso de ignición, vale decir, un objeto caracterizado por su capacidad para transferir el calor hacia el elemento combustible.

La literatura científica clasifica las fuentes de ignición a partir del tipo de energía que genera el correspondiente objeto: (i) energía eléctrica, producida, por ej., por resistencia a través del denominado “efecto Joule” (ampolletas, un horno eléctrico, soldador eléctrico, etc.), por inducción (la caída de un rayo), por corrientes de fuga (fallas en las medidas de aislamiento de ciertos conductores eléctricos), por el fenómeno de arco eléctrico o voltaico (máquinas de soldadura) o por electricidad estática (por contacto entre dos elementos sólidos); (ii) energía química, surgida de procesos de combustión (por ej. la quema de basura), procesos endotérmicos de descomposición (por ej. materiales inestables como nitrato de celulosa), procesos de disolución, entre otras; (iii) energía mecánica, producto de fricción, rozamiento o compresión de materiales, y finalmente; (iv) la energía nuclear.

La gran cantidad de fuentes de energía calórica que han sido objeto de adaptación para el uso doméstico y/o industrial implica, en principio, que a pesar de consistir en un delito de medio comisivo especificado, el concepto fuente de calor genere dudas interpretativas para la tipicidad de variados supuestos de hecho. Así por ej., piénsese en la utilización descuidada de un esmeril eléctrico o en la conducción de maquinaria pesada que genere fricción ante componentes sólidos: ¿podríamos estar en presencia de la realización de este delito?

A partir del tenor de la disposición y el contenido de injusto del delito, se pueden esbozar dos lecturas alternativas sobre el contenido del medio comisivo.

En primer lugar, una interpretación de carácter “restrictiva” que limite la consideración del medio de ataque a instrumentos o herramientas cuya función “directa” o “inherente” sea la producción de energía calórica (química), como por ej. una bengala, una cocinilla portátil a gas, encendedores o fósforos. La restricción puede fundamentarse en la equiparación valorativa que reflejaría contemplar a una fuente de calor en conjunto al uso de fuego, de manera que habría una especie de equivalencia de injusto entre ambos medios de ataque, como también en que la tramitación de la Ley N° 20.653 fue impulsada por el devastador incendio que afectó al Parque Nacional “Torres del Paine” el año 2011112, causado por un turista israelí que realizó una fogara con papel higiénico, perdiendo el control y arrasando con más de 17.000 hectáreas de suelo.

Esta variante significa precisar el tenor literal a través del criterio teleológico de interpretación (art. 19 inc. II CC), basado en el sentido político-criminal que reflejarían tanto la historia fidedigna del establecimiento de la disposición (art. 19 inc. II CC)113, como también en el contexto interno de la misma (art. 22 inc. I CC), enfocado al control directo del fuego como foco de ignición (arts. 18, 22, 22 bis y 22 ter).

Como segunda alternativa de interpretación, podría entenderse que el concepto de “fuente de calor” no quedaría limitado a objetos que “directamente” generen fuego en sentido estricto, sino que a todo elemento apto para producir calor y que mediante su utilización, pueda transferir dicha energía al objeto que directamente da origen al incendio.

Esta lectura en caso alguno transgrede el sentido literal posible del término (fuente de energía calorífica) y por ende, no constituiría una operación de analogía en contra del reo, sino que una especificación de la finalidad de la norma, agotados los criterios de los arts. 19 a 23 CC, a través de principios generales de la legislación (art. 24 CC), especialmente, el atribuir un efecto útil a la diferenciación entre “fuego” y “fuente de calor”, por contraposición a una simple redundancia. A favor de una interpretación amplia del medio de ataque, la sentencia condenatoria del TJOP de Valparaiso RUC Nº 1300170155-4 señala -en su considerando duodécimo- que este concepto “por su sentido tan vasto puede abarcar distintos objetos u elementos que de acuerdo a sus características propias pueden proyectar y/o generar calor provocando así el agente un incendio”, declarando en tal caso la tipicidad del uso descuidado de un esmeril eléctrico.

Sea que se adhiera a una u otra forma de interpretar el medio comisivo, su especificación permite excluir toda realización que no consista en la “utilización” de un objeto apto para generar energía calórica. Por ende, el tipo no sanciona de forma general todo incendio de vegetación imputable a imprudencia. Piénsese en el siguiente ejemplo:

X se encuentra talando árboles en su predio rural, vegetación que se halla en proximidad a un tendido eléctrico. Producto de su torpeza y falta de previsión, yerra en la dirección de la caída de uno de los troncos, de manera que este pasa a llevar el conductor eléctrico que atraviesa el predio, generando chispas e iniciando un incendio por contacto con el material combustible almacenado en el suelo, circunstancia que acaba con 20 hectáreas de su vecino.

En el caso propuesto se ha generado un delito de incendio de manera imprudente pero no subsumible en el medio comisivo especificado: difícilmente el golpeteo de un hacha contra un tronco de madera se enmarca en el concepto de “uso” de una “fuente de calor” (así también piénsese un caso semejante donde el objeto que ha provocado las chispas ha sido un volantín negligentemente elevado en proximidad a un tendido eléctrico).

ii. ¿Realización por omisión “impropia”?

El tipo se encuentra tipificado como un delito de resultado, sin embargo, no se trata de un delito “resultativo” (o de resultado “puro”), pues la descripción exige que el resultado sea causado por una acción determinada: “usar” fuego o una “fuente de calor”. De ahí que, conforme a la doctrina mayoritaria, no sería posible entonces efectuar la “transformación” vía interpretación114 de esta clase de tipo en una realización omisiva “impropiamente” tipificada115, pues faltaría el requisito de “equivalencia” entre la acción y la omisión de impedir el resultado116 al restringirse expresamente un determinado medio comisivo.

Sin embargo, es relevante destacar la diferencia entre una realización “omisiva” del tipo penal, de la configuración de la “imprudencia”, como factor de imputación subjetiva, a través de la respectiva omisión de ejecutar la medida de precaución exigible en la situación concreta: no se debe perder de vista que la conducta exigida por la norma de comportamiento (art. 22 ter) es conceptualmente independiente de la acción que puede exigir la regla de cuidado (en la configuración de la “culpa”)117.

Así por ej., en incendios forestales ocasionados por eventos relacionados a la red de distribución eléctrica en zonas rurales, la correspondiente formulación de cargos se ha basado en la “acción” de realizar la actividad de transmisión de energía a través del tendido eléctrico (realización del tipo objetivo), “culposamente” al haberse “omitido” efectuar una adecuada labor de mantención (poda y roce) sobre dicha estructura118.

b) Lugar de comisión

La descripción del tipo requiere que el comportamiento sea realizado en (i) una “zona rural”, en (ii) un “terreno urbano” o en (iii) un “terreno semi-urbano” destinado “al uso público”.

i. Lugar de verificación del resultado de incendio

De la tramitación legislativa se desprende que la exigencia geográfica antedicha se halla referida a la ejecución de la acción típica: se tuvo presente, en referencia a la hipótesis agravada en el inc. II del art. 22 ter, que toda fuente de ignición que afectare un área silvestre protegida fuese castigada, sea que el hecho se ejecute en su interior o en las zonas aledañas que limitan con aquellas119; aunque también se hizo notar que en relación a zonas forestales en general, muchas veces los focos de incendio se generan a orillas de centros urbanos120.

Conforme a ello, lo relevante es que el resultado de incendio se verifique en un espacio geográfico “rústico” (véase 1.3.1), con independencia del lugar en que se halla dado inicio a la ejecución del evento que desató la propagación. En los casos donde acción y resultado se verifiquen en “terrenos urbanos” o “terrenos semi-urbanos destinados al uso público”, no se configuraría el tipo objetivo del art. 22 ter por falta de compromiso del componente medioambiental del injusto.

ii. ¿Cuasidelito de incendio de aplicación general?

La descripción típica que surge de vincular el art. 22 ter inc. I con los objetos de la acción establecidos en el art. 22 inc. II, arroja que -en principio- configuraría un cuasidelito de incendio el uso descuidado de una fuente de calor provoque combustión sobre una “construcción” o en “bienes pertenecientes a terceros” localizados en un “terreno urbano”, de manera que puede surgir la interrogante sobre si este tipo puede ser interpretado como un delito imprudente de incendio de aplicación general.

Como fue adelantado, existen restricciones conforme al fin de protección de la norma que abogan una interpretación circunscrita a la afectación del suelo “rural” por destrucción de la cubierta vegetal: (i) la fundamentación de la excepcional apertura a la imputación culposa y (ii) el contenido de injusto manifestado en la previsión expresa de objetos de la acción orientados al contexto “agrícola”, según los términos ya señalados (véase 1.3.1).

Por ello, la única diferencia entre este tipo penal y el delito de quema ilegal cualificada por resultado de incendio (inc. II del art. 22) es la modalidad de comisión empleada (roza a fuego) y el estándar de cuidado definido para acreditar la imprudencia.

Consecuencia de lo anterior es que en sectores urbanos, en supuestos de incendios producidos por “descuido” o “torpeza”, sólo cabe rearticular la imputación a título de daños “imprudentes” (art. 495 Nº 21 CP) (véase 2.4.1. c) ii) o en la mayoría de los casos, dejar el conflicto entregado a la justicia civil y las reglas sobre responsabilidad extracontractual.

c) Resultado típico

El resultado típico exigido es tipificado via remisión a los objetos señalados en el inc. II del art. 22, en los términos ya explicados.

i. Resultado de incendio en sentido estricto

En la medida que la elevada penalidad de la sanción prevista para los tipos de incendio se fundamente en el contenido de peligro abstracto para la seguridad colectiva, reflejado a nivel empírico por la intensidad y autonomía que adquiere el proceso de combustión, el desvalor del hecho ha de apreciarse con mesura, lo cual exhibe relevancia ya a partir del tipo “objetivo”.

Lo anterior, por cuanto la determinación del injusto propio del delito de incendio implica reconocer que a través del uso de fuego para la destrucción de una cosa se puede constatar una “zona común” entre la antijuridicidad material del daño patrimonial y el incendio121. Y ello es de suma relevancia para efectuar una adecuada subsunción de ciertos grupos de casos donde la aplicación de una u otra especie delictiva puede resultar desproporcionada tanto por “defecto” como por “exceso”. Me refiero a los supuestos en que el imputado a través de un acto doloso de ignición sobre una cosa genera una combustión de mayor envergadura que puede -o no- presentar riesgo -mínimo- de propagación. Así valga el siguiente ejemplo:

X efectúa una “parrillada” en su parcela rural, la que producto del viento, genera brasas que se propagan en dirección al predio de su vecino Y, quien padece la destrucción de parte del cielo de su quincho por combustión, avaluando la pérdida de especies en $ 5.000.000.

La cuestión pasa en primer término por el tipo de injusto del incendio. Con independencia de la verificación de dolo o culpa, la destrucción por combustión de una cosa ajena, inclusive si el acto ejecutivo -combustión inicial- se realizó sobre cosa propia (inc. I del art. 482 CP), puede ser reconducida al tipo de daños patrimoniales si no existió riesgo de propagación, condición exigida por la doctrina mayoritaria para hablar de “incendio” en sentido jurídico-penal122. Para ello, basta recordar que el peligro “abstracto” es una forma de menoscabo de bienes jurídicos que igualmente exhibe contenido “material” en el contexto del fin de protección del respectivo tipo123: si por ej. dicha construcción incinerada se halla emplazada sobre una superficie no apta en modo alguno para la propagación del fuego, la conducta ha creado y confirmado un riesgo de lesión para la propiedad (daños patrimoniales) más no para la seguridad colectiva (incendio).

Vale decir, el estadio de consumación del delito implica la verificación real y objetiva de las condiciones para que el fuego adquiera capacidad “autónoma” de propagación124, circunstancia ya ejemplificada en su momento en el clásico Comentario de Pacheco: “Mi vecino tiene un árbol, solo, colocado en medio de una pradera, del cual no puede correr el fuego a ninguna otra parte; y por malquerencia, voy y se lo incendio. En la misma tierra de mi vecino hay una carreta, también aislada; y voy de la misma suerte y la hago arder. Si el árbol, si la carreta, no vallan mil reales; si el fuego puesto por mí no se ha podido propagar, la ley no me estima incendiario, me califica de reo de daño, y no otra cosa”125.

Cabe señalar que también resulta crucial este asunto la interpretación que se otorgue a la cláusula general prevista por el inc. II del art. 22 en relación al nivel de afectación del bien jurídico -la afectación “grave” del patrimonio forestal-, en los términos ya indicados (véase 2.2.1 c).

ii. El problema del “cuasidelito” de daños

Sin embargo, la calificación del suceso a título de daños patrimoniales se ve extremadamente restringida en relación al tipo subjetivo, pues el art. 495 N° 21 CP dispone el castigo con la pena de multa de 1 UTM:

El que intencionalmente o con negligencia culpable cause daño que no exceda de una unidad tributaria mensual en bienes públicos o de propiedad particular.

De esta forma la destrucción de cosa ajena por imprudencia sólo resulta castigada si el importe del daño es inferior a 1 UTM, de lo contrario, vale decir, si el hecho es objetivamente más grave, el evento es atípico126.

En contra se manifiestan Jean Pierre Matus y María Cecilia Ramírez, basándose en la cláusula final del art. 495 CP:

Con todo, la multa para las faltas señaladas en los números 15, 21 y 22 será a lo menos equivalente al valor de lo defraudado o del daño causado y podrá llegar hasta el doble de ese valor, aunque exceda las una unidad tributaria mensual.

Para los autores, esta disposición vendría a generar una ampliación del supuesto de hecho del art. 495 N° 21 subsanando dicho absurdo legislativo127. Con razón, Guillermo Oliver indica que dicho argumento pierde de vista que tal disposición no altera el contenido del tipo objetivo, el que sólo abarcaría hasta el monto de 1 UTM, pues conforme a la literalidad del texto, la regla se hallaría referida exclusivamente a la cuantía de la pena de multa a imponer, pero en ningún caso modificaría el supuesto de hecho del tipo.

2.4.2. Tipo subjetivo

a) Culpa: Imprudencia o negligencia

Este tipo constituye un “cuasidelito”, de manera que la descripción exige “imprudencia” o “negligencia” en la realización de la acción para imputar subjetivamente el hecho. A nivel sistemático, estos conceptos aludirían a exigencias de cuidado diferenciadas según la cualificación de quien ejecuta la acción128: (i) la “negligencia” se referiría a contextos donde existen regulaciones o directrices específicas de seguridad orientadas a un grupo preciso de sujetos; (ii) la “imprudencia”, en cambio, a contextos donde sólo existen exigencias generales de cuidado aplicables a cualquier ciudadano (como por ej. quien opera un esmeril eléctrico129).

A nivel práctico, esta diferenciación serviría tanto (i) para determinar la regla de cuidado aplicable (por lo general positivizada en caso de “negligencia”) como para (ii) considerar un caso de “culpa por asunción”, en el supuesto de realización de acciones reglamentadas por sujetos no capacitados o habilitados para ello130.

La tipificación alternativa de una u otra exigencia de cuidado aplicable (imprudencia “o” negligencia) reflejaría el interés legislativo de ampliar la protección del bien jurídico, no tolerando ningún tipo de descuido en el contexto del manejo del fuego o de otras fuentes de calor131. Y en concordancia con lo anterior, se explica que el calificativo de “mera” falta de cuidado aluda al quebrantamiento de una medida de seguridad mínimamente exigible132, similar al concepto de culpa “leve” propio del derecho civil133.

b) Delimitación entre dolo eventual e imprudencia

Ya que es presupuesto de todo incendio forestal la realización intencional de un acto de ignición134, vale decir, la utilización de un determinado objeto apto para generar energía calórica, el que luego desemboca en un resultado catastrófico; la posibilidad de atribuir dicho evento a título de dolo -al menos eventual- o por el contrario, a imprudencia, es una cuestión esencial para el análisis de casos, pues incide de manera extremadamente relevante en la pena a ser impuesta: art. 22 ter, conminado con una sanción de 541 días a 5 años de presidio; o bien art. 476 Nº 3 CP135, sancionado con una pena de 5 años y un día a 20 años de privación de libertad. Al respecto piénsese en el siguiente ejemplo:

En “pleno” verano, particularmente intenso en cuanto a siniestros forestales, (x) procede a quemar restos de papel acumulados durante en el año en el patio de su casa, ubicada en un espeso sector forestal, para lo cual los agrupa en un espacio próximo a maleza seca, cuando repentinamente una ráfaga de viento propaga el fuego, arrasando con su hogar y los paneles de abejas y un tercio de ha. de una plantación de trigo propiedad de su vecino (y).

Básicamente sobre este problema entran en juego las propuestas para diferenciar dolo “eventual” de imprudencia “consciente” (o con representación). A modo de un mero esbozo operativo de esta ya tradicional discusión, el núcleo del debate la exigencia (o no) de un elemento “volitivo” adicional al “cognitivo” en la estructura del dolo136.

Para quienes exigen un componente de “voluntad”137, a modo de un determinado ejercicio de “dominio” o “conducción” sobre la realización del peligro del que se tiene138, o si se quiere, si el acto exhibe algún grado mínimo de “decisión” en contra de la integridad del bien jurídico139, más allá de la concreta terminología empleada, el hecho habría de reflejar algún indicio de la “integración” del resultado típico en la “dirección” del suceso por el imputado: así por ej., cuando el agente a pesar de su consciencia del riesgo, prosigue su accionar sin tomar medidas para evitarlo140 (teoría de la “no puesta en práctica de la voluntad de evitación”141).

Por el contrario y desde otra perspectiva, para las concepciones “monistas” o meramente “cognitivas” del dolo, vale decir, que prescinden del elemento “voluntad” en su configuración; la distinción habría de centrarse por en el “objeto” sobre el cual debe proyectarse el “conocimiento”: obraría con dolo eventual quien conoce la peligrosidad “en concreto” de su acto; mientras que actuaría imprudentemente, quien sólo es consciente de la peligrosidad “abstracta” del mismo142.

Una variante de esta propuesta es sostenida en Chile por Juan Pablo Mañalich a través del denominado “principio de coincidencia”: para apreciar dolo eventual, la representación de las circunstancias del hecho habría de reflejar “simultáneamente” el correspondiente inicio de una tentativa de delito; en caso contrario, sólo podría atribuirse imprudencia143; esto mediante la posible atribución al agente, sobre la base de una persona común y corriente, de la creencia de que se dan las circunstancias situacionales para la realización “en concreto” del tipo144 (tesis que presupone admitir la configuración de la tentativa con dolo eventual145).

En el ejemplo propuesto, la falta de mecanismos de resguardo como por ej., efectuar la quema en un lugar alejado de material combustible, en un hoyo excavado al efecto, provisto de agua la proximidad, etc., potencialmente reflejaría una falta de compromiso con la protección del bien jurídico, con pleno conocimiento del riesgo, desde el prisma de las teorías “volitivas” podría llegar a configurar un caso de dolo eventual subsumible en el art. 476 Nº 3 CP. Por el contrario, para una teoría “cognitiva” como la esbozada, la falta de certeza sobre la realización del tipo por dispersión efecto del viento, difícilmente permitiría evaluar el hecho como una tentativa de incendio, de manera que sería plausible considerar que en caso de haber tomado los resguardos pertinentes, el imputado habría asegurado su capacidad para evitar la propagación de las llamas, actuando empero de manera imprudente y resultandole atribuible el tipo del inc. I del art. 22 ter.

2.4.3. Intervención delictiva

Más allá de los tradicionales supuestos de intervención múltiple que pueden configurarse en virtud de la fenomenología propia del delito, como por ej. la realización de fogatas o la quema de diversos materiales, desde el punto de vista de las reglas sobre intervención delictiva, el principal desafío para delimitar y por ende, definir esferas de responsabilidad en este tipo de infracciones ha sido el contexto de la “organización empresarial”. En Chile, dicho supuesto se ha verificado recientemente en la causación de incendios forestales provenientes de la infracción a la regulación extra-penal sobre utilización y mantenimiento de las redes de distribución eléctrica, en el marco de la ejecución de contratos de concesión del suministro público de electricidad en sectores rurales por las correspondientes entidades privadas146.

Tales supuestos presentan dos aspectos problemáticos para la aplicación de los arts. 15 y 16 CP en relación al cuasidelito del art. 22 ter:

  1. El fenómeno de la “dispersión” de la eventual responsabilidad penal en el contexto de estructuras organizacionales. A raíz de la especialización del trabajo y la separación vertical y horizontal de centros decisorios y/o ejecutivos, dicha realidad ha puesto en tela de juicio el rendimiento explicativo de la teoría del dominio del hecho como fundamento “material” para la diferenciación de los categorías de “autoría” y “participación”147.

  2. El concreto título de imputación que cabría reconocer sobre los imputados por tratarse de un “cuasidelito”, vale decir, las formas de intervención delictiva que cabe reconocer aplicables a los delitos imprudentes en el derecho nacional.

Acerca de la primera cuestión, vale destacar que a propósito de investigaciones desarrolladas en los últimos quince años, poco a poco la práctica judicial chilena ha logrado avanzar en dirección al conocimiento y juzgamiento en clave “top-down” de tales eventos, es decir, con especial atención a los intervinientes “no ejecutivos” u “hombres de escritorio”148. En este contexto, un sector relevante de la doctrina ha esbozado criterios de autoría y participación “alternativos” a los propuestos por la teoría del dominio del hecho, en el sentido de atender a circunstancias distintas al exclusivo dominio “físico-causal” sobre un determinado acto ejecutivo como base principal para apreciar “incidencia” en un hecho delictivo. Tales planteamientos se enmarcan en propuestas dogmáticas cuyo hilo conductor es la consideración de un fundamento “objetivo” de la responsabilidad penal: la “competencia” sobre un riesgo típico que ostentaría cada persona en virtud del “rol” que ocupa en determinados contextos de la estructuración social149, circunstancia que se manifestaría en el mundo exterior con total independencia de la fisionomía que adquiera dicha “incumbencia”, vale decir, sea a través del uso del propio cuerpo como también mediante cualquier otra forma de expresión con sentido comunicativo150 (por ej. la mantención de silencio, el ocultamiento de información o el proferir una instrucción).

En cuanto a lo segundo, cuando el hecho portador del riesgo típico se logra identificar como un solo “proceso” u “actividad” a la cual se “anudan” diversos aportes, los que no “interrumpen” sino que por el contrario, “mantienen” o “incrementan” dicho contenido de injusto, cobra extrema relevancia la forma cómo pueden articularse las reglas sobre intervención delictiva (arts. 15 y 16 CP) para la asignación de responsabilidad en el marco de intervenciones “imprudentes”151.

Si bien este no es el lugar para ahondar sobre esta profunda controversia, la cual se halla muy poco desarrollada en nuestro medio, particularmente en atención al extendido argumento que nuestro Código recogería un concepto “unitario” de autor en los delitos imprudentes152, en la medida que el tipo del art. 22 ter reconoce la “culpa” como única forma de imputación del hecho, a nivel de texto legal no habría obstáculo -en principio153- para reconocer de “lege lata” una realización “conjunta” del tipo154.

En esta línea, a juicio de Álex Van Weezel, la realización del tipo objetivo en forma “conjunta” -coautoría- no exigiría la constatación de un “acuerdo de voluntades” en sentido estricto, sino que un hecho “común” se originaría por la “intersección” de actuaciones intencionales enmarcadas dentro de un evento “global” subsumible en el tipo penal; esta “superposición” de actuaciones y su respectiva agrupación como partes de una “misma realización”, se constataría a través de los precisos deberes que vinculan a cada interviniente con el resultado lesivo155.

Bajo esta propuesta, en los casos ya señalados sobre falta de mantención de las líneas de distribución eléctrica por las empresas concesionarias, la convergencia “objetiva” en la realización del riesgo de incendio ha de ser construida conforme a los concretos deberes que impone la regulación del contexto organizacional sobre cada uno de los imputados y que permite constatar dicha “intersección”: obligaciones contractuales, división funcional del trabajo “de facto”, delegación de funciones, deberes de vigilancia, etc. De ahí que una vez determinada esta red de intervinientes “competentes” por la gestión del riesgo, conforme a los supuestos del art. 15 N° 1 y 3 CP, lo cual presupone excluir a sujetos que normativamente no les incumba la administración del peligro, como por ej. el personal de mantenimiento “en terreno” que desconoce la regulación sectorial aplicable; procedería analizar si en el respectivo aporte de cada sujeto “competente” se podría constatar o no “negligencia” en su actuar.

Un escenario diferente plantea la posibilidad de reconocer actuaciones a título de “inducción” o “complicidad” “imprudentes”. Más allá de obstáculos “formales” ligados al sistema de incriminación excepcional de la culpa (art. 10 N° 13 CP), se puede constatar una dificultad de carácter “material” -o de injusto-. Como es sabido, el desvalor “subjetivo” de acción del delito “imprudente” sería por definición notablemente inferior al correspondiente de una realización “dolosa”. Dado que el marco penal del art. 22 ter integraría el injusto “culposo” a título de “autoría” por hallarse descrito así el propio supuesto de hecho, dicha consideración -el desvalor subjetivo de acción- resulta sin mayor problema extensible a las variantes de autoría del art. 15 N° 1 y 3 CP, entendidas como reglas “neutras” desde el punto de vista subjetivo. Sin embargo, esta valoración subjetiva no resulta en este caso reflejada en las reglas sobre participación, al menos tratándose de la “complicidad” (art. 16 CP). Ya que según el art. 51 CP al cómplice corresponde una rebaja de un grado desde el mínimo asignado para el autor, el sistema de graduación de la pena no distingue si esta intervención accesoria corresponde a un acto “doloso” o “imprudente”, de manera que prevalecería su consideración exclusiva en el texto legal como tipos “complementarios” de carácter “dolosos” 156.

2.4.4. Concursos

La provocación imprudente de un incendio forestal puede acarrear la muerte o al menos, el menoscabo físico de personas que resulten alcanzadas por la propagación del fuego. En tales supuestos, cabe la posibilidad de que su “muerte” o “lesiones corporales” sean también atribuidas al comportamiento del imputado, bajo la forma de un concurso “ideal” de delitos (art. 75 CP): el acto incendiario fungiría como “mismo hecho” constitutivo de la acción típica de incendio forestal, homicidio y/o lesiones corporales.

a) Muertes o lesiones corporales derivadas de la acción incendiaria

Los casos de terceros expuestos al fuego y su vinculación jurídica con el acto incendiario es una cuestión que -con arreglo a la doctrina mayoritaria- debe ser tratada como un problema de imputación objetiva en su segundo nivel de análisis, vale decir, en la imputación (objetiva) del resultado en sentido estricto157. Bajo dicha consideración, no pareciera existir mayor inconveniente para estimar que el riesgo de muerte o lesión por la propagación del fuego integra naturalmente el “ámbito de proteccion de la norma” de los correspondientes tipos de homicidio y lesiones corporales158: ya que el medio comisivo “incendio forestal” constituye un riesgo “milenario” para múltiples intereses sociales159, parece del todo sensato considerar que dicho riesgo no constituye un “curso irregular” o “extraordinario” del foco de peligro inicial160.

Vale destacar que esta conexión valorativa (o relación de riesgo) ha sido recogida expresamente en materia de incendios “dolosos”, disponiendo el art. 479 CP:

Cuando el fuego se comunicare del objeto que el culpable se propuso quemar, a otro u otros cuya destrucción, por su naturaleza o consecuencias, debe penarse con mayor severidad, se aplicará la pena más grave, siempre que los objetos incendiados estuvieren colocados de tal modo que el fuego haya debido comunicarse de unos a otros, atendidas las circunstancias del caso.

Coherentemente con la observación previa, la regla pretende regular casos donde (i) la provocación dolosa de un incendio genera (ii) un resultado más grave que representado por el agente: se trata de la regulación de supuestos de “preterintencionalidad” en relación a los tipos dolosos de incendio161. El tratamiento legal en tal caso es bastante gravoso: se habilita al tribunal para imponer la sanción por un tipo penal “doloso” sin importar que tal evento en realidad haya sido causado por “imprudencia”. A mi juicio tal solución se explica por la auto-evidencia de la dificultad de control que puede ejercer un imputado sobre un resultado de incendio. La exigencia de que según “las circunstancias del caso” se evalúe la posibilidad de “comunicación” del fuego desde el objeto de la acción hacia otros objetos, dice relación con la capacidad de prever tales consecuencias, circunstancia que refleja la falta de deferencia del legislador ante una posible alegación de “error de tipo” en el contexto de la configuración de la imprudencia -un hecho “objetivamente” imprevisible162-, básicamente por la más básica intuición -o potencial de conocimiento- acerca de los potenciales daños subsecuentes que puede generar un incendio.

Como esta fórmula expresa no resulta aplicable a los “cuasidelitos” de incendio, la configuración de un caso de preterintención queda entregado a las reglas concursales: se trataría de un concurso “ideal” (heterogéneo) de delitos163.

Una cuestión diversa es si la relación de imputación entre la generación del fuego puede ser “interrumpida” por el actuar de las potenciales víctimas, circunstancia que debido a la fenomenología propia de los incendios de vegetación, su análisis será acotado a la intervención de terceros en el contexto de la realización de acciones de salvamento.

b) El problema de la víctima que desarrolla una acción de salvamento

La provocación imprudente de un incendio ha generado cierto debate en relación a los casos en que resulta muerto o lesionado un individuo, cuando su intervención se produce a raíz de la ejecución de una actividad de extinción del fuego a la cual se encontraba obligado legal o contractualmente, pero la discusión también se ha hecho extensible a la participación de un ciudadano cualquiera en actos de salvamento. En el contexto nacional, dichos supuestos se reflejan en las operaciones llevadas a cabo por brigadistas de CONAF o particulares, bomberos, militares y policías. En los términos de la atribución del resultado, la cuestión radica en si la detonación de una situación de emergencia por el imputado permite imputarle objetivamente los menoscabos padecidos por los agentes salvadores164.

Tales casos presentan la siguiente estructura: (i) el imputado genera un curso de riesgo inicial contra un objeto protegido (seguridad colectiva en este caso) y posteriormente (ii) el curso inicial termina afectando a un objeto distinto165 (vida o salud corporal del agente salvador). Como se aprecia, víctima e imputado no realizan conjuntamente una actividad riesgosa, sino más bien el afectado se “incorpora” una vez desatado el curso lesivo. De ahí el problema radica en identificar si la “incidencia” del agente salvador lesionado constituye un resultado perteneciente al “alcance” del riesgo inicial, o si bien -de alguna manera- reconduce o constituye un riesgo jurídicamente “desacoplado” del curso lesivo inicial y propio de la esfera de competencia del propio afectado.

Subyace a todos los planteamientos la consideración de que, desde el parámetro ex-ante de evaluación del riesgo generado por el incendio, resultaría previsible y por ende, integrante del alcance del tipo, la circunstancia que toda propagación del fuego detonaría el emprendimiento de actos de salvamento. La cuestión es cuál valoración ha de otorgarse a dicho acto de conformidad a lo “evitable” o “inevitable” de la potencial intervención de la víctima.

Las soluciones mayormente propuestas son las siguientes166:

Una parte -minoritaria- de la doctrina rechaza la imputación objetiva dado que el imputado sólo ha generado una “auto-puesta” en peligro plenamente consentida por la víctima167, vale decir, ha consentido en exponerse voluntariamente al peligro: señala Roxin que en tales casos la elección de la profesión y la contraprestación recibida -en la mayoría de los casos- evidenciarian un consentimiento eficaz en la exposición al peligro; además, la imputación al primer causante tendría el nocivo efecto político-criminal de inhibir al hechor de solicitar ayuda por temor a verse expuesto a un aumento en la penalidad168.

Un atisbo de esta fundamentación puede hallarse en la historia de la codificación. En tal sentido, la Comisión Redactora del Código Penal en la Sesión N° 103 de 23 de julio de 1872, dejó constancia que el tipo penal del art. 464 (que corresponde al vigente art. 474 CP169) no comprendería “la muerte o heridas de los individuos que voluntariamente se introducen al lugar del incendio para estinguirlo buscando el peligro de que son víctimas, sino solo a los que en los momentos del incendio se hallen cerca de él por accidente i sufren sus consecuencias sin voluntad alguna de esponerse a ellas”170.

Una segunda postura considera que por regla general deben imputarse tales resultados, básicamente porque la detonación de una situación de salvamento implica que el agente salvador se halla “obligado” a exponerse al riesgo, sin que pueda hablarse de consentimiento “eficaz” en la realización del acto y por ende, en la asunción del riesgo de muerte o lesiones171: (i) sea por motivos jurídicos en el sentido de deberes expresos de actuación (bomberos, profesionales de salvamento, militares, etc.); (ii) sea por motivos ético-sociales que ostentarían igual o mayor fuerza vinculante para los ciudadanos (terceros no jurídicamente obligados).

Las excepciones a esta regla general, y por ende, la exclusión de la imputación al incendiario, se basan en una actuación “descuidada” por el agente salvador, aunque variando los parámetros de evaluación de tal negligencia: algunos exigen una exposición “grosera” o “desproporcionada” al peligro172, mientras que otros, la mera superación del riesgo permitido, lo cual transformaría una “hetero”-afectación provocada por el imputado, a una “auto”-puesta o “auto”-lesión de carácter “imprudente” competencia de la propia víctima 173: el infortunio sólo podría atribuirse al propio agente salvador cuando la intervención del mismo obedezca a su “libre” organización; mientras que los riesgos inherentes a las actuaciones realizadas dentro de lo jurídicamente exigible a cada ciudadano174, esté obligado por su oficio o sea un tercero cualquiera, serían plenamente atribuibles al peligro inicial generado por el comportamiento del imputado175.

En caso de aceptarse la atribución del resultado, se aplican las reglas generales: concurso ideal entre los cuasidelitos de incendio forestal y homicidio y/o lesiones corporales (arts. 490 ss. CP).

2.4.5. Pena

La pena “principal” consiste en un marco compuesto de dos grados: presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años de privación de libertad); mientras que de modo “accesorio”, una multa de 50 a 150 UTM. El marco penal de la pena principal excluye el término de la causa por aplicación del principio de oportunidad (art. 170 CPP) y la naturaleza colectiva del bien jurídico afectado impide la procedencia de acuerdos reparatorios (art. 241 CPP).

Por el contrario, la suspensión condicional del procedimiento (art. 237 CPP) procede en caso de un pronóstico de determinación del castigo compatible con la mitad inferior del marco penal, supuesto que objetivamente puede constatarse cuando el imputado cuenta con irreprochable conducta anterior (art. 11 N° 6 CP).

En cuanto al proceso de medición judicial de la pena “exacta” a imponer sobre el condenado, el art. 69 CP cobra especial relevancia, pues conforme a la fenomenología de esta especie delictiva, el criterio basado en el “mal” causado por la ejecución del delito admite un contenido mayor que tratándose de otros ilícitos, especialmente en relación a las circunstancias que rodean la producción de un incendio, como por ej., número de hectáreas de suelo afectadas, destrucción de propiedad privada, proximidad a centros poblados, etc.

Finalmente, no existe obstáculo expreso para la concesión de sustitutivos penales según los arts. 1 ss. de la Ley Nº 18.216, de manera que se aplican las reglas generales.

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1QUINTANO RIPOLLÉS, Antonio, Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal, T. IV, Madrid: Ed. Revista de Derecho Privado, 1967, p. 165.

2En este sentido, la crítica realizada al modelo de tipificación vigente en España antes de la reforma de 1995, plenamente extrapolable a nuestro actual modelo, de que la definición de la tipicidad de las diversas variantes de incendio fuese expresamente diferenciada en relación al concreto objeto, generalmente de significación patrimonial, que resultara afectado por el fuego. PRATS CANUT, Josep, “Capítulo II. De los incendios”, en: QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (Director), Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, Quinta Edición, Navarra: Ed. Aranzadi, 2005, pp. 1312-1313.

3MATUS ACUÑA, Jean Pierre; RAMÍREZ GUZMÁN, María Cecilia, Manual de Derecho Penal Chileno. Parte Especial, Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2017, pp. 596-597.

4Para un sintetizado pero completo análisis de estos delitos, véase: OLIVER CALDERÓN, Guillermo, Delitos contra la propiedad, Santiago: Ed. Thomson Reuters, 2013, pp. 512-530.

5En adelante, artículos sin otra mención corresponden a este cuerpo legal.

6Conforme a estadísticas provenientes de la Corporación Nacional Forestal, durante la temporada 2016-2017, resultaron arrasadas aproximadamente más de 500.000 hectáreas de suelo forestal a causa de incendios sobre la cubierta vegetal. Fuente: LA TERCERA. “94 mil hectáreas se quemaron por incendios de origen eléctrico”, en: http://www.latercera.com/noticia/94-mil-hectareas-se-quemaron-incendios-origen-electrico/ (visitado el 28.12.2017).

7Decisivamente en contra de la corriente mayoritaria, sosteniendo que el incendio constituye según el derecho positivo un delito de lesión contra la propiedad: GARRIDO MONTT, Mario, Derecho Penal. Parte Especial, T. IV, Cuarta Edición, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 2008, pp. 408-411.

8OLIVER, Delitos, cit. nota n. 4, p. 511.

9En palabras de Joaquín Francisco Pacheco: “¿Comete delito el que incendia o destruye sus propios bienes? No: la ley no puede señalar semejantes acciones como criminales (…) Pero el que incendia lo suyo, puede exponerse a incendiar lo ajeno. El fuego es un instrumento indomable que no se maneja a mera voluntad. Quien incendia una casa, incendia o puede incendiar la vecina; quien pone fuego a un bosque, lleva tal vez la destrucción al bosque inmediato. El derecho, pues, de los dueños, a incendiar sus propiedades, tiene que someterse a las reglas del bien común; a otros derechos que le enfrenan y limitan. Existirá, donde su ejercicio no pueda causar daño; no existirá, será un delito verdadero, donde los incendios puedan propagarse a cosas de la propiedad ajena. De semejante doctrina, se deriva el precepto del artículo que examinamos. No es defensa para salvar a un incendiario, la de decir que el fuego ha consumido objetos suyos; no lo es siquiera la de que el fuego haya comenzado por éstos. Los derechos dominicales son muy respetables; pero más lo son para cualquiera los derechos ajenos, los derechos de la sociedad”. PACHECO, José Francisco, El Código Penal comentado y concordado, T. III, Sexta Edición, Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1888, p. 407. Énfasis y paréntesis añadidos.

10BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, Antonio, “Comentario crítico a la regulación de los delitos contra el medio ambiente en el anteproyecto de Código Penal de 2005”, Estudios Públicos, Nº 110 (2008), p. 28 (cita n. 42). BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Manual de Derecho Penal. Parte Especial, Segunda Edición, Barcelona: Ed. Ariel, 1991, p. 244.

11Énfasis y paréntesis añadidos. La relevancia actual de este precepto radica en la interpretación sistemática de los delitos de incendio como atentados de peligro abstracto. Lo anterior pues, como bien apuntan MATUS/RAMÍREZ, Manual, cit. nota n. 3, pp. 605-606, esta regla no tendría aplicación práctica: si el incendio recae sobre un objeto de cuantía inferior o igual a 1 UTM, se debe aplicar el delito-falta del art. 495 N° 21 CP, mientras que si excede dicho monto, el art. 477 CP o la figura específicamente configurada. De ahí que la utilización del vocablo “incendio” por el art. 478 CP no sea adecuado, pues de no existir riesgo de propagación, conceptualmente no se estaría en presencia de un incendio, sino que de un daño patrimonial causado mediante fuego, que es precisamente el sentido que se desprende de la regulación. Muy claro a este respecto: ETCHEBERRY ORTHUSTEGUY, Alfredo, Derecho Penal. Parte Especial, T. III, Tercera Edición, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 1998, pp. 461-465. La disposición exige que el objeto destruido por el fuego sea igual o inferior a cuatro sueldos vitales mensuales, requisito que constituye un resabio de la identificación parcial de estos delitos con los atentados contra la propiedad. OLIVER, Delitos, cit. nota n. 4, pp. 522-523.

12Paréntesis añadido.

13Se trataría el caso en forma similar a la consideración del detrimento de la cosa como acto simultáneo copenado, en virtud de su implicación fenomenológica o de regularidad criminal, en el escenario de un eventual concurso aparente por consunción de no existir la regla expresa del art. 488 CP.

14Manifiestamente en contra se pronuncia Mario Garrido, para quien el tipo en su núcleo de injusto correspondería a un delito de lesión contra la propiedad, sin perjuicio de que determinados tipos se hallen configurados como delitos pluriofensivos (en relación a la vida individual o en ciertos casos, la seguridad colectiva): “En el Código Penal el delito de incendio es un delito de daño cometido con fuego, que si bien frecuentemente es un medio catastrófico, esta circunstancia no es inherente al delito”: GARRIDO, Derecho, cit. nota n. 7, p. 410; similar en pp. 409-411, con crítica a la tesis de Alfredo Etcheberry, que articula el delito como de peligro abstracto, en pp. 420-421 (nota n. 11).

15Alude a esta circunstancia como fundamento de incriminación del delito de incendio: NOVOA MONREAL, Eduardo, Curso de Derecho Penal Chileno. Parte General, T. I, Tercera Edición, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 2005, p. 138.

16PRATS, “Capítulo”, cit. nota n. 2, p. 1314.

17BALMACEDA HOYOS, Gustavo, Manual de Derecho Penal. Parte Especial, Primera Edición, Santiago: Ed. Librotecnia, 2014, pp. 491-492. LABATUT GLENA, Gustavo, Derecho Penal, T. II, Sexta Edición, 1977, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, pp. 258-259. Similar: OLIVER, Delitos, cit. nota n. 4, pp. 522-523. Asimismo: QUINTANO, Tratado, cit. nota n. 1, pp. 174-176.

18Énfasis añadido.

19Énfasis añadido.

20QUINTANO, Tratado, cit. nota n. 1, p. 182.

21En detalle: MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo, Norma, Causalidad y Acción. Una teoría de las normas para la dogmática de los delitos de resultado puros, Madrid, Barcelona, Buenos Aires y Sao Paulo: Ed. Marcial Pons, 2014, pp. 32-37.

22QUINTANO, Tratado, cit. nota n. 1, pp. 179-184.

23ETCHEBERRY ORTHUSTEGUY, Alfredo, El Derecho Penal en la Jurisprudencia, T. III, Segunda Edición, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 2002, p. 151.

24QUINTANO, Tratado, cit. nota n. 1, p. 180.

25En contra: GARRIDO, Derecho, cit. nota n. 7, pp. .

26LABATUT, Derecho, cit. nota n. 17, pp. 259-260, aunque el autor considera que dicha valoración obedece a la puesta en peligro concreta de determinados intereses individuales, descartando su naturaleza como delito de peligro abstracto. En iguales términos: MATUS/RAMÍREZ, Manual, cit. nota n. 3, p. 597. En contra de la tesis mayoritaria: GARRIDO, Derecho, cit. nota n. 7, pp. 412-413.

27ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11 pp. 461-465. SCHULENBURG, Johanna, “Relaciones dogmáticas entre bien jurídico, estructura del delito e imputación objetiva”, Trad.: VALLE MARISCAL DE GANTE, Margarita, en: HEFENDEHL, Roland (Editor), La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?, Madrid-Barcelona: Editorial Marcial Pons, 2007, pp. 349-362. LANDERA LURI, Mertxe, “La salvación in extremis del bien jurídico en el delito de incendio forestal sin propagación (artículo 354.2 CP)”, Estudios Penales y Criminológicos, N° 21 (2008), pp. 161-163. PRATS, “Capítulo II”, cit. nota n. 2, p. 1315.

28ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, pp. 463-465.

29MATUS/RAMÍREZ, Manual, cit. nota n. 3, p. 596.

30MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal. Parte Especial, Veinteava Edición, Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2015, p. 517, disponible en: http://biblioteca.tirant.com (visitado el 21.06.2017).

31OLIVER, Delitos, cit. nota n. 4, pp. 514-515.

32ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, p. 465

33LANDERA, “La salvación”, cit. nota n. 27, p. 136.

34QUINTANO, Tratado, cit. nota n. 1, pp. 180-182.

35ETCHEBERRY, El Derecho, cit. nota n. 23, p. 154.

36No obstante, adhiere minoritariamente a esta interpretación: GARRIDO, Derecho, cit. nota n. 7, p. 201.

37LANDERA, “La salvación”, cit. nota n. 27, pp. 160-162.

38MUÑOZ, Derecho, cit. nota n. 30, p. 517.

39PRATS, “Capítulo II”, cit. nota n. 2, p. 1316.

40BUSTOS, Manual, cit. nota n. 10, p. 244. COUSIÑO MAC IVER, Luis, Derecho Penal Chileno, T. I, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 1975, pp. 284-285. ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, pp. 461-465. LABATUT, Derecho, cit. nota n. 17, pp. 258-259. MATUS/RAMÍREZ, Manual, cit. nota n. 3, pp. 594-595. OLIVER, Delitos, cit. nota n. 4, pp. 512-513. Para una perspectiva histórico-dogmática en este preciso sentido, QUINTANO, Tratado, cit. nota n.1, pp. 164-168.

41MUÑOZ, Derecho, cit. nota n. 30, pp. 516-517. PRATS, “Capítulo II”, cit. nota n. 2, pp. 1312-1313, 1322-1323.

42La Sección 2ª del Capítulo II del Título XVII CPEsp, denominada “De los incendios forestales”, contempla en sus arts. 352 a 352 bis tales infracciones, aunque sistemáticamente agrupadas bajo la rótula “De los delitos contra la seguridad colectiva”. MUÑOZ CONDE, Francisco; LÓPEZ PEREGRÍN, Carmen; GARCÍA ÁLVAREZ, Pastora, Manual de Derecho Penal Medioambiental, Segunda Edición, Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2015, pp. 319-347.

43Con arreglo a lo dispuesto por el art. 2 Nº 25) LBN, “incendio forestal” es “toda destrucción de la vegetación, por intermedio del fuego y cuando éste se propaga libremente y sin control en terrenos denominados forestales”.

44Así por ej., el CPEsp. distingue entre incendios “forestales” (arts. 352 a 355) e incendios en zonas de vegetación “no forestal” (art. 356). Detalladamente: MUÑOZ/LÓPEZ/GARCÍA, Manual, cit. nota n. 42, pp 322-352.

45ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, p. 466. MATUS/RAMÍREZ, Manual, cit. nota n. 3, p. 601.

46Similar: MATUS/RAMÍREZ, Manual, cit. nota n. 3, p. 601.

47MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo, “La imprudencia como estructura de imputación”, Revista de Ciencias Penales, Nº 3 (2015), pp. 13-18.

48La normativa especial es apenas referida por GARRIDO, Derecho, cit. nota n. 7, p. 408, 411; MATUS/RAMÍREZ, Derecho, cit. nota n. 3, p. 32, 596-597, 601. POLITOFF LIFSCHITZ, Sergio; MATUS ACUÑA, Jean Pierre; RAMÍREZ GUZMÁN, María Cecilia, Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte Especial, Segunda Edición, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 2005, pp. 473-474; mientras que muy brevemente reseñada por ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, pp. 466-468; y OLIVER, Delitos, cit. nota n. 4, pp. 529-530. Acerca del delito de “tala ilegal”, tipificado en el art. 21 LB, véase: ALVEAR VARGAS, Camila, “Algunas consideraciones respecto del delito de tala ilegal”, Revista Jurídica del Ministerio Público, N° 63 (2015), pp. 233-243. CONTRERAS ENOS, Marcos, “Sobre la vigencia del delito de tala ilegal”, Revista Jurídica del Ministerio Público, N° 42 (2010), pp. 195-206.

49Alude a la “protección de la flora”, en cuanto especificación o elemento constitutivo del bien jurídico “medio ambiente”, MATUS ACUÑA, Jean Pierre, Derecho Penal del Medio Ambiente. Estudios y propuesta para un nuevo derecho penal ambiental chileno, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 2004, p. 209. Asimismo: MATUS/RAMÍREZ, Derecho, cit. nota n. 3, p. 32, 601. Para la evolución verificada en el derecho español desde la perspectiva de la ampliación del objeto tutelado por sobre intereses meramente patrimoniales hacia objetos supraindividuales, detalladamente: RUÍZ RODRÍGUEZ, Luis, “Los incendios forestales y la protección del medio ambiente”, en: TERRADILLOS BASOCO, Juan (Coord.), Derecho Penal del Medio Ambiente, Madrid: Ed. Trotta, 1997, pp. 83-90.

50BASCUÑÁN, “Comentario”, cit. nota n. 10, p. 13. MATUS, Derecho, cit. nota n. 49, pp. 58-61. Detalladamente: MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo, “La protección del medio ambiente bajo el nuevo Código Penal de Puerto Rico”, Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, N° 75 (2006), pp. 510-521.

51La disposición indica que por “medio ambiente” ha de comprenderse “para todos los efectos legales” al “sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”.

52LANDERA, “La salvación”, cit. nota n. 27, p. 144.

53BASCUÑÁN, “Comentario”, cit. nota n. 10, pp. 15-16. Esta es la sistematización propuesta por Jean Pierre Matus en relación a la notoria dispersión normativa que puede constatarse en el derecho actualmente vigente: (i) aire y/o atmósfera; (ii) aguas; (iii) suelos; (iv) biodiversidad y/o fauna silvestre; (v) medio ambiente globalmente considerado (en relación a las armas de destrucción masiva). MATUS, Derecho, cit. nota n. 49, pp. 206-210. A este listado han de añadirse los delitos relacionados a vertederos clandestinos, tipificados en el art. 192 bis de la Ley N° 18.290, el delito de tráfico de residuos peligrosos, previsto en el art. 44 de la Ley N° 20.920, y la adecuación del delito de contrabando efectuada por los arts. 11 y ss. de la Ley N° 20.962 en relación a la “Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre” (CITES).

54LANDERA, “La salvación”, cit. nota n. 27, pp. 142-150.

55Detalladamente: TRAPERO BARREALES, María, “Paradojas en la regulación de los incendios en el Anteproyecto de Código Penal 2013 -versión de 20 de septiembre- (¿Agravación o privilegio?)”, InDret: Revista para el Análisis del Derecho, Nº 4 (2013), pp. 29-32.

56GARRIDO, Derecho, cit. nota n. 7, p. 419.

57A propósito del tratamiento de la regla del inc. II art. 482 CP: ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, p. 466.

58ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, p. 466.

59MATUS/RAMÍREZ, Derecho, cit. nota n. 3, p. 601.

60En relación a la afectación “directa” del medio ambiente y el menoscabo “indirecto” de la seguridad colectiva por los tipos de incendio: MUÑOZ/LÓPEZ/GARCÍA, Manual, cit. nota n. 42, pp. 319-321.

61D.L. N° 3.516 “que establece normas sobre división de predios rústicos”.

62DL N° 993 que establece “disposiciones especiales sobre arrendamiento de predios rústicos, medierías o aparcerías y otras formas de explotación por terceros”

63L. N° 18.101 que “fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos”.

64ROJAS AGUIRRE, Luis Emilio, “Accesoriedad del derecho penal”, en: VAN WEEZEL, Álex (Editor), Humanizar y renovar el derecho penal. Estudios en memoria de Enrique Cury, Santiago: Editorial Legal Publishing, 2013, pp. 93-94.

65En relación al art. 22 ter se hizo notar durante la tramitación del proyecto de Ley que culminó con la publicación de la L. 20.653, la necesidad de especificar el lugar de ejecución del hecho pues la gran mayoría de incendios forestales inician su propagación en zonas aledañas a las Áreas Silvestres Protegidas o en límites de los centros urbanos. BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, Historia de la Ley Nº 20.653. Aumenta las sanciones a responsables de incendios forestales, Santiago: Edición autónoma, 2013, p. 39, 73.

66Destacan el parecido, con expresa mención al referido cuerpo legal: MATUS/RAMÍREZ, Derecho, cit. nota n. 3, p. 601

67MATUS, Derecho, cit. nota n. 49, pp. 209-210.

68OLIVER, Delitos, cit. nota n. 4, p. 530.

69HORVITZ LENNON, María Inés; LÓPEZ MASLE, Julián, Derecho Procesal Penal Chileno, T. I, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 2003, pp. 568-572

70Resulta interesante comprobar cómo la praxis reconoce intuitivamente la existencia de un concurso aparente por consunción entre el delito de incendio y las múltiples realizaciones de daños patrimoniales absorbidas por este último al ingresarse como víctimas, en el sentido de interviniente procesal, a todas las personas que vieron afectada su propiedad por el avance del fuego.

71COUSO SALAS, Jaime; HERNÁNDEZ BASUALTO, Héctor, Código Penal Comentado, Santiago: Ed. Legal Publishing, 2011, pp. 300-301.

72POLITOFF LIFSCHITZ, Sergio; MATUS ACUÑA, Jean Pierre; RAMÍREZ GUZMÁN, María Cecilia, Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte General, Segunda Edición, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 2005, pp. 510-511.

73COUSO/HERNÁNDEZ, Código, cit. nota n. 71, p. 303.

74En este sentido, Jorge Bofill realiza la siguiente crítica a la regulación: “nos enfrentamos a una ley penal en blanco (en sentido impropio, pues se remite a reglamentos), que considera penalmente relevante cualquier infracción a la normativa y reglamentación del uso del fuego. Esto es inadmisible tanto bajo la consideración del principio de tipicidad, como desde la perspectiva de los principios de fragmentariedad y de subsidiaridad del derecho penal. En este sentido, la citada regulación no tiene el mínimo rango de concreción para establecer una conducta como delito, por cuanto sanciona como penalmente relevante cualquier conducta que sea reglamentariamente ilegítima”. BIBLIOTECA, Historia, cit. nota n. 65, p. 90. Énfasis añadido.

75En un sentido distinto: OLIVER, Delitos, cit. nota n. 4, p. 517.

76Por ello existe una impropiedad conceptual al utilizar la expresión “incendio” de rastrojos o bienes de pertenencia del agente, pues claramente el sentido de la disposición se halla referido a la destrucción por fuego sin ocasionamiento de “incendio”. El § IX incurre en tal impropiedad en variadas disposiciones, refiriéndose en algunos casos a la acción típica (“incendiare”), al resultado (“incendio”) y en otros casos a un comportamiento atípico.

77En relación al riesgo de la actividad de uso del fuego “la forma o manera de llevarlos a cabo es hasta tal punto determinante para el legislador, como para prohibir al dueño de las cosas el destruirlas por incendio o estrago. Evidentemente, su consentimiento para que otra persona lleve a cabo la tarea es del todo ineficaz y, bajo ciertos aspectos, puede constituirlo en un coautor”. COUSIÑO MAC IVER, Luis, Derecho Penal Chileno, T. II, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 1979, p. 516.

78La referencia a “otros objetos” debe interpretarse en este mismo sentido.

79En este sentido la SCA de Talca RIC N° 739-2017 confirma el sobreseimiento definitivo del delito de quema ilegal en el caso de un imputado que procedió a rozar a fuego un sector de su propiedad privada para construir un corta-fuegos ante la oleada de incendios que azotaron dicha zona: “no se desprende la intención dolosa del imputado en orden a provocar el ilícito penal de incendio, sino más bien su propósito fue disminuir el riesgo de avance del siniestro a su propiedad, y además sin afectar a otros predios, todo ello en el contexto de la catástrofe que fue pública y notoria que afectó al país y, en específico, a la región”.

80KINDHÄUSER, Urs, “¿Qué es la imprudencia?”, en: MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo (Dir.), La ciencia penal en la Universidad de Chile. Libro homenaje a los profesores del departamento de ciencias penales de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Santiago: Facultad de Derecho Universidad de Chile, 2013, pp. 225-226.

81BIBLIOTECA, Historia, cit. nota n. 65, p. 49, 50, 71, 72, 90.

82ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, p. 466. GARRIDO, Derecho, cit. nota n. 7, p. 419.

83GARRIDO, Derecho, cit. nota n. 7 p. 419. Similar: ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, p. 466.

84ROJAS, “Accesoriedad”, cit. nota n. 64, pp. 93-101.

85ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, p. 467,

86Por todos: COUSO/HERNÁNDEZ, Código, cit. nota n. 71, pp. 93-94.

87Interesante resulta la constatación de que una zona de intersección puede generarse entre los supuestos propios del art. 10 Nº 8 y 10 Nº 11 CP, generando la posibilidad de subsumir en el primero casos en que la situación de necesidad provenga de una errónea representación del peligro. MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo, “El estado de necesidad exculpante. Una propuesta de interpretación del artículo 10 Nº 11 del Código Penal chileno”, en: VAN WEEZEL, Álex (ed.), Humanizar y Renovar el Derecho Penal. Estudios en memoria de Enrique Cury, Santiago: Ed. Legal Publishing, 2013, pp. 741-742.

88En nuestro medio, sostiene esta posición: VAN WEEZEL, Álex, “Autorresponsabilidad y autonomía en la intervención delictiva”, Revista Chilena de Derecho y Ciencias Penales, Vol. 1, 2012, pp. 143 ss. Con una base conceptual similar: PIÑA ROCHEFORT, Juan Ignacio, Derecho Penal. Fundamentos de la Responsabilidad, Segunda Edición, Santiago: Ed. Legal Publishing, 2014, pp. 182 ss.

89Para una revisión de este modelo de imputación: MAÑALICH, Norma, cit. nota n. 21, pp. 79-82.

90POLITOFF/MATUS/RAMÍREZ, Lecciones, cit. nota n. 72, pp. 460-461. Detalladamente: MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo, “El concurso aparente como herramienta de cuantificación penológica de hechos punibles”, en: CÁRDENAS ARAVENA, Claudia; FERDMAN NIEDMANN, Jorge (Coordinadores), El derecho penal como teoría y como práctica. Libro en homenaje a Alfredo Etcheberry Orthusteguy, Santiago: Editorial Thomson Reuters, 2016, pp. 533-535.

91GARRIDO, Derecho, cit. nota n. 7, p. 420. Similar: ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, p. 466.

92Esto se desprende del art. 2 LB que distingue entre bosques “naturales” y “artificiales”.

93Dentro de la categoría de bosque “nativo”, el estatuto de la LBN subdistingue entre aquellos (i) “de preservación” (art. 2 N° 4 LBN), (ii) “de conservación y protección” (art. 2 N° 5 LBN) y (iii) “de uso múltiple” (art. 2 N° 6 LBN).

94ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, p. 466. GARRIDO, Derecho, cit. nota n. 7, p. 420.

95GARRIDO, Derecho, cit. nota n. 7, p. 420. Parcialmente coincidente: ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, p. 466.

96ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, p. 467.

97OTTO, Harro, Manual de Derecho Penal. Teoría General del Derecho Penal, Trad.: BEGUELÍN, José, Barcelona: Ed. Atelier, 2017, p. 309.

98MATUS ACUÑA. Jean Pierre; RAMÍREZ GUZMÁN, María Cecilia, Lecciones de Derecho Penal Chileno. Fundamentos y límites constitucionales del derecho penal positivo, Santiago: Ed. Thomson Reuters, 2015, pp. 193-194.

99COUSIÑO, Derecho I, cit. nota n. 40, p. 891-892.

100BIBLIOTECA, Historia, cit. nota n. 65, p. 90.

101En este sentido: MAÑALICH, “El concurso”, cit. nota n. 91, pp. 533-535.

102ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, pp. 467-468.

103En palabras de Alfredo Etcheberry: “en el delito de la Ley de Bosques el incendio (o sea, las llamas ingobernables) se produce como consecuencia de una roza a fuego, esto es, una acción inicial consistente en limpiar la tierra de malezas por medio del fuego, y además por haber infringido, al hacerlo, las posiciones legales y reglamentarias. Ello nos hace concluir que el propósito inicial del hechor no ha sido el de incendiar, sino el de rozar”. ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 7, p. 467.

104BIBLIOTECA, Historia, cit. nota n. 65, pp. 72.

105BIBLIOTECA, Historia, cit. nota n. 65, p. 73.

106Salvo por supuesto, que se pudiese estimar una tentativa de incendio.

107A nivel específico, cada área silvestre protegida es denominada como “unidad de manejo” de acuerdo a la siguiente clasificación: (i) “Reservas de Regiones Vírgenes”, (ii) “Parques Nacionales”, (iii) “Monumentos Naturales” y (iv) “Reservas Nacionales” (arts. 2 y 3 LASP). La existencia de la respectiva unidad de manejo depende exclusivamente de la dictación de un Decreto Supremo por el Ministerio de Bienes Nacionales (art. 8 LASP).

108BIBLIOTECA, Historia, cit. nota n. 65, p. 73.

109En detalle: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, Las Áreas Protegidas de Chile, Santiago: División de Recursos Naturales Renovables y Biodiversidad, 2011, pp. 1 ss.

110MAÑALICH, Norma, cit. nota n. 21, pp. 79-82.

111Sintéticamente: ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE, Guía de Auto-instrucción Nº 1. El Fuego y los Incendios, Santiago: Ed. autónoma, 2016, pp. 1 ss.

112BIBLIOTECA, Historia, cit. nota n. 65, p. 73.

113Detalladamente: MATUS/RAMÍREZ, Lecciones, cit. nota n. 3, pp. 337 ss.

114MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo, “Omisión del garante e intervención delictiva. Una reconstrucción desde la teoría de las normas”, Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, N° 2 (2014), pp. 232-238.

115Igual problema se aprecia en nuestro medio respecto a la posibilidad de realizar los tipos de lesiones “graves” (art. 397 CP) a través de una omisión, ya que a pesar de constituir un delito de resultado, el tipo penal especifica de manera “activa” los comportamientos que han de generar dicho estado: “herir”, “golpear” o “maltratar”.

116MAÑALICH, “Omisión”, cit. nota n. 114, 238-240. En relación al derecho alemán: FRISTER, Helmut, Derecho Penal. Parte General, Trad.: SANCINETTI, Marcelo, Buenos Aires: Ed. Hammurabi, 2011, pp. 425-426.

117REYES, Ítalo, “Sobre la construcción de la exigencia de cuidado”, Política Criminal, N° 19 (2015), pp. 70-71.

118Véase causa RUC N° 1700077830-3 del Juzgado de Letras y Garantía de Licantén.

119BIBLIOTECA, Historia, cit. nota n. 65, p. 73.

120BIBLIOTECA, Historia, cit. nota n. 65, p. 39,

121Muy claro al respecto: ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, pp. 461-465.

122En términos análogos, aunque referidos a la configuración de un incendio en los términos exigidos por la circunstancia agravante 3ª del art. 12 CP, por todos: COUSO/HERNÁNDEZ, Código, cit. nota n. 71, p. 316.

123Así por ej., en materia de los tipos de posesión de armas de fuego previstos en la Ley N° 17.798, el contenido abstracto de peligro ha de manifestarse en la aptitud para el disparo del correspondiente arma; mientras que en los tipos vinculados al tráfico ilícito de drogas, la jurisprudencia exige por regla general un determinado nivel de concentración del principio activo psicotrópico en el objeto material o bien circunstancias que evidencien un potencial de circulación del elemento.

124MUÑOZ/LÓPEZ/GARCÍA, Manual, cit. nota n. 42, p. 322.

125PACHECO, El Código, cit. nota n. 9, p. 401.

126ETCHEBERRY, Derecho, cit. nota n. 11, p. 482. GARRIDO, Derecho, cit. nota n. 3, p. 438.

127MATUS/RAMÍREZ, Manual, cit. nota n. 3, p. 606.

128REYES, Ítalo, “Una aproximación a la imputación a título de imprudencia en el Código Penal chileno”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, N° XLVII (2016), pp. 260-268. Inicialmente: BUSTOS RAMÍREZ, Juan, El delito culposo, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 2006, p. 49.

129Véase sentencia condenatoria RUC N° 1300170155-4 del TJOP de Valparaíso.

130REYES, “Una aproximación”, cit. nota n. 129, pp. 264-265.

131REYES, “Una aproximación”, cit. nota n. 129, p. 266.

132REYES, “Una aproximación”, cit. nota n. 129, pp. 274-275.

133GARRIDO MONTT, Mario, Derecho Penal. Parte General. Nociones fundamentales de la teoría del delito, T. II, Tercera Edición, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 2003, p. 90.

134Como explica Cousiño. “la acción dolosa incluye y encierra, dentro de sí, la acción contraria al deber de cuidado, la cual pierde su autonomía y relevancia al ser enmarcada —en el tipo— en el concepto unitario de acción (incendiaria)”. COUSIÑO, Derecho I, cit. nota n. 40, p. 892.

135No existen argumentos ni sustantivos como tampoco de texto para limitar la variante de dolo que resulta atribuible al delito de incendio. En contra: GARRIDO, Derecho, cit. nota n. 7, p. 412.

136HILGENDORF, Eric; VALERIUS, Brian, Derecho Penal. Parte General, Trad.: DIAS, Leandro; SANCINETTI, Marcelo, Buenos Aires: Ed. Ad-Hoc, 2017, pp. 77-78.

137Doctrina y jurisprudencia nacional mayoritarias adhieren a un concepto dual del dolo: “conocer” y “querer” la realización del tipo objetivo. COUSO/HERNÁNDEZ, Código, cit. nota n. 71. p. 68.

138OTTO, Derecho, cit. nota n. 97, pp. 140-146.

139ROXIN, Claus, Derecho Penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, T. I, Trad.: LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel; DE VICENTE REMESAL, Javier, Madrid: Ed. Civitas, 1997, pp. 424-430.

140GARRIDO MONTT, Mario, Derecho, cit. nota n. 134, p. 80.

141ROXIN, Derecho, cit. nota n. 139, pp. 436-437.

142VAN WEEZEL, Álex, “El dolo eventual como espacio de discrecionalidad”, Doctrina y Jurisprudencia Penal, Nº 7 (2011), pp. 25-27.

143MAÑALICH, “La imprudencia”, cit. nota n. 47, pp. 30-32.

144MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo, “La tentativa de delito como hecho punible. Una aproximación analítica”, Revista Chilena de Derecho, Nº 2 (2017), pp. 471-474.

145Circunstancia debatida en el medio nacional. Por todos: LONDOÑO MARTÍNEZ, Fernando, “Estudio sobre la punibilidad de la tentativa con dolo eventual en Chile. ¿Hacia una noción de tipo penal diferenciado para la tentativa?”, Revista de Ciencias Penales, Nº 3 (2016), pp. 95-127.

146Véase causa RUC N° 1601187896-6 del Juzgado de Letras y Garantía de Peralillo y RUC N° 1700077830-3 del Juzgado de Letras y Garantía de Licantén.

147BASCUR RETAMAL, Gonzalo, “Consideraciones sobre la delimitación entre coautoría y complicidad en el contexto del derecho penal chileno”, Revista de Estudios de la Justicia, N° 23 (2015,) p. 187.

148HERNÁNDEZ BASUALTO, Héctor, “El caso “Global Engines”: Consecuencias mortales de la omisión del retiro de un producto defectuoso a la luz del derecho penal chileno”, en: COUSO SALAS, Jaime; WERLE, Gerhard (Dirs.), Intervención delictiva en contextos organizados. Humboldt-Kolleg Santiago 2015, Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2017, pp. 253-254.

149En Chile adhieren expresamente a esta idea central: NAVAS, Iván, “Acción y omisión en la infracción de deberes negativos en derecho penal”, Política Criminal, Nº 20 (2015), pp. 679-693; PIÑA, Derecho, cit. nota n. 88, pp. 179-231. VAN WEEZEL, ¿Autoresponsabilidad?, cit. nota n. 88, pp. 154-160.

150VAN WEEZEL, ¿Autoresponsabilidad?, cit. nota n. 88, p. 154.

151En forma reciente: NÁQUIRA RIVEROS, Jaime, Derecho Penal Chileno. Parte General, T. II, Santiago: Ed. Thomson Reuters, 2017, pp. 282-289.

152Vale decir, la atribución de responsabilidad penal sin distinción entre autoría y participación, siendo cada interviniente “autor” ejecutivo-inmediato de su propia realización descuidada: COUSO/HERNÁNDEZ, Código, cit. nota n. 71, p. 368. Esta solución prescinde por ende de las consideraciones aquí realizadas.

153Decididamente en contra, debido a que los tipos de la parte especial consagrarían la autoría directa ejecutiva mientras que los arts. 15 y 16 sólo tipos “complementarios” de carácter “doloso”: COUSO SALAS, Jaime, “Sobre el estado actual de la noción de autor y partícipe en el derecho chileno. En memoria del profesor Mario Garrido Montt”, Revista Chilena de Derecho y Ciencias Penales, Nº 1 (2012), pp. 124-125.

154NÁQUIRA, Derecho, cit. nota n. 153, p. 282.

155VAN WEEZEL, Álex, “Actuación conjunta e imputación de resultados”, Revista de Ciencias Penales, Nº 3 (2014), pp. 197-203. Juan Pablo Mañalich alude a la “unificación” (explícita o implícita) de los aportes de varios intervinientes cuya conjunción realice el tipo y configure una exigencia “compartida” de cuidado cuya infracción “colectiva” ha determinado la realización del tipo. MAÑALICH, “La imprudencia”, cit. nota n. 47, p. 20.

156En sentido similar: COUSO, “Sobre”, cit. nota n. 154, pp. 124-125. NÁQUIRA, Derecho, cit. nota n. 152, pp. 288-289.

157CANCIO MELIÁ, Manuel, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho Penal. Estudio sobre los ámbitos de responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas, Segunda Edición, Barcelona: Ed. Bosch, 2001, pp. 331-348. GARCIA CAVERO, Percy, Manual de Derecho Penal. Parte General, Segunda Edición, Lima: Jurista Editores, 2012, pp. 406-474. HILGENDORF/VALERIUS, Derecho, cit. nota n. 137, pp. 64-71.

158La conexión “valorativa” entre comportamiento y resultado es mayoritariamente radicada en el criterio denominado como “fin de protección de la norma”: cada tipo integraría en su contenido un conjunto de “riesgos” que pretende evitar para el correspondiente interés tutelado, de manera que el “contreto resultado” debe formar parte de alguno de tales “riesgos”. GARCÍA, Derecho, cit. nota n. 158, pp. 451-452. De acuerdo a lo anterior, se debe excluir la atribución de un resultado al comportamiento del imputedo si este evento se halla “desconectado” de los peligros inherentes a la acción: el riesgo que se realiza en el resultado sería “irrelevante” o “extraordinario”. FRISTER, Derecho, cit. nota n. 116, p. 208. HILGENDORF/VALERIUS, Derecho, cit. nota n. 137, pp. 68-69. ROXIN, Derecho, cit. nota n. 140, pp. 373-379.

159LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, Tercera Edición, Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2016, p. 230.

160En este sentido, Helmut Frister señala que para imputar el daño sufrido por un agente salvador (piénsese en un brigadista de CONAF que acude a combatir el incendio), debe evaluarse la clase de peligro que ha sido provocado por el imputado: mientras más “irrazonable” sea, mayor posibilidad de generar actuaciones de salvamento riesgosas, lo cual se verifica precisamente —según lo ha demostrado la experiencia— en caso de incendios. FRISTER, Derecho, cit. nota n. 116, p. 207, 211.

161Por todos: OLIVER, Delitos, cit. nota n. 4, p. 523.

162Refiere este supuesto como una causa de atipicidad en el delito imprudente: LUZÓN, Lecciones, cit. nota n. 160, p. 366.

163COUSO/HERNÁNDEZ, Código, cit. nota n. 71, p. 120, pp. 672-673.

164FRISTER, Derecho, cit. nota n. 116, pp. 210-211. GARCÍA, Derecho, cit. nota n. 158, pp. 458-461. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, “Imputación objetiva y conducta de la víctima”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Vol. LVIII (2005), pp. 739-766. LUZÓN, Lecciones, cit. nota n. 160, pp. 229-230. ROXIN, Derecho, cit. nota n. 140, pp. 398-400.

165CANCIO, Conducta, cit. nota n. 158, pp. 340-345.

166GARCÍA, Derecho, cit. nota n. 158, pp. 459-461.

167Por “auto-puesta en peligro” se tratan casos donde se considera que es la propia persona afectada la que “causa” jurídicamente su muerte o lesiones corporales, de manera que la intervención del imputado sólo constituiría un acto de “participación” en un hecho atípico, y por ende, impune. GIMBERNAT, “Imputación”, cit. nota n. 165, pp. 733-734. Salvo excepciones de orden público (por ej. auto-mutilaciones del art. 295 del Código de Justicia Militar), en derecho penal regiría el principio de “alteridad” de la lesión y puesta en peligro: respecto a un bien jurídico individual no puede existir concordancia entre autor y víctima de una lesión ni de una puesta en peligro. En tal caso, el simple favorecimiento de una auto-puesta en peligro o auto-lesión no se encontraría jurídicamente prohibida. LUZÓN, Lecciones, cit. nota n. 160, p. 233. Vale decir: el principio de accesoriedad de la participación no resultaría aplicable por falta de injusto al que acceder.

168ROXIN, Derecho, cit. nota n. 140, pp. 398-400.

169Este tipo penal castiga con penas de crimen el ocasionamiento doloso de un incendio con resultado de muerte o lesiones corporales (arts. 396 o 397 CP).

170RIVACOVA, Manuel, Código Penal de la República de Chile y Actas de las Sesiones de la Comisión Redactora, Valparaíso: Ed. EDEVAL, 1974, p. 439.

171GIMBERNAT, “Imputación”, cit. nota n. 165, pp. 741-747.

172FRISTER, Derecho, cit. nota n. 116, pp. 210-211. Por todos: GIMBERNAT, “Imputación”, cit. nota n. 165, pp. 748-750.

173GIMBERNAT, “Imputación”, cit. nota n. 165, pp. 756-766.

174Enrique Gimbernat precisa el nivel de exigibilidad a las personas no-profesionales que intervienen en el combate del incendio: debe tratarse de una actuación que no refleje “imprudencia”, valorando claramente las particularidades del caso concreto; pero inclusive en el caso de intervenciones poco prudentes, la persona no debe exhibir un déficit en la “eficacia” del consentimiento (por ej. pánico o angustia) en el riesgo al que se auto-someten. De esta forma, fuera de la tales casos (actuación dentro del riesgo permitido y/o falta de eficacia del consentimiento por las circunstancias provocadas por el imputado), la víctima deberá cargar con el peso de su propia tragedia. GIMBERNAT, “Imputación”, cit. nota n. 165, pp. 763-766.

175GARCÍA, Derecho, cit. nota n. 158, p. 461.

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