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Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Rev. chil. derecho v.34 n.3 Santiago dic. 2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372007000300013 

 


Revista Chilena de Derecho, vol. 34 N° 3, pp. 587-589 󞪇]

ENSAYOS Y CRÓNICAS

Reflexiones en torno a la propuesta de reforma al Procedimiento Civil Chileno:
I. Principios Procesales relativos al Órgano Jurisdiccional


Fernando Román Díaz

Profesor Adjunto de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile


Rol del Juez en el Proceso: Planteamiento de la Discusión

Es un hecho indiscutible que la mayoría de los Códigos Procesales modernos han potenciado los poderes del juez en el conflicto civil. En general las diversas legislaciones procesales siguen recogiendo el principio dispositivo en cuanto a la iniciativa del proceso, su objeto y los hechos de la causa; empero han permitido el ingreso de notas inquisitivas en cuanto al impulso posterior del proceso y a la iniciativa probatoria.

No pocos critican la anterior tendencia. Se sostiene que las facultades procesales del juez deben ser sumamente limitadas, pues solo de ese modo se salvaguarda el derecho de defensa que asiste a las partes y que garantiza la seguridad jurídica.

Sostenemos que la implementación de un nuevo Código Procesal Civil supone necesariamente adoptar una decisión acerca de los principios ideológicos que deben sustentarlo. En tal sentido estimamos desechar, desde luego, la adopción de algunos de los modelos en debate (Dispositivismo y Autoritarismo) entendidos en su más extrema aplicación. Ha de adoptarse el principio dispositivo en plenitud en el nuevo Código y, aún más, deben precisarse sus alcances. Sin embargo, sostenemos que lo anterior es perfectamente conciliable con la idea de otorgar mayores poderes de dirección e impulso procesal al juez civil. En esa concepción no puede perderse de vista que si bien las partes son dueñas de los derechos subjetivos que se ventilan en el proceso civil, no son dueñas del proceso concebido como un instituto público.

 El Estado dispone de recursos y pone a disposición de las partes en conflicto un instrumento para su resolución (el proceso). El juez es el representante del Estado en la relación jurídico procesal que se forma en todo litigio. En esa perspectiva el proceso aparece en definitiva como un instrumento de pacificación social en el que el juez es el representante del Estado que no puede, sino, estar interesado en que el medio puesto a disposición de las partes (proceso) resulte fecundo en su labor final (la justicia y paz social).

Así las cosas, no parece razonable un juez que sea mero espectador en la relación jurídico procesal, cuestión que ha llegado incluso al extremo de permitir que muchas veces el proceso mismo haya sido utilizado para fines no solo ajenos, sino absolutamente contrapuestos, para los que ha sido concebido.

Juez: Director del Proceso

Considerado que el proceso debe ser un instrumento de pacificación social, en el que el juez no es un mero espectador sino un importante protagonista de la relación jurídico procesal que representa en definitiva los intereses del Estado y por ende el bien común, el juez debe constituirse en el DIRECTOR del nuevo proceso civil.

En doctrina se habla a este respecto del principio de autoridad para contraponerlo al papel de mero espectador del proceso a que se ha reducido al Juez por la aplicación estricta del principio dispositivo.

Naturalmente, ese poder de dirección debe ser un poder reglado y no libre, ya que el Juez deberá ejercerlo, en cada caso, de conformidad con las disposiciones expresamente establecidas en el nuevo Código.

Este poder de dirección que se sugiere, aunque en realidad debe considerarse en verdad un poder-deber de dirección, debe traducirse en el otorgamiento de mayores facultades de las que hoy dispone el juez civil, pero siempre precisamente regladas de modo de evitar el abuso que puede llegar a implicar su consagración genérica.

Resulta fundamental también dejar claramente establecido que este nuevo carácter del juez civil debe referirse únicamente a otorgar mayores o nuevas facultades de índole exclusivamente procesal. Las facultades materiales deben seguir permaneciendo radicadas excluyentemente en las partes en conflicto.

a. Facultades al inicio del proceso

Pobres e insuficientes son las facultades actuales del juez al inicio del proceso, esto es, al momento de los que se denominan actos de proposición (demanda y contestación). En la actualidad encontramos únicamente la facultad oficiosa del juez de no dar curso a la demanda que no cumple algunos de los requisitos legales (arts. 254 y 256 del C. P. C. )

Evidentemente que al principio de economía procesal repugna lo anterior, toda vez que no se condice con las exigencias de una justicia rápida y eficiente, la utilización del esfuerzo jurisdiccional de muchos para la tramitación de cuestiones improponibles o claramente improcedentes. Lo anterior exige aplicar con autoridad el principio de oportunidad, facultando al juez para rechazar in limine: 1. las demandas cuando fueren manifiestamente improponibles o cuando carezcan de los requisitos formales exigidos por la ley; 2. las demandas en que quede de manifiesto la falta de legitimación o de interés del actor; 3. la demanda que contenga una pretensión sujeta a un plazo de caducidad que aparezca vencido; 4. demandas en que aparezca de manifiesto el incumplimiento de alguno de los presupuestos procesales de existencia o validez; 5. demandas en que se solicite la aplicación de un procedimiento que no es el dispuesto por la ley. Las resoluciones que el juez dicte en tales casos, por cuanto ponen término al procedimiento, deben quedar sujetas a revisión del superior jerárquico por la vía del recuso de apelación, sin perjuicio de permitir la subsanación de sus defectos, en breve plazo, cuando ello fuere posible.

b. Facultades relacionadas con la mediación y arbitraje

Se sugiere facultar al juez para que, una vez que haya conocido los actos de proposición y defensa, pueda obligar a las partes a iniciar un proceso de mediación y de posterior arbitraje siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias: 1. que se trate de conflictos de alta complejidad técnica y de importante cuantía. Deben descartarse por consiguiente asuntos que, aún siendo de elevada cuantía, se resuelvan conforme a normas comunes o principios generales del derecho; 2. para tales efectos, el juez deberá citar a una audiencia con el preciso objeto de proceder al nombramiento de la persona del mediador, mismo que desempeñará la calidad de árbitro para el caso que el proceso de mediación fracase; 3. la facultad referida podrá ser ejercida por el juez una vez conocidos los actos de proposición y defensa y solo hasta antes de dictar la providencia con la que debe dar curso al proceso; 4. el uso abusivo o erróneo de la facultad señalada puede ser sancionado con medidas disciplinarias para el juez.

c. Facultades durante el curso del proceso: impulso y celeridad procesal

Así como en virtud del principio dispositivo solamente a la parte le compete la iniciación del proceso, una vez iniciado o promovido este, debe competer al juez adoptar las medidas consiguientes para que el proceso se desenvuelva rápidamente y evitar su paralización.

En nuestro actual Código de Procedimiento Civil se pueden encontrar numerosas disposiciones que obligan al juez a dar curso progresivo al proceso, sin esperar la actividad de las partes. No obstante, es evidente que en la práctica no han sido de mayor utilidad pues se ha entendido que el impulso procesal les corresponde a las partes.

Por consiguiente, y como principio debe establecerse la facultad-deber del juez de dar curso progresivo al proceso y evitar la paralización del mismo, en los siguientes términos: al juez le corresponde dar curso al proceso pero solo para pasar de un estadio procesal a otro dentro del procedimiento de que se trate; el incumplimiento de esta obligación deberá acarrear las sanciones disciplinarias correspondientes; solo a las partes les corresponde el impulso e iniciativa procesal para avanzar dentro de cada estadio procesal; el abandono del procedimiento sigue plenamente vigente como instituto procesal, pero que tendrá lugar solo cuando la inactividad de las partes se produce dentro de un determinado estadio procesal.

d. Facultades en materia de prueba

En esta materia debe dejarse claramente establecido que el objeto de la prueba civil no es el hallazgo de la verdad material. Su auténtica función es lograr la certeza del juzgador acerca de los hechos afirmados y controvertidos por las partes.

Deben regir en plenitud las siguientes premisas: 1. solo los hechos afirmados por las partes existen para el juez; 2. únicamente cuando los hechos afirmados por las partes resultan controvertidos es posible realizar actividad probatoria; 3. la prueba en el proceso civil no comporta una actividad de investigación, sino de mera verificación de aquellos hechos que, afirmados por las partes, resultan controvertidos.

En nuestro Código actual queda de manifiesto que la prueba es “cuestión de las partes”, estando el Tribunal limitado a cierta actividad probatoria oficiosa a través de denominadas Medidas para Mejor Resolver. Estas solo pueden ser decretadas dentro del período de que dispone el sentenciador para dictar sentencia.

Sin embargo, es evidente que el hecho de entender en su máximo extremo el que la prueba es cuestión de las partes, como ocurre en el actual sistema, lleva muchas veces a que la actividad jurisdiccional resulta infructuosa y, lo que es mucho más grave, permite la colusión entre partes y el fraude procesal al tolerarse “supuestos conflictos jurídicos” en que sobre la base de hechos admitidos se obtienen sentencias que lesionan intereses y derechos de terceros.

En razón de lo anterior se propone aumentar las facultades probatorias del juez en términos que este podrá decretar la práctica de todas clases de diligencias probatorias, ya sea durante el curso del proceso o como medidas para mejor resolver, al menos en los casos que: 1. el material probatorio existente en el proceso sea insuficiente en términos de que el juez no haya podido lograr convicción acerca de los hechos controvertidos; 2. aparezcan hechos nuevos que sean relevantes para resolver la controversia, pero solo en cuanto esos hechos van a servir para acoger o rechazar la demanda. Debe respetarse el principio de congruencia; 3. la prueba del Derecho Extranjero pueda servir para resolver el conflicto; 4. el juez sospeche la existencia de fraude o colusión procesal. En este evento debe estar facultado, además, para hacer citar al proceso a quienes aparezcan como posibles víctimas del fraude o colusión.

Se propone también que el juez esté facultado para desechar de plano y sin ulterior recurso toda prueba inconducente, impertinente o puramente dilatoria.

 

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