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Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Rev. chil. derecho v.34 n.3 Santiago dic. 2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372007000300014 

 


Revista Chilena de Derecho, vol. 34 N° 3, pp. 591-593 [ 2007 ]

ENSAYOS Y CRÓNICAS

Reflexiones en torno a la propuesta de reforma al Procedimiento Civil Chileno:
II. Principios Procesales relativos a las Partes

Eugenio Benítez Ramírez

Profesor Auxiliar Asociado de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile


Principio Dispositivo

El principio dispositivo entendido como aquel en virtud del cual las partes poseen dominio completo tanto sobre su derecho subjetivo sustancial como sobre sus derechos a la iniciación, desenvolvimiento y culminación del proceso, debe ser establecido y precisado en un nuevo Código Procesal Civil.

Este debe ser un principio pilar de la reforma procesal civil, por cuanto no hace más que garantizar y respetar la libertad individual de los justiciables. El principio dispositivo además, no es otra cosa que un derivado de la naturaleza eminentemente particular de los derechos o intereses en juego en el conflicto civil.

Además, no es un principio absoluto dado que tiene como lógica limitación la presencia de derechos indisponibles que el juez debe proteger aun contra el consentimiento de la parte afectada. Asimismo, en caso alguno debe permitir a las partes disponer de las normas procesales.

Por ello se propone consagrar expresamente el principio dispositivo, precisando sus términos y limitaciones en la forma que, 1. La iniciativa en la instauración o iniciación del proceso incumbe solo a los interesados. Ningún proceso puede comenzar por iniciativa del propio órgano jurisdiccional (ne procedat index ex officio: “que el juez no proceda de oficio”) sino solo por la solicitud de un sujeto jurídico que pretende obtener una resolución jurisdiccional concreta; 2. Exista la disponibilidad de las partes sobre el proceso, donde las partes pueden libremente disponer de sus derechos en el proceso, salvo aquellos que por ley sean declarados como indisponibles. La disponibilidad o indisponibilidad del derecho debe ser calificada por el juez al momento de resolver una petición concreta. De esta forma las partes pueden terminar el proceso en forma unilateral o bilateral. En forma unilateral el actor puede desistirse de la pretensión o renunciar a su derecho, el demandado puede desistirse de su oposición a la pretensión o puede allanarse a la demanda, y uno u otro pueden desistirse de uno o más actos procesales o pueden someter el proceso a la resolución de un tribunal arbitral; 3. Los hechos que constituirán el thema decidendum, es decir los hechos objeto del proceso, solamente pueden ser aportados por las partes. Los hechos admitidos por las partes, los hechos que las partes no controvierten se imponen al Juez, a menos que se trate de un caso de fraude o colusión procesal; 4. El juez debe respetar el principio de congruencia con arreglo al cual debe fallar las cuestiones litigadas por las partes y conforme a las pretensiones deducidas. En la sentencia definitiva el juez solo podrá esgrimir argumentos o normas jurídicas no alegadas en la medida que respete el principio de congruencia, esto es, sin que nada añada al objeto del proceso; 4. por último, debe establecerse como limitación al principio dispositivo la indisponibilidad de las normas procesales, en términos que las partes del proceso no pueden acordar, por anticipado, dejarlas sin efecto o modificarlas, salvo en materia arbitral. El orden consecutivo legal impide, naturalmente, que las partes puedan, anticipadamente modificar en cualquier sentido que fuere las normas procesales. Con todo, debe precisarse que esta indisponibilidad se refiere a la renuncia o la modificación anticipada de las normas procesales, como sería, por ejemplo, la renuncia –expresa o tácita– de una de las partes a interponer recurso de apelación contra la sentencia definitiva.

Principios de Igualdad Procesal y Bilateralidad

No existe en nuestra legislación norma expresa que consagre la igualdad procesal de las partes, ni su derivado consustancial, el principio de la bilateralidad de la audiencia. Lo que sí tiene amplia acogida en la práctica judicial es la malentendida aplicación de la bilateralidad de la audiencia, conforme a la cual los jueces estiman indispensable la necesidad de oír a la contraparte aun cuando se trate de asuntos de fácil resolución, tanto porque constan del proceso o bien por existir norma legal expresa y precisa que los dirima.

Evidentemente ambos principios pueden colegirse de numerosas disposiciones; sin embargo resulta indispensable su consagración expresa, por cuanto no son un postulado meramente teórico y su formulación clásica no constituye una mera proclamación retórica. Estos deben ser principios de los que se deduzcan conclusiones jurisprudenciales.

Es una verdadera exigencia del proceso jurisdiccional, como instrumento de la justicia, el postulado de que los distintos sujetos del proceso –quien solicita una decisión jurisdiccional y aquel contra o frente al cual tal decisión se solicita– dispongan de iguales medios para defender en el proceso sus respectivas posiciones, esto es, dispongan de iguales derechos procesales, de posibilidades equivalentes para sostener y fundamentar lo que cada cual estime que le conviene.

Por cierto que esta igualdad procesal no significa que las partes de un proceso sean iguales. Es evidente que no lo son. Existe una desigualdad intrínseca y funcional de las partes (actor o demandante y demandado). No es ni puede ser igual quien ataca, por así decirlo, que quien, en principio, es atacado. Ni es igual ni le corresponde, en consecuencia, jugar en el proceso igual papel.

Pues bien, sin perjuicio de la desigualdad esencial de las partes en el proceso civil, tal desigualdad no impide y es compatible con que, en cuanto a las actuaciones decisivas del proceso, las partes gocen de oportunidades sustancialmente iguales o equivalentes para sostener sus posturas.

En el Derecho Procesal, la aplicación del principio constitucional de igualdad de las personas ante la ley se traduce en el principio de bilateralidad de la audiencia. Como señala Couture, dicho principio se resume en el precepto audiatur altera pars, es decir, óigase a la otra parte.

Con todo se debe estimar que el contenido del principio de bilateralidad de la audiencia se circunscribe a impedir una resolución jurisdiccional perjudicial o condenatoria de quien no haya podido, en absoluto, intervenir en el proceso correspondiente.

En la legislación extranjera puede citarse el caso del Código General del Proceso Uruguayo que consagra la igualdad de las partes en los siguientes términos: “El tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso”.

Pues bien, estimándose tal vez poco precisos los conceptos del Código Uruguayo, se propone consagrar los principios procesales señalados en los términos a continuación.

El Tribunal debe mantener un trato igualitario frente a las distintas partes del proceso. No podrá el juez, por consiguiente, limitar las oportunidades de las partes para sostener sus defensas en términos de hacerlas sustancialmente desiguales o desequivalentes entre ellas. Lo anterior es sin perjuicio de aquellos casos en que la limitación está dispuesta por la propia ley.

Se deberá facultar al juez para dictar las resoluciones o disponer las medidas que estime pertinentes para restablecer la falta de igualdad de oportunidades que puedan haberse dado en un caso concreto.

Nadie podrá ser condenado sin haber tenido la posibilidad de ser oído en el proceso respectivo. La imposibilidad absoluta de ser oído deberá acreditarse fehacientemente ante el Tribunal.

La bilateralidad de la audiencia no impide la condena en rebeldía voluntaria del perdedor, ni tampoco impide la resolución inmediata de cuestiones que el juez puede o debe fallar sin necesidad de oír a todas las partes del proceso.

Principio de buena fe y de lealtad procesal

El principio de la Buena Fe Procesal impone a las partes litigantes el deber rectitud, honradez y buen proceder en la defensa de sus intereses jurídicos en el marco de un proceso judicial. Les exige a los contendientes una actuación leal en el uso de pretensiones, defensas o recursos, debiendo sancionarse por ende cualquier exceso en el caso de expedientes dilatorios o pretensiones infundadas.

Estimamos superada la discusión acerca de si estos principios de buena fe y de lealtad procesal deben ser realmente normas jurídicas exigibles o, por el contrario, apenas aspiraciones o recomendaciones éticas. Es deber el establecimiento expreso de tales principios en el nuevo Código Procesal Civil, consagrando además sanciones claras y precisas para el incumplidor.

Aquí interesa como nunca la consagración expresa del principio, pero por sobre todo interesa también las aplicaciones prácticas del mismo y las sanciones para su incumplimiento.

En nuestro sistema procedimental actual, las normas de enjuiciamiento que supuestamente son emanación de este principio v. gr. multas al litigante temerario, condenación en costas, etc. tienen escasa aplicación práctica. Los jueces civiles se muestran reacios a dar aplicación estricta, severa y enérgica a estas normas, lo que sumado a la escasez de herramientas con que cuentan para evitar el fraude y la mala fe, ha degenerado en que los principales responsables del retardo injustificado en la administración de justicia sean los propios letrados, los que por la vía de los incidentes y recursos meramente dilatorios desvían los esfuerzos jurisdiccionales hacia cuestiones que nada tienen que ver con lo realmente debatido en el proceso.

En el Código Procesal Modelo para Iberoamérica, la oralidad, inmediación y concentración constituyen pilares fundamentales que claramente fomentan la lealtad del debate. Siempre se ha dicho que el papel lo aguanta todo y obviamente son pocos los litigantes que osan interponer incidentes meramente dilatorios y carentes de todo fundamento ante la presencia física de un Juez enérgico, que además cuenta con las herramientas procedimentales para poner atajo a tales conductas.

En el artículo 5º del código citado se señala que las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos los partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, el respeto que se deben los litigantes y la lealtad y buena fe. El tribunal deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria. Pero lo más importante es que se faculta expresamente al juez civil para sancionar a quienes observen una conducta incompatible con el decoro y dignidad de la justicia, con multas y arrestos.

En consecuencia y en lo que a este acápite respecta, se sugiere no solo consagrar en términos generales la obligación de guardar el principio de la buena fe y lealtad procesal, sino que además establecer mecanismos claros y precisos que la garanticen. Para tales efectos se propone la oralidad e inmediación como principios que necesariamente desalientan e inhiben el comportamiento desleal del litigante. Que la exigencia de que tanto el actor en su demanda como el demandado en su contestación acompañen toda la prueba documental que intenten hacer valer y propongan concretamente los restantes medios de prueba. Es decir, y para expresarlo de manera gráfica, se debe exigir que ambas partes pongan todas sus cartas sobre la mesa desde el inicio mismo del proceso, evitándose de plano ocultamientos y maniobras. Se propone además, la aplicación de sanciones disciplinarias y multas a los litigantes y abogados que desatiendan a los deberes de buena fe y lealtad procesal, como también se debe facultar al Tribunal para decretar todas las medidas necesarias para impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria, incluso la realización de diligencias probatorias de hechos admitidos y la citación al proceso de terceros que puedan aparecer perjudicados. Finalmente, se debe sancionar la conducta atentatoria de tales principios con la facultad del juez de rechazar la pretensión de que se trate sin más trámite (aplicación de la teoría de los actos propios del derecho civil al proceso).

 

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