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Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Rev. chil. derecho v.34 n.3 Santiago dic. 2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372007000300015 

 


Revista Chilena de Derecho, vol. 34 N° 3, pp. 595-598 󞪇]

ENSAYOS Y CRÓNICAS

Reflexiones en torno a la propuesta de reforma al Procedimiento Civil Chileno:
III. Principios Procesales relativos al Procedimiento


Juan Pablo Domínguez Balmaceda

Profesor Auxiliar Asociado de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile


Desde principios de siglo, tanto la doctrina nacional como la extranjera se han ocupado de desarrollar aquellos principios que han de regir al proceso civil. Muy larga ha sido la discusión entre los autores en cuanto a cuáles deben ser los principios sobre los que deben fundarse los procedimientos civiles para cumplir con los fines que le son propios, es decir, para ser un verdadero instrumento de pacificación y de justicia en una sociedad en que las personas están privadas de la posibilidad de resolver por mano propia.

Nuestro trabajo se centra en la búsqueda de aquellos principios cuya consagración en normas concretas permitiría asegurar a las personas un procedimiento civil que sea justo, rápido y económico. Los principios procesales que a nuestro juicio, aseguran de manera más efectiva lo anterior, son los principios formativos de oralidad, inmediación, concentración y publicidad.

Oralidad

Como diagnóstico de la actual situación, puede decirse que el proceso civil chileno muestra una clara preeminencia de la escrituración por sobre la oralidad. A modo de ejemplo, podemos decir que el procedimiento común en Chile, es decir, el juicio ordinario, es un procedimiento esencialmente escrito, lo que provoca una enorme lentitud de los procesos y una desconexión entre el juez y las pretensiones de las partes.

Sin embargo, la preeminencia de la escrituración no es absoluta. Incluso en el juicio ordinario la ley contempla que determinadas actuaciones se realicen en forma verbal, como por ejemplo, en el caso de las declaraciones de testigos y la confesión judicial. Además, la ley procesal chilena contempla también algunos procedimientos civiles en los que la oralidad toma fuerza frente a la escrituración, como el juicio sumario, los interdictos, los juicios especiales de arrendamiento.

No obstante la aplicación, la práctica de la escasa oralidad consagrada en nuestro sistema es simplemente nula. En los procedimientos en los que la oralidad es permitida (sumario, por ejemplo), la ley se ha encargado también de establecer la posibilidad de presentar minutas escritas lo que, en definitiva, ha determinado que el procedimiento sumario sea en la práctica escrito.

Debe entenderse que si la ley permite la oralidad como excepción y la gran mayoría de los procesos son escritos, entonces la oralidad está destinada a la inoperancia, como efectivamente ocurre en nuestro actual sistema procesal. Por ello, estimamos que el nuevo Código Procesal Civil debe hacer una opción radical, en términos de consagrar la oralidad como principio formativo del proceso que sea aplicable a la gran mayoría de los actos procesales. La escrituración será la excepción limitada a ciertos actos procesales específicos y puntuales.

Debe considerarse además, como sustento fundamental de la oralidad, que la idea de consagrar un proceso civil declarativo que pretenda obtener realmente la inmediación y la concentración, ha de estar construido sobre la predominancia de la oralidad, lo que además conlleva ciertas exigencias técnicas que no afectan solo a la forma de los actos, sino que implican un entero modelo de administración de justicia civil. La inmediación y la concentración de los actos procesales son imposibles sin oralidad.

Por de pronto, no puede ponerse en duda que la palabra hablada es la forma idónea de comunicación del ser humano con sus pares, ya que permite un mayor y mejor entendimiento y porque los dichos oscuros o poco claros se dilucidan en el acto. Además, la oralidad permite la facilidad y sencillez de la relación entre las partes y el juez, quien, al estar en contacto directo con estas y sus declaraciones, como asimismo con las de los testigos, puede evaluar la espontaneidad de las personas que han actuado ante él. Si bien la oralidad implica necesariamente un mayor aporte de recursos a la función jurisdiccional, ese mayor gasto se ve atenuado con la consiguiente economía procesal que implica la necesaria concentración de los actos orales del proceso.

Por último, nos ha parecido que la objeción de liviandad de la decisión jurisdiccional y las eventuales sorpresas de los litigantes que podría implicar la oralidad, dejan de estar latentes si acaso dicho principio formativo no se asume en todo su extremo, consagrando, por ejemplo, la escrituración para todos los actos de proposición (demanda y contestación). Por lo demás ello se justifica plenamente si se toma en cuenta el elevado nivel de complejidad del contenido de los conflictos que hoy se presentan en la sociedad moderna. Así pues, el rol de la escrituración en el nuevo proceso civil sería precisamente el de preparar el debate oral que luego deberá desarrollarse a lo largo de una o más audiencias en el proceso.

Tomando en cuenta las ventajas y los inconvenientes que hemos señalado, hemos llegado a la conclusión de que la futura reforma procesal civil no debe caer en la tentación de llevar la oralidad en el proceso civil al extremo. Mucho más conveniente nos ha parecido la instauración de lo que podría llamarse un sistema “mixto” en el que tanto la demanda como la contestación de la demanda deban plantearse por escrito, proveyendo así al tribunal de una fuente a la que se puede recurrir para una mejor comprensión y estudio del asunto que se somete a su decisión, dejando la recepción de la prueba y la resolución de incidentes para audiencias verbales presididas personalmente por el juez, concentradas y poco distanciadas unas de otras.

Inmediación

En relación al principio de inmediación, debemos concordar en que este prácticamente no tiene aplicación en el proceso civil chileno. El distanciamiento y lejanía de las partes y sus abogados con el juez es notable. En la práctica judicial, este funcionario público técnicamente preparado, se ha desvinculado de los procesos que se siguen ante él, delegando gran parte de las funciones que le son propias en funcionarios de rango menor, muchas veces de escasa preparación. Las partes y sus abogados, quedan la mayoría de las veces en manos de una serie de funcionarios que proveen escritos, toman audiencias y reciben la prueba sin estar técnicamente capacitados para hacerlo, quedando la figura del juez cada vez más lejana.

En efecto, en la actualidad los jueces civiles solo toman conocimiento de los procesos que se siguen ante ellos al momento de estar en condiciones de pronunciar la sentencia definitiva. Solo en ese momento deben resolver basándose exclusivamente en lo que se les presenta a través de un tercero y en forma escrita, sin haber podido formarse una impresión propia de las pretensiones de las partes ni de la prueba rendida.

Si bien hemos estimado como altamente conveniente la consagración del principio de inmediación en nuestra legislación, aquella no pasará de ser una simple aspiración si acaso no se establecen al mismo tiempo sanciones de carácter procesal y administrativo para el caso de incumplimiento.

Para nosotros la consagración de la inmediación implica el establecimiento de un poder-deber del juez de escuchar y fundamentalmente dialogar con las partes implicadas, con sus abogados, con los testigos y peritos, lo que le permite ponderar no solamente las palabras, sino que también actitudes, gestos, etc.

A nuestro juicio la futura reforma procesal civil debe consagrar la inmediación como principio básico de la misma, estableciendo claras sanciones procesales para su incumplimiento.

 Concentración

Similar diagnóstico del anterior es el que debe hacerse en relación a este principio procesal. En efecto, en la actualidad el principio de concentración casi no tiene aplicación en el proceso civil chileno. La demora de los procesos y la dilación innecesaria llegan a extremos insólitos, al punto de constituir una verdadera denegación de justicia.

La concentración, entendida como aquel principio en virtud del cual se procura abreviar en el tiempo el desarrollo del proceso, haciendo que sus actos se produzcan en forma continuada, sin interrupciones ni interferencia, está lejos de recibir aplicación en nuestro actual sistema procesal civil.

Reacción a la desconcentración de los actos procesales imperante en nuestro sistema, es la Ley que crea los nuevos Tribunales de Familia que consagra dentro de los principios formativos del procedimiento el de concentración de los actos procesales. La referida ley dispone que el procedimiento debe desarrollarse en audiencias continuas y que puede prolongarse en sesiones sucesivas, hasta su conclusión. Otro buen ejemplo del cambio anotado está dado por las normas del nuevo sistema procesal penal, que permiten anular el juicio oral en que hubieren sido violadas las disposiciones sobre continuidad del juicio.

A nuestro juicio, la aplicación del principio de concentración de los actos procesales en el nuevo sistema procesal civil es una necesidad, por cuanto no solo redunda en la rapidez del proceso judicial, sino que también disminuye los costos económicos del mismo y constituye un buen medio para mejorar la calidad de las sentencias que se dicten. Mientras más cerca esté la sentencia de los actos del proceso, mejor será la memoria del juez al respecto y, por consiguiente, mejor será su decisión.

Para la consagración de la concentración en nuestro sistema procesal civil, se propone establecerla como principio formativo, señalando que los actos procesales deberán realizarse sin demora, quedando facultado el juez para abreviar los plazos cuando la ley lo permita y las partes para hacerlo siempre por mutuo acuerdo. Las obligaciones de concentrar en un mismo acto las diligencias que sea menester realizar y rendir toda la prueba en una o más audiencias contiguas y sucesivas hasta su conclusión, en las que deberán interponerse y fallarse los incidentes relativos a la misma. Por último, la fijación de plazos máximos dentro de los cuales el juez debe citar a las partes a la primera audiencia del proceso, una vez concluidas las presentaciones escritas de sus pretensiones y defensas.

Publicidad

En la actualidad, existen principalmente dos realidades opuestas en relación a la publicidad de los procesos. Mientras la reforma procesal penal ha instaurado un sistema de enjuiciamiento moderno, basado en audiencias a las que cualquiera puede asistir y en las que se permite incluso la transmisión televisiva, nuestro sistema procesal civil se mantiene anclado en el pasado, donde la aplicación de lo dispuesto por el artículo 9 del COT (“Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley”) se reduce a permitir el acceso libre a los expedientes.

La señalada realidad no resulta aceptable si acaso se considera que, si bien el proceso civil afecta principalmente los intereses de los propios litigantes, no es menos cierto –como bien dice Alsina– que la sociedad toda se siente conmovida cada vez que se requiere la intervención judicial y que le interesa conocer la forma en que se administra justicia.

En relación a lo anterior, el principio de publicidad viene a constituir una verdadera garantía para los ciudadanos, toda vez que la posibilidad de percibir directamente los actos que se realicen en el ámbito judicial permite a la opinión pública controlar las acciones de los jueces y hacer efectiva, en su caso, su responsabilidad funcionaria. En palabras de Couture, el principio de publicidad constituye “el más precioso instrumento de fiscalización popular sobre la obra de magistrados y defensores”.

Si bien la publicidad de los actos procesales puede en cierta medida ser una realidad en el proceso escrito, no cabe duda de que su aplicación se facilita y sus beneficiosos efectos se multiplican cuando va de la mano con la oralidad. Un proceso civil oral y público permitiría a las personas entender el sistema de administración de justicia imperante y conocer de mejor manera sus derechos, despojando al sistema judicial de aquella imagen de “mundo desconocido” forjada bajo el actual sistema y que se ha generalizado en la opinión pública.

Sin embargo, entendemos que la publicidad de los actos procesales es solo un medio para lograr los fines que hemos indicado, y no un fin en sí misma, por lo que debe reconocer ciertos límites, reservando del conocimiento público determinados asuntos o actos. Por esto se propone consagrar el principio de publicidad como la regla y la reserva o secreto como excepción, siendo garantía del primero la instauración de un procedimiento civil oral y de audiencias.

 

 

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