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Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Rev. chil. derecho vol.40 no.1 Santiago abr. 2013

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372013000100005 

DERECHO PROCESAL

 

ARGUMENTOS PARA DISCUTIR SOBRE TASAS JUDICIALES

 

Jordi Delgado Castro*

* Universidad Católica de Temuco, Chile. Correo electrónico: jdelgado@uct.cl


RESUMEN: La reforma al proceso civil abre el debate acerca de la necesidad de trasladar los costos de la misma a los sujetos que mayores litigios promueven. El presente trabajo pretende indicar algunas de las tesis más relevantes a la hora de realizar esta discusión avanzando algunas de las consecuencias que acarrea la adopción y la no adopción de tasas judiciales en nuestro sistema a través de algún rasgo en el derecho comparado. En este contexto, se interrelacionan conceptos tanto de derecho procesal y tributario como constitucional que deben ser valorados por nuestro legislador antes de tomar la decisión que puede cambiar la gratuidad de la Justicia en Chile.

Palabras Clave: Tasas Judiciales, Gratuidad de la Justicia, Reforma Procesal Civil.


ABSTRACT: Civil procedure reform opens the debate about the need to shift costs to those subjects who litigate the most. This paper attempts to address some of the most relevant arguments for eseeing some of the consequences of introducing or not court fees in Chile's legal system by high lighting some of their features in comparative law. In this context, aspects of tax law, civil procedure law and constitutional law shall be appraised by our law makers before making a decision that can change the gratuity of justice in Chile.

Key Words: Court Fees, Gratuity of Justice, Civil Procedure Reform.


 

1. COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

Chile es uno de los pocos países donde los servicios judiciales son gratuitos1 para los litigantes y no se cobran tasas judiciales o estas no están reconocidas como tal y son meras manifestaciones aisladas.

De este modo, encontramos algunos ejemplos como la necesidad de prestar caución tras haber perdido dos incidentes; el caso de la recusación de un juez o integrante en un tribunal colegiado; siempre que se quiera promover la recusación de un abogado integrante; en el supuesto de pretender suspender la vista de la causa ante las Cortes de Apelación o Corte Suprema y, finalmente, se considera necesario realizar una consignación cuando se solicite la declaración de una quiebra. Al margen de estas manifestaciones el sistema se funda en la gratuidad y solamente se pagan honorarios a quienes directamente prestan servicios relacionados con el proceso como abogados, receptores, peritos.

Es una realidad que en el modelo de derecho comparado existen diversas experiencias acerca de la materia e incluso ha llegado a ser una demanda en la doctrina nacional que entiende que los recursos son escasos y se justifica el empleo de tasas como medio de alivianar la carga al presupuesto del Estado2.

Desde el punto de vista de la justicia y la sociedad es sabido por todos que el procedimiento ejecutivo consolidado con las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva y las medidas prejudiciales constituyen un 85% de las causas3. Habitualmente, este tipo de procedimientos son promovidos por entidades financieras que han irrumpido como el más importante actor4 y, por lo tanto, en rigor la gratuidad de la justicia civil no es en beneficio de los ciudadanos en su conjunto. Además, el proceso civil, en general, tutela intereses privados que no parece descabellado que sean protegidos por sus promotores y el rol del Estado se limite a la defensa de los más desfavorecidos5.

En aquellos países donde se ha realizado la discusión también se han encontrado argumentos contrarios al establecimiento de tasas judiciales debido a que podrían, eventualmente, impedir el acceso a la justicia, en especial para quienes atesoran menor cantidad de recursos6.

La reforma procesal civil en Chile abre la discusión acerca de las tasas judiciales. Cobrar a los usuarios por el uso del aparato de justicia es una alternativa a considerar. Existen razones a favor y en contra (¿la justicia debería ser gratuita o los litigantes deberían internalizar sus costos?) y por eso que este estudio pretende esbozar luces y sombras y, consideramos, que en este contexto es especialmente pertinente.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto debemos reconocer que se trata, en realidad, de tres temas interrelacionados: tasas judiciales, honorarios de abogados y la regla de pago de costas. Así, desde el punto de vista del ciudadano las tasas judiciales pueden ser, y probablemente serán, el gasto menos importante. Para él lo decisivamente gravoso serán los honorarios de su abogado, sumado al riesgo de tener que pagar los honorarios del abogado de la contraparte también, si pierde. En esta oportunidad, sin embargo, nos abocaremos al estudio de las tasas como elemento más novedoso y a la vista de lo que suceda en la reforma con los otros capítulos relevados.

2. EL EJEMPLO ESPAÑOL COMO PARADIGMA DE LA DISCUSIÓN

Uno de los países que, en fechas relativamente recientes, realizó la discusión es España. Tomaremos este ejemplo sin perjuicio de reconocer que son muchas las experiencias en derecho comparado. Ahora bien, nos interesa, especialmente, debido a que las tasas judiciales se reintrodujeron en España en el mismo contexto que está viviendo Chile, es decir, en el momento en que se realizó el cambio del proceso decimonónico y escrito, al moderno. Además, debemos indicar que España reconoce en su Carta Magna el derecho a la justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar (art. 119 Constitución española) y, en Chile el artículo 19 N° 3 inciso tercero de la Constitución Política de la República reconoce la asistencia jurídica a quienes no puedan procurársela por sí mismos. De modo, que en ambas realidades se reconoce la defensa de los menos favorecidos, pero no existe una garantía constitucional general que reconozca la justicia como algo gratuito.

Las tasas judiciales tienen su antecedente en el Ordenamiento de Alcalá de 1348 (cuantías máximas para abonar a la fe pública), pasando por la Novísima Recopilación de Leyes de España de 1805, hasta que en 1838 se publicara la Ley Provisional para sustanciación de pleitos de Mínima Cuantía. Sin embargo, no sería hasta la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 que se entró en una regulación más acabada sobre los derechos de los auxiliares de la administración de justicia (Decreto de 28 de abril de 1860). La recaudación se llevaba a cabo en las oficinas judiciales y contribuía al sostenimiento de las retribuciones de los secretarios judiciales7 y demás cuerpos del personal auxiliar de la Administración de Justicia. De este modo, podemos observar que se trata de una discusión antigua y por lo tanto nos puede resultar muy útil conocer los distintos argumentos8.

Varias fueron las reformas al respecto hasta que la Ley 25/1986 de 24 de diciembre suprimió las tasas judiciales. Se daba cumplimiento de este modo a lo prescrito en el artículo 119 de la Constitución española que indica que "la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar".

España restableció9 las tasas judiciales mediante el artículo 35 de la Ley 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social por el que se creó una "tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo"10. Así, desde el 1 enero de 2003 junto a las demandas o interposición de recursos11 debe acompañarse un formulario de autoliquidación (modelo 696) como requisito de tramitación, al punto que podría llegar a determinar el archivo de la causa12.

Importante resulta saber que la doctrina española ha dividido los tributos en tres categorías: impuestos, tasas y contribuciones especiales13. La Ley General Tributaria define en su artículo 26 a las tasas como: "aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes (…)".

El hecho de la resurrección de las tasas llevó a la perplejidad a parte de la doctrina14. Ya que en el año 1986, cuando se eliminaron las tasas los motivos que se pregonaron fue calificarlas contrarias al principio constitucional de gratuidad y, además, se señalaba la complejidad y mala gestión tributaria que suponían para los tribunales de justicia15.

En el mismo contexto que en Chile, la reforma procesal civil ejercida por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, alzó alguna voz en la doctrina16 sobre la necesidad de contar con una justicia más eficaz e independiente. Así, se hicieron revivir unas tasas judiciales que el año de su desaparición generaron el 10% del presupuesto público para ese ejercicio17. De este modo, se pensó un mecanismo fiscal que garantizara, como así el mandato constitucional español, el acceso a quienes acreditaran insuficiencia de recursos para litigar.

La tasa para el proceso civil español se aplicará en los casos de demanda, reconvención y para la interposición de recursos18. Curiosamente, la contestación de la demanda no lleva aparejada la cancelación de una tasa siempre y cuando no se entable, a su vez, reconvención.

La tasa judicial española se caracteriza por: ser exigible en todo el territorio nacional; por tener como hecho imponible el ejercicio de la potestad jurisdiccional a instancia de parte19; por aplicarse al proceso civil y contencioso-administrativo; por ser aplicable a personas jurídicas y por ser recaudada por el Ministerio de Hacienda.

En función del procedimiento observamos algunos supuestos de exención (mencionaremos solamente los del orden civil) como las materias relativas a sucesiones, familia, matrimonio, filiación y estado civil de las personas20. De este modo, se protege a la persona física y a los procedimientos más característicos que a ella atañen.

En cuanto a la base imponible de esta obligación tributaria está compuesta por dos cantidades21: en primer lugar, existe una cantidad fija que oscila entre los 90 y los 600 euros en función del tipo de procedimiento hasta llegar al recurso de casación; por otra parte, existe una cantidad variable en la que se aplica una escala porcentual del 0,5% para el primer millón de euros, 0,25% para el segundo hasta un máximo de 6.000 euros.

Desde el punto de vista de quienes se desempeñan a diario en la litigación la principal crítica práctica, si de abogados hablamos, es la nueva tarea que ha de asumir el jurista al tener que liquidar la tasa con anterioridad a la presentación del escrito y la oportuna información que debe entregar traspasando el costo al cliente22. Además, podríamos añadir que se trata de una doble imposición tributaria de una misma actividad, en tanto que el justiciable está pagando el IVA de abogados, peritos… y también es gravado por una tasa.

El Secretario Judicial, quien es otro de los actores, ha de comprobar que se presenta la liquidación del pago de la tasa y ha de verificar que se ha pagado la cantidad correspondiente según la actuación y tipo de procedimiento. Estas labores parecieran ser más convenientes bajo del control propio de la administración tributaria y la ley no las contempla23. Esta nueva misión encomendada al Secretario Judicial levantó una polémica interesante en relación con la tutela judicial efectiva24.

Una decisión importante fue considerar a las tasas como parte de las costas procesales. De este modo, se traspasaban a la parte vencida. La doctrina consideró que pese no estar incluidas específicamente en el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debían ser integradas al no ser este un numerus clausus25.

Se produce una interesante consecuencia, de modo que es imprescindible señalar que la parte vencedora podrá repercutir el pago de la tasa como parte de las costas procesales de modo que si bien las personas físicas están exentas del pago si resultan condenadas en un juicio contra un banco26 van a tener, finalmente, que asumir también la tasa27.

En la discusión española se reconoció como justo gravar con una tasa al deudor, quien generalmente es la persona que provoca con su incumplimiento la acción de la justicia28. Ahora bien, resulta contradictorio que la ley declare exenta de pago a la persona física y, finalmente, sea quien pague el tributo. Debido a que la Ley de Enjuiciamiento Civil española no lo contemplaba por no existir, los tribunales terminaron haciendo una interpretación analógica y aceptando que sea la parte vencida quien lo pague aun siendo persona física29. El principal argumento, podría ser, que resulta justo que en un momento posterior y distinto al de la satisfacción de la tasa la parte vencedora pueda reclamar la devolución por parte de la perdedora en tanto el desembolso deriva de la necesidad que se generó de acudir a la Administración de Justicia por el incumplimiento de quien resultó condenado30.

En este momento de cambio y discusión también se pudieron observar algunas indicaciones contrarias al establecimiento de tasas judiciales razonando que podría ser beneficiosa la implementación de las tasas como medio de desanimar la litigiosidad. Para Cabrillo Rodríguez y Pastor Prieto31 parte de los problemas de los que adolece el sistema judicial provienen de la dilación y sus consecuencias derivadas del fácil acceso a los tribunales. Ahora bien, los propios autores reconocen la existencia de otros problemas32 que determinan la entrega de una justicia tardía asimilada, entonces, a la denegación de la justicia33. Por otra parte, Ibáñez García valoraba como incorrecto establecer un tributo sobre el ejercicio de un derecho fundamental34.

Una vez implementado un sistema que cobra una tasa por acceder a los tribunales de justicia, uno de los problemas, señalados por la doctrina, está en que se coarta la posibilidad de promover litigios de escasa cuantía controvertida. El hecho de aplicar una cuota fija y una cuota proporcional35 provoca que no resulte económico litigar y, por lo mismo, muchas situaciones quedarán impunes ante su costo económico36.

Además, también hay autores que consideran que puede suponer una vulneración a la tutela judicial efectiva37. Efectivamente, el negar el acceso al tribunal de justicia por un formalismo fiscal no pareciera estar muy alineado con un modelo justo y con todas las garantías38. En este contexto y con el objetivo de zanjar la polémica se dictó una Orden por el Ministerio de Hacienda 661/2003 de 24 de marzo en la que se encarga la misión al Secretario de comunicar a la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria el impago de la tasa para que la misma administración proceda a la liquidación de oficio39. Sea como fuere, se ideó un método que evita la denegación del acceso a la justicia. Aunque posteriormente, la Hacienda Pública pueda ejecutar el cobro de esa tasa, se consiguió salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva40.

Siendo que hubo, entonces, posturas a favor y en contra, la doctrina fue prácticamente unánime al condenar un mal habitual de la técnica legislativa española al establecer esta modificación en una ley de acompañamiento41.

En fechas más recientes, se promulgó la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que modificando la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial implementa como requisito previo a la interposición de determinados recursos un depósito de escasa cuantía, como medio de disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico y, de este modo, evitar dilaciones indebidas. Sin embargo, en realidad la cuantía (25? o 50? según el caso) es tan pequeña que pareciera existir un ánimo exclusivamente recaudatorio detrás de esta medida, ya que no va a disuadir a nadie de interponer un recurso42.

3. ASPECTOS DEBATIDOS MÁS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA EN CHILE

Siempre el establecimiento de una tasa judicial va a resultar una cuestión polémica43. Sin embargo, resulta una necesidad moderna imperiosa y deseable por la mejor doctrina44. El momento de cambio legislativo en el que nos encontramos amerita la racionalización del servicio público de Justicia a fin de evitar el abuso del sistema45. De hecho en algunos países como Alemania es aceptado que gastos y tasas judiciales (GebühernundAuslagen) sean sufragados por las partes46.

Simplemente –como si esto fuera poco– es una decisión política. En la balanza de la opción hay que sopesar si se quiere priorizar la gratuidad o bien se prefiere que quienes usan el sistema contribuyan a sufragar sus gastos47. Sin duda, la Ley puede regular este hecho imponible, pero tratándose de una de las actividades del Estado, no resulta descabellado pensar en que dado su carácter generalizado y básico sea financiado con cargo a impuestos48. No puede obviarse que determinados servicios no pueden financiarse mediante tasas porque es muy complicado, finalmente, determinar exactamente el beneficio para el individuo49. Además, sin conocer el coste real del servicio, difícilmente, se conseguirá distribuir el gasto entre quienes utilizan el mismo50.

Quizá uno de los aspectos más importantes es decidir hasta dónde ha de llegar la contribución de los justiciables. Siendo una de las funciones del Estado es deseable que gran parte del costo lo asuma el mismo51. Así por ejemplo, la crisis europea está llevando a pensar en fórmulas que atemorizan a litigantes y abogados al barajarse la posibilidad del copago52.

Muy importante, en este contexto, resulta señalar cuál es el hecho imponible que se va a gravar. Si se va a "cobrar" por recibir Justicia entendida como un servicio, no debería "pagarse" sino hasta el momento de la sentencia53, e incluso, podríamos señalar hasta el momento en que se reciba una sentencia favorable54. El hecho de solicitar la cancelación de la tasa en paralelo a la presentación de la demanda supone el pago anticipado de un servicio no recibido y no se corresponderá con el gravamen sobre el ejercicio de la potestad jurisdiccional55. Ese ejercicio, además, resulta una actividad inmaterial y, por lo tanto, muy difícilmente valorable pecuniariamente56.

No debemos, entonces, perder de vista una precisión que quizá sea totalmente deseable que se tenga en cuenta en nuestro modelo: la exención de las personas físicas57. Efectivamente, muy en consonancia con la necesidad de aliviar la carga pecuniaria que produce la Justicia Civil se podría optar por gravar exclusivamente a ese actor principal del proceso que no solo está saturando los tribunales, sino que además lo hace sin aportar recursos propios58.

Por otra parte, no se impediría el acceso a la justicia y quizá podría contentar a todos59 ya que la justicia civil, pese a resolver acerca de conflictos privados, no estaría gravada por una tasa (para personas físicas) y por lo tanto sería una función que el Estado cumple y no entrega enteramente a la disponibilidad de recursos para impetrar las acciones.

Sin embargo, puede que no resulte una cuestión tan pacífica ya que en ese caso, se estará apuntando claramente a un sujeto determinado. Y, además, tampoco parece justo eximir a quienes utilizan el sistema y, menos todavía, exonerarlos sin valorar su capacidad económica60. Pero quizá el argumento de mayor contundencia sea el que señala que un sistema así está destinado al fracaso si es que se busca un efecto meramente disuasorio del uso de los tribunales. En ningún caso va a moderar el uso una tasa destinada a la gran empresa61.

Por lo tanto, uno de los primeros pensamientos que debemos abordar es el de quién queremos que sea el sujeto pasivo62. En el caso de que queramos que paguen los bancos, entidades crediticias y aseguradoras debemos asegurarnos que sean ellos los que, finalmente, se hagan cargo de la tasa. Ahora bien, si permitimos que la tasa sea incluida dentro del concepto de costas procesales su reembolso por el pago del demandado (quien suponemos en este ejemplo, el deudor) será inevitable63. Debemos pensar que no siempre quien recurre es quien provoca el coste. Por ello, quizá, podría ser más adecuado aplicar el principio del vencimiento64.

Otro de los aspectos más a tener en cuenta es que una eventual reforma legislativa debe transparentar, desde un principio, que las tasas nacen con una finalidad recaudatoria y no disuasoria debido a su relativo bajo valor y a la finalidad de las mismas65. Si bien es cierto que siempre generarán una barrera que impida el acceso a determinados asuntos, en especial los de escasa cuantía66. Ello sin perjuicio, que parte de la doctrina ha señalado, que el encarecer el acceso evita un uso excesivo del sistema67 y racionaliza el uso de la Justicia.

Sin duda, uno de los principales debates que se abre es la constitucionalidad de este instrumento68. Efectivamente, el incumplimiento del pago de la tasa que conlleva al archivo de la causa puede ser leído como una denegación de la tutela judicial efectiva69. Este ha sido uno de los aspectos más debatidos en el ejemplo que tomamos como paradigmático en el apartado anterior70. Por este motivo va a resultar de vital importancia la técnica legislativa y el modo de cobrar y de condicionar el acceso a los tribunales. Ya que, precisamente, estos elementos determinarán la vulneración o no de este derecho71.

En nuestro modelo de ejemplo, la correcta lectura del artículo 119 de la Constitución española nos deja claro que, en ese sistema, las tasas son totalmente compatibles con el principio de gratuidad de la justicia72. La citada norma expresa un contenido esencial no disponible por el legislador (la justicia será gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar) y un contenido no esencial disponible para el legislador, en virtud del cual puede establecer tasas y será gratuita la justicia que así sea establecida73. Este mismo supuesto sería plenamente aplicable al caso chileno.

Por su parte, el propio Tribunal Constitucional español pudo pronunciarse en alguna ocasión sobre la conveniencia de las tasas en relación al acceso a la justicia indicando, por ejemplo (STC 60/1989, de 16 de marzo):

"Con fundamento en el artículo 24.1 CE, ha de entenderse que el derecho a la tutela judicial allí reconocida puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el Legislador; e incluso puede constituir una violación del citado derecho fundamental la imposición de requisitos o consecuencias no ya impeditivas u obstaculizadoras, sino meramente limitativas o disuasorias del ejercicio de las acciones o recursos legalmente habilitados para la defensa jurisdiccional de derechos e intereses legítimos; en consecuencia, el obstáculo del acceso al proceso deberá obedecer a razonables finalidades de protección de bienes e intereses constitucionalmente protegidos y deberá guardar una notoria proporcionalidad con la carga de diligencia exigible a los justiciables".

Por otra parte, y también en el ámbito de la constitucionalidad, se podría considerar que atenta al principio de tutela judicial efectiva la tasa que grava a una gran empresa que atraviesa momentos de falta de liquidez, convirtiéndose el pago de la tasa en un obstáculo insalvable74.

No resulta, como vemos, una discusión baladí. Incluso, llegó a generar un auténtico debate en la Comunidad Europea. El reglamento 44/2001 señala que no puede exigirse a un litigante el pago de ninguna tasa, depósito o caución cuando solicitare la ejecución de una resolución extranjera en todos los Estados miembros. Se ha creado así, en el artículo 51, una exención de la cautioiudcatiumsolvi exigida tradicionalmente a los extranjeros que quieren litigar en un país, como medio de asegurar las costas y gastos asociados al procedimiento75. De modo que colisiona gravemente el derecho reconocido por el reglamento con las distintas tasas que se exigen en los países miembros de la Comunidad Europea.

En el ámbito europeo, también, surgieron matices a raíz de pronunciamientos del Tribunal de Estrasburgo ante casos de distintos países motivados por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Podemos resumir algunos de los alcances más significativos: en primer lugar, el TEDH dejó claro que el establecimiento de tasas no significa inmediatamente una restricción ilegítima a los tribunales de justicia76 y, en segundo lugar, el carecer de liquidez no puede determinar el impedimento de acceso a un tribunal77.

Otro de los temas que requiere reflexión es decidir si es conveniente aplicarlas solo al proceso civil, o bien por el contrario, es un instrumento que pueda ser importado a todos los órdenes o a alguno de ellos78. Ha sido la doctrina la que no comparte excluir los órdenes penal o laboral como manifestaciones de la actividad jurisdiccional que generan gastos a las arcas públicas y, a mayor abundamiento, ha señalado que en el fondo se trata de confirmar el prejuicio de que el orden civil es para los más ricos y la justicia penal o laboral es para los más pobres79.

Continuando con los aspectos problemáticos, pueden llegar a levantarse voces discordantes en la aplicación de la tasa al sistema de recursos. En realidad, podríamos hablar de doble imposición si es que gravamos al demandante y después al mismo como recurrente. Todo dependerá de cómo configuremos el hecho imponible. Pero más grave resultará decidir si es que le imponemos la tasa al apelante y no a quien simplemente se adhiere, ya que en ese caso estaremos perjudicando a quien realiza una conducta activamente decidida en búsqueda de la justicia del caso y no al litigante que tramita como mero reflejo80.

Además, hay que observar si se quiere gravar la contestación o solo la reconvención entendida como demanda. Este aspecto debe analizarse detenidamente ya que, por ejemplo, la compensación como excepción en la contestación no resulta un acto de promoción de la actividad jurisdiccional (y por lo tanto no se grava) así como la nulidad absoluta del negocio o la dación en pago. En todos estos casos, puede ocurrir que un demandado esté reconviniendo al contestar y no será gravado81.

También hay que considerar qué va a suceder con los actos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa y, sin ser menos importante, decidir si es que se puedan gravar en el caso de que el asunto se torne contencioso82.

Realmente, el debatir de tasas judiciales demuestra que es difícil el concepto técnico en sí mismo83. Las modernas tasas judiciales son entendidas como una categoría técnica cuando no son establecidas por las leyes rituarias y el hecho imponible se relaciona con un acto jurisdiccional. Ello redunda en una traba inadmisible, para algunos, al acceso a la jurisdicción contrario a la mayoría de reconocimientos constitucionales84.

Una vez hemos adoptado todas las decisiones, podemos ver si hay algún modo de atenuar el gravamen o premiar determinadas conductas. Una de las corrientes que se están siguiendo es rebajar los costos de la tasa al hacer uso de medios telemáticos. Tanto en Portugal como en España están apostando por eliminar el papel de modo que se abarate la gestión de los expedientes85. Ahora bien, esta reducción del costo es más bien de carácter teórico y demuestra la poca virtualidad de la tasa como concepto86.

Para cerrar este apartado, nos gustaría contar con la experiencia de GiulianiFonrouge en relación al caso argentino, del que diáfanamente explicaba que "La opinión tradicional califica al gravamen sobre actuaciones judiciales como una tasa, lo que supone partir de la base de que se trata de un servicio prestado a los litigantes y que estos deben solventar de su peculio. Pero ¿es exacta esta interpretación? ¿la Administración de justicia debe ser costeada por los litigantes o debe estar a cargo de la comunidad? Si llegamos a la conclusión que el costo de la administración de justicia debe ser satisfecho por la comunidad, no habría tasa en el sentido técnico del vocablo sino distribución de la carga mediante el impuesto, si por el contrario, tiene que serlo por los litigantes, entonces lógicamente hay un servicio que el Estado presta a los mismos y exige una retribución correlativa"87.

4. UNA PROPUESTA PARA NUESTRA REFORMA - A MODO DE CONCLUSIÓN

Probablemente, lo más importante a la hora de adoptar una decisión tan trascendental en el rediseño del sistema de justicia es consensuar los lineamientos y evitar que actores relevantes queden fuera del proceso88.

La doctrina, por su parte, ha indicado algunos servicios que podrían ser gravados sin generar tanta polémica: facilitar información sobre el contenido de libros, archivos, registros judiciales o informar acerca del estado de las actuaciones89.

Chile, constitucionalmente hablando, podría incorporar el mecanismo de las tasas judiciales como medio de ayudar a contribuir al pago de la Justicia. Ahora bien, resulta imprescindible analizar quién es el sujeto que actualmente está utilizando más la justicia. Por otra parte, si es que llegamos a la conclusión de que se trata de la banca, tenemos que decidir si queremos que sea esta la que asuma el costo de la Justicia, impidiendo, si es que fuera la opción, el traspaso de costo a la persona física mediante la tasación de costas90. También es imprescindible, que el legislador se cuestione en estos momentos de cambio, si es que quiere financiar la Justicia mediante una tasa al proceso civil o, bien, es el momento indicado para poder pensar en un financiamiento generalizado por la incorporación de esta tasa en otros órdenes como el laboral.

Hay que tener en consideración que la declaración de gratuidad total para el acceso a la Justicia supone un privilegio para los más ricos91. Por lo tanto, debemos ver bien a quién vamos a exigir mayor esfuerzo fiscal. Los más desfavorecidos están protegidos constitucionalmente, sin embargo, podríamos imponer un cargo extraordinariamente fuerte a un sector socioeconómico que no está en condiciones de asumir más gastos por litigar.

Uno de los argumentos pueda ser que prácticamente todos los países del mundo las tienen92. Sin embargo, podría tener el mismo peso pensar que, precisamente, ser un país que no tiene tasas judiciales merece especial consideración y protección. Solo alguna rara avis como Francia mantiene su sistema de justicia incólume de tasas y ha resuelto el problema de la congestión e ineficacia de la justicia con otras fórmulas como la externalización de la ejecución de los tribunales de justicia.

Probablemente los tribunales estén colapsados con la carga de trabajo y quizá la imposición de tasas pudiera impedir que determinados asuntos de escasa cuantía llegasen a conocimiento de los mismos. Sin embargo, en ese supuesto estaremos coartando la libertad de quienes sufren la injusticia y tampoco nos aseguraremos que no se siga repitiendo la congestión. Pudiera, entonces, ser más interesante realizar un análisis de costos de la justicia más global para determinar dónde están los impedimentos reales.

Finalmente, en esta misma línea, consideramos necesario que si se opta por la incorporación de tasas judiciales, se pueda ir más allá determinando, a su vez, los costos de los abogados y, en general, de todo el procedimiento de modo que permitamos a los litigantes poder optar económicamente hablando por la alternativa más adecuada a sus intereses. Quizá no sea producente fijar los honorarios de los abogados, pero sí ofrecer al justiciable la mejor opción económica antes de afrontar un litigio.

 

NOTAS

* Profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco, Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco.

1 Canaleset al. (2004) p. 3. En ocasiones la doctrina (Magro (2010) p. 31.) ha entendido que la gratuidad de la justicia hace recaer en los profesionales el costo de la misma, en atención a una remuneración ciertamente escasa en comparación a su responsabilidad.

2 Mery (2010) p. 5.

3 Estudio de estimación de ingreso de causas para el sistema de justicia civil bajo el actual régimen de funcionamiento realizado por Consultores EMG, específicamente el dato se encuentra en p. 26.

4 Mery (2010) p. 5.

5 En esta misma línea de pensamiento, Pastor (2001) p. 45, la doctrina ha señalado contrario a la equidad el que los contribuyentes financien litigios entre personas o empresas cuya riqueza es muy superior a la de aquellos. En contra de pagar por recibir justicia y considerándolo una de las consecuencias del Estado Asistencial, Gómez (1983) p. 1191.

6 Aizega (2001) p. 118. En este mismo sentido, por ejemplo, el Artículo 1 de la Ley N° 26.846 de Perú es especialmente enfática al proteger a las personas de escasos recursos a la vez que señala la oportunidad que supone recaudar mayores ingresos para el sistema de justicia.

7 Precisamente, en el ejemplo español, esto significó problemas de gestión de los tribunales al dedicar esfuerzos, los secretarios, a otras labores y, además, provocó algunas "corruptelas que suponían las astillas o cantidades de dinero que los implicados en un pleito pagaban a funcionarios de los Juzgados, de manera ilegal, para que agilizaran un expediente o un sumario concreto, de tal manera que el juez lo resolviera antes que otros casos, aunque hubiese llegado mucho más tarde al Juzgado" en Ramos (2011) p. 6.

8 Montón (2004) p. 1930.

9 Considerándose una involución por parte de la doctrina, Ibáñez (2003) p. 53.

10 Cerrato (2005) p. 164. La autora se pregunta acerca de si podemos calificar al gravamen de tasa en tanto una tasa debería resultar "una compensación al precio pagado" supuesto que está lejos de suceder en un procedimiento civil, pudiendo ser más correcto hablar de una tarifa a satisfacer por el uso del sistema de justicia. En idéntico sentido, Téllez (2004) p. 3.

11 En caso de incumplimiento en la presentación de un recurso, la resolución recurrida adquirirá firmeza y se declarará desierto el recurso. Véase, Reverón (2005) p. 212.

12 Sin perjuicio de su eventual subsanación es uno de los requisitos comprobados en la audiencia preparatoria de la audiencia de juicio, al tratarse de un presupuesto que impide la iniciación o prosecución del juicio: Tasende y Varela (2009) p. 2142.

13 Martínet al. (2002) p. 76.

14 Verdugo y Alemany (2003) p. 2.

15 La Exposición de Motivos de la Ley de Supresión de las Tasas Judiciales de 1986 decía: "Por otro lado, la ordenación actual de las tasas judiciales, sobre ser incompatibles con algunos de principios tributarios vigentes, es causante de notables distorsiones en el funcionamiento de la Administración de Justicia. En efecto, la gestión tributaria, encomendada al secretario judicial, se ha demostrado poco eficiente en cuanto tal, al tiempo que ha apartado a ese funcionario de las importantes funciones procesales y de gestión de la oficina judicial que está llamado a desempeñar".

16 Fernández (2003) p. 15. Nos indicaba que "se han levantado voces ante la idea de implantar una tasa judicial, pese a que tendría una incidencia muy pequeña en el coste del litigo, no cuestiona la gratuidad de la justicia para los que carezcan de recursos y, en cambio permitiría una financiación autónoma del Poder Judicial, al menos de modo parcial, reforzando su independencia"; El propio Presidente del Tribunal Supremo español y del Consejo General del Poder Judicial se refería a este tema en la inauguración del año judicial en septiembre de 2002: "En relación a todo ello creo oportuno, primeramente, iniciar una reflexión sobre la posibilidad de introducir la figura de las tasas judiciales, como medio para potenciar la financiación de la justicia. Aplicando el principio tributario de la provocación de costes, no atisbo razón alguna por la cual la justicia deba ser sufragada por la sociedad en su conjunto, con la clara excepción, eso sí, de los casos de insuficiencia de recursos para litigar". Si bien es cierto, que no pareciera haber un clamor popular reclamando la reinstauración de las tasas, Ramos (2011) p. 7.

17 Pastor (2003) p. 101. Exactamente, se habla de "unas cantidades no despreciables –unos 6.000 millones de pesetas en 1986, que equivalían a más del 10% del presupuesto público de ese año–, que podrían haberse dedicado a proveer una mayor o mejor justicia".

18 En general se gravan todas las actuaciones que dan inicio a un pleito: demanda, declarativa o de ejecución, recursos de apelación o extraordinarios y reconvención. En idénticos términos, De Meer (2003) p. 10.

19 Montón (2004) p. 1931.

20 Collado (2004) p. 82.

21 Gómez y Lastra (2003) p. 69. Hablan de un sistema mixto compuesto por un tramo fijo en función del procedimiento y un tramo variable que depende de la cuantía.

22 Sagarra (2003) p. 48.

23 Precisamente, este es uno de los problemas que ha generado críticas y retrasos en la Administración de Justicia en España. Algueró (2005): "en 1986 fueron eliminadas las tasas judiciales que se habían mantenido en vigor durante casi treinta años, desde 1959. La supresión, aparte de cumplir con el precepto constitucional, pretendía corregir la distorsión que las tasas causaban en el funcionamiento de la Administración de Justicia; al encomendarle al Secretario Judicial la gestión tributaria de la tasa (eran íntegramente gestionadas por el Ministerio de Justicia) se le mantenía apartado de sus vitales funciones procesales y de gestión de la oficina judicial". Por otra parte, pareciera una actividad más propia de contables o recaudadores que de quienes dan fe en las actuaciones judiciales, en este sentido, Oron (1986) p. 987.

24 El cumplimiento del pago de la tasa es revisado por el Secretario Judicial español. A la luz de lo dispuesto en la Ley podría no dar curso a la demanda, reconvención o recurso y debería requerir al abogado para que subsane su incumplimiento en el plazo de diez días, de modo que el no hacerlo conllevaría la inadmisión del escrito. Esta circunstancia levantó alguna crítica en la doctrina (Sagarra (2003) p. 48) que entiende que la inadmisión corresponde decidirla exclusivamente al Juez o Tribunal mediante resolución fundada en forma de auto. Por su parte, Gómez (2005) p. 2, quienes consideraron que no debía darse curso a la demanda fundamentaron sus argumentos en que existe un plazo para subsanar; debe resguardarse la seguridad jurídica y la Ley de Enjuiciamiento Civil prescribe en su artículo 266.5 que junto con la demanda debe acompañarse los documentos requeridos por la ley (sea la norma rituaria o cualquier otra). Llegaron, en esta discrepancia interpretativa, las Juntas de Jueces de Oviedo y Zaragoza a adoptar (en los primeros momentos) la decisión de archivar las actuaciones que no fueran subsanadas en el plazo de 10 días que concede la Ley.

25 Gimeno (2001) p. 48.

26 Desde sus orígenes se observó la imposición de una tasa como un gravamen dirigido a los Bancos. Así, v.g., lo anunciaba el N° 169 de Banca Comercial, de junio de 2002 que titulaba Justicia estudia imponer tasas a los bancos por el volumen de juicios que generan. El Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo español, Luis Román, también aseguró que le parecía lógico que las grandes empresas y los bancos y entidades financieras contribuyan al mantenimiento de los gastos.

27 Al respecto, hubo pronunciamientos a favor y en contra tal y como señala Martínez (2005) p. 1. Sin embargo, unánimemente la doctrina hizo notar el traslado del costo al litigante derrotado. Puede observarse, Ruiz (2003) p. 126.

28 Glover (2003) p. 20. Señala la autora en su artículo que el Presidente del Consejo General de Procuradores y Decano del Colegio de Madrid, Estévez Fernández-Novoa, declaraba: "quien provoca, por lo general, la acción de la justicia, que es el deudor, el que no ha cumplido con sus obligaciones legales, es también el que asume el pago de la tasa en la condena en costas".

29 Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 23 de marzo de 2004.

30 Cerrato (2005) p. 172.

31 Cabrillo y Pastor (2001) p. 68.

32 A modo de ejemplo señalan que la justicia Constitucional está diseñada para sentenciar 250 casos al año y entran 5.500.

33 Ferreiro (2003) p. 13.

34 Ibáñez (2003) p. 56.

35 Parte de la doctrina, señala que la tasa debe responder al costo del servicio. De este modo no se ha de fijar la cuantía en función de criterios como el monto del litigio o la capacidad económica de las partes. En este sentido, véase Pastor (2003) p. 101. En esta misma lógica parte de la doctrina, Ruiz (2003) p. 134, ha sentenciado que no tiene sentido que la tasa se aplique de manera progresiva en función de la cuantía o de la capacidad económica de las partes ya que ello desdibuja la figura confundiéndola con un concepto tributario más próximo al impuesto.

36 Ibáñez (2003) pp. 72-82. Muy gráficamente señala el profesor Ibáñez García que en estos supuestos de escasa cuantía podrá llegar a "costar más el collar que el galgo" en expresa referencia a lo poco atractivo que resultará litigar para quien sabe que pagará más por el proceso que lo que recibirá en una eventual posibilidad de ver acogidas sus pretensiones.

37 Albiñana (1993) p. 42: "nada se opone más a la tutela efectiva de un derecho, que su yugulación por el incumplimiento de un requisito formal de carácter fiscal". Más enfáticos, Falcón y Tella (2003) indican: "afecta a la esencia misma de la tutela judicial efectiva, resulta desproporcionado y supone en definitiva convertir innecesariamente al secretario judicial en recaudador de las tasas judiciales".

38 Moreno (2004) p. 11. En parecidos términos, destacando que la gratuidad se corresponde más certeramente con el derecho a la tutela judicial efectiva y un mejor acceso a la justicia redundando en una mayor igualdad, véase, Loredo (2005) p. 37.

39 Correctamente, apuntaba LuciniNicás que no es posible la inadmisión de la demanda por incumplimiento de la subsanación del pago de la tasa, sino que el Secretario deberá informar a la Administración Tributaria quien habrá de incoar el preceptivo expediente. Así, Lucini (2003) p. 1172.

40 Así, también, lo confirmó la jurisprudencia que entendió como conceptos distintos el camino seguido por el pago de la tasa del acceso a la justicia. Pueden consultarse, entre otros, el Auto de la Audiencia Provincial de León de 16 de enero de 2004; Auto de la Audiencia Provincial de Lérida de 19 de enero de 2004; Auto de la Audiencia Provincial de 29 de marzo de 2004; Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de junio de 2004; y Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de julio de 2004.

41 Baste señalar la opinión del Consejo Económico y Social en su Dictamen 10/2002, de 2 de octubre que literalmente decía: "la vinculación política de esta norma con la Ley de Presupuestos Generales del Estado obliga al trámite de la misma por el procedimiento de urgencia cuando una gran parte de las disposiciones recogidas en el Anteproyecto no parece requerirlo. Además, esta práctica, que no se produce con carácter excepcional, elude la restricción impuesta por el artículo 134.7 de la Constitución española, que prohíbe expresamente la creación de tributos a la Ley de Presupuestos".

42 Depósito totalmente compatible con la tasa judicial. En este sentido, véase Puebla y Navarro (2010) p. 73.

43 Ehmcke y Marín-Barnuevo (2001); Falcón y Tella (2003); Fuentes (2000); Gómez (2003); Jiménez (2004); Loredo (2005); Montón (2004); Moreno (2001); Navarro (2002).

44 Carnelutti (1937) p. 53: "es admisible, entonces, la exigencia de una contribución como medio de contención del exceso de litigios o por la vía indemnizatoria, pero no con el criterio de que se está retribuyendo un servicio especial que presta la justicia a los particulares".

45 Collado (2004) p. 76.

46 Méndez (1998) p. 89.

47 Vargas (2005) p. 2.

48 Martín y Aneiros (2004) p. 164.

49 En este sentido, pone como ejemplos las carreteras, la defensa o la policía, Navarro (2005) p. 98.

50 Ruiz (2003) p. 138.

51 Sin embargo, puede llegar a resultar contraproducente utilizar criterios de utilidad social o de capacidad económica. Ya que si se conceden excesivas exenciones se desvirtúa la naturaleza del gravamen, entendida la tasa como forma de financiar la justicia. Puede consultarse, Ibáñez (2003) p. 2.

52 Giménez (2001) p. 1. Habla de "El temido copago deja la puerta abierta a la concentración de juzgados que aportará sentido común al colapso judicial".

53 Loredo (2005) p. 13.

54 De Meer (2003) p. 13. Señala la profesora que el devengo de la tasa se produce en la interposición del escrito.

55 En el sistema de tasas español de 1959 se fijaba el devengo de la tasa en dos momentos. En primer lugar, el 70% se debía pagar al momento de presentación del escrito y el 30% restante una vez dictada la sentencia. Puede consultarse, Ramos (2011) p. 29.

56 Ramos (2011) p. 13.

57 Artículo 35. Tres. 2. c) de la Ley 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social de España. Además, la Ley contempla la exención de las entidades sin fines de lucro, las entidades total o parcialmente exentas del Impuesto de Sociedades y las que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión para el mismo impuesto. La doctrina (Gómez y Lastra (2003) p. 23) se ha manifestado al respecto destacando que "son precisamente estos grandes consumidores, a los que podemos calificar de usuarios cualificados del sistema, los que hacen una utilización masiva y constante del mismo". En idéntico sentido, señalándolos como los grandes consumidores Algueró (2005) p. 1.

58 En contra de la exención de las personas físicas puede consultarse Aguallo y Bueno (2004) p. 19. Al efecto señalan tres motivos jurídicos: En primer lugar, el Tribunal Constitucional español reconoce que las personas jurídicas de nacionalidad española son titulares del derecho a la igualdad; en segundo lugar, en la misma línea solo debe hacerse distinción entre personas físicas y jurídicas cuando la naturaleza o finalidad de la medida reclame una diferenciación y, en este particular, tanto unos como otros generan gastos a la Administración de Justicia y, finalmente, porque el artículo 31.3 de la Constitución española establece el deber de sostenimiento de las cargas públicas sin distinción entre personas físicas y jurídicas. Por otra parte, a favor de gravar a las grandes empresas también en tramitación de juicios laborales, véase, el informe de la Comisión de Estudios e informes de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales de 21 de abril de 2003.

59 Es importante señalar que la mejor doctrina señala que un tributo de esta naturaleza debería atender al principio de provocación del gasto, por lo que no se entendería un grupo tan elevado de exenciones. En este sentido, véase Ibáñez (2003) p. 96.

60 Cabrillo y Pastor (2001) p. 72: "tanto por motivos de equidad como de eficiencia es recomendable establecer tasas judiciales para aquellas personas físicas y jurídicas que tienen medios para pagar el servicio que utilizan. Procede aplicar estas tasas, para empezar, en los procedimientos civiles, comerciales y administrativos. Estos medios podrían destinarse a mejorar la dotación para cometidos ahora insuficientemente dotados".

61 Navarro (2005) p. 99. Señala el profesor Navarro, que el ejemplo español supone el cenit de la deficiencia.

62 La supresión de las tasas en España fue considerada como un traslado de los costos de litigación de los bancos y entidades de crédito a todos los ciudadanos. Véase, Tomé (1988) p. 292.

63 Así sucede en los siguientes casos de derecho comparado: Sentencia de 14 de mayo de 2001 de la Audiencia Provincial de Barcelona, y Autos de 4 de octubre de 2000 de la Audiencia Provincial de Madrid y 31 de diciembre de 1998 de la Audiencia Provincial de Asturias.

64 Falcón y Tella (2003) p. 9; Moreno (2003) p. 1448.

65 Loredo (2005) p. 21; Téllez (2004) p. 11; Sagarra (2003) p. 50.

66 Del Carril (2001) p. 1.

67 Esteller-Moré (2002) p. 525.

68 Mira (2010) p. 122.

69 Aguallo y Bueno (2004) p. 29: "negar el acceso a un Tribunal a quien no satisface un tributo constituye una medida manifiestamente desproporcionada que comporta un sacrificio innecesario de un derecho fundamental, el derecho de acceso a la jurisdicción, en aras de la consecución por la Hacienda Pública de una mayor eficacia en la recaudación".

70 Martín y Aneiros (2004) p. 163: "Ello no hace sino volver a plantear los términos de la controversia sobre la compatibilidad de esa tasa con el derecho a la tutela judicial efectiva, al vincular este derecho con un requisito de carácter fiscal –pago de la tasa y acompañamiento de su justificante–, cuando el ordenamiento contiene mecanismos suficientes para proceder al cobro aún sin el concurso del contribuyente. Esta previsión resulta, desde nuestro punto de vista contrario al art. 24 de la CE".

71 Paradigmático resulta el ejemplo de España en que la Ley establecía claramente el archivo de la causa y tuvo que ser el propio Ministerio de Hacienda en conjunto con la Agencia Tributaria en una jornada organizada el 17 de marzo de 2003 quienes en presencia de numerosos secretarios judiciales señalasen el compromiso de no archivar, paralizar, ni considerar como desistimiento el incumplimiento del pago de la tasa. Siendo contrario a la prescripción legal y una solución poco ortodoxa. En este sentido, véase Verdugo y Alemany (2003) p. 7.

72 Aguallo y Bueno (2004) p. 21: "el art. 119 CE no impide que la justicia tenga un coste para quienes la utilizan".

73 El Tribunal Constitucional español señalaba en Sentencia 117/1998 que la Constitución española: "no se opone a que determinadas o incluso todas las personas jurídicas pudieran ser beneficiarias de la justicia gratuita; pero esta actividad subvencional del estado no se infiere del inciso segundo del art. 119 CE (que, como se ha dicho, tan solo es predicable de las personas físicas), sino del primero, conforme al cual pertenece al ámbito de la liberta de configuración del legislador ordinario decidir cuándo y en qué condiciones merecen ser acreedoras de la asistencia jurídica gratuita (…)".

74 Bien gráfico resulta Moreno (2003) p. 1444: "la elevada facturación de una empresa no implica necesariamente la existencia de un beneficio, pues quien más factura no tiene por qué ser quien más beneficio obtiene, con lo cual, la falta de liquidez o tesorería para hacer frente al pago de la tasa se convierte en un obstáculo insalvable para acceder a la jurisdicción, lo que puede ser contrario al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE".

75 Sánchez (2011) p. 4.

76 Así en el caso Kreuz c. Polonia: "la exigencia de pagar tasas a los Tribunales civiles en conexión con reclamaciones en las que se solicita una decisión judicial no puede considerarse como una restricción del derecho al acceso a un Tribunal que sea incompatible per se con el art. 6.1 del Convenio". Ahora bien, en este mismo caso se consideraron las tasas excesivas desde el punto de vista de la capacidad económica del litigante.

77 Keruz c. Polonia, 19 de junio de 2001.

78 Resulta curioso introducir un sistema de tasas judiciales con el objetivo de financiar al Poder Judicial y solamente aplicar este gravamen al proceso civil. En este sentido véase, Moreno (2004) p. 10.

79 Navarro (2005) p. 106. Incluso se ha sostenido, en la misma línea Ruiz (2003) p. 127, que carece de sentido eliminar las tasas en otros órdenes cuando participan, en numerosas ocasiones, grandes empresas y se ventilan cantidades millonarias.

80 Verdugo y Alemany (2003) p. 9.

81 Verdugo y Alemany (2003) p. 9.

82 Navarro (2005) p. 106.

83 Loredo (2005) p. 6.

84 Habitualmente, se suelen señalar comprometidos los principios, comunes a la mayoría de ordenamientos jurídicos, de gratuidad de la justicia, igualdad ante la ley y tutela judicial efectiva.

85 Loredo (2005) p. 22.

86 Ramos (2011) p. 30.

87 Fonrouge y Navarrine (1986) p. 76. Continúa diciendo el autor: "Nos resistimos a admitir esta interpretación porque no concebimos a la justicia sino en función del interés público. Hasta el Siglo XVII predominaba el concepto de que estaba instituida en beneficio de los particulares y lógico era, entonces, que fuera costeada por quienes recurrían a sus estrados, pero en el Estado moderno solo puede considerarse al Poder Judicial organizado en beneficio de la colectividad y no únicamente de los litigantes, como elemento esencial para la efectividad del derecho".

88 En el caso español el Consejo General del Poder Judicial emitió un comunicado el 10 de diciembre de 2002 en que manifestaba: "En relación con el establecimiento de las tasas judiciales, el Consejo lamenta no haber sido oído en el referido tema, que de alguna manera pudiera incidir en el funcionamiento de los Tribunales de Justicia y, sin prejuzgar la conveniencia de su introducción, reclama la emisión del oportuno informe sobre las mimas".

89 Mira (2010) p. 128.

90 Por el contrario, podría ser que considerásemos necesario que los particulares se hagan cargo del costo de la justicia atendido que la titularidad, causalidad y efectos son de interés particular. En este sentido, García y Leturia (2006) p. 350.

91 Jiménez (1931) p. 2238.

92 Gómez y Lastra (2003) p. 28: "La implantación de la tasa en el ámbito de la administración de justicia se ha generalizado en el espacio europeo y muestra de ello es la exigencia de tasas judiciales prácticamente en todos los países de nuestro entorno como en Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal e Italia incluso en Argentina, donde las tasas varían según el tipo y cuantía del procedimiento".

 

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