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Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Rev. chil. derecho vol.44 no.1 Santiago abr. 2017

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372017000100007 

LA FUNCIÓN DE LOS DEBERES CONSTITUCIONALES

 

THE FUNCTION OF CONSTITUTIONAL DUTIES

 

Viviana Ponce de León Solís*

*Universidad Católica del Norte, Chile. Correo electrónico: vponcedeleon@ucn.cl


RESUMEN: Este artículo plantea que los deberes de las personas tienen un rol considerablemente más extenso en el constitucionalismo contemporáneo que el que se les suele atribuir. Si bien los deberes constitucionales explícitos no son la regla general, diversos constructos doctrinales y jurisprudenciales se centran en consideraciones relativas a los deberes. Tal es el caso de la doctrina de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, de la tesis de la correlatividad entre derechos y deberes, y de algunas concepciones relativas a la limitación de los derechos fundamentales. Así las cosas, se discuten las posibles justificaciones de la expresa constitucionalización de deberes.

Palabras clave: Deberes constitucionales, Deberes constitucionales explícitos, Deberes constitucionales implícitos.


ABSTRACT: This paper states that individuals' duties have a considerably more extensive role in contemporary constitutionalism than usually attributed to them. While explicit constitutional duties are not the general rule, several scholarly and judicial constructs are centered on duty-based considerations. Such is the case of the doctrine of third party effect of fundamental rights, the thesis of correlativity of rights and duties, and some conceptions regarding limitations of fundamental rights. That being the case, it discusses possible justifications for the express constitutionalization of duties.

Key words: Constitutional duties, Explicit constitutional duties, Implicit constitutional duties.


 

 

INTRODUCCIÓN

Desde un punto de vista teórico, hablar de deberes constitucionales genera variadas reacciones negativas, que van desde la simple indiferencia hasta la más franca hostilidad. En el mejor de los casos, se cuestiona su verdadero carácter jurídico y se les caracteriza como deberes morales o meros postulados ideológicos. En el extremo opuesto, en cambio, se les concibe como contrarios a la de derechos constitucionales y como propia de regímenes totalitarios. A lo menos, se les considera una categoría sospechosa e indigna de mayor atención, por ser axiológicamente inferior a la de los derechos constitucionales.

Sin embargo, la imagen negativa de los deberes constitucionales que se maneja mayoritariamente a nivel teórico, no se condice con los textos constitucionales de numerosos Estados, en los que se reconocen expresamente diversos deberes constitucionales. Tampoco guarda correspondencia con declaraciones de derechos humanos tan célebres como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) o como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), que reconocen los deberes de toda persona hacia la comunidad, ni con una serie de iniciativas internacionales para la creación de declaraciones de deberes humanos.

Frente a este escenario, esta investigación comienza por discutir el sentido de la noción de deber en el ámbito constitucional y ensaya una caracterización de la misma, para lo cual examina los diversos alcances que se dan a esta noción. Luego, se analizan otros términos que se suelen emplear para hacer referencia a estas figuras, como las de deberes cívicos, fundamentales y humanos, con el objeto de establecer las diferencias entre unos y otros. Finalmente, también se trata aquí la cuestión de la exigibilidad de los deberes constitucionales.

A continuación, se exponen las posibles vías de constitucionalización de deberes. Si bien es relativamente común que los textos constitucionales incorporen referencias explícitas a los deberes, en la práctica, la principal fuente de deberes suele ser de carácter judicial. Así lo evidencian una serie de difundidas concepciones doctrinarias y jurisprudenciales, que discurren en torno a la idea de deber.

En tercer lugar, considerando que la principal fuente de deberes constitucionales opera por la vía jurisprudencial, se estudian las posibles funciones que podría desempeñar la consagración expresa de deberes en el texto constitucional. Al respecto, se plantea que tal consagración no solo tiene una función ideológica y axiológica, sino que cumple también un rol legitimador del actuar del Estado y de garantía para los particulares. Este es un punto usualmente pasado por alto en el debate acerca del rol de los deberes en el constitucionalismo y en el debate acerca del rol del legislador en la creación de los mismos.

La parte final del texto se destina a las conclusiones.

1. LA NOCIÓN DE DEBER CONSTITUCIONAL

La noción de deber constitucional es sumamente controvertida. Desde luego, se trata de una noción considerablemente minusvalorada en comparación con la de derecho constitucional1. Así puede observarse cuando, a nivel comparado, se confronta el escaso número de investigaciones relativas a la primera, con el elevadísimo número de investigaciones relativas a la segunda2. La misma situación se replica en el derecho nacional, en el que la mayoría de las investigaciones en el ámbito del derecho constitucional se centra en los derechos y solo un reducido de artículos se dedica al estudio de los deberes3. También esta situación se presenta a nivel de manuales y tratados de derecho constitucional, en los que el tratamiento de los derechos constitucionales es considerablemente más profundo y extenso que el de los deberes constitucionales4.

Hay una sencilla explicación para este fenómeno: mientras que los derechos constitucionales parecen fortalecer la posición de los particulares frente al poder estatal, los deberes constitucionales parecen debilitarla5. Históricamente, ello no siempre ha sido así. Al contrario, por muchos siglos los deberes constituyeron la base del orden social, sin que se les percibiera como intrínsecamente opresivos o abusivos6. Solo una vez que el peso de esos deberes -fueran imperiales, clericales, feudales, monárquicos o estatales- sí se tornó opresivo y abusivo, comenzó a gestarse un cambio de paradigma. Bajo esta perspectiva, los derechos fundamentales pueden entenderse como el resultado de una lucha histórica contra aquellas opresiones y abusos. Es así como actualmente se afirma que los deberes son potencialmente peligrosos7, que son contrarios a la dignidad humana8 o que desempeñan roles repugnantes9.

Mas, que a nivel teórico exista cierto recelo frente a la figura de los deberes constitucionales no significa que estos no tengan cabida en el constitucionalismo contemporáneo. De hecho, no es raro encontrar en la mayoría de los textos iusfundamentales de esta época una que otra referencia a los deberes y responsabilidades de cada cual. Y aunque ellas son considerablemente más escasas que las normas sobre derechos fundamentales y su valor normativo puede ser variable, su existencia no puede ser negada. Pero quizás lo más destacable es que, fuera de cualquier referencia textual a los deberes, una serie de figuras y doctrinas constitucionales de gran aceptación en el ámbito académico y jurisprudencial introducen consideraciones relativas a los deberes.

Corresponde entonces dilucidar qué se quiere decir cuando se habla de deberes constitucionales. Entre otras cuestiones, esto implica determinar cuáles son los rasgos distintivos de estas figuras, cuáles son las nomenclaturas en uso para hacer referencia a ellas y quiénes son los destinatarios de las normas sobre deberes constitucionales. Para estos efectos, en los apartados que siguen se examinarán las distintas posturas que en doctrina existen respecto de estos puntos. Mediante este proceder no solo se pretende poner de relieve la heterogeneidad de planteamientos que existen en torno a la idea de deber constitucional, sino, por sobre todo, establecer la concepción del mismo que se adoptará en el resto de este trabajo.

1.1. ACEPCIONES DE LA NOCIÓN DE DEBER CONSTITUCIONAL

En un sentido amplio, los deberes constitucionales pueden ser entendidos como "todas las conductas o actuaciones que la Constitución impone o dirige formalmente a los individuos o a los ciudadanos"10. De acuerdo con esta caracterización –a la cual se adhiere en esta investigación– , el rasgo distintivo de los deberes constitucionales es tener como fuente el texto constitucional y estar formalmente dirigidos a los particulares. En consecuencia, quedarían comprendidos dentro de esta concepción amplia tanto aquellos deberes que la constitución prevé expresamente, como aquellos que pueden derivarse de aceptar la doctrina de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, los que resultan como reflejo de competencias de los órganos estatales o de la tradicional tesis de la correlatividad entre derechos y deberes.

Para otras concepciones ni siquiera es esencial el origen constitucional de estas figuras, bastando únicamente con que estas tengan un carácter público y que sean impuestas por la autoridad estatal a los particulares. Así, los deberes constitucionales han sido definidos como "aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal"11. Por lo que respecta a su fuente, se ha dicho que los deberes constitucionales "pueden tener previsión en normas constitucionales e infraconstitucionales"12. Incluso hay quienes extienden esta noción a vinculaciones jurídicas dirigidas a la autoridad estatal: "El adjetivo 'constitucionales' junto al sustantivo 'deberes' indica […] comportamientos que el ordenamiento considera como jurídicamente y/o políticamente apreciables. Estos se dirigen a los sujetos privados (particular o grupos) o a públicos"13.

A la inversa, en sentido estricto, los deberes constitucionales serían aquellos que satisfacen dos condiciones básicas: "la de ser deberes por así decir autónomos, no simple consecuencia directa de derechos o institutos que la Constitución garantiza, o de potestades que atribuye, y la de pesar por igual sobre todos los ciudadanos (o todos los sometidos al poder del Estado), no solo sobre quienes se encuentran en determinada relación con otros"14. Por consiguiente, tres figuras quedarían excluidas de esta noción de deber constitucional: (i) los deberes que la constitución impone a ciertos sujetos en razón de una situación jurídica determinada; (ii) los derivados de preceptos atributivos de competencias; y (iii) los que pudieran surgir de los límites intrínsecos de los propios derechos, que sean necesarias para armonizar los derechos de los particulares o que existan como el simple correlato de derechos ajenos15.

1.2. CUESTIONES TERMINOLÓGICAS

La variedad de acepciones de la expresión deber constitucional, desde ya, oscurece el tratamiento de estas figuras. Pero, por si eso no fuera poco, también ocurre que existen diversas nomenclaturas en uso para hacer referencia a las mismas. Entre las más difundidas a nivel positivo, académico y jurisprudencial pueden mencionarse las de deberes de los ciudadanos, de deberes cívicos, de deberes fundamentales o de deberes humanos. Se plantea entonces la cuestión de determinar cuáles son los elementos característicos de cada una de estas categorías y sus diferencias conceptuales. A partir de este análisis se espera precisar si se trata de terminologías sinónimas o si, por el contrario, presentan sentidos diferenciados.

1.2.1. Deberes de los ciudadanos o deberes cívicos

Históricamente, esta terminología hace referencia a aquellos deberes que recaen sobre una persona en su calidad de ciudadano y que conciernen a la comunidad política que integra, quedando excluidos de su desempeño quienes no poseen tal estatus. De ahí que se consideren ejemplos representativos de esta clase de cargas el deber de defender la patria, de votar o de servir como jurado, esto último principalmente en los ordenamientos pertenecientes a la tradición del common law16. En sentido amplio, sin embargo, los deberes cívicos pueden ser entendidos como aquellos que dicen relación con la pertenencia de las personas a una comunidad política determinada, con independencia de si posee o no el estatus de ciudadano17.

Su uso a nivel positivo puede observarse en la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania: "Todos los alemanes tienen en todos los Länder los mismos derechos y deberes cívicos" (art. 33 inc. 1). Lo mismo puede apreciarse en la Constitución Política de Colombia, que enuncia los deberes del ciudadano, bajo el rótulo: "Son deberes de la persona y del ciudadano" (art. 95 n. 4). Y, por fin, puede mencionarse la Constitución de Portugal: "El voto es personal e igual, libre y secreto. Su ejercicio es un deber cívico" (art. 48 párr. 42).

Únicamente aquellos deberes cívicos o deberes ciudadanos que encuentran expresa consagración en la carta fundamental, como los ya mencionados, constituyen al mismo tiempo deberes constitucionales.

No obstante, ellos también pueden estar consagrados en disposiciones de rango legal, sin que por ello cambie su naturaleza jurídica. En este sentido, el factor determinante al momento de calificar a una figura como un deber cívico es la sujeción que impone a una persona en razón de su pertenencia a una comunidad política determinada, para la subsistencia de esta, y no su fuente. De hecho, no es inusual que una serie de deberes que obedecen a la descripción propuesta (deberes de información, registro, denuncia y otras formas de cooperación con la autoridad) sean creados por normas de rango subconstitucional.

1.2.2. Deberes humanos y responsabilidades humanas

Una segunda denominación que entra en juego en el análisis de los deberes constitucionales es la de deberes humanos. Mientras que con la primera expresión se alude a deberes que tienen vigencia en el orden interno, con la segunda se hace referencia a deberes que tienen aplicación en el orden internacional. De este modo, se concibe a los deberes humanos como aquellos que se orientan a la protección de los bienes garantizados por los derechos humanos y cuyos principales sujetos pasivos son los Estados signatarios de tratados de derechos humanos18. Empero, en el último tiempo, diversas iniciativas a nivel internacional han tendido a poner el foco de atención en los deberes de las personas, más que en los deberes de los gobiernos19.

Esta terminología puede encontrarse, por ejemplo, en el Borrador de Declaración Universal sobre las Responsabilidades Humanas (1997), cuyo preámbulo previene: "la insistencia exclusiva en los derechos puede dar por resultado conflictos divisiones e interminables disputas, y el descuido de las responsabilidades humanas puede conducir al desorden y al caos". Por ello, "[s]e deberán enseñar y promover la conciencia y la aceptación de estas responsabilidades por el mundo entero". A su turno, la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos (1998) define al deber como "una obligación ética o moral" (art. 1, a) y responsabilidad como "una obligación que tiene fuerza legal de acuerdo con el derecho internacional actual" (art. 1, b). Queda así de manifiesto que la operatividad de los deberes y las responsabilidades humanas se despliega a nivel internacional. Desconozco muestras del uso de esta terminología a nivel constitucional.

Como corolario, los deberes o responsabilidades humanas diferirían de los deberes constitucionales únicamente en cuanto a su ámbito de aplicación. En otros aspectos, como sus contenidos o enunciación, pueden ser exactamente iguales. Una primera muestra de ello puede apreciarse en el deber que la DADDH impone a toda persona "de adquirir a lo menos la instrucción primaria" (art. 31), que puede encontrarse en diversas constituciones a lo largo del mundo. El mismo instrumento establece el deber de toda persona de "pagar los impuestos establecidos por la Ley para el sostenimiento de los servicios públicos", también consagrado en numerosos textos constitucionales (art. 36).

1.2.3. Deberes fundamentales

Se ha dicho que los deberes fundamentales "están en el origen, en la justificación y en el funcionamiento viable y posible de una sociedad política"20. Ellos comprenderían "aquellos deberes jurídicos que se refieren a dimensiones básicas de la vida del hombre en sociedad, a bienes de primordial importancia, a la satisfacción de necesidades básicas o que afectan a sectores especialmente importantes para la organización y funcionamiento de las Instituciones públicas o al ejercicio de derechos fundamentales, generalmente en el ámbito constitucional"21. En cuanto a sus destinatarios, "se dirig[irían] de forma exclusiva a los ciudadanos y que afectan a pretensiones, intereses o necesidades de las personas o de la comunidad a la que pertenecen"22. En cambio, "[l]as obligaciones constitucionales constitu[irían] el resto de las obligaciones que la constitución recoge y que no pueden ser calificadas ni como superiores ni como fundamentales"23. De esta manera, la fundamentalidad de un deber vendría dada por criterios materiales y no simplemente por su fuente.

Respecto de estas propuestas de definición –ambas emanadas de autores españoles– conviene hacer una precisión. En el texto de la Constitución Española pueden encontrarse, al mismo tiempo, las expresiones deberes fundamentales (título I, "de los derechos y deberes fundamentales") y deberes constitucionales (art. 149). Ello explicaría por qué para ese ordenamiento pudiera tener alguna relevancia la discriminación entre un concepto y otro24. A pesar de lo anterior, aun entre la doctrina española hay quienes consideran que las concepciones restrictivas de la noción de deber constitucional no se justifican, al no existir diferencias sustantivas entre las diversas sujeciones que contempla la constitución25. Por lo demás, en los ordenamientos en que la distinción carezca de asidero positivo, parece ser del todo innecesaria.

A nivel positivo, la expresión deberes fundamentales es la más difundida entre todas las posibles denominaciones empleadas para referirse al objeto de estudio de la presente investigación. Así puede verse, por ejemplo, en el encabezado "De los derechos y deberes fundamentales", que comparten el título I de la Constitución Española, el título II de la Constitución de la República Dominicana y la Parte II de la Constitución de la República de Turquía. Otra muestra de su empleo puede hallarse en la Parte IV A de la Constitución de la India, relativa a los "Deberes fundamentales" y en el título II de la Constitución de la República Dominicana, bajo la rúbrica "De los derechos, garantías y deberes fundamentales". Lo mismo ocurre en doctrina, pues numerosos autores emplean indistintamente las nomenclaturas de deber constitucional y deber fundamental para hacer referencia a unas mismas figuras26. Considero este tratamiento el más adecuado, aun cuando en lo que resta de esta investigación se utilizará preferentemente la expresión deber constitucional.

1.3. EL PROBLEMA DE LA EXIGIBILIDAD

Un tercer tópico recurrente en el tratamiento de los deberes constitucionales es aquel que dice relación con la exigibilidad de aquellos que se encuentran explicitados en la carta fundamental. Aquí, el problema que se suscita es el de determinar si es que ellos son jurídicamente exigibles y, de ser así, determinar a quién son exigibles. La cuestión no es baladí, toda vez que, dependiendo de la posición que se adopte al respecto, se puede llegar a conclusiones radicalmente opuestas en cuanto a la naturaleza jurídica y eficacia de los deberes constitucionales. Básicamente existen tres posturas al respecto: primero, que los deberes constitucionales carecen de exigibilidad; segundo, que son plenamente exigibles; y, tercero, que constituyen mandatos o habilitaciones al legislador. A continuación me referiré a cada una de ellas.

1.3.1. Los deberes constitucionales carecen de exigibilidad

En un primer acercamiento a los deberes constitucionales, estos son vistos como meros postulados ideológicos carentes de relevancia jurídica27. Ya que las constituciones no suelen establecer sanciones para el supuesto de contravención, de su solo enunciado no surge ningún deber concreto para persona alguna. A lo más, podría atribuírseles fuerza normativa en la medida que sean objeto de desarrollo legislativo, quedando establecidas sus condiciones de ejercicio, limitaciones y garantías. Sin embargo, de aceptarse tal conclusión, sería inútil contemplar deberes de rango constitucional y bastaría con imponerlos mediante normas legales.

Por lo que respecta al desarrollo legislativo de deberes constitucionales, este tampoco sería exigible al legislador, a menos que se prevea expresamente una sanción para el supuesto de omisión legislativa28. Fuera de esa hipótesis no sería posible sostener que exista un verdadero mandato al legislador en orden a configurar el respectivo estatuto legal del deber. Ahora, si los deberes constitucionales no importan un verdadero mandato al legislador, entonces cabría concluir que el legislador goza de absoluta libertad para desarrollarlos o no. Únicamente si decide desarrollarlos, tales deberes se traducirían en comportamientos concretos jurídicamente exigibles respecto de los particulares.

Sobre la base de estas consideraciones, alguna parte de la doctrina considera que los deberes constitucionales son figuras inútiles y superfluas29. Así resultaría de reconocer que de su enunciación no conlleva la imposición de conductas ni a los particulares ni a los órganos estatales, de manera que su formulación no parece tener ningún sentido práctico. A lo sumo, podría estimarse que desempeñan una función axiológica, educativa o instructiva, pero no una de carácter verdaderamente normativo. Más todavía, podría cuestionarse si en realidad pertenecen a la esfera jurídica y no, más bien, al ámbito de la moral30 y no parecería en absoluto justificada su incorporación en el texto constitucional.

1.3.2. Los deberes constitucionales son plenamente exigibles

Otra postura en torno a la exigibilidad de los deberes constitucionales sostiene que estos son plenamente exigibles a los particulares, sin necesidad de mediación alguna del legislador31. Dos consideraciones conducirían a tal conclusión: la eficacia directa de la constitución y la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Precisamente, el carácter normativo de la constitución supondría su vinculación inmediata no solo a los poderes públicos, sino también a los particulares, aun a falta de disposición legal que desarrolle sus preceptos. De la misma manera, la afirmación de la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones particulares implicaría el reconocimiento de un deber genérico de respetar el derecho de los demás. No podría ser de otro modo, se argumenta, pues "[s]i los derechos se tienen frente a los demás, también se tiene frente a los demás el deber de respetarlos"32.

Idéntica conclusión sería reforzada por el postulado de unidad de la constitución. Justamente, si la constitución es el texto jurídico fundamental de un ordenamiento determinado, su fuerza normativa únicamente puede entenderse con carácter unitario y no admite conclusiones irreconciliables o divergentes entre sí33. "Ninguna disposición constitucional puede considerarse inútil. A todas las normas y vocablos debe otorgárseles un efecto útil y eficaz y debe ser armonizado con los demás preceptos normativos. Toda interpretación que ignore preceptos o vocablos constitucionales representa una forma de violación de la Constitución y atenta contra el postulado de unidad de la Constitución"34. En consecuencia, cualquier interpretación que tienda a privar de eficacia a parte alguna del código político debe ser descartada y dar paso a otra que tienda a maximizar la eficacia de sus normas y procurar que todas ellas reciban aplicación.

1.3.3. Los deberes constitucionales constituyen habilitaciones al legislador

Finalmente, la posición más aceptada en torno a la eficacia de los deberes constitucionales es que estos poseen eficacia, mas no respecto de los particulares –al menos no directamente–, sino respecto del legislador. Dicho de otro modo, los deberes constitucionales "no son eficaces en relación a las conductas personales, es decir, en cuanto generadoras de deberes jurídicos para las mismas. Pero las cosas cambian si contemplamos estas normas desde otra perspectiva: la de su eficacia frente a los poderes públicos y, en particular, frente al legislador"35. Así, "la generalidad de los deberes fundamentales presupone una interposición legislativa necesaria para la creación de esquemas organizacionales, procedimentales, procesales definitorios y reguladores del cumplimiento de deberes"36. Respecto de él, entonces, solo puede decirse que existe una habilitación para desarrollar las normas sobre deberes constitucionales37.

Aunque esta es la posición más difundida respecto de la exigibilidad de los deberes constitucionales, conviene tener presente que iguales consideraciones son aplicables a los derechos constitucionales que requieren una prestación normativa. Pese a que, en principio, los ejemplos más arquetípicos de derechos que requieren de tal prestación son los denominados derechos de configuración legal o derechos en sentido estricto -como la propiedad, la herencia o el matrimonio-, ellos no son los únicos. Requieren igualmente de esa prestación normativa los demás derechos constitucionales38, incluyendo no solo a los derechos sociales, sino también a los derechos civiles y políticos39. Sin embargo, no por ello se afirmaría razonablemente que los derechos constitucionales constituyen meras habilitaciones al legislador40.

A mayor abundamiento, la proclamación de deberes constitucionales tiene una serie de efectos prácticos que van más allá de la habilitación para su imposición y de la directa exigibilidad de los mismos. Para empezar, tal proclamación representa un límite y proporciona una justificación al desarrollo legislativo de los deberes41. Ella determina las condiciones formales y materiales bajo las cuales el legislador puede ejercer su competencia, operando como una suerte de garantía respecto de los particulares, en cuanto el legislador no puede obviar las mismas. Por otro lado, su explícito reconocimiento opera como base de legitimación del desarrollo legislativo de deberes constitucionales En este entendido, difícilmente podría sostenerse que la consagración de deberes constitucionales carezcan de todo sentido práctico o útil. En todo caso, este es un tópico sobre el cual he de volver más adelante.

2. VÍAS DE CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DEBERES

Pese al marcado acento en los derechos constitucionales, característico del constitucionalismo contemporáneo, a nivel comparado existen diversos mecanismos de articulación de deberes constitucionales.

Ciertamente, la consagración explícita de estos en el texto constitucional corresponde a uno de dichos mecanismos, pero no es el único ni tampoco el más importante. Antes bien, por virtud de diversas construcciones doctrinarias y jurisprudenciales se llega igualmente a concluir que la constitución puede operar como fuente de deberes para las personas. De hecho, en la mayoría de los ordenamientos es esta la vía preferida de recepción de deberes individuales. Quizás ello se deba a que las mentadas construcciones no son estructuradas sobre la base de la idea de deber, sino sobre la de derecho42.

De esta suerte, existirían dos vías generales de constitucionalización de deberes. Estas no son excluyentes entre sí, de modo que en un mismo ordenamiento podrían existir simultáneamente hasta cinco posibles justificaciones para la imposición de esta clase de figuras. Consecuentemente, los deberes tendrían una cabida mucho más amplia en el constitucionalismo contemporáneo que la que se suele pensar. En caso de aceptarse tal observación, se introduciría un considerable matiz al constitucionalismo de los derechos, que ha dominado el pensamiento académico de las últimas décadas.

2.1. REFERENCIAS CONSTITUCIONALES EXPLÍCITAS A LOS DEBERES

La práctica de incorporar referencias expresas a los deberes en las cartas fundamentales no goza de aceptación difundida. Por el contrario, frente a ella se alzan una serie de objeciones. En primer lugar, el reconocimiento positivo de deberes constitucionales genera el temor de que estos puedan terminar por sofocar a la persona y convertirla en un mero objeto al servicio de la acción estatal. Se trata de un temor plenamente fundado; no debe olvidarse que los deberes desempeñaron un rol protagónico en la mayoría de las constituciones totalitarias de la primera mitad del siglo XX.

Otra de las razones por la que la idea de integrar deberes en el texto constitucional suscita fuertes reticencias es que existen Estados cuyas cartas fundamentales no los enuncian en absoluto43. Tal es el caso de la Constitución de los Estados Unidos o de la Constitución de la Commonwealth de Australia. Siendo así, quedaría en evidencia que la categoría de deber constitucional sería perfectamente prescindible y que su consagración no obedecería a nada más que caprichos populares o a tendencias internacionales.

Por otra parte, se ha sostenido que el reconocimiento expreso de deberes a nivel constitucional sería redundante e inútil. La mayoría de las constituciones ya contempla la sujeción, en términos generales, de toda persona y de toda autoridad a la Constitución y a las leyes. Se seguiría de lo anterior que si un derecho está enunciado en la Constitución, todos tenemos el deber de respetarlo, en atención a su sola enunciación. Adicionalmente, si se acepta que los deberes constitucionales representan habilitaciones al legislador y que su eficacia depende por completo de este, resultaría inútil darles rango constitucional y sería suficiente con imponerlos mediante normas legales.

En cualquier caso, y sin perjuicio de todas las objeciones que pudieran esgrimirse frente a la consagración constitucional de deberes, una serie de democracias contemporáneas han incorporado referencias explícitas a los deberes de las personas en sus cartas fundamentales. Constituyen muestras de esta práctica las constituciones de países como Alemania, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, España, Francia, Grecia, India, Italia, Noruega, Portugal, Polonia y Suecia, entre otras. Conviene advertir, eso sí, que no todas las constituciones antes mencionadas aluden a los deberes de las personas en términos idénticos. Los siguientes párrafos se destinarán al estudio de cada una de las modalidades que asume la explícita formulación de deberes.

2.1.1. Referencias retóricas a los deberes

Algunas de las alusiones a los deberes que se encuentran en los textos fundamentales cumplen una función meramente simbólica o retórica. Con ellas, se suele poner de relieve la conexión entre los deberes de las personas y ciertos valores fundamentales que rigen la vida en sociedad, mas no establecen deberes concretos ni importan atribución de competencia para su imposición. Esta clase de alusiones usualmente se encuentra en el preámbulo o entre las primeras disposiciones de la parte dogmática de una Constitución.

Una primera muestra de lo expuesto puede hallarse en el texto de la Constitución de la República Italiana: "La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, sea como individuo, sea en el seno de las formaciones sociales donde aquel desarrolla su personalidad y exige el cumplimiento de los deberes inderogables de solidaridad política, económica y social" (art. 2º). También puede citarse aquí la Constitución Federal de la Confederación Suiza, que al efecto dispone: "Toda persona es responsable de sí misma y asumirá conformemente a su capacidad tareas sociales y estatales" (art. 6º). De modo análogo, el Preámbulo de la Ley Fundamental de Hungría establece "un deber general de ayudar al vulnerable y al pobre".

La situación se replica a nivel internacional. Así, la DUDH establece que "toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad" (art. 29). Similar alcance puede asignarse al preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual advierte "que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto"44.

2.1.2. Cláusulas generales de deber

Una segunda modalidad de consagración de deberes constitucionales consiste en la incorporación de cláusulas generales de sujeción a la constitución y al ordenamiento jurídico. Es así como la Constitución Política de Colombia proclama: "Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades" (art. 4 inc. 2). Lo mismo ocurre en la Constitución Española, según la cual "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico" (art. 9). En el ámbito internacional, una variante de esta forma de reconocimiento de deberes puede encontrarse en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), según el cual "Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática" (art. 32 n. 2).

Aunque esta clase de cláusulas son habituales en los textos constitucionales contemporáneos, no hay claridad respecto de su utilidad práctica. En términos generales, puede sostenerse que sirven de refuerzo a otros deberes ya positivados, sea en la propia constitución o bien en otras normas infraconstitucionales. Sin embargo, siendo así, el reconocimiento constitucional de un deber general de sometimiento al derecho no parece cumplir ninguna función autónoma. Por otro lado, visto el asunto desde la perspectiva opuesta, ante esta clase de enunciados generales tampoco parece tener sentido la enumeración de deberes específicos.

2.1.3. Deberes específicos

Finalmente, una última forma de expresión positiva de los deberes constitucionales consiste en su enumeración individualizada. La tendencia a la inclusión de deberes bajo esta modalidad se remonta a los inicios del constitucionalismo moderno45 y se ha mantenido constante, aunque con discreción, hasta la actualidad. Si bien existe considerable disparidad en cuanto al número, detalle y eficacia de los deberes que cada texto incluye, hay ciertos puntos de convergencia. Así lo revelan las figuras incluidas de modo más recurrente en las cartas fundamentales contemporáneas, como las que dicen relación con las obligaciones de los padres para con sus hijos, con la defensa nacional y con el pago de impuestos46.

En la mayoría de los casos, la enumeración de deberes específicos se limita a dos o tres figuras. Por ejemplo, en la Constitución Política de la República de Chile se consagra el deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos (art. 19, n. 10); el deber de "contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación" (art. 22); y el deber "de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena". Otro buen ejemplo corresponde al de la Constitución de Portugal. Así, en ella se establecen los deberes de defender "un ambiente humano de vida, salubre y ecológicamente equilibrado" (art. 66 n. 1); "de colaborar con la administración electoral en la forma prevista por la ley" (art. 117) y el de defensa de la patria (art. 276 n. 1).

Sin perjuicio de lo anterior, un listado bastante extenso puede encontrarse en la Constitución de la India de 1949, cuyo art. 51, A enumera once deberes fundamentales de cada ciudadano de la India. Entre ellos, cabe destacar el deber de "defender el país y prestar servicio nacional cuando se sea requerido para ello" (art. 51, A, d); el deber de "salvaguardar la propiedad pública y de abjurar a la violencia" (art. 51, A, i); y el deber de "aspirar a la excelencia en todas las esferas de la actividad individual y colectiva, de modo que la nación constantemente alcance niveles más altos de esfuerzo y logro".

Por lo tocante a los instrumentos internacionales, la ilustración más prominente de declaraciones específicas de deberes puede encontrarse en la DADDH. En ella, se destina un capítulo completo a los deberes, compuesto de diez artículos (arts. 29 a 38). Tales deberes incluyen los de instrucción, sufragio, obediencia a la ley, servir a la comunidad y a la nación, de asistencia y seguridad social, de pagar impuestos y de trabajar, entre otros. Más recientemente, han adherido también a esta práctica la Declaración de Derechos y Responsabilidades Humanas de 1988, el Pacto Global de las Naciones Unidas de 1999, la Carta de la Tierra de 2000 o el Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático de 1997 (2005).

2.2. ¿DEBERES CONSTITUCIONALES IMPLÍCITOS?

De acuerdo con ciertas construcciones doctrinarias y jurisprudenciales, a los deberes constitucionales explícitos deben sumarse otros indirectamente derivados del texto constitucional. Así, existiría una serie de deberes constitucionales no enunciados formalmente como tales, sino implícitos en las normas de derechos fundamentales o en otros preceptos constitucionales, cuya definición queda naturalmente entregada a los jueces47. Las líneas que siguen serán destinadas al estudio de las posibles fuentes de deberes constitucionales implícitos que se identifican en la literatura sobre el tópico.

Sobre el particular, considero pertinente advertir que algunas de estas fuentes pueden presentar algún grado de semejanza y yuxtaposición, aun cuando teóricamente puedan ser diferenciadas.

2.2.1. Deberes derivados de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales

El efecto horizontal de los derechos fundamentales constituye una proyección de la fuerza normativa de la constitución a las relaciones entre particulares. A tal postulado subyace el reconocimiento del creciente potencial lesivo para los derechos fundamentales, que ciertos poderes sociales han adquirido en los últimos siglos. Siguiendo esta línea de pensamiento se apunta: "Para un observador imparcial, con un velo de ignorancia, solo la evolución de la cultura jurídica en el mundo moderno, y que hiciera una aproximación exclusivamente racional al tema, resultaría sin duda evidente que los derechos fundamentales, regulan tanto las relaciones de los particulares con el poder, como también las relaciones de los particulares entre sí"48.

En fin, esta peculiar forma de concebir los derechos constitucionales se ve reforzada por la concepción de las normas iusfundamentales como principios y de aceptar, como consecuencia de lo anterior, la colisión de estos49. Efectivamente, a diferencia de lo que ocurre en caso de una eventual colisión de reglas, la colisión de derechos no puede importar la pérdida definitiva de validez de cualquiera de ellos ni el triunfo absoluto de uno por sobre el otro. De ahí que se proponga la técnica de la ponderación para resolver eventuales colisiones entre derechos fundamentales, en cuanto esta permitiría armonizar los distintos derechos implicados, permitiendo la subsistencia simultánea de todos ellos. Se seguiría de todo lo anterior que los derechos fundamentales podrían ser esgrimidos no solo frente al Estado, sino también frente a otros particulares50.

Con sustento en todas estas consideraciones, el efecto horizontal de los derechos fundamentales tiende a ser entendido como una figura particularmente positiva, toda vez que operaría en favor de la protección de los derechos fundamentales. Ello ocurriría en dos aspectos: primero, en cuanto se ampliaría el universo de destinatarios de las normas iusfundamentales, y segundo, en cuanto importaría la efectiva irradiación de la constitución a todas las ramas del derecho. Sin embargo, como advierte Forsthoff "atribuir al ciudadano A un derecho fundamental contra el ciudadano B significa simultáneamente convertirlo en norma obligatoria para el ciudadano B"51. Esta última dimensión de la eficacia horizontal suele quedar oscurecida tras el énfasis que habitualmente se pone en su supuesta naturaleza protectiva.

2.2.2. Deberes derivados de la idea de correlación entre derechos y deberes

Aun cuando hay varios sentidos en que puede hablarse de correlatividad entre derechos y deberes, en términos generales puede afirmarse que ella implica que no pueden haber derechos sin obligaciones y que no pueden existir obligaciones sin derechos52. Los unos y los otros representarían, por tanto, las dos caras de una misma moneda, indisolublemente vinculadas entre sí. Puesto en otros términos, la coexistencia de derechos y deberes no es meramente contingente, sino necesaria; los primeros no pueden surgir ni subsistir sin los segundos y viceversa53. Dicho esto, es posible identificar tres formas que la correlatividad suele asumir en la literatura sobre derechos constitucionales:

a) En un primer sentido, es usual que se afirme que el derecho de un sujeto implica, al mismo tiempo, el deber de no estorbar y no impedir el ejercicio de dicho derecho54. En otras palabras, el derecho de unos implica el deber general correlativo de otros de respetarlo o, que es lo mismo, de no vulnerarlo. Y aunque normalmente este deber recaerá sobre el Estado, en ocasiones su sola abstención es insuficiente para la adecuada satisfacción de los derechos constitucionales y la consecución del bien común. Piénsese, por ejemplo, en el derecho a la vida. Si el Estado reconociera el derecho a la vida de toda persona, pero no impusiera el deber jurídico de respetarlo, tal derecho devendría en vacío. Lo mismo se podría decir de la vida privada y la honra o del derecho de propiedad, entre otros.

b) Junto con el deber general negativo de respeto que derivaría de los derechos constitucionales, se ha planteado que de estos derivaría igualmente un deber positivo general55. En este orden de ideas, los derechos constitucionales no solo impondrían abstenciones a los particulares, sino también acciones. De hecho, y de manera mucho más frecuente de lo que se podría creer, la protección de los derechos constitucionales impone deberes positivos a los particulares. El caso de los impuestos resulta particularmente ilustrativo de lo dicho56, aunque a él pueden sumarse muchos otros más. A título ejemplar puede mencionarse el deber de defensa de la nación, la educación obligatoria, las exigencias de vacunación forzosa, las obligaciones que impone la función social de la propiedad, el servicio de jurados, el cumplimiento de funciones electorales, etc.

c) Desde una perspectiva diversa, la correlatividad también se puede expresar en la idea según la cual existe una cierta disciplina a la que debe someterse el ejercicio de los derechos. Ello significaría que la titularidad de derechos no solo conferiría facultades y poderes, sino que también impondría deberes en cuanto a su ejercicio. Y, en consecuencia, aun tratándose de derechos constitucionales, no podrían ser ejercidos de cualquier modo, ni con cualquier propósito57. En torno a este punto, se enfatiza que el solo hecho de ser titular de derechos no confiere automáticamente un fundamento moral para ejercerlo de cualquier modo58. Así, no se impone lisa y llanamente una abstención o una acción, sino una determinada manera de ejercer los derechos59.

2.2.3. Deberes derivados de la atribución de competencias a órganos públicos

Otra posible fuente de deberes puede hallarse en la atribución de competencias a órganos públicos, en la medida que el ejercicio de dichas competencias suponga la imposición de tales deberes. Tal idea se encontraría en línea con la tesis que atribuye a los deberes constitucionales la naturaleza de habilitaciones al legislador, vista más arriba. Efectivamente, si los enunciados de deberes importan una habilitación al legislador para configurarlos, la vía más directa de creación de deberes constitucionales no sería la de enunciarlos formalmente como tales, sino la de otorgar, sin más, tal habilitación.

A fin de ilustrar estas ideas puede citarse la sección 8va del art. 1 de la Constitución de los Estados Unidos, en la cual se otorga al Congreso la facultad para establecer y recaudar impuestos, así como aranceles, derechos y contribuciones. Una situación análoga puede observarse en el art. 104 de la Constitución del Reino de Los Países Bajos. En él se dispone que "Los impuestos del Estado serán recaudados en virtud de una ley. Las demás recaudaciones del Estado se regularán por la ley". De la misma manera, el art. 34 de la Constitución francesa de 1958 reconoce competencia al legislador para fijar normas sobre la "Base, tipo y modalidades de recaudación de los impuestos de toda clase". Aunque en todos estos casos el enunciado expresa una garantía –la de representación y deliberación pública en la discusión relativa al establecimiento de impuestos–, esa garantía presupone el poder legítimo del Estado para exigir de los particulares el pago de impuestos.

Igual fenómeno se presenta en las normas sobre limitaciones a los derechos humanos y constitucionales. Si bien ellas no importan por sí solas la imposición de deberes, permiten despejar cualquier duda respecto de la competencia de los órganos estatales para tal imposición que pudiera surgir de una formulación expansiva del derecho60. De este modo, cuando una norma como la del art. 29.2 de la DADH establece que, "[e]n el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley", en realidad no se impone deber alguno, pero sí se otorga la respectiva competencia al legislador. Por consiguiente, el solo hecho de que en una Constitución no se utilicen expresiones como deber, obligación o responsabilidad no implica que en ella no se reconozcan deberes. Lo importante, entonces, no es si se emplea directamente el lenguaje de los deberes; un deber perfectamente se puede derivar de un enunciado formulado en el lenguaje de los derechos.

2.2.4. Deberes en la forma de derechos-deberes o derechos-responsabilidad

Con las expresiones derecho-deber61 y derecho-responsabilidad62, usualmente se hace referencia a deberes cuyo cumplimiento entraña, al mismo tiempo, el ejercicio de un derecho. Ilustraciones de esta clase de figuras, entre otras, son el deber de defender la patria, el deber de votar, el deber de educarse o el deber de trabajar. También con estas expresiones se alude a deberes cuyo desempeño no importa el goce o ejercicio mismo de un derecho, pero sí una condición para su goce o ejercicio por terceros. Así, por ejemplo, el deber de servir como jurado es indispensable para el goce del derecho a ser juzgado por pares. Una figura similar es la del deber de los padres de educar a sus hijos, que opera como presupuesto necesario para hacer efectivo el derecho de estos a la educación.

La diferencia entre una y otra modalidad de derecho-deber es que en el primer caso el contenido del derecho se identifica plenamente con el contenido del deber. De este modo, ningún sujeto dispuesto a cumplir voluntariamente con su deber puede ser arbitrariamente excluido de dicho cumplimiento, operando en tal caso las garantías correspondientes a la dimensión subjetiva de estas figuras63. A contrario sensu, un sujeto puede ser excluido del desempeño de un derecho-deber, con tal que el criterio de exclusión sea razonable y proporcionado. Es por ello que pueden establecerse regulaciones diferenciadas para de menores y extranjeros en relación al deber de defender la patria, de votar o de trabajar.

Respecto de la segunda clase de derechos-deberes la situación es distinta, pues los contenidos del derecho y del deber se encuentran vinculados, pero no son idénticos64. Se sigue de ello que las garantías propias del derecho no son comunicables a las del deber, como en el caso anterior. Por consiguiente, en estos supuestos la exclusión sí es admisible, incluso aunque una persona quiera cumplir voluntariamente. Es más, en ocasiones la exclusión puede ser deseable, en la medida que sea conducente al resguardo del derecho involucrado. Las dos ilustraciones propuestas pueden servir para esclarecer esta idea: los padres pueden ser privados del derecho-deber de educar a sus hijos si no lo desempeñan adecuadamente, por más que deseen conservarlo. Del mismo modo, tampoco puede servir como jurado quien se encuentre en circunstancias que pudieran afectar la imparcialidad del proceso, incluso aunque desee hacerlo.

3. EL SENTIDO DE LA EXPRESA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE DEBERES

Habiendo múltiples posibles fuentes de deberes constitucionales, ¿tendría algún sentido enunciarlos expresamente en las cartas fundamentales? Para responder a esta interrogante, analizaré en este apartado las diversas funciones que, en la literatura sobre el tópico, se asignan a la proclamación constitucional de deberes. Mediante este proceder será posible determinar si las mismas podrían verse igualmente satisfechas mediante normas constitucionales relativas a derechos o normas constitucionales atributivas de competencia.

3.1. FUNCIÓN IDEOLÓGICA

Generalmente, la función que se atribuye a los deberes constitucionales es una de carácter meramente simbólico e ideológico. De este modo, el reconocimiento positivo de deberes constitucionales operaría como una suerte de recordatorio de las responsabilidades asociadas a la titularidad de derechos y de correctivo de los defectos morales de las teorías basadas en los derechos65. Así, se ha manifestado que "lo que se pone de relieve, mediante la introducción en el texto constitucional de conceptos como sujeción, obligación o deber, es el significado ideológico que siempre reviste el uso normativo de tales conceptos"66. Análogamente se ha señalado que "la enunciación de deberes constitucionales posee, en todo caso un innegable valor simbólico. Un texto constitucional que, junto a la declaración de derechos impone ciertos deberes sugiere a los particulares que los beneficios de la ciudadanía no son gratuitos, que los ciudadanos deben a cambio hacer algo por la colectividad"67.

Con fundamento en estas premisas, podría estimarse que los deberes constitucionales no serían más que expresiones positivas de obligaciones éticas, carentes de toda relevancia jurídica. Como se recordará, el solo reconocimiento de deberes en la constitución no impone de manera directa conductas obligatorias ni a los particulares ni a los poderes del Estado. Adicionalmente, ellos nada nuevo añadirían al deber general de sometimiento a la Constitución, que ya se encuentra consagrado en buena parte de los textos constitucionales contemporáneos68. Por ende, solo cabría concluir la inutilidad y el carácter superfluo de la expresa proclamación de los deberes constitucionales.

3.2. FUNCIÓN AXIOLÓGICA

Frecuentemente, la expresión de deberes constitucionales aparece vinculada con ciertos valores, tales como la igualdad, la justicia, la solidaridad y la responsabilidad, entre otros. Haciéndose eco de estas ideas, Zagrebelsky apunta: "La aspiración constitucional al orden justo hace que la dimensión del deber, de ser simple reflejo o la otra cara de los derechos, pase a convertirse en un elemento autónomo propiamente constitucional"69. De este modo, prosigue: "En las sociedades justas la categoría dominante es la de los deberes, no la de los derechos"70. Peces-Barba, a su vez, sostiene que "la solidaridad fundamenta indirectamente derechos, es decir, lo hace por el intermedio de los deberes"71.

Bajo este enfoque, los deberes constitucionales pueden considerarse vías de expresión o concreción de valores políticos fundamentales del orden jurídico. En cuanto encarnación de valores, las normas que enuncian deberes constitucionales pueden operar como criterios interpretativos de normas infraconstitucionales o criterios orientadores del actuar de los órganos estatales. Pero eso no es todo; entendidos los deberes constitucionales en la forma aquí discutida, ellos también podrían servir como guías para la determinación del alcance del ámbito protectivo de los derechos fundamentales72. De acuerdo con lo expuesto, la distinción entre normas constitucionales relativas a derechos y normas constitucionales relativas a deberes se tornaría difusa, toda vez que "se produc[iría] la coincidencia de ambas en imponer pautas materiales de actuación a los poderes públicos, o, si se prefiere, en orientar el contenido del resto del ordenamiento"73.

Un par de ejemplos puede contribuir a clarificar esta función. A propósito del deber general de realizar el servicio militar, el Tribunal Constitucional Federal Alemán ha señalado: "El servicio militar obligatorio es una expresión de la igualdad general"74. A su turno, el Tribunal Constitucional español ha legitimado la imposición de deberes en el ámbito tributario y previsional con fundamento en el principio de solidaridad, "una de cuyas exigencias esenciales es, precisamente, el sacrificio de los intereses de los más favorecidos frente a los más desamparados con independencia, incluso, de las consecuencias puramente económicas de esos sacrificios"75. Como se puede apreciar, en ambos casos, los deberes constitucionales son entendidos como manifestaciones de valores constitucionales.

3.3. FUNCIÓN LEGITIMADORA

Aunque la enunciación de deberes constitucionales tiene un valor simbólico innegable, también podría tener un efecto práctico de vital importancia. En efecto, la formulación explícita de deberes constitucionales ofrecería una base de legitimación de medidas que pudieran afectar la libertad o el patrimonio de los particulares, con el propósito de promover ciertos bienes o valores fundamentales. Otorgada la habilitación constitucional al legislador para que configure el respectivo estatuto jurídico del deber, cabría presumir la constitucionalidad del mismo, a menos de probarse que su imposición no es razonable o que es desproporcionada. Es en este contexto que Díez -Picazo afirma: "la presencia de deberes constitucionales disipa cualquier duda sobre la constitucionalidad de la intervención legislativa en [ciertos ámbitos inherentes a la] libertad y propiedad"76.

Se desprende de lo dicho que la proclamación expresa de deberes no despeja automáticamente cualquier posible cuestionamiento en cuanto a la legitimidad de su desarrollo a nivel legal. Únicamente permite despejar un eventual cuestionamiento en cuanto a la competencia del legislador para proceder a tal desarrollo, pero no deja a salvo la constitucionalidad de sus disposiciones. Estas últimas, según se ha expresado, seguirían estando sujetas a los estándares de razonabilidad, proporcionalidad y, por lo demás, a la observancia de los restantes requisitos establecidos por el respectivo texto constitucional.

Quizás, en una primera aproximación, podría estimarse particularmente indeseable ampliar la base de legitimación de los deberes que pueda imponer el legislador por la vía legislativa. Pero si la alternativa fuese partir de la base de su ilegitimidad, el cumplimiento de los fines del Estado que dependen de la imposición de tales deberes podría verse entorpecido o inhibido. Y es que no debe olvidarse que los deberes no solo importan desventajas o limitaciones a la libertad de los particulares. Ellos también servirían al interés general y a la protección de los derechos, cuestión que se discutirá en el siguiente apartado.

3.4. FUNCIÓN DE GARANTÍA

No obstante todo lo hasta ahora expuesto, por lejos, la función más importante que podría desempeñar la expresa consagración de deberes constitucionales sería una función de garantía. En concreto, la garantía consistiría en el establecimiento de límites procedimentales y sustantivos a la creación y configuración de deberes, de modo que no queden entregados a los caprichos de los órganos estatales y, más precisamente, del legislador. En este sentido, de acuerdo con Díez-Picazo, "la presencia de deberes constitucionales […] sobre todo, establece límites al legislador; límites que, de no existir deberes constitucionales serían difíciles de justificar"77.

Muestras de esta función de garantía pueden encontrarse en diversas disposiciones constitucionales a nivel comparado. Por ejemplo, en el art. 30 n. 2 de la Constitución española se establece: "La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria". Asimismo, el art. 33 inc. 3 de la Constitución italiana prescribe: "Al determinar los derechos y las obligaciones de las escuelas no estatales que soliciten la paridad, la ley deberá garantizar a estas plena libertad y a sus alumnos un trato académico equivalente al de los alumnos de escuelas estatales".

Siguiendo este orden de ideas, también se ha puesto de relieve la conexión existente entre los deberes y la efectiva protección de los derechos fundamentales. Es cierto que este punto no se plantea específicamente a propósito de los deberes constitucionales expresos, pero aun así creo que vale la pena reproducirlo en este acápite. Básicamente, se postula que los deberes constitucionales no constituyen un fin en sí mismo, sino que se encuentran al servicio del cumplimiento de los fines del Estado: la satisfacción del interés general78. Por otro lado, se destaca que "la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas depende de acciones de otras personas […], además de la actuación del Estado"79. Incluso se ha llegado a sostener que los deberes constituirían el contenido esencial de los derechos fundamentales80, de modo tal que su consistencia jurídica "deriva[ría] de los deberes que integran su contenido"81.

Pero, por encima de todas estas consideraciones, la principal garantía de los deberes constitucionales consistiría en reservar su desarrollo y concreción al órgano legislativo. "Las personas se deben unas a otras ciertos deberes fundamentales de respeto y ayuda mutua, que son satisfechos de mejor manera cuando son orquestados por alguna agencia central como el Estado que cuando son entregados a los caprichos de los individuos"82. Sin embargo, "ya que son mis deberes (junto con los de otros) cuyo cumplimiento el Estado está orquestando, tengo derecho a intervenir en el mecanismo de decisión que controla su orquestación"83. Un acto como la ley, resultante de la deliberación pública y de la representación popular, parece ser el único adecuado para canalizar esa participación. Por consiguiente, la expresa proclamación de deberes constitucionales resultaría más consistente con los valores subyacentes al constitucionalismo moderno, que entregar su definición a los jueces.

3.5. ¿ES NECESARIO CONSAGRAR DEBERES EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN?

Una primera y preliminar conclusión que se puede extraer de todo lo hasta aquí expuesto es que los deberes, por una u otra vía, han adquirido un rol relevante en el constitucionalismo contemporáneo. Da igual que en la discusión académica y jurisprudencial, así como en los textos constitucionales, se hagan o no referencias expresas a ellos. Lo cierto es que, explícita o implícitamente, consideraciones relativas a los deberes están presentes en el discurso acerca de los derechos fundamentales, su alcance, eficacia y protección. Este es un punto sobre el cual es necesario insistir, a fin de apreciar a cabalidad las repercusiones teóricas de las construcciones dogmáticas en que actualmente se basa la comprensión de los derechos y de la posición que el Estado y los particulares tienen frente a ellos.

Sostener que los deberes han adquirido un rol relevante en el constitucionalismo contemporáneo plantea la cuestión acerca de si las constituciones deberían explicitarlos como tales. En primer término, precisamente a la luz de las prácticas constitucionales actuales, ello pareciera ser irrelevante. Si los deberes subyacen de todos modos al discurso de los derechos fundamentales, ¿qué se ganaría con su expresa proclamación? Sin ella, ¿acaso se pondría en duda la existencia de un deber de pagar impuestos o de obedecer a la autoridad? Pero luego, bajo el prisma de las funciones atribuidas a la expresa proclamación de deberes en la constitución, la respuesta pareciera inclinarse hacia la afirmativa. ¿Quién podría negar la conveniencia de imponer límites a la autoridad en la determinación de los deberes de las personas o de ofrecer una base de legitimación para medidas estatales conducentes a la satisfacción del interés general?

Con todo, en mi opinión, cabría ofrecer una respuesta intermedia. Uno de los argumentos más fuertes en orden al reconocimiento constitucional de deberes dice relación con su función de garantía. El argumento es fuerte no solo en cuanto por esa vía se fijarían límites a la creación y configuración de deberes, sino principalmente en cuanto se podría reservar al legislador la competencia para ello. Esa pareciera ser la opción más compatible con el principio democrático, con el valor de la igualdad y con la protección de los derechos fundamentales. Al menos así sería en contraste con la opción de entregar esa competencia al juez por la vía de identificar colisiones entre derechos o de adherir a la tesis de la correlatividad entre derechos y deberes.

En cualquier caso, la función de garantía de los deberes no es privativa de los enunciados expresos de deberes. Idéntica función puede ser satisfecha mediante disposiciones que habiliten al legislador para establecer limitaciones a los derechos constitucionales. Tales disposiciones perfectamente podrían ser enunciadas en el lenguaje de los derechos, como ocurre, por ejemplo, en el art. 19 n. 20 de la Constitución chilena. En él se establecen garantías en la distribución legal de tributos y cargas públicas, lo cual, lógicamente presupone el poder de la autoridad estatal para imponer tales figuras. Con ello se cumplen igualmente las funciones de legitimación y de garantía, aun cuando no se empleen términos como deber, obligación o responsabilidad.

CONCLUSIONES

1. La noción de deber constitucional no solo es controvertida, sino que además carece de univocidad. Existen, a su respecto, concepciones amplias y otras restrictivas; unas de carácter formal y otras de carácter sustancial. Como consecuencia de lo anterior, no hay consenso respecto de si los deberes constitucionales requieren o no estar consagrados en la Constitución, si tienen como destinatarios a los particulares o a los poderes públicos o si deben o no tener un determinado contenido. Pero, por si eso no fuera poco, tampoco existe uniformidad en cuanto a la nomenclatura a utilizar para hacer referencia a ellos, empleándose también las denominaciones de deberes cívicos, humanos y fundamentales. Por último, tampoco existe pleno acuerdo respecto de los alcances de los deberes constitucionales, particularmente en cuanto a su exigibilidad frente al Estado y a los particulares.

2. Fuera de estas disquisiciones teóricas y conceptuales, la noción de deber constitucional es controvertida también en cuanto parece irreconciliable con la concepción liberal de los derechos constitucionales. En efecto, los deberes constitucionales parecen debilitar la posición del particular frente al poder estatal, en lugar de fortalecerla. Si bien semejante apreciación cuenta con cierto asidero desde un punto de vista histórico, como lo demuestran las constituciones totalitarias de inicios del siglo XX, ello no ha impedido la incorporación de deberes constitucionales en buena parte de las cartas contemporáneas.

3. Ahora bien, la constitucionalización de deberes puede asumir diversas modalidades. Más comúnmente, se asocia a este fenómeno la existencia de referencias explícitas a los deberes. Tales referencias pueden ser meramente retóricas, consistir en cláusulas generales de deber o manifestarse en una serie de enunciados de deberes específicos. Lo que por lo general se pasa por alto es que, junto con ellas, existe una serie de figuras y construcciones doctrinarias o jurisprudenciales que ordinariamente operan como fuentes de deberes constitucionales. Estos últimos pueden calificarse como deberes constitucionales implícitos, en la medida que no derivan explícitamente del texto constitucional.

4. En la práctica, se pueden encontrar múltiples posibles fuentes de deberes constitucionales implícitos. Cuatro han sido identificadas en esta investigación: la doctrina del efecto horizontal de los derechos fundamentales, la tesis de la correlatividad entre derechos y deberes, las normas atributivas de competencias y la idea de derecho-deber. En vistas a estas consideraciones, cabría concluir que los deberes tienen una cabida mucho mayor en el constitucionalismo contemporáneo que la que tradicionalmente se les atribuye, aun cuando no estén expresamente previstos en el texto constitucional.

5. Frente a este escenario, cabría preguntarse si, existiendo estas múltiples posibles fuentes de deberes constitucionales implícitos, tiene sentido la expresa proclamación de deberes en la constitución. Considerando que en doctrina se reconoce una función de garantía a estas figuras la respuesta parece ser que tal proclamación sí tiene sentido. Por el contrario, entregar al juez la creación y configuración de la mayoría de los deberes constitucionales implícitos, parece ofrecer menos garantías a los particulares, en cuanto sustrae de la discusión democrática su determinación. No obstante, ello no necesariamente significa que las constituciones deban consagrar explícitamente deberes; idéntica función puede ser satisfecha mediante enunciados constitucionales atributivos de competencia para la limitación de derechos.


NOTAS

*Profesora Asistente de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte. Candidata a Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirección postal: Av. Angamos 0610, Antofagasta. Correo electrónico: vponcedeleon@ucn.cl.

1Confrontar con Arras (1994) pp. 3-16; Lanchester (2010) pp. 67-81; Hanicotte (2007); Hodgson (2003); O'Neill (1996); Etzioni (1993); Glendon (1991); Arras (1994) pp. 3-16.

2Un estudio actualizado al 2010 indica que "[e]n Francia […] a 151 títulos dedicados a los deberes del hombre corresponden 6.175 indicaciones relativas a sus derechos. Una situación parecida se puede encontrar en Alemania (89 a 1.873) y en el ámbito angloamericano (89 a más de 10.000)". Lanchester (2010) p. 68.

3En doctrina nacional, consúltese Busch (2012) pp. 43-61.

4Véase, por ejemplo, el texto de Verdugo et al. en el que se dedican dos de 375 páginas al estudio de los deberes. Verdugo et al. (1994) pp. 329 s. Lo mismo puede apreciarse en el trabajo de Vivanco, quien aborda el tópico en seis páginas, entre un total de 591. Vivanco (2006) pp. 525-530. Finalmente, Cea trata el tema en 16 páginas, entre 774. Cea (2012) pp. 703-718.

5Frankenberg (2006) p. 456; ten Berge (2007) p. 21.

6Confrontar con Saul (2000)pp. 609-610.

7Saul (2000)p. 602.

8Nozick (2013) p. 36.

9Kochenov (2014) pp. 482-498.

10Díaz (2011) pp. 286 s.

11Goig (2011) p. 115.

12Pinheiro (2011) p. 202.

13Lanchester (2010) p. 72.

14Rubio (2011) p. 20.

15Rubio (2011) p. 19.

16Véase, además de la literatura mencionada arriba en n. 19, Alegre (2009) p. 280; ten Berge (2007) pp. 219-226; Ruiz (1996) p. 101.

17Esta parece ser la acepción más correcta, habida cuenta que son cada vez menos los deberes asociados al estatus ciudadano; bien porque han perdido su obligatoriedad (como el servicio militar y el sufragio, en Chile), bien porque su desempeño se ha abierto a no ciudadanos. Confrontar con Spiro (2013) p. 913.

18Cerar (2000) pp. 64 s.

19McGregor (2013) pp. 1-26; Fredman (2008) pp. 25-30; Saul (2001) pp. 566-617; Hodgson (2003) pp. 85-137

20Peces-Barba (1988) p. 338.

21Peces-Barba (1988) p. 336.

22de Asís (1991) p. 397.

23de Asís (1991) p. 413.

24Rubio (2001) p. 23.

25Díaz (2011) p. 286.

26Díaz (2011) pp. 290-292; Embid (1987) p. 164; Lombardi (1967) pp. 10 y 14.

27Véase el apartado 3.1.

28Díaz (2011) p. 288.

29Rivero (2003) p. 52.

30Hariou (1929) pp. 634 s.

31Rubio (2001) pp. 28 s.

32Alegre (2009) p. 288.

33Aldunate (2009) p. 460.

34Nogueira (2009) 2, p. 396.

35Varela (1982) p. 83.

36Gomes (2004) p. 535.

37Confrontar con Díaz (2011) p. 288.

38Rubio (2001) p. 55 n. 126.

39Pisarello (2007) pp. 116-117.

40Rubio (2001) p. 54.

41Alegre (2003) p. 288.

42Con esto quiero decir que estas construcciones suelen discurrir en torno a la idea de la protección de los derechos y que, por lo general, ni siquiera involucran referencias explícitas a los deberes.

43Rubio (2001) p. 15.

44Idéntica redacción puede encontrarse en el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

45Peces-Barba (1988) pp. 331 s.

46Fuera de los casos a que se hará alusión más abajo, puede mencionarse el de la constitución de Alemania (arts. 6.2 y 12.a.1, solo en cuanto a los dos primeros), España (arts. 39.3, 30 y 31.1, respectivamente) e Italia (arts. 30, 52 y 53, respectivamente).

47Así destaca, en tono crítico, Aldunate (2008) pp. 218 y 275-276.

48Peces-Barba (1995) p. 617.

49Prieto (2013) p. 86; Alexy (1993) p. 511.

50Si bien esta tesis ha adquirido un notable grado de popularidad, no se encuentra en absoluto exenta de fundadas críticas. Al respecto, puede verse Ferrajoli (2009) pp. 83-85. A nivel nacional, puede consultarse Aldunate (2008) pp. 211-224 y 269-280; Marshall (2005) pp. 195-212.

51Forsthoff (2013) p. 113. Comparte esta apreciación Aldunate, quien cita también a Forsthoff, en Aldunate (2008) pp. 217 s.

52Aunque se trata de una idea similar a la del efecto horizontal de los derechos fundamentales, se diferencia de esta en cuanto la noción de correlatividad no presupone una colisión de derechos, lo cual permite diferenciarla de la primera.

53Lyons (1970) p. 46.

54Saul (2000) p. 589. Esta forma de entender la correlatividad entre los derechos y deberes puede verse ya en los 4º, 10º, 11º y 17º de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.

55Garzón (1986) pp. 17-33.

56La relación entre el pago de impuestos y la protección de los derechos fundamentales ha sido puesta de relieve de manera recurrente en el último par de décadas. Confrontar con White (2003); Murphy & Nagel (2002); Holmes & Sunstein (1999).

57Una prohibición expresa del ejercicio abusivo de los derechos puede verse en el art. 25.3 de la Constitución griega. Al efecto, esta disposición establece: "El ejercicio abusivo de los derechos no está permitido".

58Waldron (2011), p. 1113; Waldron (1993) pp. 63-87.

59Una crítica a este planteamiento puede verse en Eleftheriadis (2010) p. 41. Dworkin y Raz, por su parte, no ven incompatibilidad entre tener un derecho a hacer algo y el que ese algo sea moralmente incorrecto. Raz (2011) p. 274; Dworkin (1978) p. 188.

60Waldron (2011) p. 1113.

61Díaz (2011) p. 292; Nogueira (2003) p. 64.

62Waldron (2011) p. 1116.

63Díaz (2011) p. 292.

64Díaz (2011) p. 292.

65Eleftheriadis (2010) p. 35.

66Varela (1982) p. 88.

67Díez-Picazo (2003) p. 56.

68Véase el punto 2.1.2.

69Zagrebelsky (2011) p. 86.

70Zagrebelsky (2011) p. 86

71Peces-Barba (1995) p. 280.

72Es interesante notar que el art. 37 de la Constitución de la India dispone expresamente que las disposiciones contenidas en su parte IV (la cual contiene la enumeración de deberes fundamentales) no son exigibles judicialmente. No obstante, "los principios en ella establecidos son sin embargo fundamentales en el gobierno del país y será deber del Estado aplicar esos principios en la elaboración de las leyes".

73Varela (1982) p. 85.

74BVerfGE 69, 1 (22). Traducción libre del alemán: "Die allgemeine Wehrpflicht ist Ausdruck des allgemeinen Gleichheitsgedankens". Véanse, en idéntico sentido, BVerfGE 48, 127 (143); 38, 154 (167).

75SsTC 100/1990, f.j. 2; 208/1988, f.j. 3; 134/1987, f.j. 5.

76Díez-Picazo (2003) p. 55.

77Díez-Picazo (2003) p. 56.

78Hannicotte (2007) p. 224; Peces-Barba (1993) pp. 323-324.

79Sant`Ana (2014) p. 16.

80Capella (2013) pp. 46-52.

81Mercado (2013) p. 141.

82Waldron (2004) p. 234.

83Waldron (2004) p. 234.

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