SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.44 número1Cane, Peter (2016): Controlling Administrative PowerEL LUCRO EN LAS PERSONAS JURÍDICAS: COMENTARIO A LA SENTENCIA DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA, EN LOS AUTOS CARATULADOS: FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CON SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, ROL N ° 991-2015 índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Rev. chil. derecho vol.44 no.1 Santiago abr. 2017

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372017000100015 

LOS DAÑOS AMBIENTALES COMO ÚNICA CATEGORÍA JURÍDICA CUYA REPARACIÓN REGULA LA LEY N° 19.300.

COMENTARIO A LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CON FECHA 28 DE JUNIO DE 2016 EN EL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO CAUSA ROL Nº 37.179 - 2015

 

THE ONLY LEGAL CATEGORY WHOSE REPAIR IS INCLUDED IN LAW N°19.300 IS ENVIORMENTAL DAMAGE.

COMMENT ON THE CASSATION APPEAL RULING OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE, DATED JUNE 28, 2016 ON THE CASE N° 37179-2015

 

Jorge A. Femenías S.*

*Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, Dirección electrónica: jafemeni@uc.cl.


 

RESUMEN: Recientemente, nuestra Excelentísima Corte Suprema ha pronunciado un fallo en los autos, causa rolN° 31.179-2015, en el cual, a nuestro juicio, el máximo tribunal ha sostenido una recta doctrina que viene a enmendar un severo yerro en el que había incurrido el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago (Rol D-13-2014), al acoger una excepción de incompetencia. En efecto, conforme se expondrá, a nuestro entender, dicho tribunal había pronunciado una sentencia (confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 5-2015) en el cual daba cuenta de una sensible confusión con respecto a la aplicación de las normas que regulan la responsabilidad por daño ambiental en nuestro país.

Palabras clave: Responsabilidad por daño ambiental; Daños ambientales; Daños civiles derivados del mismo hecho que ocasiona el daño ambiental.


 

ABSTRACT: The Chilean Supreme Court recently issued the final judgment in Case No. 31.179-2015, in which, in our view, it held a doctrine that rectifies a severe mistake incurred by the Second Environmental Court (Case No. D-13-2014), when accepting a motion to dismiss based on lack of subject-matter jurisdiction. Indeed, as it will be explained, in our view, the Second Environmental Court had issued a judgment (which was confirmed by the Court of Appeals of Santiago, Case No. 5-2015) which showed a considerable confusion regarding the implementation of the rules governing the liability for environmental damage in our country.

Key words: Liability for environmental damage; environmental damage; civil damages arising from the same event causing environmental damage.


 

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Ilustre Municipalidad de Quintero, de conformidad al Título III de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de 9 de marzo de 1994 (LBGMA), presentó demanda en contra de Enap Refinerías S.A. y de Remolcadores Ultratug Limitada ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago (causa rol D-13-2014), a fin de que se declare la existencia de daño ambiental y se ordene la reparación del mismo, a raíz de los hechos ocurridos el día 24 de septiembre de 2014 en la Bahía de Quintero, cuando el buque tanque "Mimosa" derramó petróleo a las aguas del mar debido al rompimiento de la tubería flexible por la cual pasaba el hidrocarburo en descarga.

En su libelo, la Ilustre Municipalidad de Quintero precisó que lo que se persigue en la presente demanda es la reparación del daño ambiental, buscando la implementación de recuperación del ecosistema, como también la incorporación de nuevos procedimientos de descarga y de operatividad en el manejo del crudo descargado, reservando las acciones indemnizatorias por los perjuicios causados a la Municipalidad y a los miembros de la comunidad.

La demandada, Remolcadores Ultratug Limitada, alegó como excepción dilatoria la incompetencia absoluta del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, fundada en el artículo 51 inciso segundo de la Ley N° 19.300, en cuanto dispone que las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las de la presente ley. Al efecto, sostuvo que la Ley de Navegación, contenida en el Decreto Ley

N° 2.222 de 1978, consagraría un régimen especial que, con arreglo a la norma recién transcrita, prevalecería sobre la citada Ley N° 19.300, tanto en lo sustantivo como en lo concerniente al tribunal competente para conocer de las acciones relacionadas con derrames de hidrocarburos, correspondiéndole en primera instancia a un Ministro de la Corte de Apelaciones que tenga competencia en el lugar en que los hechos hayan acaecido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153 de la misma Ley de Navegación.

Por sentencia de 6 de mayo 2015, el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago razonó que el Decreto Ley N° 2.222 de 1978 regula en su título IX la contaminación derivada de los derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, estableciendo un régimen de responsabilidad de carácter objetivo.

Consignan los sentenciadores que la referida normativa estableció el tribunal que deberá conocer tales materias y el procedimiento que deberá aplicarse en su sustanciación. Específicamente el artículo 153 preceptúa que el tribunal competente, en primera instancia, será un Ministro de la Corte de Apelaciones que tenga competencia respecto del lugar en que los hechos de la causa hayan acontecido. Mientras que, en segunda instancia, conocerá, conforme al artículo 162, la Corte de Apelaciones de Valparaíso (considerando quinto).

Agregan, a mayor abundamiento, que el artículo 160 del mismo texto legal ordena que: "...todas las acciones que se ejerciten en Chile por las mismas partes u otros afectados y que provengan de los mismos hechos, se acumularán ante el tribunal que este título establece"1, haciendo presente que en la actualidad se encuentran en tramitación ante un Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso cinco causas vinculadas con el derrame de petróleo de que se trata (considerando sexto).

Por consiguiente, concluyen que el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago carece de competencia para conocer y resolver la demanda de daño ambiental sometida a su conocimiento, dado que el régimen de responsabilidad por los daños derivados de los derrames de hidrocarburos consagrado en la Ley de Navegación de 1978, prima por sobre el instaurado en la Ley N° 19.300 (considerando séptimo).

Apelada esa decisión por la Municipalidad de Quintero y Enap Refinerías S.A., la Corte de Apelaciones de Santiago mediante fallo de 6 de octubre de 2015, la confirmó (Causa rol 5-2015)2.

En contra de esta última determinación los anteriores litigantes interpusieron sendos recursos de casación en el fondo para ante la Excelentísima Corte Suprema, la cual mediante sentencia pronunciada con fecha 28 de agosto del año en curso, acogió dichos recursos anulando la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, dictando la correspondiente sentencia de remplazo que declara la competencia del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago para conocer la acción impetrada ante él.

2. REGÍMENES ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL: ARTÍCULO 51 DE LA LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE

El artículo 51 de la LBGMA dispone que:

"Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental, responderá del mismo en conformidad a la presente ley.

No obstante, las normas sobre responsabilidad por daño ambiental contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las de la presente ley.

Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto por esta ley o leyes especiales, se aplicarán las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del Código Civil".

Como se advierte, la LBGMA establece una prelación normativa de fuentes en virtud de la cual, para obtener la reparación del medio ambiente dañado, se deberá investigar la existencia de leyes especiales –sectoriales– que regulen su restauración, para posteriormente, y solo en la medida que no existan tales normas especiales, dar paso a la aplicación del régimen ordinario de responsabilidad que ha sido creado y establecido en ella. Finalmente, y con el objeto de integrar eventuales lagunas en la materia, la LBGMA dispone el recurso a las normas de responsabilidad extracontractual reguladas en el Código Civil.

En efecto, el inciso 2º del artículo 51 de la LBGMA dispone que los regímenes de responsabilidad establecidos en leyes especiales prevalecen con respecto a las normas que sobre la materia regula la propia LBGMA. En este escenario, preceptúa el mentado artículo que primarán (por sobre las normas de la Ley Nº 19.300) las disposiciones contenidas en "leyes" "especiales".

Sobre esta cuestión, tal vez lo primero que se deba decir es que llama la atención que, sin perjuicio de tratarse de una norma destinada a establecer el carácter supletorio del régimen de responsabilidad por daño ambiental que crea la LBGMA frente a la inexistencia de un régimen especial, sea ella la que establezca previsiones en orden a cuáles deben ser las características que dichos sistemas normativos deben poseer para, precisamente, prevalecer sobre la regulación ordinaria de la reparación del daño ecológico puro.

Un segundo aspecto se refiere a que es posible afirmar que la LBGMA solo estimará preferente a aquellos sistemas normativos que regulan el daño ambiental, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

(i) Tratarse de norma de carácter legal, por cuanto el artículo habla de "leyes", de tal suerte que quedarán excluidas las normas reglamentarias;

(ii) Tratarse de leyes especiales, esto es, aquellas que se refieran a una forma particular de responsabilidad, a una actividad determinada o a un riesgo, peligro o daño específico de algún componente del medio ambiente; y

(iii) Tratarse de leyes especiales referidas o que regulen hipótesis de daño ambiental3.

Es importante observar que esta prevalencia que la LBGMA otorga a las normas contenidas en leyes especiales, puede presentar problemas severos de interpretación, como puso de manifiesto Valenzuela4, por cuanto podría ocurrir que leyes anteriores a la dictación de la LBGMA restrinjan la remediación del daño ambiental solo a la indemnización de perjuicios5.

Estimamos que la solución a este y tantos otros problemas que presenta la regulación de la reparación de los daños ambientales en nuestro país, debe ser construida a partir de la diferenciación estricta que se debe efectuar entre daño ecológico puro o daño ambiental y daños civiles derivados del mismo hecho que ocasionó el daño ambiental6 y 7.

Asimismo, creemos que si se llegara a dar una hipótesis donde ambos daños coincidieran o se confundieran (como en el caso de los daños ambientales al "suelo" cuando este es de propiedad privada), la solución a la que se debería arribar es la misma, en cuanto la reparación del daño ecológico puro se deberá llevar a cabo con arreglo a las normas del régimen ordinario que establece la LBGMA, mientras que la indemnización de los daños civiles individuales se deberá realizar con apego a las normas de la ley especial.

En este estado de cosas, se hace palmaria la circunstancia de que la regulación de la reparación de los daños ambientales en Chile, mantiene –incluso después de la dictación de la LBGMA y sus modificaciones posteriores– una aparente dispersión normativa, por cuanto, sin perjuicio de la existencia de un régimen ordinario de reparación del daño ambiental, es necesario, antes de recurrir a él, el recurso a un análisis casuístico de la normativa vigente.

Habida cuenta de lo anterior, en los acápites que siguen pretendemos exponer algunas consideraciones sobre la aplicación de los regímenes de reparación del daño ambiental contenidos en las normas sectoriales, a propósito de un reciente fallo de la Excelentísima Corte Suprema en el cual, a nuestro juicio, se enmienda un severo yerro en el que había incurrido el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.

3. EL FALLO DEL ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL DE SANTIAGO

(CAUSA ROL D-13-2014)

El análisis expuesto precedentemente, a nuestro juicio, lamentablemente no fue llevado a cabo correctamente por el Ilustre Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, el cual, mediante una interpretación errada de las normas en comento, en la sentencia anulada por la Corte Suprema que comentamos, se declaró incompetente de conocer una acción de reparación acogiendo una excepción de incompetencia, pasando por alto que las normas en las que se fundó la mentada excepción del demandado (D.L. 2.222, artículo 144 y ss.) regulan la responsabilidad civil dimanante del mismo hecho que ocasionó el daño ambiental y, por lo tanto, no se refieren a la reparación del daño ecológico puro, circunstancia por la cual no excluyen la aplicación de la LBGMA.

En efecto en la sentencia en cuestión, resuelven los sentenciadores:

"vii) Que, frente a lo recién analizado, este Tribunal no puede más que concluir que carece de la necesaria competencia para conocer y resolver la demanda de daño ambiental sometida a su conocimiento por el demandante de autos, dado que ha quedado claro que el régimen de responsabilidad por los daños derivados de derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas consagrado en el D.L. Nº 2.222 prima por sobre el consagrado en la Ley Nº 19.300"8.

Cabe destacar que en el caso particular las normas en juego hacían aún más injustificada la decisión del tribunal, desde que el propio título que regula la materia en el D.L. 2.222 –y que dicha magistratura entendió se aplica preferentemente a la LBGMA– se denomina, precisamente, "De la responsabilidad civil por los daños derivados de los derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas".

En cualquier caso, sobre el punto, nos parece necesario efectuar una última prevención al tenor de lo dispuesto en el artículo 153 del D.L 2.222. Ello, por cuanto la norma preceptúa que un Ministro de la Corte de Apelaciones que tenga competencia respecto del lugar en que los hechos de la causa hayan acaecido es competente para conocer:

"a) De los juicios para exigir la restitución o indemnización de los gastos o sacrificios en que se haya incurrido por la adopción de medidas preventivas razonables para prevenir o minimizar los daños por contaminación que puedan derivar de algún siniestro, cualquiera que sea el lugar en que haya ocurrido, que provocó aquellas medidas o sacrificios;

b) De los juicios sobre indemnización de los perjuicios que se causen al Estado..."9.

Por tanto, podría pensarse que estas disposiciones sí se refieren estrictamente a cuestiones vinculadas a la reparación del daño ecológico puro –y no de los daños civiles dimanantes de él– y en tal sentido llevaría razón el Tribunal Ambiental, pero solo en cuanto en estas exclusivas hipótesis el régimen del D.L. 2.222 debe ser aplicado con preferencia a la LBGMA, razón por la cual él sería incompetente.

Empero, se debe señalar que en el caso concreto que hemos analizado ello no ocurrió así, pues la pretensión ejercida no consistía ni en la acción de repetición del literal a) ni tampoco en una pretensión indemnizatoria por parte del Estado, sino derechamente en la reparación del medio ambiente dañado.

4. LA RECTA DOCTRINA SUSTENTADA POR NUESTRA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA

(CAUSA ROL 37.179 – 2015)

En este escenario y en una línea muy similar a los planteamientos que hemos expuesto precedentemente, nuestra Corte Suprema resolvió en el fallo en estudio:

"Cuarto: Que como claramente se infiere de la preceptiva citada, el daño ambiental originará dos tipos de acciones: una de reparación del referido daño y otra de indemnización a favor de las personas afectadas. Asimismo, no es discutido que el propósito de la Ley N° 20.600 es que sean los tribunales ambientales los que se ocupen especialmente de la reparación del medio ambiente que ha sido dañado. En cambio, la acción de indemnización de perjuicios a que haya lugar con motivo de la producción del daño ambiental establecida en la sentencia del Tribunal Ambiental, se interpondrá ante el tribunal civil competente.

En consecuencia, se establecen tribunales y procedimientos diferentes para cada una de las acciones.

Sexto: Que, en la especie, la acción deducida por la Municipalidad de Quintero es de declaración de daño ambiental y su reparación material, por lo que debe determinarse si la Ley de Navegación contempla disposiciones que aborden dichas materias, en atención a que las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas en leyes especiales primarán por sobre la acción genérica prevista en la Ley N° 19.300, siempre que dichas normas particulares traten la responsabilidad por daño ambiental y no únicamente la responsabilidad por daño civil.

Octavo: Que como es posible constatar de los preceptos recién transcritos, estos se refieren al régimen de responsabilidad civil que regirá para la indemnización de los perjuicios proveniente de un derrame, es decir, regulan exclusivamente acciones de carácter indemnizatorio, las que por tanto no dicen relación con aquella reconocida en el artículo 53 de la Ley N° 19.300.

A mayor abundamiento, el artículo 153 de la Ley de Navegación describe las acciones que quedan comprendidas dentro de la esfera de competencia del tribunal especial establecido en dicha legislación, a saber, la de "restitución o indemnización de los gastos" y de "indemnización de los perjuicios que se causen al Estado o a particulares", es decir, atinentes a una responsabilidad de índole civil extracontractual por derrame de hidrocarburos.

En consecuencia, no existe en la Ley de Navegación una especialidad normativa que aborde la reparación material del daño al medio ambiente, puesto que solo busca indemnizar los daños que sufrieron las personas directamente afectadas. Así entonces, la responsabilidad que regula las normas de la Ley de Navegación es especial respecto de la responsabilidad civil extracontractual del Código Civil y, por ende, tornará en incompetentes a los juzgados de letras en lo civil del lugar donde se produjo el daño para conocer de tales causas, pero no desplaza a la responsabilidad por el daño ambiental que prevé la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente"10.

Sobre el particular, creemos que resulta sumamente relevante la doctrina sentada por el máximo tribunal desde que no solo aplicó e interpretó, a nuestro entender, correctamente las normas pertinentes, sino que además perfila de forma rigurosa y correcta aquella distinción entre daños civiles derivados del mismo hecho que ocasionó el daño ambiental y los daños ambientales o ecológicos puros propiamente tales, cuestión que es, según hemos expuesto en otro lugar, la distinción cardinal que permite establecer el alcance, los limites y la extensión del régimen de responsabilidad por daño ambiental regulado en la LBGMA11.

En este sentido, la cuestión puede sintetizarse de la siguiente forma: como la LBGMA no regula los daños civiles particulares derivados del mismo hecho que ocasionó el daño ambiental, la prevalencia de las leyes especiales solo operará cuando estas se refieran a la reparación de los daños ambientales o ecológicos puros y no cuando dichas leyes especiales se refieran a la responsabilidad civil dimanante del mismo hecho que causó el daño ambiental12,13.

5. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

Quisiéramos exponer algunas consideraciones finales en orden a que juzgamos que la verdadera relevancia de la prelación de fuentes que establece la LBGMA, con respecto a los sistemas normativos que se deben aplicar para la reparación del medio ambiente dañado, se verificará solo si en las "leyes especiales" es posible advertir regímenes de responsabilidad objetiva o estricta y en tal sentido, constituyeran una verdadera y sustancial excepción al régimen ordinario de responsabilidad por daño ambiental14.

En esta línea de razonamiento, tradicionalmente se han citado como ejemplos de este tipo de regímenes de responsabilidad estricta u objetiva los establecidos en los artículos 8º y 36 del D.L Nº 3.557 –ya citado–; en los artículos 49 y 56 de la Ley Nº 18.302, sobre Seguridad Nuclear, de 2 de mayo de 1984; del artículo 144 del D.L Nº 2.222, Ley de Navegación, de 31 de mayo de 1978.

Pero se debe indicar que, luego de un análisis de las normas indicadas y de otras de naturaleza similar, pensamos con Bermúdez que "en todas estas hipótesis resulta cuestionable que se trate de casos que correspondan a una responsabilidad ambiental especial, toda vez que el daño que se indemniza corresponde a los daños que sufrieron terceros (en su persona o propiedad) y no el daño en el medio ambiente cuya reparación es lo que estrictamente tiende la LBGMA. En consecuencia, más que tratarse de una responsabilidad ambiental especial, en estricto rigor, se trataría de una responsabilidad civil extracontractual nacida a partir de un daño ambiental"15.

Habida cuenta de lo señalado en precedencia, surge a nuestro entender otra clara consecuencia: en aquellos casos en que una ley especial solo regule la indemnización de los perjuicios ocasionados a terceros por los daños civiles derivados de un daño ambiental, se debe aplicar estrictamente esa ley y, en ningún caso, la LBGMA puesto que, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, esta solo se ocupa de la reparación de los daños exclusivamente ambientales, entendiendo por tales aquellos ese cuerpo legal expresamente define en su artículo 2 letra e).

Para concluir, nos gustaría efectuar una última reflexión en torno a que la dictación de la Ley Nº 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, de 28 de junio de 2012 (LTA), ha proporcionado algunas directrices valiosas en esta materia, influenciando positivamente a nuestra jurisprudencia, por cuanto esta ley distingue expresamente la competencia y el procedimiento que se debe utilizar para exigir, por un lado, la reparación del daño ambiental, lo que será de competencia exclusiva de las jurisdicción ambiental especializada (artículos 17 Nº2, 18 Nº 21, y 33 y ss.); y, por otro, la indemnización de los perjuicios derivados del mismo hecho que ocasionó el daño ambiental, la que será competencia exclusiva de los tribunales civiles (art. 46)16.

6. CONCLUSIONES

A la luz del examen efectuado, y modo de síntesis creemos que es posible concluir que:

Primero: La resolución de los problemas que presenta la reparación de los daños ambientales debe abordarse, ante todo, mediante una estricta y cabal distinción entre daños ambientales o ecológicos puros y daños civiles o tradicionales emandados del mismo hecho que ocasionó el daño ambiental.

Segundo: La sentencia pronunciada por el Ilustre Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, en los autos rol D-13-2014, confirmada por el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en los autos Rol 5-2015, adolecía de severos yerros por cuanto al acoger la excepción de incompetencia impetrada por los demandados efectuaron una errada aplicación e interpretación de las normas contenidas en los artículos 51 de la LBGMA y 153 y 162 del D.L. 2.222 de 1978, precisamente, y entre otras cuestiones, por no efectuar la distinción antes anotada.

Tercero: El fallo pronunciado por la Excelentísima Corte Suprema en los autos rol Nº 37.179 - 2015, comentado en este trabajo, corrige y enmienda conforme a Derecho los yerros en los que había incurrido el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago y la Corte de Apelaciones de Santiago en las sentencias referidas, al anularlas, y, dictando sentencia de remplazo, declarar que el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago es competente para conocer la demanda de reparación impetrada por la Ilustre Municipalidad de Quintero, desde que las normas contenidas en el D.L. 2.222 invocadas por el demandado, no excluyen la aplicación del régimen ordinario de responsabilidad por daño ambiental consagrado en la LBGMA.

Cuarto: Es posible advertir que en nuestro ordenamiento jurídico los cuerpos legales que son citados como "leyes especiales" que regulen la reparación de los daños ambientales, no son tales, y en consecuencia ninguna de ellas desplaza al estatuto de responsabilidad consagrado en la LBGMA. En efecto, las normas analizadas –y tradicionalmente citadas como ejemplos– solo se refieren a la reparación de los daños civiles dimanantes del mismo hecho que ocasionó el daño ambiental.

Quinto: La verdadera relevancia de la prelación de fuentes que establece la LBGMA con respecto a los sistemas normativos que se deben aplicar para la reparación del medio ambiente dañado, se verificará solo si en las "leyes especiales" es posible advertir regímenes de responsabilidad objetiva o estricta y en tal sentido, constituyeran una verdadera y sustancial excepción al régimen ordinario de responsabilidad por daño ambiental.


 

NOTAS

* Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid (España) y Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dirección postal: Av. Nueva Tajamar 555, piso 21, Las Condes, Santiago. Dirección electrónica: jafemeni@uc.cl.

Algunas de las reflexiones expuestas en este comentario forman parte de la Tesis para optar al Grado de Doctor en Derecho del suscrito, la cual ha sido individualizada debidamente en la bibliografía.

1Municipalidad de Quintero con Enap (2015a).

2 Municipalidad de Quintero con Enap (2015b).

3 Corral (1996) pp. 148-149.

4 Valenzuela (2010) p. 318.

5 En efecto, este autor ofrece a modo de ejemplo la regulación especial establecida en el D.L Nº 3.557 de 1981, el cual establece en su artículo 36 (Modificado por la Ley Nº 20.308 de 2008):

"Artículo 36.- Si al aplicar plaguicidas se causaren daños a terceros, ya sea en forma accidental o como consecuencia inevitable de la aplicación, estos podrán demandar judicialmente la indemnización de perjuicios correspondiente dentro del plazo de un año contado desde que se detecten los daños. En todo caso, no podrán ejercerse estas acciones una vez que hayan transcurrido cuatro años desde la aplicación del plaguicida".

A continuación, pone de manifiesto que tratándose de una "ley especial", y por ende que prima por sobre la LBGMA, podría argüirse que en materia de daño ambiental derivado de la aplicación de plaguicidas no tiene cabida el ejercicio de la acción ambiental. El autor construye una solución para problema sobre la base del siguiente argumento: "Pensamos, sin embargo, que la prevalencia de la legislación especial debe entenderse circunscrita a las áreas en que sus regulaciones se apartan o entran en contradicción con las de la Ley de Bases, pues de otro modo se estaría ante un efecto desmedido en el que las reglas generales quedarían pospuestas no solo por lo que establece la legislación especial, sino, también, por lo que no establece –entiéndase por sus omisiones y vacíos–, lo que parece absurdo". Valenzuela (2010) p. 318. Somos de la idea que este argumento es correcto, pues creemos que la aplicación de los diversos sistemas normativos no es excluyente sino complementaria, sin perjuicio de lo que además se dirá al final de este comentario en orden a que, a nuestro juicio, esta ley no regula una responsabilidad por daño ambiental sino una responsabilidad civil dimanante de este último hecho.

6 Para un análisis en profundidad sobre la materia, ver  nuestro trabajo: Femenías (2016) pp. 93-98; 102-105; 233-240.

7 Así, en el ejemplo propuesto anteriormente siempre se podrá ejercer la acción ambiental para la reparación de los daños –estrictamente– ambientales que se inflijan con ocasión de la aspersión del plaguicida, mientras que para la reparación de los daños civiles personales que deriven del mismo hecho se deberá aplicar –esta vez, por sobre las disposiciones del Código Civil (por principio de especialidad)– la regulación del Decreto Ley Nº 3.557. Ello, pues, precisamente, la norma no regula los daños ambientales (en los términos establecidos en el literal e) del artículo 2 de la LBGMA), sino daños a las personas, razón por la cual estimamos que en realidad no existiría la contradicción que apunta Valenzuela.

8 Municipalidad de Quintero con Enap (2015a)

9 Decreto Ley N° 2.222 de 1978.

10 Municipalidad de Quintero con Enap (2016).

11 Para un análisis extenso sobre el tema, nuevamente, Véase Femenías (2016) pp. 93-98; 102-105; 233-240.

12 Sobre la exclusión de la LBGMA de los llamados daños tradicionales Véase Femenías (2016) pp. 275-304.

13 En idéntico sentido, Bermúdez (2014) p. 390, quien expresa "Sin embargo, la preeminencia será solo en cuanto se trate de normas especiales en materia de responsabilidad por daño ambiental, y no respecto de otras normas sobre responsabilidad por daños en general".

14 De hecho, Corral piensa que "para evitar una regresión en sectores que han avanzado hacia la objetivación, se dispuso que las normas establecidas en leyes especiales sobre responsabilidad por daño al medio ambiente prevalecerían sobre el sistema subjetivo de la Ley de Bases". Corral (1999) p. 84.

15 Bermúdez (2014) p. 390.

16 En todo caso, hemos sido críticos de la incorporación de la norma contenida en el artículo 46 de la Ley Nº 20.600, así como, del mantenimiento de cualquier previsión normativa que la LBGMA hace a los daños civiles o a la reparación de los mismos. Sobre el particular ver, Femenías (2016) pp. 288-289.

BIBLIOGRAFIA CITADA

Bermúdez, Jorge (2014): Fundamentos de derecho ambiental (Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, segunda edición).         [ Links ]

Corral, Hernán (1996): "Daño ambiental y responsabilidad civil", Revista Chilena de Derecho, vol. 23 Nº: pp. 143-177.         [ Links ]

Corral, Hernán (1999): "El sistema de impacto ambiental y la responsabilidad civil por daño al medio ambiente", Revista de Derecho Administrativo Económico, vol. I, Nº 1: pp. 79-93.         [ Links ]

Femenías, Jorge A. (2016): El régimen general de responsabilidad por daño ambiental en la ley nº 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Un análisis de sus normas a la luz de los principios del derecho ambiental (Valladolid-Santiago, Tesis para optar al Grado de Doctor en Derecho, Universidad de Valladolid - Pontificia Universidad Católica de Chile).         [ Links ]

Valenzuela, Rafael (2010): El derecho ambiental. Presente y pasado (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).         [ Links ]

NORMAS CITADAS

Ley N° 19.300 (9/3/1994), Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Decreto Ley N° 2.222 (31/5/1978), Norma que sustituye la ley de navegación.

Decreto Ley Nº 3.557 (9/2/1981), Norma que establece disposiciones sobre protección agrícola.

Ley Nº 20.308 (27/12/2008), Norma sobre protección a los trabajadores en el uso de productos fitosanitarios.

Ley Nº 20.600 (28/7/2012), Crea los Tribunales Ambientales.

Jurisprudencia citada

Municipalidad de Quintero con Enap(2016): Corte Suprema, 28 de junio de 2016 (recurso de casación en el fondo). Disponible en http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/InicioAplicacion.do. Fecha de consulta: 5 de junio de 2016.

Municipalidad de Quintero con Enap (2015a): Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, 6 de mayo de 2015 (demanda de reparación de daño ambiental). Disponible en      http://consultas.tribunalambiental.cl/ambiental_portal/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnh+mYPXiOhMJtuqMzwNK8wY+fnyTDjd1UghdwShwO2ck8OnnDjdCD1TlrDTgTlHhNIp7rWhNN1vCFufRe06aotAk=. Fecha de consulta: 5 de junio de 2016.

Municipalidad de Quintero con Enap (2015b): Corte de Apelaciones, 6 de octubre de 2015 (recurso de apelación). Disponible en http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=1&COD_Opcion=1&COD_Corte=90&CRR_IdTramite=13546373&CRR_IdDocumento=12020942. Fecha de consulta: 5 de junio de 2016

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons