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Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Rev. chil. derecho vol.45 no.3 Santiago dic. 2018

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372018000300621 

ESTUDIOS DERECHO CIVIL

El derecho común presupuesto en el ordenamiento jurídico nacional. Una revisión de su contenido

IUS COMMUNE AS A FOUNDATION OF THE NATIONAL LEGAL SYSTEM. A REVIEW OF ITS CONTENT

Claudia Carolina Mejías Alonzo* 

* Profesora de Derecho civil, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirección postal: Brasil 2950, Valparaíso, Chile. Dirección electrónica: claudia.mejias@pucv.cl

RESUMEN:

A partir de la constatación de que nuestro ordenamiento jurídico presupone una categoría, el derecho común, el objetivo de este trabajo es precisar su contenido actual. Tras revisar y descartar su identificación con el Código Civil, los principios generales del derecho y la Constitución Política de la República, proponemos, como interpretación posible, vincularlo con la dogmática jurídica, con el acervo común construido y desarrollado por esta, a lo largo de la historia de la institución de que se trate.

Palabras clave: Derecho común; derecho civil; principios generales del derecho; Constitución; dogmática jurídica.

ABSTRACT:

Since it can be noted that our legal system pressuposes a category, the ius commune, this article aims to specify its current content. After reviewing and discarding its eventual identification with the Civil Code, the general principles of law as of the Constitution, we propose as probable interpretation to relate it with legal dogmatic, as well with the concepts it has constructed and developed through the history of certain legal institutions.

Keywords: Ius commune; civil law; principles of law; Constitution; legal scholarship.

Introducción

La referencia a todo ordenamiento jurídico, incluido el nuestro, importa aludir a dos características distintivas del mismo: la unidad y la coherencia, en orden a resaltar que está compuesto por un conjunto de normas que se encuentran vinculadas por alguna relación de orden que, a su vez, permite identificarlas como parte del sistema1.

Usualmente estas notas distintivas, así como el orden -ideal sistemático que permite asegurar los valores fundamentales de igualdad, certeza y seguridad jurídica2-, se dan por presupuestas, asumiéndose que siempre están presentes en el sistema jurídico3. Sin embargo, consideramos que esta premisa es un error, y adherimos a la doctrina que entiende que requieren de una confirmación que ha de fundamentarse en la esencia del derecho4.

El objetivo de este trabajo es proponer una interpretación posible, distinta de la sostenida hasta ahora por la doctrina, del contenido del derecho común. Con esta finalidad, comenzaremos colocando de relieve que nuestro ordenamiento jurídico presupone una categoría, el derecho común, a través del reenvío o aplicación que nuestro legislador hace de él. Lo anterior dota de coherencia y unidad al sistema jurídico, desde una perspectiva interna o esencial5, que le confiere flexibilidad para adaptarse a los distintos requerimientos sociales, culturales y políticos que se suscitan, sin necesidad de acudir a reformas legislativas. A continuación, revisaremos el posible contenido de esta noción, teniendo a la vista la vinculación que la doctrina ha realizado con el Código Civil, los principios generales del derecho y la Constitución Política de la República. Finalizaremos dando cuenta de nuestra interpretación, que nos conduce a la dogmática jurídica.

En atención a lo anterior, aclaramos que dejaremos de lado las diversas concepciones que tratan de definir qué es un sistema jurídico, así como la referencia a criterios lógico-formales que permiten determinar la validez de las normas y/o eliminar las contradicciones que conllevan las operaciones de aplicaciones del derecho6.

I. El derecho común como elemento que dota de coherencia y unidad al ordenamiento jurídico

Nuestro legislador realiza constantemente una remisión al derecho común. En lo que sigue, pondremos de manifiesto cómo esto se expresa en diversas áreas del derecho. Desde esta perspectiva, resulta claro que asume la existencia de una categoría que denomina derecho común. La situación problemática se produce porque no resulta prístino su contenido: ¿cuál es el derecho común al que nos reenvía? Con la finalidad de responder esta pregunta, indagaremos si existe algún criterio que proporcione la normativa legal vigente.

A. El derecho común y su relación con el Código Civil

Una primera vinculación que es posible advertir con la expresión derecho común que emplea el legislador, es con la estructura del Código Civil7. Se acude a él como un cuerpo normativo portador de una legislación general y supletoria. Así acontece con la Ley sobre fomento, protección y desarrollo de los indígenas8, cuyo artículo9 4 se refiere a la posesión notoria del estado civil de padre, madre, cónyuge e hijo y dispone que es título suficiente para constituir a favor de los indígenas los mismos “derechos y obligaciones que conforme a las leyes comunes, emanen de la filiación legítima y del matrimonio civil”.

En otras materias como la propiedad, también se pone de relieve la relación norma general-norma especial. Así, la mencionada ley, en sus arts. 16 y 18, a propósito de las tierras indígenas y la división de los derechos comunes que se tienen, hace aplicable la costumbre de cada etnia, en los términos del art. 54 de la ley y, en subsidio, a las leyes comunes. En la misma dirección, por una parte, la ley sobre copropiedad inmobiliaria10, en su art. 38, establece que dejándose sin efecto la resolución que acoge al condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria, la comunidad que se forme entre los copropietarios “se regirá por las normas del derecho común”; y, por otra, el art. 837 del Código de Comercio11, a propósito de la copropiedad de naves, efectúa la misma remisión.

En los casos anteriores, el reenvío al derecho común lo es a un conjunto de derechos y obligaciones contenidos en una reglamentación concreta del CC, que se califica de general. En sede de bienes sucede algo equivalente, ya que el derecho común se relaciona con las normas de adquisición y venta de bienes muebles o inmuebles, la extinción del derecho real de dominio sobre los derechos de aprovechamientos de aguas, servidumbres, materia de legados, cesión de derechos y obligaciones que emanan de una licitación pública, modos de adquirir o, genéricamente, a la aplicación del estatuto de los bienes muebles o inmuebles12.

La responsabilidad civil es otra materia específica donde encontramos una remisión al derecho común. Destacamos, dentro de los diversos cuerpos normativos13, la reciente ley que crea el acuerdo de unión civil14. Esta ley establece el estatuto aplicable a los convivientes de hecho que deciden acogerse al régimen, regulando sus efectos personales y patrimoniales. Su artículo 20 dispone: “El conviviente civil tendrá legitimación activa para reclamar las indemnizaciones derivadas de los perjuicios a que hubiere lugar por el hecho ilícito de un tercero que hubiere causado el fallecimiento de su conviviente civil o que lo imposibilite para ejercer por sí mismo las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de las otras indemnizaciones a que tenga derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común”. El tenor de la disposición admite más de una interpretación, como ya lo ha puesto de relieve nuestra doctrina15, resultando oscuro el alcance del reenvío al derecho común. Por una parte, podría entenderse que conforme al derecho común son posibles otras indemnizaciones al conviviente, más allá del daño por repercusión o rebote, materia en la que la ley les reconoce ahora legitimación activa, por ejemplo, la proveniente de un seguro. Lo anterior, en teoría, podría llevar a cuestionar la legitimación del conviviente de hecho que no es conviviente civil, aunque en realidad, en el estado actual de la discusión doctrinal en materia de responsabilidad, sea esto muy difícil de sostener16. Por otra parte, la norma puede interpretarse como un reconocimiento expreso a la transmisibilidad de la acción por daño moral, o incluso que se establecen reglas especiales en materia de representación que alteran las generales.

Lo descrito previamente refleja la problemática enunciada. El legislador acude a una categoría que denomina derecho común, pero precisar su real contenido va más allá del reenvío a alguna disposición contenida en un cuerpo normativo al que pueda conferírsele el carácter de general. Por lo pronto, será necesario considerar las reglas básicas en materia de responsabilidad civil, que forman parte del desarrollo que la doctrina ha realizado y que son indubitadas en la materia, sea que estén directamente contenidas en el CC o se desprendan de él, tales como: todo daño que es efectivamente causado y atribuido al actuar de una persona debe ser reparado por esta, que la reparación no puede exceder del daño efectivamente causado, debiendo evitarse enriquecimientos sin causa.

En otras ocasiones, el reenvío al derecho común nos sitúa en la normativa relativa a los contratos, como legislación supletoria. Así acontece con la Ley General de Bancos17, que en su art. 87 dispone que los bancos en el ejercicio de sus facultades quedarán “sujetos a las disposiciones del derecho común, en cuanto no hubieren sido modificadas por esta ley”. Por el tema objeto de la remisión, atendido el tenor del art. 86, que faculta a los bancos para desempeñar las comisiones de confianza que allí se precisa, se realiza un llamado a la aplicación de las reglas del contrato de mandato (primeramente las contenidas en el Código de Comercio y, en subsidio, las contenidas en el CC), sin perjuicio de otras generales relativas al incumplimiento contractual y sus remedios (contenidas en el libro IV del CC), que a su vez resulten supletoriamente aplicables (tales como las relativas a la interpretación e integración del contrato, la extensión del daño indemnizable, los remedios sinalagmáticos). En el ámbito contractual, extraña nos parece la alusión al derecho común conectada con la estructura de un contrato atípico, como es el contrato de servicios, que carece de una regulación sistemática en el CC18, dificultándose comprender cómo se concretaría la aplicación supletoria de un cuerpo normativo que como tal no existe. En esta dirección, la ley que modifica la subvención escolar preferencial19 dispone, en su art. 8 bis, que “[l]a contratación a que se refiere este inciso se regirá por las normas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Educación, del Código del Trabajo o por las normas del derecho común, según corresponda”.

A partir de los textos mencionados, es fácil advertir el papel que nuestro sistema asigna al derecho común: una categoría que se aplica supletoriamente. Sin embargo, aun asumiéndose que el CC es portador en sí de un derecho común, queda por precisar su contenido: ¿La referencia es a todo el CC o solo a alguno de sus artículos?, ¿qué acontece si no existe un correlato necesario en alguna materia del CC porque estamos ante una figura atípica?, ¿es más bien un llamado a aplicar categorías construidas a partir del CC?, ¿es una remisión a los principios que subyacen a estas disposiciones?, ¿su rol se limita a proporcionar una legislación supletoria? En la sección siguiente, intentaremos responder estas interrogantes.

B. El derecho común y su relación con otros Códigos

Nuestro legislador no reserva la expresión derecho común exclusivamente para remitirnos al CC, sino que la extiende al ámbito procesal, sea al Código de procedimiento civil, sea al Código Orgánico de Tribunales. En efecto, el art. 11 de la ley sobre comunidades agrícolas20 indica que la reserva de derecho y acciones relativas al inmueble y a los derechos de aprovechamiento de aguas “deberán ejercitarse de acuerdo con el derecho común en el plazo de un año” y contiene, más adelante en la disposición, la referencia al pronunciamiento de los “tribunales ordinarios de justicia de acuerdo al derecho común”. Por su parte, el art. 1240 del Cco, a propósito del comercio marítimo, estable que “las disposiciones de este párrafo no excluyen el ejercicio de otras medidas cautelares del derecho común”. La Ley relativa a las microformas y sus reproducciones21 dispone, en su art. 3, que se sujeta su impugnación a las reglas de derecho común establecidas para los documentos.

C. El derecho común como una referencia abierta

Finalmente nos interesa destacar algunas disposiciones que, si bien no aclaran el contenido de la noción derecho común, resaltan que se trata de una categoría implícita en nuestro ordenamiento jurídico o alteran el rol supletorio que, tradicionalmente, se le asigna a la normativa general respecto de la especial.

En el primer caso, nos encontramos con la Ley de Bases sobre Contratos de Suministro y Prestación de Servicios22. Su art. 4 precisa quiénes pueden contratar con la administración: “Las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que este señale y con los que exige el derecho común”23. En atención a que la referencia es a las personas jurídicas, se amplía el conjunto de disposiciones que pueden ser aplicadas, en atención a los requisitos que exige el derecho común; por mencionar algunos ejemplos: CC, Cco, la Ley Nº 20.500 y toda la normativa especial aplicable a las sociedades, entre otros.

En el segundo caso, nos parece relevante destacar dos cuerpos normativos. Por una parte, el Código Tributario, del cual se desprende que el derecho común puede estar contenido en leyes generales y especiales. En efecto, su art. 2 dispone que “en lo no previsto por este Código y demás leyes tributarias, se aplicarán las normas de derecho común contenidas en leyes generales o especiales”. Tal como adelantáramos, esto llama la atención porque, incluso desde una perspectiva histórica, lo propio del derecho común es su generalidad, que permite darle un carácter supletorio, lo que difícilmente podría predicarse, sin más, de las leyes especiales. Se reafirma en esta disposición que el derecho común no se identifica con un conjunto de normas que forman parte de una rama o área del derecho.

Por último, nos interesa destacar el Código Aeronáutico, porque expresamente distingue entre el derecho común y los principios generales del derecho, presentándose como categorías diferentes. Su art. 6 señala que “[e]n lo no previsto en este código ni en los convenios o tratados internacionales aprobados por Chile, se aplicarán las normas del derecho común chileno, los usos y costumbres de la actividad aeronáutica y los principios generales de derecho”. Esta disposición nos parece de extremada utilidad pues, como veremos a continuación, entendemos que el derecho común y los principios generales del derecho no son nociones que logren identificarse, de manera que su contenido no se agota a una remisión a los principios generales del derecho.

El escenario expuesto -diversos casos en que el legislador nos remite expresamente al derecho común- nos permite dar cuenta de que nuestro legislador asume una categoría implícita en todo el ordenamiento jurídico. A aquello que identifica con el derecho común, le confiere un carácter supletorio -en leyes generales o especiales- y, en ciertos supuestos, un papel integrador. Su real contenido, sin embargo, no resulta claro de la lectura de las disposiciones concernidas. Esto es lo que se pretende dilucidar en el apartado siguiente.

II. El alcance de la noción de derecho común

Una primera aproximación para entender qué es el derecho común nos lleva, por razones históricas, a vincular esta noción con el contenido del CC. Sin embargo, esta función de coherencia y unidad del sistema, en último término para la doctrina, ha descansado también en los principios generales del derecho, incluso en el texto de nuestra Constitución. Por nuestra parte, creemos que la noción importa una clara remisión a la dogmática jurídica. En las líneas que siguen, desarrollaremos estas ideas.

A. La noción de derecho común y el contenido del Código Civil

La identificación derecho civil y derecho común tiene orígenes históricos. La expresión derecho común se remonta al derecho romano, mas es en la Edad Media que se consolida gracias a la ciencia jurídica de la época. Ya en el siglo XIV, Bartolo de Sassoferrato propagaría definitivamente esta identificación24. Nos parece importante destacar que en la Edad Media, la del derecho común europeo, la nota distintiva de este derecho era científica y no legal; en palabras de Grossi, la confianza estaba en la interpretatio, que se refería no a la exégesis de los textos romanos sino a la “reapropiación y reconsideración, bajo la protección de los textos romanos, de todo un orden jurídico, de un orden de valores jurídicos que aflora (…) bajo el aspecto de la aequitas25”; más adelante en su obra, precisa que con este término se alude al “complejo ordenado y armónico de principios, reglas e instituciones que, más allá de las formas jurídicas, se puede encontrar en las mismas cosas, si observamos con ojos humildes y atentos”26.

El derecho civil contenido en el CC ha sido el resultado del proceso codificador. Es sabido que el fenómeno mismo de la codificación se presentó como una noción moderna de sistema jurídico, pues contiene un conjunto coherente de normas, deducidas de principios generales que se organizan sistemáticamente a través de estos textos escritos27; mencionándose como rasgos definitorios: la unidad del orden jurídico, la completitud, ausencia de lagunas, organización racional de las normas, conceptos y principios bajo el presupuesto de coherencia que proporcionan las operaciones de orden lógico -inducción y deducción-28. De allí entonces que resulte natural la asimilación que se ha hecho del CC con el papel que históricamente cumplió el derecho común. Incluso la doctrina suele calificar a este Código como el derecho privado común y general. Común en el entendido de que todas aquellas relaciones jurídicas privadas de las personas, que no estén regidas por otra rama especial o autónoma del derecho, lo están por el derecho civil; y general, porque regula las relaciones jurídicas ordinarias y más usuales del ser humano29.

El carácter común del CC, que se manifiesta también en su generalidad30, se ha visto, con el tiempo, afectado por la especialidad de las normas de derecho privado, lo que se ha materializado básicamente por dos vías. Por una parte, por la dictación de leyes que vienen a complementar o incorporar a la regulación civil, materias no previstas por el CC; y por otra, por la creación de ramas del derecho que descansan en principios doctrinarios distintos al romano y francés que inspiraron a nuestro CC. Nos situamos, actualmente, en una época que la doctrina ha denominado la época de la postcodificación o la edad de la descodificación, caracterizada por la incorporación a través de esta legislación de un sinnúmero de instituciones y/o figuras cuya vinculación con el derecho codificado no resulta claro31, sin que la solución pase por pretender dar primacía a la aplicación de la legislación especial.

Conforme hasta lo ahora dicho, el derecho civil está contenido en el CC y en diversas leyes especiales. De este conjunto de normas, que componen el derecho civil, la doctrina suele atribuir solo al CC la función de constituir un ordenamiento supletorio llamado a ser aplicado en caso de vacío o lagunas legales y de dotar de unidad y coherencia al sistema jurídico32. De esta forma, la referencia al derecho común vinculada con el cuerpo del CC, lo es a una legislación que por sus características de generalidad se aplica supletoriamente. Este rol también es histórico, como ha afirmado autorizada doctrina; en la Baja Edad Media, surge con la finalidad de conciliar la aplicación del derecho propio con el derecho común, al reconocerse a este una supremacía que no excluía la aplicación de los otros derechos, supremacía que se manifiesta en que constituye el marco general en el cual se inserta la vigencia del derecho propio. Además, si no existe derecho propio, es el derecho común el que se aplica, reconociéndose ampliamente su carácter supletorio33.

Desde la perspectiva de la doctrina del derecho civil, no se advierte un reparo a su calificativo de derecho común; los cuestionamientos han surgido por parte de la doctrina administrativista en nuestro país34. Sin embargo, nos parece que no es posible identificar la noción de derecho común con un cuerpo normativo dado, a partir del carácter supletorio que se le atribuye, porque esto no asegura la coherencia interna del sistema, ni permite brindar soluciones a los problemas prácticos que plantea la aplicación del derecho, en especial ante un vacío o laguna legal, ni hacerse cargo de los distintos requerimientos que el ordenamiento jurídico presenta ante la incorporación de diversas leyes, contenidas extracódigo que requieren de una construcción dogmática a partir de un cuerpo normativo y de sus principios rectores para poder ser aplicadas (recuérdese la situación que describíamos a propósito del art. 20 de la ley 20.830 y las diversas interpretaciones que ofrecía).

B. La noción de derecho común y los principios generales del derecho

Para parte de la doctrina, el sistema jurídico se justifica en “los más altos valores jurídicos, concretamente el mandato de justicia y sus concreciones en el principio de igualdad y en la tendencia a la generalidad”35, a lo que también se añade la seguridad jurídica. Es asimismo concebido como un sistema teleológico -referido a toda realización de fines y valores-, cuyas valoraciones básicas se encuentran en los principios generales de un ordenamiento jurídico36. De esta forma descansa en último término la coherencia y unidad del sistema en estos principios37 y, por esto, se ha sostenido que “la ciencia jurídica no tiene otra misión que la de develar y descubrir, a través de conexiones de sentido cada vez más profundas y ricas, mediante las construcciones de instituciones y la integración respectiva de todas ellas en conjunto, los principios generales sobre los que se articula y debe, por consiguiente expresarse, el orden jurídico”38.

A su turno, la doctrina, al referirse a los principios generales del derecho, les otorga un carácter uniformador de todo el ordenamiento jurídico en atención a su propia naturaleza39. Es por esto que uno de los posibles alcances que puede darse a la categoría del derecho común es identificarla con los principios generales del derecho.

En lo que sigue, pretendemos demostrar que esto es insuficiente: su abstracción e indeterminación obstan a que el derecho común cumpla con la función que, expresa o implícitamente, le reconoce el sistema jurídico.

Si nos centramos en el derecho positivo vigente, advertimos dos disposiciones legales que nos remiten a estos principios. Por una parte, el Código Aeronáutico en su art. 6 -que ya mencionamos-, les reconoce expresamente un carácter supletorio ante un vacío o laguna legal, indicando explícitamente que los concibe como una categoría diferente a la del derecho común. Por otra, el CC, en su art. 24, consagra una norma final de interpretación de la ley, que conduce a aclarar su sentido y alcance conforme al espíritu general de la legislación y a la equidad; la doctrina nacional es coincidente en reconocer aquí una referencia a los principios generales del derecho40. El reconocimiento legal se limita a fijar el papel que se le otorga en materia de interpretación y su carácter supletorio, ante un vacío o laguna legal.

Si nos detenemos en su contenido, advertimos otras dificultades. En primer lugar, su determinación. Un punto de partida podríamos encontrarlo en su noción, sin embargo, esta usualmente se da por supuesta. La expresión principio significa, coherentemente con sus antecedentes históricos, aquello de lo cual algo procede. Es un fenómeno ideal y de naturaleza lógica a partir del cual es posible deducir otro y que no requiere de demostración. Es, en rigor, una proposición que tiene la capacidad para fundar otras posteriores y, en concreto, el ordenamiento jurídico41. La doctrina considera que es Tomás de Aquino el primero en fundar en la historia del pensamiento jurídico un esquema axiomático-científico, en el que los principios generales ocupan un lugar central, relacionándolos con la ley natural42. Lo anterior no obsta a que, en la actualidad, parte importante de la doctrina se incline por sostener que estos principios no se identifican con el derecho natural43.

Tratando de dilucidar su contenido, los autores suelen destacar su nexo con las normas jurídicas, afirmándose que los principios generales del derecho están recogidos en normas jurídicas o que estos son obtenidos a partir de ellas, a través de la inducción44, de manera que serían un instrumento de autointegración del ordenamiento jurídico. En cualquier caso, se hace evidente que no son el resultado de una mera equivalencia entre la norma jurídica y aquello que es deducido. El inconveniente se mantiene y el resultado son nociones muy amplias de los mismos. En esta dirección, Esser nos indica que son principios jurídicos que están encarnados en una institución, por un acto constitutivo del Legislativo, de la jurisprudencia o de la vida jurídica, y la forma que adoptan es la de principios sistemáticos o constructivos del derecho material, máximas o reglas técnicas, figuras fundamentales y comunes a los derechos civiles o simples reglas técnicas del pensamiento y de la labor jurídica45.

Con la finalidad de facilitar su identificación, parte de la doctrina ha proporcionado ciertas características de estos principios: principalidad, generalidad y juridicidad46; mas su enunciación no permite aportar mayor claridad en la materia. Al momento de perfilarlos, se advierte la complejidad en su formulación: hay enunciaciones “por docenas y hasta por centenares -lo que resulta contrario a su esencia de principios generales-, o bien se parte de escuetos enunciados excesivamente abstractos o genéricos (en el sentido porfiriano del género) que le resta la debida eficacia en su aplicación”47.

Por todo lo anterior, la doctrina ha hecho presente que a propósito de estos se incluyen: axiomas, máximas que los autores proponen, ideas dominantes en un sistema jurídico nacional, principios abstractos en los que se inspira una institución universal, principios que se derivan como la ratio de determinadas disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, principios propios de la aplicación del derecho y principios superiores que informan todo el derecho48. En trabajos recientes, la tendencia que hemos advertido es a identificarlos con ciertos brocardos que, en último término y en varias ocasiones, son portadores de máximas que se remontan al derecho romano49.

Nos parece que el verdadero énfasis de la doctrina más reciente ha estado en examinar las diversas funciones que cumplen. Así se les considera: i) fuente de nuevo derecho al crearse una disciplina jurídica a partir de estos, para realidades no reguladas; ii) herramienta de hermenéutica legal para precisar el alcance de una disposición, que es ambigua o contradictoria; y, iii) criterio de censura o crítica si se encuentra que está en contradicción con la norma50.

Entendemos que, en el estado actual de la materia, no es posible hacer descansar autónomamente en los principios generales del derecho el rol de coherencia interna del sistema jurídico debido al alto grado de abstracción e indeterminación de su contenido. Dificultad que, como indicáramos, también está presente en su identificación; no resulta pacífico en la doctrina arribar a principios que, como su nombre lo indica, puedan considerarse generales a todo el ordenamiento jurídico. La excepción la constituye indubitadamente el principio de la buena fe. Compartimos la opinión que se niega a calificar de principios generales del derecho a aquellos principios propios de ciertas áreas de especialización o ramas del derecho, por resultar contrarios a su propia estructura, como portadores de una ratio iuris de carácter universal51. De esta forma, no es posible identificar la categoría del derecho común con estos. Tampoco debe perderse de vista el obstáculo legal que constituye el art. 6 del Código Aeronáutico.

En definitiva, la importancia que los principios generales del derecho tienen en la ciencia jurídica está indisolublemente vinculada a la labor que la dogmática realiza a partir de ellos, ya sea para intentar precisarlos y/o atribuirles las funciones ya mencionadas52.

C. La noción de derecho común y la Constitución Política de la República

Hemos constatado que, desde una perspectiva práctica, nuestra doctrina ha conferido el papel de dotar de coherencia interna al ordenamiento jurídico, a partir del fenómeno de la constitucionalización del derecho, a la Constitución Política de la República53. En esta dirección, Natalino Irti ha afirmado que, detrás de la aparente unidad del sistema jurídico, existe una pluralidad de subsistemas que no forman parte de un sistema más amplio; a lo sumo conforman un polisistema cuya unidad es solo asegurada por la Constitución, que constituye el vértice de la pirámide normativa54.

Nuestros autores desprenden la existencia de principios y valores rectores del ordenamiento jurídico nacional del texto de la Constitución y, en particular, de los derechos fundamentales que consagra; principios y valores que tienen un carácter supletorio, con una característica peculiar, en atención a su fuente, se predica su superioridad jerárquica55. Lo anterior ha conducido, por ejemplo, en el derecho civil, a reforzar una noción amplia y objetiva de daño moral para identificarlo y comprender la lesión a los derechos de la personalidad o para admitir su procedencia en el ámbito de la responsabilidad contractual, esgrimiéndose en ambos casos el respeto de las garantías constitucionales (igualdad ante la ley, derecho al honor y la vida privada, entre otras)56. La consideración de los textos constitucionales, como instrumentos portadores de valores, ha llevado incluso a parte de los autores a plantear la existencia de un derecho “constitucional” común latinoamericano, al proporcionar estos textos un bloque normativo común, a partir del nexo con los derechos humanos. En este contexto se ha indicado que la generalidad que en algún momento se predicó del derecho común, ahora descansa en los textos constitucionales de los países latinoamericanos57.

El fundamento de esta postura radica, entre nosotros, en la aplicación directa de la Constitución y en la interpretación conforme a ella. En concreto, a partir del art. 6 inciso 2º, que dispone: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”. En atención a este precepto, se afirma que las disposiciones constitucionales son verdaderas normas jurídicas y no solo normas que contienen programas o principios; son, por ende, obligatorias y pueden aplicarse inmediatamente para resolver la controversia58. En este punto conviene recordar que, tras la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, la doctrina constitucional se ha inclinado por afirmar que los principios constitucionales son vinculantes con independencia de que la norma fundamental se remita a la ley, precisamente porque obligan a todo integrante de la comunidad nacional; no se trataría de programas, planes y proyectos que requieran de un desarrollo normativo59. Por otra parte, a partir de la interpretación conforme a la Constitución, se sostiene que el órgano jurisdiccional encargado de resolver una cuestión debe optar, en un caso de interpretación, por aquella que resulte más conforme a la Constitución60.

El problema técnico jurídico que se advierte, al hacer residir en la Constitución el papel que tradicionalmente ha cumplido el derecho común, es el de la disminución de la fuerza normativa del propio texto de la Constitución, al asumirse que sus disposiciones, a las que constantemente se hace referencia, son portadoras de un contenido que no se desprende realmente de su texto o que contienen principios y valores cuya determinación queda, en definitiva, entregada al arbitrio del intérprete61. Este alcance, que no se comparte, en más de una ocasión ha sido suscrito por nuestro Tribunal Constitucional. Así, ha sostenido que: i) “Los principios y valores establecidos en la Constitución no configuran meras declaraciones programáticas, sino que constituyen mandatos expresos para gobernantes y gobernados, dada la fuerza obligatoria de los preceptos constitucionales en virtud de lo dispuesto en el artículo 6º”62. ii) El contenido del artículo 19 CPR, conjuntamente con sus artículos 1º, 4º y 5º, inc. 2°, configuran principios y valores básicos de fuerza obligatoria que impregnan toda la Constitución de una finalidad humanista que se irradia en la primacía que asignan sus disposiciones a la persona humana, a su dignidad y libertad natural, en el respeto, promoción y protección a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que se imponen como deber de los órganos del Estado63. iii) Y a propósito de la interpretación conforme a la Constitución: “Deben desecharse las interpretaciones constitucionales que resulten contradictorias con los principios y valores rectores. Así frente a diversas interpretaciones posibles del alcance de la protección constitucional de un derecho fundamental, debe excluirse la que admita al legislador regular su ejercicio hasta extremos que en la práctica imposibiliten la plenitud de su vigencia efectiva o compriman su contenido a términos inconciliables con su fisonomía”64.

Se asume, por lo tanto, que la Constitución es portadora de principios y valores, con independencia de que cuenten con una consagración expresa en el texto constitucional. Sin embargo, como ha puesto de relieve Aldunate, esto implica dejar entregado al intérprete constitucional, a través de un procedimiento de ponderación, la determinación de las soluciones concretas que se puedan dar a las eventuales colisiones entre dichos principios y valores. La consecuencia es, precisamente, la imposibilidad de fundar en el texto constitucional el criterio utilizado para darle solución65. Lo anterior también se proyecta en la interpretación conforme a la Constitución y, por esto, el autor referido afirma -postura que compartimos- que el sentido original del tópico de la fuerza normativa de la Constitución importa una contención y no una ampliación de contenidos normativos construidos teóricamente o a través de la interpretación del texto de la Constitución66.

Tampoco debe perderse de vista que esta forma de comprender y atribuir un contenido al texto constitucional prescinde del desarrollo de la dogmática constitucional. Asumiendo la eficacia directa de la Constitución, reconoce que existen normas que, sin requerir mediación por parte de otra disposición jurídica, ni siquiera complementaria, deben ser aplicadas. No se produciría un inconveniente en el sistema jurídico porque, para darles vigencia, el órgano encargado de aplicarlas puede acudir “a las normas de derecho común o, en último término a los principios y reglas generales del derecho”67. Se puede advertir que parte de la propia doctrina constitucional considera y presupone la existencia de un derecho común, que logra dotar de coherencia interna al ordenamiento jurídico, que no se identifica con la Constitución. Además, no debe perderse de vista que esta ha denunciado la ausencia de desarrollo del contenido de los derechos fundamentales, de manera que se carece de un marco disciplinar que permita precisar sus contornos y alcance, a diferencia de lo que acontecería si se acude directamente a la dogmática jurídica de cada área del derecho68. Nos permitimos un ejemplo para graficar lo anterior. Tratándose del daño moral y la extensión de su noción, a partir del texto constitucional -como adelantáramos- se ha sostenido que las personas jurídicas pueden sufrir un daño extrapatrimonial, una vez superada la noción de pretium doloris69. En la materia, puede advertirse una cierta tendencia por parte de nuestros tribunales, para probar su existencia, de exigir que este daño haya producido consecuencias patrimoniales70. Lo anterior refleja que la construcción solo a partir de principios y valores, contenidos expresa o implícitamente en la Constitución, puede introducir un elemento distorsionador en la noción de daño extrapatrimonial, que en sí está referida a la persona misma o a sus intereses extrapatrimoniales71. A partir del derecho que consagra nuestra Constitución, se afirma algo que esta no dice en idénticos términos72, la existencia de un derecho al honor y a la imagen, y que la sola infracción de estos derechos da lugar a resarcimiento, abriéndose paso a una serie de interrogantes cuya respuesta no está en el texto de la Constitución: ¿toda persona jurídica puede realmente sufrir un daño al honor o la imagen? Detrás de esta exigencia, ¿se encubre la indemnización de un lucro cesante no probado? Por nuestra parte, creemos que la respuesta exige considerar principalmente la naturaleza jurídica atribuida a la personalidad jurídica, es decir, si la persona jurídica de que se trata encuentra su naturaleza en la teoría de la ficción, realidad o institución, aspecto que no podemos abordar en esta oportunidad. El ejemplo nos permite sostener que el contorno y alcance del derecho que se obtiene de la Constitución, viene dado no por su incorporación en el texto constitucional, sino por el desarrollo dogmático que brinda la propia disciplina; es esta la que realmente confiere las reglas que podrán aplicarse para solucionar el problema concreto. En las líneas que siguen, desarrollaremos esta relación.

D.La noción de derecho común y la dogmática jurídica

Luego del análisis formulado puede advertirse la existencia de un derecho común que se conecta con la dogmática jurídica, es decir, con la construcción que efectúa la ciencia del derecho positivo vigente.

Los antecedentes históricos de esta categoría nos llevan a una primera vinculación con el CC chileno. Sin embargo, resulta evidente la insuficiencia de este cuerpo normativo para dotar de coherencia a todo el sistema jurídico. Esto ya se advierte en la remisión que nuestro legislador hace del derecho común, que excede del contenido del Código Civil, sea porque nos reenvía a otros cuerpos normativos, sea porque no hay realmente una regulación concreta que pueda aplicarse supletoriamente a partir de él o porque aplicar efectivamente la disposición presupone considerar principios e instituciones que han sido desarrollados previamente por la dogmática jurídica. Se destaca sí una característica atribuida desde sus orígenes: su nota distintiva fue científica y no legal73. La identificación con los principios generales del derecho, de manera autónoma, tampoco permite al derecho común cumplir su función, en materia de interpretación e integración, al interior del ordenamiento jurídico; su trascendencia en este contexto aparece ligada al trabajo que la doctrina efectúa a partir de estos, para descubrir las máximas o reglas fundamentales de la respectiva institución. Finalmente, como indicáramos, la Constitución tampoco es la llamada a cumplir con esta tarea, no está concebida como un instrumento portador de principios y valores que debidamente explicitados permitan uniformar el sistema jurídico. Su propio contenido presupone al derecho común y la tarea que desarrolla la dogmática jurídica.

Nos parece importante precisar que, al aludir a la expresión dogmática jurídica, nuestra referencia trasciende a los orígenes del término74. Desprendida de su conexión histórica, como lo han señalado otros autores, “puede ser utilizada para designar la comprensión sistemática del contenido de un determinado ordenamiento jurídico”75.

La dogmática jurídica nos aporta una comprensión sistemática de cada una de las instituciones presentes en nuestro ordenamiento jurídico. En su tarea de examen y análisis de estas, a lo largo de su evolución, ha arribado a un conjunto de reglas y principios que constituyen el acervo jurídico en la materia. De esta forma, la noción de derecho común en la actualidad importa una referencia a este acervo jurídico común. En él se apoya toda posible nueva construcción dentro del sistema, actuando como su fundamento y límite. Es a partir de este acervo que se proporcionan soluciones coherentes al interior del sistema y se fijan los límites de las posibles soluciones que el ordenamiento jurídico soporta.

Es sabido que, en la base del conocimiento sistemático y racional de los fenómenos jurídicos, se encuentra la investigación y el método que la doctrina emplea, que no se limita solo a la determinación de la conexión de las normas jurídicas, desde una perspectiva deductiva, y delimitación de su ámbito de vigencia. Su tarea ha sido más bien de construcción, a partir de reglas y principios en los que se apoya y, por esto, se ha afirmado que la dogmática jurídica constituye el plano más elevado y más abstracto de las posibles determinaciones de sentido del derecho dentro del propio sistema jurídico76.

Las reglas que conforman este acervo común son conocidas y asumidas por los especialistas de cada área o rama del derecho, y se transforman en los límites indispensables de su reflexión. Su conocimiento lo proporciona el análisis histórico de la institución. De esta forma, es la propia dogmática jurídica, como se ha sostenido, la que define las condiciones de lo jurídicamente posible77.

Estas reglas de derecho común están a la base de cada una de las áreas o ramas del derecho, incluso algunas son de carácter transversal, de manera que no limitan su campo de aplicación al derecho privado o al derecho civil, sino que se extienden a todo el ordenamiento jurídico. Ciertamente su impacto es diferenciado por el alcance mismo que tienen las tareas de interpretación e integración en el derecho público y en el derecho privado, considerando sus propios principios rectores (principio de legalidad vs. principio de autonomía privada). Estas reglas pueden emanar de una rama que consideremos general o especial del derecho, y su sustrato puede estar contenido en reglas de general o particular aplicación.

Su ámbito de vigencia, por tanto, se proyecta a todo el ordenamiento jurídico, sin que pueda negarse su aplicación, porque su sustrato positivo corresponde a una determinada rama del derecho. Así, por ejemplo, las reglas de derecho común en materia de prescripción, cuyo sustrato se apoya, en parte, en las reglas del CC, se aplican a áreas del derecho público78. Lo anterior no implica obviar las particularidades de cada rama del derecho porque la regla de derecho común, producto del desarrollo dogmático, ya la ha incorporado y, por lo tanto, se ha hecho cargo de estas.

Es importante aclarar que vincular la noción actual de derecho común con la dogmática, no implica asumir corrientes doctrinales específicas o algunas que pertenezcan a determinadas disciplinas, ni a una opinión dominante, sea que se base en interpretaciones individuales o colectivas, sin perjuicio de que puedan contar con validez a partir de una disposición vigente en el ordenamiento jurídico. No debe perderse de vista que estas pueden ser múltiples y diferentes entre sí, introduciéndose necesariamente factores subjetivos en el análisis, que afectan la certeza y seguridad jurídica. Tampoco es una referencia a una “teoría dogmática” en particular, como lo sería, por ejemplo, la teoría del negocio jurídico, la teoría del enriquecimiento sin causa. La referencia es, como indicáramos, a los cimientos sobre los que se apoya toda construcción que proporcione o pretenda hacer la doctrina, que han sido originados y desarrollados por esta en el devenir de la institución de que se trata. Dicho de manera simplificada, la remisión al derecho común lo es al acervo común construido por la dogmática jurídica a lo largo del desarrollo histórico del derecho, en el que indiscutidamente apoya sus reflexiones79. En términos equivalentes se ha sostenido que, en las ciencias, se aceptan acríticamente ciertos presupuestos que determinan la investigación, se trata de dogmas que no son cuestionables80. En este sentido, Kuhn alude a la función que cumplen en la investigación científica los “paradigmas”, es decir, “logros científicos universalmente aceptados que durante algún tiempo suministran modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales”81.

La construcción de este acervo común parte del dato normativo, del derecho positivo. Están inmersos también principios generales del derecho y propios de una determinada materia o área específica, no obstante, no se agota en ellos. La certeza de cuáles son, en concreto, estas reglas de derecho común, conlleva a ahondar en los presupuestos indubitados de la institución de que se trata, que son reiterados desde su creación y durante su desarrollo por la propia doctrina82. Así, por ejemplo, el estudio de los contratos bilaterales permite advertir ciertas reglas de derecho común, que han estado presentes históricamente en la evolución de sus efectos particulares y en los que necesariamente se apoya cualquier reflexión jurídica acerca de los mismos: el cumplimiento simultáneo de las obligaciones y el sinalagma funcional.

El derecho común así caracterizado no puede importar la derogación del derecho positivo, pretendiéndose su supuesta primacía. Necesariamente es una construcción que no puede prescindir del dato normativo. No existiría en estos casos un problema de colisión normativa y/o de principios que deba resolverse pudiendo dar preeminencia a alguno de ellos o propugnando su aplicación automática83.

La importancia que tiene esta noción de derecho común radica en la función que cumple y ha cumplido dentro del sistema jurídico al permitir la adecuación de la normativa vigente. En efecto, permite adaptarlo a los distintos requerimientos sociales y económicos desde su interior al cumplir una función que va más allá del papel supletorio que tradicionalmente se le ha otorgado a aquello que se significa con la noción derecho común, ya que permite proporcionar soluciones coherentes por la vía de la integración, reduciendo y delimitando cuáles son las alternativas jurídicamente posibles y tolerables al interior del sistema jurídico. Concebido en estos términos permite, por su flexibilidad, proporcionar una solución adecuada al órgano encargado de las operaciones de aplicación del derecho, que se adapte a las condiciones sociales, políticas y económicas imperantes en un momento dado, sin necesidad de acudir a constantes reformas legislativas, velando y tutelando por la coherencia interna del sistema jurídico.

Conclusiones

Tras la presente investigación, hemos arribado a las siguientes conclusiones:

1. El legislador nacional, constantemente y en distintos ámbitos, acude a la expresión derecho común como una categoría que está presente en el ordenamiento jurídico. A este derecho común, que puede estar contenido en leyes generales o especiales, le otorga un claro carácter supletorio y, en ciertos casos, un papel de integración, lo que permite asegurar la coherencia interna del sistema jurídico nacional.

2. El contenido de la categoría “derecho común” que el legislador emplea resulta difuso de precisar, de la sola lectura de los cuerpos normativos en que se emplea.

3. Por razones históricas, la primera vinculación posible, para dotar de contenido a la noción de derecho común, es acudir al Código Civil. Sin embargo, el fenómeno de la descodificación, el ámbito propio de vigencia y el contenido de sus disposiciones impiden de manera autónoma considerarlo el ordenamiento jurídico supletorio en las diversas ramas del derecho.

4. En doctrina, este papel también se ha hecho descansar en los principios generales del Derecho. Esta identificación impide solucionar los problemas a que naturalmente está destinada la categoría de derecho común, atendida la dificultad intrínseca de su propia noción, determinación y contenido.

5. Descartamos que el contenido del derecho común se relacione con el texto de la Constitución Política de la República, básicamente, con principios y valores que emanan de la tutela de los derechos fundamentales. Esta asimilación produce un impacto negativo en la propia Constitución, que incide en su fuerza normativa, toda vez que se hace descansar en el intérprete el alcance mismo de la Carta Fundamental, alterándose su tenor. Además, el contenido de estos derechos exige desarrollo por parte de la dogmática jurídica.

6. Tras el análisis efectuado, el elemento comunicador del contenido del derecho común, presente desde sus orígenes históricos, se vincula con la dogmática jurídica.

Este contenido lo proporciona el acervo común construido por la dogmática jurídica, a lo largo del desarrollo histórico de la institución de que se trate, en el que indiscutidamente apoya sus reflexiones. Este determina la extensión y las alternativas de soluciones jurídicas dentro del ordenamiento jurídico, delimitando su posibilidad y, por ende, su debida coherencia. Lo anterior proporciona, además, flexibilidad al propio sistema, en orden a adaptarse a los distintos requerimientos sociales sin necesidad de una constante reforma legislativa.

AGRADECIMIENTOS

Este artículo se desarrolló en la ejecución y bajo el financiamiento del Proyecto FONDECYT Regular, Nro. 1161249, titulado “Construcción dogmática de la función y alcance de la noción derecho común en el ordenamiento jurídico nacional”.

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1Aguiló (2000) pp. 224-230; Vergara (2014) p. 969. Los términos “sistema jurídico” y “ordenamiento jurídico”, en rigor, admiten diferenciación; no obstante, para el objeto de este trabajo, se emplearán como equivalentes. En este sentido, véase Vergara (2009) pp. 228-287, y Catalano (2006) pp. 1-58.

2Cuena (1998) pp. 11, 18-19, y Canaris (1998) pp. 25-29.

3Cuena (1998) p. 16, y Luhmann (1983) p. 164.

4Canaris (1998) pp. 22-23. Similar, Coing (1981) pp. 105-106. Por su parte, Hernández (1981) pp. 23-30, indica que para Kant la unidad está en función de la idea como a priori, mientras la ciencia dogmática acoge más bien una noción organicista de unidad. Cuestiona también el postulado de plenitud del orden jurídico, aunque desde la perspectiva de la lógica, Cossio (1939) p. 17.

5La referencia a una categoría que dota de coherencia interna al sistema jurídico se asemeja a la noción de sistema interno, porque él representa la coherencia racional y valorativa, que es inherente al derecho en cuanto tal y que este necesita para funcionar adecuadamente, Cuena (1998) p. 35. A propósito del sistema interno de los juristas romanos, Wieacker entiende por tal una estructura de entidades que: 1) comprende todos los elementos de su clase; 2) hacia afuera es autárquico y 3) hacia adentro, en cuanto a sus elementos, puede ser coherente y consistente. Wieacker (1988) pp. 13-14.

6Cfr. Núñez (2002) pp. 3-35. En esta dirección, De los Mozos alude a la “sistemática interna” y hace presente que la dimensión normativa no es la única ni la más válida para conseguir la unidad jurídica, De los Mozos (2006a) pp. 160-166. Sin embargo, no debe perderse de vista que la actividad de la ciencia jurídica, su labor sistematizadora, tiene componentes lógicos: es un razonamiento que se califica de deductivo. Vergara (2009) pp. 288-289. En este artículo, no interesa hacernos cargo de las distintas concepciones doctrinales sobre el sistema en el derecho (sistema axiomático o lógico-deductivo, sistema interno y sistema externo, sistema abierto y cerrado). Sobre el particular puede consultarse, entre otros, Cuena (1998) pp. 31-44 y, para un estudio acabo del tema, desde los orígenes del término y toda su evolución, Losano (2002).

7En lo sucesivo CC.

8Ley Nº 19.253 de 1993.

9En lo sucesivo art. o arts., por artículo o artículos, respectivamente.

10Ley Nº 19.537 de 1997.

11En lo sucesivo Cco.

12Puede consultarse, respectivamente, con relación a las materias referidas: a) Ley Nº 20.385 de 2009, art. 2; b) Ley Nº 18.712 de 1988, arts. 4 y 14; c) Ley Nº 18.713 de 1988, arts. 4 y 14; d) Ley Nº 18.714 de 1988, arts. 4 y 14; e) Ley Nº 18.290 de 1984, art. 33; f) Ley Nº 18.695 de 2006, art. 33; g) art. 129 del Código de Aguas; h) Ley Nº 18.168 de 1982, art. 18; i) Ley Nº 19.857 de 2013, art. 15; j) Ley Nº 19.886 de 2003, art. 14; k) arts. 831 y 828 del Cco.

13En esta dirección puede consultarse: a) El Cco, art. 885 a propósito de la responsabilidad del armador; b) Ley Nº 18.490 de 1986, art. 15; c) La Ley Nº 16.744 de 1968, art. 69; d) Ley Nº 18.302 de 1984, art. 52.

14Ley Nº 20.830 de 2016.

15Court (2016) y Corral (2016).

16Por todos Barros (2006) pp. 220-226.

17DFL Nº 3 de 1997.

18Rodríguez (2014) pp. 791-823, y Brantt y Mejías (2016) pp. 71-103.

19Ley Nº 20.550 de 2011.

20DFL Nº 5 de 1968.

21Ley Nº 18.845 de 1989.

22Ley Nº 19.886 de 2003.

23De manera similar, encontramos otras disposiciones: i) La Ley Nº 20.392 de 2009, que modifica el estatuto orgánico de CODELCO, para establecer que esta corporación “se regirá por las normas de la presente ley y por la de sus Estatutos y, en lo no previsto en ellas y en cuanto fuere compatible y no se oponga con lo dispuesto en dichas normas, por las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas y por la legislación común, en lo que le sea aplicable”; ii) El art. 4 de la Ley Nº 18.605 de 1987, que crea los Consejos Regionales de Desarrollo, dispone que “se entenderá por sector privado, para los efectos de esta ley, el constituido por entidades que realicen actividades regidas por el derecho común, cuya administración no esté intervenida por el Estado o sus organismos, como asimismo por aquellas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones solo tengan aportes de capital, representación o participación minoritarios”; iii) Finalmente, el art. 167 del Código de Minería dispone que “[l]os contratos relativos a concesiones mineras o sustancias minerales se sujetarán a las normas del derecho común, salvo en cuanto estas aparezcan modificadas por este Código”. A propósito de las concesiones mineras, art. 3 de la Ley Nº 18.097 de 1982, dispone que: “[n]o se consideran sustancias minerales las arcillas superficiales, las salinas artificiales, las arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la construcción, todas las cuales se rigen por el derecho común o por las normas especiales que a su respecto dicte el Código de Minería”.

24Calasso (1954) pp. 368-375.

25Grossi (1996) p. 36. El autor más adelante hace presente que Dios es garantía de este orden armónico y la equidad es la dimensión ordenadora, p. 180, pp. 225 y ss.

26El autor afirma que, en la ciencia jurídica medieval, la aequitas está en los hechos -en la naturaleza de las cosas, es decir, en una realidad objetiva que lleva la impronta benéfica y providencial de Dios-, donde ya es derecho pero espera ser transportada, traducida, interpretada, reducida a preceptos. Grossi (1996) pp. 147, 181-187. Con relación a la ciencia, esta se identificará cada vez más por su sociabilidad, porque el saber elaborado alcanza su articulación indefectiblemente dialéctica (pp. 155-157). En la misma dirección, Pérez Martin afirma que el derecho común es sobre todo un producto de las Universidades, una elaboración de los juristas. Pérez (1999) p. 79; con relación a la lógica, la dialéctica y la tópica en la construcción de la ciencia jurídica en la Edad Media, pp. 86-91.

27Cuena (1998) pp. 21-24.

28Cuena (1998) p. 23. Sève (1986) pp. 78-84 da cuenta de esto aunque el autor no comparte esta visión.

29Por todos Vodanovic (2005) pp. 84-85.

30La doctrina entiende que son normas de derecho común aquellas que son dictadas para la totalidad de las personas, la totalidad de las cosas o la totalidad de las relaciones jurídicas. Vodanovic (2005) pp. 50-51.

31Hace presente este problema en los sistemas jurídicos latinoamericanos, Guzmán (2006) p. 178. En términos más amplios Donato (2005) pp. 957-966, el autor sí atribuye al Código Civil el carácter de derecho común, pp. 963-965.

32Así, aunque no se precisa el alcance, se ha afirmado que la función integradora del derecho supletorio se explica en el caso del Código Civil por estar contenidos en él los principios informadores del derecho común. Guzmán (1999) p. 41; Tapia (2005) p. 985, y Bermúdez (2012) pp. 57-60.

33Sobre el particular puede consultarse en detalle Guzmán (1989) pp. 39-78.

34En esta dirección, Vergara ha afirmado que se trata solo de un residuo histórico, “hoy anacrónico, cuya operatividad puede ser confundida con el antiguo papel del ius commune”. Vergara (2010) p. 74. Esta postura es calificada, por la propia doctrina nacional administrativa, de minoritaria, Bermúdez (2012) pp. 65-68.

35Canaris (1998) pp. 25-26.

36Canaris (1998) pp. 49-57.

37En la doctrina nacional Alcalde (2003) pp. 57 y ss; p. 251.

38García (1984) pp. 34-35.

39Martínez-Sicluna (1993) pp. 35-37. El autor expone que a partir de la obra de Federico de Castro en España se les atribuye una triple dimensión: fundamentar, interpretativa y supletoria con relación a las demás fuentes.

40Por todos, Guzmán (2011) pp. 467-469.

41Guzmán (2014a) pp. 1-9. Con mayor detalle Guzmán (2014b).

42Guzmán (2014b) pp. 76-77, en particular capítulo 8, pp. 69-93, y Del Vecchio (1971) p. 70.

43Detrás, por cierto, están las concepciones positivistas o ius naturalistas de los principios. Del Vecchio (1971) pp. 43 y ss. El autor da cuenta de esto, sin perjuicio de que defiende esta vinculación. En los mismos términos García (1984) pp. 60-64. En la doctrina nacional, mantiene la relación con el derecho natural Alcalde (2003).

44Sin perjuicio de esto, parte de la doctrina considera que los principios son irreductibles a normas, véase Martínez (1993) pp. 92 y ss. Para las corrientes fundadas en el derecho natural, se obtienen por medio de la deducción. Similar, Tardío (2011) pp. 44-47.

45Esser (1961) pp. 169-171.

46Así Mans (1979) pp. XXVI- XXVIII. El autor, con relación a la primera de estas características, nos indica que la referencia es al fundamento, causa u origen. Con la segunda, la referencia es a un género en oposición a especie. Y la última, para referirse a ella -la juridicidad- en sus múltiples aspectos y facetas.

47Arce (1990) p. 51.

48Por todos, Esser (1961) pp. 4-5. Similar, Tardío (2011) pp. 9-17.

49Así, por ejemplo, Mans (1979) pp. XXVI- XIX, afirma que los principios del derecho deben buscarse en el derecho romano y en el derecho canónico. Núñez (2000) pp. 37-60 ha afirmado que con estos principios entran en la escena jurisdiccional máximas del antiguo ius commune, y así derecho europeo y derecho común tienen una raíz romana. La autora sí atribuye una tarea fundamental a la doctrina y jurisprudencia en la armonización del derecho dentro del ámbito europeo. En esta dirección De los Mozos (2006b) pp. 206-207. En el mismo sentido, un número importante de trabajos vinculan principios que se entienden “generales”, por ejemplo, la protección de la parte más débil, la responsabilidad de los padres, la equidad, con orígenes en el derecho romano, véase Darío (2014).

50Guzmán (2014a) pp. 8-9, Del Vecchio (1971) pp. 61 y ss., Sánchez de la Torre (1993) pp. 15, 20, y Tardío (2011) pp. 119-155.

51Del Vecchio (1971) pp. 87, 233, y Arce (1990) pp. 64-65. En contra, García (1984) pp. 63-64, y Mans (1979) pp. XXVI-XXVII.

52García (1975) pp. 333-334.

53Acerca de la función normativa que la doctrina y la jurisprudencia ha dado a la Constitución, véase Aldunate (2009) pp. 445-452. En similares términos, refiriéndose a Francia, Favoreu (2001) pp. 41-42. Parte de la doctrina lo ha calificado directamente como el nuevo derecho común por una serie de razones: i) regula materias que interesan a todo el ordenamiento jurídico, como la elaboración de las leyes; ii) su incidencia en el sistema de fuentes; iii) incidencia de los derechos fundamentales; iv) rol del Tribunal Constitucional como intérprete supremo que asegura coherencia al resto del ordenamiento. Cfr. Fernández-Carvajal (1989) pp. 257-264.

54Cfr. Irti (1979) pp. 25, 65 y 72.

55Aldunate (2009) p. 478, y Squella (2011) pp. 311-313, 315-317. En la doctrina civil, puede consultarse Pizarro (1998), y Tapia (2007).

56Por todos, véase Domínguez (2009). En la doctrina civil han ahondado en esto Corral (2004) pp. 47-63, el autor sí precisa en su artículo que se opone “a que se instaure una autarquía constitucional que prescinda de la función de derecho común que se ha reconocido al Derecho privado y, por sobre todo, al Código Civil, sin el cual la misma Constitución resulta difícilmente comprensible”. Domínguez (1996) pp. 107-137, el autor da cuenta del empleo de la Constitución para amparar instituciones esenciales a la persona, cuyo fenómeno se conoce con el nombre de constitucionalización del derecho civil.

57Corzo (2014) pp. 4-5, y Von Bogdandy (2014).

58Aldunate (2009) p. 446, y Cordero (2009) pp. 26-27.

59Cfr. Bulnes (1998) pp. 139-140, y Favoreu (2001) p. 35.

60Lo anterior, sin perjuicio de que si la normativa infraconstitucional no se ajusta al texto constitucional, sea solo el Tribunal Constitucional el órgano que puede declarar la inaplicabilidad del precepto (art. 93 Nº 6 de la Constitución). Por todos, Bordalí (2007) pp. 529. Más adelante, el autor afirma (pp. 535-536) que, con la finalidad de uniformar las decisiones sobre derechos fundamentales, los tribunales ordinarios debiesen seguir las líneas de interpretación sostenidas por el tribunal constitucional. En contra -aunque previo a la reforma del 2005-, entendiendo que cualquier tribunal debe dejar de considerar un precepto que sea contrario a la Constitución, Fernández (2001) pp. 97-98.

61Aldunate (2009) pp. 455 y ss. Mismo sentido, Alcalde (2008) pp. 463-484, en especial p. 476. Similar, De los Mozos (2006b) p. 207. Esto difiere de la Constitución Española, que en su artículo 1º propugna “como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” y que conlleva a la doctrina a afirmar la existencia de unos valores supralegales de justicia. Cfr. Gordillo (1988) pp. 500 y ss; precisamos sí que el autor entiende que la Constitución cumpliría ahora el rol que históricamente cumplió el derecho natural. Acerca de la importancia de estos valores en la formulación de los principios generales del Derecho, véase García (1984) pp. 91-110, 133, y Arce (1990) pp. 93 y ss.

62Control de Constitucionalidad, Rol Nº 46, considerandos 19-21. Requerimiento, Rol Nº 280. Art. 2331 del CC, Rol Nº s 1185, 2410, 2747 2801, 2860, 2887.

63Art. 2331 del CC, Rol Nº 1185, considerandos 11 y 12. En el mismo sentido Art. 2331 del CC, Rol Nºs 2410, 2747 2801, 2860, 2887.

64Art. 2331 del CC, Rol Nº 1185, considerando 13.

65Cfr. Aldunate (2009) pp. 456-457.

66Cfr. Aldunate (2009) pp. 463-471.

67Fernández (2001) p. 79.

68Aldunate (2001) pp. 21-22.

69Barros (2006) pp. 297-301, y Corral (2013) pp. 153-154.

70En esta dirección, por ejemplo, Zorín con Compañía (2012). Sociedad con Banco Santander (2015), Sociedad con Arriagada (2011), Clínica con Meza (2009), Industria con BBVA (2008). Interesante voto de minoría reconoce el problema denunciado Sociedad con Yoshio (2010).

71Corral (2013) pp. 149-150.

72El artículo 19 Nº 4 de la Constitución asegura a todas las personas “4º. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”.

73Por todos, Pérez (1999) pp. 69-91. En esta dirección no debe perderse de vista que reiteradamente se ha señalado que la confluencia del derecho romano y canónico no obedeció solo a sus textos sino también a la doctrina elaborada a partir de estos, destacando la labor de glosadores y comentaristas, pues en definitiva su trabajo apuntaba a dotar al texto de significado cierto y claro en el primer caso, y de construcción jurídica y debate doctrinal en el segundo. De allí que suela afirmarse que ius commune radicaba en la obra de los juristas. Por todos Wieacker (1998).

74Su nombre (Rechtsdogmatik) corresponde a una determinada concepción del derecho, la jurisprudencia de conceptos, desarrollada en Alemania en el siglo XIX.

75Coing (1982) p. 106. Misma dirección, Bernasconi (2007) p. 15, y Aarnio (1985) p. 180.

76Luhmann (1983) p. 34.

77Luhmann (1983) p. 34, y Ruiz- Gallardón (2007) pp. 53-60. En esta dirección Larenz, comentando la obra de Luhmann, reconoce que todo orden jurídico está determinado por la existencia expresa o tácita de ciertas “innegabilidades”; la creación de la dogmática se realiza dentro de estos límites. Larenz (2001) p. 222.

78Con una postura diferente Vergara (2014) pp. 972-974 plantea, a partir de la idea de sistema jurídico, la existencia de autonomía de las distintas disciplinas del derecho, que cuentan con un núcleo dogmático conformado por sus normas, institutos y principios propios que son reflejo de su realidad.

79Con una opinión distinta, Hernández afirma que la dogmática siempre tiene solo una función descriptiva, sin perjuicio de reconocer que siempre late en ella el deber ser ordenador. Hernández (1981) p. 49-50. No es objeto de este artículo ahondar ni precisar el carácter de ciencia de la dogmática jurídica, aspecto que ha sido abordado con detalle por la filosofía del derecho. Así, en la doctrina nacional Bernasconi (2007) p. 33 concluye que el carácter de ciencia de la dogmática jurídica proviene de su verificabilidad. Para una visión general de tema, véase Moresco (1990) pp. 291-313.

80Calsamiglia (1982) p. 248, el autor señala expresamente que sigue en este punto a Kuhn.

81Kuhn (2013) p. 94. Desarrolla esta noción, pp. 114 y ss.

82En cierta medida, se aproxima a nuestra postura la noción amplia de principio general que Mans proporciona: “comprenden todos aquellos conceptos fundamentales y preceptos básicos y elementales que inspiran la conciencia y el sentido jurídicos (principios de derecho y equidad natural, y que informan el sistema de normas que regulan las instituciones (principios sistemáticos del derecho positivo) o la construcción doctrinal o teórica de las mismas (principios de las ciencias del derecho o reglas técnicas jurídica)”. Mans (1979) pp. XXVII- XVIII.

83No se presentaría una discusión equivalente a la suscitada con los principios generales del derecho tras la influencia, en especial, de Dworkin, quien discurre sobre los conflictos entre los derechos constitucionales, distinguiendo entre principios jurídicos y las reglas. Cfr. Dworkin (1989) pp. 61-101.

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