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Izquierdas

versión On-line ISSN 0718-5049

Izquierdas (Santiago) vol.49  Santiago  2020  Epub 15-Ene-2020

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492020000100201 

Artículos

El derecho contra el comunismo en Colombia, 1920-1956

The Law against Communism in Colombia, 1920-1956

Mario Alberto Cajas-Sarria* 
http://orcid.org/0000-0003-4070-0135

*Colombiano. Profesor Asociado y Jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi. Colombia. Correo: mcajas@icesi.edu.co

Resumen:

El artículo examina herramientas jurídicas que se expidieron para enfrentar “la expansión del comunismo” en Colombia, tras el triunfo de la Revolución Bolchevique de 1917 y su posterior consolidación en la Guerra Fría; y las sitúa en su respectivo contexto político en dos momentos bien diferenciados: en la década de los veinte cuando la hegemonía conservadora expidió normas para detener la influencia de la revolución rusa, en una época de intensa agitación social y movilización obrera; y luego en el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), que prohibió el “comunismo internacional” en tiempos de la Guerra Fría.

Palabras clave: Colombia; Prohibición del comunismo; Derecho; bolcheviques; Historia legal

Abstract:

This paper examines legal means that were enacted “to face the expansion of communism” in Colombia, after the triumph of the Bolshevik Revolution of 1917 and its subsequent consolidation in the Cold War, and places them in their respective political context in two different moments: in the twenties when the Conservative Hegemony enacted laws to stop the influence of the Russian revolution, in a time of intense social upheaval and worker mobilization; and then in the military rule of General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), who ban the "international communism" in times of the Cold War.

Keywords: Ban on Communism in Colombia; Law and Bolcheviks; Legal History of Communism in Colombia

Introducción

A lo largo del siglo veinte, el Estado colombiano desplegó herramientas jurídicas, que con distintos propósitos decían “declararle la guerra al comunismo”; aun cuando ellas sirvieran para reprimir a disidentes políticos o a sectores sociales. Este artículo examina mecanismos legales que se expidieron para “detener” la influencia comunista en el país y los sitúa en su respectivo contexto político en dos momentos bien diferenciados. El primero de ellos se ubica en la década de los veinte del siglo veinte, cuando la hegemonía conservadora aprobó leyes y dictó decretos para detener la influencia de la Revolución Rusa de 1917. Eran tiempos de agitación social, huelgas protagonizadas por el ascendiente movimiento obrero, y surgían las primeras organizaciones políticas socialistas. En ese período, incluso la Corte Suprema de Justicia, que estaba dominada por mayorías conservadoras, respaldó al Ejecutivo y al Legislativo en su cruzada “anti bolchevique”.

El segundo momento se sitúa en tiempos de la Guerra Fría, en el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), quien dio un golpe de estado al presidente conservador Laureano Gómez, en medio de la guerra civil que enfrentaba a Liberales y Conservadores en el período llamado La Violencia.

Así, en 1954, cuando se forjaban alianzas interamericanas bajo el impulso de los Estados Unidos de América con el fin de frenar la expansión soviética en la región, y el propio gobierno estadounidense proscribía legalmente el comunismo, el general Rojas logró que la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) reformara la Constitución para prohibir el comunismo en Colombia. Más adelante, en 1956, su gobierno reglamentó la reforma constitucional con el propósito de perseguir la oposición y censurar la prensa en el país.

De este modo, el artículo se ocupa de uno de los lugares menos frecuentados por la literatura académica, como es el uso de instrumentos jurídicos en la “lucha contra el comunismo internacional” en Colombia. En efecto, los estudios suelen centrarse en la historia social, intelectual o política de las distintas expresiones del comunismo o en la represión del mismo. Por su parte, la literatura jurídica, que en alguna medida trata la represión del comunismo o de los movimientos sociales, tiene su foco en el uso recurrente del estado de sitio en buena parte del siglo veinte1.

Este trabajo, de manera ulterior, sugiere la necesidad de abrir rutas para posibles exploraciones comparadas que aborden el mismo objeto de estudio en América Latina. Por último, el texto se

estructura en dos secciones que corresponden a cada una de las coyunturas propuestas, y luego ofrece unas consideraciones finales.

La hegemonía conservadora contra los “bolcheviques” y obreros en la década de los veinte

La hegemonía conservadora fue el predominio del Partido Conservador en las tres ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial en el siglo veinte se extendió entre los años 1914 y 1930. Por su parte, el partido liberal fue una minoría exigua que tan solo recuperó su capacidad de ser un fuerte opositor político al finalizar la década de los veinte.

En las dos primeras décadas del siglo veinte se desarrollaron las primeras industrias y crecieron las exportaciones de café y banano. Por su parte hubo cuantiosas inversiones en infraestructura y obra pública a cargo del estado, en especial gracias a los recursos que pagó los Estados Unidos de América desde 1922, como “indemnización” por su participación en la independencia del departamento colombiano de Panamá (1903). Así, la mano de obra que demandó la nueva infraestructura y las florecientes actividades económicas produjo una rápida urbanización, al igual que la gestación de enclaves obreros y de trabajadores agrarios tanto en empresas nacionales como en multinacionales extranjeras; por ejemplo, la United Fruit Company y la Tropical Oil Company.

A la par del fortalecimiento del movimiento obrero se creaban las primeras organizaciones políticas y también crecían las movilizaciones y protestas en contra de las precarias condiciones laborales2. De igual modo, surgían movimientos socialistas y grupos de anarco socialistas, que en muchos casos recibieron influencia y apoyo de extranjeros que migraron al país. Por ejemplo, en 1926 se fundó oficialmente el Partido Socialista Revolucionario (PSR), aunque sus antecedentes se remontan un poco más atrás3.

Las primeras “grandes huelgas” de obreros se registraron en los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, en enero de 1918, al finalizar el gobierno de José Vicente Concha (1914-19184. El ejecutivo reaccionó con la declaración del estado de sitio y medidas para reprimir a los huelguistas5. Por ejemplo, el Decreto Legislativo 02 del 12 de enero de 1918 prohibió “las reuniones populares en las vías y plazas públicas” y ordenó a las autoridades impedir “tales reuniones cuando tenga conocimiento anticipado de que van a celebrarse, y disolverá las que lleguen a realizarse”, aplicando las reglas del Código Penal para los delitos de “motín” y “asonada”. El mismo decreto estableció que la jurisdicción penal militar conocería de los delitos originados en esas “reuniones prohibidas”, al igual que los “autores y editores y escritos de publicaciones que los incitaran. Por último, ordenó la expulsión de los extranjeros que participaran en asonadas o motines “so pretexto de huelga”6.En el gobierno de Marco Fidel Suárez (1918-1921) se incrementaron las movilizaciones obreras. Una de las primeras protestas que causó conmoción nacional fue la de los artesanos y obreros que marcharon en Bogotá para oponerse a la contratación de la confección de uniformes militares con empresas extranjeras, en marzo de 19197. La movilización, convocada por el Sindicato Central Obrero, fue acusada de estar influenciada por “anarquistas y bolcheviques”, y reprimida por la fuerza pública8.

También en el gobierno de Suárez, como en otros países de la región, hubo proyectos para detener al “bolcheviquismo revolucionario” a través del control a la migración de anarquistas y comunistas9. Así, el 30 de agosto de 1919 el senador Liberal Salvador Iglesias presentó un proyecto de ley que buscaba la migración de individuos “que sean elementos de civilización y progreso”, y en él se incluyó un artículo que expresamente prohibía visar los pasaportes a los individuos que “hayan sido expulsados de su país por motivos de orden público, a los anarquistas y bolshevikis, y personas adictas a las ideas y práctica de la violencia contra toda forma de gobierno”10. El proyecto finalmente no se convirtió en ley.

Al año siguiente, en septiembre de 1920, el Ministro de Gobierno, Luís Cuervo Márquez presentó al Congreso el proyecto de ley “sobre asuntos sociales”, cuyo propósito inicial era regular la “Alta Policía”. En el segundo debate en el Senado se propuso prohibir “toda asociación o reunión popular de carácter político en el cual se aconseje o se proclame el desconocimiento de las autoridades de la República, o de sus leyes, o el derrocamiento de su Gobierno por la fuerza y la violencia, o la práctica de doctrinas subversivas del orden político o civil de la nación, tales como la anarquía y el comunismo”11. En la discusión en esa cámara se hizo clara referencia a los peligros que entrañaba el bolcheviquismo, y un senador llegó a afirmar que no se podía considerar al anarquismo como una colectividad política, pues los “individuos anarquistas” eran “enfermos” y “criminales”12. De igual modo, se alcanzó a proponer como artículo: “El Gobierno podrá, llegado el caso, y cuando lo estime necesario, impedir la propaganda de las doctrinas anarquistas, y comunistas, por los medios que le dan la Constitución y las leyes, sin menoscabar las garantías sociales que las mismas Constitución y leyes consagran”13.

El proyecto tuvo cambios sustanciales y finalmente fue aprobado como la Ley 48 del 3 de noviembre de 1920, que sólo se refirió a las reglas sobre migración: prohibió la entrada al país de extranjeros que desafiaran a las autoridades, así como a los “anarquistas” y “comunistas” que atentaran contra el “derecho de propiedad”, al igual que a quienes promovieran el “derrocamiento” del gobierno o practicaran “doctrinas subversivas del orden público social”, tales como la anarquía y el comunismo14.

El gobierno de Abadía contra los “bolcheviques” y obreros

Sin duda el pico más alto de la agitación social en la hegemonía conservadora se registró en el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930)15. A medida que avanzaba el período constitucional estallaban múltiples huelgas, mientras el Ministro de Guerra Ignacio Rengifo alarmaba a la población con el descubrimiento de planes conspirativos “comunistas”, y se acusaba a sectores del Partido Liberal de aliarse con el bolcheviquismo local. Para completar el panorama, circulaba la alerta del gobierno estadounidense sobre la expansión bolchevique en América Latina16.

El PSR por su parte empezó a gestar su política “insurreccional”17. Fue admitido por la Internacional Comunista (IC) en su sexto congreso realizado entre julio y septiembre de 192818, conformó el Comité Central Conspirativo Colombiano sobre el cuál giró toda su actividad política,19 y planeó un levantamiento nacional para 1929 con miras a una gran revolución que contaría con el apoyo de algunos liberales20. No obstante, las manifestaciones insurreccionales y las huelgas de obreros en varios departamentos del país fueron neutralizadas por el gobierno, en parte porque este tuvo noticia previamente o por la falta de organización y estructura del propio PSR21.

Así, en medio de la propaganda del movimiento obrero, el programa político del PSR, así como por los diversos mensajes que ponían de presente las influencias de la Revolución Rusa de Octubre de 1917 en la protesta social local, el ministro Rengifo, que veía comunistas en todos los lugares, se encargó de exacerbar los temores con anuncios sobre la inminente avanzada revolucionaria. Como veremos en seguida, dado que el conservatismo no sólo dominaba en el Ejecutivo sino también el Congreso y la Rama Judicial, al unísono los tres poderes públicos respaldaron política y jurídicamente la “lucha” contra los bolcheviques.

1.1.1 El decreto de Alta Policía de 1927

La alerta del Ministro Rengifo sobre un plan de los “bolcheviques” colombianos para tomarse el país a propósito de la celebración del Día del Trabajo, el 1 de mayo de 1927, causó gran alarma y logro que el presidente Abadía firmara el Decreto 707 el 26 de abril de 1927 (Decreto de Alta Policía). El Decreto le atribuía a la policía la función de “prevenir” los actos delictivos y hechos de turbación del orden público, y decía fundarse en la Ley 51 de 1925; que había facultado al gobierno para reglamentar la reorganización de la policía y el ejército. Aunque la celebración transcurrió en completa calma22, el decreto sirvió para perseguir a los dirigentes socialistas y obreros en los meses siguientes.

La Policía Nacional no tardó en celebrar la nueva herramienta jurídica para luchar contra el comunismo, tal como se puede leer en el informe del director general de esa institución, Manuel Vicente Jiménez, al Ministro del Interior del año 1928. En primer lugar, afirmó que el comunismo o bolcheviquismo revolucionario buscaba derrocar al gobierno, “destruir el régimen constitucional y arrebatar la propiedad a sus legítimos dueños”. También expresó que el “movimiento comunista” se organizaba sobre bases muy sólidas y mediante “toda clase de medios realiza propaganda de los principios filosóficos, económicos y políticos para atraer a su seno a las masas de obreros y campesinos señalando al Gobierno como opresor injusto del pueblo, a los propietarios como usurpadores ilegítimos de la riqueza, a la Iglesia como instrumento servil de la tiranía”23. Por todo esto, veía en el Decreto 707 una herramienta “para salvar a la sociedad del peligro comunista revolucionario que ha venido incubándose bajo el patrocinio de una legislación inocente, de un Poder Judicial candoroso (•••)”, y que muy en breve podían “sorprender a la República con el aniquilamiento de sus instituciones, con el destrozo de las libertades, con la ruina de su riqueza, con el asesinato de sus mejores hijos y aún con la pérdida absoluta de su soberanía”24.

Luego de la intervención del Ejecutivo para frenar el “avance bolchevique”, ahora el turno le correspondería a la rama judicial, ampliamente dominaba por el Partido Conservador. En efecto, de transcurrir más de un año desde que el Decreto 707 había entrado en vigor, la Corte Suprema de Justicia decidió la demanda de inconstitucionalidad formulada por Pablo Emilio Sabogal González, abogado y miembro del Comité Ejecutivo del PSR25. El tribunal, con el voto de ocho magistrados conservadores a favor y cuatro liberales en contra, el 18 de noviembre de 1928 decidió que la mayoría de las medidas del decreto se ajustaban a la Constitución.

El demandante le había expresado a la Corte que el decreto vulneraba la Constitución, porque el gobierno carecía de competencia para dictar medidas reglamentarias como las que este contenía, de modo que había invadido esferas del Congreso; asimismo, porque: (i) atribuía funciones de los jueces ordinarios a la policía nacional, (ii) pretermitía “las formalidades y procedimientos legales propios de cada juicio para juzgamiento y castigo de los juicios criminales”,(iii) permitía a la policía hacer detenciones y allanamientos, así como cerrar lugares de reunión, (iv) restringía la libertad de tránsito, y con todo esto, se desconocían “los derechos y garantías sociales que la Constitución consagra y deja a las personas residentes en Colombia a merced y voluntad de funcionarios de policía, las más de las veces ignorantes y arbitrarios”.26

La Corte estimó que, efectivamente, el gobierno de Abadía se había equivocado al invocar la ley 51 de 1925 como fundamento para dictar el Decreto 707 de 1927, pues esta solo lo facultaba para reorganizar el Ejército y la Policía Nacional. No obstante, esa falta de amparo legal, el tribunal decidió buscar otros fundamentos constitucionales que le permitieran justificar la constitucionalidad de las medidas. Así, la Corte determinó que el decreto se enmarcaba en las facultades constitucionales y legales que tenía el Ejecutivo para garantizar la seguridad y el orden público en el territorio nacional: para el tribunal, la Constitución atribuía unas “competencias implícitas” al gobierno, como por ejemplo expedir los decretos para preservar el orden público. Además, consideró que el Presidente de la República, como “guardián supremo de la paz pública”, no podía esperar a que el Congreso le habilitase con una ley para tomar acciones urgentes ante las “graves amenazas a la seguridad y al “orden ciudadano”.

El fallo era un fuerte respaldo a la política “anti bolchevique” del gobierno. Este fragmento de la sentencia captura la gran sintonía del tribunal con la lucha anticomunista27:

“Que aquellos peligros existen, es un hecho innegable. Pueden no tener todavía en Colombia la intensidad que en otras naciones, pero despuntan ya amagos y manifestaciones de ellos; y es lo cierto, con evidencia, que un partido político social existe hoy en el mundo, con organización vasta y robusta, con programas definidos, con centros poderosos, como la Unión Soviet, con proselitismo ardoroso y pujante, cuya acción universal no respeta fronteras, sino que penetra en todas las naciones(...) prevaliéndose en pro de sus designios de cuantos problemas políticos, económicos o sociales surgen en el seno de cada país, y cuyas conquistas han escalado ya en varias naciones las cimas del poder público (. )Sus doctrinas no se ocultan ni disfrazan, sino que son pregonadas como un nuevo evangelio que ha de derribar la autoridad constituida, destruir el régimen de la familia y de la propiedad y borrar en el alma humana la dulce, gloriosa, y consoladora noción de la patria”.

La Corte también puso de presente que la “propaganda comunista” se expandía por el mundo y que los poderes públicos debían actuar conjuntamente para frenarla. La dimensión de tal reto, según el tribunal, se podía apreciar en el informe del Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Frank Kellogg, a la Comisión de Relaciones del Senado de ese país sobre la propaganda y las operaciones de los “centros bolsheviki”, que habían logrado “encender el resentimiento de los países de la América Latina y del Extremo Oriente contra el Gobierno y pueblo de los Estados Unidos”.

En suma, una Corte conformada por una abrumadora mayoría conservadora reaccionaba solidaria con el Ejecutivo, y pese a que moderó levemente los efectos de algunas de las medidas del decreto 707 de 1927, explícitamente reconocía la necesidad de frenar la amenaza del comunismo internacional o del “bolcheviquismo revolucionario”.

1.1.2 La ley de defensa social o “ley heroica”

Durante la administración Abadía se aprobaron más leyes dirigidas a detener la “amenaza bolchevique”.

Por ejemplo, la ley 103 del 23 de noviembre de 1927 endureció aún más la regulación sobre inmigración y extranjería al establecer las causales de expulsión del país por decreto del Ejecutivo a quienes: “aconsejen, enseñen o proclamen el desconocimiento del gobierno por la fuerza o la violencia”, o “la práctica de doctrinas subversivas del orden publico social, tales como la anarquía y el comunismo, o que atenten contra el derecho de propiedad”; así como también a aquellos “q ue violen la neutralidad, a que están obligados, ingiriéndose en la política interna de Colombia, sea por medio de la prensa, redactando o escribiendo en periódicos políticos sobre asuntos de esta clase; o por palabra, pronunciando discursos sobre política colombiana; o afiliándose a sociedades políticas”28.

Pero sin duda la medida más represiva que se aprobó para enfrentar los levantamientos populares y la amenaza del comunismo internacional fue la célebre “ley heroica” de 1928. El proyecto de ley surgió de un grupo de senadores conservadores y proponía “unas autorizaciones al gobierno” para controlar el orden público. Según sus proponentes, ante los “síntomas de intranquilidad social” que habían aparecido en varias regiones del país se hacía necesario dotar al gobierno nacional de herramientas, que sin desvirtuar “las libertades y las garantías de los derechos”, consolidaran su “imperio y eficacia”29.

En el transcurso del trámite del proyecto en el Senado fue evidente la preocupación de la mayoría conservadora por el “avance revolucionario” en Colombia. En su criterio, se debía “velar sin descanso” por los principios que forman las “bases de proceso y la civilización”, “ante la creciente ola de socialismo revolucionario que pugna por dominar el mundo, todos los Estados, aun aquellos que se rigen por estatutos esencialmente radicales, están dictando y han dictado providencias preventivas y punitivas, enderezadas a afianzar el orden social existente e impedir que se menoscaben los principios en que reposa la organización jurídica de los Estados y que se lleve a cabo la destrucción revolucionaria que los Soviets predican y propagan”.30 Según la bancada conservadora, era imperioso que un país culto y “cristianamente constituido” sujetara al poder policivo los “actos de propaganda contra cualquiera de los fundamentos de la idea de patria; como el irrespeto a las creencia religiosas de los ciudadanos; como los intentos contra la organización constitucional de los poderes públicos, contra la organización disciplinaria y la moral de la fuerza armada y contra la existencia misma de la República; como el desconocimiento de la célula vital de la sociedad, que es la familia, y de su atributo natural, que es la propiedad; y como el sostenimiento de huelgas ilegales que entorpecen la marcha regular del país y perturban su movimiento económico.”31 De igual modo, denunciaron los peligros que entrañaba el comunismo32:

“El programa del socialismo revolucionario o del bolcheviquismo no presenta en verdad un porvenir halagüeño para la Nación (...) El comunismo acaba con las instituciones democráticas para sustituirlas por una dictadura absurda y violenta; remueve los fundamentos de la religión y de la moral católica, para dejar ancho campo al libertinaje y la corrupción; desconoce la propiedad privada, cegando en sus fuentes, de manera definitiva, todo el espíritu de progreso, de adelanto y de economía”.

Así las cosas, la mayoría conservadora le pedía al gobierno actuar con mano firme para “defender y sostener las instituciones primordiales y fundamentales, base de la organización del Estado, combatiendo esa clase de doctrinas enemigas de la Patria, de la autoridad, de la religión, de la propiedad y de la familia. No obstante, también manifestaba que la “cuestión social” o todo aquello que se relacionara con “el mejoramiento de las clases sociales obreras” debía ser atendido por las mismas autoridades, y para esto recordaron la postura de la Iglesia Católica que condenaba al “socialismo” pero al mismo tiempo reconocía la “cuestión social”. El informe, que transcribió la Encíclica Rerum Novarum del Papa Leon XIII, agregó33:

“La Iglesia católica ha dado un altísimo ejemplo al reprobar el socialismo, pero a la vez aconsejando y ejercitando los medios para el mejoramiento del proletariado. El eximio Pontífice León VIII (sic) en su imperecedera encíclica Rerum Novarum contempla el problema del socialismo de una manera completa y sorprendente. En aquel documento histórico, fuente de sabiduría y de amor, se recalca con todo empeño sobre la necesidad de buscar el mejoramiento de las clases sociales”.

Los conservadores consideraban que su deber era perseguir el comunismo y al mismo tiempo hacer las reformas sociales, para que “dentro de las normas católicas”, y “por su propia voluntad”, las clases obreras alcanzaran en el “mejoramiento moral y material al que justamente aspiran”. Así, el proyecto de ley correspondía al primer propósito, pues constaba de medidas “encaminadas a establecer procedimientos y penas para castigar todos aquellos actos que tiendan a extinguir o desconocer el sagrado concepto de patria, la legitimidad del derecho de propiedad, la institución de la familia, y en fin, aquellos que se encaminen a alterar el orden constitucional o perturbar el orden público”34 Según la mayoría conservadora en el Senado, esas reglas debía aplicarlas la policía y no las autoridades judiciales, dado que se trataba de prevenir las mencionadas actividades. Por todo lo anterior, las medidas iban “encaminadas única y exclusivamente a contra los revoltosos que no pueden aspirar a ser considerados como oposicionistas de un gobierno, sino como enemigos de todo orden constitucional, legal y moral”35.

La bancada Liberal, minoritaria en el Senado, se opuso con contundencia al proyecto de ley y expresó que no veía ninguna necesidad en conceder tales facultades al gobierno, pues el propio Congreso estaba reunido y podía expedir las leyes que se requirieran según las circunstancias. Además, revisó una a una las medidas propuestas y encontró que ya todas estaban reguladas por leyes que conferían atribuciones,a las autoridades judiciales, de modo que lo que buscaba el proyecto era despojar a los jueces de esas funciones y pasarlas a la Policía36.

El segundo debate del proyecto en el Senado permite apreciar con claridad las voces opositoras de los liberales, así como la defensa conservadora del mismo. Por ejemplo, el senador liberal Pedro A. Gómez Naranjo expresó que el gobierno hablaba de agitación revolucionaria en distintas ciudades del país, pero que la realidad mostraba completa calma; que los obreros estaban dedicados a su trabajo y a “aumentar el patrimonio de los patrones, que en la mayoría de los casos no corresponde al esfuerzo creciente del proletariado”. También manifestó que los partidos nuevos realizaban sus actividades dentro del orden constitucional y que los obreros pedían37:

“leyes sociales justas y equitativas que mejoren su precaria situación, que se regulen las relaciones entre ellos y los patrones, que se reglamente el trabajo de la mujer y del niño; que se construyan habitaciones higiénicas y baratas; que se mejore la situación de los trabajadores agrícolas, explotados sin conciencia por latifundistas afortunados

Y esto no es mucho pedir en una República consagrada al Corazón de Jesús, ya que Jesucristo fue el primer propagandista de la doctrina “socialista”. Recordemos que El, al referirse a los ricos, dijo que primero pasaría un camello por el ojo de una aguja que uno de esos en entrar al reino de los cielos”.

Carlos Uribe Echeverri fue otro liberal que criticó el proyecto y conectó la discusión de las medidas propuestas por el conservatismo con la solicitud del Ministro de Guerra al Congreso, a propósito de las amenazas inminentes de “agrupaciones socialistas y comunistas” que al parecer había en contra del orden público. Uribe recordó que según ese mensaje se pretendía imponer en Colombia la “dictadura del proletariado” y cambiar la Constitución. A su juicio, esos argumentos eran reaccionarios y que bajo esa misma política ahora se quería aprobar un paquete de medidas que delegaba en “empleados de segundo orden” delicadas funciones que estaban confiadas al poder judicial. También descalificó la supuesta “agitación obrera” que se esgrimía como argumento para aprobar la ley.38 Por último, expresó que era probable una “revolución social” en Colombia, si se cerraban las voces a las nuevas opiniones y si se perseguía a quienes protestaban; por eso exigió reformas políticas y sociales que incluyeran a quienes estaban por fuera de cualquier participación en la vida política del país39.

Por su parte, el destacado jurista y senador conservador, Antonio José Uribe Gaviria, urgió la aprobación de la ley de defensa social. Recordó que el proyecto de ley sobre inmigración y expulsión de extranjeros perniciosos que aprobó la Cámara de Representantes a último minuto en 1927 también había tenido una oposición similar, y que en aquel entonces él había mencionado a la “sabia” Inglaterra y su primer ministro Baldwin que para “restablecer la paz interior” y frenar la huelga más extensa de la historia, hizo aprobar una ley que limitaba la actividad política y el derecho de huelga, con la cual pudo enfrentar la “falange comunista”; o el caso de Estados Unidos, que en los últimos cuatro años había aprobado leyes de una “severidad extrema” para defenderse de “iguales peligros”; o el gobierno francés “radical socialista, ha asumido una actitud valerosa de resistencia contra el comunismo y contra la propaganda de guerra civil”. También hizo memoria de cómo mientras en Colombia se debatía sobre la pertinencia de esa legislación, en el mundo “un cable” hacía saber que en Francia el gobierno socialista había expulsado a ocho mil quinientos extranjeros y suprimido diecinueve periódicos “sediciosos publicados en lenguas extranjeras”. De ese modo, dijo, reiteraba la diferencia que había entre los “partidarios del orden, que rige y estimula los progresos del mundo”, y la de los “apóstoles del colectivismo, con la revolución que lo acompaña, que la conduce a la de strucción universal”39.

Uribe también habló del “destructor” programa del bolcheviquismo y señaló que citaba al Imprecor, diario oficial “del Comintern soviético”: “La internacional comunista combate toda influencia burguesa sobre el proletariado y su lucha: contra toda la religión; Contra toda la filosofía distinta de la del marxismo integral; contra todas las doctrinas que predican la unión entre capital y el trabajo; Contra el oportunismo socialista. Ella predica la lucha interminable de las clases”. Por esto, decía Uribe, se explicaba “que, al cabo de diez años de haberse iniciado aquel régimen monstruoso, en Rusia se hayan fusilado dos millones de sus mejores ciudadanos, que existan siete millones de niños abandonados, dos millones de hombres sin trabajo, que el hambre haya diezmado la cuarta parte del pueblo ruso, que la agricultura haya vuelto al arado de madera, que las fábricas estén abandonadas, que no haya suficientes cárceles y prisiones, y que los obreros duerman en el espacio de un ataúd”40. Luego de describir ese panorama desolador, dijo que con la ley no se iban a “abolir los derechos del hombre” sino a “armonizar en los asuntos a que se refiere la libertad y el orden; a defendernos contra las amenazas de la tiranía, la más odiosa y la más sangrienta que ha registrado la historia”.

El proyecto recibió el apoyo de centenares de telegramas remitidos al Congreso por ciudadanos, así como las proposiciones de concejos municipales y otras organizaciones de todo el país, que consideraban que la ley heroica era un “Proyecto salvador” en contra de los “enemigos de proyecto cristiano”. Tal vez una de las pocas excepciones de ciudadanos que se manifestaron ante la Cámara de Representantes en contra de la ley fue la petición del 13 de julio de 1928 que suscribió un grupo de indígenas del resguardo de Chenche, en Coyaima, Tolima, en la que pidieron el archivo el proyecto.

Según los indígenas, les preocupaba la “mordaza” a la prensa que se proponía, pues esta traería la “esclavitud”, ya que no podrían defender sus derechos “cuando sean desconocidos maliciosamente ya por las autoridades escasamente instruidas, ya por los particulares, máxime los ricos ávidos, que a todo instante usurpan en plena luz del día las propiedades y los derechos de los pobres y débiles, cuyos cerebros están envueltos en el oscuro manto de la ignorancia, como sucede con la mayor parte de los indígenas de estas regiones, como con toda nuestra raza en la nación entera ”. Los indígenas agregaron que si la ley se aprobaba41:

“todos nuestros gratuitos enemigos -que tantos proyectos inhumanos tienen contra nuestra humilde y desvalida raza- hallarán todos los elementos necesarios y poderosos para ahogar el derecho y nuestras acciones de extremo a extremo cuando para organizar alguna sociedad, o acordar, y resolver algún acuerdo en nuestra defensa, verifiquemos alguna o algunas reuniones en cualquier sitio. Estas reuniones serán cruelmente despejadas por cualquiera de los funcionarios más pequeños de policía, que son tan comunes en muchos lugares del país, o en aquellos lugares que un ignorante Corregidor se convierte en un rey cuyo gobierno es monárquico”.

El proyecto logró su aprobación en el Senado y pasó a la Cámara de Representantes ya con su nuevo nombre de “proyecto de ley de defensa social”. En la Cámara baja, luego de intensos debates que enfrentaron a liberales y conservadores, finalmente se aprobó en septiembre de 192842. Finalmente, el gobierno sancionó la ley como número 69 del 30 de octubre de 1928, que establecía como delito:

“agruparse, reunirse o asociarse bajo cualquiera denominación, para alguno o algunos de los siguientes propósitos: 1o. Incitar a cometer cualquier delito de los previstos y castigados por las leyes penales de Colombia; 2o. Provocar o fomentar la indisciplina de la fuerza armada, o provocar o fomentar la abolición o el desconocimiento, por medios subversivos, del derecho de propiedad o de la institución de la familia, tales como están reconocidos y amparados por la Constitución y leyes del país; 3o. Promover, estimular o sostener huelgas violatorias de las leyes que las regulan, y 4o. Hacer la apología de hechos definidos por las leyes penales como delitos”43.

De igual modo, la ley determinaba que todo individuo que ejecutara “algún o algunos de los hechos delictuosos enumerados en el artículo anterior, sea por medio de discursos, gritos o amenazas proferidos en lugares o reuniones públicos, o con escritos o impresos vendidos, distribuidos o expuestos en esos mismos lugares o reuniones, o por cualquiera otra forma de publicidad, será castigado con la pena de cuatro meses a un año de confinamiento en una colonia penal”. Por último, atribuía la competencia para juzgar los delitos mencionados a Jueces de Prensa y Orden Público; y fijaba medidas de censura a los periódicos.

La Ley 69 de 1928, a la que se llamó “heroica”, pues se decía que el Gobierno y el Congreso habían actuado como “héroes” para salvar a la patria de los peligros del comunismo, se empleó para reprimir y perseguir a movimientos de obreros, campesinos, militantes del PSR, e incluso a la oposición liberal acusada de tener vínculos con los “bolcheviques”; pero contrario a lo esperado por el legislativo y el ejecutivo conservadores, generó un amplio rechazo de esos sectores y contribuyó a alimentar amplios levantamientos insurreccionales entre 1928 y 192944. En efecto, un mes después de la participación los delegados colombianos en la reunión del SSA (Secretariado Suramericano de la Internacional Comunista) en Buenos Aires, en la que estos discutieron sobre las posibilidades de llevar a cabo una revolución en el país, con el impulso de miembros del Partido Socialista Revolucionario (PSR) estalló a escala regional un movimiento que pretendía alcances nacionales, y cuyo principal foco fue el Departamento del Tolima, en lo que luego se llamaría la insurrección de los “Bolcheviques de El Líbano”.

La movilización de artesanos y campesinos en municipio de El Líbano, por primera vez en América Latina intentaba tomarse el poder por la vía armada para realizar una revolución socialista como la rusa. Así, el 28 de julio de 1929 grupos de campesinos armados ingresaron a esa población, pero la guardia Civil y habitantes armados repelieron el ataque, mientras que otros corregimientos del municipio fueron tomados por asalto por campesinos que ondeaban banderas rojas. Se presentaron combates entre los dos bandos con saldos de heridos y muertos. Luego de varios días de enfrentamiento, la fuerza pública neutralizó a los insurgentes. Más de 300 campesinos y obreros fueron puestos presos hacia el mes de agosto. Hubo represión y torturas en una región que vivió bajo la declaratoria del estado de sitio.45 Al parecer, el movimiento no alcanzó escala nacional en parte por la falla de coordinación y de la acción de las autoridades que meses antes realizaron operativos, como fue el caso de la captura del dirigente del PSR y jefe militar Tomás Uribe Márquez, y también porque finalmente no se dio la prevista acción conjunta de revolucionarios venezolanos y colombianos46.

Dos días después del fracaso del levantamiento, la cúpula del PSR reaccionó a los hechos con una declaración pública que parecía intentar desligarse de los mismos. Según el comunicado del 31 de julio de 1929, que fue publicado en El Tiempo, la situación “de hecho” de los obreros había provocado su desesperado levantamiento en armas”, y el gobierno los había combatido como a una “cuadrilla de malhechores”; calificativo que el PSR rechazaba pues los levantamientos habían ocurrido en distintos departamentos y “tendían a generalizarse”, de modo que todo el país tendría que ser tratado indignamente como tal “cuadrilla”. Esa situación de hecho, decían, consistía en una política económica y monetaria de la “clase gobernante”, alejada de la vida de los proletarios, que perseguía a sus organizaciones y reaccionaba con la fuerza a las “peticiones pacíficas”, “negándoles el derecho de elegir y ser elegidos”, convirtiéndolos en “esclavos políticos y económicos, en “siervos sin pan”47.

La declaración defendía a los levantados en armas e insistía en que se trataba de “trabajadores enceguecidos por las persecuciones y lanzados a la muerte por el hambre”, que eran “adversarios” a quienes se les debían ofrecer reformas inmediatas y eficaces “que solucionen de una vez por todas, esta inseguridad, esta esclavitud, esta miseria que por tantos años se les ha forzado a vivir y a soportar”. Para el PSR, además, “la tranquilidad vendría inmediatamente” con “la reforma electoral, la fijación de salarios mínimos; asegurando el estado a los sin trabajo, en proporción al mínimum de su existencia; con la supresión de la ley heroica; asegurando una absoluta libertad para las organizaciones sindicales”. Por último, manifestaba que la tranquilidad se lograría si se hacía una reforma agraria y una reforma tributaria “para que soporten las cargar quienes tienen que pagarlas”; “y en fin, con una reorganización y modernización de los sistemas de producción y trabajo”48.

El comunicado del PSR, por cierto, recibió duras críticas del SSA de Buenos Aires, que incluso pidió la expulsión de los directivos del PSR que lo suscribieron. El fracaso del intento revolucionario más la movida de la cúpula de la PSR de pretender desligarse de las acciones parecían sellar el fin de la primera etapa del partido y dar paso a una mayor intervención de la IC en la construcción del futuro partido comunista colombiano de “línea Moscú”. En suma, la ley heroica, que decía luchar contra los bolcheviques, si bien fue un instrumento jurídico para la represión, que logró golpear a las organizaciones socialistas y desvertebrar los intentos de insurrección, a la larga fortaleció a la izquierda política y en últimas contribuyó a deslegitimar al régimen conservador.

2.1.3 El estado de excepción contra los “bolcheviques”: la huelga bananera de 1928

En el Departamento del Magdalena se producía la mayor cantidad de banano de exportación del país, que era dominada por la multinacional estadounidense United Fruit Colombia UFC (Frutera Sevilla). La región bananera, al norte de Colombia, fue epicentro de varias movilizaciones de trabajadores que exigían mejores condiciones laborales.

La mayor de las huelgas bananeras ocurrió el 6 de octubre de 1928 y fue impulsada por por el PSR49. Los trabajadores le pedían a la Frutera Sevilla (UFC): “1) Seguro colectivo obligatorio; 2) reparación por accidentes de trabajo; 3) habitaciones higiénicas y descanso dominical remunerado; 4) aumento en 50% de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 mensuales; 5) supresión de comisariatos; 6) cesación de préstamos por medio de vales; 7) pago semanal; 8) abolición del sistema de contratistas; y 9) mejor servicio hospitalario”50. Al no obtener una pronta respuesta de la empresa a sus solicitudes, el conflicto laboral estalló y los trabajadores presionaron con el bloqueo de los trenes que transportaban la cosecha de banano, lo cual hacía prever la pérdida total de la misma por la UFC51.

Según el ministro Rengifo, el levantamiento estaba infiltrado por “agitadores comunistas” y “bolcheviques”, así que, ante la solicitud de la empresa de garantizar la seguridad de sus empleados y propiedades, el gobierno no dudó en enviar tropas y en declarar el estado de sitio en la región mediante el decreto legislativo 01 del 5 de diciembre de 1928. El argumento para justificar el estado de excepción era que en la zona había un desconocimiento de las autoridades legalmente constituidas; se había atacado a fuerzas del ejército y a personas y propiedades particulares, por lo que era necesario “tomar medidas enérgicas” y acudir a la “ley marcial”52.

De inmediato se designó al general Carlos Cortés Vargas como jefe civil y militar de la zona bananera, quien ese mismo día dictó los decretos 01, por el cual se “disolvería toda manifestación de más de tres personas”; y el 04 que declaraba “cuadrilla de malhechores” a los “revoltosos, incendiarios y asesinos que pululan en la actualidad en la Zona Bananera”, ordenaba perseguir y reducir a prisión a los “dirigentes, azuzadores, cómplices, auxiliadores y encubridores”, y también facultaba a los miembros de la fuerza pública quedaban “facultados para castigar con las armas a aquellos que se sorprendan en in fraganti delito de incendio, saqueo y ataque a mano armada”.

Al día siguiente de entrar en vigencia el estado de sitio, cuando los huelguistas estaban concentrados en Ciénaga fueron rodeadas por las tropas comandadas por el general Cortés, quién les leyó los decretos que ordenaban el inmediato retiro de toda la multitud, pero nadie acató la orden. Rápidamente se exacerbaron los ánimos y la tropa disparó causando la muerte de un número indeterminado de personas. Durante los días siguientes se produjeron numerosas capturas y el movimiento huelguista fue desarticulado por la fuerza pública53. Uno de los instrumentos jurídicos que sirvieron a ese propósito fue el decreto legislativo 02 del 31 de diciembre de 1928, dictado también al amparo del estado de sitio declarado en la zona, y según el cual todas las personas sindicadas “de delitos cometidos por causa o con motivo del “movimiento subversivo”; así como los que en lo sucesivo fuesen detenidos en relación con esas mismas causas, pasaban a ser juzgados por la justicia penal militar54.

En un fallido intento por desafiar las medidas, el dirigente socialista Julio Navarro T. le pidió a la Corte Suprema de Justicia que declarara inconstitucional el decreto legislativo 02 de 1928, en una demanda que formuló el 19 de marzo de 1929. Argumentó que el decreto quebrantaba varias normas constitucionales relacionadas con: (i) el debido proceso, (ii) el principio de legalidad, (iii) la favorabilidad, y (iv) la irretroactividad de la ley penal. La acción judicial instaurada por el dirigente llegaba un poco tarde, pues justo el día anterior el gobierno había dictado el decreto No. 04 de 1929, que declaraba restablecido el orden público en la Provincia de Santa Marta.

La Corte optó por guardar silencio sobre la demanda por más de dos años. Finalmente, en la sentencia del 27 de agosto de 1931, con la ponencia del magistrado conservador Enrique A. Becerra, se abstuvo de decidirla. El tribunal, que para entonces estaba integrado por siete magistrados conservadores y cinco liberales, justificó su fallo en que el decreto ya había dejado de existir y que por tanto ella no era competente para juzgar la constitucionalidad de una norma que había desaparecido del orden jurídico. Así, la Corte evadía una decisión en el fragor del conflicto de las bananeras y prefería esperar para no tener que evaluar si el decreto que sirvió para reprimir la huelga bananera se ajustaba a la Constitución55.

En cuanto a la participación del PSR en la huelga, esta representó una nueva etapa en sus relaciones con la Comintern56, pues esta última consideraba que el partido no era propiamente comunista ni en su ideología ni estructura de organización57. Al respecto, señalan Lázar y Víctor Jeifets58:

"(...) El Presídium del CEIC reconoció que la experiencia que habían adquirido el proletariado colombiano y su partido de clase durante la huelga bananera había contribuido al aumento de la conciencia dentro del partido y al entendimiento de una política correcta que prepararía nuevos combates de masa, y esta vez con más éxito. La dirección del CEIC no quiso ver ninguna situación revolucionaria o prerrevolucionaria en Colombia, considerando que el país solo enfrentaba una crisis financiera y política. Y para que esta crisis se transformara en una situación revolucionaria aguda capaz de sacudir y destruir el gobierno de grandes terratenientes, ligados al imperialismo, de su aparato de represión y del ejército, era necesario que cambiaran profundamente todas las relaciones sociales; el PSR tenía que canalizar debidamente el descontento de las masas campesinas y de las amplias capas del proletariado y de la pequeña burguesía, extendiendo y fortaleciendo los lazos con las masas”.

Por último, en cuanto al gobierno de Abadía Méndez, como se pudo apreciar, la cuestión social fue tramitada por la fuerza y para ello se sirvió de distintas herramientas jurídicas altamente represivas. No obstante, ni el uso de la fuerza ni el derecho detuvieron las manifestaciones populares y las movilizaciones sociales, sino que por el contrario fortalecieron el descontento social. Esto en parte contribuiría al derrumbamiento de la hegemonía conservadora y al triunfo del Partido Liberal en las elecciones presidenciales de 1930.

3. El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla contra el “comunismo internacional”

3.1. Las preocupaciones sobre el “comunismo internacional” entre 1948 y 1954

En el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez (1946-1950) fue asesinado del caudillo liberal y candidato a la presidencia para el período 1950-1954, Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948. La reacción popular produjo una movilización violenta y sin precedentes en la historia colombiana: “El Bogotazo”. Los conservadores, algunos sectores liberales, y los Estados Unidos de América, tan pronto ocurrieron los hechos señalaron sus posibles relaciones con el “comunismo internacional”59. Incluso el gobierno colombiano no tardó en romper relaciones diplomáticas con la Unión Soviética el 3 de mayo del mismo año.60 Así, el Bogotazo parecía recibir los ecos de la Guerra Fría, que a nivel global enfrentaba a los poderes soviético y estadounidense desde 1947.

Más adelante, en 1950, el candidato conservador Laureano Gómez ganó la Presidencia de la República en medio de una creciente violencia bipartidista. Gómez era un opositor del liberalismo y reconocido anticomunista, que venía de ser embajador en España y mostraba gran simpatía por el Franquismo61. En su gobierno, el Congreso dominado por el conservatismo convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) en 1952, cuya misión sería reformar la Constitución e instalar un régimen ultraconservador, que con una Carta Política de corte falangista barriera con las reformas liberales de 1936.

En sus mensajes presidenciales, Gómez decía que el país corría el riesgo de que los los revolucionarios comunistas utilizaran los disturbios domésticos a su favor, y se refería al comu nismo como “un nuevo fenómeno en el mundo”, que socaba los fundamentos de la organización social y altera radicalmente el sentido de los conceptos políticos” y que por tanto era necesario impulsar una reforma con antídoto62.

Una comisión alcanzó a preparar la reforma constitucional en 1953 y en sus debates fue recurrente la preocupación por la expansión del comunismo internacional en Colombia63. Esto en parte quedó plasmado en este artículo del proyecto: “El Estado colombiano condena la lucha de clases y promueve la armonía social al amparo de la justicia”.64 La enmienda nunca vio la luz, pues por quebrantos de salud del presidente Gómez el cargo lo ocupaba el Designado a la Presidencia, Roberto Urdaneta, y cuando el primero intentó retomar el poder el 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla, comandante de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de una facción conservadora y de la oposición liberal asumió la Presidencia de la República.

En el gobierno de Rojas (1953-1957) también transcurrían los inicios de la Guerra Fría, que enfrentaba a la Unión Soviética con los Estados Unidos de América; y este último impulsaba una alianza hemisférica en contra del “comunismo internacional”65. La alianza había iniciado en 1947 con el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR66) y luego había continuado con el liderazgo “panamericanista” estadounidense de modo que tomó forma política y jurídica en la X Conferencia Panamericana que se realizó en Caracas (Venezuela) entre el 1 y el 18 de marzo de 1954. En esa cumbre el gobierno americano propuso unir esfuerzos regionales para detener la propagación del comunismo, en momentos en que varios Estados de la región contaban con gobiernos que simpatizaban con el socialismo o que habían llegado al poder gracias a alianzas con partidos comunistas. Luego de complejas discusiones, los americanos lograron que los países participantes en la conferencia, incluyendo el de Colombia, adoptaran la “declaración de Solidaridad para la preservación de la integridad política de los estados americanos contra la intervención del comunismo internacional”.

Según la declaración, el “comunismo internacional, por su naturaleza antidemocrática y por su tendencia intervencionista, es incompatible con concepción de la libertad americana”, y por tanto era necesario adoptar las “medidas necesarias” para “desarraigar e impedir acciones subversivas”. De igual modo, se afirmó que se requería un alto grado de cooperación entre los estados de la región pues el “carácter agresivo del movimiento comunista internacional sigue constituyendo una amenaza especial e inmediata para las instituciones nacionales, para la paz y seguridad de los Estados americanos y para el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica”. Además, se “condenó al movimiento comunista internacional y se declaró la determinación de los Estados de América para “tomar las medidas necesarias para proteger su independencia política contra la intervención del comunismo internacional, que actúa en interés de un despotismo extranjero”. Asimismo, recomendaron establecer “medidas” para detectar fondos de las personas que hacían propaganda al movimiento del comunismo internacional, que viajaren en “interés de dicho movimiento”; así como el intercambio de información entre los Estados”.67

Pocos meses después, el presidente de los Estados Unidos firmaba el “Communist Control Act” (CCA) el 24 de agosto de 1954, que agrupaba varias iniciativas legislativas presentadas en el Congreso desde 195068. El CCA proscribía al partido comunista, lo acusaba de “conspirar” contra el gobierno, y demandaba sus propósitos de instalar una dictadura autoritaria y de atentar contra las libertades. Asimismo, señalaba que el Partido Comunista recibía “influencia secreta” del comunismo inte rnacional para sus programas políticos. De igual modo, que el partido no aceptaba límites constitucionales y que en últimas su propósito era destruir a los Estados Unidos, incluso recurriendo a la fuerza69.

3.2 El comunismo se prohíbe en la Constitución, 1954.

Una de las reformas a la Constitución que debatió y aprobó la ANAC fue la prohibición del comunismo internacional en septiembre de 1954. Sin duda la Declaración Anticomunista de Caracas y la influencia de la mencionada reforma legal de los Estados Unidos del mismo año fueron determinantes para que Rojas tomara acciones locales contra el comunismo y le pidiera a la ANAC que lo proscribiera.

Un grupo de diputados conservadores presentó el proyecto de enmienda constitucional el 13 de agosto de 1954 según el cual: “El comunismo y demás partidos internacionales no podrán actuar en Colombia como organizaciones políticas. Se les declara fuera de la ley (...)”. En la exposición de motivos, los proponentes manifestaron que la reforma buscaba combatir a los partidos internacionales “que actualmente ponen en peligro la estabilidad interna de los países y atentan contra la soberanía internacional”, pues nadie ignoraba “que el comunismo es un partido internacional, que por su afán ecuménico de proselitismo rebasó las propias fronteras de su experimento esclavista, y pretende, con sus programas de expansión, sojuzgar la conciencia política de los pueblos libres, a fin de cumplir sus planes económicos de imperialismo mundial”70.

Agregaron que “La táctica y la estrategia de su organización universal, fijadas en los Congresos plenos de la organización comunista soviética, señalan muy a las claras su gigantesco plan de dominación, por medio de quintas columnas y de células incrustadas en todos los países de la tierra”. De igual modo, manifestaron que la amenaza era contra la libertad y la democracia, pues “ningún país de la América libre puede permanecer ajeno a estas organizaciones internacionales, de explosivo peligro interno, ya que la soberanía de las naciones, el orden público interno y la intangibilidad de las instituciones nacionales y tradicionales, debemos defenderlos valerosamente porque son el patrimonio de la tradición y la historia”. Asimismo, recordaron que esa defensa era necesaria porque “el destino de América está ligado espiritual e históricamente a la cultura cristina y la civilización de occidente71.

Por último, los diputados pusieron de presente que el “Excelentísimo señor Presidente de la República ha recomendado al Cuerpo soberano deliberante de esta Asamblea una declaración explícita sobre este trascendental asunto”, y expresaron que habría unanimidad en la ANAC sobre ese asunto, pues a ese órgano le correspondía “velar por el espíritu de las instituciones” “bolivariana y cristianamente”, de acuerdo con “nuestras tradiciones institucionales y humanistas”72.

Hubo intensos debates sobre la necesidad y conveniencia de la reforma constitucional. Por ejemplo, el Informe para el segundo debate del proyecto que presentó la Comisión Primera Constitucional de la ANAC consignó los reparos que formularon distintos diputados, como por ejemplo: la inconveniencia de reformar la Constitución solo para prohibir un partido; la posibilidad de que tal prohibición fomentara las actividades clandestinas del mismo o que se amparara en otro partido; que toda medida represiva podría ir más allá de lo previsto; y que la Declaración de Caracas no obligaba al país a hacer una reforma constitucional para prohibir el comunismo. En el mismo informe también aparece registrada la insistencia de los Ministros de Justicia y Gobierno porque la Asamblea dotara al Ejecutivo de instrumentos para enfrentar la amenaza comunista. De igual modo, la defensa del proyecto por parte del gobierno, según el cual la reforma no buscaba prohibir la “exposición doctrinaria de las bases filosóficas del marxismo”, sino combatir la actividad política del comunismo, pues allí la “teoría marxista de la lucha de clases se convierte en incitación de odio y de vindicta; la idea de que la “religión es el opio del pueblo” se toma de tea que incendia iglesias y conventos; y el ideal de la dictadura del proletariado señala el derrumbamiento de la libertad y la democracia”. Y, por último, que el comunismo concebía el logro de sus objetivos sólo con el “derrumbamiento violento de todo el orden social tradicional”73.

La ANAC, con el voto negativo de varios diputados liberales finalmente aprobó la reforma constitucional del acto legislativo No 7, el 13 de septiembre de 1954, “por el cual se decreta la prohibición del comunismo internacional”, cuyo artículo primero estableció: “queda prohibida la actividad política del comunismo internacional”, y determinó que la ley reglamentaría “la manera de hacer efectiva esta prohibición”74.

3.3 El decreto “anticomunista” de 1956

Hacia 1956 el general Rojas había decidido conformar un “tercer partido”, buscaba la reelección presidencial por la ANAC para el período 1958-1962; había perdido el apoyo de los liberales, y empezaba a perder respaldo de sectores conservadores. En ese momento decidió reglamentar la reforma de 1954 con el decreto No. 434 del 1 de marzo de 1956. Según la medida de Rojas, era necesario reglamentar la prohibición del comunismo internacional, pues “dicha actividad atenta contra la tradición y las instituciones cristianas y democráticas de la República, y perturba la tranquilidad y el sosiego públicos”. Dentro de sus medidas establecía la pena de “relegación a colonia agrícola penal” de uno a cinco años, a quien tomara parte “en actividades políticas de índole comunista”; la interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por diez años; y la incapacidad para actuar como dirigente sindical por el mismo tiempo”. Si se trataba de un extranjero, este sería expulsado del país luego de cumplir su condena.

El decreto, además, definía de manera amplia qué se entendía por actividad política de índole comunista: “quienes obedezcan órdenes, instrucciones o consignas de partidos o entidades comunistas extranjeros, o por cualesquiera medios preconicen o traten de implantar en la organización de la familia, de la sociedad o del Estado las doctrinas y métodos del comunismo internacional, o asistan con conocimiento de causa a juntas o reuniones de ese carácter, bien sea éste manifiesto o encubierto”. De igual modo, le asignaba a la justicia penal militar el conocimiento de estos delitos. Por último, determinaba una lista amplia de quienes podrían presumirse “responsables” de participar en actividades comunistas75:

“ a) Quien figure, con su conocimiento y sin protestar por ello, como miembro inscrito de una organización comunista, en cualquier libro, registro, lista, correspondencia u otro documento; b) Quien contribuya económicamente mediante cuotas, donaciones, préstamos, aportes u otra forma similar al desarrollo de planes u objetivos comunistas; c) Quien se someta accidental, temporal o permanentemente a la disciplina de una organización comunista; d) Quien ejecute proyectos o cumpla instrucciones u órdenes de personas u organizaciones comunistas; o las divulgue o comunique por cualesquiera medios; e) Quien actúe como dirigente, organizador, corresponsal, mensajero, agente, propagandista o en calidad similar de una organización comunista; f) Quien redacte documentos, panfletos, hojas volantes, libros o cualquier otro tipo de publicaciones en apoyo de los fines u objetivos del comunismo, o los distribuya, embarque o remita como propaganda; g) Quien exprese la decisión de cumplir los proyectos, planes, instrucciones u órdenes de personas u organizaciones comunistas tendientes a la realización de los fines u objetivos del comunismo”

Tanto la reforma constitucional de 1954 como el decreto 404 de 1956 y otras medidas dictadas al amparo del estado de sitio, que castigaban la “injuria y calumnia”, eran verdaderos mecanismos legales de censura de prensa y le sirvieron al gobierno para perseguir a las organizaciones políticas de izquierda, al sindicalismo, al igual que al liberalismo en la oposición. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recibió “quejas” de la Confederación de Trabajadores de América que quedaron consignadas en el “Informe Provisional” No. 24 del 15 de noviembre de 1956, en las que manifestaron

que el gobierno de Rojas “ha instaurado una política de represión en violación de los principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, política que implica atropello a los derechos esenciales de los trabajadores”. De igual modo, que el gobierno trataba de impedir que los trabajadores lucharan por sus reivindicaciones económicas, en especial con medidas que destruían completamente el “derecho de huelga reconocido por la Constitución de Colombia y es contrario a resoluciones adoptadas en reuniones de la O.I.T, suscritas por el Gobierno de Colombia”, pues excluían de ese derecho a numerosas actividades, que en adelante se considerarán “servicios públicos”.

Rojas le respondió a la OIT con el rechazo de “toda clase de intervención en la jurisdicción interna del país”, aunque señaló que “por deferencia hacia la Organización Internacional del Trabajo”, aun rechazando la validez de las acusaciones provenientes “de una organización de tendencia comunista, empeñada sistemáticamente en desacreditar a los gobiernos democráticos”, presentaba “observaciones sobre los cargos formulados”. Según el gobierno, la prohibición del comunismo buscaba la “defensa de la democracia y la civilización cristiana”, pero no perseguir a las organizaciones sindicales libres, nacionalistas, alejadas del comunismo “y de toda suerte de funestas doctrinas”; es decir de “un sindicalismo respetuoso del sentimiento católico de los colombianos”.

La OIT examinó la queja sobre la prohibición del comunismo y su afectación de los derechos sindicales a la luz de dos casos previos: el de la Unión Sudafricana y el de Polonia, y recomendó al gobierno colombiano proteger esos derechos, aún en el marco de la proscripción mencionada. En cuanto a la restricción del derecho de huelga, el Comité consideró que era necesario llamar la atención del gobierno sobre las “posibilidades de abuso” y detrimento de los derechos sindicales.

En suma, también a mediados del siglo veinte, en los primeros años de la Guerra Fría, fue explícita la preocupación el gobierno colombiano por la expansión del comunismo internacional. El general Rojas no solo logró la prohibición constitucional del comunismo, sino que la reglamentó de modo que conectaba el contexto internacional con las “necesidades domésticas” de pervivencia del régimen militar.

Consideraciones finales

Como se puede apreciar en los dos momentos descritos, en diferentes períodos los gobiernos colombianos, tanto civiles como militares, persiguieron el comunismo internacional a través de distintas herramientas jurídicas: ocurrió durante la hegemonía conservadora en la década de los veinte del siglo veinte, y también en el régimen militar del general Rojas. Así, en distintas coyunturas del régimen político colombiano, los gobiernos aprobaron reformas constitucionales, leyes, decretos de estado de sitio; y hasta lograron el respaldo del máximo tribunal de justicia del país. Esas medidas, como se expuso en este artículo, en muchos casos sirvieron para reprimir a la oposición política, a las organizaciones y partidos socialistas, al movimiento obrero y a otras organizaciones sociales que terminaban etiquetadas bajo el rótulo de “aliados del comunismo internacional”.

Así, este trabajo se propuso evaluar esos instrumentos jurídicos y hacer memoria de cómo el derecho se empleó para perseguir al “comunismo internacional”, con diferentes propósitos y bajo diferentes contextos políticos en Colombia. Esta primera aproximación pone de presente la necesidad de ahondar en otras herramientas legales y en otros períodos, que en parte solo han sido estudiados desde la perspectiva de los estados de excepción.

Por último, la prohibición legal y la persecución penal de partidos y actividades comunistas no solo fue un fenómeno exclusivamente colombiano, sino que ocurrió en distintos momentos, en países como Estados Unidos de América, Inglaterra, Suiza o Países Bajos, al igual que en América Latina: Perú o Argentina tan solo para citar un par de ejemplos76. No obstante, todavía es muy poco lo que conocemos sobre las conexiones o no de esas políticas convertidas en herramientas legales. Sin duda las historias jurídicas comparadas en clave política tienen mucho que decirnos: tal vez un buen comienzo sería contar al menos con unos panoramas nacionales que permitan avanzar en esa dirección.

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1 Por ejemplo, véase: Antonio Barreto Rozo, La generación del estado de sitio: el juicio a la anormalidad internacional en la Asamblea Constituyente de 1991, Universidad de los Andes, Bogotá, 2011; Jorge González Jácome: Estados de excepción y democracia liberal en América del Sur (Argentina, Chile y Colombia, 1930-1990, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2015.

2Entre 1920 y 1929 hubo 126 huelgas. Mauricio Archila Neira, “¿De la revolución social a la conciliación?: algunas hipótesis sobre la transformación de la clase obrera colombiana (1919-1935)”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 12, 1984, P. 54.

3Renán Vega Cantor, Gente muy rebelde, 4, Socialismo, Cultura y protesta popular, Ediciones Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002. P. 120.

4Miguel Urrutia, Historia del Sindicalismo en Colombia,1850-2013, Universidad de los Andes, Bogotá, P. 51

5Según Archila, la huelga en ese entonces “era bien distinta de la contemporánea. Comencemos por decir que a veces era más una “asonada” o un motín” que una huelga entendida como un movimiento relativamente preparado y organizado. La huelga de los años veinte era la expresión de la protesta que estallaba espontáneamente, en la mayoría de los casos”. Mauricio Archila, “La clase obrera colombiana (1886-1930), Nueva Historia de Colombia, 1886, Alvaro Tirado M. (Ed.), Bogotá, 1989. P .233.

6Decreto Legislativo 02 del 12 de enero de 1918.Diario Oficial Año LIV, N.16291, 1918. P.1

7David Bushnell. Colombia: una nación a pesar de sí misma: nuestra historia desde los tiempos precolombinos hasta hoy, 16ª edición actualizada, Planeta, Bogotá, 2007.

8Roberto González Arana e Ivonne Molinares, “Movimiento obrero y protesta social en Colombia”, 1920-1950. Historia Caribe, Vol. VIII, No. 22, enero-junio, 2013, Pp. 167-193.

9Eduardo Domenech, “Inmigración, anarquismo y deportación: la criminalización de los extranjeros “indeseables” en tiempos de las grandes migraciones”, REMHU, Rev. Interdiscip. de Mobil. Hum., Brasilia, Año XXIII, Vol. 45, julio- diciembre de 2015. Pp.169-196.

10Senado de la República, Exposición de motivos y proyecto de ley sobre inmigración, edición ordenada por el Senado, Imprenta Nacional, Bogotá, 1919, P. 28.

11Hubo un intenso debate jurídico sobre la constitucionalidad del proyecto. “Gran debate sobre el derecho de reunión”, El Tiempo, Bogotá, 15 de 0ctubre de 1920, P. 5a.

12Intervención del senador Gómez, Ibíd, P. 6ª.

13“Senado”, El Tiempo, 17 de octubre de 1920, P. 6ª.

14El debate jurídico se extendió a la actualidad, pues la Corte Constitucional declaró la ley inconstitucional en la sentencia C- 052 del 30 de mayo de 2018. Según el tribunal, si bien la ley estaba en desuso, no había sido derogada, y quebrantaba la Constitución de 1991.

15Germán Colmenares, “Ospina y Abadía: la política en el decenio de los veinte”, en Álvaro Tirado: Nueva Historia de Colombia, Tomo I: Historia Política, 1886-1948, 243-268. Planeta, Bogotá, 1989.

16Por ejemplo, en enero de 1927 el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Frank B. Kellogg manifestó la preocupación por la expansión bolchevique en América Latina y el sentimiento antiestadounidense. “Statement of the Secretary of State regarding Bolshevik aims and policies in Mexico and Latin America”, Washington, January 12, 1928, Foreign Relations, Vol.1, 1942. P.356-263.

17“La siguiente etapa en las relaciones entre la Comintern y el movimiento comunista colombiano empezó después del Tercer Congreso Obrero de Colombia (1926) que declaró la ruptura con los partidos tradicionales y la creación del Partido Socialista Revolucionario, PSR, sobre los principios clasistas, en particular sobre el postulado de la dictadura del proletariado”. Lázar y Víctor Jeifets, “El partido comunista colombiano, desde su fundación y orientación hacia la “transformación bolchevique”: varios episodios de la historia de las relaciones entre Moscú y el comunismo colombiano, Anuario Colombiano de Historia Social y la Cultura 18, 2001. P. 28

18Isidro Vanegas Useche, “Patriotismo o universalismo proletario: un lugar del mundo del obrerismo y el socialismo colombiano, 1904-1930, Historia y Memoria, 7, julio- diciembre de 2013, 312.

19“El CCCC había dividido el país en zonas militares, se tenían planos de cuarteles de Bogotá, del Palacio Presidencial, de los conventos, del Ministerio de Guerra. Utilizaban un sistema criptográfico de comunicación interna, tenían preparadas proclamas, comunicaciones y hasta elaborada una Constitución que sería implantada luego del triunfo del levantamiento armado”. Vega, Ibíd., P. 280.

20Por ejemplo, el Acuerdo de la Asamblea Plenaria del PSR del 29 de julio de 1928 establecía la organización de un “ejército rojo”. Klaus Meschkat y José María Rojas, Liquidando el pasado: la izquierda colombiana en los archivos de la Unión Soviética, Taurus, Fescol, segunda edición, Bogotá, 2015. P. 107.

21Gonzalo Sánchez, Ensayos de historia social y política del siglo XX: los bolcheviques del Líbano, las ligas campesinas en Colombia, las raíces históricas de la amnistía. El Áncora Editores, 1984.

22El Tiempo, 2 de mayo de 1927. Primera página.

23Informe del Director General de la Policía Nacional al Ministro de Gobierno, Bogotá, 23 de marzo de 1928. Revista de la Policía Nacional, órgano oficial de esta entidad. Pp. 218-219. Año VXI, Número 90, 1928.

24Idem.

25Una historia política del decreto y un análisis detallado del fallo en: Mario Alberto Cajas Sarria, “Haciendo memoria de una Corte que le temía a la revolución: a propósito de un juicio de constitucionalidad bajo la hegemonía conservadora”. Revista de Derecho Universidad del Norte, No. 49, 2018

26Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Bogotá, 13 de noviembre de 1928, Gaceta Judicial No. 1832, Tomo XXXVI, Bogotá P. 193

27Ibid, P. 195.

28Ley 48 del 3 de noviembre de 1920, Diario Oficial No. 17392 y 17393 de 1920.

29Esto decía el artículo único del proyecto: “El gobierno dictará todas las medidas reglamentarias que aconsejen las conveniencias públicas para el cumplimiento eficaz de los artículos 19, 42, 46, 47 y 48 de la Constitución, y de las disposiciones legales que aseguren la propiedad y el orden social. Para cumplir este mandato (…), Autorízase al Gobierno para establecer las sanciones penales necesarias, que deben aplicarse por conducto de las respectivas autoridades de Policía, y para señalar los procedimientos correspondientes. De esta facultad queda investido el Gobierno hasta el 20 de julio de 1930”. Anales del Senado, Bogotá, miércoles 20 de junio de 1928, número 36, Pp. 185.

30“Informe de Mayoría de la Comisión que estudió para segundo debate el proyecto de ley sobre “autorizaciones al Gobierno”. Anales del Senado, sesiones extraordinarias de1928, Bogotá, miércoles 20 de junio de 1928, número 36, Pp. 184.

31Anales del Senado, sesiones extraordinarias de 1928, Bogotá, miércoles 20 de junio de 1928, número 36, Pp. 185.

32Idem

33Ibíd. P. 186.

34Idem

35Ibíd. Pp. 187.

36Informe de Minoría de la comisión que estudió para segundo debate el proyecto de ley “sobre autorizaciones al Gobierno”, Anales del Senado, sesiones extraordinarias de1928, Bogotá, miércoles 20 de junio de 1928, número 36, Pp. 186.

37Idem.

38Intervención del senador Carlos Uribe Echeverry, sesión del 2 de julio de 1928. Anales del Senado, viernes 6 de julio de, número 49, 1928. Pp. 274.

39Idem.

40Intervención del senador Antonio José Uribe en la sesión del 19 de julio de 1928, debate del proyecto de ley “sobre autorizaciones al gobierno”, Anales del Senado No. 66, viernes 27 de julio de 1928, P. 377.

41Idem.

42Anales de la Cámara de Representantes No. 143, viernes 26 de octubre de 1928. P. 1023.

43Jorge Orlando Melo, “La ley heroica de 1928”, en: http://www.jorgeorlandomelo.com/leyheroica.htm. Consultado el 10 de junio de 2018.

44La ley puede consultarse en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1789756

45“El francés Octave Rabaté, representante de la Internacional Sindical Roja, y por lo tanto de la IC, que llegó a Bogotá a mediados de 1928 en un momento de gran agitación social y política pues el congreso discutía la llamada ley heroica (...). Los socialistas canalizaban la inconformidad social y preparaban la huelga de las bananeras, y Rabaté contribuyó a establecer una alianza con los liberales para oponerse a aquella ley, pero se mantuvo más bien expectante ante los planes insurreccionales de los socialistas”. Vanegas, op. cit. 312.

46Sánchez, op. cit.

47Klaus Meschkat y José María Rojas, Liquidando el pasado: la izquierda colombiana en los archivos de la Unión Soviética, Taures, Fescol, segunda edición, Bogotá, 2015. P. 28

48“Declaración del Partido Socialista Revolucionario sobre los últimos sucesos”. Firmado por Moisés Prieto, Paulo E. Sabogal González y R. Baquero (Miembros del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Revolucionario de Colombia), El Tiempo, 31 de julio de 1929, p. 5.

49Idem.

50“Una etapa importantísima del desarrollo del movimiento revolucionario en Colombia, así como de sus relaciones con la Comintern fue la huelga organizada por los dirigentes del PSR en la zona bananera (…). Desde un principio los representantes del PSR en la zona bananera, Ignacio Torres Giraldo y María Cano, junto con los líderes de la Unión Sindical de los Trabajadores del Magdalena (Raúl Mahecha, Alberto Castrillón y otros) planeaban la transformación de las luchas económicas en lucha política con carácter eminentemente antiimperialista. El objetivo estratégico era destruir la influencia de los monopolios norteamericanos en el país y derrocar al gobierno (…). El despliegue de la huelga bananera -un grado muy alto de la organización de los huelguistas- y su disposición de usar los métodos drásticos en la lucha dieron la vida al fantasma del triunfo cercano de la revolución. Víctor Jeifets y Lazar Jeifets. “The Comintern’s Impact on the Transformations of the Colombian Left-Wing Movement in the 1920s”. Istoriya. 9(3 (67)).

51Jorge Enrique Elías Caro, “La masacre obrera de 1928 en la zona bananera del Magdalena- Colombia. Una historia inconclusa”. Andes, Vol. 22, No. 1, enero-julio de 2011, P.7.

52Catherine Le Grand, “El conflicto de las bananeras”, Nueva historia de Colombia, Alvaro Tirado Mejía (Ed.), Tomo III, Bogotá, Planeta, 1989.

53Decreto Legislativo 01 del 5 de diciembre de 1928, Diario Oficial No. 20962.

54“Primeras representaciones de la masacre de las bananeras”. Mauricio Archila y Leidy Jazmín Torres (Eds.), Bananeras, huelga y masacre: 80 años, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2009.

55Decreto Legislativo 02 del 21 de diciembre de 1928.

56Mario Alberto Cajas Sarria, La historia de la Corte Suprema de Justicia, 1886-1991. Tomo I, Universidad de los Andes, 2015. P. 192. .

57El PSR rindió un completo informe a la IC y esta respondió en una extensa carta en febrero de 1929, en donde analizaba los hechos de las bananeras y señalaba como una urgencia romper los vínculos del PSR con la izquierda liberal. Meschkat y Rojas, óp. cit. P. 151.

58“(…) El movimiento comunista de Colombia entró en una etapa nueva de su desarrollo. El periodo del romanticismo revolucionario se acabó y fue sucedido por la era de la actividad bajo el control estricto de la dirección suprema de la III Internacional”. Víctor y Lázar Jeifets, América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario biográfico, Santiago de Chile, Ariadna Ediciones, 2015.

59Idem.

60Sebastián Salgado. “La Guerra Fría llega a América Latina: La IX Conferencia Panamericana y el 9 de abril”, Análisis Político No. 79, Bogotá, septiembre-diciembre de 2013, PP. 19-34.

61El Tiempo del 4 de mayo de 1948 informó sobre la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la salida del país del personal de la representación diplomática Soviética.

62Bajo el gobierno de Gómez, tropas del Batallón Colombia participaron en las fuerzas multinacionales en la Guerra de Corea en 1952, un conflicto marcado por la Guerra Fría en el cual el país se alineó con los Estados Unidos.

63James D. Henderson, “El proyecto de reforma constitucional conservadora de 1953 en Colombia”, P. 273-276. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 13-14, Pp. 261-279.

64Idem.

65“Proyecto de Reformas presentado al Ministerio de Gobierno por la Comisión de Estudios Constitucionales”, Bogotá, febrero 11 de 1953. En: Revista de Derecho, Universidad Pontificia Bolivariana, Vol. 3, 9-12, Medellín, 1953. Pp. 85-123. P. 92

66Liborio González Cepeda, “La Guerra Fría en Colombia. Una periodización necesaria”, Historia y Memoria, Vol. 15, 2017. P. 295-330.

67Luís Trejos Rosero, “Comunismo y anticomunismo en Colombia durante los inicios de la guerra fría, 1948-1966”, Tiempo Histórico, segundo semestre de 2011.

68Décima Conferencia Interamericana, Caracas, 1954. Acta Final, P. 363. http://biblio2.colmex.mx/coinam/coinam_2_suplemento_1945_1954/base2.htm Descargado el 10 de mayo de de 2018.

69The Communist Control Act of 1954, The Yale Law Journal, Vol. 64, No. 5, P. 713.

70Communist Control Act of 1954, U.S. Statutes at Large, Public Law 637, Chp. 886, p. 775-780.

71Anales de la Asamblea Nacional Constituyente, “Exposición de motivos del proyecto de Acto legislativo “por el cual se dictan medidas sobre el comunismo y demás partidos internacionales”. Bogotá, martes 17 de agosto de 1954. P. 68.

72Idem.

73Idem.

74Anales de la Asamblea Constituyente, “Informe de la Comisión Primera Constitucional, sobre el Proyecto de Acto Legislativo “por el cual se dictan medidas sobre el comunismo”. Acta No. 19 de la Asamblea Nacional Constituyente, sesión del 4 de septiembre de 1954. Bogotá, lunes 6 de septiembre de 1954, Año 1, No. 19. P. 224

75Acto legislativo 07 de 1954, Anales de la Asamblea Nacional Constituyente, Bogotá, martes 21 de septiembre de 1954, Año 1, No. P. 224.

76Decreto 434 del 01 de marzo de 1956.

Recibido: 02 de Septiembre de 2018; Aprobado: 19 de Octubre de 2018

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