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Límite (Arica)

versión impresa ISSN 0718-1361versión On-line ISSN 0718-5065

Límite (Arica) vol.13 no.41 Arica jun. 2018

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50652018000100060 

Artículos

LA MEMORIA ESTÁ LLENA DE CIUDAD: RENOVACIÓN URBANA Y MEMORIAS SUBTERRÁNEAS EN LA DEMOLICIÓN DE LA CÁRCEL PÚBLICA EN LA POSTDICTADURA CHILENA

MEMORY IS FULL OF CITY: URBAN RENOVATION AND UNDERGROUND MEMORIES IN THE DEMOLITION OF THE PUBLIC PRISON IN THE CHILEAN POST-DICTATORSHIP

Carolina Aguilera1 

1Universidad Diego Portales, Santiago - Chile.

RESUMEN

El artículo propone la importancia de incorporar tanto el análisis espacial como la existencia de memorias subterráneas en el estudio sobre los sitios de memoria, a partir del estudio de caso de la destrucción de una cárcel que fue a su vez la principal cárcel política de la dictadura chilena de 1973-1990, y un inmueble patrimonial por su tipología carcelaria modernista de fines del s. XIX. En base a documentación de archivo, fotografías históricas y entrevistas, se muestra que la geografía social del espacio, es decir como éste es producido socialmente, también participa de la configuración de la memoria social sobre eventos históricos altamente disputados en una sociedad. En particular, se argumenta que junto con las disputas en tornos a las representaciones del pasado y las relaciones de poder entre los actores involucrados hubo una política de renovación urbana bajo un enfoque que privilegiaba al mercado inmobiliario, que explicaría la casi inexistencia de oposición a la demolición de la Cárcel iniciada en 1994 y su reemplazo por dos edificios corporativos de gran altura. Sin embargo, la memoria de la Cárcel se ha re-territorializado en otros espacios de memoria públicos y privados, a partir de la conservación de algunos elementos significativos alojados hoy en el Museo de la Memoria y en manos de personas. En el lugar, los únicos elementos que recuerdan a la Cárcel son parte de la fachada reconstruida y una placa en el suelo, recién instalada para el aniversario número 40 del Golpe Militar.

Palabras Clave: Cárcel Pública; renovación urbana; post-dictadura; memorias subterráneas; violencia política

ABSTRACT

This paper poses the importance of incorporating spatial analysis, together with the concept of "underground memories", into the research regarding the recovery of memorial sites, based on the case study of the destruction of a prison that was the most important political prison of the Chilean dictatorship between 1973-1990, as well as being a heritage building due to its modern penitentiary typology as of de end of the nineteenth century. Through examining archival documentation, historical photographs and interviews, the present research shows that the social geography of space, in other words the way it is socially produced, also participates in the configuration of social memory on historical events that are highly disputed within a society. In particular, it is argued that along with the disputes regarding the representations of the past as well as the power relations among the indi viduals involved (dynamics that are generally emphasized in this type of study), there was an urban renovation policy in place that encouraged the real estate market that would explain the virtually nil opposition to the demolition of the Prison that began in 1994 and being replaced by two corporate high rises. However, the memory of the Prison has been re-territorialized in other public and private memory settings due to the conservation of some meaningful elements currently installed in the Museum of Memory and in the hands of people. The only elements that memorialize the Prison in the Museum are part of the front of the building (façade) and a plaque on the floor, recently installed for the 40th anniversary of the Military Coup.

Key Words: Public Prison; urban renewal; post-dictatorship; underground memories; political violence

Las ciudades participan de la configuración de la memoria cultural a través de elementos espe cialmente diseñados para ese fin -monumentos y museos- pero también a partir de la sobrevivida y conservación de sus estructuras urbanas y arquitec tónicas (Rossi, 1992). Como ha sido extensamente analizado, en las últimas décadas las sociedades occidentales atraviesan un etapa marcado por conmemoraciones y la irrupción de memorias sociales relativas a periodos de gran violencia, en el que se destacan las disputas en torno a proyec tos de monumentalización y a la conservación o demolición de arquitecturas vinculadas a dichos periodos (Huyssen, 2003). En este contexto, en países como Alemania, España, Argentina, Uruguay y Chile, los cambios de regímenes políticos han conllevado disputas en ambos planos. En este sentido, suele distinguirse el caso chileno como un país cuya capital logró, tempranamente, conservar espacios que sirvieron a la represión dictatorial más brutal, para convertirlos es centros dedicados a la conmemoración de víctimas y la promoción de los derechos humanos (Bianchini, 2014)2.

En los últimos años se ha dado un debate interesante sobre inmuebles y proyectos de arquitectura alojados en la capital chilena, que sedimentan los hechos vinculados a la época dictatorial (Márquez & Rozas, 2014; Bianchini, 2012; Rozas, 2014; Cáceres 2012; Collins, Hite, & Joignant, 2013; Aguilera, 2015). Se trata de estudios que confirman el carácter conflictivo de la configuración de representaciones sobre la dic tadura en la urbe, y de las intensas disputas entre actores del aparato burocrático y de la sociedad civil, incluyendo a organizaciones de derechos humanos, arquitectos y artistas. Sin embargo, este tipo de análisis ha omitido la pregunta por aquellos lugares de la represión que no fueron conservados, contribuyendo a construir una imagen quizás demasiado optimista sobre el proceso de memorialización urbana en el país. Sin embargo, como plantea este artículo, centrarse en este tipo de casos permite complejizar la lectura de los pro cesos de memorialización postdictatorial en Chile, incorporando la pregunta por aquellas memorias que no tuvieron espacios de representación pública (como la violencia política de izquierda). Para ello, el artículo presenta el caso de la demolición de la Cárcel Pública de Santiago, principal penal político del país durante la dictadura, y a la vez edificio patrimonial de la arquitectura carcelaria moderna del país.

La primera parte del artículo presenta los elementos centrales de la historia política del inmue ble. La segunda expone el proceso de demolición del establecimiento bajo la dinámica de renovación urbana del centro de la capital. En tercer lugar se entrega una interpretación que apunta a explicar el destino del inmueble por las dificultades que hubo durante la transición en la elaboración de las memorias en torno a la violencia política de la izquierda en dictadura. La investigación descansa en la revisión de archivos del Estado y de orga nizaciones sociales3, la realización de entrevistas a cinco partícipes del proceso4, el escrutinio de prensa de la época5, y de la revisión dos revistas de arquitectura chilenas6.

1. La ciudad está llena de memoria: la Cárcel Pública de Santiago

Una de las memorias sociales más complejas que ha tenido que elaborar nuestra sociedad es el Golpe Militar y los casi 17 años de dictadura. ¿Cómo ha soportado la capital esta memoria? Si bien se ha destacado la conservación de sitios como Villa Grimaldi, José Domingo Cañas, y Londres 38, así como la conservación y recreación de espacios que recuerdan la represión en el Estadio Nacional y el propio Palacio Presidencial, la capital también sufrió de grandes trasformaciones tanto durante la dictadura como en la época posterior, que sig nificaron la destrucción de estructuras urbanas y arquitecturas representativas de la represión estatal. Quizás la más significativa haya sido la Cárcel Pública, ubicada en pleno centro de la Capital, y que hacia el final de la dictadura había cumplido 100 años.

El recinto, que incluía al edificio de los Juzgados del Crimen, fue construido entre 1887 y 1892 en el casco histórico de la capital. Proyectado como espacio carcelario moderno, fue el princi pal recinto penitenciario del país hasta 1990. La edificación había sido declarada "Inmueble de Conservación Histórica" en 1989 por la Ley General de Urbanismo y Construcción7. Según reseñaron los arquitectos Dominichetti y Marchetti, en un informe preparado para una solicitud de declaratoria de monumento histórico, el edificio se destacaba por ser obra del primer arquitecto titulado en Chile, Ricardo Brown de la Barra, y porque el trabajo constructivo fue dirigido posteriormente por el arquitecto Henry de Villeneuve. Se conser vaban la mampostería de las salas de los juzgado, sus chimeneas de mármol y cielos artesanados (Dominichettti & Marchetti). Además, la forma del presidio superaba el modelo de panóptico de Bentham (Dominichettti & Marchetti).

Sin embargo, el recinto fue considerado por las autoridades de la época como un inmueble que no sería rehabilitado, sino reemplazado por un Nuevo Centro Cívico conformado por dos torres corporativas de 17 pisos cada una, más una placa de oficinas de menor altura (CORDESAN, 1995). ¿Qué marcó el destino de este recinto?

Huellas de la represión en la Cárcel Pública

Desde sus inicios, la Cárcel Pública alojó presos comunes y políticos. En relación al periodo que interesa en este trabajo, la dictadura, la Cárcel recibió en diferentes momentos opositores del régimen, incluyendo a miembros de las FFAA, dirigentes sindicales, periodistas y militantes de organizaciones armadas de izquierda como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Las condiciones de reclusión eran malas por la condiciones de hacinamiento, y por no haber estado siempre separados de la población penal común, acumulándose denuncias al respecto en la época (CPPyT, 2004). La prisión política generó un movimiento de solidaridad con los presos y las familias, orientado a ayudas económicas y judiciales, y que fue apoyado también por huelgas de hambre.

Hubo varios casos de gran connotación, la que recibieron cobertura en los boletines de oposición y en el exterior entre las organizaciones de exiliados y de solidaridad con Chile. Entre ellos es posible destacar el presidio y muerte de algunos de los aviadores encarcelados en 1973 por oponerse al Golpe, entre ellos el padre de la ex presidenta Michelle Bachelet. Como sabemos hoy, el general murió en el penal a causa de las torturas infringidas en las múltiples ocasiones en que fue trasladado a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Los muros de la Cárcel guardaron parte de esta historia hasta su demolición mediante una carta hallada en 1993 entre las grietas, en la que los aviadores denunciaban el Golpe. La misiva forma parte hoy parte de la Colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos8.

Otro caso que da cuenta de la centralidad de este recinto en la represión política de la dictadura, fue el intento de asesinato de 4 presos políticos vinculados al MIR que estaban acusados de haber asesinado al entonces Intendente de Santiago, el Mayor General Carol Urzúa, en diciembre de 1981. Los presos fueron envenenados por agentes de la CNI (Central Nacional de Inteligencia) con la toxina butolímica a través de alimentos. Ellos lograron sobrevivir gracias a las gestiones de orga nizaciones locales e internacionales de solidaridad, principalmente el FASIC, que consiguieron un antídoto9. Sin embargo dos presos comunes que compartieron el alimento envenenado, murieron10. Este caso estuvo vinculado, a su vez, a la muerte del ex presidente Frei Montalva ocurrida semanas después: según las investigaciones que se han realizado su muerte fue causada por la toxina bo-tulímica, y el envenenamiento de los presos de la Cárcel fue una suerte de ensayo del fatal método (Matus, s/f).

La Cárcel fue también objeto de marcación artística por la artista Lotty Rosenfeld años después, en 1985, quien instaló cruces sobre el pavimento frente a la Cárcel, así como haría en otras partes de la ciudad aprovechando las líneas que tienen las calles para delimitar el eje de la calzada.

Un último evento que marcará el lugar como sitio de memoria, sobre todo de aquellas vinculadas a los grupos de izquierda que ejercie ron acciones armadas, fue la fuga protagonizada por integrantes del FPMR a escasas semanas de iniciarse el primer gobierno post-dictatorial, a fines de enero de 1990. En total se escaparon 49.

Todos estos elementos fueron volviendo a la cárcel en aquella materialidad sobre la que se ha sedimentado historias de horror, solidaridades y resistencias. Sin embargo, y aun cuando hubo arquitectos que se opusieron a la demolición, no se conformó un movimiento social que luchara contra la destrucción. Salvo la aparición de una columna en la revista del Colegio de Arquitectos11, las revistas chilenas de arquitectura de la época tampoco dieron cobertura al proyecto de la Cárcel. Una de las pocas voces fue la de la Revista Crítica Cultural, quien publicó un extenso reportaje a la demolición de la Cárcel en 1993 denunciando la indiferencia social al hecho.

2. La memoria está llena de ciudad

La dinámica de renovación urbana neoliberal y la demolición de la Cárcel

El verano de 1994 arrojó dos postales contradictorias sobre la conservación de la me moria material de la represión dictatorial en la ciudad. Por un lado, en enero se expropiaba Villa Grimaldi, principal cuartel y centro clandestino de la DINA, para un proyecto de memoria12. Por otro, en febrero, y coincidiendo con un aniversario de la fundación de la ciudad, el Alcalde Jaime Ravinet daba inicio a la demolición de la centenaria Cárcel en el marco de un gran programa de recuperación del centro de la capital (La Época, 1994). Este programa provenía de un diagnóstico realizado en la gestión alcadicia anterior, que consideraba que el centro estaba pasando por un proceso de deterioro: una emigración de los sectores de más altos ingresos al oriente de la capital, la existencia de cités con altos índices de hacinamiento, el cierre de talleres, el aumento de bodegaje y delincuencia. Frente a ello la Municipalidad de Santiago creó en 1985 la Corporación de Desarrollo de Santiago (CORDESAN), una entidad privada presidida por el Alcalde (Rojas, 2004; Jirón, 1999). Ésta llevó adelante un proceso de varias etapas, con proyectos de inversión y de repoblamiento en la comuna, en un modelo de carácter neoliberal que algunos autores consideran que se mantuvo en pie en el periodo posterior al fin de la dictadura (Valdivia, 2013).

El rol de la CORDESAN en la activación de un mercado inmobiliario en el centro de la capital ha sido estudiado por diversos autores (Contreras, 2005; Rojas, 2004). Sin embargo, estos estudios no tematizaron la demolición de la Cárcel, salvo por la indicación que se trataba de uno de los espacios cuyo uso del suelo producía deterioro (Rojas, 2004, p. 163) o que formaba parte de los predios cuyo uso del suelo iban a cambiarse. Si bien en 1991 el estudio de terreno que realizó la Municipalidad establecía que "presenta potenciales de (...) conservación de fachada sur hacia General Mackenna, de gran significación histórica", el mismo señalaba que otro potencial era su "alta constructibilidad (...) y condición unitaria de gran conjunto urbano (AMS 1991, p. 6). Así, a pesar de su valor arquitectónico, salvo la fachada sur, la Cárcel no fue considerada como uno de los edifi cios públicos de interés histórico o arquitectónico (Rojas, 2004). Por el contrario este terreno sería destinado a oficinas (Rojas, 2004).

El predio era, hasta al menos 1991, propie dad de Gendarmería de Chile (AMS, 1991). Luego sería traspasado a la CORDESAN (MBN, 2015). El año 1994 la empresa Remodeladora Santiago Centro compró el terreno a la CORDESAN (AMS, 2001), la que sin embargo mantuvo acciones en la empresa correspondientes al 21% (CORDESAN, 1995). Entre 1994 y 1996 la empresa fue presidida por el Alcalde de Santiago (AMS, 1996). Esto obedecía a la forma jurídica que tomó el modelo de asociación público-privado de la Corporación para el desarrollo de proyectos en el centro de la capital. La empresa se adjudicó el predio bajo el concepto de concurso-oferta (CORDESAN, 1995). La empresa Remodelara concibió en el predio la construcción del proyecto "Nuevo Santiago" con sistente en dos torres y un edificio de siete pisos para oficinas y comercio, hacia la calle General Mackenna. En un inicio la construcción de este edificio de siete pisos fue concebido como una

remodelación del edificio original correspon diente a los ex Tribunales de Justicia de Calle General Mackenna n°1341, conservándose los dos torreones extremos (...) manteniéndose además el muro del primer piso de la fachada sur y parte de dicho muro del 2° piso. (AMS, 1999, p. 3).

Sin embargo, como se verá más adelante, la fachada sur será posteriormente demolida y reconstruida. El empresario constructor a cargo de este desarrollo fue Mario Alvo, y el arquitecto fue Cristián Boza (AMS, 2001). Al primero se lo recuerda con el nombre de una calle aledaña a la cárcel en la actualidad.

Cuando los arquitectos patrimonialistas Ramón del Piano y Fernando Riquelme se ente raron del proyecto, iniciaron gestiones para pro teger el inmueble. Riquelme inició la solicitud de declaratoria de Monumento Histórico de algunos sectores del recinto13 en junio de 1992, argumen tando que la protección patrimonial que otorgaba el MINVU no lograba proteger el inmueble14. Del Piano, por su parte, escribió cartas a los diarios, a revistas de arquitectura y junto a la arquitecta Isabel Tucca presentaron un proyecto al concurso de la CORDESAN (del Piano, 2004). El mismo Colegio de Arquitectos, en un inicio más reacio hacia la posición de Riquelme, terminó rechazando públicamente la demolición del edificio (ACMN, 1992a).

Sin embargo, la Alcaldía de Jaime Ravinet se opuso férreamente a la declaratoria patrimonial, según se evidencia en las cartas archivadas en el Consejo de Monumentos Nacionales (ACMN, 1992b). El argumento principal era que ya se había comprometido un proyecto cultural en la Estación Mapocho, y que otorgar la categoría de Monumento Histórico al inmueble restringiría las opciones para el sector (ACMN, 1992b). Además se argumentaba que ya había oferentes que habían comprado las bases del concurso. El CMN acogió ese punto de vista, considerando que la Municipalidad era la dueña del inmueble15, y no se aprobó la solicitud de declaratoria. El Alcalde consideraba que el inmueble de la Cárcel depreciaba el sector desde un punto de vista urbanístico16.

Por su parte, hubo escasas otras acciones de parte de la sociedad civil para denunciar la demolición del recinto. La organización Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, una de las principales organizaciones que ayudaron a los presos políticos de la época y a sus familias, realizó una operación de rescate de piezas em blemáticas de las ruinas de la cárcel en los años 1990s, y que hoy forman parte de la colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: la puerta de una celda (exhibida en la exhibición permanente) y el carrito utilizado por los frentistas para la fuga de enero de 199017. ¿Por qué conservar esas piezas? El entonces y aún actual director de la entidad, Claudio González, indica que se inspiró en los recuerdos que se llevaban los visitantes del muro de Berlín. El quiso emular este gesto obsequiando pedazos de muro de la Cárcel para un aniversario del FASIC18. Según me contó un ex preso de presidio, no hubo pocos que fueron a recoger también su pedazo de muro19. Así, reliquias del lugar de represión, están no solo alojadas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, sino que fueron atesoradas por personas afectiva mente vinculados al recinto. La cárcel, al tiempo que era demolida, se convertía en una arquitectura afectiva (Draper, 2015).

Los afectos movilizados por la Cárcel seguían moviendo también a los arquitectos patrimonialistas, pero por razones diferentes. No se conformaban con la destrucción de la pieza más valiosa, el lugar en que se alojaban los Tribunales del Crimen. Así, en 1997 Ramón del Piano inició la segunda gestión para la conservación de este inmueble, la cual si fue acogida esta vez por el CMN (ACMN, 1997). Sin embargo, como indican los documentos del CMN, el Ministro de Educación nunca llegó a firmar el decreto. Aun cuando algunos documentos y entrevistas indican que se conservó la fachada del edificio de los Juzgados del Crimen, los docu mentos que guarda la Municipalidad de Santiago sobre la demolición del presidio, son claros en señalar que lo único original que se conservó de dicho inmueble fueron las dos torres ubicadas a los extremos oriente y poniente, respectivamente20. El resto del edificio de Tribunales que se puede apreciar hoy es una reconstrucción que forma parte de un edificio-placa de estilo posmoderno al que se aplicó un de tipo patrimonial fachadista, pero en la que se confunden los restos originales del edificio con la parte reconstruida. Actualmente, el edificio alberga una sede bancaria y oficinas del poder judicial. En el resto de la manzana se insta laron dos torres corporativas de la empresa Aguas Andinas de gran altura, y se creó una plaza dura hacia calle Balmaceda. Recién para el aniversario número 40 del Golpe de Estado se instaló una placa a nivel de suelo frente a la fachada reconstruida, que señala la ubicación de la ex Cárcel Pública allí.

3. Los silencios de la Cárcel Pública

La sección anterior da cuenta de la impor tancia de la propia dinámica espacial que se llevó adelante en el centro de la capital y que selló el destino de la Cárcel Pública. Su ubicación en un pedazo de ciudad donde estaba en operación la lógica de desarrollo capitalista que han descrito David Harvey y Edward Soja, entre otros, en que gran parte de la plusvalía proviene de la renta del suelo hacía muy difícil su sobrevivencia. Como ha propuesto David Harvey, las ciudades capitalistas están afectadas por los ciclos del capital expre sados en crisis urbanas y reestructuraciones. Este proceso conlleva una contradicción entre la rigidez del entorno urbano edificado y la dinámica de acumulación capitalista que promueve la inversión en las ciudades, la que muchas veces se resuelve a favor de la destrucción de una geografía específica (Soja, 2008). Esta explicación, sin embargo, deja pendiente la pregunta por el silencio de parte de los actores ocupados por el rescate de la memoria de la represión política en torno a este caso. Sobre este asunto me referiré ahora ofreciendo una in terpretación siguiendo el concepto de memorias subterráneas de Michel Pollack (2006).

Cómo ha sido destacado por diversos au tores, la elaboración de narrativas sobre pasados conflictivos para una sociedad obedece a procesos selectivos, que van a definir las condiciones de posibilidad para, entre otras cosas, la memoria-lización de ciertos recintos y el aparente olvido y destrucción de otros (Jelin, 2002; Stern, 2004). En el caso chileno, la memoria cultural sobre el pasado dictatorial en los primeros años de finali zada la dictadura se fue configurando a modo de irrupciones e impasses de memoria (Wilde, 1999; Stern, 2004), que si bien permitieron avanzar en el reconocimiento oficial de los crímenes cometidos por la dictadura, ello solo implicara niveles acotados de verdad y de justicia. Por ejemplo, se logró crear la Comisión de Verdad y Reconciliación, la cual emitió su informe en 1991, estableciendo la existencia de ejecuciones ilegales y desapariciones por parte de agentes del régimen, y a continuación se crearon leyes reparatorias. Sin embargo, el poder judicial no se hizo eco y los hechos no fueron investigados, salvo en casos así llamados emblemáticos. En esos primeros años de la década de 1990s se instalaron memoriales, aunque varios de carácter más bien precario y sin un financiamiento público, pero también se creó a instancias del Estado el memorial del Cementerio General y se recuperó Villa Grimaldi. Asimismo, se publicaron libros testimoniales y de denuncia que tuvieron gran difusión. Así, en este primer periodo de la transición, las elites políticas promovieron de manera exitosa una narrativa sobre el pasado de violaciones a los DDHH, que si bien reconocía tales crímenes cometidos por parte del Estado, ponía el acento en la reconciliación nacional y en el perdón. Era una fórmula de amnistía utilizada históricamente en Chile, y que había sido utiliza da con relativo éxito en el país y el mundo. Esta tesis solo fue cuestionada por las organizaciones de DDHH, las que sin embargo fueron perdiendo espacios de comunicación de sus posturas, y por los partidos políticos de izquierda sin represen tación en el Congreso. De este modo, dichas voces tuvieron muy poca presencia en el espacio público, y estas experiencias se fueron confinan do a una comunicación política y socialmente más marginal. En este proceso, en Chile, como también ocurrió en Argentina, la memoria sobre la dictadura fue hegemonizada por un discurso amparado por el paradigma de los DDHH, que si bien permitía condenar éticamente al régimen dejaba poco margen para la memoria política de los sujetos que caían en la categoría de víctimas y que habían llevado adelante acciones violentas de oposición21. Una de las memorias que quedó en una condición de subterraneidad (Pollack, 2006), fue la de los actores de izquierda que optaron por la vía armada para derrocar a la dictadura. Es decir, el triunfo de la estrategia política en la segunda mitad de los 1980s de lo que luego devendría en la Concertación -de seguir el camino institucional (electoral) para derrotar al régimen y de condena a las acciones armadas-, fue dejando las narrati vas de aquellos grupos como el FPMR y el MIR en un espacio de memoria subterránea (Pollack, 2006), o de memorias sueltas (Stern, 2004). Es decir, sin lugar en los espacios públicos, con un bajo reconocimiento social y más bien confinadas a reducidos espacios privados. Esta condición es la que a juicio de este análisis permite entender la aparente paradoja que arroja la imagen de la demolición de la Cárcel, sin mayor oposición, al mismo tiempo en que se llevaba adelante un exitoso proceso de recuperación, como sitio de memoria, de lo que quedaba del predio que había ocupado la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) en la comuna de Peñalolén, Villa Grimaldi.

Efectivamente, crear un espacio de memoria público como Villa Grimaldi, dedicado a las vícti mas de la dictadura era en principio disruptivo con la memoria promovida por el Estado que abogaba por cerrar las heridas del pasado. Sin embargo, la forma en que ésta se llevó a cabo en la época habría facilitado el proceso. La recuperación del sitio se generó gracias a la movilización de un grupo de personas y organizaciones en la que confluyeron vecinos, organizaciones de DDHH y ex presos, que tuvieron diferentes posturas en torno a qué hacer con el sitio (Lazzara, 2003). Teniendo en cuenta que los inmuebles que componían el sitio habían sido demolidos prácticamente por comple to por parte de los últimos dueños (vinculados a la CNI y que proyectaron la construcción de un condominio de casas) primó la opción de crear un parque bautizado como Parque por la Paz (Lazzara, 2003; Gomez-Barris, 2008; Richard, 2010). Pero, la construcción del área verde no solo resolvía el tema del estado ruinoso en que había quedado el sitio, sino que sobre todo respondía a la narrativa que terminó por imponerse en el movimiento de recuperación del sitio. Esta privilegiaba el reencuentro, el discurso de los DDHH y dejaba en un segundo o tercer plano las memorias de las militancias políticas de quienes habían sido llevados a ese y los otros recintos de la DINA para ser torturados o hechos desaparecer. La idea de crear un sitio de estas características ya era una recomendación de reparación que aparecía en el Informe Rettig22. Ello habría permitido que un amplio espectro de organizaciones se sumara a esta causa, incluyendo a personeros de la Democracia Cristiana y personas que habían estado vinculadas a organizaciones ligadas a la iglesia como fue el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo. De hecho, el vocero de la organización que recu peró el sitio era José Aldunate, el sacerdote que fundó y lideró dicha organización. Si bien no es posible establecer una relación de causalidad entre la narrativa reconciliatoria y los vínculos políticos por un lado, y la anuencia del gobierno por crear y financiar el Parque, quedaba claro que era un factor facilitador. Por el contrario la Cárcel, como sitio de memoria, presentaba varios elementos que lo instalaron en las antípodas de esta narrativa, sobre todo porque hacía referencia a las memorias de la lucha armada, alejándose del discurso de los DDHH, de la reconciliación y el perdón. Reivindicar la Cárcel Pública como lugar de memoria, inevitablemente implicaba hablar de la prisión política, de los crímenes cometidos por los grupos armados de izquierda y del desafío abierto a la estrategia transicional de la Concertación que significó la fuga de la Cárcel, descartando una salida institucional a sus casos. Su condición de memorias subterráneas imposibilitaba que se articulara un movimiento social fuerte, como fue para el caso de Villa Grimaldi.

4. Conclusiones

El trabajo muestra como la dinámica propia de una ciudad capitalista en proceso de renovación urbana "sacrificó" un inmueble de gran valor arqui tectónico. A ello se agregaba la inexistencia de un movimiento barrial de defensa del edificio, aspecto que fue fundamental en la conservación de otros sitios de la represión como Villa Grimaldi y José Domingo Cañas en los años 1990 y comienzos del 2000. Pero posiblemente, su demolición se vincule también al tipo de historias sobre la dictadura que el recinto guardaba. Se trata de memorias que solo recientemente han comenzado a elaborarse, 25 años después: la encarcelación y asesinato de generales anti-golpistas, el magnicidio de Frei Montalva, la fuga de frentistas a escasos meses del retorno formal a la democracia y la política de oposición armada de grupos de izquierda a la dictadura. Aspectos que quedaron silenciados por los acuerdos tácitos de la transición política, momento en que no hubo espacio político para enfrentar en toda su complejidad el Golpe militar y la dictadura. En este sentido, los vestigios de la Cárcel conservados en el Museo, en el sitio mismo, y en los hogares de algunos configuran al presidio en una arquitectura afectiva desterritorializada, ambigua y de baja densidad sobre la primera etapa de la transición. La ubicación central del inmueble, la fuerza del capital y el momento político de "la medida de la posible" sellaron el destino de la Cárcel.

Referencias

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2Se trata de Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Londres 38, entre otros.

3Se revisó el expediente de solicitud de Declaratoria de Monumento Histórico de los Edificios Juzgados Santiago (ex Cárcel de Santiago) en el archivo del Consejo de Monumentos Nacionales (ACMN), el archivo sobre la Cárcel Pública de la Fundación FASIC y documentación sobre la Cárcel Pública en el archivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Además, a través de la Ley de acceso a la información pública n° 20.285 se accedió a los archivos de la Municipalidad de Santiago (AMS) referentes a la demolición del edificio y posterior construcción del proyecto Nuevo Santiago (Solicitud UT N°MU308T0001017, del 18.12. 2014)

4Se entrevistó a los arquitectos Ramón del Piano y Cristián Boza; a un funcionario de la Municipalidad de Santiago partícipe del proceso de Participación Ciudadana involucrado en el desarrollo del Plan Comunal; a Jaime Ravinet, alcalde de Santiago en la época de la demolición de la Cárcel, y a Claudio González, director de FASIC, principal organiza¬ción de derechos humanos que prestó ayuda a los presos políticos de la Cárcel Pública, y posterior actor a cargo de la conservación de algunas de las piezas del inmueble.

5Se revisó de manera completa las revistas Solidaridad de la Vicaría de la Solidaridad, Análisis, APSI, y el diario La Epoca en los meses de enero y febrero de 1994.

6Revista CA del Colegio de Arquitectos, el Boletín del Colegio de Arquitectos y la Revista ARQ.

7Decreto n°25 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU.

8Según se describe en el catálogo digital del Museo se trata del "Barretín que ocultaba una proclama manuscrita firmada por 8 ex oficiales de la Fuerza Área, detenidos en la ex Cárcel Pública de Santiago, en la celda N°11, oculta desde marzo de 1974. El manuscrito fue enrollado dentro de una lata de cigarros Balmoral y esta a su vez fue introducida en un envoltorio hecho con una lámina de cobre." (http:// archivomuseodelamemoria.cl/index.php/266663;isad). Código del Museo: CL MMDH 00000365-000002-000001. Agradezco a Walter Roblero haberme indicado la existencia de esta carta.

9Comunicación personal con Claudio González, 30 de septiembre de 2014.

10Por este caso fueron condenados cinco miembros en retiro del Ejército, en febrero de 2017.

11Revista CA n°72.

12Resolución 1131 publicada en el Diario Oficial, en enero de 1994. En la siguiente sección se vuelve sobre este punto.

13El edificio de los Juzgados del Crimen que daba hacia calle General Mackenna, el muro perimetral, algunas galerías de la Cárcel y la torre central (Documento Solicitud de Declaratoria en Archivo del CMN).

14El edificio tenía la calidad de Inmueble de Conservación Histórica del MINVU por Decreto n°25 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU.

15No se ha podido establecer cómo la Municipalidad pasa a ser la dueña del inmueble.

16Entrevista personal con Jaime Ravinet, 18 de noviembre de 2015.

17La puerta, el carrito y un pedazo de reja se encuentran bajo el código CL MMDH 00000046-000006-000002 del Catálogo del Museo de la Memoria y los DDHH.

18Entrevista personal con Claudio González, 30 de septiembre de 2014.

19Comunicación personal con ex Preso que prefiere mantener anonimato en octubre de 2015.

20Permiso de edificación N°11.157 de fecha 22 de enero de 1999 de la Municipalidad de Santiago.

21Gabriel Gatti (2011) ahonda sobre este punto para el caso argentino.

22En las recomendaciones de reparación simbólica expresadas por las víctimas que recoge dicho informe dice: "Construir un parque público en memoria de las víctimas y caídos, que sirva de lugar de conmemoración y enseñanza, a la vez que de creación y de lugar de reafirmación de una cultura por la vida" (CNVR, Tomo II, p. 1255). Por su parte, La Villa Grimaldi había sido el principal centro de la DINA, y en el cuál se habían cometido gran parte de los crímenes de DDHH condenados a nivel oficial, en particular la desaparición forzada de personas. Ese hecho se imponía por cualquier otra consideración que pudiera relativizar los hechos en base a las posturas o estrategias políticas que hubieran llevado adelante algunas de las personas que allí fueron torturadas o asesinadas.

1Este proyecto fue financiado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES, CONICYT/FONDAP/15130009).

Recibido: Diciembre de 2017; Aprobado: Marzo de 2018

*Autor correspondiente / Corresponding author: carolina.aguilera@mail.udp.cl

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