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Estudios constitucionales

versión On-line ISSN 0718-5200

Estudios constitucionales vol.8 no.2 Santiago  2010

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002010000200025 

Estudios Constitucionales, Año 8, N° 2, 2010, pp. 815 - 824.

 

COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO

 

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL AMERICANO Y EUROPEO. COORD. VÍCTOR BAZÁN. ED. ABELEDO PERROT, MARZO DE 2010

 

Humberto Nogueira Alcalá


 

El Libro Derecho procesal constitucional americano y europeo , coordinado por el profesor Víctor Bazán, y editado por Abeledo Perrot en Argentina en marzo de 2010, constituye un esfuerzo académico de gran envergadura que posibilita reunir en dos tomos con un total de 1731 páginas, 19 artículos y monografías de autores europeos y 64 trabajos latinoamericanos, lo que constituye una prueba contundente del desarrollo y proyección del derecho procesal constitucional, especialmente en nuestra tierra latinoamericana.

Debemos agradecer en primer lugar a Víctor Bazán, su coordinador, el duro e intenso trabajo para poder concretar este desafío académico, determinar las partes en que se divide la obra, lo que desde ya muestra también los diversos ámbitos que cubre esta novel disciplina jurídica que da nombre a la obra que presentamos.

Sin lugar a dudas, la obra constituye el esfuerzo coordinado y sistemático más importante realizado sobre la materia en América del Sur, ya que en México encontramos la obra coordinada por Ferrer Mac-Gregor de cuatro tomos y el reciente Libro homenaje a Héctor Fix Zamudio, con una totalidad de doce volúmenes.

El texto ofrece en sus más de ochenta trabajos una visión panorámica de todos los ámbitos del derecho procesal constitucional, tratados por autores reconocidos académicamente y que han reflexionado seriamente sobre los temas que tratan, donde puede verse, asimismo, una pluralidad de perspectivas y matices, como también una gran cantidad de información relevante y actualizada de cada uno de los contenidos analizados, que cubren prácticamente todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos de Norteamérica, así como los aportes de académicos europeos de España, Francia, Italia y Portugal.

En el Primer Tomo del libro tenemos una primera parte dedicada a la identidad, denominación y autonomía del Derecho Procesal Constitucional.

El profesor Domingo García Belaunde, quien había anteriormente reflexionado sobre quién debía considerarse fundador del derecho procesal constitucional, tema en el que diversos autores sostienen distintos puntos de vista, entre ellos Néstor Pedro Sagüés, Allan Brewer Carias, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, dependiendo de si se analiza la materia propiamente tal que integra el derecho procesal constitucional o quienes han utilizado la denominación de la disciplina. El autor en su análisis considera que es difícil determinar con precisión los primeros antecedentes históricos que desarrollaron los contenidos del derecho procesal constitucional, pudiendo sí precisarse quién primero utilizó en su obra escrita la expresión derecho procesal constitucional, considerando que Niceto Alcalá y Zamora es quien en la década de los cuarenta en el siglo XX utiliza la expresión derecho procesal constitucional como tal por primera vez, de donde el concepto y sus contenidos se difunden por obra de sus discípulos, dentro de los que sobresale Héctor Fix Zamudio. El autor reconoce el mérito de Hans Kelsen en el planteamiento de la jurisdicción constitucional concentrada y su concreción en la Constitución austriaca de 1920, como asimismo siendo uno de sus primeros magistrados, todo ello sin desconocer los aportes checoslovacos de la época, pero Kelsen nunca utilizó la expresión derecho procesal constitucional.

El profesor Lucio Pegoraro analiza las diversas clasificaciones de sistemas de justicia constitucional y sus relaciones con el derecho procesal constitucional. En efecto, analiza las clasificaciones de los sistemas desarrollado por Cappelletti, Favores, Fromont, Rubio Llorente, Fernández Segado, Fernández Rodríguez y Nogueira Alcalá, como asimismo planteando sus propios criterios en la materia, poniendo énfasis en la hibridación de los sistemas de justicia constitucional. A su vez, respecto del nomen juris derecho procesal constitucional prefiere la denominación de justicia constitucional que posee reglas específicas y comunes, pero opera en cada sistema jurídico con perfiles de acción diferentes. La justicia constitucional tendría un núcleo duro prevaleciente al objeto de crear una disciplina jurídica específica, con reglas comunes y una mentalidad común para la aplicación de dichas reglas, la cual no puede circunscribirse a los rígidos esquemas del derecho procesal, ya que el proceso es sólo uno de los componentes de una materia que es mucho más amplia. Considera, finalmente, que la denominación derecho procesal constitucional más fuertemente utilizada en Latinoamérica, puede favorecer, de un modo exagerado, el procedimiento en detrimento de la sustancia, haciendo menos perceptibles las conexiones entre el proceso constitucional y el papel general de la justicia constitucional respecto de la forma de Estado y Gobierno.

El profesor Adolfo Rivas analiza los alcances y contenidos del derecho procesal constitucional, defendiendo una posición de la disciplina dentro del derecho procesal, considerándolo una profundización cualitativa del derecho procesal, como una especialidad de primera importancia jurídica dentro de la disciplina, además de explicitar, a su juicio, cuáles serían las materias que integran esta especialidad procesal.

El profesor Eduardo Ferrer Mac-Gregor profundiza en su artículo la reflexión sobre la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional, considerando las diversas vertientes europeas y latinoamericanas, reconociendo la resistencia europea a utilizar el nomen iuris, en Italia, Francia, España, Alemania, salvo casos excepcionales, como asimismo el uso pacífico de la denominación en América Latina, desde México a Argentina y Chile. El autor, asimismo, tiene presente la diversidad de enfoques del derecho procesal constitucional, como también, sobre los contenidos de la disciplina, como parte del proceso de asentamiento de ella, sin perjuicio de sostener un enfoque procesalista reconociendo la existencia de una parte de la doctrina latinoamericana que sostiene el carácter mixto constitucional procesal de ella.

El profesor Víctor Bazán, en su artículo se refiere a la expansión del derecho procesal constitucional por los países latinoamericanos, tanto en el ámbito académico como bibliográfico, y en el desarrollo de leyes y códigos específicos de derecho procesal constitucional en diversos Estados de América del Sur y Centroamérica. Asimismo aborda la expansión de la magistratura constitucional especializada en el derecho comparado y la convergencia de los diversos sistemas centralizados y difusos. Por último, considera los contenidos mínimos que integrarían el derecho procesal constitucional, como su pluralismo metodológico por integrar conocimientos provenientes de la Teoría de la Constitución, de la teoría de la interpretación constitucional, la teoría de la justicia constitucional, la teoría de las fuentes del derecho y la teoría general del derecho procesal, además del apoyo transversal del derecho comparado, para sólo señalar los aspectos medulares de dicho artículo.

El profesor Hernán Olano García centra su artículo en los principios generales del derecho procesal constitucional, pasando revista a un conjunto de autores europeos y latinoamericanos, considerando que estamos en presencia de una nueva rama del derecho naciente y en desarrollo, que marca el desarrollo de una cultura constitucional, precisando los que, a su juicio, serían las principales materias integrantes de esta nueva disciplina, abogando por la construcción de un Código Procesal Constitucional en Colombia.

El profesor Aníbal Quiroga León analiza en su artículo el nacimiento y desarrollo de la disciplina del derecho procesal constitucional en América Latina, centrándose en el sistema peruano de jurisdicción constitucional y el análisis del Código de Procesal Constitucional peruano, el primero de América del Sur, reflexionando sobre sus instituciones y procedimientos.

En la segunda parte del Tomo I se aborda el tema del constitucionalismo contemporáneo y la interpretación constitucional.

Pablo Comanducci en su artículo sobre elNeoconstitucionalismo como ideología, realiza un análisis comparativo del positivismo y el neoconstitucionalismo ideológico, considerando que este último asume un modelo axiológico de la Constitución como norma, el cual afirma la especificidad de la interpretación constitucional respecto de la interpretación de la ley, desarrollando la ponderación como método opuesto al procedimiento subjuntivo de aplicación de las reglas jurídicas, siendo crítico del primer método.

A su vez, el profesor Luis Prieto Sanchís dedica su artículo al juicio de ponderación constitucional, a partir del análisis de las antinomias y conflictos constitucionales, que llevan a la solución de éstos cuando se refieren a principios y no a reglas mediante una relación de preferencia condicionada. Así los conflictos entre principios se resuelven mediante la ponderación que implica un sacrificio parcial y compartido de los principios en juego, cuyo esfuerzo es de armonización o concordancia práctica. El autor se refiere a las características básicas y los pasos de este procedimiento de interpretación y aplicación de principios para distinguirlo de la aplicación pertinente de la subsunción cuando estamos en presencia de reglas constitucionales, lo que deja en el caso de la ponderación un cierto margen de discrecionalidad al intérprete, aun cuando el autor señala que se trata de un proceso controlable y cánones específicos y una exigencia de argumentación y universalización que opera como garantía última de racionalidad, construyendo principios susceptibles de universalización, especialmente en una concepción no meramente procedimentalista de la democracia, sino que parte de la garantía efectiva de los derechos fundamentales.

El profesor Ricardo Guastini centra su artículo también en el tema de la diferenciación entre principios y reglas, para luego realizar una reflexión sobre la interpretación y el razonamiento jurídico sobre principios y la aplicación o concreción de éstos a través de la ponderación, cuestionando desde un enfoque positivista metodológico la relación entre derecho y moral en relación a los principios constitucionales.

El profesor Giancarlo Rolla, en su trabajo analiza las características de las constituciones latinoamericanas y europeas de las últimas décadas en materia de derechos fundamentales, su codificación constitucional, la asimilación de derechos económicos, sociales y culturales y el reforzamiento de instrumentos constitucionales de garantía de los derechos. Un acápite importante del artículo analiza la tendencia constitucional latinoamericana de la apertura al derecho internacional de los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad, como su límite a las decisiones y al comportamiento del poder constituido. Se analiza la función que cumple el valor constitucional de la dignidad humana en el plano formal como sustancial y el desarrollo de modelos de justicia constitucional orientados a la tutela directa de los derechos fundamentales.

Luego viene un conjunto de artículos con análisis nacionales sobre diversos tópicos.

El profesor José Palomino Manchego analiza el tema de la Constitución, la supremacía constitucional y las fuentes del derecho en la perspectiva del derecho peruano.

El profesor Jorge Miranda analiza los principios de universalidad e igualdad en la Constitución portuguesa.

El profesor Rubén Sánchez Gil analiza la recepción jurisprudencial del principio de proporcionalidad por la Suprema Corte de Justicia de México, tanto en decisiones de Sala y Pleno.

El profesor Jesús María Casal analiza el tema de las colisiones constitucionales y el principio de proporcionalidad en la Jurisprudencia Constitucional de la Sala Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela.

La tercera parte del primer tomo analiza diversas cuestiones relacionadas con el control de constitucionalidad.

El profesor Augusto Morello se refiere sintéticamente al tema de las reformas en la casación argentina y la necesidad de reformas integradas de la justicia.

La profesora Susana Cayuso analiza el estado de la jurisdicción constitucional en Argentina y el estado de la jurisprudencia de la Corte Suprema en diversas materias de derechos fundamentales y derechos humanos.

El profesor Andrés Rosetti reflexiona sobre la supremacía constitucional en Argentina, la integración de la Constitución con los tratados internacionales de derechos humanos y el modelo de control de constitucionalidad.

El profesor y ex Magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, José Antonio Rivera, analiza el nacimiento evolución y modificaciones del Tribunal Constitucional boliviano y sus competencias, los problemas afrontados en los últimos años, como asimismo su refundación a través del nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional, que presenta la particularidad de que sus magistrados serán elegidos popularmente.

El profesor Marcelo Figueiredo, en su artículo entrega su visión sobre el control de constitucionalidad en Brasil, en especial, el tipo de control de constitucionalidad de las leyes, como asimismo las particularidades del control de constitucionalidad de omisiones legislativas, además de algunas apreciaciones sobre el control de constitucionalidad de las normas tributarias.

A su vez, el profesor Willis Santiago Guerra Filho realiza un análisis de la jurisdicción constitucional en el derecho constitucional brasilero en perspectiva comparativa.

El profesor José Luis Cea Egaña, ex Ministro y Presidente del Tribunal Constitucional chileno, desde su experiencia personal, analiza al juez constitucional y su rol dentro del Tribunal Constitucional.

La profesora Miriam Henríquez Viñas analiza el desarrollo del control de cons-titucionalidad en el derecho constitucional chileno a partir de la Constitución de 1818 hasta la Constitución vigente, pasando del control político de constituciona-lidad de la ley, al control judicial concentrado en manos de la Corte Suprema de Justicia y, finalmente, la concentración del control jurisdiccional constitucional de preceptos legales en un órgano especializado como es el Tribunal Constitucional, el cual ha sido potenciado con la reforma constitucional de 2005.

El profesor Marvin Carvajal Pérez, analiza el control de constitucionalidad en Costa Rica, tras dos décadas de funcionamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, que opera dentro de un sistema presidencialis-ta atemperado o moderado, donde se ha producido un redescubrimiento de la supremacía constitucional, como asimismo una potencialización de los derechos fundamentales con una interpretación "favor persona" o "pro homine" y con la incorporación al parámetro de control de constitucionalidad de los atributos de los derechos contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos, sin perjuicio de analizar las diversas atribuciones que tiene la Sala Constitucional a través de las acciones de constitucionalidad, las consultas legislativas facultativas de constitucionalidad, además del amparo de derechos fundamentales. El autor analiza las críticas sobre activismo de la Sala Constitucional y los intentos por reducir sus competencias, las que no han tenido éxito, ya que se ha sopesado el riesgo que implica retroceder en el control de la supremacía constitucional y la tutela de los derechos fundamentales.

El profesor Karel Luis Pachot realiza un análisis de la evolución del control de constitucionalidad en Cuba, a partir de la Constitución de 1902 desarrollado a través de diversas leyes. Será la Constitución de 1940 la que estatuya el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, constituyendo una especie de Tribunal Constitucional siguiendo la huella dejada por los Tribunales de Austria, Checoslovaquia y el Tribunal de Garantías Constitucionales español de la II República en 1931, siendo el primer órgano de este tipo en América Latina.

Luego del triunfo de la revolución cubana encabezada por Fidel Castro en 1959, se reafirmó por ley algunos contenidos del control de constitucionalidad que se pierden en 1973, con la desaparición del Tribunal. La Constitución de 1976, reformada en 1978, 1992 y 2002, erige un Estado basado en los principios socialistas, de diseño marxista leninista, desarrollándose la legalidad socialista y el centralismo democrático, que posibilitaba un control de constitucionalidad únicamente de carácter político ejercido por la Asamblea Nacional del Poder Popular, junto al control que a través de modificaciones legales se ha otorgado a otros órganos políticos. El autor plantea algunas reformas para perfeccionar el sistema de control de constitucionalidad en Cuba.

El texto continúa con los trabajos de los profesores Hernán Salgado Pesantes y Jaime Vintimilla Saldaña, los cuales analizan desde sus respectivas perspectivas, el nuevo Tribunal Constitucional ecuatoriano, salido de la Constitución de 2008, refundando el Tribunal Constitucional, cuyas competencias se ven claramente reforzadas, en relación a las cartas fundamentales anteriores.

Relacionado con la materia anterior, se encuentra el artículo de Néstor Pedro Sagüés, sobre la inédita atribución del Tribunal Constitucional ecuatoriano de ser legislador suplente y precario, mientras el legislador no cumpla sus obligaciones constitucionales, materia que es analizada con sus luces y sombras.

El trabajo de Giovanni Ásael Figueroa analiza el criterio jurisprudencial de la presunción de constitucionalidad de la ley en el control abstracto de consti-tucionalidad de la ley en México, de lo cual realiza una tipología de sentencias interpretativas, reductoras, aditivas, sustitutivas y armonizantes desarrolladas por la Corte Suprema Mexicana.

Se agregan a esta parte, los artículos de Sergio Cuaresma, sobre el control de constitucionalidad en Nicaragua; el de Javier Scheffer sobre la justicia constitucional en Panamá y de Eduardo Jorge Prats sobre el control de constitucionalidad en República Dominicana.

Cerrando el tomo con tres trabajos: el del profesor Allan Brewer Carias sobre el método difuso del control de constitucionalidad de las leyes en el derecho venezolano; el del profesor Antonio Torres del Moral, en que analiza diversos tópicos de la jurisdicción constitucional española, y el trabajo del profesor Antonio Ruggeri, que analiza la experiencia de la justicia constitucional, la dinámica institucional y la Teoría de la Constitución, desde una perspectiva italiana.

El tomo II contiene las partes IV referente a procesos constitucionales específicos; V, referente a la garantía y protección de derechos fundamentales; VI, destinada al análisis de las sentencias constitucionales; VII, destinada al análisis de aspectos del derecho procesal constitucional trasnacional, y VIII, que analiza el derecho procesal constitucional local.

Respecto de la parte destinada a procesos constitucionales, encontramos 18 trabajos de otros tantos profesores con temas tan variados como la prueba en los procesos constitucionales, a los que dedican sus trabajos los profesores Osvaldo Alfredo Gozaíni y Anita Giacomette; la protección de datos personales, en lo que centran su atención los profesores Marcela Bastierra, Mario Masciotra y Ernesto Blume; el análisis de las acciones de amparo de derechos y reflexiones sobre su eficacia, de los profesores Rubén Hernández Valle, Manuel de Jesús Mexicanos, Iván Escobar Fornos y Alfonso Herrera García; el tema de las omisiones legislativas en el caso Brasileño del profesor Gilmar Mendes y el control de las omisiones legislativas por el Tribunal Constitucional alemán por el profesor Francisco Fernández Segado. Se encuentran dos trabajos chilenos sobre la nueva competencia del artículo 93 N° 6 de la Constitución en materia de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el profesor Francisco Zúñiga aborda el conjunto del procedimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional; y la profesora y Ministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la admisibilidad de requerimientos de inaplicabilidad. A su vez, hay tres artículos referentes a la jurisdicción constitucional peruana, el profesor Francisco Eguiguren analiza las innovaciones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional peruano en materia procesal constitucional; el profesor Miguel Pedro Vilcapoma, la extensión del recurso de agravio constitucional y el pronunciamiento sobre la materia del Tribunal Constitucional. El profesor Luis Sáenz en su artículo realiza diversas reflexiones respecto de la sustracción de materia en los procesos constitucionales de tutela de derechos, con análisis de jurisprudencia. El profesor Ricardo Haro analiza la acción declarativa de inconstitucionalidad en Argentina. El profesor Daniel Ochs analiza los temas de exclusión social, amparo y efectividad de los fallos de condena pronunciados contra el Estado en Uruguay.

La quinta parte dedicada al derecho procesal constitucional y la protección de derechos fundamentales contiene nueve artículos que analizan diversas dimensiones y perspectivas en diversos países sobre la materia.

El profesor Diego Valadés realiza un análisis comparativo de la protección de derechos fundamentales frente a particulares en algunos países europeos, Estados Unidos y Latinoamérica, como en la Unión Europea y el sistema interamericano.

El profesor Paulo Benavides dedica su artículo al análisis de lo que denomina quinta generación de derechos, donde sitúa el derecho a la paz, el que constituye el cuerpo vertebral del trabajo.

Se incluye como trabajo, un informe sobre el proyecto de acciones protectoras de derechos fundamentales desarrollado por Humberto Nogueira con el cual se inicia el trámite legislativo del proyecto, el cual se aprobó en diciembre de 2008 en general por la Cámara de Diputados y que se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de dicha Cámara hasta el presente para su inicio del debate en particular.

Los profesores brasileros Luis Roberto Barroso y Ana Paula de Barcellos, analizan los derechos fundamentales en relación a los límites y posibilidades del proceso de incumplimiento de precepto constitucional. A su vez, la profesora Haradja Torrens reflexiona sobre las necesidades sociales, los derechos constitucionales y las promesas del Estado democrático, analizando las formulaciones programáticas y políticas de la Constitución brasilera y el desarrollo jurisprudencial.

El ex magistrado de la Corte Constitucional colombiana, José Hernández Galindo, analiza la función de dicha Corte en la defensa del derecho ciudadano a la Constitución considerando los diversos tipos de control y procedimientos de inconstitucionalidad.

El ex magistrado y Presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, Willman Durán Ribera, realiza un análisis de la Ley N° 2623 de Bolivia sobre enjuiciamiento a altas autoridades del Poder Judicial, a la luz de los principios del Estado de Derecho y de la garantía de un juez independiente e imparcial, concluyendo que la ley quebranta esta garantía constitucional de un juez independiente e imparcial.

Esta parte concluye con los trabajos de Germán López Daza, quien analiza el incidente de desacato. Como un dispositivo efectivizador de la protección constitucional de derechos fundamentales en Colombia, y de Paul Rueda, sobre aspectos procesales de la discriminación laboral por enfermedad.

La sexta parte destinada al análisis del tema de sentencias constitucionales tiene cinco artículos.

Un análisis de las sentencias constitucionales típicas y atípicas en el derecho comparado desarrollado por el profesor José Julio Fernández Rodríguez. Un artículo del profesor Alberto Dalla Via, sobre las sentencias constitucionales en Argentina; un artículo sobre las bases constitucionales del efecto vinculante de las resoluciones judiciales del profesor boliviano Jorge Asbún Rojas. El profesor Eduardo Esteva analiza los efectos temporales de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declara la inconstitucionalidad de actos legislativos en Uruguay. Finalmente, el profesor Carlos Blanco de Morais realiza un análisis en profundidad sobre las sentencias aditivas.

La séptima parte contenida en este II tomo, contiene ocho trabajos relacionados con derechos fundamentales.

El primer artículo del profesor Fernando Rey Martínez, está centrado en el análisis de las posibilidades de la creación judicial de derechos y los tipos de interpretación evolutiva de derechos implícitos, derechos conexos y derechos transformados.

El profesor Javier García Roca analiza la discrecional doctrina del margen de apreciación nacional por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se interrelacionan los principios de soberanía e integración.

El profesor Luis Jimena Quezada analiza la inconstitucionalidad del control de constitucionalidad reparador o sucesivo de tratados internacionales en el derecho constitucional español, en base al estudio realizado del proceso de aprobación de la Constitución española de 1978.

La profesora María Luisa Duarte analiza la protección de los derechos fundamentales en la unión Europea, considerando la existencia de una justicia constitucional de base triangular.

El ex Magistrado Rodolfo Rohrmosert de la Corte Constitucional de Guatemala analiza la jurisprudencia de la Corte sobre planteamientos de inconstitucionalidad contra normas ordinarias que se oponen a disposiciones de tratados de derechos humanos vigentes.

Finalmente, esta parte termina con el trabajo de Roberto Oliva, que realiza un análisis de la jurisdicción transnacional de la libertad en relación al derecho penal del enemigo.

La VIII parte y final de este segundo tomo está dedicada al ámbito del derecho procesal constitucional local, que es posible de ubicar en los Estados Federales, conteniendo cinco trabajos.

Un primer trabajo de Víctor Trionfetti analiza la acción declarativa de in-constitucionalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El segundo de Ruy Samuel Espíndola se refiere al poder judicial estadual y sus competencias propias en jurisdicción constitucional en el ámbito del Estado Federal brasilero. El tercer trabajo de César Astudillo analiza la acción por omisión legislativa en las entidades federativas de México. A su vez, Manuel González Oropeza realiza un análisis de los derechos políticos y su protección en las Constituciones de las entidades federativas de México. Cierra el texto el trabajo de Javier Tajadura Tejada sobre las reformas estatutarias y el control de constitucionalidad en España, dentro del contexto del Estado autonómico español.

La calidad de los autores que nos presentan sus trabajos, los temas analizados en toda la variedad ya reseñada, hacen de este texto, en sus dos tomos, una obra de consulta imprescindible en el ámbito de la jurisdicción constitucional orgánica y de derechos fundamentales de los países analizados como en el ámbito del derecho comparado, de la interpretación constitucional, de los procesos constitucionales, como asimismo de las jurisdicciones internacionales de derechos humanos, como asimismo del derecho procesal constitucional estadual en los Estados Federales, posibilitando la reflexión profunda sobre las materias tratadas, como asimismo sobre los problemas y desafíos que debe abordar en cada país y en el conjunto de América Latina el derecho procesal constitucional.

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