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Estudios constitucionales

versión On-line ISSN 0718-5200

Estudios constitucionales vol.11 no.1 Santiago  2013

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002013000100002 

Estudios Constitucionales, Año 11, N° 1, 2013, pp. 15-36

 

Artículos de doctrina

LA FEDERACIÓN IMPOSIBLE. EL PROYECTO CONSTITUCIONAL AMERICANO EN LAS CORTES DE CÁDIZ*

THE IMPOSSIBLE FEDERATION. THE AMERICAN CONSTITUTIONAL DESING IN THE CORTES OF CADIZ

 

José María Porras Ramírez**

** Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada (España). jmporras@ugr.es


Resumen:

La Constitución de Cádiz transformó a la vieja Monarquía Hispánica, siquiera efímera y anticipadamente, en Nación, pero fracasó, aun reconociendo la extraordinaria dificultad del empeño, al no representar equitativamente a las distintas partes componentes de la misma; no siendo capaz de articular una forma de Estado y de gobierno acorde con la vastísima extensión de su territorio y con su enorme diversidad poblacional. Fue por ello, una fórmula de compromiso y entendimiento poco consecuente con los principios que solemnemente proclamaba. Aún así promovió duraderamente la extensión de una cultura constitucional tanto en España como en América, incitando la celebración de procesos participativos de carácter electoral. De ese modo, irradió la idea de ciudadanía activa, comprometida con el gobierno de la comunidad política; idea, que se consideró punto de partida de los modernos proyectos estatales desarrollados en uno y otro continente.

Palabras clave: Monarquía Hispánica, América, Constitución, Nación, cultura constitucional, procesos electorales, ciudadanía activa.


Abstract:

The Constitution of Cadiz transformed the old Hispanic Monarchy into a Nation but it failed not been able to represent in proportion the several constituent parts of it. Therefore, the Constitution did not set up a frame of government in conformity with its vast territorial extension and people diversity. So, the Constitution was an agreement that did not evolve some of the principles previously declared. But the Constitution promoted the extent of a constitutional political culture in Spain and America, and the celebration of elections by the first time. As a result the idea of an active citizenship, compromised with the government of every political community, was expanded. And this idea was the starting point of the new constitutional states subsequently created in both continents.

Key words: Hispanic Monarchy, America, Constitution, Nation, constitutional political culture, elections, active citizenship.


 

A la insigne memoria de don Joaquín Fernández de Leyva,
diputado chileno en las Cortes Generales y Extraordinarias
que discutieron y aprobaron la Constitución Política de la Monarquía Española,
hecha en Cádiz, en 1812, con ocasión de su Bicentenario.

 

1. La crisis político-institucional de la monarquía hispánica en los albores de la era constitucional

La situación política extraordinaria a la que se vio abocada la monarquía hispánica en 1808, como consecuencia de la invasión francesa, y de las renuncias de Bayona, conllevó la quiebra, de una magnitud tan enorme como desconocida, del orden jurídico-político propio del absolutismo, hasta esa fecha existente1. Dicha ruptura propició el ensayo de diversas propuestas de reordenación o recomposición de la monarquía. Entre ellas, y de manera muy destacada, alcanzaron aplicación práctica, conforme al espíritu de la época, las que se veían alentadas por las ideas constitucionales divulgadas por la Ilustración.

Con todo, el ámbito de proyección de dichas ideas era anómalo, en el contexto internacional, ya que la monarquía hispánica constituía una especie rara en la que se consideraba muy compleja su realización. Así, se decía que dicha monarquía, además de defender un catolicismo a ultranza, lo cual se percibía como un rasgo antimoderno; era, sobre todo, cabeza de un imponente conglomerado de territorios, sin la consideración formal de imperio, heredados u obtenidos mediante la conquista y la conversión, y, por tanto, no fundado en las ideas contemporáneas de la colonización y la explotación económica y comercial2. La infructuosa y limitada aplicación en América de las impopulares reformas administrativas y fiscales de Carlos III así venía a corroborarlo3.

Se pensaba, por tanto, que la monarquía hispánica no se encontraba en la mejor disposición para, por sí misma, transitar a una forma jurídico-política opuesta a toda versión de despotismo y, en consecuencia, capaz de respetar los principios básicos del liberalismo, siendo así garante efectiva de la libertad, la seguridad y la propiedad, a través de una forma de gobierno expresiva de una auténtica división de poderes. Por eso, había muchos, entre ellos, el propio Napoleón, que pensaban, alentados por el descrédito en que habían caído los miembros más relevantes de la propia familia real, que, si no era de manera inducida, difícilmente la monarquía hispánica podría regenerarse, dotándose de una "forma moderada de gobierno", acorde con los tiempos4.

De acuerdo con esa concepción predominante en Europa, respaldada en España por los afrancesados, en su mayor parte, antiguos altos cuadros de la administración borbónica5, el cambio de dinastía reinante, avalado por el Estatuto de Bayona y los Decretos napoleónicos de Chamartín, decía no buscar otra cosa que forzar ese tránsito modernizador, bajo la tutela francesa.

No obstante, tales propuestas resultaron inaceptables para un sector mayoritario de la población, consciente, más allá de sus contenidos, de la pérdida de soberanía e independencia que implicaban. Así, entre 1808 y 1824, en el espacio geográfico de la antigua monarquía hispánica, esos prejuicios fueron claramente desmentidos, al materializarse, gracias, inicialmente, al desmoronamiento, por ausencia, del poder real, y, posteriormente, merced a la deslegitimación neoabsolutista del mismo, múltiples proyectos constitucionales, expresivos de nuevas e incipientes identidades nacionales distintivas, en proceso de compleja definición, que revolucionaron efectivamente las dos orillas del Atlántico hispano6.

De ese modo, sin olvidar la muy relevante experiencia luso-brasileña, la que refleja, muy singularmente, la Constitución de Cádiz de 1812 es un ejemplo paradigmático de la voluntad de establecer un nuevo concepto de nación, de alcance bihemisférico, que, con independencia de que luego se viera frustrado, aspiraba a dotar de una nueva y duradera planta a la monarquía en España y América. No en vano, este dato característico diferencia a la Constitución española de 1812 de las constituciones norteamericana de 1787 y francesa de 1791, que la precedieron. No fueron, pues, ni su historicismo argumentativo, ni su deliberado olvido de una declaración formal y sistemática de los derechos, ni, siquiera, su apuesta decidida por una confesionalidad católica estatal excluyente, sus rasgos genuinos más significativos, habida cuenta de que los mismos no pretendían, principalmente, sino encubrir su vocación de ruptura con el orden jurídico-político del absolutismo. Más bien, su gran aportación, su originalidad más evidente, la constituyó su vocación transcontinental, puesta de manifiesto, tanto en los debates que condujeron a su redacción, como en su misma dicción literal, más allá de las limitaciones que acabó encontrando el modelo a la hora de su definición última7.

En ese sentido, conviene insistir, con carácter previo, en que la idea de constitución que se tenía en los diversos territorios de la monarquía es anterior a la gravísima crisis institucional de 1808. La propia Ilustración ya era portadora de la misma8. Así, abundan los textos, en uno y otro continente, que promueven, entre las minorías ilustradas, una reforma constitucional de la monarquía hispánica, desde la conciencia de la común pertenencia a una misma comunidad política y cultural, forjada durante trescientos años. Por tanto, ha de subrayarse que, en 1808, al sobrevenir la quiebra política de aquélla, existía una cultura constitucional, siquiera patrimonio de esas elites, alimentada por publicaciones, tanto nacionales como, sobre todo, extranjeras, difusoras de las nuevas ideas, que eran bien conocidas a ambos lados del Atlántico. De ahí la muy parecida respuesta que, a la ruptura del sistema institucional de la monarquía absoluta, se ofrezca, inicialmente, en España y en América9.

2. La respuesta constituyente

Los sucesos de 1808 tuvieron un extraordinario eco en América, donde cundió, desde muy pronto, el temor criollo a la pérdida de su situación de privilegio y a la consiguiente subversión del orden social, económico y político establecido; al recrudecimiento de la guerra contra el Reino Unido, tan perjudicial en términos económicos y comerciales; a la pérdida o cesión de territorios; o a la intensificación del intervencionismo administrativo y fiscal metropolitano. Al tiempo, semejante interrupción en el ejercicio legítimo del gobierno monárquico abrió una oportunidad extraordinaria a esas minorías privilegiadas autóctonas, a fin de hacer efectiva su reclamación, largamente ansiada, de acceso a un autogobierno que el reformismo borbónico había obstaculizado de manera consciente, en orden a garantizar, en todo momento, la supremacía y el control metropolitanos10.

Así, tanto en España como en América, la ocupación francesa y la ruptura institucional por aquélla suscitada, propiciaron, inicialmente, para colmar el vacío de poder sobrevenido, la llamada "eclosión juntera"11, fenómeno espontáneo, revolucionario, a la vez que profundamente tradicional, en tanto que firmemente arraigado en el pensamiento político hispánico. De ahí que pretendiera legitimarse apelando, más que a la concepción neoescolástica, que postula la reasunción por parte de la comunidad política de la soberanía originaria, en su día trasladada, mediante pacto tácito, al príncipe; a una argumentación conservadora, garante del principio monárquico de legitimidad, que postula el depósito y la tutela extraordinaria de la soberanía de Fernando VII, en cuyo nombre, provisional y excepcionalmente, se ejerce, habida cuenta de la situación de privación de libertad que éste sufre12.

De ese modo, con esa justificación de carácter tradicional, en España y en América, casi simultáneamente, pero de forma no concertada, se constituyen juntas, y, posteriormente, gracias al éxito de Bailén, en julio de 1808, los delegados de las peninsulares instituyen una Junta Central el 25 de septiembre de 1808, unánimemente aceptada y reconocida, al tiempo, en España y en América. Dicha Junta Central convocó a los diputados de ambos hemisferios para restaurar las "antiguas Cortes de la Monarquía", según Decreto de 22 de mayo de 1809, llevando a cabo, a su vez, en el marco proyectado de un vasto plan de reformas, la petición final de elaboración de una constitución.

Esa decisión se inscribe en un proceso que, con respecto a América, supone la adopción, por parte de las autoridades peninsulares, de diversas fórmulas de acomodo y entendimiento, de incidencia y relevancia crecientes.

Así, la Comisión de Cortes, inspirada por G. M., Jovellanos, orientada a coordinar los trabajos preparatorios de la convocatoria, recibió el encargo de determinar la "parte que deben tener las Américas en las Juntas de Cortes". No en vano, ya antes, a fin de aunar esfuerzos en la resistencia contra el invasor francés y, a la vez, ahuyentar los cantos de sirena del nuevo régimen napoleónico, cuyos enviados a América promueven la aceptación del nuevo régimen político, basado en el Estatuto de Bayona de 180813, mediante un Decreto de la Junta Suprema Central Gubernativa de España e Indias, de 22 de enero de 1809, inspirado, probablemente, G. M. de Jovellanos y por M. de Lardizábal, se proclamaba que "...los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias, no son propiamente colonias o factorías, como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la Monarquía española...", por lo que se convocan, a fin de estrechar "los sagrados vínculos que unen unos y otros dominios", elecciones en América, el 15 deabril de 1809, para la designación de los representantes que formarán parte de la susodicha Junta Central14.

Ello suponía la llamada a los americanos para participar directamente, por primera vez en su historia, en el gobierno provisional de la Monarquía, si bien por medio, sólo, de nueve representantes (uno por cada virreinato y capitanía general), los cuales, sin embargo, al parecer, salvo el de la Nueva España, que residía en la metrópoli, nunca llegaron a incorporarse, de manera efectiva, a dicha Junta, frente a los treinta y seis de la Península (dos por cada provincia peninsular)15, dato éste que revela las limitaciones de que adoleció, ya desde un principio, esa proclamada igualdad entre los habitantes de uno y otro continente.

La derrota de Ocaña, en noviembre de 1809, que dio lugar a la invasión francesa del Sur de la Península Ibérica, si bien condujo a la formación de un Consejo de Regencia, no supuso la disolución inmediata de la Junta Central, que sólo se materializó, mediante Decreto de 29 de enero de 1810, una vez que la misma efectuó formalmente la convocatoria de Cortes, el 26 de octubre de 1809, para el 1 de enero de 1810, disponiendo su reunión para marzo de ese año. En ese Decreto se insistía en contar con la participación de una representación americana, lo que conllevó nuevas elecciones, que se celebraron a finales de ese año y en la primera mitad de 1811, allí donde se mantuvo una estrecha relación de fidelidad con la Península, esto es, en prácticamente toda América y Filipinas, salvo en diversas partes del Río de la Plata y Chile, de Venezuela y la Nueva Granada, alzadas ya contra el dominio metropolitano.

Así, conforme al Decreto de la Junta Central, de 22 de mayo de 1809, de convocatoria de Cortes generales y extraordinarias, se determinó que un número de veintiséis diputados se habrían de repartir la representación en las Cortes de los antiguos virreinatos, presidencias y capitanías generales de América. De ese modo, cada provincia elegía un diputado, sin corrector demográfico alguno; a diferencia de lo que ocurría en la metrópoli, donde cada junta y ciudad nombraron un diputado, al que se sumaban otros, a razón de uno por cada cincuenta mil habitantes.

En consecuencia, a pesar de ponerse de manifiesto, nuevamente, la insensibilidad peninsular respecto al problema de una más equitativa y "justa representación" americana en las Cortes, lo que restó inclusividad al proceso, lo cierto es que dichas elecciones tuvieron una enorme significación política en dicho continente, ya que otorgaban a los representantes electos una autoridad superior a la que tenían, hasta ese momento, los altos cargos (virreyes, capitanes generales, presidentes de audiencia, intendentes, oidores...), nombrados de acuerdo con la práctica seguida por las instituciones del antiguo régimen16.

De modo que, conforme dichos representantes iban siendo elegidos, es revelador comprobar cómo los mismos juraban lealtad a Fernando VII, la defensa de la religión católica y, alentados por las nuevas circunstancias, redactaban el correspondiente memorial de agravios, al tiempo que presentaban la solicitud de una mayor autonomía para el gobierno y el comercio de los territorios americanos.

No obstante, la sustitución de la Junta Central por el Consejo de Regencia, nombrado por presiones británicas y del consulado y junta de Cádiz, como nuevo gobierno provisional de la monarquía, trastocó el curso de los acontecimientos. Así, mediante Decreto de la Regencia, de 14 de febrero de 1810, al tiempo que se reiteraba la convocatoria, dirigida a las provincias de América y Asia, de envío de sus diputados a las Cortes Generales y Extraordinarias, se adjuntaba un Manifiesto a los Españoles Americanos, inspirado por el poeta M. J. Quintana, que, con el fin de ganarse nuevamente sus voluntades, efectuaba una crítica radical del gobierno que habían padecido las Indias hasta esa fecha.

De ese modo, mediante la promoción de una política de supervivencia que, actuando como freno de las tendencias emancipatorias, garantizara, tanto el mantenimiento del vínculo jurídico-político entre las dos partes de la Monarquía, como la preservación del orden interno, imposibles de garantizar desde una Península Ibérica ocupada casi completamente por los franceses, se alentaba el avance del autonomismo y la difusión de la propaganda constitucional entre los criollos americanos17.

Y es que, al tiempo que esto acontece en la Península, el Atlántico hispano se convierte, desde 1810, en un auténtico hervidero constitucional. Ante el vacío de poder suscitado, unido al temor a la inminente caída de Cádiz en manos de Napoleón, las juntas de gobierno americanas, no dispuestas a someterse al Corso, ni a exponerse a una revolución como la experimentada en Haití, dan paso a la convocatoria de congresos, en los que se efectúan las primeras propuestas constitucionales que buscan dar una salida a la crisis de la monarquía. En ellos no se postula, salvo excepciones, la ruptura con respecto a la misma, sino la redefinición de las relaciones entre los diversos territorios componentes de la Monarquía, esto es, la elevación del rango que merecen los americanos en la nueva planta político-administrativa a establecer y el reconocimiento del derecho de cada territorio a dotarse de una estructura jurídico-política propia, favorecedora del autogobierno, en el marco conjunto18.

Tales demostraciones derivan del rechazo unánime a la legitimidad y autoridad de la Regencia, a la que se niega obediencia, al no contar entre sus miembros a ningún americano, y en la firme creencia en la inminente pérdida de la Península a manos de los franceses. Así, del mismo modo que en España, en América se entiende que la soberanía ha revertido, siquiera sea en depósito, a la comunidad, expresándose a través de las juntas y congresos constituidos en los diversos territorios americanos, que afirman, tras recordar los agravios recibidos, su derecho a gobernarse por sí, a través, en su caso, de una constitución propia, en el marco de otra global de la monarquía.

En cualquier caso, con las excepciones periféricas de una parte de los territorios venezolano, neogranadino, chileno y rioplatense, inicialmente reversibles, cuando se decide la convocatoria de Cortes en la Real Isla de León, hoy San Fernando, aún podía concebirse la posibilidad de una reconstrucción constitucional de la monarquía hispánica.

Así, la Regencia, de legitimidad, como se ha subrayado, cuestionada en América, en donde se la consideró una institución impuesta, que, por ende, conculcaba el principio de representación, invocado previamente por la Junta Central, cambió, finalmente, el número y método de elección de los diputados americanos, determinando la existencia de setenta y cinco distritos electorales en dicho continente.

En ausencia de los diputados elegidos de acuerdo con esa disposición, la Regencia cubrió sus plazas con un solo diputado propietario (don Ramón Power, en representación de Puerto Rico) y veintiocho diputados suplentes, repartidos por mitades entre los hemisferios Norte y Sur. Así, el 24 de septiembre de 1810 asistieron a la apertura de las Cortes veintiséis diputados americanos (el número fijado previamente por la Junta Central), junto a sesenta y cinco peninsulares, y, en marzo de 1812, firmaron el texto de la Constitución cincuenta y un diputados representantes de todas las provincias de América19.

3. Cádiz: éxito y fracaso del proyecto de creación de una nación hispánica de ambos hemisferios

La participación de dichos representantes americanos en las Cortes de Cádiz fue notablemente activa, siendo sus intervenciones y propuestas muy relevantes, al incidir las mismas en los debates y en la redacción final de los decretos y órdenes de las Cortes, así como en el texto final de la propia Constitución20. Tanto es así que cinco de ellos se integraron en la Comisión, compuesta, en total, por quince miembros, encargada de redactar el proyecto de Constitución que sería objeto de discusión21. No obstante, buena parte de sus expectativas se vieron parcialmente frustradas, ya que la mayoría liberal de diputados metropolitanos rechazó algunas de sus tesis más innovadoras y avanzadas, las cuales, de haberse aceptado, habrían tenido una gran incidencia en la conformación del nuevo gobierno de la monarquía.

Ciertamente, los liberales españoles creían que podían permitirse ese rechazo, basados en la creencia errónea de que la sanción del fin del antiguo régimen, con la declaración revolucionaria de la soberanía nacional, la proclamación de las libertades individuales, la división de poderes, la determinación del predominio asambleario22 y, con referencia específica a América, la condena de los abusos hechos a los indios (Decreto N° XX, de 5 de enero de 1811), el indulto condicionado a los insurgentes arrepentidos (Decreto N° XIV, de 30 de noviembre de 1810), y la enunciación, como principio, de la igualdad entre los españoles y los americanos, siquiera se viera ésta limitada por la exclusión, fundamentalmente por motivos económicos, de las castas pardas, (Decreto V, de 15 de octubre de 1810 y Decreto N° XXXI, de 9 de febrero de 1811), bastaba para satisfacer las pretensiones criollas. En cualquier caso, a los diputados peninsulares no se les ocultaba que, en el curso presente de la lucha desesperada por la independencia peninsular frente a Napoleón, la antigua metrópoli no podía permitirse relajar su control sobre unas tierras y fuentes de ingresos cuya conservación subordinada resultaba esencial para la recuperación del poderío hispano y el mantenimiento y la financiación de la guerra.

Sin embargo, a esas alturas del debate, las reivindicaciones criollas lo eran, ya, en realidad, de reconocimiento efectivo de su voluntad de autogobierno, de garantía del disfrute de unos derechos políticos plenos, asociados al estatuto de ciudadanía, de reivindicación consiguiente de la completa equiparación representativa entre americanos y peninsulares, de participación en el gobierno de la Monarquía, mediante el reconocimiento de su derecho de acceso a los cargos y empleos públicos, tanto civiles como eclesiásticos, junto a otras medidas de carácter económico, orientadas, esencialmente, a promover la libertad comercial, la rebaja de la carga impositiva o la supresión de los monopolios23.

Así, en las discusiones de las Cortes, los diputados americanos hicieron hincapié en una serie de cuestiones que les afectaban muy de lleno, y respecto de las cuales tenían una visión propia y diferenciada del resto24. Pero, más que en su insistencia específica en la abolición del régimen señorial, de la Inquisición, del tributo indígena o del trabajo forzado (la mita) y en la recuperación del libre comercio, haremos aquí referencia a la que, aún así, es, sin duda, la más trascendental de sus propuestas, al venir a articularlas a todas. Es aquélla que hace referencia a su peculiar concepto o idea de nación, la cual pretendía llenar de contenido efectivo las solemnes proclamaciones de los arts. 1° y 10 de la Constitución. Su intención, a la postre, no era otra que, ochenta años antes de que surgiera la Commonwealth británica, promover la transformación de la vieja monarquía hispánica en una comunidad política, de carácter transoceánico25.

Dicho entendimiento, que, como se ha indicado, venía a resumir el proyecto político criollo, moderado por su tradicionalismo, en tanto que inspirado en el neoescolasticismo español y en los principios del derecho indiano, al tiempo que sinceramente liberal, al nutrirse, asimismo, del iusnaturalismo racionalista ilustrado26, propugnaba la reconstrucción de la monarquía hispánica sobre nuevas bases jurídico-políticas. Ello conllevaba la necesaria reconsideración, en el marco de aquélla, de la posición que en la misma debían ocupar los territorios ultramarinos, a los que se aspiraba a dotar, a esos efectos, de una considerable autonomía política y económica. De ahí que sus tesis se expresaran en diversos conceptos e ideas vinculadas, como son las de soberanía, representación política, ciudadanía, nacionalidad, o igualdad en el acceso a los cargos y empleos públicos. Sin embargo, tales propuestas se enfrentaron a la incomprensión, el desconocimiento o el manifiesto rechazo peninsular, habida cuenta del antagonismo de intereses y de líneas de pensamiento existentes acerca del gobierno y la administración política y económica que merecía América27.

Así, frente a la concepción liberal predominante en la península que concibe a la nación como sujeto unitario, ideal, abstracto e indivisible, compuesto por individuos iguales; los diputados americanos alentaban una visión conforme a la cual la nación española equivalía a la suma de todos y cada uno de los individuos y provincias de la monarquía. Presuponían así la existencia de una soberanía latente, originaria, de cada individuo y territorio o "patria natural", que había que respetar y proteger28.

A) Sin duda, el entendimiento de la nación como la suma de las provincias de la monarquía es lo más llamativo y original de su postura29, dado su carácter implícitamente federal. Conlleva un entendimiento consecuente de la representación política, contrario al principio de la soberanía nacional defendido por los liberales peninsulares. Así, los americanos auspiciaban la defensa de la representación particular de su provincia respectiva, por parte de cada diputado, lo que, a su juicio, no impedía sostener que la agregación de las voluntades de todos y cada uno de los diputados formara una sola nación. Fue el diputado chileno Fernández de Leyva quien defendió esta tesis30, respaldado por otros americanos; una tesis que, a juicio de los liberales metropolitanos, jurídicamente menoscababa la pretendida unidad de la voluntad general de la nación y, políticamente, y creo que este es el argumento fuerte subyacente, implicaba un autonomismo que impedía mantener el control colonial por parte de las autoridades peninsulares de los territorios americanos.

No en vano, los diputados de ultramar defendían consiguientemente el mandato imperativo, postulado este que, llevado hasta sus últimos extremos, conllevaba algo a lo que los liberales de la metrópoli también se oponían, al cuestionar su omnipotencia constituyente: que el texto constitucional finalmente redactado, tal y como solicitaban cuatro de los cinco miembros americanos de la Comisión Constitucional, fuera finalmente ratificado ("revisto") por los diferentes territorios o "pueblos", esto es, por los representantes elegidos expresamente por éstos para llevar a cabo esa tarea singular, habida cuenta de la gravedad e importancia de la misma y de la mera condición de apoderados de esos territorios que se atribuían unos diputados en las Cortes, sabedores de su sólo carácter de suplentes31.

Asimismo, conscientes de su especificidad, los diputados americanos propusieron, siendo igualmente rechazado, duplicar las Secretarías del Despacho, de forma que en cada departamento ministerial hubiese un ministro para los asuntos de la metrópoli y otro para los de ultramar32. Nuevamente, el argumento de la unidad nacional, sinónimo de uniformidad, fue esgrimido para justificar su rechazo por los diputados peninsulares que, al tiempo, subrayaban que si la ley era general y los ministros meros ejecutores suyos, en el marco de un régimen asambleario, carecía de sentido postular una duplicación que sólo podía ocasionar la fragmentación en la gestión de los negocios públicos33.

En todo caso, viéndose acompañados, en esta ocasión, de un éxito considerablemente mayor, los diputados americanos desempeñaron un papel esencial en la reorganización territorial de la monarquía, a los efectos de dotar a la misma de una forma de gobierno que articulara los diversos niveles autónomos del mismo, en consonancia con las colosales dimensiones geográficas del nuevo Estado-nación y la enorme diversidad poblacional, social, económica y cultural de sus territorios componentes34.

Ello afectó, muy principalmente, a su trascendental propuesta de creación de las diputaciones provinciales, que suponía la supresión de los virreinatos y capitanías generales, además de la conversión de las audiencias en estrictos órganos judiciales de segunda instancia, a costa de perder su condición gubernativa previa. Para los americanos, dichas diputaciones, en tanto que depositarias de la soberanía provincial, debían dotarse de una amplia capacidad propia de gobierno y administración35. Por eso insistían en que, aun cuando las mismas estuvieran presididas por un Jefe superior, nombrado por el Rey, éste debía encontrarse asistido o "asociado por dos adjuntos nombrados por la Diputación provincial"36. Sin embargo, los liberales peninsulares rechazaron esta adición, rebajando el alcance de la propuesta. De ese modo, impusieron, en aras de la unidad, que la Constitución considerara, finalmente, a esas nuevas instituciones meras agentes ejecutoras del poder central37.

Esa reducción cualitativa se vio, a su vez, acompañada, de una palmaria infrarepresentación de las provincias de ultramar a la hora de determinar el número de Diputaciones que les habían de corresponder, sólo diecinueve38, en contraste con el crecido número de las mismas asignado a las notablemente más pequeñas provincias peninsulares. Se puso así en evidencia la escasa voluntad de los liberales metropolitanos de otorgarle a los territorios americanos un tratamiento acorde con su importancia y dimensiones39.

A su vez, las iniciativas de los diputados americanos contribuyeron decisivamente a la institución de los primeros ayuntamientos constitucionales en las ciudades y pueblos de la monarquía que contaran con, al menos, mil habitantes, permitiendo así que los representantes elegidos por el voto popular reemplazaran a los cargos hereditarios adscritos a las tradicionales minorías privilegiadas del antiguo régimen. De este modo, se conseguía dotar de una instancia de gobierno propia a núcleos poblacionales carentes, hasta entonces, de la misma, lo que supuso, una vez que esta iniciativa fue puesta en práctica, la implicación activa en el proceso político de actores, hasta ese momento, considerados pasivos en el mismo40.

De hecho, entre 1812 y 1814, en la América hispánica, se constituyeron más de mil ayuntamientos constitucionales y dieciocho diputaciones provinciales, sentando así el fin de la administración virreinal. De ese modo, más de un millón de ciudadanos, sin restricciones de educación o propiedad, circunstancia ésta verdaderamente insólita en la época, participaron en ellas, facilitándose, incluso, a los varones de ascendencia africana el ejercicio de los derechos al sufragio activo y pasivo, a pesar de los impedimentos que la Constitución, en este punto, establecía41.

B) En segundo lugar, la concepción, asumida por parte de los diputados americanos, de la nación como la suma de sus individuos componentes, poseyó, asimismo, un alcance muy notable, al conllevar una idea de la igualdad, inspirada en el principio roussoniano de la soberanía popular42. Así, dicha propuesta implicaba, no sólo la opción por unas Cortes unicamerales, de composición fundada exclusivamente en el criterio de la población, y no en el estamental o corporativo, cuestión esta en la que existía plena coincidencia con los diputados liberales de la metrópoli; sino, fundamentalmente, el rechazo al impedimento, finalmente aprobado (arts. 18, 22 y 29 de la Constitución), a la incorporación de las denominadas "castas pardas", esto es, de los negros o los españoles, criollos e indios mezclados con negros, para que pudieran acceder, pese a su condición de españoles, a la de ciudadanos y, consiguientemente, al disfrute del derecho al sufragio activo y pasivo (arts. 23, 45 y 75), y a su inclusión en el cómputo poblacional de las circunscripciones electorales (por cada 70.000 almas habría un diputado en Cortes) (arts. 28 y 31)43.

Dicha exclusión, marcadamente discriminatoria, reforzada, además, con el mantenimiento de la esclavitud, exigida por los terratenientes cubanos, buscaba la reducción del contingente futuro de diputados americanos y, consiguientemente, del derecho de los nacidos en ese continente a acceder a los empleos y cargos públicos (art. 91). De no disponerse así, habida cuenta de la desigual distribución demográfica existente entre ambos continentes de la Monarquía, en las Cortes contarían con mayoría los representantes americanos, hecho este que los peninsulares no estaban dispuestos a tolerar44. Así, en el Discurso Preliminar a la Constitución, atribuido, entre otros, a Argüelles, se justificaba esta medida, alegando la diferencia de condiciones, civilización y cultura en la que vivían los originarios de África, establecidos en América, para impedir su acceso a la condición de ciudadanos y, por tanto, a la titularidad y ejercicio del derecho al sufragio45.

Como se ha indicado, frente a estas objeciones, los diputados de ultramar, conscientes, por lo demás, de su superioridad demográfica, defendieron una idea de nación resultante de la suma de todos los individuos componentes, real y actualmente, de la misma. Por eso, sostenían que la soberanía no había de recaer, para ellos, en la nación, como sujeto unitario, ideal y abstracto, sino en todos y cada uno de sus individuos, poseedores de una parte alícuota o proporcional de esa soberanía. Así, pensaban que todo miembro de la nación, por el mero hecho de serlo, debía considerarse ciudadano. O lo que es igual: no concebían la contraposición entre español y ciudadano, que la Constitución acabó aprobando, al entender que la misma, en realidad, se oponía al dogma de la soberanía nacional, pues no podía negársele el derecho a obtener la ciudadanía a una fracción de miembros de una nación considerada soberana.

No en vano, los diputados americanos entendían que el derecho a elegir y ser elegido representante de la nación era un derecho natural e inherente a todos sus miembros, que no debía ser restringido. Expresaban así, tanto ideas iusnaturalistas, enraizadas en el derecho indiano, como democráticas, tan contrarias ambas a los principios liberales, más restrictivos y ortodoxos, predominantes en la época46.

De forma coherente con esas premisas, los diputados americanos se opusieron a la distinción, genuinamente liberal, expuesta al amparo del principio de soberanía nacional, entre derechos civiles y derechos políticos. La discriminación consagrada en el art. 29 de la Constitución, en relación a las castas, la entendían así contraria a una recta concepción de la soberanía nacional, mucho más cuando se comprobaba que de la base de población exigida para calcular el número de diputados no se excluía a las mujeres, niños, quebrados y procesados criminalmente, grupos éstos que, a diferencia de las castas, sí formaban parte del censo, considerándoseles parte de la nación, aunque no gozaran de derechos políticos activos47.

Por tanto, en suma, para los diputados americanos, partidarios, en realidad, del principio o dogma de la soberanía popular, y no del de la soberanía nacional, la nación no era sino el conjunto de pueblos e individuos de la monarquía. En consecuencia, entendían que la soberanía había de recaer en cada territorio y persona, considerados a título individual, siendo su suma lo que, en realidad, conformaba la soberanía de la nación. Así, para los mismos, una nación soberana era el resultado de un ayuntamiento real de provincias e individuos, y no una realidad metafísica, abstracta e ideal, al cabo artificial, como postulaban los liberales de la Península48.

Esta concepción, defensora del entendimiento de que la soberanía de la nación es el producto o la resultante de unidades soberanas previas, fue rechazada por la mayoría liberal de diputados metropolitanos, dadas las peligrosas potencialidades que la misma conllevaba. No en vano, una tesis semejante facultaba implícitamente a esas partes componentes a desvincularse voluntariamente de la nación unitaria, incitándolas a recobrar su condición soberana e independiente primigenia, cuando así lo estimaran oportuno. Se era, pues, muy consciente, de que la aceptación de esa visión permitía, en su caso, la justificación, tal y como acabó efectivamente sucediendo, de la independencia de los territorios americanos, considerados titulares de una soberanía latente y originaria. Por eso, se la consideró inaceptable, no dándole cabida en el texto constitucional. De ahí que fuera rechazada, aunque prendiera y se extendiera entre los líderesindependentistas, deseosos de legitimar y justificar sus acciones orientadas a promover la secesión de la metrópoli49.

Todo lo expuesto demuestra que el hecho de que la nación fuese, finalmente, declarada "...la reunión de todos y cada uno de los españoles de ambos hemisferios" (art. 1), no pasó de significar una limitada declaración programática, una solución de compromiso que, eso sí, imponía una voluntad única y general, al tiempo que la supresión de todo vestigio corporativo u organicista, ya fuese de índole estamental o territorial. Y es que, ciertamente, lo que se pretendió en Cádiz fue construir un poder unitario, común y público, ejercido en nombre de una comunidad homogénea, al tiempo que construir un Estado de derecho, garante de la libertad individual, más sin atender a su pluralidad y diversidad humana y territorial constitutiva: algo para lo que, y esto dice mucho de lo formidable del reto, desde luego, ni los liberales de entonces, ni, en buena medida, lamentablemente, aún, los demócratas de ahora, parecemos estar preparados.

Así pues, si bien es cierto que la Constitución de Cádiz transformó a la vieja monarquía hispánica, siquiera efímera y anticipadamente, en nación, fracasó, aun reconociendo la extraordinaria dificultad del empeño, al no representar equitativamente a las distintas partes componentes de la misma. No fue capaz de articular una forma de Estado y de gobierno acorde con la vastísima extensión de su territorio y con su enorme diversidad poblacional. Fue por ello la expresión de una fórmula de entendimiento poco consecuente con los principios que solemnemente proclamaba. Aún así promovió duraderamente la extensión de una cultura constitucional, tanto en España como en América, incitando la celebración de procesos participativos de carácter electoral. De ese modo, irradió la idea de ciudadanía activa, comprometida con el gobierno de la comunidad política50; idea, que se consideró punto de partida de los modernos proyectos estatales desarrollados en uno y otro continente. Ahí reside su perdurabilidad. No fue, pues, vano el esfuerzo.

 

4. Notas

1 Como referencia clásica aún vigente, vid., Artola Gallego, M., (1983). "La España de Fernando VII" (1968), Tomo XXXII (I) de la Historia de España de Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, pp. 37 y ss.

2 Portillo Valdés, J. Ma, (2010), p. 127.

3 Elliott, J. H. (2006). pp. 443 y ss.

4 Herr, R. (1978), pp. 595-616.

5 Artola Gallego, M. (1989), pp. 31 y ss.

6 Rojas, R. (2009), pp. 34 y ss.

7 Chust Calero, M. (2011). pp. 119 y ss.; en especial, p. 121.

8 Tomás y Valiente, F. (1995), pp. 13 y ss.

9 Portillo Valdés, J. Ma, (2000).

10 Cfr., entre otros, Lynch, J. (1989), pp. 9 y ss. Céspedes del Castillo, G. (2009). Guerra, F. X., (1995), pp. 54 y ss. Rodríguez O., J. E. (1995), pp. 25 y ss. Hernández Sánchez-Barba, M. (2001), pp. 151 y ss. R. Harvey, (2010). Amores Corredano, J. B. (2006), pp. 594 y ss. Lucena Salmoral, M. (2008), pp. 21 y ss., y Lucena Giraldo, M. (2010), pp. 69 y ss.

11 Chust Calero, M. (2007), passim.

12 Portillo Valdés, J. Ma, (2000), p. 179.

13 Vid., su Título X, "De los Reinos y Provincias españolas en América y Asia".

14 Chust Calero, M., (1999), pp. 32-33, y, también, Pérez Garzón, J. S. (2007), p. 177.

15 Rodríguez O., J. E. (1995) pp. 59 y ss.

16 Artola Gallego, M., (2011), pp. 89 y ss.; en especial, p. 90.

17 Morán Qrti, M., (1991), pp. 13 y ss.; en especial, pp. 34 y ss.

18 Portillo Valdés, J. Ma. (2006), pp. 140 y ss.

19 suárez Verdaguer, F. (1982), pp. 24 y ss.

20 Varela Suanzes-Carpegna, J. (1983), pp. 25 y ss. Berruezo de León, Ma T. (1986), pássim.

21 Eran don Joaquín Fernández de Leyva (Chile), don Vicente Morales Duárez (Perú), don Mariano Mendiola y Velarde (Nueva España), don Antonio Joaquín Pérez y Martínez Robles (Nueva España) y don Andrés de Jáuregui (Cuba). Vid. Suárez Verdáguer, F., (coord.) y Diz Lóis, C., "Actas de la Comisión de Constitución (1811-1813)", Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1976, pp. 19 y ss.

22 Vid., ampliamente, como comentarios generales de la Constitución de 1812, Artola Gallego M. y Flaquer Montequi, R. (2008), y, también, Fernández Sarasola, I., (2011).

23 Diario de Sesiones N° 105, de 9 de enero de 1811, pp. 328 y ss., y Diario de Sesiones N° 107, de 11 de enero de 1811, pp. 393 y ss. Vid., M. L. Rieu-MillAn, (1990), pp. 54 y ss.

24 Rodríguez O., J. E., (2011), pp. 99 y ss.; en especial, p. 100.

25 Chust Calero, M. (1999), pp. 71 y ss. También, Blanco Valdés, R., (1993), pp. 67 y ss; en especial, pp. 85 y ss.

26 Ramos Pérez, D. (1962), pp. 433 y ss.; en especial, pp. 610 y ss. También, Varela Suanzes-Carpegna, J., pp. 25 y ss.

27 Hernández Sánchez-Barba, M., (2005) p. 183.

28 Fernández Sarasola, I., (2011) p. 148.

29 Varela Suanzes-Carpegna, J., p. 230.

30 Diario de Sesiones N° 112, de 16 de enero de 1811, pp. 384 y ss.; Diario de Sesiones N° 113, de 17 de enero de 1811, pp. 389 y ss.; Diario de Sesiones N° 114, de 18 de enero de 1811, pp. 393 y ss.; Diario de Sesiones N° 115, de 19 de enero de 1811, pp. 405 y ss., y Diario de Sesiones N° 116, de 20 de enero de 1811, pp. 409 y ss.

31 "Representación dirigida a las Cortes por cuatro individuos de la Comisión de Constitución, contra un artículo de ésta", presentada 26 de diciembre de 1811. Diario de Sesiones N° 449, de 21 de octubre de 1811, pp. 2478 y ss.

32 Diario de Sesiones N° 385, de 22 de octubre de 1811, pp. 2130-2131, y Diario de Sesiones N° 441, de 13 de octubre de 1811, pp. 2436 y ss.

33 Diario de Sesiones N° 386, de 23 de octubre de 1811, p. 2138.

34 Gallego Anabitarte, A. (1991), pp. 125 y ss.; en especial, pp. 144 y ss.

35 Chust Calero, M. (2011), pp. 119 y ss.; en especial, pp. 123-124.

36 En relación al debate en torno al art. 324 de la Constitución, vid., Diario de Sesiones N° 466, de 12 de enero de 1812, pp. 2606-2607.

37 Decreto CLXIV, de 23 de mayo de 1812: "Establecimiento de las Diputaciones Provinciales en la Península y Ultramar". También, cfr., Diario de Sesiones N° 466, de 12 de enero de 1812, pp. 2606-2607 y Diario de Sesiones N° 500, de 23 de febrero de 1812, p. 2813. Asimismo, el importante Decreto CCLIX, de 23 de junio de 1813: "Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias", que determinaba sus competencias.

38 Nueva España, Nueva Galicia, Yucatán, San Luis Potosí, Provincias Internas de Oriente, Guatemala, Nicaragua, Cuba con las dos Floridas, Santo Domingo, Puerto Rico, Nueva Granada, Venezuela, Quito, Perú, Cuzco, Charcas, Chile, Río de la Plata y Filipinas.

39 Diario de Sesiones N° 556, de 1 de mayo de 1812, pp. 3131 y ss. También, Decreto N° CLXXXIV, de 11 de agosto de 1812: Varias medidas para el mejor gobierno de las provincias que vayan quedando libres.

40 Decreto N° CLXIII, de 23 de mayo de 1812: Formación de los ayuntamientos constitucionales y Decreto N° CLXXXIX, de 10 de julio de 1812: Reglas sobre la formación de los ayuntamientos constitucionales.

41 Rodríguez O., J. E. (2011), pp. 102-103.

42 Varela Suanzes-Carpegna, J. (1983), p. 237.

43 Diario de Sesiones N° 340, de 7 de septiembre de 1811, pp. 1795-1800; Diario de Sesiones N° 343, de 10 de septiembre de 1811, pp. 1807-1814, y Diario de Sesiones N° 347, de 14 de septiembre de 1811, pp. 1843-1850. Vid., al respecto, Rodríguez O., J. E. (2008), pp. 97 y ss.

44 Diario de Sesiones N° 119, de 23 de enero de 1811, pp. 419 y ss.; Diario de Sesiones N° 121, de 25 de enero de 1811, pp. 430 y ss., y Diario de Sesiones N° 126, de 30 de enero de 1811, pp. 459 y ss.

45 Arguelles, de, A., (1989), pp. 82 y ss.

46 Diario de Sesiones N° 134, de 7 de febrero de 1811, pp. 511 y ss. Vid., Ramos Pérez, D., "Las Cortes de Cádiz y América", op. cit., pp. 622 y ss.

47 Diario de Sesiones N° 347, de 14 de septiembre de 1811, p. 1844; Diario de Sesiones N° 348, de 15 de septiembre de 1811, pp. 1857 y ss.; Diario de Sesiones N° 353, de 20 de septiembre de 1811, pp. 1885 y ss., y Diario de Sesiones N° 354, de 21 de septiembre de 1811, pp. 1895 y ss.

48 Varela Suanzes-Carpegna, J. (1983), p. 244.

49 Soberanes Fernández, J. L. (1992), pp. 630 y ss.

50 Clavero Salvador, B., pp. 101 y ss.

 

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* Trabajo recibido el 16 de noviembre de 2012 y aprobado el 16 de enero de 2013.

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