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Estudios constitucionales

On-line version ISSN 0718-5200

Estudios constitucionales vol.11 no.1 Santiago  2013

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002013000100019 

Estudios Constitucionales, Año 11, N° 1, 2013, pp. 633-654

 

Jurisprudencia Comentada

 

"AFINANDO LAS CUERDAS" DE LA ESPECIAL ARTICULACIÓN ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNO*

 

Comentario de la Sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua en el caso del Homicidio simple de Luis Allmonacid Arellano, Sentencia de fecha 14 de enero de 2013

 

Gonzalo Aguilar Cavallo**

Profesor Universidad de Valparaíso y Andrés Bello, Chile


 

Introducción

La Sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua en el caso del Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano, de fecha 14 de enero de 2013, aborda el tradicional tópico de la articulación entre el derecho internacional y el derecho interno, pero centrado, en este caso, en el campo específico de los derechos humanos.

El fallo que se pretende examinar, abunda en apreciaciones y afirmaciones respecto de principios y valores que rigen la relación entre estos dos ámbitos del derecho, a saber, el derecho internacional y el derecho de creación interna del Estado. Desde nuestra óptica, esta sentencia representa una inusual ocasión en la que un tribunal chileno aborda con profundidad diversos aspectos derivados de la relación derecho internacional y derecho interno. Muchos de estos aspectos se encuentran controvertidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y en este caso, la Corte de Apelaciones, adopta su posición. Es evidente que este fallo es el fiel reflejo de cuestiones jurídicas que se plantean en forma creciente en el mundo contemporáneo ante los tribunales estatales y que demandan de los jueces el dominio, aplicación, interpretación y ponderación simultánea de un derecho de creación exclusivamente estatal y del derecho internacional.

En términos generales, este caso trata de la ejecución efectiva de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH) en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile de 2006. En dicha decisión, la Corte IDH declaró por unanimidad que "al pretender amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad, el Decreto Ley N° 2.191 es incompatible con la Convención Americana y, por tanto, carece de efectos jurídicos, a la luz de dicho tratado". Y, junto con ello, los jueces interamericanos, por unanimidad, dispusieron respecto de Chile que "el Estado debe asegurarse que el Decreto Ley N° 2.191 no siga representando un obstáculo para la continuación de las investigaciones de la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano y para la identificación y, en su caso, el castigo de los responsables [...]"1. Cabe agregar en este contexto, que con anterioridad el Estado de Chile ha ejecutado varias sentencias condenatorias de la Corte Interamericana, por ejemplo, en el conocido caso de la Última Tentación de Cristo y el caso Claude Reyes y otros2. Como se recordará, estos casos implicaron para su cumplimiento o como consecuencia del mismo la reforma a la Constitución chilena y la dictación de nueva legislación.

Desde una perspectiva general, las principales líneas argumentativas de la Corte de Apelaciones de Rancagua apuntan a que es el propio Estado de Chile quien voluntariamente se ha obligado a ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha aceptado la competencia y la interpretación de la Corte IDH. Además, agrega que no le corresponde al juez nacional calificar, sino sólo cumplir el fallo internacional.

I. Los hechos

Este caso penal es el resultado de la decisión de la Corte IDH en 2006 en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile3. En dicha decisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por haber violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la CADH) al haber aplicado por sus tribunales nacionales el Decreto Ley N0 2.191 de 1978 sobre Amnistía4, sobreseyendo la causa, e impidiendo a las víctimas el acceso a la justicia. Cabe resaltar que los hechos de este caso fueron calificados por la Corte IDH como crímenes internacionales por su especial gravedad y envergadura. En este contexto, la Corte IDH confirma que no caben prescripciones, amnistías o indultos tendientes a lograr la impunidad respecto de este tipo de crímenes. Y que todo proceso que se haya beneficiado de este tipo de amnistías es un proceso aparente que genera justamente una cosa juzgada aparente o fraudulenta.

Frente a esta condena de la Corte IDH, la Corte Suprema ordenó remitir los antecedentes al juez instructor para que disponga lo que corresponde en derecho. En efecto, el fallo señala que "en el exclusivo marco de nuestro sistema judicial interno, la situación ya ha sido despejada por la resolución de la Excma. Corte Suprema que dispuso remitir los autos, que se encontraban archivados ante el Juzgado Militar, al Sr. Ministro Instructor"5. Frente a esta decisión de la Corte Suprema chilena, el juez instructor -luego de superar un conflicto de competencias- reabrió el sumario y ordenó una serie de diligencias. Finalmente, el proceso culminó en una sentencia condenatoria. Esta sentencia condenatoria fue recurrida ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, que se pronunció en último término a través de la sentencia que en este acto se comenta.

II. ¿Cuáles son los pasos argumentales que sigue el tribunal?

En términos bastante lógicos, la Corte de Apelaciones sigue básicamente dos pasos a lo largo de su sentencia. En primer lugar, centra y encuadra la cuestión jurídica medular sobre la cual debe pronunciarse (1) y en segundo lugar, concentra su atención en la cuestión relativa a si es posible ejecutar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o si existiría algún argumento, como el de la cosa juzgada, que lo impediría (2).

1° Define la cuestión jurídica a resolver

Desde este punto de vista, la Corte de Apelaciones parece tener claro cuál es el punto central de la discusión, aun cuando se enreda en los términos. En efecto, por un lado, la Corte de Apelaciones parece indicar que el debate se centra en la fuerza obligatoria de la sentencia expedida por la Corte IDH, al señalar que "toda la cuestión aquí, para estos efectos, se reduce a determinar cuál sea la fuerza obligatoria de la sentencia expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 26 de septiembre de 2006, en el caso denominado 'Almonacid Arellano y otros contra Chile', frente a la existencia de un sobreseimiento definitivo previamente dictado en la causa criminal que se instruyera precisamente por la muerte del Sr. Almonacid"6.

Pero luego, por otro lado, hace alusión al cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Corte IDH, cuando indica que "o bien la sentencia a que hacemos referencia no se cumple, por chocar con la cosa juzgada interna, o, de cumplirse, no puede atenderse a la alegación de la defensa, ni en cuanto a la amnistía, pues el fallo internacional prohíbe aplicarla a la especie, ni en cuanto a la prescripción, pues también de modo expreso la Corte Interamericana ha dicho que éste es un caso de delito de lesa humanidad, y que en tal calidad resulta imprescriptible, conforme a las reglas del derecho internacional de los derechos humanos, que deben primar sobre las del derecho interno"7.

A nuestro modo de ver, la fuerza obligatoria de la decisión de la Corte IDH difiere de su ejecución o cumplimiento. En efecto, esta sentencia y todas las sentencias de la Corte IDH son obligatorias, esto es lo propio de cualquier tribunal, pero, además, es exactamente eso lo que los Estados acordaron en la Convención Americana de Derechos Humanos8.

Junto con ello, los Estados parte en la CADH se obligaron a ejecutar y darle cumplimiento a los fallos de la Corte IDH9. Es más, en el caso de sentencias que dispongan indemnizaciones, los Estados parte se obligaron específicamente a adoptar un sistema de ejecución en particular10.

Dentro de los argumentos adelantados por la defensa de los acusados se encuentra la prescripción y la ya mencionada amnistía. Sin embargo, en su afán por centrar el debate, la Corte de Apelaciones desplaza estos dos argumentos de la discusión principal y se focaliza en la cosa juzgada y menormente en el principio ne bis in idem. En efecto, la Corte de Apelaciones afirma que "la cuestión sobre por qué podría dejar de cumplirse el fallo de la Corte Interamericana se refiere no a la prescripción o la amnistía, entonces, sino antes que ello a la cosa juzgada"11.

De este modo, la Corte de Apelaciones destina sus primeros razonamientos a discurrir si es que la cosa juzgada es una justificación suficiente para dejar de cumplir con el fallo de la Corte IDH. Con todo, desde el comienzo de su fallo la Corte de Apelaciones nos adelanta que su solución jurídica será afirmar la ejecución de la sentencia de la Corte IDH. Así, el tribunal de apelación nos indica que "la cuestión propuesta la tiene que resolver la judicatura nacional a favor de la aplicación del fallo de la Corte Interamericana, por diversas razones"12.

2° ¿Por qué debe optarse por ejecutar el fallo de la Corte IDH?

Como se ha mencionado, la Corte de Apelaciones concentra su atención en la cuestión de si es posible ejecutar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o si existiría algún argumento, como el de la cosa juzgada, que lo impediría. En este sentido, el tribunal de apelación desarrolla básicamente cuatro argumentos: En primer lugar, señala que el Estado ha otorgado su consentimiento en obligarse respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, además, ha habido un reconocimiento expreso de parte del propio Estado de la jurisdicción y competencia de la Corte IDH. En segundo lugar, afirma la supremacía del derecho internacional por sobre el derecho interno. En tercer lugar, los jueces de alzada indican que la conveniencia o no de someterse a la jurisdicción de la Corte IDH es una decisión política ajena a los jueces. Y, por último, confirman que el Estado de Chile no podía ignorar que la Corte IDH ya había desarrollado la doctrina de la cosa juzgada aparente en su jurisprudencia.

a) El Estado ha otorgado su consentimiento en obligarse respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, además, ha reconocido expresamente la jurisdicción y competencia de la Corte IDH

La primera de las razones invocadas por la Corte de Apelaciones de Rancagua encuentra su fundamento último en la teoría general del derecho internacional público, y, particularmente, en las obligaciones que emanan para el Estado a partir de los principios generales, la costumbre y las normas convencionales. En cuanto a los principios generales y a las obligaciones internacionales consuetudinarias, ya la Corte Permanente de Justicia Internacional había afirmado la obligación del Estado de adecuar su comportamiento y la globalidad de su orden jurídico interno a las obligaciones internacionales (convencionales y consuetudinarias) que ha asumido13. Así, se había señalado que "[u]n Estado que ha contraído obligaciones internacionales válidas, está obligado a hacer las modificaciones que sean necesarias dentro de su legislación, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas"14.

Igualmente, en este sentido, tal como lo señaló el Juez Sepúlveda Amor de la Corte Internacional de Justicia, "[l]a Corte ha afirmado repetidamente dentro de su jurisprudencia que un Estado no puede invocar derecho interno para justificar su incumplimiento de una obligación jurídica internacional. Al realizar la acción requerida en la sentencia del caso Avena, Estados Unidos "no puede invocar su Constitución frente a otro Estado con el fin de evadir obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional o los tratados en vigor"15. Este mismo principio ha sido reiterado en diversas ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos16. Por último, la Corte Permanente de Justicia Internacional ha reconocido en sus sentencias el principio firmemente establecido de derecho internacional consistente en que si la adecuada y apropiada aplicación de una Convención estuviera en conflicto con alguna ley o reglamento local o interno, estos últimos no prevalecerían por sobre la Convención17.

Además, desde el punto de vista convencional, el argumento que esgrime la Corte de Apelaciones encuentra su concreción en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en sus artículos 26 y 27, que son las disposiciones relativas a la observancia de los tratados18. En efecto, la Corte de Apelaciones de Rancagua señala que "ha sido el propio Estado quien se ha obligado a ello, al ratificar tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como la competencia misma del tribunal"19.

A propósito del argumento de que el Estado de Chile ha tomado voluntariamente la decisión de obligarse por la CADH y ha voluntariamente reconocido y aceptado la competencia para pronunciarse sobre los derechos contenidos en la Convención, la Corte de Apelaciones, aprovecha de razonar sobre dos puntos jurídicos extremadamente relevantes. Por un lado, el tribunal de apelación alude al contenido de la limitación de la soberanía a que se refiere el artículo 5° de la Constitución chilena (i) y, por otro lado, los jueces de apelación se refieren al intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ii).

i) La supremacía de los derechos a la base de la supremacía constitucional

En cuanto a este punto, la Corte de Apelaciones nos proporciona extraordinarios elementos de reflexión para intentar responder, respecto de la CADH, a la siguiente pregunta: ¿la limitación de la soberanía a la que se refiere el artículo 5° de la Constitución chilena viene dada por los tratados internacionales de derechos humanos o por los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana garantizados por dichos tratados?

A este respecto, la Corte de Apelaciones de Rancagua razona de una manera, a nuestro modo de ver, adecuada. En efecto, el tribunal de apelación señala respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que "[s]e trata, con toda evidencia, de un tratado sobre derechos humanos, como su propio nombre lo indica, y en tal calidad sus normas tienen rango constitucional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 5° de la propia Carta Fundamental. A todo evento, si es efectivo que la anterior afirmación es discutida en doctrina, no puede serlo el que el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Convención Interamericana, constituyen una limitación a la soberanía del Estado, pues así surge en forma ineludible de la lectura del citado artículo 5° de la Constitución"20.

Aun cuando la afirmación anterior nos parece suficientemente clara y, además, totalmente en la línea de las tendencias más contemporáneas que desarrollan los ordenamientos y las jurisdicciones comparadas e internacionales, la Corte de Apelaciones agrega, a mayor abundamiento, un corolario natural a su razonamiento. La vulneración por actos internos del Estado de los derechos reconocidos en la CADH no sólo implica una violación de la propia CADH sino también una violación de la Constitución chilena, a través de su artículo 5°.

En este sentido, el Tribunal Constitucional chileno ha tenido, a veces, un razonamiento similar al expresado por la Corte de Apelaciones de Rancagua. En efecto, por ejemplo, respecto del derecho a la identidad personal -estrechamente vinculado al valor de la dignidad humana- los jueces constitucionales han reivindicado la protección constitucional del mismo y han señalado que "ha de tenerse presente que aun cuando la Constitución chilena no lo reconozca expresamente en su texto, ello no puede constituir un obstáculo para que el juez constitucional le brinde adecuada protección. Lo anterior, precisamente, por su estrecha vinculación con la dignidad humana y porque tampoco puede desconocerse que él sí se encuentra protegido expresamente en diversos tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes en nuestro país, como la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 7°), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 24.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 18)"21.

En este mismo ámbito, el Tribunal Constitucional chileno ha afirmado que "debe reconocerse, en efecto, que los diversos instrumentos internacionales, ratificados por Chile y vigentes, que cita el juez requirente en apoyo de su argumentación, consagran el derecho a la identidad personal generando, por ende, la obligación de los órganos del Estado de respetarlos y promoverlos, en los términos aludidos en el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental. La afirmación precedente se concilia perfectamente con el criterio sostenido por esta Magistratura en el sentido de que el derecho a la identidad personal está estrechamente ligado a la dignidad humana, en cuanto valor que, a partir de su consagración en el artículo 1°, inciso primero, de la Ley Suprema, constituye la piedra angular de todos los derechos fundamentales que la Ley Suprema consagra. Asimismo, que aun cuando la Constitución chilena no reconozca, en su texto, el derecho a la identidad, ello no puede constituir un obstáculo para que el juez constitucional le brinde adecuada protección [...]"22. Y en este mismo caso, los jueces constitucionales agregan que "las consideraciones que preceden justifican, precisamente, incluir el derecho a la identidad personal entre aquellos derechos esenciales a la naturaleza humana a que alude el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución, y que se erigen como límite de la soberanía, debiendo los órganos del Estado respetarlos y promoverlos, ya sea que estén asegurados en la propia Carta Fundamental o en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes"23. Y, todo lo anterior puede entenderse en perfecta armonía con lo que han afirmado los propios jueces constitucionales en el sentido de que "no es la Constitución la que ha creado esos derechos sino que, simplemente, se ha limitado a reconocerlos, a regular su ejercicio y a garantizarlos a través de mecanismos jurídicos adecuados para no tornar ilusoria su protección. De allí que el propio ejercicio del Poder Constituyente, en cuanto expresión de la soberanía de la nación, reconoce como límite el 'respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana', tal y como ordena el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental"24.

Por lo tanto, en concordancia con las aseveraciones provenientes del Tribunal Constitucional, la Corte de Apelaciones sostiene que "[e]n suma, tenga o no la Convención Interamericana de Derechos Humanos un rango constitucional, lo cierto es que los derechos que garantiza no pueden conculcarse, ni mantenerse conculcados, en base a reglas del derecho interno, pues entonces no sólo se infringe la Convención misma, sino directamente el mandato del artículo 5° de nuestra propia Constitución"25.

ii) El intérprete último de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

La Corte de Apelaciones de Rancagua extrae otra conclusión adicional derivada de la aceptación voluntaria por parte del Estado de Chile de la CADH y de la expresa aceptación de la competencia de la Corte IDH para interpretar autorizadamente los derechos y normas contenidos en dicha Convención. En efecto, la Corte de Apelaciones concluye que "el intérprete de esa Convención es, precisamente, la Corte Interamericana, y esto por haberlo aceptado así nuestro propio Estado al reconocerle esa competencia"26. En este sentido, García Ramírez se ha expresado señalando que "[e]n un creciente número de resoluciones judiciales nacionales se reconoce la función de la Corte como intérprete calificado de la Convención, y por lo tanto se acogen sus determinaciones a título de criterio eficaz para establecer el sentido de las normas de aquélla en lo que concierne a su aplicación en el plano interno"27. Esta interpretación de autoridad que efectúa la Corte IDH también es reconocida por Castilla cuando afirma que "[l]a Corte Interamericana de conformidad con los procedimientos existentes en el sistema interamericano de derechos humanos, así como el reconocimiento que le dieron los Estados al aprobar la Convención Americana y su Estatuto, es la intérprete más autorizada de aquélla, quien en última instancia establece qué alcance y sentido tiene un derecho o libertad allí contenido. Es lo que un tribunal constitucional representa en un Estado"28.

En este sentido, la Corte de Apelaciones de Rancagua parece querer trasmitirnos que Chile ha expresamente aceptado la competencia de la Corte IDH para interpretar en último término la CADH, razonamiento que compartimos. Además, la interpretación de este órgano internacional jurisdiccional debe ser la última palabra autorizada acerca del contenido y el alcance de los derechos contenidos en la CADH para que el sistema interamericano de protección al menos mantenga una unidad y coherencia lógica, y no se transforme en un mosaico arbitrario de quereres y voluntades antojadizas nacionales a propósito de lo que cada Estado entendería qué significa tal o cual derecho consagrado en la CADH. Admitir que cada Estado puede darle a los derechos reconocidos en la CADH el alcance y significado que desee, según su propio entendimiento o el de sus tribunales estatales, equivaldría a transformar el sistema interamericano de protección en una especie de "menú a la carta". En otras palabras, equivaldría a desmantelar el sistema interamericano de protección y, adicionalmente, nos haría caer en las interpretaciones antojadizas de cada Estado, con el consiguiente peligro inminente para los individuos bajo la jurisdicción de dicho Estado.

b) La supremacía del derecho internacional por sobre el derecho interno

Esta aseveración es especialmente relevante para los efectos del derecho internacional en su dimensión interna, es decir, en su vigencia al interior de la jurisdicción del Estado. En general, el derecho internacional de los derechos humanos está destinado a ser aplicado y a recibir concreción práctica en el ámbito interno de los Estados, donde convergen en su aplicación con las normas de producción estatal, incluso aquellas referidas a los derechos humanos, tales como aquellas contenidas en el catálogo de derechos de la Constitución.

Mientras el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional de los derechos humanos sean concordantes o complementarios, no hay riesgo de conflicto. Cuando ambas estructuras normativas entran en colisión en el ámbito interno de los Estados, se plantea un conflicto de normas de derechos humanos que, normalmente, será el juez estatal quien deberá resolver, poniéndose la toga de juez común de los derechos humanos y, en particular, en América, de juez común de derecho interamericano de los derechos humanos29. En esta esfera, las afirmaciones de la Corte de Apelaciones de Rancagua son relevantes.

En efecto, el tribunal admite expresamente "la supremacía del derecho internacional, aceptado por Chile y por ende también derecho nacional, por sobre las normas de orden estrictamente interno. Esa supremacía ha sido ya latamente asentada por la doctrina, y también por fallos de nuestra Corte Suprema, pero es además claro que, de no ser así, la firma y ratificación de tratados valdría de muy poco, pues cualquier país podría excusarse de las obligaciones que éstos le impongan, mediante el recurso de preferir normas de derecho interno, anteriores, coetáneas o posteriores, que los contradigan"30.

c) La conveniencia o no de someterse a la jurisdicción de la Corte IDH es una decisión política ajena a los jueces

La Corte de Apelaciones de Rancagua separa muy bien las aguas respecto de las diversas consideraciones que se presentan a propósito de la CADH y de la aceptación voluntaria de la competencia de la Corte IDH. Y separa las aguas respecto de aquello que debe formar parte del debate público propio de toda sociedad democrática con la debida garantía de una participación integral de toda la comunidad estatal, esto es, la decisión de someterse al escrutinio de un tribunal internacional de derechos humanos el cual supervisa el respeto, protección y satisfacción al interior de las fronteras estatales de los derechos humanos. Esta decisión, evidentemente, no le corresponde a un tribunal estatal y no puede entrar, de ningún modo, dentro de las consideraciones jurídicas de un tribunal. Así, la Corte de Apelaciones sostiene que "la cuestión ahora en debate no es ni puede ser la conveniencia de someterse a la jurisdicción de una Corte Internacional"31.

Un tribunal nacional no puede entrar a calificar la conveniencia u oportunidad de someterse a la jurisdicción de un tribunal internacional. Un juez estatal, ordinario o constitucional, simplemente aplica e interpreta el derecho vigente, que incluye, desde el punto de vista constitucional de los derechos humanos, valores, principios y reglas escritas. En esta línea, clara es la afirmación efectuada por el Tribunal Constitucional chileno, en el sentido de que "desde 1970, el ordenamiento constitucional chileno ha previsto un sistema de solución de conflictos constitucionales -recientemente reforzado con la reforma de 2005- que está radicado en este Tribunal Constitucional, al cual se ha encomendado la interpretación definitiva e inapelable de la Constitución, interpretación que debe desarrollarse en forma integral, esto es, considerando tanto la letra como los valores, principios y espíritu de la Carta Fundamental, a fin de asegurar la vigencia efectiva de la supremacía constitucional, que es la que garantiza, en definitiva, la eficacia del Estado constitucional de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales de las personas"32.

De este modo, el tribunal de apelación afirma, correctamente en nuestra opinión, que " [e] n tanto la Convención rija y la competencia de la Corte permanezca aceptada, por no haberse denunciado el tratado que la contempla, el deber de cumplir sus fallos pesa sobre el Estado de Chile. Y el Estado está compuesto por sus tres Poderes. No se trata de una obligación que deba cargar sólo alguno de ellos. Es el Estado, de manera indivisible, el obligado y, por ende, lo es cada uno de sus Poderes, según la faceta de actividad estatal en que nos encontremos"33.

Frente a una sentencia adversa de la Corte IDH, el Poder Judicial, en cuanto Estado de Chile, en su faceta jurisdiccional, "no tiene alternativa, como no fuere la de incumplir, derechamente, un tratado vigente y, con ello, infringir el derecho y comprometer el honor del Estado de Chile"34.

d) El Estado de Chile no podía ignorar que la Corte IDH ya había desarrollado en su jurisprudencia la doctrina de la cosa juzgada aparente

Desde una perspectiva de la actuación de buena fe del Estado, que es un principio general del Derecho, la Corte de Apelaciones claramente afirma que el Estado de Chile sabía o debía saber la interpretación desarrollada por la Corte IDH a través de su jurisprudencia. Así, los jueces de alzada señalan que "el Estado de Chile no podía ignorar que la Corte Interamericana ya había asentado desde hace tiempo la doctrina jurisprudencial de la cosa juzgada aparente o fraudulenta"35. Luego, haciendo alusión a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tribunal de apelación concluye que "[d]e este modo, es innegable que el Estado de Chile sabía, o no podía menos que saber, que para la doctrina de la Corte Interamericana la cosa juzgada no es obstáculo para ordenar reabrir procesos y perseguir responsabilidades, si estima que esa cosa juzgada califica como fraudulenta o aparente, según lo decida su propio fallo"36.

En nuestra opinión, ésta es una de las principales afirmaciones con repercusión en el derecho internacional de los derechos humanos que efectúa la Corte de Apelaciones de Rancagua. En efecto, para los jueces de alzada es obvio y evidente que un Estado que ha ratificado la CADH y que ha aceptado expresamente la competencia de la Corte IDH para pronunciarse sobre las violaciones a esta Convención, sabía o debía saber el sentido y el alcance que la propia Corte IDH le había asignado a una violación de la CADH de la naturaleza y envergadura de que trata el caso Almonacid en relación con el Decreto Ley de amnistía, la impunidad y el impedimento del acceso a la justicia. En estas condiciones, el Estado de Chile -sus tres poderes- debe compenetrarse de la actividad interpretativa de la Corte IDH y de su jurisprudencia. Fundándose en el elemento de la buena fe, aquí se podría aplicar el principio nemo auditur.

En este mismo sentido, aquí queda representado el efecto educador, inspirador y guía de los fallos de la Corte IDH para la actuación de los tres poderes del Estado en su integralidad. Todo el aparato del Estado, todos los agentes del poder público, y, en general, todos los miembros de la comunidad estatal son tenidos de buena fe de conocer y seguir las enseñanzas de la Corte IDH como el intérprete autorizado y reconocido de los derechos humanos. Por lo tanto, en esta sentencia en comento, hay un reconocimiento expreso de la doctrina del seguimiento de la jurisprudencia de la Corte IDH. Esta línea de reflexión, es la que podría proporcionar la necesaria unidad y coherencia lógica a un sistema integral de protección de los derechos humanos. En cambio, sostener que los poderes públicos pueden, a pesar de saber o deber haber sabido la jurisprudencia de la Corte IDH, apartarse o derechamente contradecir las enseñanzas de la Corte IDH, provocaría una dispersión y desmantelamiento del sistema de protección, y en el fondo una entrega de la protección de los derechos de las personas al capricho interpretativo de los Estados. En esta línea, la Corte de Apelaciones de Rancagua afirma que "[e]n tales circunstancias, la decisión política de mantener a Chile bajo la jurisdicción de ese tribunal internacional, admitiendo como obligatorios para el país sus fallos, implicaba el riesgo cierto de tener que cumplir alguno que, precisamente, desbaratara un efecto interno de cosa juzgada, como ahora ha ocurrido. Si esto se decidió, aunque fuera por omisión, por los poderes políticos, la Judicatura no puede cargar con la responsabilidad de desvincular de facto al país de un tratado vigente, negándose a cumplir un fallo que ni siquiera plantea un escenario nuevo o desconocido, en la trayectoria jurisprudencial de la Corte Interamericana"37.

Por lo demás, el argumento de la reconducción final del entendimiento de los derechos a las enseñanzas de la Corte IDH es de toda lógica. El intérprete último de los derechos garantizados en la CADH es la Corte IDH. Los derechos fundamentales garantizados por la Convención son obligatorios para el Estado de Chile como norma de carácter internacional. Además, dichos derechos representan obligaciones para el Estado y para toda persona, institución o grupo como normas de derecho interno, ya que han sido incorporadas al ordenamiento interno. La Corte IDH -y los tribunales en general- entiende que las obligaciones que emanan para el Estado corresponde a la regla positiva sumado a la manera que el tribunal la ha aplicado e interpretado en el curso del desempeño de su oficio38. Esto mismo ocurre en otros tribunales tanto estatales como internacionales e incluso supranacionales39. La Corte Suprema chilena procede de la misma manera. Igualmente, el Tribunal Constitucional chileno utiliza el mismo método, lo cual queda en evidencia con sus constantes referencias a su jurisprudencia pasada. El derecho es viviente y la norma jurídica se actualiza día a día a través del juzgamiento del tribunal correspondiente40. En este sentido, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que "[e]s así como el tribunal 'límite' de la jurisdicción confiere a la normatividad legal el desarrollo práctico que le otorga una vida real en el mundo concreto de los conflictos jurídicos. La doctrina constitucional ha denominado esta dinamización de la norma, el derecho viviente -por oposición al estatismo que reposa en la descripción abstracta del canon-, y ha considerado que cuando la interpretación que la jurisprudencia y la doctrina hacen de la ley representa una orientación predominante y definida de la norma, es deber del juez constitucional -en principio- el de acogerla, a menos que resulte palpable su oposición con los preceptos superiores"41.

Un tribunal estatal podría ser contumaz y actuar de manera contradictoria con la doctrina jurisprudencial asentada y consolidada por la Corte IDH. Pero ello significaría que actuaría a sabiendas de que viola la norma de la Convención según la interpretación que de ella hace la Corte.

III. La Corte de Apelaciones y el control de convencionalidad

En los últimos años ha habido una abundante literatura respecto del denominado control de convencionalidad en derecho comparado latinoamericano42. El debate sobre control de convencionalidad se puede encontrar en Francia con bastante anterioridad a los desarrollos de la Corte IDH y referida exclusivamente a la obligación que pesaría sobre los órganos judiciales internos de los Estados. En efecto, en este país aparece en los años 70 una discusión pretoriana relativa a qué órgano jurisdiccional le corresponde efectuar el denominado control de convencionalidad, teniendo en consideración que en Francia la Constitución considera que los tratados internacionales son una norma con jerarquía supralegal. En América Latina, la Constitución de El Salvador y la de Paraguay son dos ejemplos que contienen la misma solución que la francesa43. El Consejo Constitucional (equivalente del Tribunal Constitucional chileno) francés rechazó efectuar el control de convencionalidad, por lo que éste fue asumido por la justicia ordinaria y administrativa44.

Primeramente, concordamos con Jinesta cuando afirma que "[e]l control de convencionalidad implica la necesidad de despojarse de una serie importante de lastres histórico-dogmáticos muy arraigados en la ciencia jurídica, derribar una serie de mitos (v. gr. la supremacía exclusiva de la Constitución) y, en definitiva, un nuevo paradigma del Derecho Público de los países del sistema interamericano".45

El control de convencionalidad es una doctrina propuesta por la Corte IDH, aun cuando el término no es original de la misma como ya se ha mencionado.46 Según esta doctrina se le indica a los Estados y particularmente a los jueces de dichos Estados, que es su deber velar porque se respeten las obligaciones de la CADH y, haciendo ello, además, tomar en consideración la jurisprudencia de la Corte IDH.47

En efecto, en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, de cuyo cumplimiento trata esta sentencia, los jueces interamericanos expresaron esta doctrina de la siguiente manera:

"La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de 'control de convencionalidad' entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana"48.

En este contexto, coincidimos con García Ramírez cuando señala que "[e] sta jurisprudencia, que la Corte desarrolló, en un primer momento, teniendo en mente principalmente a los jueces, evolucionó en el sentido de extender la doctrina del control de convencionalidad a 'todos los órganos del Estado'. En este sentido, también las legislaturas y el Poder Ejecutivo, entre los demás órganos del Estado y en virtud de las obligaciones asumidas por el mismo, deberán vigilar que las leyes que emitan las legislaturas o los reglamentos y políticas públicas que implemente el Ejecutivo no sean contrarias a la Convención Americana"49.

Ha habido una tendencia a asimilar el control de convencionalidad con el control de constitucionalidad, en circunstancias que, a nuestro parecer, son dos cosas distintas50. Ello explicaría, por ejemplo, el uso de nomenclatura como control difuso de convencionalidad, propio de la clasificación teórica entre control difuso y control concentrado de constitucionalidad51.

En la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, este mismo tribunal utiliza el procedimiento de control de convencionalidad a propósito de las reglas de derecho interno relativas a la cosa juzgada y a la regla de ne bis in idem, ya que ellas, en el caso concreto, infringen los derechos fundamentales de la CADH. Además, la Corte de Apelaciones de Rancagua recurre para efectuar el control de convencionalidad a la jurisprudencia de la propia Corte IDH, abordando en su análisis la interpretación jurisprudencial proporcionada por la Corte IDH.

Tan fuerte es el control de convencionalidad que se produce en este caso -que a la sazón es un caso de ejecución de una sentencia pronunciada por la Corte IDH-que incluso la Corte de Apelaciones de Rancagua, dentro de su argumentación, razona utilizando los criterios jurídicos indicados por la sentencia de la Corte IDH en el caso Almonacid Arellano (2006). En efecto, los jueces de alzada señalan que "si el derecho vulnerado, según la decisión ya inamovible del tribunal internacional, es, en suma, el de acceder a la justicia para obtener el enjuiciamiento y castigo de los que resulten culpables de un delito, y si la Corte Interamericana tiene como expreso y primer deber, cuando decida que hubo tal violación, disponer que 'se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados', según lo dispone el artículo 63 N° 1 de la Convención, parece imposible imaginar cómo podría disponer tal cosa sin ordenar que el proceso en que se busca esclarecer y castigar aquel delito, continúe. Y si la cosa juzgada interna pudiera impedir tal cosa, es claro que en los casos de infracción al derecho a acceder a la justicia, el señalado artículo 63 N° 1 sería letra muerta. La Corte Internacional, pues, no ha hecho otra cosa, al desarrollar su tesis de la cosa juzgada aparente, que dar cumplimiento a su propia obligación, de suerte que es evidente que no se trata de una arbitrariedad, sino de una decisión jurídica, fundada en las atribuciones y deberes de ese tribunal. Lo anterior se expone sin perjuicio de que no corresponda al juez nacional calificar, sino sólo cumplir, el fallo internacional, como obligatorio que es para nuestro Estado [...]"52.

IV. Un acto infractor de derechos fundamentales sin efecto jurídico

Una de las afirmaciones más relevantes que aparecen en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua es la referida a las consecuencias jurídicas derivadas de un acto o de una norma que infringe derechos humanos. Y, en este sentido, los jueces de alzada son muy claros. Un acto infractor de derechos humanos no produce ni puede producir efectos jurídicos. Así, el tribunal de apelación afirma que "un acto infractor, vulnerador de garantías fundamentales, no puede tener efecto jurídico, so pena de desbaratarse todo el sistema de protección que la Convención de que se trata prevé"53.

Del mismo modo, se señala que una norma interna de un Estado que infrinja o vulnere derechos humanos pierde su eficacia jurídica para el caso en que esa norma está llamada a aplicarse. Si ese acto infractor de los derechos reconocidos en la CADH es una norma interna, dicha norma "pierde su eficacia". Esa es la consecuencia que le asigna la Corte IDH y que lo reitera la Corte de Apelaciones de Rancagua. La Corte de Apelaciones de Rancagua admitió también que si la Corte IDH decide que una norma interna ha infringido los derechos garantizados por la Convención, es evidente que esa norma de derecho interno "pierde su eficacia para el preciso caso de que hablemos, porque de otra manera no se cumpliría lo dispuesto por la propia Constitución, en cuanto a que la regla de derecho fundamental, garantizada por el tratado, limite la soberanía, ni tampoco se cumpliría el deber, que también el citado artículo 5° impone, de respetar y promover el derecho esencial de que se trate"54.

V. Reflexiones Finales

La sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Rancagua es un caso concreto de cumplimiento y ejecución de una sentencia obligatoria para el Estado de Chile emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, en 2006. Asimismo, se trata de un caso extraordinario de cumplimiento de una sentencia dictada por la Corte IDH. En este caso, es posible hablar de un caso extraordinario porque no es de ordinaria ocurrencia que los Estados partes del sistema interamericano de protección de los derechos humanos cumplan de la manera que aquí se ha efectuado con las sentencias de la Corte IDH. Es más, sabido es que en el tiempo presente, ha surgido al interior de algunos Estados partes en la CADH voces que ponen en tela de juicio las sentencias de la Corte IDH e incluso siembran dudas sobre la obligatoriedad de sus pronunciamientos.

Del mismo modo, contemporáneamente se ha generado un amplio debate acerca de la denominada doctrina del control de convencionalidad, postulada por la Corte IDH precisamente a partir del caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile de 2006. Una parte de la doctrina nacional de los Estados que participan del sistema de protección ha criticado ácidamente esta doctrina. Sin embargo, como se ha visto, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que se ha examinado, lleva a cabo un proceso efectivo de control de convencionalidad. Ello se desprende, como se ha visto, claramente de sus razonamientos y fundamentos.

Un último pilar muy interesante de esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua es que logra sintetizar prolijamente los dos ámbitos normativos predominantes del derecho de los derechos humanos, id est, por una parte, el derecho internacional de los derechos humanos y, por otra parte, el derecho constitucional de los derechos humanos. Estos dos ámbitos constituyen dos caras de la misma moneda, cuyo entendimiento global queda reflejado de una manera prístina en los razonamientos de esta sentencia.

La Corte de Apelaciones de Rancagua se pronuncia respecto de los efectos jurídicos derivados de la infracción de los derechos fundamentales, tanto si esta infracción es provocada por un acto o bien por una norma. En este sentido, siguiendo las enseñanzas de la Corte IDH en el caso Almonacid, señala claramente que cuando una norma interna viola o vulnera derechos fundamentales ésta no puede tener o producir efectos jurídicos. Son, precisamente, estas enseñanzas que ha aprovechado la Corte de Rancagua para argumentar en favor de la ejecución del fallo de la Corte IDH de la manera que hemos analizado. Resta por ver cuál es la secuela de esta historia y más interesante aún, si las enseñanzas derivadas de este fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua rinden fruto y nos permiten ver nuevos ejemplos como éste en los tribunales chilenos.

 

VI. Notas

** Abogado (Chile), Doctor en Derecho (España), Magíster en Relaciones Internacionales (España), Máster en Derechos Humanos y Derecho Humanitario (Francia). Posdoctorado en el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (Heidelberg, Alemania). Profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso (Valparaíso, Chile) y de la Universidad Andrés Bello (Santiago, Chile). gaguilarch@hotmail.com

1 Corte IDH: Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C N0 154, p. 65.

2 Corte IDH: Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C N° 73; Corte IDH: Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C N0 151.

3 Corte IDH: Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C N0 154.

4 "Artículo 1°. Concédese amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas".

5 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol No 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 10°.

6 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol No 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 1o.

7 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol No 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 2o.

8 "Artículo 67. El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo".

9 Artículo 68: 1. "Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes".

10 Artículo 68: [...] 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.

11 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 3°.

12 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 5°.

13 Monroy Cabra, Marco Gerardo: "El Derecho Internacional como fuente del Derecho Constitucional", en ACDI, Año 2008, N° 1, 107-138;         [ Links ] Moyano Bonilla, César: "El principio de la primacía del derecho internacional", en Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 24, 1995-1, pp. 311-337.         [ Links ]

14 Intercambio de Población Griega y Turca, Opinión Consultiva del 21 de febrero de 1925, PCIJ, serie B, núm. 10, 1925, p. 20; Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the case concerning Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United States of America) Judgment of 19 January 2009, I.C.J. Reports 2009. Dissenting opinion of Judge Sepúlveda-Amor, para. 8, p. 33.

15 Vid. Tratamiento de Nacionales Polacos y Otras Personas de Origen Polaco o Idioma en el Territorio de Danzing, Opinión Consultiva, 1932, PCIJ, series A/B, núm. 44, p. 24; Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the case concerning Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United States of America) Judgment of 19 January 2009, I.C.J. Reports 2009. Dissenting opinion of Judge Sepúlveda-Amor, para. 8, p. 33.

16 "En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que "[s]egún el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno". Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969". Corte IDH: Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C N° 154, para. 124; Cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994, Serie A N° 14, para. 35.

17 "In the first place, it is a generally accepted principle of international law that in the relations between Powers who are contracting Parties to a treaty, the provisions of municipal law cannot prevail over those of the treaty. [...] In these circumstances, if a proper application of the Convention were in conflict with some local law, the latter would not prevail over the Convention". The Greco-Bulgarian Communities. Advisory Opinion, July 31, 1930, Series B, N° 17, p. 32.

18 "Articulo 26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe; 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46". Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 23 de mayo de 1969. U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entered into force January 27, 1980.

19 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 5°.

20 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 5°.

21 Tribunal Constitucional chileno: Requerimiento de inaplicabilidad presentado por Julio Magri Rabaglio, RIT N° C-680-2007, RUC 07-2-0098411-5, del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago. Rol N° 834-07. Sentencia de fecha 13 de mayo de 2008. Considerando 22°.

22 Tribunal Constitucional chileno: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del Juez Presidente del Juzgado de Familia de Pudahuel, señor Carlo Marcelo Casaula Mezzano respecto del artículo 206 del Código Civil, en la causa RIT N° C-111-2009, seguida por investigación/reclamación de paternidad, caratulada "Muñoz con Muñoz". Rol N° 1340-09. Sentencia de fecha 29 de septiembre de 2009. Considerando 9°.

23 Tribunal Constitucional chileno: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del Juez Presidente del Juzgado de Familia de Pudahuel, señor Carlo Marcelo Casaula Mezzano respecto del artículo 206 del Código Civil, en la causa RIT N° C-111-2009, seguida por investigación/reclamación de paternidad, caratulada "Muñoz con Muñoz". Rol N° 1340-09. Sentencia de fecha 29 de septiembre de 2009. Considerando 10°.

24 Tribunal Constitucional de Chile: Requerimiento de inconstitucionalidad deducido en contra de algunas disposiciones de las "Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad", aprobadas por el Decreto Supremo N° 48, de 2007, del Ministerio de Salud. Rol N° 740-07. Sentencia de fecha 18 de abril de 2008. Considerando 47°.

25 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 5°.

26 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 5°.

27 Garcia Ramírez, Sergio y Negrete MorayTA, Alejandra: "El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", nota 3. Disponible en: <http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2012/jornadasitinerantes/procesoSGR.pdf> [Visitado el 1/4/2013].

28 Castilla, Karlos: "El control de convencionalidad: un nuevo debate en México a partir de la sentencia del caso Radilla Pacheco", en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. XI, 2011, pp. 593-624, especialmente, p. 597.         [ Links ]

29 Con la figura del juez estatal asumiendo el rol de un juez común de los derechos humanos operaría una especie de lo que Scelle denominaba el desdoblamiento funcional. Vid. ScELLE, Georges: Droit International Public: Manuel Elémentaire. Paris, Domat-Montchrestien, 1944, pp. 21-22; Para una crítica relativa a la teoría del desdoblamiento funcional, Vid. Cassese , Antonio: "Remarks on Scelle's Theory of 'Role Splitting' (dédoublement fonctionnel) in International Law" (1990) 1 European Journal of International Law, pp. 210-34.

30 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 6°.

31 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 7°.

32 Tribunal Constitucional de Chile: Requerimiento de inconstitucionalidad deducido en contra de algunas disposiciones de las "Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad", aprobadas por el Decreto Supremo N° 48, de 2007, del Ministerio de Salud. Rol N° 740-07. Sentencia de fecha 18 de abril de 2008. Considerando 20°; Tribunal Constitucional chileno: Requerimiento de inconstitucionalidadde la Resolución Exenta N° 584 (Ministerio de Salud), fechada el 1° de septiembre de 2006, la cual aprueba Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad. Rol N° 591-06. Sentencia de fecha 11 de enero de 2007. Considerando 3°.

33 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 7°.

34 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 7°.

35 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 8°.

36 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 8°.

37 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 8°.

38 "La jurisprudencia constitucional ha reconocido el papel neurálgico que desempeñan los máximos tribunales de cada jurisdicción en la definición del sentido de una norma jurídica, en atención a que son ellos los que, con autoridad, han interpretado los conceptos técnicos que ésta contiene y han desentrañado, para efectos de aplicarla en cada caso que conocen, sus sentidos literal, histórico, natural, sistemático y sociológico. Así, la jurisprudencia que los órganos de cierre de cada jurisdicción profieren, constituye un referente indispensable para apreciar el significado viviente de las normas jurídicas". Corte Constitucional, Sentencia C-557 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa Sentencia T-248/08 de Corte Constitucional de Colombia, 6 de marzo de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

39 Por su parte, la Corte Internacional de Justicia ha establecido que "un instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el cuadro del conjunto del sistema jurídico en vigor en el momento en que la interpretación tiene lugar". Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16 ad 31; y, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado "que no es a la luz de lo que en 1948 se estimó que era el valor y la significación de la Declaración Americana como la cuestión del status jurídico debe ser analizada, sino que es preciso determinarlo en el momento actual, ante lo que es hoy el sistema interamericano, habida consideración de la evolución experimentada desde la adopción de la Declaración". Corte IDH: Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 de 14 de julio de 1989. Serie A N° 10, para. 37.

40 Así, la Corte Constitucional de Colombia ha establecido que "en materia de interpretación de las normas del ordenamiento jurídico colombiano, es necesario atender a la teoría del derecho viviente, la cual comporta un reconocimiento de que el ámbito de aplicación de éstas no sólo se determina por su tenor literal sino por el uso que de ellas han realizado los operadores jurídicos y el entendimiento que de las mismas tienen la jurisprudencia y la doctrina". Corte Constitucional, Sentencia C-875 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

41 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-557 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Corte Constitucional, Sentencia C-955 de 2001, Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-248/08 de Corte Constitucional de Colombia, 6 de marzo de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

42 Dentro de la doctrina latinoamericana, entre muchos excepcionales aportes, dos excelentes académicos han llevado adelante, no sólo en sus países, el debate acerca del control de convencionalidad. Nos referimos al profesor mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor y al profesor chileno Humberto Nogueira Alcalá. Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (Coord.): El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales. FUNDAp, Querétaro, México, 2012; Nogueira, Humberto (Coord.): El diálogo transjudicial de los Tribunales Constitucionales entre sí y con las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Santiago: Librotecnia, 2012; Vid. también, Rey Cantor, Ernesto: Control de Convencionalidad de las Leyes y Derechos Humanos. México, Editorial Porrúa-Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2008; Sagues, Néstor Pedro: "El 'control de convencionalidad'. En particular sobre las constituciones nacionales", La Ley, Año LXXIII, N° 35, 19 de febrero de 2009, pp. 1-3; Albanese , Susana (Coord.): El control de convencionalidad. Buenos Aireas, Ed. Ediar, 2008.

43 Corcuera Cabezut, Santiago: Derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. Oxford University Press, México, 2012, pp. 162-163.         [ Links ]

44 Quoc Dinh, Ngyuen: Droit international public. Paris, LGDJ, 8e édition, 2009, p. 311 et seq.

45 Jinesta L., Ernesto: "Control de convencionalidad ejercido por los Tribunales y Salas Constitucionales", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (Coord.): El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales. FUNDAp, Querétaro, México, 2012, p. 3.

46 Corte IDH: Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C N° 154.

47 Jinesta L., Ernesto: "Control de convencionalidad ejercido por los Tribunales y Salas Constitucionales", en FERRER Mac-Gregor, Eduardo (Coord.): El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales. FUNDAp, Querétaro, México, 2012, p. 4.

48 Corte IDH: Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C N° 154, para. 124.

49 Garcia Ramirez, Sergio y Negrete MorayTA, Alejandra: "El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", p. 35. Disponible en: <http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2012/jornadasitinerantes/procesoSGR.pdf> [Visitado el 1/4/2013]

50 Hitters, Juan Carlos: "Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Comparación", Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Año 7, N° 2, 2009, pp. 109-128;         [ Links ] Ferrer Mac-Gregor, Eduardo: "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad el nuevo paradigma para el juez mexicano", en Derechos Humanos: Un nuevo modelo constitucional. México, UNAM-IIJ, 2011, pp. 339-429.         [ Links ]

51 "Se trata, en realidad, de un 'control difuso de convencionalidad', debido a que debe ejercerse por todos los jueces nacionales. Existe, por consiguiente, una asimilación de conceptos del Derecho Constitucional, lo cual está presente desde el origen y desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente al crearse las 'garantías' y 'órganos' internacionales de protección de los derechos humanos. Se advierte claramente una 'internacionalización del Derecho Constitucional', particularmente al trasladar las 'garantías constitucionales' como instrumentos procesales para la tutela de los derechos fundamentales y salvaguarda de la 'supremacía constitucional', a las 'garantías convencionales' como mecanismos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales para la tutela de los derechos humanos previstos en los pactos internacionales cuando aquéllos no han sido suficientes, por lo que de alguna manera se configura también una 'supremacía convencional'". Corte IDH: Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C N° 220. Voto razonado del Juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. Considerando 21°; Ferrer Mac-Gregor, Eduardo: "El control difuso de convencionalidad en el Estado constitucional", en Fix-Zamudio , Héctor, y Valadés, Diego (coords.): Formación y perspectiva del Estado mexicano, México, El Colegio Nacional-UNAM, 2010, pp. 151-188.

52 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 9°.

53 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 8°.

54 Corte de Apelaciones de Rancagua: Homicidio simple de Luis Almonacid Arellano. Recurso de Apelación. Rol N° 103-2011. Sentencia de fecha 14 de enero de 2013. Considerando 5°.


* Trabajo recibido el 6 de marzo y aprobado el 27 de marzo de 2013.

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