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Estudios constitucionales

versión On-line ISSN 0718-5200

Estudios constitucionales vol.11 no.2 Santiago  2013

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002013000200012 

ARTÍCULOS

 

LIBERTAD RELIGIOSA Y ORDEN PÚBLICO. LA COLISIÓN ENTRE LA NOCIÓN IMPERANTE DE ORDEN PÚBLICO Y LOS FINES RELIGIOSOS EN EL CASO DE LA OBJECIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS A LA IGLESIA DE UNIFICACIÓN*

RELIGIOUS FREEDOM AND PUBLIC ORDER. THE COLISIONENTRE THE PREVAILING NOTION OF PUBLIC ORDER PURPOSES RELIGIOUS IN THE CASE OF THE OBJECTION THE REGISTRATION OF RELIGIOUS ENTITIES TO THE CHURCH OF UNIFICATION

 

Jorge del Picó Rubio**

Universidad de Talca - Chile. jlp@utalca.cl


Resumen:

El artículo aborda, a partir del caso judicial suscitado por la objeción del registro de la Iglesia de Unificación, por parte del Ministerio de Justicia, el análisis de la eventual colisión entre el principio de libertad religiosa tutelado en el art. 19 N° 6 de la CPR y el concepto de orden público cautelado por la Carta Fundamental, analizando en particular los fundamentos aportados por el Ministerio durante la ejecución del examen de calificación, la legalidad de la procedencia de dicho examen, el carácter sustantivo del mismo y los razonamientos jurídicos que dan lugar a los fundamentos jurídicos de las resoluciones en sede administrativa y, principalmente, en sede jurisdiccional que asentaron la doctrina actualmente vigente sobre la materia.

Palabras clave: Libertad Religiosa, Orden Público, Sectas Religiosas y Ordenamiento Jurídico, Marco Constitucional de la Libertad Religiosa.


Abstract:

This article addresses the eventual conflict between the principle of religious freedom and the concept of public order, both of them regulated by Article 16N° 16 of the Constitution, based on a court case that dealt with the objection raised to the registration of the Church of Unification. It touches upon the reasons provided during the execution of the qualifying examination process by the Ministry of Justice, the legal grounds and substantive nature of this examination process, and the legal analysis that springs out of the legal reasons provided by the administrative resolutions and, especially, the judicial decisions, all of which established the legal doctrine that prevails today.

Key words: Religious Freedom, Public Order, Religious Sects, Plurality and Constitution, Church of Unification.


 

I. Introducción

A partir de la entrada en vigor de la Ley N° 19.638, en 1999, se configuró una nueva realidad jurídica en las relaciones entre el Estado de Chile y las organizaciones religiosas, en especial respecto del trato brindado por el Estado a las confesiones minoritarias. El nuevo orden jurídico ha tenido un importante efecto en cuanto a brindar una mayor complejidad en la interpretación de las normas constitucionales que garantizan la libertad religiosa y de culto en Chile, además de otorgar un marco legal objetivo a la Iglesia Católica e introducir importantes modificaciones en el régimen civil de las personas jurídicas.

Al momento de su tramitación parlamentaria y también luego de su aprobación, uno de los temas que más debate ha concitado ha sido la supuesta extrema liberalidad que sus críticos atribuyen al nuevo cuerpo legal, en especial por la ausencia de controles de carácter sustantivo o de calificación sustantiva de los requisitos, durante la etapa de constitución de la organización como persona jurídica de derecho público, al amparo de las normas de la esta ley. En lo concreto, se dijo que la ausencia de controles, con los mínimos requisitos que había propuesto parte importante de la doctrina especializada, redundaría en el otorgamiento de carta libre para la constitución legal, en el mejor de los marcos posibles, para las sectas religiosas peligrosas1.

Desde el punto de vista del Estado, de otro sector de la doctrina y, especialmente desde la perspectiva de las minorías religiosas evangélicas2, la normativa contenida en la "Ley de Cultos" (LC) era valorada precisamente por la significativa señal brindada a la sociedad, al consagrar la prescindencia absoluta del Estado respecto de la calificación sustantiva del corpus de creencias de las confesiones, en términos de valorar unas determinadas expresiones religiosas por sobre otras. Puntualmente, se indicaba que, precisamente, lo que faltaba en el ordenamiento jurídico nacional era igualar el status jurídico de las organizaciones religiosas por parte del Estado, entendiéndose como una realidad generalmente así apreciada, que la igualdad individual ante la ley ya había sido consagrada mediante el imperio de las normas contenidas en las Cartas Fundamentales de 1925 y de 1980. Asimismo, en forma coincidente con la valoración de la ley, se remarcaba la importancia de avanzar en la consagración de un Estado respetuoso de los derechos humanos fundamentales, entre los cuales en una renovada apreciación de la libertad de religión3, aparecía precisamente destacado el "derecho de libertad religiosa", en consonancia con los criterios predominantes en la doctrina más reconocida y con la experiencia comparada, y concordada a su vez con la tutela constitucional de las minorías y sus derechos.

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el problema subsistió, en la medida que la preocupación por la eventual proliferación de las sectas religiosas al amparo de la LC era periódicamente debatida en el ámbito social, a la par de la sucesión de hechos de impacto público en cuya comisión se detectaba la participación de grupos de índole sectaria. Las autoridades del Ministerio de Justicia, a cuyo resguardo fue encomendado el Registro de Entidades Religiosas de Derecho Público (RERDP) y el proceso de constitución jurídica, procedió con una práctica administrativa regular, a revisar permanentemente las solicitudes de inscripción en el Registro, aplicando una perspectiva que si bien facilitaba la constitución de cientos de entidades religiosas, especialmente de raíz cristiana evangélica, extremó también las medidas de control respecto de aquellas organizaciones que evidenciaban claramente un propósito diferente al de aquellos contenidos en la ley o, que, de acuerdo a emisiones de alerta internacionales provenientes de entidades gubernamentales principalmente europeas, de organismos internacionales y de especialistas en sectas peligrosas, era necesario advertir que sus propósitos estaban orientados a aprovechar los mayores espacios de libertad logrados por las confesiones minoritarias, en países que tradicionalmente habían apoyado a la entidad religiosa que concitaba el apoyo mayoritario de la población o insertos en una tradición secular y derechamente laica4.

Transcurridos un par de años desde la entrada en vigor de la ley, todas las posiciones precedentes coincidirían con ocasión de la pretensión de la Iglesia de Unificación, una organización a la cual se había atribuido reiteradamente características sectarias calificadas como peligrosas, en orden a solicitar su incorporación en el Registro de Entidades Religiosas de Derecho Público del Ministerio de Justicia, con vistas a obtener el reconocimiento de la personalidad jurídica de derecho público y así gozar de los derechos inherentes a esta calidad. Efectuado el registro provisorio, el cual por ley no puede ser negado, dentro del procedimiento legalmente establecido el Ministerio procedió a objetar el registro, en diciembre de 2003, refiriendo por primera vez a una causal sustantiva el fundamento jurídico de la objeción practicada, concretamente, la afectación por parte de la entidad del orden público democrático contemplado cono límite a la libertad religiosa y de culto en el art. 19 N° 6 de la Constitución Política de la República (CPR) y en la propia LC, cuyo artículo 1° se remite al texto constitucional.

La objeción administrativa dio lugar a la interposición por parte de la entidad afectada, de la acción especial de reclamación contemplada en la LC, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que con fecha 29 de marzo de 2005 rechazó unánimemente en todas sus partes la acción deducida, fallo que fue ratificado por mayoría en la Corte Suprema el 15 de septiembre del mismo año.

Tanto la objeción administrativa y su fundamento, así como las sentencias recaídas en la causa, han sido pródigas en cuanto a sus efectos en la interpretación de las normas alegadas, así como por parte de la doctrina. Este trabajo procurará dar cuenta de lo anterior, teniendo además presente la renovada actualidad del tema derivada del reciente deceso, el 3 de septiembre de 2012, del fundador y líder de la entidad, Sun Myung Moon.

II. Antecedentes constitucionales y legales sobre la tutela de la libertad de Religión en Chile

A. Marco constitucional y legal de la relación entre el Estado y la Iglesia en Chile y su evolución hasta la entrada en vigor de la Ley N° 19.638 (1999)

Las relaciones entre el Estado chileno y la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la Iglesia Católica, han estado caracterizadas por una convivencia que, a la par de estrecha, ha sido también pródiga en diferencias mayores. Así, el siglo XIX estuvo marcado por la ocurrencia de fuertes disputas centradas en los respectivos ámbitos de competencia, proceso que derivó en la dictación de las denominadas"leyes laicas" y, avanzado ya el siglo XX, en la separación de la Iglesia y el Estado chileno, en 1925.

Con posterioridad, durante la segunda mitad del siglo XX, la relación del Estado con la Iglesia Católica estuvo fuertemente marcada por la emergencia de la cuestión social, la presencia pública del social cristianismo y la reacción frente a las violaciones de los derechos humanos. Finalmente, en la última década, surge como actor público la minoría evangélica, hasta entonces ausente de los grandes temas políticos de la agenda nacional5.

La Constitución Política de 1925, a diferencia de la precedente Carta Fundamental de 18336, que consagraba el principio de confesionalidad, se erigió sobre el reconocimiento de la libertad religiosa en sus dimensiones individual y colectiva, así como también sobre la noción de "Estado laico", concepto que debe entenderse en la perspectiva de la neutralidad del Estado chileno frente a las distintas creencias, amparadas a su vez por el marco pluralista que asentó en la sociedad chilena por casi medio siglo7.

La evolución de esta relación estuvo caracterizada por la definitiva consagración de la igualdad jurídica, referida a la libertad de creencias en su dimensión personal o individual, reconocimiento que sin embargo no se extendió a la igualación de la dimensión institucional o corporativa.

La Constitución Política de 1980 mantuvo en sus aspectos fundamentales el principio informador y la prescripción contenida en la CPR de 1925, en el nuevo artículo 19 N° 6°, cuyo texto dispone lo siguiente:

Art. 19: "La Constitución asegura a todas las personas:

N° 6°: La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones".

La norma contenida en este artículo, debe ser complementada con lo dispuesto en los arts. 1°, 5° y 19 numerales 2, 10 y 11, de la Constitución.

Estas normas de rango constitucional brindaron, en definitiva, el marco propicio para avanzar en la materialización de la igualdad corporativa o del soporte institucional de las confesiones religiosas minoritarias, lo que se alcanzaría el 14 de octubre de 1999 con la aprobación de la Ley N° 19.638, que establece normas sobre la constitución jurídica de entidades religiosas, dentro del contexto de la normalización de la institucionalidad democrática iniciada en 1990, período en el cual el reclamo por la corrección del trato desigual que recibían estas entidades de parte del Estado adquirió fuerza y realce público.

La discusión que acompañó a esta reforma, tuvo como núcleo la demanda por la igualdad en el trato brindado por el Estado a las confesiones minoritarias, significado en la diferencia jurídica civil de la personalidad reconocida a las entidades católica y ortodoxa, por una parte, y a las confesiones minoritarias, especialmente evangélicas, por la otra. El proceso culminaría con la aprobación de la ley de 1999 y la consiguiente consagración jurídica del principio de libertad religiosa en el Derecho chileno.

Las reformas indicadas permitieron armonizar plenamente el ordenamiento jurídico interno con el marco derivado de los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Chile, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención sobre Eliminación de la Discriminación Racial (1965), la Declaración sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones (1981) y la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (1990) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Pacto de San José de Costa Rica"). Asimismo, el marco constitucional brindado por el art. 19 N° 6 de la CPR, las normas de la Ley N° 19.638 y los reglamentos respectivos, conforman el núcleo del Derecho Eclesiástico del Estado de Chile, disciplina jurídica que canaliza la vinculación entre el Estado y las organizaciones religiosas, como efecto de la aceptación de la idea de sociedad plural y de la valoración del factor religioso, expresada en normas jurídicas especiales de derecho público.

La Ley N° 19.638, conocida como Ley de Cultos (LC), constituye el hito de mayor relevancia jurídica y significación social producido con posterioridad a la separación de la Iglesia y el Estado chileno8. Su principal propósito y efecto ha sido consagrar la plena igualdad jurídica de las entidades religiosas en Chile, cuyo reconocimiento civil quedó ligado al cumplimiento de las normas legales establecidas para su constitución jurídica, ordenando jurídicamente la vinculación entre el Estado y las organizaciones religiosas y materializando la aceptación social del pluralismo religioso en Chile9.

Entre los antecedentes legislativos comparados tenidos en vista durante la tramitación de LC, se cuentan la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de España (LOLR)10, la ley colombiana de 199411 y la experiencia alemana, particularmente referida al modo de relación del Estado con una sociedad plurireligiosa.

La influencia de la LOLR fue expresa y notoria12, hecho del cual dan cuenta los informes parlamentarios respectivos y la doctrina especializada que ha tratado el tema en los últimos años.

B. La Ley de Cultos y el reconocimiento de las entidades religiosas como personas jurídicas de derecho público

La nueva legislación introdujo un cambio sustantivo en el régimen de constitución jurídica de las entidades religiosas, brindando la posibilidad a las confesiones minoritarias de acceder al reconocimiento de la personalidad jurídica de derecho público, por medio de su incorporación en el Registro de Entidades Religiosas de Derecho Público del Ministerio de Justicia (RERDP), para cuyo efecto la Ley N° 19.638, establece dos vías. La primera, de carácter general, corresponde al régimen ordinario de constitución jurídica de las entidades religiosas de derecho público, el cual contempla el procedimiento normado en el artículo 10 de la LC. La segunda forma opera mediante el reconocimiento legal de la preexistencia histórica de la personalidad jurídica y del ordenamiento particular originado a partir de ella, anterior a la dictación de la Ley N° 19.638, en el supuesto reglado en el art. 20 de la LC y que favorece a la Iglesia Católica Apostólica Romana y a la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, dos entidades religiosas con arraigo histórico en el país.

En ambos casos, las confesiones religiosas deberán constituirse o estar constituidas en Chile para ser reconocidas como personas jurídicas de derecho público, toda vez que la ley exige su incorporación en el RERDP, difiriendo del procedimiento aplicable a las personas jurídicas de derecho privado, en que el art. 34 del aún vigente13 D.S. N° 110 establece una modalidad de reconocimiento estricto.

En lo que respecta al procedimiento general y ordinario de constitución jurídica de las entidades religiosas que deseen adquirir la calidad civil de personas jurídicas de Derecho público, la materia se encuentra regulada en el artículo 10 del capítulo 2°, en concordancia con las disposiciones contenidas en los arts. 2° y ss. del D.S. N° 303. Por tanto, toda nueva entidad, que pretenda ser reconocida como persona jurídica de Derecho público, deberá dar cumplimiento al procedimiento prescrito legalmente en dichas normas.

Prescribe al efecto el art. 10 de la Ley N° 19.638:

"Para constituir personas jurídicas que se organicen de conformidad con esta ley, las entidades religiosas deberán seguir el procedimiento que se indica a continuación:

a) Inscripción en el registro público que llevará el Ministerio de Justicia de la escritura pública en que consten el acta de constitución y sus estatutos;

b) Transcurso del plazo de noventa días desde la fecha de inscripción en el registro, sin que el Ministerio de Justicia hubiere formulado objeción; o si, habiéndose deducido objeción, ésta hubiere sido subsanada por la entidad religiosa o rechazada por la justicia, y

c) Publicación en el Diario Oficial de un extracto del acto de constitución, que incluya el número de registro o inscripción asignado".

Complementariamente, el art. 2° del Decreto Supremo de Justicia N° 30314, en concordancia con el art. 1° inc. 2° del mismo reglamento, dispone lo siguiente:

"Estas entidades [...aquellas que soliciten su registro como personas jurídicas de derecho público...] deberán constituirse por escritura pública o instrumento privado reducido a escritura pública. El instrumento privado o la escritura pública, en su caso, deberá ser firmado por todos los constituyentes, individualizados con su cédula de identidad, y contendrá el acta de constitución, los estatutos por los cuales ha de regirse, la constancia de haber sido éstos aprobados y el poder que se confiere a la persona a quien se encarga la reducción a escritura pública del mencionado instrumento, el cual deberá contener además las facultades de solicitar el registro de la misma, y efectuar las modificaciones y cambios necesarios para subsanar las observaciones que formule el Ministerio de Justicia".

En consecuencia, para constituir personas jurídicas de Derecho público, la ley establece que las entidades religiosas deberán constituirse por escritura pública o por instrumento privado reducido a escritura pública; estar incorporadas en el registro público que lleva para este efecto el Ministerio de Justicia; superar satisfactoriamente la revisión de sus antecedentes formales, para que el registro quede firme, y publicar un extracto del acta de constitución en el Diario Oficial15.

En función del cumplimiento de tales exigencias, la constitución jurídica de las entidades religiosas como personas jurídicas de derecho público deberá ceñirse al siguiente procedimiento.

En primer lugar, los requirentes deberán constituir civilmente la entidad por medio de escritura pública o instrumento privado reducido a escritura pública, para cuyo efecto deberá haberse realizado una asamblea en la cual se haya adoptado el acuerdo constitutivo de la entidad civil.

Realizado lo anterior, deberán solicitar su inscripción en el Registro Público al Ministerio de Justicia, acompañando una copia autorizada de la correspondiente escritura pública.

Posteriormente, deberán superar la revisión preliminar del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, efectuada por el Ministerio de Justicia antes de inscribirla en el Registro, en la cual la Administración verificará que aquélla contenga todas las menciones y acompañe todos los antecedentes exigidos por la Ley y el Reglamento.

Hecho lo anterior, el Ministerio de Justicia, procederá a efectuar el registro de la entidad religiosa, el cual no puede ser denegado.

Luego de efectuada la inscripción en el Registro, el Ministerio procederá a examinar y a calificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, dentro del plazo de 90 días, el que se contará desde la inscripción en el Registro público.

Transcurrido dicho plazo, sin que el Ministerio de Justicia hubiere formulado objeción al Registro, o que la objeción fuese subsanada cuando se hubieren deducido, o producido su rechazo por la Justicia cuando la entidad hubiere optado por interponer la acción contemplada en la ley, la inscripción en el Registro quedará firme y la entidad religiosa podrá proceder a publicar un extracto del acta de constitución y de sus modificaciones, si las hubiere. Desde el momento de la publicación, la inscripción quedará firme y la entidad religiosa gozará de personalidad jurídica de derecho público por el solo ministerio de la ley.

C. La calificación administrativa de los antecedentes de la entidad religiosa en formación y, en especial, el supuesto de objeción

El procedimiento precedentemente reseñado, contempla que para ser reconocidas como personas jurídicas de derecho público, las entidades deberán estar incorporadas en el Registro público que lleva para este efecto el Ministerio de Justicia, acto que requiere previamente superar en forma satisfactoria la revisión de sus antecedentes formales, para lograr que el registro quede firme.

La revisión de los antecedentes allegados por la entidad se produce en dos momentos distintos de la tramitación, en los cuales se efectúa un control administrativo de legalidad por parte del Ministerio de Justicia.

La primera revisión, de carácter preliminar, es dispuesta por el artículo 7° del D.S. N° 303, y consiste en cautelar que el expediente que se acompaña a la solicitud de inscripción en el Registro público, contenga todos los documentos exigidos por la Ley o por el Reglamento, así como detectar preventivamente la presencia de datos evidentemente incorrectos o errores mayores en la presentación, como ha ocurrido con la omisión del nombre de la entidad. Efectuado este examen preliminar sin detectar los defectos indicados, el Ministerio procederá a dar curso a la tramitación, procediendo a efectuar la inscripción de la entidad en formación en el RERDP, con carácter de provisoria.

La segunda revisión, constituye en sentido estricto un examen de calificación de los antecedentes allegados por la entidad en formación, el cual es contemplado en el artículo 11 inciso 1° de la LC, trámite que debe realizarse dentro de los 90 días siguientes a la fecha del registro16. El propósito de la calificación es velar por el cumplimiento de los requisitos legales, por lo que su inobservancia determina la eventual objeción del registro provisorio de la entidad.

Dispone al efecto el art. 11:

"El Ministerio de Justicia no podrá denegar el registro. Sin embargo, dentro del plazo de noventa días contado desde la fecha de ese acto, mediante resolución fundada, podrá objetar la constitución si faltare algún requisito.

La entidad religiosa afectada, dentro del plazo de sesenta días, contado desde la notificación de las objeciones, deberá subsanar los defectos de constitución o adecuar sus estatutos a las observaciones formuladas.

De la resolución que objete la constitución podrán reclamar los interesados ante cualquiera de las Cortes de Apelaciones de la región en que la entidad religiosa tuviere su domicilio, siguiendo el procedimiento y plazos establecidos para el recurso de protección".

De la lectura del artículo se desprende que el Ministerio de Justicia puede objetar la constitución de la entidad religiosa, mediante resolución fundada, cuando faltare algún requisito, dentro del plazo de noventa días contados desde la fecha del ingreso de la solicitud de registro. La ley impide denegar el registro de una entidad religiosa, salvo en el caso de omisión de algún requisito, razón por la cual una vez registrada la entidad, sólo puede eliminarla del Registro público mediante el procedimiento de objeción.

La calificación se basa en el examen de los estatutos de la entidad y en la revisión de sus documentos fundamentales, y tiene por objetivo establecer el debido cumplimiento por parte de la entidad en formación de los requisitos legales específico, establecido en el art. 12 de la LC, en concordancia con los arts. 2° a 8° del Reglamento, y también velar por el cumplimiento de los requisitos generales contemplados en el ordenamiento jurídico, en particular con las exigencias que se desprenden de lo dispuesto por el art. 19 N° 6 inciso 1° de la Constitución Política, en el sentido de no oponerse a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Prescribe el art. 12:

"En los estatutos o normas propias de cada persona jurídica que se constituya en conformidad a las disposiciones de esta ley deberán contenerse aquellos elementos esenciales que la caracterizan y los órganos a través de los cuales actúa en el ámbito jurídico y que la representan frente a terceros.

El acta constitutiva contendrá, como mínimo, la individualización de los constituyentes, el nombre de la persona jurídica, sus domicilios y la constancia de haberse aprobado los estatutos.

Las personas condenadas por delito que merezca pena aflictiva no podrán suscribir el acta de constitución de la persona jurídica".

En cuanto a los requisitos dispuestos por el art. 12, cabe precisar que la ley exige entre ellos que los estatutos contengan los elementos esenciales que la caracterizan, entre los cuales debe considerarse una descripción de las creencias religiosas a las cuales adhieren las personas que solicitan el registro, sus dogmas de fe y los actos rituales, tanto individuales como colectivos, que configuran el culto religioso17. Estas exigencias legales se justifican plenamente, toda vez que con base en estos antecedentes se podrá obtener una apreciación completa de los fines religiosos declarados por la entidad.

Respecto de los requisitos generales de conformidad de la entidad religiosa con el ordenamiento jurídico vigente, procede señalar que junto con cumplir los requisitos legales y reglamentarios específicos, la entidad religiosa deberá cumplir con las exigencias generales del ordenamiento constitucional y legal, las que se traducen en constituir efectivamente una entidad de carácter religioso y que esta entidad no tenga fines que se opongan al orden público, la moral y las buenas costumbres.

En primer lugar, por tanto, debe existir concordancia entre la naturaleza corporativa de la entidad y su especificidad religiosa, conjunción que determina la existencia legal de una entidad religiosa.

La especificidad o carácter religioso de la entidad en formación, se determina a partir del examen de los estatutos y demás documentos fundamentales, motivo por el cual se debe incluir obligatoriamente en los estatutos el señalamiento explícito de los fines de carácter religioso que la entidad se propone alcanzar, descartando asimismo toda finalidad política, gremial, académica o de beneficencia, correspondientes a otros tipos de asociaciones con su respectiva normativa aplicable.

La apreciación del carácter religioso de la entidad, exige que para establecer dicha especificidad, es necesario determinar su concordancia con el concepto normativo usual de religión y el señalamiento en los estatutos de unos fines corporativos que posean efectivamente un carácter específicamente religioso.

Respecto de la primera cuestión, ante la ausencia de una definición legal, la Real Academia Española de la Lengua señala que se entenderá por religión, "un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de temor y veneración hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto'"18.

Sobre la base de dicha definición, se pueden establecer los fines que apuntan a la satisfacción del sentido de religión acogido por el concepto, a saber, que el objetivo de la entidad es agrupar a las personas que participan de unas mismas creencias sobre la divinidad, para considerar en común esa doctrina, orar y predicar sobre ella, realizar los actos de culto que sus sistema de creencias establece y promover la realización de una conducta comunitaria y social concordante con los principios orientadores basados en dicho sistema de creencias19.

En segundo lugar, siguiendo en el análisis de los requisitos generales exigidos por el ordenamiento jurídico para validar la constitución de una entidad religiosa como persona jurídica de derecho público, aplican los requisitos exigidos por la debida concordancia con el ordenamiento constitucional, en particular, las restricciones derivadas de la moral, el orden público y las buenas costumbres.

Por tanto, es legalmente procedente que la Administración cautele que los fines religiosos y propósitos institucionales de las entidades religiosas, contenidos entre los elementos esenciales y en las normas de su régimen propio20, no se opongan a la moral, las buenas costumbres o al orden público, en concordancia con lo dispuesto por el art. 19 N° 6 de la CPE y el art. 1°, inc. 1° del D.S. N° 303. Con base en este marco, procede efectuar un análisis en profundidad no sólo respecto de la veracidad del carácter confesional, sino particularmente de la prosecución de fines religiosos por parte de la entidad cuyo reconocimiento público se pretende. Este punto será abordado con mayor profundidad en el último apartado de este trabajo.

El examen de calificación abordado precedentemente, no ha sido una materia de interpretación pacífica y concordante ni en la práctica administrativa, ni en la jurisprudencia, ni en la doctrina, lo que repite el precedente comparado observado especialmente en España21. Puntualmente, ciertas desprolijidades voluntarias o involuntarias del legislador en ciertas áreas de la ley, han determinado la subsistencia de un debate en torno a la procedencia del examen de calificación, cuando abarca aspectos sustantivos contenidos en los elementos esenciales de las entidades en formación, sobre su carácter preventivo de eventuales ilegalidades futuras y especialmente sobre el pronunciamiento administrativo expresado en la objeción cuando éste se basa en la valoración o ponderación de los fines religiosos de la respectiva confesión. Tales divergencias, como se verá, fueron resueltas en sede jurisdiccional con dos fallos concordantes sobre la materia22.

D. La institucionalidad legal y la existencia de sectas religiosas peligrosas o destructivas

Antes de abordar la cuestión principal que motiva este estudio, es conveniente detenernos un momento para examinar si existe norma legal que aluda a la existencia o actuación de grupos sectarios peligrosos, teniendo en consideración que una de las advertencias más recurrentes respecto de la Iglesia de la Unificación, es precisamente que tendría este carácter, lo que a su vez podría fundamentar la intervención preventiva por parte de la autoridad, en resguardo del interés social.

La existencia de sectas, su concepto sociológico y su definición legal, constituyen cuestiones no resueltas, tanto en Chile como en el derecho comparado. Si bien existe conciencia en torno a que en las agrupaciones a las cuales usualmente se les asigna este carácter, concurre la posibilidad cierta de ocurrencia de graves lesiones a las libertades individuales y sociales fundamentales de la persona, como la libertad de conciencia, de religión y de culto, así como también la transgresión de la moral, las buenas costumbres y la vulneración del orden público, no ha sido posible concordar en unos criterios básicos objetivos compartidos que definan cuándo la actividad sectaria reviste peligro para la sociedad23.

En particular, el mayor problema ha sido armonizar la vigencia del principio de libertad religiosa, con las inevitables restricciones a su ejercicio que, para los grupos que sean calificados como sectarios, involucra de una u otra manera. En el fondo, el riesgo es afectar con una normativa restrictiva el surgimiento de nuevos grupos religiosos, impedir la división de los existentes o sancionar conductas alternativas a las realizadas por la mayoría en lo que a ejercicio del culto se refiere24.

En Chile, y tal como ya lo advirtió en su oportunidad la Comisión Investigadora de Sectas (CIS), no existe una normativa especial que regule o penalice la existencia de entidades sectarias, aun cuando se ha advertido y constatado la violación de garantías y derechos constitucionales por parte de grupos que califican sociológicamente como sectas, las que además utilizan la normativa que tutela las libertades de las personas para en definitiva coartarlas.

A partir de esta realidad, y sin perjuicio de advertir sobre la necesidad de proteger a los individuos y a la sociedad en su conjunto de la acción de estos grupos, la Comisión estimó que era complejo dar una definición jurídica de secta, puesto que, "el término no existe en el derecho positivo y tampoco sería armonizable con el artículo 19 N° 6 de la Constitución", en especial si se asume como norma orientadora dentro de nuestro sistema constitucional, el declarado en la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, en orden a que, "la libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad pública, o la protección del orden, de la salud o de la moral pública, o para la protección de los derechos y las libertades de otro"25.

Por lo anterior, y siguiendo en ello las propias recomendaciones de la CIS, lo pertinente es utilizar las actuales herramientas provistas por el ordenamiento vigente, en particular las normas constitucionales y los recursos y acciones allí contemplados, la normativa civil en materia de constitución y control del funcionamiento de las personas jurídicas que sirven de soporte a las confesiones religiosas, la normativa penal en su amplio espectro y las regulación tributaria y laboral. Esto, por cuanto la política sobre sectas debe armonizar la protección de la libertad religiosa con la protección de la sociedad en su conjunto.

Considerando lo expuesto precedentemente, y concordando con el modo propuesto para enfrentar el problema, se aprecia claramente la importancia y significación que reviste la correcta aplicación de las normas constitucionales y civiles referidas a la concesión de la personalidad jurídica a las entidades que, simulando perseguir un propósito religioso, pretenden utilizar el favorable marco legal que rige la materia para ejecutar acciones claramente reñidas con el orden público nacional.

III. La Iglesia de la unificación

A. Antecedentes históricos, características definitorias y doctrina

La entidad denominada en Chile como "Iglesia de Unificación", corresponde a la rama local de una organización de alcance mundial, fundada en 1954 en Corea del Sur, por Sun Myung Moon26, con el nombre de "Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial". La organización, apoyada por las autoridades sudcoreanas y con un fuerte sesgo anticomunista, se expande a Japón, Estados Unidos y Europa, de la mano de emprendimientos económicos en distintas áreas industriales y de servicios. A principios de la década de 1970, inicia su expansión en América Latina, apoyada por regímenes y gobiernos dictatoriales de derecha, incrementando notablemente su actividad a partir de 1980 en países como Brasil, Paraguay y, principalmente, Uruguay. En 1976 se instala en Chile y obtiene reconocimiento como persona jurídica de derecho privado, calidad que intenta superar en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Cultos, propósito que se ve frustrado por la objeción a su registro.

Los elementos esenciales de la confesión, según se desprende de sus estatutos, la definen como una entidad religiosa, "basada en la tradición judeocristiana revelada en la Sagrada Biblia y en los textos que componen el Principio Divino, que tiene por fundamento la enseñanza y la predicación de los textos señalados", que reconoce su dependencia espiritual de las entidades madres de la Iglesia, a saber: la Iglesia de Unificación de Corea (Unification Church of Korea) y la Iglesia de Unificación de los Estados Unidos de Norteamérica (Unification Church of the United States). Entre sus principios y artículos de fe, se incluyen una advocación monoteísta, referencias a la función del hombre y la mujer, al propósito divino, al pecado, a la figura de Cristo y su significado, una visión particular de la historia humana, otra sobre la resurrección y la predestinación y una declaración de fe final sobre la segunda venida del Mesías y la promesa de restauración completa de la relación del hombre con Dios27.

Su credo o fe religiosa se encuentra contenido en el libro titulado "El principio divino" (1957)28, el que se presenta como una parte de la "nueva verdad" recogida por los discípulos de Moon. En este texto de referencia obligada para sus fieles, se expone el denominado "principio de unificación", construido a partir de la interpretación que Moon realiza de la Biblia, en donde combina las revelaciones que afirma haber recibido personalmente de Jesús, concluyendo con una propuesta que pregona la armonía universal a través de la superación de las contradicciones existentes en el mundo, como las que existirían entre idea y materia, religión y ciencia, y masculino y femenino29.

Justifica su religión en la superación de todas las religiones existentes, tanto por el carácter parcial que tendrían y por haber cumplido ya su misión. Siguiendo el plan de Dios, expresa Moon, es necesario restaurar la armonía universal a través de una religión universal que comprenda a todas las demás religiones, con base en la aceptación por ellas de su propia y personal divinidad, la que supera a la propia personalidad y misión de Jesús, quien pese a ser una esperanza de la humanidad, habría fracasado al no concretar un proyecto terrenal de familia que otorgara proyección a su mensaje y a su obra. Finalmente, la lucha espiritual que sus creyentes deben realizar, necesariamente tiene una dimensión política, consistente en una cruzada contra las fuerzas del mal en la tierra, dirigida por Corea y Estados Unidos, empeño que debe ser apoyado por los creyentes en todo el mundo30.

La organización de la entidad religiosa tiene un fuerte componente autoritario, basando en la personalidad de Moon y de su esposa todo el poder decisorio sobre la organización eclesiástica, además de exigir el reconocimiento obligado de sus figuras como los padres de la Iglesia.

De la persona de Moon dependen cada una de las familias nacionales, centros y organismos creados en los distintos países. La entidad chilena, según expresa el artículo 2° reformado de sus estatutos, expresa que, "la Iglesia [chilena] reconoce y acepta su dependencia espiritual de las entidades madres de la Iglesia, la Iglesia de Unificación de Corea (Unification Church of Korea), con sede en la ciudad de Seúl, Corea y la Iglesia de Unificación de los Estados Unidos de Norteamérica (Unification Church of the United States), con sede en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica".

Si bien luego del reparo del Ministerio de Justicia clarificó la autoridad formal del presidente de la iglesia, del directorio, los pastores y los misioneros, en el mismo artículo ya indicado, mantuvo la dependencia real del presidente local de la entidad respecto de cuatro consejeros espirituales internacionales, de nacionalidades coreana, japonesa, norteamericana [sic] y alemana, respectivamente, dando cuenta del control irrestricto ejercido por parte de la matriz internacional.31

La organización global construida por Moon, apoyada en los poderes extra religiosos ya indicados, ha estado unida siempre a emprendimientos de carácter lucrativo, como empresas electrónicas e inmobiliarias, y a reiteradas acciones en el campo político preferentemente en el campo internacional, siempre en apoyo de una causa anticomunista global. En el campo político destaca la creación de la "Freedom Leadership Foundation" (1969), orientada a confrontar el pensamiento marxista, y la organización internacional "One World Crusade", creada para favorecer la concreción del ideal de un mundo unido por la fe en Dios32.

La proyección de la organización de Moon en el campo religioso, ha sido objeto de un cuestionamiento permanente por parte de otras agrupaciones religiosas, organismos internacionales y diversos países, en donde su pretensión de reconocimiento público ha sido motivo de gran polémica. Al menos, sus críticos le han enrostrado el constituir una organización sectaria, de carácter peligroso, no por sus tesis religiosas, sino por los componentes extra religiosos ya indicados, en concreto su actividad agresivamente anticomunista, los métodos para el reclutamiento de adeptos jóvenes, la formación de parejas sin consentimiento matrimonial libre y el manejo ambiguo de su actividad económica33.

Algunas actuaciones de sus líderes y dirigentes, incluido el propio Moon, les han hecho acreedores a sanciones penales y cárcel, particularmente en Estados Unidos, país en el cual fue sentenciado en 1984 a cinco años de prisión por evasión tributaria realizada entre 1973 y 1975, tras lo cual recobró anticipadamente su libertad a los 18 meses por buena conducta. Asimismo, en Inglaterra fue expulsado en 1995 por una orden del Ministerio del Interior británico. En España, la inscripción en el Registro público fue denegada varias veces, hasta que con fecha 15 de febrero de 2001, el Tribunal Constitucional resolvió a favor de la solicitud de registro.

Con el fallo favorable obtenido en España, la organización dio los pasos conducentes a lograr el reconocimiento como persona jurídica de derecho público en Chile, asumiendo que atendidas las similitudes y origen de ambos cuerpos legales, el precedente allanaría el camino para una inscripción fluida, lo que en definitiva, como se verá, no ocurrió. El caso suscitado por la objeción motiva este trabajo, materia que es abordada específicamente en el capítulo cuarto.

B. Contexto de la tramitación y discusión del caso en Chile

El caso administrativo y judicial originado a partir de la pretensión de inscripción en el RERDP por parte de la IU, se desarrolló en Chile en un contexto caracterizado por tres factores incidentes principales, a saber, la reciente entrada en vigor de la Ley de Cultos, la investigación parlamentaria sobre la actividad de sectas en Chile y la divulgación pública de las actividades desarrolladas por la agrupación en otros países y en Chile.

El primer factor, sin duda alguna, era la dictación de la nueva legislación sobre la constitución de las entidades religiosas, la Ley N° 19.638, apenas un par de años antes, contemplando amplias libertades y la posibilidad de acceder sin mayores requisitos al reconocimiento de la personalidad jurídica de derecho público. La tramitación de la ley, además de abrir temporalmente un nuevo espacio de discusión entre las posición del Estado y el de las iglesias, particularmente la Iglesia Católica, dio lugar a un intenso debate sobre el carácter restrictivo o liberal que deberían tener las normas en relación con el proceso constitutivo de la persona jurídica y con la existencia de controles posteriores a la constitución de la entidad y el carácter que debían tener, en ambas situaciones. El legislador optó por aprobar una ley con una mirada muy liberalizadora, lo que a su vez abrió el debate respecto de la posibilidad, aumentada por la ley, que pudieran constituirse entidades sectarias que se podrían ver favorecidas por las normas de la nueva ley, en especial por la inexistencia de controles sustantivos durante la tramitación administrativa y también por la imposibilidad para los organismos estatales de someter a las entidades creadas a un escrutinio anual, como había acontecido en el período regido por el Decreto Supremo N° 110.

En segundo lugar, debe considerarse la investigación parlamentaria sobre las sectas, acordada por la Cámara de Diputados, en el contexto de la denuncia pública de la actividad de la denominada "secta tibetana"". Este caso que ocasionó un notorio impacto público en el verano de 2002, se suscitó al conocerse las actividades de un grupo de carácter sectario en la ciudad de Viña del Mar, denominado "Centro de Estudios Tibetanos", denunciadas por los padres de algunas jóvenes sometidas a tratamientos indignos y trasladadas sin conocimiento de sus familias a España, presumiblemente para ejercer la prostitución. A raíz de la importante preocupación pública generada por el caso, la Cámara de Diputados acordó constituir una Comisión investigadora con el fin de establecer si los organismos públicos habían cumplido o no con el cometido de velar porque la corporación denunciada no promoviera, indujera o realizara actividades que vulneraran las normas que autorizaron su formación y, asimismo, investigar el funcionamiento e instalación en Chile de sectas religiosas de perfil destructivo34. Como parte del cometido de la Comisión, se incluyó un requerimiento para establecer la existencia de sectas en el país, si regía alguna legislación aplicable y, en definitiva, elaborar recomendaciones sobre la manera de proceder frente a un problema calificado como relevante para el interés público.

En tercer lugar, cabe consignar la publicidad alcanzada por las actividades de la agrupación en el extranjero, y en especial los problemas en los cuales se había vinculado en Estados Unidos y en Europa. En efecto, en EE.UU. había alcanzado notoriedad su fuerte implicancia en posiciones electorales partidarias, a la vez que se conoció de la condena a su líder por evasión tributaria. Respecto de Europa, pero especialmente desde Alemania y desde el Parlamento Europeo, eran múltiples las señales emitidas en orden a criticar las actividades de la entidad por sus características sectarias peligrosas. El carácter marcadamente político y económico de las actividades ejecutadas por la secta en distintos países, generaba un natural rechazo en todos quienes veían en el reconocimiento civil de la agrupación, una ayuda a una entidad de fachada cuyos propósitos reales eran claramente, a la luz de los antecedentes de dominio público, la obtención de un beneficio económico y el apoyo a diversos grupos y organizaciones que tuvieran en común una definida posición antisemita y anticomunista. En Chile, la entidad, cuya radicación había tenido lugar durante el régimen militar de Pinochet, venía acompañada de una imagen muy controvertida formada tanto por las actuaciones que se le reconocían en el extranjero, como por las actuaciones cuya ocurrencia ya había determinado un procedimiento de fiscalización en julio de 1997, estableciendo desde faltas a la normativa del D.S. N° 110, pasando por transgresión de normas de orden migratorio y la activa intervención en acciones políticas contrarias al gobierno de la época, involucrando a un senador y a un diputado en ejercicio35. Derivado de ello, así como de informes elaborados entre otros por el asesor Humberto Lagos, el Gobierno de la época estimó que existía base para establecer la ocurrencia de reiteradas acciones de la entidad dirigidas a transgredir la normativa legal vigente, apreciando también que los objetivos de la organización colisionarían con aquellos que las leyes vigentes protegen, rebasando los fines estatutarios.

IV. El caso "Iglesia de Unificación": Su resolución en sede administrativa y judicial

A. Antecedentes jurídicos y desarrollo del caso en sede administrativa y judicial

La agrupación internacional ligada a Moon, se radicó en Chile luego del golpe militar de 197336, obteniendo su personalidad jurídica de derecho privado mediante el Decreto Supremo de Justicia N° 1.488 de fecha 18 de agosto de 1976, publicado en el Diario Oficial el 18 de octubre de 1976, que aprobó sus estatutos que constan a su vez en las escrituras públicas de fechas 4 de mayo y 26 de junio, ambas del año 1976.

Tras la restauración de la institucionalidad democrática y de haber entrado en vigencia la Ley N° 19.638, los representantes de la IU activaron en 2001 las gestiones conducentes a solicitar el reconocimiento de la entidad religiosa como persona jurídica de derecho público.

Para el logro del objetivo indicado, los representantes de la Iglesia de Unificación en Chile solicitaron formalmente su reconocimiento legal como entidad religiosa de derecho público el 16 de octubre de 2001, acompañando el Acta de constitución y aprobación de los estatutos de la persona de derecho público "Iglesia de Unificación", de fecha 10 de junio de 2001, reducida a escritura pública el 12 de octubre de 200137.

El 24 de octubre de 2001, el Ministerio de Justicia formula observaciones previas al registro (OPR) por medio de la providencia 7812, tras considerar que la información suministrada era insuficiente, estableciendo como plazo para completar el expediente treinta días.

Los reparos expresados por la Administración son acogidos por la entidad en formación, procediendo a corregirlos el 28 de noviembre de 2001 y acompañando al día siguiente la respectiva escritura de modificación y rectificación del Acta de constitución y aprobación del estatuto de la persona de derecho público "Iglesia de Unificación".

Casi dos meses después, el 16 de enero de 2002, la Iglesia de Unificación ingresa un escrito al Ministerio de Justicia solicitando un pronunciamiento formal sobre la solicitud de inscripción en el Registro público, basada en haber dado cumplimiento a los requerimientos contenidos en la providencia 7812 de 200138.

El Ministerio de Justicia, tras postergar por más de un año la inscripción, procede a efectuar la inscripción en el registro, el 26 de octubre de 2003, asignándole el número 522.

Dentro del plazo contemplado por la ley, el Ministerio de Justicia, por intermedio del Subsecretario de la Cartera, procede a objetar el registro de la entidad, mediante la Resolución N° 5.045, de 18 de diciembre de 2003. El fundamento de la objeción considera que la Iglesia de Unificación basa su existencia jurídica, "en contenidos de fe que se describen como elementos esenciales de su credo que contrarían de un modo absoluto el orden público de la República, entendiendo éste como el ordenamiento jurídico institucional en sus niveles constitucional, legal y reglamentario, afectando derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito individual y social que el Estado debe cautelar, como fundamentos insustituibles del Estado de Derecho"39.

Notificados de la objeción efectuada por el Ministerio, los representantes de la entidad en formación deducen la Acción especial de reclamación contemplada en el art. 11 de la Ley N° 19.638, en contra del Subsecretario de Justicia por la resolución que objeta el registro. La entidad reclamante, en lo fundamental, alega la inconstitucionalidad e ilegalidad de la resolución del Ministerio de Justicia, basado en la imposibilidad legal que tendría esta Secretaría de Estado para denegar el registro, en el carácter excepcional y meramente formal de la eventual objeción posterior al registro (ausencia de las menciones legalmente exigidas, sistemas de reforma de estatutos, régimen patrimonial y los elementos esenciales que caracterizan a la entidad), en que la exigencia de mención de los fundamentos y principios en que se sustenta la fe que ella profesa sólo puede complementar el requerimiento de los elementos esenciales, porque expresamente se le negó al Ministerio la facultad para pronunciarse en el trámite de registro sobre los aspectos sustantivos referidos a la fe de una entidad religiosa y, en definitiva, en la carencia de atribuciones y derechamente de competencia del Subsecretario para objetar el registro por las razones esgrimidas, lo que determina que su actuación es ilegal y, por tanto, en conformidad a lo dispuesto en el art. 7° de la Carta Fundamental, sería nula.

El 29 de marzo de 2005, la Corte de Apelaciones de Santiago rechaza en todas sus partes y por la unanimidad de sus miembros el recurso de reclamación deducido. El fallo valida la objeción del registro efectuada por el Ministerio de Justicia, reconociéndole también a la Administración la potestad para ejercer un control preventivo de la concordancia de los fines de la entidad con el ordenamiento jurídico40.

La Iglesia de Unificación apela de la sentencia de la Corte de Apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia, la cual confirma la sentencia apelada el 15 de septiembre de 2005, por votación favorable de la mayoría de sus integrantes41.

B. El fallo de la Corte de Apelaciones y la sentencia de término de la Corte Suprema: análisis crítico de sus fundamentos y exposición de sus efectos

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció respecto de cuatro cuestiones fundamentales, ratificando la postura sustentada por la Administración.

En primer lugar, validó la potestad del Ministerio de Justicia para "ejercer un control preventivo de una entidad religiosa que aspira a ser reconocida por el Estado"42;

En segundo lugar, reconoció que el Ministerio, al conocer una solicitud de registro, "no sólo está facultado, sino que le asiste la obligación de velar por el estricto cumplimiento de todas las normas jurídicas a la que deben someterse las organizaciones que aspiran obtener ese reconocimiento", entre las cuales resalta el deber de "efectuar un examen que va más allá de establecer si la entidad religiosa cumple con los requisitos formales exigidos para su constitución"43.

En tercer lugar, estableció que "resulta ineludible ponderar el contenido, fines u objetivos que persigue la doctrina o los principios que pretende difundir en el seno de la sociedad chilena", en orden a determinar, "si se avienen o no con el Estado de derecho a la luz de los preceptos constitucionales"44.

En cuarto lugar, determinó que los textos extractados del libro "Principio Divino", y que sirven de base para la objeción, efectivamente son contrarios al orden público, particularmente en el caso del llamado a desconocer el modelo democrático que soberanamente se ha instituido en el país y la apología de la violencia en contra de opositores45.

A la luz de lo expresado, es posible explicar el contenido resolutivo de la sentencia principalmente en la remisión a la norma de contexto constitucional y, dentro de esta lógica interpretativa, a la consideración del concepto de orden público efectuada por los intervinientes administrativo y jurisdiccional en Chile, validado a partir del establecimiento de la colisión que la Administración detectó, y que la Jurisdicción ratificó, entre los fines de la entidad y los principios informadores del sistema político chileno consagrados en la Carta Constitucional como derechos fundamentales. Entre estos principios informadores, consagrados normativamente, destacan el respeto a la dignidad de la persona humana, la garantía del pluralismo político y el rechazo de la violencia como forma aceptable de resolución de controversias políticas, todos ellos definidos como principios materializados en el sistema democrático imperante en Chile, erigido como parte integrante de la noción de orden público y base de la convivencia política nacional por la Constitución Política46.

El criterio adoptado determinó que los elementos esenciales de la entidad religiosa, ya sean los indicados en los documentos fundacionales o en documentos posteriores, deben guardar coherencia con el ordenamiento jurídico del Estado, dentro del cual se incluyen por recepción los tratados internacionales ratificados por Chile. Esta acepción, coincidente con la noción de seguridad pública en la doctrina alemana e incluso con el concepto contemplado en la LOLR española, es la que cabe aplicar con ocasión de la calificación de la entidad en formación, abarcando aspectos en apariencia tan disímiles como el respeto al pluralismo político, la seguridad y la salud pública47.

Respecto de la colisión de los fines de la entidad con el ordenamiento establecida por la administración, cabe consignar que el estudio de los documentos fundamentales de la entidad en formación, llevó a los analistas al conocimiento del texto básico del pensamiento de Moon, "El Principio Divino", texto en el cual apreció que la visión de conjunto del pensamiento de Moon contenido en él, tiene un componente religioso y a la vez político, constituyendo una ideología política marcada fuertemente por las experiencias personales del fundador de la agrupación en el marco de los conflictos que involucraron a su país de origen, respecto de los cuales progresivamente fue adoptando una posición inscrita con las visiones y posturas más contrarias al Comunismo, cualquiera que fuere el lugar y oportunidad en que debía confrontarlo. Entre las visiones que incluye, se cuenta la afirmación en orden a que la salvación física se conseguirá con la llegada del segundo mesías, el cual junto a su esposa, formarán la primera familia perfecta y constituirán el origen de una nueva humanidad., pero ante este proyecto divino de bien para la humanidad, se opone una última dificultad: el comunismo ateo y los Estados y sistemas políticos que lo favorecen48.

Las alusiones contenidas en el libro brindaron el fundamento de la objeción, basada en la colisión entre los objetivos que la entidad religiosa pretendía lograr mediante su reconocimiento como persona jurídica civil en Chile, con los principios que rigen constitucionalmente la convivencia social y política en el país. Lo anterior, por cuanto todas las colectividades que aspiren a este reconocimiento, deberán cumplir, junto con los requisitos legales y reglamentarios específicos, las exigencias generales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional y, particularmente, las referidas a la observancia del orden público, en sus niveles constitucional, legal y reglamentario. Este requisito se traduce en una necesaria concordancia entre la naturaleza corporativa de la entidad y su especificidad religiosa, debiendo en consecuencia incluir en sus estatutos el señalamiento explícito de los fines de carácter religioso que se propone alcanzar, no pudiendo comprender otra finalidad de carácter político, gremial, académica o de beneficencia49. A juicio de la Administración, la lectura de los documentos fundamentales y, en especial, el libro "El Principio Divino", arrojaban ineludiblemente la existencia de una colisión manifiesta con el ordenamiento nacional, en particular por estimar que la doctrina contenida en ellos, resultaban contrarios al orden público democráticodel país, consignado como requisito básico a considerar por la Administración para acceder al registro, según lo dispuesto en el art. 19 N° 6 de la Constitución Política de la República. En virtud de esta colisión, se procedió a objetar la inscripción de la entidad en el Registro.

La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones, sentando una clara doctrina en torno a la legalidad de la competencia administrativa para ejercer un control preventivo de alcance sustantivo durante la tramitación de la solicitud de registro y validando el criterio de ineludible compatibilidad entre los fines religiosos y el orden público.

Los efectos del pronunciamiento de los Tribunales superiores de Justicia en este caso, sin duda son extremadamente relevantes, debiendo destacarse la validación de la calificación de las entidades religiosas realizada por el Ministerio de Justicia, dejando asentado con ello el criterio que determina que el examen que debe efectuar la Administración no se reduce a una constatación formal de los antecedentes aportados por la entidad en formación, sino que le corresponde ejecutar una función calificadora que, junto con resguardar el cumplimiento de los requisitos formales, debe pronunciarse sobre los aspectos sustantivos de la solicitud de registro.

Finalmente, ¿es concordante el pronunciamiento contenido en la sentencia con la improcedencia legal del examen de calificación de los contenidos de fe de una confesión religiosa? Nuestra opinión es afirmativa, considerando en particular que la correcta lectura de la sentencia arroja un pronunciamiento en favor de la concordancia general de las normas y declaraciones de la entidad con el ordenamiento constitucional, requerimiento común para todos los sujetos imperados por el Derecho nacional. Una situación diferente, sin perjuicio de lo dicho, es que la Administración realice un juicio de discriminación que considere una apreciación de la mayor bondad o sintonía del contenido de fe de una entidad religiosa respecto de otra. En definitiva, el Ministerio de Justicia puede pronunciarse en torno a la naturaleza religiosa de la entidad que pretende su inscripción en el Registro público y, también, mediante la objeción del registro ya efectuado, si como consecuencia del examen de calificación realizado, detecta una colisión entre los fines de la entidad religiosa y el ordenamiento constitucional democrático del país50.

V. La libertad religiosa y sus límites constitucionales y legales: Fines de las entidades religiosas y orden público

A. La libertad religiosa y su tutela constitucional y legal

La libertad religiosa, como derecho fundamental garantizado constitucionalmente, es el derecho del hombre a relacionarse con Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia, sin coacción de autoridad u otra persona y con la única restricción de respeto al orden público. Como principio informador del régimen legal de las entidades religiosas en Chile, a la vez que determina la interpretación normativa de dichas prescripciones legales, expresa la manera en que la sociedad chilena y el Estado conciben y valoran las distintas relaciones que se producen entre ambas expresiones de la institucionalidad social, traducido en la preeminencia que se asigna al pluralismo, a la tolerancia religiosa y a la prescindencia del Estado respecto de adoptar una determinada opción confesional, como valores de la convivencia legalmente tutelados51.

La Constitución Política de 1980, siguiendo el tenor ya adoptado por la Carta de 1925, establece el marco de la recepción jurídica del principio, en el art. 19 N° 6°, a cuyo texto se remite el art. 1° de la Ley N° 19.638, al refrendar que, "el Estado garantiza la libertad religiosa y de culto en los términos de la Constitución Política de la República"52. La LC materializa el principio de libertad religiosa y de culto en sus dimensiones personal53 e institucional54, dando cuenta del compromiso del Estado en orden a garantizar que las personas naturales y las personas jurídicas de carácter religioso puedan desarrollar libremente sus actividades55. Tales dimensiones se encuentran consagradas en el capítulo II de la LC, en los artículos 6° y 7°, los cuales enuncian las facultades más importantes que se derivan del principio.

El principio de libertad religiosa ha sido ampliamente valorado como uno de los principales efectos de la vigencia de los derechos de libertad y, en consonancia con ellos, como parte de la base fundacional del moderno Estado liberal, siendo reconocido por igual en las perspectivas positivistas que lo consideran un valor intrínseco de la democracia formal56, como en las posiciones iusnaturalistas con-temporáneas57, posturas que han preconizado su reconocimiento civil tanto en favor de los sujetos individuales (ausencia de coacción) como de las comunidades religiosas (libertad de asociación, igualdad y no discriminación)58.

Sin perjuicio de lo anterior, existe una posición doctrinaria ampliamente coincidente en estimar que la libertad religiosa admite limitaciones en el mejor interés del bien común, las que se expresan en las nociones de orden público, moral pública, buenas costumbres y, aunque con mayor cuestionamiento, la de seguridad pública. Jurídicamente, en nuestro ordenamiento positivo, tal es el sentido contenido explícitamente en la norma del art. 19 N° 6°, inc. 1° de la CPR y replicada en el art. 1° del D.S. N° 303.

La postura precedente coincide en considerar que en la sociedad occidental contemporánea, existe una mayoritaria coincidencia en torno a tres premisas que constituyen a la vez la determinación de la conducta amparada por el principio de libertad religiosa y los límites a los cuales debe constreñirse en aras del bien común:

Primera, que todas las personas deben estar inmunes de coacción frente a otros individuos, colectividades o el propio Estado, en lo que respecta a sus creencias y su culto privado y público, si así ellas lo requieren para estimar como efectivo su respeto;

Segunda, que el Estado por mandato social, debe brindar las seguridades del efectivo cumplimiento del derecho a obrar de acuerdo a la propia conciencia.

Tercera, que la correspondencia del requerimiento de la tutela estatal, es el cumplimiento de la obligación de ejercer dicha conducta dentro de los marcos sociales debidos, entendiendo por tales los preceptos referidos al respeto del orden público. La moral y las buenas costumbres, como se verá, admiten reparos59.

La moral, como referencia conceptual jurídicamente normada constituye un elemento ético de difícil precisión legal, ya que además de las cuestiones anexas a su legitimidad social, es también susceptible de concreciones temporales y espaciales diferentes según las distintas épocas y países en los cuales se pretende su imperio.

La noción de buenas costumbres, por su parte, remite a una valoración social de prácticas y hábitos individuales y colectivos, caracterizados por la subjetividad de su apreciación, así como por las dificultades que acompañan su precisión legal. La moral y las buenas costumbres, además, remiten a órdenes normativos diferentes del orden jurídico, si se atiende a las bases teóricas del Derecho, añadiendo un factor de salvedad social a la heteronomía.

Distinta es la situación de la noción de orden público, de mayor precisión legal pero sin contar con una tranquila aceptación doctrinaria en cuanto a su significado y alcance, aspecto que profundizaremos en el apartado siguiente.

B. El concepto de orden público

Ya hemos adelantado nuestra opinión en torno a la procedencia de ponderar el mérito de una entidad religiosa para obtener el reconocimiento civil, centrado no en un examen de valoración subjetiva y comparada por parte de la Administración, de los elementos esenciales de su credo y doctrina, sino en verificar que sus fines sean efectivamente religiosos y que, determinados que sí lo son, exista correspondencia de dichos fines con el orden público60.

El fundamento de lo dicho, radica en que las actividades que pretende ejecutar una entidad religiosa, no pueden afectar el derecho de las demás personas al ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales, ni ser contrarias a la seguridad, salud o moralidad pública, como elementos en que se traduce la noción de orden público61, erigido en el límite constitucional explícito al ejercicio del derecho a la libertad religiosa por el art. 19 N° 6 de la Carta Fundamental62, en concordancia con lo dispuesto por el art. 12 numeral 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos63. Estas limitaciones, asimismo, son contempladas en el art. 18 N° 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la que en todo caso remarca el carácter estricto de la interpretación que avala su aplicación64. Finalmente, cabe destacar que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, al momento de tramitar la LC, primó la posición de limitar o restringir el papel fiscalizador del Estado a la salvaguardia del "justo orden público"65, concepto dentro del cual se incluyó la moral y las buenas costumbres. Con ello se buscó evitar la intervención administrativa o estatal más allá de los límites legítimos que, a juicio de los comisionados, reconoce el Derecho moderno66.

El concepto de orden público admite un significado muy variable y muy discutido, ya que según cual fuere la perspectiva que se aplique, puede llevar a asignarle un significado tan amplio y omnicomprensivo como el que tiene la expresión justicia o a que, incluso, algunos autores duden que se trate de un concepto jurídico67.

Sin perjuicio de lo anterior, y siguiendo una tendencia de consideración de mínimos, la noción de orden público alude al estado de convivencia pacífica en el que, con seguridad, se ejercen los derechos. Avanzando a una lectura constitucional, el orden público se define como "el conjunto de condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre un sistema de valores y principios jurídicos dentro de un Estado Constitucional Democrático"68. Concretándolo en la perspectiva del Derecho eclesiástico del Estado, y siguiendo en ello lo dispuesto en el art. 3 número 1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de España (LOLR), se concibe el orden público como "la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública"69.

En la doctrina española, González del Valle liga la noción de orden público con la de bien común, indicando que todo lo que pertenece al orden público forma parte integrante del bien común, para afirmar que, "todo lo que pertenece al orden público forma parte integrante del bien común; pero no todo lo que forma parte del bien común, del general welfare, constituye una exigencia del orden público". Entendida así la relación entre orden público y normas, concluye el autor, "hay que dictaminar cuándo el ejercicio de un derecho fundamental es contrario al orden público o sólo simplemente contrario al bien común", corres-pondiéndole emitir dicho dictamen, usualmente, a un juez (González del Valle, 2005, pp. 107 y 108)70.

En la doctrina constitucional alemana, es interesante consignar la distinción que, con ocasión de dudas ciudadanas surgidas a raíz de la indeterminabilidad de los presupuestos para la intervención a criterio de las autoridades administrativas, ha realizado el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Con ocasión de la revisión de los límites del derecho fundamental a reunión, distinguió entre seguridad pública y orden público, entendiendo que la noción de seguridad pública comprende, "la protección de los bienes jurídicos centrales como la vida, la salud, la libertad, la honra, la propiedad, y el patrimonio del individuo, así como la integridad del ordenamiento legal y de los establecimientos estatales, en donde se entiende que hay una amenaza en contra de la seguridad pública cuando existe la amenaza de una violación de esos bienes jurídicos, sancionable penalmente"71. Por su parte, bajo el concepto de orden público, "se entienden la totalidad de las reglas no escritas, cuya observación, de acuerdo con las respectivas concepciones sociales y éticas predominantes, se ve como presupuesto indispensable de una ordenada convivencia humana al interior de un territorio determinado"72.

Asumiendo lo anteriormente expuesto, la noción de orden público puede ser abordada desde distintas perspectivas y abarcando por tanto distintas dimensiones, de las cuales destacaremos tres. En la primera, de efectos muy extensos pero jurídicamente discutibles, se incluye la obligación de promoción y defensa de los derechos fundamentales, como una derivación del implícito principio de colaboración recíproca entre el Estado y las entidades religiosas73. Una segunda corriente considera como orden público al estado de ordenada convivencia en un territorio determinado, en el que se prodiga tranquilidad y seguridad a las personas y a las cosas74. La tercera perspectiva es la mayoritariamente aplicada -y debatida- especialmente desde el ámbito jurídico, y se traduce en la exigencia de armonía normativa de los fines y actuaciones declarados y practicados por los sujetos, individuales y colectivos, con el ordenamiento constitucional y, particularmente, con las bases de la institucionalidad, las normas legales de derecho público y las de derecho privado no disponibles.

Siguiendo esta perspectiva, vale decir que el orden público se corresponde con la armonía normativa de los fines y actuaciones declarados y practicados por los sujetos, con el ordenamiento constitucional y legal, los fines y normas propias de una entidad religiosa, en tanto persona jurídica, deben guardar la debida coherencia con el conjunto del ordenamiento jurídico vigente, entre las cuales se incluyen por recepción los tratados internacionales ratificados por Chile y la correspondiente remisión al ordenamiento internacional. Esta acepción, coincidente con la noción de seguridad pública en la doctrina alemana antes vista y con aquella dispuesta en la LOLR española, es la que corresponde aplicar con ocasión de la calificación de la entidad en formación, debiendo considerar por tanto el respeto al pluralismo político, la seguridad y la salud pública75.

¿Qué implica lo anterior? Que los fines declarados por la entidad deben ser armónicos y concordantes con el orden público constitucional, integrado por el bloque de derechos fundamentales y el marco plural de convivencia política expresado en el sistema democrático. Asimismo, las conductas de sus miembros, en tanto integrantes de la comunidad religiosa que ha sido reconocida como persona jurídica, deben conformar sus actuaciones al marco constitucional, legal y reglamentario vigente. Este ha sido, en concreto, el sentido aplicado por los Tribunales Superiores de Justicia de Chile a la noción de orden público, según lo visto en el capítulo precedente, al resolver el recurso interpuesto por la Iglesia de Unificación en contra de la resolución del Ministro de Justicia que rechazó la inscripción de la Iglesia de Unificación en el RERDP.

Sin perjuicio de lo dicho, debe descartarse absolutamente la restrictiva interpretación del concepto, que reduce su alcance al mero orden legal y a la noción de seguridad pública, asimilada a su vez a la idea de seguridad del Estado, inaplicable constitucionalmente. El contenido y sentido actual del concepto de orden público, como afirma Calvo, "lo aleja de una justificación en servicio del Estado y lo radica, con fuerza, en normas que se entienden al servicio de cada sujeto del derecho de libertad religiosa, vale decir en su dimensión individual y colectiva, configurando una barrera contra el abuso del derecho por parte de algunas de estas entidades" (Calvo, 1986, p. 115)76.

Por tanto, no debe entenderse el orden público como una barrera de protección del Estado y menos de la Administración, sino como un obstáculo, si se admite la metáfora, para proteger los derechos fundamentales ante la pretensión de avasallarlos en función de intereses particulares contrapuestos al bien común legítimamente tutelado por el Estado.

Finalmente, cabe consignar dos observaciones finales sobre la materia tratada en este apartado.

La primera, que el juicio sobre la concordancia o discordancia entre los fines declarados por la entidad religiosa en formación y el orden público, debe realizarse preliminarmente y en forma preventiva en la sede administrativa, aun cuando esta calificación para producir finalmente el efecto jurídico buscado por la objeción -impedir la constitución de la persona jurídica de derecho público- debe ser ratificada ineludiblemente por la jurisdicción, la que siempre tendrá la palabra final en esta compleja decisión.

La segunda, que dejamos abierta para un próximo análisis en profundidad, es que en un juicio preliminar, se advertiría una evidente contradicción entre la aparente laxitud contralora por parte del Estado en los nuevos procedimientos vigentes para constituir personas jurídicas sin fines de lucro dispuestos por las normas de la Ley N° 20.500, y las mayores cargas a que serían sometidas las solicitudes de reconocimiento de personalidad jurídica por parte de las comunidades religiosas, las que deben superar no sólo la barrera de control de cumplimiento de las formalidades constitutivas, sino que además, como se ha dicho en estas líneas, deben evidenciar la concordancia entre sus fines declarados y el orden público. Sobre el punto, si bien es efectivo que la Ley de Cultos se aprobó con el declarado propósito de facilitar los trámites para obtener el reconocimiento de la personalidad jurídica y, en el hecho, con la dictación de la Ley N° 20.500 los trámites requeridos para constituir personas jurídicas sin fines de lucro se habrían simplificado, lo cierto es que la diferencia habría que radicarla en una gran diferencia entre ambas personalidades: en el caso de las entidades religiosas, la personalidad jurídica reconocida es de derecho público.

C. Componentes político-constitucionales de la convivencia social afectados por la acción de los integrantes de una entidad religiosa: Pluralismo y sistema democrático

En el caso de la Iglesia de Unificación, el fundamento jurídico de la objeción formulada por la Administración y ratificada por las instancias jurisdiccionales, radicó en la colisión de los fines de la entidad en formación, con los contenidos del orden público constitucional de la República, en particular, el pluralismo político y el sistema democrático.

Se estimó que la doctrina contenida en los documentos fundamentales de la entidad y cuya difusión pretendía, resultaba contraria al orden público democrático del país consignado en el art. 19 N° 6 de la Constitución Política del Estado. Se trató, en consecuencia, de una objeción basada principalmente en el análisis de los fines religiosos declarados por la entidad y su correspondencia con el orden público y no en el cuestionamiento de la naturaleza religiosa de la entidad.77

Al respecto, cabe establecer algunas precisiones conceptuales previas, antes de abocarnos a determinar si tal colisión existió en este caso.

Primero que todo, y siguiendo en ello a Kelsen y Bobbio, por democracia entendemos "un método político por medio del cual el ordenamiento social es creado y aplicado por quienes están sujetos a ese mismo ordenamiento, de forma que esté asegurada la libertad política en el sentido de autodeterminación" (Kelsen, 1988, p. 211)78. La sujeción al ordenamiento, implica el respeto de un conjunto de reglas-reglas del juego, "que permiten la más amplia y más segura participación de la mayoría de los ciudadanos, ya en forma directa, ya en forma indirecta, en las decisiones políticas, o sea en las decisiones que interesan a toda la colectividad" (Bobbio, 1980, p. 228)79.

Entre las reglas del juego democrático, se encuentra precisamente aquella que autoriza defenderse de aquellos que intenten trastornar su esencia por medio de conductas antidemocráticas, pero sin incurrir en censurar las ideas que puedan revestir este carácter. La concepción democrática formal o procedimental, permite la existencia de organizaciones de inspiración o propósitos no democráticos en el seno de una sociedad que se postula libre, siendo de su esencia tal característica, toda vez que garantiza la libre concurrencia de ideologías y sistemas de creencias muy diversos, en tanto exista el compromiso de respeto y observancia de las reglas señaladas80.

Estas reglas del juego democrático, en que se distingue de un modo fundamental entre reglas del juego y reglas de estrategia81, están necesariamente precedidas por las ciertas reglas preliminares del juego democrático y que se refieren a las normas que garantizan los llamados derechos de libertad, entre los que se cuentan el de expresar la propia opinión, el derecho de reunión, el de asociación, el de tránsito y el derecho de practicar el culto religioso, todos ellos constitutivos de la moderna doctrina del Estado de derecho, que concibe por tal no sólo aquel en que se ejerce el poder sometido a la ley, sino el que está fundado sobre el reconocimiento constitucional de ciertos derechos inviolables del individuo, anteriores al establecimiento del Estado, base fundamental de los derechos humanos consagrados positivamente en la actualidad82. Como indica Bobbio, "el estado liberal no sólo es el supuesto histórico sino también jurídico del estado democrático" (Bobbio, 1986, p. 35)83.

Ahora bien, retornando al tema que nos ocupa, al evidenciar en sus textos fundamentales una visión fuertemente intolerante frente a otras ideologías, al rechazar el pluralismo en la sociedad política (ámbito en el cual incursionan), poner en duda la división de poderes y admitir en última instancia la violencia para imponer sus ideas, la ideología de Moon sustentada por la Iglesia de Unificación, se situó fuera del ámbito del privilegio social expresado políticamente en el instrumento jurídico que denominamos "persona de derecho público", aun cuando como confesión religiosa de la cual participan quienes sinceramente sustentan dicha fe, cuentan con toda la libertad jurídica para cultivarla y el respaldo del Estado para defenderla cuando se viere afectada por la acción de terceros.

La concepción plural de la sociedad, que reconoce la composición de ésta por muchos grupos o centros de poder, y la tolerancia, entendida como la actitud de respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás84, son valores fundamentales de la convivencia política chilena, elevadas en su consideración y protección al nivel constitucional en los arts. 4°, 5° y 19 N° 15 inciso 6°. Es, por tanto, lo contrario de las posiciones que sustenta Moon, cuya verdad exige obediencia ciega, reclama ser servida con celo obstinado y rechaza y castiga al que no está dispuesto a abrazarla85.

Finalmente, cabe consignar que el derecho a la libertad religiosa, "se deriva de la dignidad del hombre como buscador consciente de la verdad" (George, 2009, p. 50). Esta búsqueda consciente es propia de los hombres libres, cuya condición se constituye y garantiza de un modo privilegiado en la sociedad democrática, entendida como aquella que junto con adoptar los principios y métodos de la democracia, favorecen la libre deliberación pública. La afectación negativa de la democracia por parte de una agrupación que no sólo niega su valor, sino que además declara su voluntad de no respetarla, constituye precisamente la afectación de la libertad para buscar conscientemente la verdad86.

Síntesis conclusiva

1.      El sistema de constitución jurídica de entidades religiosas regido por la Ley N° 19.638, contempla entre sus normas que el Ministerio de Justicia debe ejercer una función calificadora de la solicitud de inscripción en el Registro público, que garantice no sólo el cumplimiento de los requisitos legales de carácter estrictamente formal, sino también el acatamiento y plena observancia del ordenamiento jurídico en un sentido real, material o de fondo por parte de la entidad requirente.

2.      Aun cuando existe una imposibilidad legal absoluta para efectuar una valoración del cuerpo de creencias de una determinada confesión religiosa, la Administración debe establecer el carácter religioso de la entidad cuyo reconocimiento civil se solicita, a la vez que debe también analizar y validar la correspondencia de los fines perseguidos por la entidad con el orden público, entendiendo por tal el ordenamiento constitucional y legal del Estado, según lo dispuesto en el artículo 19 N° 6 de la Constitución Política, que impone como exigencia ineludible a los sujetos el respeto al orden público, la moral y las buenas costumbres.

3.      El procedimiento legal de constitución jurídica de entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público, determina que la Administración no puede negar el registro de una entidad, pero puede objetarlo una vez realizado, cuando faltare algún requisito formal o sus fines fueren incompatibles con el orden público, la moral y las buenas costumbres. La objeción, cuando queda a firme en el caso que no fuere deducida acción de reclamación, impide en definitiva la constitución civil de la entidad religiosa.

4.      La entidad religiosa en formación "Iglesia de Unificación", soporte corporativo de la confesión religiosa conocida internacionalmente como "Culto de Moon", presentó una solicitud de inscripción de la entidad en el Registro público, pero una vez realizada, fue objetada por el Ministerio de Justicia, decisión ratificada posteriormente en las instancias jurisdiccionales. El fundamento de la objeción radicó en la calificación efectuada de los fines de la entidad en formación, los cuales fueron estimados discordantes con el orden público, entendido como el ordenamiento constitucional y legal de la República, toda vez que se habría establecido la existencia de colisión entre fines y propósitos contemplados en los documentos fundamentales de la entidad y el sistema político democrático vigente en Chile.

5.      El caso IU constituyó la primera y única discusión sobre los límites del derecho de libertad religiosa en el sistema jurídico chileno y la principal prueba a la que fue sometida la eficacia del sistema legal consagrado por la normativa legal especial sobre la materia, remitiendo al órgano jurisdiccional la cuestión de la colisión entre los dos principios o criterios ordenadores del ordenamiento constitucional de la república involucrados en el caso, la libertad religiosa y el orden público. La sentencia de término resolvió la cuestión, comprendiendo las dos dimensiones principiales involucradas, a saber, asentó la plena vigencia del principio de libertad religiosa al derivar la resolución de fondo a la jurisdicción y no al órgano administrativo, al ratificar el impedimento de calificación comparativa entre religiones y al no pronunciarse sobre el carácter religioso de la entidad, sino sobre la colisión de sus fines con el concepto de orden público. Asimismo, en el plano administrativo, asentó la doctrina del carácter preventivo del examen de calificación efectuado por el Ministerio, su bidimensionalidad formal y sustantiva, incluyendo en esta última la revisión preliminar de la concordancia de los fines de la entidad con el ordenamiento jurídico vigente.

6.      La validación plena de la práctica de la calificación de las entidades religiosas llevada a cabo por el Ministerio de Justicia, constituye uno de los efectos principales derivados del caso IU, determinando que el examen no se reduce a una simple constatación de los antecedentes aportados, sino que incluye una función calificadora que, además de velar por el cumplimiento de los requisitos formales, debe revisar y emitir un pronunciamiento sobre el contenido o fondo de la solicitud.

7.      El órgano jurisdiccional realizó una correcta interpretación de las normas sobre el examen de calificación de la entidad religiosa, determinando que el Ministerio de Justicia debe velar no sólo por el cumplimiento por parte de la entidad requirente de los requisitos legales estrictamente formales, sino también por el cumplimiento de las normas fundamentales del ordenamiento en un sentido material, referidas a la observancia del orden público, la moral y las buenas costumbres, y que la entidad y los fines declarados por ésta posean efectivamente un carácter religioso. A la luz de lo anterior, se trató, en consecuencia, de una objeción basada principalmente en el análisis de los fines religiosos declarados por la entidad y su correspondencia con el orden público y no en el cuestionamiento de la naturaleza religiosa de la entidad.

8.      El juicio de discordancia entre los fines de la entidad y el orden público, en particular del sistema democrático, debe realizarse en sede judicial y no administrativa, lo que en el sistema chileno actualmente vigente está debidamente resguardado, en tanto que la palabra final siempre la tendrán los tribunales de justicia, ya sea por vía directa en la Corte de Apelaciones o en segunda instancia por la Corte Suprema.

9.      La apertura del caso en Chile fue subsidiaria del resultado de la pretensión exitosa de la organización de Moon en España, lo que se evidencia en la oportunidad de la presentación en Chile, efectuada ocho meses después del fallo favorable del Tribunal Constitucional Español. Asimismo, la vinculación entre ambos procesos queda patente en la identidad apreciable entre los argumentos de la reclamante y los fundamentos del órgano jurisdiccional, en ambos países.

10.      El caso Moon, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, demostró que el sistema de constitución jurídica de entidades religiosas vigente en Chile, enmarcado en las normas contenidas en el art. 19. N°s. 2°, 3° y 6° de la Constitución, armoniza la vigencia plena de los principios de libertad religiosa e igualdad ante la ley, con los requerimientos emanados del Estado de Derecho y del sistema democrático, contemplados a su vez en las normas contenidas en los arts. 4°, 6°, 7° y 8° de la CPR.

 

Notas

* Trabajo recibido el 21 de octubre de 2012 y aprobado el 25 de septiembre de 2013.

** Doctor en Derecho de la Universidad de Zaragoza; Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.

1 Considérese el texto del informe de la Comisión Investigadora sobre la existencia y actividades de las sectas religiosas, p. 27.

2 Vide Del Picó (2000).

3 Esta denominación tradicional, libertad de religión, ha sido utilizada por Naciones Unidas en el artículo 18 número 3 del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", de 1976, en la "Observación General 22 sobre el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión", de 1993 y en la "Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación basadas en la religión o en las creencias", de 1981. Sin embargo, la mayoría de la doctrina más reciente utiliza la expresión libertad religiosa, tendencia que ha sido traducida positivamente y expresada como derecho por la Ley N° 19.638 en su art. 1°, que dispone: "El Estado garantiza la libertad religiosa y de culto en los términos de la Constitución Política de la República". Esta redacción, a su vez, es plenamente concordante con lo establecido por su fuente directa sobre el punto, la Ley Orgánica 7/ 1980, de 5 de julio (España), que prescribe en su artículo 1, número, lo siguiente: "El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución, de acuerdo con lo prevenido en la presente Ley Orgánica". Para el análisis y comentarios de los textos internacionales, considérese Torradeflot (2002).

4 Considérese el Informe de la Comisión Investigadora sobre la existencia y actividades de las sectas religiosas de la Cámara de Diputados, de 7 de marzo de 2002, pp. 18-50.

5 Sobre la materia, considérese Salinas (2002), pp. 95-166; Celis (2009), pp. 125-146; Del Picó (2010), pp. 1-24; Lagos (2005) y García (1997), pp. 249-335.

6 El art. 5° de la CPR de 1833 disponía: "La religión de la República de Chile es la Católica, Apostólica, Romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra". El texto mantenía lo expresado por las precedentes CPR de 1828 (Art. 3°: Su religión es la Católica Apostólica Romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra") y de 1823 (Art. 10: "La religión del Estado es la Católica, Apostólica, Romana: con exclusión del culto y ejercicio de cualquiera otra"). Los textos de 1822 y 1818 contemplaban en sus respectivos Títulos II, bajo el epígrafe "De la Religión del Estado", normas categóricas de unión de la Iglesia y el Estado y de prohibición expresa de otros cultos religiosos en el territorio nacional.

7 El art. 10 N° 2° de la CPR de 1925 disponía:

Art. 10: "La Constitución asegura a todos los habitantes de la República:

N° 2°: La manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, pidiendo, por tanto, las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.

Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto, tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor; pero quedarán sometidas, dentro de las garantías de esta Constitución, al derecho común para el ejercicio del dominio de sus bienes futuros. Los templos y sus dependencias, destinados al servicio de un culto, estarán exentos de contribuciones".

8 Ley N° 19.638, que dicta "Normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas", fue promulgada el 1 de octubre de 1999 y publicada en el Diario Oficial el 14 de octubre de 1999. El proyecto de ley data de 1993, año en que fue enviado para su tramitación parlamentaria por el Presidente Patricio Aylwin Azócar, vía Mensaje, siendo Ministro del Interior Enrique Krauss Rusque y Ministro de Justicia Francisco Cumplido Cereceda. Para una perspectiva del proceso de tramitación legislativa, vide Del Picó (2000). Para un análisis en profundidad de las instituciones fundamentales de la Ley N° 19.638, considérese Del Picó (2010), pp. 5-38. Para un análisis similar, desde una perspectiva protestante, vide Lagos (2010), pp. 39-46

9 Junto con los cuerpos normativos indicados, deben incluirse otras normas dispersas en normativas específicas, como la Ley N° 19.947 sobre Matrimonio Civil y su reglamento, y la reciente Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en especial los artículos contenidos en el párrafo 1° de dicha normativa legal, sobre el derecho de asociación.

10 Respecto de la LOLR, considérese Álvarez ; Rodríguez (2006).

11 Ley Estatutaria N° 133, de 23 de mayo de 1994. Para los antecedentes del sistema colombiano, considérese Prieto (2008) y Prieto (2011).

12 Cfr. Ferrer (2010), p. 78.

13 Se encuentra pendiente, a la fecha del envío del artículo, el reglamento de la Ley N° 20.500, el cual en lo pertinente debiera derogar orgánicamente las normas del citado decreto.

14 Vide Reglamento para el Registro de Entidades Religiosas de Derecho Público, D.S. N° 303.

15 Para un análisis comparativo con el sistema de registro español, considérese Motilla (2006), pp. 145 y ss.

16 En el mismo sentido, véase Salinas (2001), p. 292.

17 Considérese al respecto, Motilla (2006), p. 62.

18 Real Academia Española (1992). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera edición (Madrid, Espasa-Calpe), p. 1250.

19 En el punto, nos remitimos al concepto utilizado por el Tribunal Constitucional español, recogido en Motilla (2006), p. 163.

20 Vide Del Picó (2009).

21 Vide Souto (2003), pp. 530 y ss.

22 Infra Capítulo IV

23 Vide Pérez (2002), pp. 180 y ss., y Bosch (1994), pp. 9-20. Asimismo, considérese el Informe de la Comisión Investigadora sobre la existencia y actividades de las sectas religiosas de la Cámara de Diputados, de 7 de marzo de 2002, p. 20.

24 Ibidem, p. 180.

25 Informe de la Comisión Investigadora sobre la existencia y actividades de las sectas religiosas, p. 19.

26 Sun Myung Moon nace en Corea en 1920, en el seno de una familia cristiana presbiteriana. Estudia ingeniería en Japón y vuelve a Corea, en donde es dos veces encarcelado y liberado en 1950 por las fuerzas aliadas.

27 Vide Acta de constitución y aprobación del Estatuto de la persona jurídica de derecho público Iglesia de la Unificación, Repertorio N° 15.441 de 12 de octubre de 2001, Notaría Pública de Félix Jara Cadot, pp. 4-10.

28 En la preparación de este artículo, se ha tenido a la vista la segunda edición española, de 1978, editada por la Iglesia de Unificación de América, la cual es una traducción de la edición en idioma inglés de 1973, publicada como '"Divine Principie", por The holy spirit association for the unification of world christianity. La edición norteamericana se encuentra catalogada en la Biblioteca del Congreso de las Estados Unidos de América, con el número 78-61268.

29 En la introducción general del libro, se contiene el siguiente texto: "Esta nueva, última y definitiva verdad, sin embargo, no puede venir de ningún hombre que haga una búsqueda sintética en las escrituras y en la literatura, ni de ningún cerebro humano. Como dice la Biblia, 'tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes' (Ap. 10:11), esta verdad debe aparecer como una revelación de Dios mismo. ¡Esta nueva verdad ya ha aparecido! A su debido tiempo, Dios ha mandado a Su mensajero para resolver las preguntas fundamentales de la vida y del universo. Su nombre es Sun Myung Moon". Vide Ei Principio Divino, cit., pp. 16 y 17.

30 Cfr. Smart (2000), pp. 76-77, 30-31; Ganuza (1983), pp. 105-108; Bosch (1994), pp. 99-101.

31 Rectificación y modificación de la escritura de constitución de persona de derecho público, pp. 4-7, Rep. N° 17933-2001, Notaría de Félix Jara Cadot.

32 Vide Bosch (1994), p. 99.

33 Cfr. Ibídem, p. 99.

34 Vide Cámara de Diputados de la República de Chile (2002), Informe de la Comisión Investigadora sobre la existencia y actividades de las sectas religiosas, Valparaíso, 2002, p. 5.

35 Véase al respecto Ord. N° 919 del Ministro de Justicia, de fecha 23 de febrero de 2001, en que alude a tales actuaciones, efectuadas por el presidente de la Iglesia de la Unificación Sergio Castillo Oyarce, denunciadas formalmente ante la Comisión Investigadora de Sectas Religiosas de la H. Cámara de Diputados, por el pastor de dicha entidad Víctor Manuel Ortiz Zagal el 21 de julio de 1997.

36 Las actividades comienzan en 1976, con la llegada a Chile de dos misioneros, Wolf Horptezhel y Huoschi Matsushima. Con posterioridad visitan el país Bo Hi Pak, mano derecha del reverendo Moon, y el propio líder y fundador en 1995.

37 Véase Rep. N° 15441-2001, Notaría de Félix Jara Cadot.

38 Vide la solicitud remitida por Francisco Javier Saavedra Cruz, en representación de la Iglesia de Unificación, ingresada con el número 24.640 en la oficina de Partes del Ministerio de Justicia.

39 Resolución N° 5.045, de la Subsecretaría de Justicia, de fecha 18 de diciembre de 2003.

40 Corte de Apelaciones de Santiago (2005), Iglesia de Unificación con Subsecretaría de Justicia, Rol N° 4002004, Sentencia de 29 de marzo de 2005.

41 Corte Suprema de Justicia (2005), Iglesia de Unificación con Subsecretaría de Justicia, Rol N° 2226-2005, Sentencia de 15 de septiembre de 2005. El análisis de los fundamentos jurídicos de ambos fallos, se aborda en el capítulo IV.

42 Corte de Apelaciones de Santiago (2005), Iglesia de Unificación con Subsecretaría de Justicia, Rol N° 4002004, Sentencia de 29 de marzo de 2005, considerando 7°.

43 Ibídem, considerando 5°.

44 Ibídem, considerando 5°.

45 Ibídem, considerandos 6°, 8°, 9° y 10°.

46 Cfr. Salinas (2004).

47 Vide Salinas (2004), pp. 294-295, y Schwabe (2003), p. 196.

48 Cfr. Bosch (1994), p. 100.

49 Vide el art. 19 N° 6 de la CPE y el art. 1°, inc. 1° del D.S. N° 303.

50 En contrario, Rodríguez (2009), pp. 117-128.

51 Cfr. Prieto (2008), p. 39. Considérese, asimismo, Mantecón (1994), pp. 124-126. En el Derecho comparado, el Tribunal Constitucional español, en una de sus primeras sentencias, definió el principio, señalando que éste reconoce, "el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del estado y de cualesquiera grupos sociales, de manera que el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso, y el principio de libertad en esta materia, significa que las actitudes religiosas de los sujetos de derecho no pueden justificar diferencias de trato jurídico". Vide Tribunal Constitucional (España), Sentencia 24/1982, primer fundamento jurídico.

52 Los conflictos de derechos de los ciudadanos, tal como lo afirma Navarro, han comenzado a ser conocidos y resueltos por los tribunales de justicia a partir de lo establecido en la Constitución Política (Vide Navarro (2010), p. 26).

53 La dimensión individual de la libertad religiosa implica el reconocimiento de un conjunto de facultades inherentes relativas a las personas naturales, con la correspondiente autonomía e inmunidad de coacción, traducidas en la libertad de conciencia, reflejada tanto en la profesión religiosa como en el ateísmo; en la facultad de adquirir, profesar, manifestar, abstenerse, cambiar o abandonar una creencia religiosa; en la facultad de practicar o ejecutar en forma pública o privada, tanto individual como colectivamente, los actos de significación religiosa propios de la creencia a la cual se adhiere, el derecho de la persona a no ser obligada a practicar actos de culto, a no ser perturbada en el legítimo ejercicio de los derechos de practicar o ejecutar en forma pública o privada, tanto individual como colectivamente, los actos de significación religiosa propios de su creencia, el derecho de recibir asistencia religiosa de su propia confesión, donde quiera que se encuentre la persona. El derecho de recibir e impartir enseñanza o información religiosa por cualquier medio, y también el de elegir para sí —y los padres para los menores no emancipados y los guardadores para los incapaces bajo su tuición y cuidado— la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones; la facultad de libre expresión religiosa y la facultad de asociarse libremente para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas, todo lo anterior de conformidad con el ordenamiento legal vigente.

54 La dimensión institucional o colectiva implica el reconocimiento de un conjunto de potestades inherentes relativas a las entidades religiosas, a las cuales se reconoce plena autonomía para el desarrollo de sus fines propios, traducidas en las facultades de ejercer libremente su propio ministerio, practicar el culto, celebrar reuniones de carácter religioso y fundar y mantener lugares consagrados para dichos fines. Asimismo, contiene la facultad para establecer en forma autónoma por parte de la entidad religiosa, su propia organización interna y su jerarquía, y el derecho al ejercicio del ministerio de la fe, entre las más importantes de destacar.

55 Cfr. Salinas (2009), p. 503. Asimismo, Elgueta (2001), p. 98.

56 Siguiendo la posición de Norberto Bobbio sobre la materia, vide Del Picó (1993), pp. 78-83. En especial, considérese el planteamiento de Rodolfo Vásquez a partir de la revisión de varios destacados autores de matriz relativista, que lo lleva a concluir que, "el pluralismo de creencias últimas en materia religiosa es seguramente inevitable..." y a justificar "la existencia de un Estado laico tolerante y la necesidad de la deliberación pública en un régimen democrático" (Vide Vásquez (2009), pp. 101 y 111).

57 Considérese en particular George (2009), pp. 49-51.

58 Cfr. Palomino (2007), pp. 140 y ss., Viladrich (2005), pp. 128-129 y 193 y ss. y Salinas (2009), pp. 184-194.

59 Cfr. Frías (2003), p. 18.

60 Una de las funciones derivadas de la noción de persona jurídica aplicada a las entidades religiosas, es precisamente la de excluir de su régimen jurídico a aquellas otras personas jurídicas que no desarrollan actividades religiosas. Vide González (2005), p. 161.

61 Véase Freí ; Quintana (2001), p. 53. Siguiendo a Cea, "el legislador siempre será llamado, por exigencias de bien común, a legislar en lo que son los principios abiertos —la moral, las buenas costumbres y el orden público— para los efectos de concretarlos desde el ángulo penal, o sea, sancionar las transgresiones a ellos, como en el caso de las sectas llamadas destructivas". Cea (1998), p. 47.

62 Nogueira (2008), p. 24.

63 Art. 12 CADH: "La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás". Vide Decreto N° 873, de 5 de enero de 1991, que aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica", en Constitución Política de la República (2010). (Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile), p. 623. Asimismo, Gros (1991), p. 84.

64 Nogueira (2008), p. 25.

65 Véase Frei ; Quintana (2001), p. 53.

66 Freí ; Quintana (2001), p. 53. Asimismo, considérese las posiciones contrapuestas del Senador Mario Ríos y de Jorge Precht, en PrechT (1998), pp. 21 y ss. En particular, el senador Ríos promovió la supresión de la norma originalmente propuesta, que contemplaba controles sustantivos, consignándose en el primer Informe del Senado que la vigencia de la señalada norma, habría abierto un campo para la intervención de los funcionarios administrativos, que podrían por esta vía decidir qué grupos serán autorizados para constituirse como personas jurídicas".

67 Cfr. González (2006), p.106.

68 Nogueira (2008), pp. 25-26.

69 Fornés et al. (2006), p. 119. Si bien el Tribunal Constitucional Español (TCE) atribuye competencia en la materia a los tribunales de justicia y no a la Administración, con ocasión de la discutida sentencia del TCE recaída en el caso de la Iglesia de la Unificación, el Tribunal valida la referencia como fundamento a la noción de orden público en tanto no se le otorgue el carácter de cláusula preventiva frente a eventuales riesgos. En lo pertinente, sanciona el TC, "no puede considerarse contraria a la Constitución la excepcional utilización preventiva de la citada cláusula de orden público, siempre que se oriente directamente a la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad públicas propias de una sociedad democrática, que queden debidamente acreditados los elementos de riesgo y que, además, la medida adoptada sea proporcionada y adecuada a los fines perseguidos". Vide González (2005), p. 167.

70 Cfr. González (2006), pp.107 y 108.

71 Tribunal Constitucional Federal Alemán, Sentencia de la Sala Primera, de 14 de mayo de 1985.

72 Schwabe (2003), p. 196.

73 Según Calvo, el contenido y sentido actual del concepto de orden público, lo aleja de una justificación en servicio del Estado y lo radica, con fuerza, en normas que se entienden al servicio de cada sujeto del derecho de libertad religiosa, vale decir en su dimensión individual y colectiva, configurando una barrera contra el abuso del derecho por parte de algunas de estas entidades (Cfr. Calvo (1986), citado en Ferrer (1986), p. 115).

74 Así, por ejemplo, puede considerarse como parte de esta corriente la concepción que Nogueira denomina estricta y que tiene un marcado acento en la apreciación histórica y finalista del ordenamiento. Nogueira (2008), p. 26.

75 Vide, además, Salinas (2001), pp. 294-295.

76 Vide Calvo (1986), p. 115.

77 Vide, para el debate sobre la calificación sustantiva en España, la posición contraria de Souto (2003), pp. 530-540. A favor, considérese González (2005), p. 167.

78 Kelsen , p. 211.

79 Bobbio (1980), p. 228.

80 Cfr. Del Picó (1993), p. 73.

81 Del Picó (1993), p. 78.

82 Del Picó (1993), p. 77.

83 Bobbio (1986), p. 35.

84 Cfr. Bobbio; Matteucci (1988), p. 1209.

85 Uno de los aspectos tenidos en consideración durante el proceso de elaboración de la objeción, es precisamente la vertiente política de la organización, puesto que el principio divino plantea que la salvación se conseguirá con la llegada del segundo mesías, especie de rey universal, que nacerá en Corea después de la Primera Guerra Mundial y que junto a su esposa formarán la primera familia perfecta y la simiente de una nueva humanidad. Sin embargo, ante este proyecto divino de bien para la humanidad, se opone una última dificultad, constituida por el comunismo ateo. Cfr. Bosch (1994), p. 100. Asimismo, considérese el análisis sobre las actitudes propias del fanatismo y del sectarismo en la vida social y política, en Bobbio y Matteucci (1988), p. 666.

86 Cfr. George (2009), p. 50 y Yásquez (2009), p. 111.

 

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Trabajo recibido el 21 de octubre de 2012 y aprobado el 25 de septiembre de 2013.

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