SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.15 número2ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LA OMISIÓN LEGISLATIVA DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE MÉXICO Y COLOMBIALA INFLUENCIA EUROPEA EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN ESPAÑA, EN CONCRETO, EN EL DERECHO A LA INTIMIDAD índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Estudios constitucionales

versión On-line ISSN 0718-5200

Estudios constitucionales vol.15 no.2 Santiago dic. 2017

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002017000200273 

Artículos

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN

The freedom of expression in the jurisprudence of the German Federal constitutional Court

Carlos Vidal Prado* 

1Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid. España

Resumen:

Se analiza en este artículo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre la libertad de opinión o expresión (Meinungsfreiheit). Es indudable la autoridad y la influencia del Tribunal alemán en otros tribunales europeos, y de todo el mundo, tanto nacionales como internacio nales. A partir de las previsiones del artículo 5 de la Grundgesetz, el TCF alemán concluye que, en un Estado social estructurado de modo plural, y basado en el concepto de la democracia liberal, cualquier opinión, también aquellas que difieren de las concepciones predominantes, es digna de protección. En una democracia, la libertad de expresión tiene carácter constitutivo.

Palabras Clave: Tribunal Constitucional federal alemán; libertad de expresión; garantías de los derechos fundamentales

Abstract:

This work analyzes the jurisprudence of the German Federal Constitutional Court on the freedom ofopinion and expression (Meinungsfreiheit). Is no doubt about the authority and the influence of the German Court in other European courts, and of all the world, both national as international. Starting from the article 5 of the Grundgesetz, the German Federal Constitutional Court concludes that, in a Social State structured of mode plural and based in the concept of the liberal democracy, any opinion, also those that differ from them conceptions ruling, is worthy of protection. In a democracy, the freedom of expression has character establishing.

Keywords: German Federal constitutional Court; Freedom of expression; Guarantees of funda mental rights

1. Introducción

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán es, sin lugar a dudas, la pionera y más influyente en el continente europeo1. Todos los países que tienen, a semejanza de Alemania, un sistema de control concentrado de constitucionalidad, miran al BVerfG como espejo en el que reflejarse, y como modelo a seguir o, a veces, a confrontar. Porque no siempre la influencia es por imitación, sino que en ocasiones lo que se produce es el diálogo entre tribunales, el intercambio de ideas y opiniones. Este diálogo, por cierto, es muy necesario, cada vez más, sobre todo -en el ámbito europeo- en relación con los retos que plantea el desarrollo de la integración europea y, en concreto, la relación de los tribunales constitucionales nacionales con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el ámbito internacional, los retos de la globalización y otros como los del terrorismo internacional2 hacen también aconsejable esta comunicación o diálogo entre tribunales.

Pero hablamos de un diálogo que debe ser, como apunta muy acertadamente De Vergottini, científicamente adecuado, lo cual no siempre sucede. Así, el ilustre constitucionalista italiano, a la vez que reconoce que existen significativos flujos de información entre los pronunciamientos emitidos por los distintos órdenes judiciales, a veces el recurso al lugar común del puede “esconder improvisaciones comparatísticas a menudo carentes de fundamento y, en todo caso, científicamente impropias”3. Muchas veces, más que diálogo, hay un simple recurso a la compa ración, y en lugar de un diálogo lo que encontramos es un monólogo.

No obstante, como se ha puesto de relieve en los últimos años, son cada vez más los casos en los que los tribunales de un país recurren al derecho comparado y a la jurisprudencia de tribunales extranjeros e internacionales (incluso a citas de la doctrina constitucionalista o comparatista4) para llevar a cabo no sólo una comparación, sino una fundamentación más robusta de sus pronunciamientos judiciales. Es lo que algunos han llamado comunicación transjudicial5, que puede ser horizontal (la que se da cuando tribunales nacionales usan jurisprudencia de tribunales extranjeros, a su mismo nivel) o vertical (entre tribunales nacionales y supranacionales o internacionales)6. No siempre es unánime el reclamo de que se produzca este diálogo entre tribunales, e incluso que utilicen los precedentes de tribunales extranjeros o de organizaciones supranacionales: en ocasiones, hay resistencias, como pasa en ciertos sectores en Estados Unidos7.

De todos modos, creo que, si existe un ámbito en el que no caben dudas de que se produce este verdadero diálogo, no solamente entre tribunales nacionales, sino entre ellos y los internacionales, es el de los derechos fundamentales y su protección8, en el que todos los Estados reciben influencia de la comunidad in ternacional. Y, a su vez, los tribunales internacionales (singularmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Huma nos) toman como referencia la jurisprudencia de algunos tribunales nacionales, de modo que se produce una cierta influencia recíproca y multilateral.

En esta misma línea, si decíamos que muchas miradas se dirigen, en general, a la jurisprudencia constitucional alemana, hay un aspecto en el que, particular mente, es indiscutible la influencia no solamente de la jurisprudencia, sino de la doctrina germana: la teoría y la dogmática sobre los derechos fundamentales que se desarrolla en Alemania en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Influencia que trasciende los límites europeos, pues países de todo el mundo se han fijado en las construcciones doctrinales y jurisprudenciales germanas9.

Sin duda, en el desarrollo de la teoría sobre los derechos fundamentales han tenido mucho que ver las experiencias con el nacionalsocialismo, así como la “entrega” al socialismo de la “República Democrática Alemana”. La propia ela boración de la Ley Fundamental de Bonn estuvo marcada por estos elementos.

Muchas de las Constituciones europeas posteriores a la Ley Fundamental de Bonn (en adelante, LFB) tomaron como modelo aspectos concretos de ésta, especialmente los países que, al igual que Alemania, salían de dictaduras o de regímenes totalitarios que no respetaban los derechos fundamentales. Así, por ejemplo, ocurrió con la Constitución española.

También en América Latina se presta especial atención a la doctrina y juris prudencia alemanas en general, y aquélla sobre los derechos fundamentales en particular, especialmente a partir de los años ochenta del siglo pasado, en los que, después de algún tiempo de dictaduras militares, se produjo un masivo y progre sivo retorno a las democracias representativas10. Monografías como la Teoría de los Derechos Fundamentales, de Robert Alexy, o los trabajos de Peter Haberle, se han difundido ampliamente por los países de habla hispana. Y, a través de ellos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán se ha ido trasladando a todos esos países y a sus correspondientes operadores jurídicos. Es cierto que, en algunos casos, las citas del tribunal alemán (como las de los tribunales extranjeros o internacionales) no se toman como punto de partida para un diálogo, sino que sirven para justificar un cierto monólogo del tribunal que hace uso de ella, como se ha dicho que ocurre en el caso chileno, cuyo Tribunal Constitucional empieza a llevar a cabo esta práctica sobre todo a partir de 200711.

Pues bien, entre estos derechos fundamentales, como no podía ser de otra manera, cobra especial relevancia el de la libertad de opinión o de expresión. Por que, “tal y como la LFB garantiza la libertad de opinión, da preferencia al interés público, y también a la información crítica sobre el Gobierno, frente al interés del Gobierno por preservar su poder”12. La famosa sentencia Lüth, de la que hablaremos más adelante, ha sido un referente para la doctrina y jurisprudencia constitucional en muchos países, europeos y americanos13.

Por eso nos ha parecido interesante hacer un breve repaso de la evolución de la jurisprudencia constitucional sobre la libertad de expresión en Alemania, a través de un recorrido por las principales sentencias de su Tribunal Constitucional Federal, para ver los elementos fundamentales de la construcción argumental del BVerfG, y ofrecer algunas perspectivas que pueden ayudar a analizar, siguiendo la (saludable) praxis de la comunicación o diálogo entre tribunales, aquellos aspectos de la jurisprudencia alemana que pueden ser exportables, y de hecho se han ex portado, a la Jurisprudencia de los tribunales de otros países (como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español) o a la doctrina de algunos órganos internacionales.

2. Marco constitucional

El art. 5 de la Ley Fundamental de Bonn define la libertad de expresión como “el derecho a expresar y difundir libremente su opinión, por escrito y a través de la imagen, y de informarse sin trabas en fuentes accesibles a todos”, para determinar el ámbito de protección es fundamental determinar los conceptos de “opinión” (Meinung) y, por otro lado, el concepto de “expresar y difundir”14.

En alemán, la libertad de expresión se suele denominar más bien libertad de opinión (Meinungsfreiheit). El mencionado artículo reconoce y garantiza tres libertades diferentes: la libertad de opinión, en los apartados 1 y 2, y la libertad artística y científica, en el apartado 315. A su vez, dentro de la libertad de opinión, en general, hay varios derechos y libertades fundamentales específicos: el derecho a expresar libremente la propia opinión; la libertad de información, la libertad de prensa, la prohibición de la censura previa, la libertad de radiodifusión (radio y televisión) y la de cinematografía.

La libertad de información se ve definida en este artículo como el derecho a “informarse sin trabas en fUentes accesibles a todos”. La fUente sería cualquier portador o poseedor de información, al que debo tener libre acceso16. No vamos a detenernos excesivamente en este aspecto, puesto que no es el objeto de nues tro análisis. Sí nos parece más importante la última parte de este apartado del artículo, la que se refiere a la libertad de prensa (Pressefreiheit), sobre la que más adelante nos detendremos.

A continuación, el segundo apartado del artículo citado establece que estos derechos no son absolutos, sino que están sujetos a unos límites, los recogidos “en las disposiciones de las leyes generales, en las disposiciones legales adoptadas para la protección de la juventud y en el derecho al honor personal”.

De un enunciado tan escueto y contundente como el de la Grundgesetz (GG) deduce el Bundesverfassungsgericht (BVerfG) una amplia protección para los me dios de comunicación, y sobre todo hace un especial hincapié en la importante función de la prensa libre, no sujeta a directrices de las autoridades públicas ni a censura, en una democracia moderna, y lo considera un elemento esencial del Estado liberal17.

Además, en una de las decisiones más relevantes del BVerfG (la sentencia Mephisto), éste determinó que las previsiones del segundo apartado del artículo 5 se aplican solamente a los derechos y libertades recogidos en el primer apar tado, que son los que estarían garantizados mediante una reserva de ley, en los términos definidos por ese artículo 5.2. La libertad artística y científica, la de investigación y la de enseñanza, no son casos específicos del derecho más amplio de libertad de opinión, sino que están garantizados sin reserva de ley, y se trata de una garantía diferente a las del otro bloque de derechos, los que sí se derivan de la libertad de opinión18.

No obstante, es evidente que todos los derechos y libertades regulados en el artículo 5 operan conjuntamente, y son esenciales para la transparencia que debe presidir un régimen democrático, transparencia que debe significar la libre transmisión y comunicación de informaciones y opiniones, de manera que se garantice una opinión pública libre y plural. En este sentido, por ejemplo, la libertad artística o la libertad de enseñanza comportan la libertad de opinión y la libertad de expresar o manifestar estas opiniones.

3. El ámbito constitucionalmente protegido por la libertad de opinión y de expresar dichas opiniones

Con relación al concepto de Meinung, que ya hemos avanzado que es clave para delimitar el ámbito de protección del art. 5.1 GG, de la doctrina del BVerfG, se desprende que la opinión es cada toma de posición individual que suponga un juicio de valor sobre algún aspecto de la realidad19. Según un sector doctrinal, debería diferenciarse, por tanto, la opinión de los meros hechos objetivos, caren tes del elemento valorativo y que, por tanto, estarían fuera del ámbito propio de la libertad de opinión y expresión20. Aunque teóricamente la opinión se podría distinguir de la mera declaración de un hecho, en la medida en que la primera comporta un juicio de valor21, en la práctica esta distinción es muy compleja. En esta línea, el Tribunal Constitucional alemán matiza que el relato de hechos estaría también protegido por la libertad de opinión, si son requisitos que condicionan la formación de una opinión22.

Por otro lado, en un Estado social estructurado de modo plural, y basado originariamente en el concepto de la democracia liberal (pero hoy también apli cable a la denominada democracia social), cualquier opinión, también aquellas que difieren de las concepciones predominantes, es digna de protección. En una democracia, la libertad de expresión (o de opinión) tiene carácter constitutivo23, es decir, resulta esencial en una sociedad democrática en la que es imprescindible la garantía del pluralismo, de una opinión pública libre, con el límite del respeto a los valores constitucionales24. Por lo tanto, el ámbito de protección del derecho a la libertad de opinión incluye las opiniones falsas y correctas, los juicios de valor racionales y los emocionales25.

Según el BVerfG, quedarían fuera de los límites del ámbito amparado por la libertad de opinión (y de expresión) aquellas exposiciones de hechos que de manera probada o conocida son falsos26. En consecuencia, este tipo de manifestaciones no estarían amparadas constitucionalmente. Sin embargo, una parte de la doctrina alemana (por ejemplo, Sachs27) dice que la libertad de opinión y de expresión también ampararía la “libertad de equivocarse” (Freiheit des Irrenden). Aunque la jurisprudencia constitucional no es en este punto excesivamente concreta, lo que sí puede decirse es que el listón conceptual de lo que es “probadamente falso” está bastante alto, de modo que la falsedad debe ser evidente y estar indubitada mente contrastada para poder considerar que no está amparada por la libertad de expresión y de opinión28. Tampoco estarían amparadas por este derecho las opiniones que inciten al odio29.

En cuanto al segundo elemento, el que se refiere a la manifestación externa o la expresión de esas opiniones, está íntimamente unido al anterior. Lo que se garantiza constitucionalmente es la libertad de expresar y difundir opiniones, no solamente la libertad de construir o de formar una propia opinión sobre algo. Desde este punto de vista, lo que protege la libertad constitucionalmente garantizada es la posibilidad de expresar y difundir, de cualquier manera posible, las propias opiniones. Esto no solamente se refiere al modo de expresar las opi niones (el instrumento que se utilice), sino al lugar y al momento en que se lleve a cabo. Así se pone de relieve, por ejemplo, por el BVerfG en la sentencia sobre el caso “los soldados son asesinos”30. Igualmente, puede considerarse libertad de expresión la que se lleva a cabo mediante la publicidad, los anuncios. En este sentido, un órgano de prensa puede invocar la libertad de opinión de un tercero como contribución a la opinión pública, aunque sea en forma de publicidad, y el Tribunal Constitucional alemán anuló las sentencias del BundesGerichtsHof (Tribunal Supremo Federal) que habían prohibido una campaña publicitaria de la marca Benetton, en la que utilizaban imágenes de catástrofes en las que se podía apreciar el sufrimiento de niños y animales. Dicha restricción no se consideró, por parte del BVerfG, justificable desde el punto de vista constitucional31.

No estaría amparado por la LFB, sin embargo, cualquier modo de manifestar las opiniones que vaya más allá de la mera defensa dialéctica (o “espiritual”) de una opinión, y llegue a emplear la coacción por medios económicos o incluso la violencia. Así se pone de manifiesto, por ejemplo, en el caso del Semanario Blinkfuer32. Lo que dice el Tribunal en este caso es que la exhortación a un boi cot llevada a cabo por un periódico, fundada en motivos políticos, que se hace prevalecer básicamente mediante el empleo de recursos económicos, no se en cuentra protegida por el derecho fundamental de la libertad de opinión, y viola el derecho fundamental a la libertad de prensa. También se admite la intervención de los poderes públicos cuando la opinión sale de la esfera puramente intelectual de aprobación, lesionando, al menos potencialmente, bienes jurídicos o creando situaciones de peligro33.

También está protegida por el art. 5.1 de la GG, según la jurisprudencia del BVerfG, la “libertad de opinión negativa” (negative Meinungsfreihet), es decir, el derecho a no expresar o difundir determinadas opiniones34. En este contexto, se planteó un debate sobre la posible lesión de este derecho, en relación con el anuncio que se inserta en los paquetes de tabaco alertando sobre las consecuencias negativas para la salud. Al entender que lo que se trataba de difundir con ello eran las opiniones de las autoridades sanitarias sobre esta materia, y por tanto no una propia opinión sino una opinión de terceros, el Tribunal consideró que no se veía afectado el ámbito de protección del art. 5.1 de la LFB35 36.

El TCF alemán establece la línea divisoria entre lo que debe entenderse am parado constitucionalmente y lo hace, fundamentalmente, en dos sentencias: la mencionada del caso Blinkfüer, y la conocida del caso Lüth36. En este último caso también se trataba de un boicot, en este supuesto a una película (“Unsterbliche Geliebte”, del director Veit Harlan, que había rodado el film antisemita “Jüd Süß”). Nos detendremos a continuación en esta sentencia, una de las más importantes que se han dictado en Alemania sobre la libertad de expresión.

3. A) La sentencia Lüth (15 de enero de 1958)

El Tribunal Estatal de Hamburgo había apreciado que el ejercicio de la li bertad de expresión por parte de Erich Lüth, presidente del Club de Prensa de Hamburgo, constituía una invitación al boicot contraria a las buenas costumbres, de manera que lo había condenado a:

Abstenerse de solicitar -a los dueños de los teatros alemanes y distribuidores de películas- que no incluyan dentro de su programación la película Unsterbliche Geliebte, producida y distribuida en el territorio alemán por las demandantes.

Abstenerse de incitar al público alemán a no ver esa película.

El señor Lüth recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional Federal alemán, el cual consideró37 que el Tribunal Estatal había ignorado en la valora ción de la conducta del recurrente, el especial significado que se le atribuye al derecho a la libertad de expresión, también allí donde ésta entra en conflicto con los intereses privados de terceros. En este sentido, la sentencia del Tribunal Estatal de Hamburgo se basaba solamente en criterios de Derecho Civil, pero omitía los criterios basados en los derechos fundamentales, y así la decisión judicial viola el derecho fundamental del recurrente contemplado en el art. 5, párrafo 1, frase 1 de la Ley Fundamental. Por consiguiente, se revoca la sentencia.

De la argumentación de esta sentencia podemos destacar los siguientes ele mentos:

Los derechos fundamentales son ante todo derechos de defensa del ciu dadano en contra del Estado; sin embargo, en las disposiciones de derechos fundamentales de la Ley Fundamental se incorpora también un orden de valores objetivo, que como decisión constitucional fundamental es válida para todas las esferas del derecho.

Las “leyes generales” a las que se refiere el art. 5, párrafo 2 de la Ley Fundamental, también son las disposiciones de Derecho Civil, como en este caso, y por tanto estas disposiciones pueden limitar los derechos fundamentales y, en concreto, la libertad de opinión.

Pero también debe tenerse en cuenta que las “leyes generales” para el Esta do democrático libre deben ser interpretadas a la luz del especial significado del derecho fundamental de la libertad de opinión.

El derecho fundamental del art. 5 de la Ley Fundamental protege no sólo la expresión de una opinión como tal, sino también, los efectos espirituales que se producen a través de la expresión de una opinión.

La expresión de una opinión, que contiene un llamado a un boicot, no viola necesariamente las buenas costumbres en el sentido del §826 BGB (Código Civil alemán); puede estar justificada constitucionalmente mediante la libertad de opinión al ponderar todas las circunstancias del caso.

La defensa de los intereses legítimos cubre también las réplicas en la prensa, como respuesta a sus publicaciones y a su efecto sobre la opinión pública (art. 5, párrafos 1 y 2 de la Ley Fundamental; §193 StGB)38.

Creo que uno de los aspectos más destacables de esta sentencia es la defen sa de la conocida doctrina alemana sobre la doble dimensión de los derechos fundamentales, la subjetiva y la objetiva. Es decir, en este caso, la libertad de opinión no es solamente un derecho subjetivo del individuo frente a los poderes públicos, sino que, además, la libertad de opinión tiene una dimensión objetiva, una dimensión que provoca un “efecto de irradiación”39 hacia el resto del orde namiento jurídico, que debe ser tenido en cuenta por los órganos jurisdiccionales en la interpretación del derecho ordinario, de igual manera que sucede con los demás derechos fundamentales40.

En concreto, el Tribunal Constitucional Federal alemán dice que “las normas iusfundamentales contienen no sólo derechos subjetivos de defensa del individuo frente al Estado, sino que representan, al mismo tiempo, un orden valorativo objetivo que, en tanto que decisión básica jurídico-constitucional, vale para todos los ámbitos del derecho y proporciona directrices e impulsos para la legislación, la administración y la justicia”41.

Sobre el carácter objetivo de la libertad de expresión, no obstante, hay discrepancias doctrinales, porque lo dispuesto en la LFB en el artículo 51, frase 2, es susceptible de diversas interpetaciones, sobre todo porque no se determina el carácter material (especialmente en materia de radiodifusión), ni se delimitan las funciones que, para garantizar ese derecho, tienen que desarrollar el Legislativo y el Tribunal Constitucional42. En general, el propio Alexy alerta sobre la dificultad de definir el contenido del carácter objetivo de los derechos. Es más fácil decir en qué no puede consistir. Es necesario abstraerse, tanto del titular del derecho como del destinatario del mismo, e incluso de sus peculiaridades, pero es algo complejo y no fácil de resolver43.

3. B) Contenido específico del derecho a la libertad de expresión

El BverfG desarrolla44 una jurisprudencia sobre la configuración del derecho a la libertad de expresión, entendiendo que el objeto del mencionado derecho está constituido por:

Las conductas expresivas.

Al margen de su veracidad.

Que manifiestan un contenido subjetivo (esto se vuelve a reiterar en BVer fGE 93, 266, C, I, 1)45.

Incluso si estas expresiones son dañinas, útiles o valiosas46.

En jurisprudencia constante -como ya hemos mencionado- sostiene que la libertad de expresión, manifestación directa de la personalidad en la sociedad, es uno de los derechos humanos más importantes, lo que le confiere su especial peso. Además, afirma el BVerfG, este derecho fundamental, “por antonomasia, forma parte del ordenamiento democrático liberal, en el que se garantizan la lucha ideológica y la libre contradicción de las ideas, que son vitales para el funcionamiento de ese orden estatal”47. Sólo una discusión pública libre sobre asuntos de interés general asegura la libre formación de la opinión pública, que se representa en el Estado democrático liberal, necesariamente “pluralista”, en el antagonismo de los diferentes motivos, a su vez antagónicos por diferentes motivos, pero donde en todo caso, las ideas presentadas libremente, se consuman en argumentaciones y contraargumentaciones. A cada ciudadano se le garantiza en el art. 5, párrafo 1, frase 1 de la Ley Fundamental el derecho de participar en esa discusión pública.

La prensa, junto con la radio y la televisión, son los instrumentos más importantes para la formación de la opinión pública; la libertad de prensa goza por consiguiente, de conformidad con el art. 5, párrafo 1, frase 2 de la Ley Fundamental, de una protección específica como derecho fundamental.

3. C) La sentencia “Los soldados son asesinos” 48

Esta es una de las sentencias más relevantes de los últimos años sobre la liber tad de expresión en Alemania. La sentencia resuelve varios recursos de amparo acumulados, en relación a varias sentencias penales por agravios en contra de las fuerzas militares federales y de algunos soldados en particular mediante expresiones como “los soldados asesinos” o “los soldados son potenciales asesinos”. Durante unas maniobras militares de la OTAN en 1988, el recurrente (un estudiante) se mostró consternado ante el despliegue de tropas y de medios militares, y colgó una pancarta en la que se decía “A soldier is a murder”. Un oficial militar ordenó retirar la pancarta y denunció al estudiante. Estamos ante un caso sobre la relación entre la libertad de opinión y la protección del derecho al honor, en relación con una aseveración colectiva sobre los soldados.

En su sentencia, el TCF federal alemán dice que las expresiones debido a las cuales el recurrente fue sancionado por agravio, gozan de la protección del art. 5, párrafo 1, frase 1 de la Ley Fundamental. Esta norma constitucional da a cada persona el derecho a expresar y difundir su opinión en palabras, escritos e imágenes. Las opiniones, a diferencia de las declaraciones sobre hechos, se caracterizan por la actitud subjetiva de quien se expresa sobre algo49. Éstas comprenden su opinión sobre asuntos, ideas o personas. A esa posición personal se dirige la protección del derecho fundamental.

Existe esta protección, por tanto, independientemente de si la expresión se funda racional o emocionalmente o no es infundada, y si es considerada como útil o dañina, o sin valor, por los otros50. La protección se dirige no sólo al contenido de la expresión, sino también a su forma. El que una afirmación sea formulada en forma polémica o injuriante, no la sustrae del ámbito de protección del derecho fundamental51. Protege, además, la elección del lugar y momento para llevar a cabo la expresión. El que se expresa no sólo tiene el derecho de hacer pública su opinión, también le está permitido elegir aquellas circunstancias que le prometen una mayor difusión o el mayor efecto a la manifestación de su opinión.

En el caso de las expresiones a causa de las cuales el recurrente fue sancionado por entender que se consideraban un agravio, se trata de opiniones protegidas plenamente por el derecho fundamental. Con sus expresiones de que los soldados eran asesinos o potenciales asesinos, los recurrentes no se referían a unos soldados en particular, que en el pasado hubieren cometido un asesinato. Expresaban un juicio sobre los soldados y sobre la profesión de soldado, que obliga bajo deter minadas circunstancias a dar muerte a otros seres humanos. Por tratarse de la existencia de un juicio de valor, y no de la afirmación de unos hechos, el BVerfG entiende que no son competentes los tribunales penales.

El BverfG entiende que, al castigar penalmente esas expresiones, se está configurando una intervención (una injerencia) en el ámbito de protección del derecho fundamental a la libertad de opinión.

Aclara el TCF alemán que, como ya había dicho en otras ocasiones, el dere cho fundamental a la libertad de opinión no goza de una protección ilimitada. Existen algunas reservas. En este caso concreto, se entiende que entre ellas está el §185 del Código Penal alemán52 (Strafgesetzbuch, StGB), en el cual se basan las sentencias impugnadas. Pero para poder dictar una sentencia condenatoria, las disposiciones utilizadas, sin embargo, deben ser acordes y ser interpretadas y aplicadas de conformidad con la Constitución53. El BVerfG no cuestiona la constitucionalidad del mencionado §185, pero sí el modo de interpretarlo y de aplicarlo a este caso concreto.

El planteamiento del TCF alemán parece que se inclina hacia el criterio de la ponderación de derechos (como en otras sentencias, BverfGE 88, 203 (aborto) y BverfGE 107, 339 (prohibición del NPD)54. Inicialmente, el BVErfG dice que ha de decidirse qué derecho tiene “mayor peso” para resolver el problema de la ponderación (BVerfGE 93, 266, C III, 1 y 2). Pero, como acertadamente sostie nen Aláez y Álvarez, lo que acaba haciendo el Tribunal es una delimitación de los derechos al honor (arts. 2.1 y 1.1 GG) y a la libertad de expresión (art. 5.1 GG).

Aplicando la jurisprudencia previa del tribunal, se entiende que las expresiones “los soldados son asesinos” o “asesinos en potencia” se insertan dentro del objeto del derecho fundamental. Pero este derecho está sometido a límites, y uno de ellos es el derecho al honor, que corresponde a las personas individuales (y no a una institución, que en el caso concreto sería el ejército). El caso de las instituciones sería diferente, pues hablaríamos de su prestigio, que puede constituir un bien jurídico susceptible de tutela de protección penal55. Como vemos, el TCF no está llevando a cabo tanto una ponderación de derechos como una delimitación del contenido de los mismos. El TCF reconoce que la interpretación y aplicación de la ley penal es asunto de los tribunales penales.

Pero si se trata de leyes que limitan la libertad de opinión, se tiene que respetar, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional Federal, el derecho fundamental que la norma pretende restringir, para que pueda seguir conservando el significado valorativo, también en el plano de la aplicación legal56.

En el apartado C, III, 2 de la Sentencia vuelve a hablar el Tribunal de una “ponderación concreta”. Así, en relación con la aplicación de la legislación común (en este caso los §§185 y ss. del StGB) a casos individuales, el art. 5.1 de la Ley Fundamental exige una valoración de los perjuicios que amenazan la honra personal de una parte, y la libertad de opinión de la otra, para lo cual se deben tener en cuenta todas las circunstancias esenciales57. El resultado de esa ponderación no se puede anticipar de manera general y abstracta, debido a que tiene que atenderse caso a caso. Sin embargo, en la jurisprudencia se ha desarrollado una serie de puntos de vista que pretende establecer los criterios para la evaluación en concreto.

Así, afirma que la libertad de expresión debe ceder ante el derecho al honor tanto cuando la conducta expresiva atenta contra la dignidad humana58 como cuando las manifestaciones sean, por su forma, denigrantes (presentándose enton ces como injurias formales)59. Y ello porque la dignidad humana, como fuente de todos los derechos fundamentales, no es susceptible de ser ponderada con ningún derecho fundamental en particular. Pero si no se puede clasificar la opinión como una intervención en la dignidad humana ni como un agravio formal o una injuria, entonces habrá de tenerse en cuenta para la ponderación la gravedad del perjuicio ocasionado al bien jurídico en cuestión. Sin embargo, en esto no juega ningún papel, a diferencia de lo que ocurre cuando se aseveran hechos, el que las críticas sean legítimas o que los juicios de valor sean “correctos”60.

Lo que es relevante en este supuesto para determinar o no la prevalencia del derecho a la libertad de expresión frente al derecho al honor es si las conductas expresivas sirven o no a la formación de una opinión pública libre (C, III, 2). Hay que diferenciar, por tanto, si en el marco de una controversia privada se hace uso del derecho fundamental a la libertad de opinión con miras a obtener un interés personal, o en relación con un asunto que afecta la opinión pública. Si, en el caso de una opinión discutible, se trata de un informe dirigido a la formación de la opinión pública, entonces, de conformidad con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional Federal, se favorecerá, por presunción, la libertad de expresión61. En definitiva, si la manifestación de esa opinión, la propia actuación expresiva, sirve para formar la opinión pública libre, debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión62. Para poder apartarse de esta posición se requiere de una justificación que tenga en cuenta el significado constitutivo de la libertad de opinión para la democracia, y que se enraiza en la anterior regla de presunción.

Esta tesis ha sido reiterada recientemente en un interesante caso en el cual, el propietario de una empresa que se dedicaba a al comercio electrónico por internet, alegó una violación de su derecho al honor, al recibir críticas (según él, insultantes y abusivas) de un antiguo socio de la empresa, que las había insertado en el co rrespondiente apartado de la página web en el que se podían incluir comentarios públicos por parte de los clientes, para evaluar el servicio o los productos vendidos. El BVerfG rechazó la petición de amparo, al entender que estos comentarios del antiguo socio respondían a un interés general de los clientes, para que pudiesen tener los elementos de información suficientes63.

En este ejercicio de ponderación de derechos, el TCF establece otras dos reglas para llevarla a cabo:

En primer lugar, debe atenderse al significado objetivo de la manifestación (en este caso, “soldados asesinos”), teniendo en cuenta el contexto, y no el contenido subjetivo del emisor ni del destinatario64. El objetivo de la interpretación judicial es la determinación del sentido objetivo de una declaración. El sentido lo determina el contexto lingüístico de la declaración susceptible de discusión, y las circunstancias que la rodean, en la medida que éstas sean reconocibles por el receptor.

En segundo lugar, el TCF subraya que para analizar el sentido de la declaración deben cumplirse los requisitos del art. 5.1, frase 1, de la LFB, y por eso este aspecto está sujeto a la revisión del Tribunal Constitucional Federal, y en especial cuando se trata, como en el caso de sentencias penales, de una profunda intervención en los derechos fundamentales65. La revisión se hace dentro de su propio ámbito de competencia66. El TCF revisa sólo si el tribunal ha desconocido el significado y envergadura del derecho fundamental a la libertad de opinión. A partir de ahí, una vez justificada su actuación en este caso, el BverfG necesita encontrar alternativas a la interpretación seguida por los tribunales que habían juzgado previamente la cuestión, en el sentido de considerar que los soldados habían sido equiparados a asesinos en potencia desde el punto de vista jurídico- penal67. Como sostienen Aláez y Álvarez, este segundo elemento es el que realmente le es útil al TCF para solventar el caso, pues estaríamos ante una manifestación concreta de la doctrina de la interpretación favorable al ejercicio de los derechos fundamentales, que exige que los tribunales elaboren una jurisprudencia que haga eficaz la dimensión subjetiva de los derechos, para evitar un efecto desaliento sobre la consideración de cada uno de esos derechos fundamentales68.

Partiendo de estas premisas, el Tribunal procura delimitar en qué supuestos el derecho al honor puede actuar como límite del derecho a la libertad de expresión, y por ello decíamos que más bien lo que lleva a cabo es una delimitación del contenido de los derechos, y no una ponderación69. En este sentido, analiza si se ha podido deducir una lesión del derecho al honor individual de los soldados, y lo distingue de las expresiones dirigidas a las Fuerzas Armadas alemanas. Admi te, no obstante, el Tribunal, la dificultad de separar el efecto que puede a veces producirse de que una crítica a una institución (las Fuerzas Armadas) signifique también una lesión al honor de sus integrantes (los soldados). Pero afirma que cuanto mayor sea el colectivo al que van dirigidas esas expresiones, menores posibilidades se dan de que puedan afectar al honor individual de sus miembros70.

Las expresiones críticas vertidas sobre instituciones públicas están amparadas por la libertad de expresión, que además en este caso tendría una protección especialmente intensa. Asimismo, estas opiniones pueden estar formuladas persiguiendo una apelación a la responsabilidad personal de quienes integran estas instituciones, de modo que también se esté pretendiendo contribuir a la conformación de una opinión pública libre71. En estas argumentaciones se basa el BVerfG para reprochar a los tribunales ordinarios no haber realizado una delimitación adecuada de los bienes jurídicos en liza en el enjuiciamiento de los supuestos planteados.

4. Límites de la libertad de expresión y de información

Como dice M. Roca72, hay dos tipos de límites: los inmanentes (los que se derivan de la protección de otros derechos fundamentales u otros bienes protegidos por la Constitución) y los específicos (que son los propiamente indicados en el art. 5.2 de la LFB, es decir, los establecidos por las leyes generales, la protección a la juventud y el derecho al honor.

Dentro de estos límites mencionados en el art. 5 de la GG, en ocasiones se admiten restricciones por causa de la función o la profesión que desarrollan deter minados funcionarios públicos. Es el caso de los soldados del ejército alemán. El Tribunal Constitucional Federal alemán afirma73 que el valor especial contenido en el derecho fundamental de la libertad de opinión en la democracia liberal conlleva ciertamente una presunción básica de la libertad de expresión en todas las esferas, principalmente, en la vida pública74. Para el caso de los soldados, sin embargo, de conformidad con el art. 17 a de la Ley Fundamental, en el marco de los requisitos del servicio militar (véase §6 frase 2 SG) y con la finalidad de conservar la capacidad funcional de las fuerzas armadas federales75, se permite restringir, además de otros, también el derecho fundamental a la libertad de opi nión mediante deberes establecidos en la ley.

En cuanto a la libertad de información, merece la pena destacar la sentencia sobre Videograbación de audiencias judiciales76. En ella se dice que el derecho a revelar una fuente de información no se deriva ni de la libertad de información consagrada en el art. 5.1, frase 1 de la LFB, ni de la libertad de radio prevista en el art. 5.1, frase 2 de la LFB. Sobre el acceso a la fuente de información y las modalidades del mismo, deciden quienes cuentan con un derecho de disposición.

Una intervención del derecho fundamental puede afectar el ámbito de protección de la libertad de información solamente cuando se ha permitido el acceso de manera general a una fuente informativa.

El derecho fundamental consagrado en el art. 5.1, frase 1, abarca un derecho de acceso (dirigido en contra del Estado77); éste tiene aplicación cuando una fuente de información -que cae dentro del ámbito de responsabilidad estatal- se encuentra destinada al acceso público (autorizado jurídicamente) y el Estado niega el acceso. Si el legislador establece el tipo de acceso a los acontecimientos estatales y con esto la dimensión del acceso a esas fuentes de información, enton ces ésa será la extensión del ámbito de protección de la libertad de información. Si los medios de comunicación tienen acceso con la finalidad de informar, pero en forma plenamente legal, con excepción de la toma y difusión de tomas de televisión y radio, esta limitación no puede considerarse como una intervención en los derechos fundamentales.

A partir de ahí, se reconoce que las audiencias judiciales son fuentes de información. El legislador -en el marco de su competencia para reglamentar el proceso judicial- decide sobre su acceso por parte del público. De acuerdo con esto, toda persona puede tener acceso a las audiencias de los tribunales, en la medida que no se haya contemplado excepción alguna. Dentro de los favorecidos se encuentran también los representantes de los medios de comunicación, que podrán ver y oír, y se encuentran autorizados para difundir la información con ayuda de la prensa, la radio y otros medios electrónicos.

La prohibición contemplada en el §169, frase 2 de la Ley de Organización de los Tribunales78(Gerichtsverfassungsgesetz, GVG), para las grabaciones y tomas televisivas y radiales, así como para las grabaciones y tomas fílmicas, con el objeto de transmitirlas al público o de publicar su contenido, no afecta a las publicaciones que llevan a cabo los medios de comunicación en forma indirecta, que se hacen posibles con la ayuda de las técnicas para realizar tomas y hacer transmisiones.

El legislador federal ha hecho uso, por tanto, de su derecho de disposición en forma tal que el acceso general se encuentra permitido sólo a aquellos que quieren seguir las audiencias judiciales en los espacios que se han previsto para tal efecto.

El Tribunal Constitucional entiende que el principio de publicidad, aunque es básico en un estado democrático79, no excluye algunas limitaciones80. En el caso de las audiencias judiciales, el BVerfG justifica que la publicidad no sea ilimitada, puesto que a ella se le contraponen importantes intereses. Entre éstos se encuentra el derecho a la personalidad de los que participan en el proceso (art. 1.1, en relación con el art. 2.1 de la Ley Fundamental), el derecho de los participantes a un debido proceso (art. 2.1, en relación con el art. 20.3 de la Ley Fundamental)81; así como la aptitud funcional de la Administración de justicia, especialmente de la búsqueda de la verdad y la legalidad82.

De acuerdo con dicha interpretación, el BVerfG entiende que la exclusión contemplada en el §169, frase 2 de la Ley de Organización de los Tribunales (Gerichtsverfassungsgesetz) de las grabaciones de televisión, de radio y de sonido durante las audiencias judiciales, es compatible con la Constitución.

Por último, con relación al límite que suponen los derechos de la personalidad y, en concreto, el derecho al honor, destacaremos la sentencia sobre los asesina tos de soldados de Lebach83. En este caso, el recurrente participó en un crimen grave, conocido como “el asesinato de soldados de Lebach”, que fue objeto de un proceso penal con jurados.

El recurso de amparo se dirige en contra del rechazo de una solicitud del recurrente para que se dicte una decisión provisional a través de una providencia en un tribunal civil. Mediante esta decisión provisional, se le debía prohibir a la ZDF -Zweites Deutsches Fernsehen- la emisión de un documental que ella había producido, en la medida en que se representaba al recurrente o se mencionaba su nombre.

El BverfG reconoce que una emisora de radio o de televisión puede invocar, en principio, para cada emisión, la protección del art. 5.1, frase 2 de la Ley Fundamental. La libertad de radio afectaría tanto la selección del material que se va a presentar, como también la forma que se elija para la emisión. Sólo cuando la libertad de radio entra en conflicto con otros bienes jurídicos, pueden entrar en juego los intereses que se persiguen con la emisión en concreto, la forma y tipo de la presentación, y el efecto que se persigue o se prevé.

Las disposiciones de los §§22 y 23 de la Ley de Propiedad Artística ofrecen suficiente espacio para una ponderación de intereses, que tenga en cuenta el efecto irradiante de la libertad de radio de conformidad con el art. 5.1 de la Ley Fundamental, de una parte, y la protección de la personalidad de conformidad con el art. 2.1 de la Ley Fundamental, de la otra. Con todo esto, ninguno de los dos valores constitucionales puede reclamar la supremacía. En el caso particular, la intensidad de la intervención en la esfera de la personalidad se debe ponderar frente al interés del público por la información.

Puesto que se trata en este caso de reportajes sobre delitos graves de actualidad, el interés del público por la información adquiere prevalencia, en general, respec to de la protección de la personalidad del delincuente. Sin embargo, además de considerar la inalienabilidad de la esfera más íntima de la vida, se debe respetar el principio de proporcionalidad; de ahí que no siempre sea admisible el nombrar, retratar o simplemente identificar al delincuente.

La protección constitucional de la personalidad no admite, sin embargo, que la televisión, más allá de informar sobre cuestiones de actualidad, se ocupe, por ejemplo, en forma de documentales sin límite de tiempo, de la persona y la vida privada del autor de un crimen.

Una información o un reportaje emitido con mucha posterioridad es en todo caso inadmisible, si éste es susceptible de causar, frente a la información actual, un perjuicio nuevo o adicional al autor del hecho. Especialmente cuando pone en peligro su reinserción en la sociedad (resocialización). Se supone la puesta en peligro de la resocialización cuando se hace un programa sobre un crimen, identificando al autor del hecho, luego de que éste ha sido puesto en libertad o está a punto de serlo.

5. Conclusiones

El artículo 5 de la LFB reconoce y garantiza tres libertades diferentes: la libertad de opinión, en los apartados 1 y 2, y la libertad artística y científica, en el apartado 3. A su vez, dentro de la libertad de opinión, en general, hay varios derechos y libertades fundamentales específicos: el derecho a expresar libremente la propia opinión; la libertad de información, la libertad de pren sa, la prohibición de la censura previa, la libertad de radiodifusión (radio y televisión) y la de cinematografía. Estos derechos y libertades tienen dos tipos de límites: los inmanentes (los que se derivan de la protección de otros derechos fundamentales u otros bienes protegidos por la Constitución) y los específicos (que son los propiamente indicados en el art. 5.2 de la LFB), es decir, los establecidos por las leyes generales, la protección a la juventud y el derecho al honor.

La jurisprudencia constitucional alemana sobre la libertad de opinión o de expresión forma parte del corpus doctrinal que ha ido construyendo el Tribunal Constitucional alemán sobre los derechos fundamentales en general. Y si por algo se caracteriza esta construcción jurisprudencial es por su capacidad de abstracción de los casos concretos, lo cual facilita que otros tribunales puedan fijarse, como decíamos al inicio de estas líneas, en la doctrina que ha ido generando el BVerfGE, para, en su caso, trasladarla a otros ordenamientos jurídicos.

De un enunciado tan escueto y contundente como el de la Grundgesetz (GG) deduce el Bundesverfassungsgericht una amplia protección para distintos titulares de estos derechos, haciendo un especial hincapié en la importante función de la prensa libre, no sujeta a directrices de las autoridades públicas ni a censura, en una democracia moderna.

Por otro lado, en un Estado social y democrático de Derecho, estructurado de modo plural, cualquier opinión, también aquellas que difieren de las concep ciones predominantes, es digna de protección. En una democracia, afirma con contundencia el Tribunal Constitucional Federal alemán, la libertad de expresión tiene carácter constitutivo. Esto le lleva a dar preferencia a la libertad de expresión en casi todos los casos, incluso en ocasiones de un modo quizá incomprensible para los ciudadanos, lo cual ha supuesto críticas en los medios de comunicación.

Es probable que la historia alemana pese también a la hora de llevar a cabo esta ponderación de derechos, casi siempre favorable a la libertad de opinión, de modo que se ha bautizado, acertadamente, esta disposición del Tribunal con la expresión "Im Zweifel für die Meinungsfreiheif (en caso de duda, a favor de la libertad de opinión)84.

Bibliografía citada

Aláez, Benito, y Álvarez, Leonardo (2008): Las decisiones básicas del Tribunal Constitucional Federal alemán en las encrucijadas del cambio de milenio (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales). [ Links ]

Alexy, Robert (1997): Teoría de los Derechos Fundamentales (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, primera reimpresión). [ Links ]

Brugger, Winfried (2003): “Verbot oder Schutz von Haßrede”, en Archiv des Öffentlichen Rechts (128), pp. 372y ss. [ Links ]

Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, de la Universidad de Palermo (Argentina) {fecha de consulta: 15 de diciembre de 2017}. {Disponible en: Disponible en: http://www.palermo.edu/cele/libertad-de-expresion/jurisprudencia/alemania.html }. [ Links ]

Epping, Völker (2004): Grundrechte (Springer, Berlin-Heidelberg). [ Links ]

Di Fabio, Udo (1997). “Produkte als Träger fremder Meinungen- Zum Beschluss des BVerfG Warnhinweise auf Tabakverpackungen betreffend”, en Neue Juristische Wochenschrift, pp. 2863 y ss. [ Links ]

Fohrbeck, Till (2015): Wunsiedel: Billigung, Verherrlichung, Rechtfertigung: das Verbot nazistischer Meinungen in Deutschland und den USA, Schriften zum öffentlichen Recht; Duncker & Humblot, Berlin. [ Links ]

Glaeser, Walter Schmitt (1988): “Die Meinungsfreiheit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, Archiv des offentlichen Rechts (113), pp. 52-100. [ Links ]

Grimm, D. (1995): “Die Meinungsfreiheit in der Rechtsprechung des Bundes verfassungsgerichts”, en Neue Juristische Wochenschrift (NJW, 48), pp. 1697-1705. [ Links ]

Groppi, Tania (2013): “El uso de precedentes extranjeros por parte de las cortes constitucionales”, en VV.AA., Constitución y democracia. Ayer y hoy. Libro homenaje a Antonio Torres del Moral, Universitas, vol. III . (Madrid, CEPC), pp. 3103-3117. [ Links ]

Groppi, Tania (2013): “El papel de los tribunales en el control de las medidas contra el terrorismo internacional: ¿hacia un diálogo jurisprudencial?”, en Revista de Derecho Político, (N° 86, enero-abril 2013), pp. 309-356. [ Links ]

Hernández Valle, Rubén (2008): El Derecho de la Constitución (2 tomos, San José de Costa Rica, Editorial Juricentro). [ Links ]

Hochhuth, Martin (2007): Die Meinungsfreiheit im System des Grundgesetzes (Mohr Siebeck, Tubinga). [ Links ]

Hong, Mathias (2010): “Haßrede und extremiste Meinungsäuerungen in der Rechtsprechung des EGMR und nach dem Wunsiedel-Beschluß des BVerfG”, en Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (70), pp. 73 y ss. [ Links ]

Hoppe, Bernd (1991): “Die ‘allgemeinen Gesetze’ als Schranke der Meinungsfreiheit”, JuS, pp. 734 y ss. [ Links ]

Landa, César (2002): “Teorías de los derechos fundamentales”, en Cuestiones Constitucionales (N° 6, enero-junio 2002), (Ciudad de México, UNAM), pp. 49-71. [ Links ]

Lerche, Peter (1995): “Aktuelle Grundfragen der Informationsfreiheit”, en Jura, pp. 561 y ss. [ Links ]

Nogueira Alcalá, Humberto (2011): “El uso de las comunicaciones transjudiciales por parte de las jurisdicciones constitucionales en el derecho comparado y el chileno”, en Estudios Constitucionales, (año 9, núm. 2), pp. 17-76. [ Links ]

Nogueira Alcalá, Humberto (2013): “El uso del derecho y jurisprudencia constitucional extranjera y de tribunales internacionales no vinculantes por el Tribunal Constitucional chileno en el período 2006-2011”, enEstudios Constitucionales , (año 11, N° 1), pp. 221-274. [ Links ]

Pegoraro, Lucio; Figueroa Mejía, Giovanni. (2017): “Las citas doctrinales en las sentencias de los tribunales constitucionales. Especial análisis de aquéllas incorporadas en los pronunciamientos de acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia mexicana”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, (N° 147, 2017). [ Links ]

Pegoraro, Lucio (2013): “Derecho nacional, Derecho internacional, Derecho europeo: la circulación horizontal y vertical entre formantes”, en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, (N° 17), Madrid, pp. 257-286. [ Links ]

Pegoraro, Lucio (2007): “La utilización del Derecho comparado por parte de las Cortes constitucionales: un análisis comparado”, en Revista General de Derecho Público y comparado, Iustel, (N° 1). [ Links ]

Pieroth, Bodo; Schlink, Bernhard (2002): Grundrechte-Staatsrecht II, (18a. Edición, C.F. Müller, Heidelberg). [ Links ]

Pinto Bastos Junior, Luiz Magno (2007): “Utilización del derecho constitucional comparado en la interpretación constitucional: Nuevos retos a la teoría constitucional”, enEstudios Constitucionales , (Año 5, N° 2, 2007), pp. 251-274. [ Links ]

Reue, Peter (1997): Persönlichkeitsrecht, die Verteidigung der persönlichen Ehre (Frankfurt, Fischer-Taschenbuch). [ Links ]

Roca, María (2014): “Régimen jurídico del Derecho a la libertad de expresión en Alemania”, en Tenorio, Pedro J. (Dir.), La libertad de expresión. Su posición preferente en un entorno multicultural (Madrid, Editorial Wolters Kluwer), pp. 215-244. [ Links ]

Sachs, Michael (2003): Verfassungsrecht II/ Grundrechte (Springer, BerlinHeidelberg). [ Links ]

Seidl, Johannes (2014): Meinungsfreiheit in der Rechtsprechungspraxis des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte, (Tubinga, Mohr Siebeck). [ Links ]

Serna, Pedro y Toller, Fernando (2000): La interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos (La Ley, Buenos Aires). [ Links ]

Slaughter, Anne Marie (2005): A new world order, Princeton University Press. [ Links ]

Starck, Christian (2010): “art. 5. Absätze 1 und 2”, en Von Mangoldt. Klein. Starck, Kommentar zum Grundgesetz, Tomo 1 (6a. Edición, Munich). [ Links ]

Tenorio, Pedro J. y Elías, Cristina (2014): “La libertad de expresión en la Ley Fundamental de Bonn y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán”, en Tenorio, Pedro J. (Dir.): La libertad de expresión. Su posición preferente en un entorno multicultural(Madrid, Editorial Wolters Kluwer,), pp. 191-213. [ Links ]

Torres del Moral, Antonio (2017): Estado de Derecho y democracia de partidos, (Madrid, Ed. Universitas). [ Links ]

Valadés, Diego (2010). “La protección de los derechos fundamentales frente a particulares” en Ferrer Mac-Gregor Poisot, E.; Bogdandy, Armin von; Morales Antoniazzi, M.: La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un Ius cosntitucionale commune en América Latina?. Tomo I (Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM), pp. 681-710. {Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2017}. {Disponible en: Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2894/27.pdf }. [ Links ]

Vergottini, Giuseppe de (2011): Más allá del diálogo entre tribunales. Com paración y relación entre jurisdicciones, (Madrid, Civitas-Thomson Reuters). [ Links ]

Von Pestalozza, Christian-Graf(1963): “Kritische Bemerkungen zu Methoden und Prinzipien der Grundrechtsauslegung in der Bundesrepublik Deutschland”, en Der Staat (vol. 2, núm. 4), pp. 425-449. [ Links ]

Wahl, Rainer (2007): “Aux origines du droit public allemand contemporain”, Revue du Droit Public et de la science politique en France et ä l’étranger, (N° 123), pp. 817 y ss. [ Links ]

Wahl, Rainer (2001): “Das Bundesverfassungsgericht im europäischen und internationalen Umfeld”, en Aus Politik und Zeitgeschichte (37-38), pp. 45-54. {Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2017}. {Disponible en: Disponible en: http://www.bpb.de/apuz/26041/das-bundesverfassungs-gericht-im-europaeischen-und-internationalen-umfeld?p=all }. [ Links ]

Zimmermann, R. (2011): “Die Meinungsfreiheit in der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, en Neue Justiz (Cuaderno 4, pp. 145 y ss.). [ Links ]

1La propia doctrina alemana es consciente de esta capacidad de influencia, como se pone de relieve en Wahl (2001), pp. 45-46.

2Groppi (2013).

3De Vergottini (2011).

4Pegoraro y Figueroa (2017). Pegoraro (2013 y 2007).

5SlaughTER (2005), especialmente el segundo capítulo.

6Nogueira Alcalá (2011), p. 19.

7Groppi (2013); en donde expone que hay sectores de la Corte Suprema de Estados Unidos que se resisten a esta técnica, mientras que otros casos, como el de la Corte Constitucional de Sudáfrica, son ejemplo de amplia utilización del precedente extranjero. Me remito a la amplia bibliografía allí citada.

8Pinto Bastos Júnior (2007), pp. 261-264.

9Las referencias doctrinales a la iuspublicística y a la jurisprudencia alemanas son frecuentes en Latinoamérica y en Asia, por ejemplo. Quizá puede decirse que la Corte Suprema de Estados Unidos es la referencia para los sistemas de control de constitucionalidad difuso, y el Tribunal Constitucional alemán lo es para los sistemas de control concentrado. En la página web del CELE, Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, de la Universidad de Palermo (Argentina), solamente hay jurisprudencia local de dos países: Estados Unidos y Alemania: http://www.palermo.edu/cele/libertad-de-expresion/jurisprudencia/alemania.html

10Landa (2002), pp. 49-71. En concreto, en la página 51 dice lo siguiente: “La dogmática y la justicia constitucionales tienen como desafío pendiente, revisar sus propias fuentes doctrinarias que le permitan otorgar a los derechos fundamentales un rol protagónico en el fortalecimiento del Estado constitucional en América Latina. Para lo cual, se debe investigar atentamente, pero con beneficio de inventario, la propia historia y teorías de los derechos fundamentales que aporta la dogmática europea y en particular la alemana, en la medida que después de la Segunda Guerra Mundial, constituye una fuente ineludible de estudio y desarrollo de los derechos humanos y, que en el actual proceso de globalización político-cultural, resulta válida también presentarla para Latinoamérica”. También son frecuentes las referencias de autores como Rubén Hernández Valle (por ejemplo, en su libro (en dos tomos) El Derecho de la Constitución (2008).

11Nogueira Alcalá (2011), p. 43 y p. 61. También critica la discrecionalidad con las que se cita o no, con algunas omisiones relevantes, sobre todo referidas a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (p. 63). Por otro lado, realiza un análisis más detallado de las referencias del Tribunal constitucional chileno a los extranjeros, entre ellos el alemán, en el período 2006-2011, en Nogueira Alcalá (2013).

12Tenorio y Elias (2014), p. 193.

13BVerfGE 7, 198 (pp. 207 y ss.). Diego Valadés hace referencia a esta y otras sentencias en su trabajo “La protección de los derechos fundamentales frente a particulares” (2010).

14Sobre la libertad de expresión en la jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht, vid. Zimmermann (2011), HochhutH (2007); Grimm (1995), Glaeser (1988). Más recientemente, Fohrbeck (2015).

15Artículo 5 [Libertad de opinión, de los medios de comunicación, artística y científica] Toda persona tiene el derecho a expresar y difundir libremente su opinión oralmente, por escrito y a través de la imagen, y de informarse sin trabas en fuentes accesibles a todos. La libertad de prensa y la libertad de información por radio, televisión y cinematografía serán garantizadas. La censura está prohibida. Estos derechos tienen sus límites en las disposiciones de las leyes generales, en las disposiciones legales adoptadas para la protección de la juventud y en el derecho al honor personal. El arte y la ciencia, la investigación y la enseñanza científica son libres. La libertad de enseñanza no exime de la lealtad a la Constitución.

16PierotH y Schlink (2002), numero marginal 562.

17BVerfGE 20, 162 (pp. 174 y ss.), caso Spiegel, de 5 de agosto de 1966. “Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staates; insbesondere ist eine freie, regelmäsig erscheinende politische Presse für die Moderne Demokratie unentbehrlich”. Vid. también BVerfGE 27, 71 (Leipziger Volkszeitungg), Primera Sala, 3 de octubre de 1969, -1 BvR 46/65-.

18BVerfGE 30, 173 (pp. 191 y ss.), caso Mephisto, de 24 de febrero de 1971.

19Sachs (2003), Capítulo B, 5, número marginal 3. Epping (2004), pp. 77 y ss.

20Esto ha sido discutido en ocasiones por la doctrina alemana, por ejemplo, Pieroth y Schlink (2002), número marginal 552.

21Es la tesis también de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de julio de 1986, caso Lingens vs. Austria.

22BVerfGE 65, 1 (41). Sala Primera, 15 de diciembre de 1983 —1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83—. En esta misma línea, BVerfGE 61, 1, 8 (caso CSU:NPDEuropas), y BVerfGE 90, 1, 15 y ss. (caso Kriegsschuld).

23BVerfGE 7, 198 (207 y ss.) (Lüth Urteil). Un ejemplo práctico del contraste entre distintos modelos de protección de esta libertad lo tenemos en el conflicto diplomático entre Alemania y Turquía, en marzo de 2017, como consecuencia de un video emitido por una cadena de televisión alemana en el que se satirizaba al presidente turco Erdogan, que motivó una queja formal del gobierno turco ante el alemán y la llamada a consultas del embajador. Alemania respondió claramente que la libertad de prensa y de opinión deben ser protegidas y garantizadas en un Estado democrático. Puede verse la noticia en: http://www.dw.com/es/alemanialalibertaddeexpresi%C3%B3nnoesnegociable/a19151564

24“La libertad de comunicación pública en su más rica diversidad (derecho a informar y a obtener información, libertad de expresión, etc.) garantiza la existencia de la opinión pública, sin la cual, al decir del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional español, y es evidente por sí mismo, no puede haber un régimen democrático”. Cfr. Torres del Moral (2017), p. 328.

25BVerfGE 33, 1 (15) (Strafgefangene Urteil —Presos—). Sala Segunda, 14 de marzo de 1972. Más recientemente se ha reiterado esta doctrina sobre las opiniones “emocionales” en la Decisión de la Sala Primera de 10 de marzo de 2017 —1 BvR 2844/13—.

26BVerfGE 90, 241 (247). Sala Primera, 13 de abril de 1994 —1 BvR 23/94—. Se reitera esta doctrina en la Decisión de la Sala Primera de 28 de marzo de 2017 —1 BvR 1384/16—.

27Sachs (2003), Capítulo B, 5, número marginal 7.

28BVerfGE 99, 185 (197), caso Iglesia de la Cienciología. Sala primera, 10 de noviembre de 1998, —1 BvR 1531/96—.

29Brugger (2003); Hong (2010).

30BVerfGE 93, 266 (289). Caso Soldaten sind Mörder. Sala Primera, 10 de octubre de 1995 —1 BvR 1476, 1980/1991 y 102, 221/92-.

31BVErfGE 102, 347 (359), caso “Benetton”, de 12 de diciembre de 2000 (se refería a los conocidos anuncios de esta marca italiana). El Tribunal Supremo federal había considerado, para la prohibición de la campaña, la necesaria protección de los consumidores, de los competidores (impidiendo la competencia desleal) y la propia sociedad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dice que no debía haberse tenido en cuenta solamente la perspectiva del derecho de la competencia, sino que se debía haber profundizado más en el significado y alcance de la libertad de opinión. La misma tesis se reiteró en BVerfGE 107, 275 (Schockwerbung II), decisión de la Sala Primera de 11 de marzo de 2003 —1 BvR 426/02—.

32Sentencia BVerfGE 25, 256. Sentencia de la Primera Sala, del 26 de febrero, 1969, —BvR 619/63—.

33De este modo, el BVerfG declara la conformidad con la Constitución alemana del art. 130, apartado 4, del Código Penal alemán, que sirvió para impedir una serie de homenajes a Rudolf Hess en el lugar donde estaba enterrado (Wunsiedel), en los que se pretendía llevar a cabo una exaltación de la tiranía y el despotismo nacionalsocialista. La defensa del nacionalsocialismo tiene cabida en el ámbito de la libertad de opinión, pero puede limitarse su expresión pública para garantizar la “paz pública”. BVerfGE 124, 300, Sala Primera, 4 de noviembre de 2009, —1 BvR 2150/08-. Sobre este sentencia, Fohrbeck (2015) y Hong (2010).

34BVerfGE 65, 1 (40). Sala Primera, 15 de diciembre de 1983 —1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83—.

35BVerfGE 95, 173 (182). Sala Segunda, 22 de enero de 1997, —2 BvR 1915/91—. Una posición crítica con esta Sentencia la sostuvo Di Fabio, en un artículo publicado en Neue Juristische Wochenschrift, 1997, pp. 2863 y ss.

36Sentencia BVerfGE 7, 198 (207 y ss.). Sala Primera, 15 de enero de 1958.

37Entre los muchos comentarios a esta Sentencia, recomendamos consultar el de HochhuT (2007), en pp. 4 y 5 y pp. 50 y ss.

38Sentencia BVerfGE 12, 113 [Schmid vs. Revista Spiegel]. Sentencia de la Primera Sala, del 25 de enero, 1961, -1 BvR 9/57-.

39Además de la sentencia Lüth, el BVerfG vuelve sobre la misma cuestión en BVerfGE 34, 269 (280 y ss.). Sobre la tesis de la irradiación, merece la pena ver lo que expone Robert Alexy en su Teoría de los Derechos Fundamentales (1997), pp. 507 y ss.

40Puede verse, sobre esta cuestión, Wahl (2007).

41BVerfGE 39, 1 (41).

42Sobre esta cuestión, vid. Starck (2010), número marginal 9, p. 529.

43Alexy (1997), pp. 508-509.

44Fundamentalmente en las Sentencias BVerfGE 54, 129 (138 y ss.), Sala Primera, 13 de mayo de 1980, —1 BvR 103/77—; y BVerfGE 61, 1 (7 y ss.), Sala Primera, 15 de diciembre de 1983 —1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83-.

45Sobre esta configuración, puede verse: Grimm (1995); Hoppe (1991); HochlutH (2007); Reue (1997); Lerche (1995).

46BVerfGE 30, 336 (347), Sala Primera, 23 de marzo de 1971, —1 BvL 25/61 und 3/62-; BverfGE 33, 1(14), Sala Segunda, 14 de marzo de 1972; BverfGE 61, 1 (7), Sala Primera, 15 de diciembre de 1983 -1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83-.

47Sentencia BVerfGE 12, 113 [Schmid vs. Revista Spiegel], en la que se hace referencia también a las Sentencias BVerf GE 5, 85 [205]; 7, 198 [208].

48Sentencia BVerfGE 93, 266. Sentencia de la Sala Primera del 10 de octubre de 1995, —1 BvR 1476, 1980/1991 y 102, 221/92-.

49Vid. BVerfGE 90, 241 [247 y ss.]). Sala Primera, 13 de abril de 1994 —1 BvR 23/94—.

50Vid. BVerfGE 30, 336 (347), Sala Primera, 23 de marzo de 1971, —1 BvL 25/61 und 3/62—; BverfGE 61, 1 (7), Sala Primera, 15 de diciembre de 1983 —1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83—.

51Vid. BVerfGE 54, 129 [138 y ss.], Sala Primera, 13 de mayo de 1980, —1 BvR 103/77—; 61, 1 [7 y ss.]. Sala Primera, 15 de diciembre de 1983 —1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83—.

52Este artículo regula el delito de injurias, y dispone que será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta un año o multa y cuando se cometa por medios violentos será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta dos años o multa.

53Vid. BVerfGE 7,198 [208 y ss.].

54AláEZ y Álvarez (2008), pp. 1040 y ss.

55BVerfGE 7, 198 (209), Sentencia de la Primera Sala, del 15 de enero, 1958; BVerfGE 81, 278 (292 y ss.). El TC español ha adoptado una posición similar a partir de su STC 107/1988, de 8 de junio (FJ 2).

56BVerfGE 7, 198 [209 y ss.], Sentencia de la Primera Sala, del 15 de enero, 1958.

57BVerfGE 7, 198 [212], Sentencia de la Primera Sala, del 15 de enero, 1958 y jurisprudencia reiterada.

58Ya había subrayado esto en la Sentencia BVerfGE 75, 369 (380), Sala Primera, 3 de junio de 1987, -1 BvR 313/85—.

59El Tribunal se remite a las Sentencias BVerfGE 61, 1 (12), Sala Primera, 15 de diciembre de 1983 —1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83—, y BVerfGE 82, 272 (283 y ss.), Sala Primera, 26 de junio de 1990, -1 BvR 1165/89-

60BVerfGE 66, 116 [151], Decisión de la Primera Sala, 25 de enero de 1984 —1 BvR 272/81; BVerfGE 68, 226 [232]).

61BVerfGE 7, 198 [208, 212], Sentencia de la Primera Sala, del 15 de enero, 1958; 61, 1 [11]).

62Así lo había dicho ya el Tribunal en BVerfGE 61, 1 (11), Sala Primera, 15 de diciembre de 1983 —1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83—. También de algún modo en BVerfGE 65, 1 (41), Sala Primera, 15 de diciembre de 1983 —1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83—.

63Decisión de la Sala Primera, de 29 de junio de 2017 —1 BvR 2646/15—. En un sentido parecido, amparando la publicidad que se da en internet a un conflicto que se había producido entre un deudor y su acreedor, por parte de este último, a pesar de que el deudor alegaba que se había lesionado su derecho al honor, vid. Decisión de la Sala Primera de 29 de junio de 2017 —1 BvR 3487/14—.

64BVerfGE 93, 266, C, III, 3.

65Esto lo ha subrayado permanentemente el Tribunal Constitucional Federal (véase BVerfGE 43,130 [136 y ss.], Decisión de la Sala Primera, 7 de diciembre de 1976, —1 BvR 460/72—; 54, 129 [136 y ss.], Sala Primera, 13 de mayo de 1980, —1 BvR 103/77—; 61,1 [6, 9 y ss.], Sala Primera, 15 de diciembre de 1983 -1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83-; 82, 272 [280], Sala Primera, 26 de junio de 1990,-1 BvR 1165/89-; 85, 1 [13 y ss.]), Decisión de la Sala Primera, 9 de octubre de 1991, —1 BvR 1555/88—. Más recientemente, dos decisiones de la Sala Primera, 17 de mayo de 2017 —1 BvR 257/14 y 1 BvR 2150/14—, reiteran esta doctrina, al determinar que los insultos genéricos al cuerpo de la policía, como el acrónimo “A.C.A.B”., asociado a la frase “todos los policías son unos cabrones” en su versión inglesa, están protegidos por la libertad de expresión.

66BVerfGE 18, 85 [92], Decisión de la Sala Primera, 10 de junio de 1964, —1 BvR 37/63—; 85, 248 [257 y ss.], Decisión de la Sala Primera, 11 de febrero de 1992, —1 BvR 1531/90—.

67BVerfGE 93, 266, C, IV, 1. Reiterado de nuevo en las mencionada dos decisiones de la Sala Primera, 17 de mayo de 2017 -1 BvR 257/14 y 1 BvR 2150/14—.

68BVerfGE 93, 266, C, III, 1. Ya había mantenido una posición similar en BVerfGE 7, 198 (208 y ss.), Sentencia de la Primera Sala, del 15 de enero, 1958. Más recientemente se ha reiterado esta doctrina en la Decisión de la Sala Primera de 10 de marzo de 2017 —1 BvR 2844/13—. Puede verse un desarrollo de esta idea de la efectividad de los derechos fundamentales en Pestalozza (1963).

69Sobre las diferencias entre ponderación y delimitación de derechos en la interpretación constitucional y jurisprudencial, véase: Serna y Toller (2000).

70BVerfGE 93, 266, C, IV, 2.

71BVerfGE 93, 266, C, IV, 1. En su voto particular, la magistrada Haas sostiene que es muy difícil otorgar a la expresión enjuiciada (los soldados son asesinos) un significado distinto que no sea lesivo del derecho al honor de los soldados.

72Roca (2014), pp. 232-238.

73Sentencia BVerfGE 44, 197 [Solidaridad de soldados contra planta atómica]. Decisión de la Segunda Sala, de 2 de marzo de 1977.

74Vid. BVerfGE 7, 198 [208], Sentencia de la Primera Sala, del 15 de enero, 1958; 12, 113 [124 y ss.] Decisión de la Sala Primera, 25 de enero de 1961, —1 BvR 9/57—.

75Vid. BVerfGE 28, 243 [292], Decisión de la Sala Primera, 26 de mayo de 1970, —1 BvR 83, 244 y 345/69—.

76Sentencia BVerfGE 103, 44. Sentencia de la Primera Sala, del 24 de enero, 2001, —1 BvR 2635/95, 622/99—.

77Recientemente el BVerfG ha reforzado la posibilidad de expresar sus propias opiniones por parte de los ciudadanos frente al Estado, impugnando decisiones de la Administración sin temor a ser acusados de difamación al defender sus propios intereses. (Sentencia de 24 de julio de 2013 que concede el amparo frente a una sentencia previa del Tribunal de Postdam. Cfr. BVerfG, 1 BvR 444/13, Absatz-Nr. (1-25), http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20130724_1bvr044413.html

78El §169 dispone que: “Las audiencias ante los tribunales son públicas, incluyendo aquéllas en las que se pronuncian las sentencias y autos. Las tomas y las grabaciones para la radio y la televisión, así como las grabaciones y filmaciones con el objeto de ser presentadas públicamente o de publicar su contenido, son inadmisibles”.

79BVerfGE 70, 324 [358]), Sentencia de la Sala Segunda, de 14 de enero de 1986, —2 BvE 14/83 und 4/84—.

80BVerfGE 4, 74 [94]), Decisión de la Sala Primera, de 21 de octubre de 1954, —1 BvL 9/51, 1 BvL 2/53—.

81BVerfGE 57, 250 [274 y ss.], Decisión de la Sala Segunda, de 26 de mayo de 1981, —2 BvR 215/81—.

82BVerfGE 33, 367 [382 y ss.], Decisión de la Sala Segunda, de 19 de julio de 1972, —2 BvL 7/71—; 77, 65 [76]), Decisión de la Sala Segunda de 1 de octubre de 1987, —2 BvR 1434/86—.

83Sentencia BVerfGE 35, 202. Sentencia de la Primera Sala, del 5 de junio, 1973 —1 BvR 536/72—.

84Es el ti'tulo de un arti'culo de Reinher Müller en el Frankfurter Allgemeine Zeitung de 4 de agosto de 2017. Disponible en: http://www.faz.net/-gpf-8k0g5.

Catedrático de Derecho Constitucional. Secretario de la Revista de Derecho Político (http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico). Departamento de Derecho Constitucional. Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Obispo Trejo, 2. 28040 Madrid. Email: cvidal@der.uned.es

Creative Commons License Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons