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Estudios constitucionales

versión On-line ISSN 0718-5200

Estudios constitucionales vol.15 no.2 Santiago dic. 2017

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002017000200331 

Artículos

ASPECTOS CONTROVERTIDOS DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA Y EUROPA: ALIMENTACIÓN HALAL Y CASHER

Controversial aspects of religious freedom in Spain and Europe: halal food and casher

Ángeles Liñán García* 

*Universidad de Málaga, (España) alinan@uma.es

Sumario:

1. Introducción. 2. Las prácticas de armonización como herramientas de lucha frente a la discriminación. 3. La alimentación como fenómeno social, cultural y un signo de identidad, 4. Las repercusiones jurídicas y económicas y sociales de las prescripciones o prohibiciones alimentarias conforme a creencias. 5. Conclusiones.

Resumen:

Dentro del amplio contenido que posee el Derecho fundamental de libertad religiosa, centramos nuestra atención en las cuestiones jurídicas, económicas y sociales que generan las peticiones, especialmente, de la población que profesa la fe del Islam de que sus peculiaridades alimentarias por motivos religiosos sean tenidas en cuenta en un entorno cultural europeo diverso. En los primeros momentos del fenómeno migratorio estas peticiones pasaron casi inadvertidas. Sin embargo, actualmente el asunto requiere un tratamiento específico debido a su gran dimensión práctica que traspasa el ámbito puramente espiritual. Por tanto, en este estudio reflexionamos sobre las soluciones que los poderes públicos ofrecen a las personas que al estar preocupadas en observar estas obligaciones alimentarias demandan menús adaptados a sus requerimientos religiosos en centros estatales o cuando tales prescripciones colisionan con las legislaciones internas de los países, en asuntos relativos al sacrificio de animales, su transporte, producción, transformación y conservación de los mismos.

Palabras clave: Libertad religiosa; alimentación Halal; alimentación Casher; identidad cultural; certificación alimentos Halal y Casher

Abstract:

Within the broad content of the fundamental right of religious freedom, we focus our attention on the legal, economic and social issues generated especially by the population who profess the faith of Islam that their religious characteristics are taken into account account in a diverse European cultural environment. In the first moments of the migratory phenomenon these requests went almost unnoticed. However, in our day, the matter requires specific treatment because of the great practical dimension of a matter that transcends the purely spiritual realm. Therefore, in this study we reflect on the solutions that the public authorities offer in their centers to people who, when they are preoccupied with observing these food obligations, demand menus adapted to their religious requirements or when such prescriptions collide with the domestic laws of the countries, in matters relating to the slaughter of animals, their transport, production, processing and preservation.

Keywords: Religious freedom; Halal food; Casher food; cultural identity; Halal food certification and Casher

1. Introducción

El fenómeno de la inmigración acaecido en España y el resto de países europeos, desde hace ya varias décadas, con un incesante y creciente flujo de personas (en su mayor parte musulmanas) con sus costumbres, lenguas, etnias y creencias religiosas -todos ellos elementos de su propia identidad- que han decidido quedarse a vivir con carácter estable en los Estados que les han acogido, muestra una sociedad europea caracterizada por la multiculturalidad y la diversidad religiosa. Por ello, en la actualidad, el hecho religioso y su especificidad, se convierte en un impor tante asunto a tratar en el seno de la Unión Europea por la necesidad de poner en marcha los adecuados mecanismos institucionales que permitan adaptar la gestión de todos los poderes públicos a este cambiante escenario social. Una sociedad en el que la pensamos que la diversidad religiosa debe ser considerada no como un inconveniente, sino como una realidad positiva y enriquecedora y que tiene ser gestionada con herramientas democráticas1. Ya que, precisamente, la calidad de una democracia se mide por la consideración que ésta tenga de sus minorías. Es decir, por su capacidad de gestionar democráticamente su diversidad interna en el respeto de la pluralidad de religiones y creencias de toda su ciudadanía. Por lo que, objetivamente, nos adentramos en la cuestión de los derechos humanos más básicos y fundamentales del ser humano y como tal debe ser tratado2. Por ello, todo sistema democrático tendrá que asumir el respeto pleno de la pluralidad religiosa, más allá de las propias diferencias que su ejercicio pueda desencadenar.

De ahí que -tengamos que insistir- en la enorme relevancia que para el buen funcionamiento de las actuales sociedades democráticas posee el reconocimiento, no sólo de este pluralismo religioso, sino también del respeto a la diferencia. De tal manera que, las Administraciones públicas europeas principalmente, las de

ámbito local están obligadas, a causa de esta presencia, a buscar en el seno de estas comunidades a personas que los representen, con las que puedan discutir los diferentes asuntos que sean de interés común3. Hasta tal punto, que, como en su momento, ya manifestó el profesor Motilla: “en España y el resto de países europeos, habrán de prevalecer medidas dirigidas a facilitar el diálogo con las comunidades islámicas para resolver sus necesidades religiosas y sociales que sean razonables y que evite que los musulmanes se sientan ciudadanos de segunda clase. Ello, permitirá su integración en el modelo europeo de convivencia, basa do en la separación, no excluyente, entre política y religión, y en el respeto y la integración de la diversidad conforme con los derechos humanos y las libertades fundamentales”4 y hará posible la integración pluriconfesional5.

Esta es la dirección que nos marcan los numerosos convenios, informes o convenios de carácter político elaborados en el seno de organismos internacio nales como:

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) con la Declaración de principios sobre la Tolerancia (aprobada por la Conferencia General de la Unesco celebrada en París del 25 de octubre al 16 de noviembre de 1995) en la que sus Estados Miembros preocupados por el incremento de los actos de intolerancia, violencia, terrorismo, xenofobia, naciona lismo agresivo, racismo, antisemitismo, exclusión, marginación y discriminación perpetrados contra minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, refugia dos, trabajadores migrantes, inmigrantes y grupos vulnerables de la sociedad, se reafirman en su fundamental tarea de desarrollar y fomentar el respeto de los Derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinciones por raza, género, lengua, origen nacional, religión o discapacidad, así como en la lucha contra la intolerancia, mediante la puesta en marcha de programas e instituciones en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en la que los Ministros de Asuntos Exteriores de los 55 Estados miembros de la Unión (en la undécima reunión del Consejo ministerial celebrada en Maastricht en diciembre de 2003) manifestaron claramente su compromiso de fomentar la tolerancia y luchar contra cualquier forma de discriminación. Por ello, se instó a los distintos Estados miembros a declarar la condena pública de los actos vio lentos por motivos de intolerancia y discriminación de la forma más apropiada al nivel adecuado y de la manera apropiada, los actos violentos motivados por la discriminación y la intolerancia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965 que afirma que la “Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos los Estados Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa mediante la Recomendación R (97) 20, aprobada el 30 de octubre de 1997, y la Recomendación 7, de 13 de octubre de 2002, de política general acerca de la legislación nacional para luchar contra el racismo y la discriminación racial.

Mucho más reciente, en el año 2013 se produjo un avance crucial en la lucha contra el racismo y la intolerancia. En ese año, la Organización de los Estados Americanos (OEA) elaboró dos documentos trascendentales: la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Ambas convenciones fueron adoptadas por la Asamblea General para cumplir con la tarea encomendada en el año 2000 por sus Estados miem bros al Consejo Permanente de que trabajasen en la elaboración de un “Proyecto de Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar el Racismo y toda forma de Discriminación y otras formas conexas de Intolerancia, tanto en el espacio público como en el privado que al tener un carácter vinculante para América Latina afianza, precisa los postulados democráticos y especialmente, los principios de la igualdad jurídica y de no discriminación”, así como los derechos y las obligaciones específicas que los diferentes Estados que se adhieren a ella asumen respecto a cada uno de los colectivos en riesgos de sufrir un trato discri minatorio e intolerante.

Todos los documentos recalcan la obligación de respetar y fomentar la di versidad. De tal manera, que es necesario persuadir a quienes toman decisiones -las distintas administraciones públicas en el ámbito internacional y europeo (nacionales, regionales o locales), a los diversos actores en la sociedad civil y el sector privado, de que es importante promover e invertir en la diversidad cultural como componente central del desarrollo sostenible, la cultura de paz, el goce de las libertades y los derechos humanos y del fortalecimiento de la democracia, la ciudadanía y el disfrute de la vida en comunidad. Por ello, todos los Estados deben adoptar posturas respetuosas con la diversidad cultural y religiosa y prestarles una atención específica para su apropiada gestión conforme a sus respectivos marcos constitucionales. Todo ello, en orden a asumir e implementar proyectos o políticas inclusivas que permitan prevenir y resolver los potenciales conflictos ciudadanos en orden garantizar la necesaria y deseada cohesión social de la comunidad musulmana en su entorno6.

2. Las prácticas de armonización como herramientas de lucha frente a la discriminación

Es un hecho que uno de los grandes desafíos que, inevitablemente, tienen que afrontar todos los Estados democráticos es conseguir una adecuada gestión de la diversidad en su espacio público -entendida en el sentido más amplio de la palabra. Para ello, deberán conseguir la creación de nuevos puntos de encuentro que limen diferencias y fomenten la comunicación entre culturas, grupos sociales y, en general, entre todas las personas que forman parte de una sociedad plural.

Por ello, cada Estado europeo de -motu proprio- o ante las demandas direc tamente planteadas por estas comunidades religiosas, deberán aportar oportunas soluciones para evitar que las personas que profesan unas determinadas creencias religiosas (y las comunidades a las que pertenecen) puedan sufrir algún tipo de discriminación directa o indirecta. Tal como se recoge, explícitamente, en numerosas normas internacionales o constitucionales. En concreto, en España se alude al principio de igualdad y de no discriminación en su artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Sin embargo, en Europa esta tarea la han hecho con respuestas heterogé neas -al ser, también, distintas las interpretaciones que realizan del principio de libertad religiosa y de separación entre Estados e iglesias-. Lo que ha generado alguna que otra polémica entre los propios partidos políticos, las diversas ad ministraciones públicas y, en general, en la sociedad civil europea. Con lo cual, como ya han señalado diferentes analistas, parece que estas iniciativas políticas puestas en marcha para disipar conflictos deben desplazarse poco a poco, hacia el marco de relaciones internacionales que establecen los Estados europeos con los países musulmanes y han de ser objeto de una atención política mucho más intensa7.

Por ello, siguiendo el interesante trabajo de Ruíz Vieytez, es evidente que tendremos que ampliar nuestro campo de visión. Ello permitirá tener en cuenta otras respuestas ofrecidas en otros contextos jurídicos que han dado resultados muy positivos. De tal manera que, si analizamos el asunto desde la perspectiva del Derecho comparado, constataremos como, prácticamente, todos los países occidentales han desarrollado explícitas o tácitas políticas pluralistas. Aunque, como pauta general, tendríamos que hacer hincapié en el hecho de que los enfoques multiculturales han sido resueltos de manera más favorable en los entornos políticos anglosajón y nórdico. Concretamente, en países como Canadá, Australia y Suecia, que son referentes claros en materia de políticas de multiculturalidad.

Así, Canadá en 1982 aprobó la Carta de Derechos y Libertades de Canadá que declaraba que: debería ser interpretada de una manera adecuada para la preservación e impulso del patrimonio multicultural de los canadienses. Unos años más tarde, en 1988, promulgaría la denominada Ley canadiense sobre el multiculturalismo.

Algo parecido realizó Australia en 1989 con su Programa Nacional para una Australia Multicultural en el que desplegó tres grandes cauces de actuación pública:

El reconocimiento y respeto y el derecho a una identidad cultural;

La garantía del derecho a la justicia social de todos los grupos;

Una relación positiva entre la promoción del multiculturalismo y la buena marcha de la economía australiana.

En el ámbito europeo, Suecia considerada el paradigma a seguir por el resto de países como modelo de Estado de bienestar desde el año 1975 ha venido adoptando la política multicultural en base a tres principios fundamentales:

La igualdad de todos los ciudadanos y grupos;

La libre elección de identidad;

El principio de asociación en virtud del cual tanto la mayoría como las distintas minorías se ven beneficiadas por la mutua colaboración8.

En resumen, en el enclave de la gestión democrática de la diversidad religiosa o cultural y tomando como ejemplo estos modelos, pensamos que tendrán que ser utilizados de forma ineludible, tanto las “competencias interculturales (que a “grosso modo” podemos definirlas como: aquellas técnicas o habilidades que permiten identificar, comprender y valorar adecuadamente comportamientos, actitudes y expectativas de las personas pertenecientes a otros entornos culturales) como las denominadas “prácticas de armonización” que son técnicas de gestión de situaciones o supuestos específicos en los que surgen los potenciales conflic tos o diferencias de percepción motivados por la pertenencia a una determinada identidad cultural o religiosa9 para alcanzar la necesaria integración social en entornos plurales.

Ahora bien, cuando acudimos a la aplicación de las prácticas de armoniza ción como técnica de gestión de la diversidad, debemos tener en cuenta que contienen tres figuras que responden a estadios distintos entre las que pode mos elegir, según cuáles sean las circunstancias y el tipo del supuesto concreto a solucionar. Estas son: Los acuerdos informales, los ajustes concertados y el acomodo razonable.

Los acuerdos informales. Utilizamos esta técnica cuando no estamos en presencia de un problema jurídico, sino más bien de un problema de conviven cia social. Por tanto, la solución del conflicto depende únicamente de la buena voluntad de las partes implicadas y es resultado de un proceso de negociación o mediación. De ahí que, de llegar a un acuerdo, éste tan sólo obligará a las partes implicadas en el mismo, salvo que decidan elevarlo a la categoría de contrato o que una institución pública resuelva plasmarlo en una determinada norma jurídica.

El ajuste concertado. Si recurrimos a esta técnica, en teoría estaríamos fuera del ámbito jurídico. Con ella, se intenta dar respuesta a una situación par ticular en la que se ve vulnerado un derecho o la prohibición de discriminación indirecta. Lo normal es que el derecho afectado sea el derecho fundamental de libertad religiosa. No obstante, también pueden entrar en juego otros derechos fundamentales como el derecho al honor y a la propia imagen, a la educación, a la vida privada y familiar, etc. Con ella, la solución del conflicto se lleva a cabo a través de medios no coercitivos y que no afectan más que a las partes implicadas. En la práctica, esta herramienta corrige que el ejercicio de un derecho fundamental pueda verse indirectamente afectado por una regulación jurídica que aparentemente, parecía neutra10.

El acomodo razonable. Cuando empleamos esta técnica estamos ante un último estadio. Se trata de una herramienta más compleja que las anteriores. Es una figura jurídica que tiene sus antecedentes en Estados Unidos. Concretamente, en la Civil Rights Act de 1964 aplicable en el ámbito de las relaciones laborales11. Después, se extendió a Canadá que la utilizaría por primera vez en 198512. Dicha técnica es una consecuencia directa de dos principios básicos en cualquier sociedad democrática avanzada. Esto es, del principio de igualdad y del principio de no discriminación. Los que han estudiado el tema en profundidad afirman que admite tres acepciones distintas: coloquial, genérico y técnica-jurídica.

Coloquial, toda vía de arreglo que es usada para solventar un conflicto de tipo social, cultural o religioso.

Genérica, se trata de adaptar una norma genérica para aminorar o, en su caso, eliminar el impacto (negativo) que esta norma puede tener sobre un derecho o libertad plasmada a nivel constitucional.

Técnica-jurídica, que será el sentido que tendremos que utilizar en el asunto a tratar. Es utilizado por los tribunales cuando estima que ha de adoptar medidas razonables para armonizar una acción o inacción con una determinada demanda de garantizar el ejercicio de un derecho fundamental en plena igualdad jurídica que el resto de ciudadanos. Por tanto, no se trata de una expresa formulación legislativa, sino más bien de una cuestión que es una consecuencia directa de la aplicación del principio de igualdad y del principio de no discriminación.

Lógicamente, para nuestro objeto de estudio la acepción que resulta más idó nea es la técnica-jurídica, que es una consecuencia inmediata del derecho a la no discriminación. Por tanto, consiste en adoptar medidas razonables para armonizar una acción o inacción con una determinada demanda de ejercer un derecho, a menos que ello cause una carga excesiva. Por lo que “su reconocimiento supone aceptar excepciones a la aplicación uniforme de la ley o, dicho de otro modo, supone aceptar la pluralidad en la aplicación de las leyes”13.

3. La alimentación como fenómeno social, cultural y un signo de identidad

La alimentación es un asunto complejo y diverso. Ya que los valores atribui dos a la comida, lejos de limitarse al ámbito estrictamente nutritivo y sanitario, están supeditados a múltiples condicionamientos de tipo: geográfico, climático, social, económico y, sobre todo, a manifestaciones de carácter religioso. Es un fenómeno social, cultural y un signo de identidad para millones de personas. De tal manera que la conducta alimentaria de la mayoría de las personas es predecible al depender, básicamente, de factores culturales y religiosos. Por tanto, es normal que en casi todas las religiones o sistemas de creencias encontremos de forma, más o menos articuladas, un conjunto de normas que contienen recomendaciones, prohibiciones o ritos de carácter alimentario o dietético de obligado cumplimiento para toda la comunidad y/o específicamente para determinados miembros de la misma. Y esto porque consideran que es una forma más de comunicarse con su Dios y de ser fieles a su fe siguiendo sus preceptos. Además, del resultado de la presión que la comunidad islámica ejerce sobre sus miembros con la finalidad de que no descuiden sus obligaciones religiosas por ser un poderoso instrumento de socialización de cada uno de aquéllos, que evita su aislamiento y permite su alejamiento de las costumbres occidentales14.

Por ello, todas las religiones, en mayor o menor medida, se han preocupado siempre por el cuerpo, para utilizarlo o para negarlo15. Hasta el punto de que la exigencia o la negativa a poder consumir determinados alimentos o la restricción de los mismos a una determinada cantidad es algo considerado como un expo nente de la identidad de los miembros de una comunidad religiosa e imagen del buen creyente, respecto de aquellos que no lo son.

Así, las manifestaciones de prescripciones alimentarias conforme a creencias las hallamos en todas las iglesias o confesiones religiosas. Por ejemplo:

El cristianismo desde antaño cuenta con ciertas reglas alimenticias. En el caso de la iglesia Católica el Código de Derecho Canónico de 1983, por los que se rigen los cristianos del Rito Latino, los cánones: 1250, 1251 y 1252, respectivamente, establecen las pautas a seguir en este sentido. En ellos, se aluden dos formas oficia les de prácticas penitenciales: la abstinencia y el ayuno. Tres, si incluimos el ayuno Eucarístico de una hora antes de la Comunión. A pesar de que, en la actualidad, la observancia del ayuno y la abstinencia en las vísperas de las festividades religiosas más importantes especialmente, durante la Cuaresma (el Miércoles de Ceniza y los viernes venideros), parecen no ser ya tan estrictamente respetadas por la inmensa mayoría de los católicos. Sin embargo, algunos nuevos movimientos católicos como las Comunidades Neocatecumenales acatan dichos preceptos de forma escrupulosa como un signo de reafirmación de su propia identidad y sus creencias.

También la iglesia Cristiana Ortodoxa contempla la abstinencia y el ayuno. Una pauta común es abstenerse de comer -productos animales cárnicos, lácteos- y del mismo aceite cuando el ayuno es más estricto. Los días de ayuno son los miércoles y los viernes, los períodos anteriores a la Pascua y Navidad, de las fiestas de San Pedro, San Pablo y la Asunción de la Virgen.

Igualmente, para la iglesia Anglicana el Miércoles de Ceniza es celebrado como un día de especial devoción y disciplina, pues da inicio al Santo Tiempo de Cuaresma. Durante el día Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma, se recomienda la oración, el ayuno y la abstinencia de comer carne hasta el ocaso del día. Sólo se excluye de estas practicas a los enfermos, los ancianos y los niños menores de siete 7 años de edad.

En el mismo sentido, la iglesia Adventista del Séptimo Día, iglesia adscrita a la Federación de Entidades Evangélicas de España, presenta importantes peculiaridades en cuanto a su alimentación. Recomienda llevar una dieta lo más saludable posible y abstenerse de alimentos inmundos identificados en las Escrituras. Por tanto, dado que el uso de bebidas alcohólicas, el tabaco, y el uso irresponsable de drogas y narcóticos son dañinos para la salud, obligan a abstenerse de con sumirlos. En su lugar, los creyentes deben participar en cualquier cosa que eleve sus pensamientos y cuerpos a la disciplina de Cristo, quien desea para los que le siguen la salud completa, el gozo y el bienestar.

El budismo prohíbe el alcohol y otros productos que crean dependencia como el tabaco y el café. Los monjes de la escuela Theravada se abstienen de consumir carne y no consumen ningún alimento sólido después del mediodía. No obstante, no todos los budistas son vegetarianos.

En el caso de la comunidad musulmana, de acuerdo con los preceptos religiosos del Corán y la Sunna que establece un código normativo con todo lo que un buen musulmán debe respetar en la práctica diaria del Islam, tanto a nivel individual como colectivo16. Uno de ellos es el estado de tahara o pureza del individuo en el que el creyente ha de encontrarse para la realización de determinados actos espirituales. En dicho estado, adquieren una gran relevancia las pautas relativas al régimen alimenticio alimentación Halal, ya que su incumplimiento por parte del fiel supone que tenga que purificarse. Así, desde un punto de vista amplio, significa halal todas aquellas prácticas que están permitidas por la ley Islámica. Todo lo que es saludable, ético no abusivo. Si concretamos un poco más dicho concepto al ámbito alimentario, halal serían aquellos alimentos aptos para el consumo de los musulmanes. Por el contrario, haram se identifica con lo que es ilícito o prohibido consumir.

En lo que se refiere a la comunidad judía este código alimentario se deno mina alimentación Casher17. Sus pautas a seguir se han extraído del conjunto de leyes judías que determinan qué alimentos se pueden consumir o no y la forma en que ha de ser preparados. Estos grandes principios de la alimentación figuran en la Torá, libro sagrado formado por los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que comprende: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio.

En definitiva, todas estas prescripciones están contenidas, en su mayor parte, en las azoras del Corán (para la comunidad islámica) o en las reglas del cashrut (para la comunidad hebrea), mantenidas inalterables en el tiempo y en las que distinguen entre alimentos lícitos e ilícitos y, por tanto, aptos o no para su con sumo por el creyente18.

4. Las repercusiones jurídicas, económicas y sociales de las prescripciones o prohibiciones alimentarias conforme a creencias

En el caso que nos ocupa son las obligaciones alimentarias del Islam y Judaísmo (contenidas en sus libros sagrados) las que ocasionan que los entes públicos tengan que tomar medidas de diversa índole sobre el asunto. Principalmente, por el notable aumento de fieles que profesan el Islam, que ahora viven en Europa y que mantienen su intención de no renunciar a ellas y cumplir a diario con sus preceptos religiosos19. Esto, les ha llevado a manifestar abiertamente, de forma organizada y reiterada, sus exigencias para que se articulen las medidas necesarias para que sus prescripciones alimenticias sean respetadas, tanto por las diferentes entes públicos de los distintos Estados en que residen, como por su ciudanía en general. Con lo cual, en la práctica, se producen múltiples efectos que no tienen una índole estrictamente religiosa, sino más bien de carácter jurídico, económico y social.

4.1. Repercusiones jurídicas

Esta necesidad del creyente de dar estricto cumplimiento a tales prescripciones

prohibiciones alimentarias conforme a sus creencias y de intentar no ingerir ninguno de los alimentos prohibidos en los establecimientos públicos en los que se pueden encontrar por una relación de sujeción especial (centros penitenciarios, centros hospitalarios, centros educativos, etc.), ha hecho necesario que se diseñen políticas públicas y modelos de gestión que sean respetuosos -en la medida de lo posible- con las exigencias religiosas de los usuarios de dichos centros. Y, con ello, ser coherentes con los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico recogidos, principalmente, en los artículos: 1, 1; 9,2; 10,1; 14 y 16, 2° y 3°, respectivamente, de nuestra Constitución y, especialmente, del artículo 2 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad religiosa, en orden a que se reconozcan y respeten las diversas peticiones de sus ciudadanos para que se pueda ejercitar en su plenitud esta pluralidad cultural y religiosa. También hay que decir al respecto que en el ámbito europeo encontramos numerosos documentos en que se reconoce el Derecho de libertad religiosa. Por citar algunos y sin carácter exhaustivo: 1° Carta de París para una nueva Europa (Organización para la Seguridad y Coo peración en Europa, 21 de noviembre de 1990); Comentario general del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (20 de julio de 1993); el Protocolo N° 11 de 11 de mayo de 1994 en su art. 2, 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos; Convención Marco para la protección de las minorías nacionales (Consejo de Europa,

de febrero de 1995); la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Consejo Europeo, diciembre de 2000/C364/01), etc.

a) Establecimientos hospitalarios. La alimentación hospitalaria es sumamente importante para la curación de los pacientes que se encuentran inmersos en un proceso asistencial. Por ello, en estos centros se establecen recomendaciones ge nerales a tener en cuenta como:

Que las empresas con las que se contrate el suministro del servicio de alimentación ofrezca menús adecuados a los diferentes preceptos religiosos.

Que se establezcan y regularicen procedimientos que permitan conocer y atender las peculiaridades alimenticias de los usuarios en este sentido.

Que todas las demandas de adaptaciones de menús por motivos religiosos sean registradas para cuantificar el volumen y regularidad de las mismas y, por tanto, planificar la adaptación del servicio.

Que se brinde a los pacientes la información lo más detallada posible sobre la composición de los menús en las bandejas dispensadas20.

No obstante, como advierte Rossel, la ausencia de acuerdos concretos en este sentido, no significa que no puedan ofrecer por parte de las administraciones de los centros públicos hospitalarios “comida halal” cuando los pacientes de esta confesión religiosa previamente lo soliciten. Con ello, simplemente, estarían dan do cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.4 del Acuerdo de Cooperación firmado con la Comisión Islámica de España:

“En los establecimientos militares y en todos aquellos centros públicos en los que estén internos o presten servicios los musulmanes: la alimentación y el horario de comidas en estos centros procurará adecuarse a los preceptos religiosos islámicos siempre que haya solicitud previa del interesado”.

b) En establecimientos penitenciarios. En este aspecto es necesario tener en cuenta lo dispuesto a nivel europeo en los artículos 46 y 47, respectivamente, de la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre Reglas penitenciarias europeas (de 12 de febrero de 1987), relativas a la ayuda religiosa y moral (art. 46: “Cada interno debe ser autorizado, en la medida de lo posible, para atender las exigencias de su vida religiosa, espiritual y moral, participando en los servicios o reuniones organizadas en el establecimiento y teniendo en su posesión los libros o publicaciones necesarias”).

Igualmente, en España la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria de 26 de septiembre (tomando como referencia el artículo 25.2 de nuestra Constitución sobre las penas privativas de libertad), que en su artículo 3 afirma:

“La actividad penitenciaria se ejercerá con respeto a la personalidad humana de los recluidos y a los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sin que sea posible establecer diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza’”21.

Por tanto, entre estos derechos, se ha de entender incluido el derecho fun damental de libertad religiosa y sus diversas manifestaciones como reconoce expresamente el artículo 54:

“La Administración garantizará la libertad religiosa de los internos y facilitará los me dios para que dicha libertad pueda ejercitarse. Así, toda persona internada en un centro penitenciario goza plenamente del derecho de libertad religiosa, sin perjuicio de que su ejercicio pueda verse restringido por las limitaciones inherentes al cumplimiento de la pena y a la relación jurídica penitenciaria”.

Y, especialmente, el art. 21,2:

“La Administración proporcionará a los internos una alimentación controlada por el médico, convenientemente preparada y que responda en cantidad y calidad a las normas dietéticas y de higiene, teniendo en cuenta su estado de salud, la naturaleza del trabajo y, en la medida de lo posible, sus convicciones filosóficas y religiosas”.

En el mismo sentido, hay que hacer alusión al artículo 230 del Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero) que en el Capítulo III del Título IX, relativo a las prestaciones de la Administración Penitenciaria, regula dicho derecho y dispone:

Todos los internos tendrán derecho a dirigirse a una confesión religiosa registrada para solicitar su asistencia siempre que ésta se preste con respeto a los derechos de las restantes personas. En los centros podrá habilitarse un espacio para la práctica de los ritos religiosos”.

“Ningún interno podrá ser obligado a asistir o participar en los actos de una confesión religiosa”.

“La Autoridad penitenciaria facilitará que los fieles puedan respetar la alimentación, los ritos y los días de fiesta de su respectiva confesión, siempre que lo permitan las dispo nibilidades presupuestarias, la seguridad y vida del Centro y los derechos fundamentales de los restantes internos”.

“En todo lo relativo a la asistencia religiosa de los internos se estará a lo establecido en los acuerdos firmados por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas”.

También, se alude a la cuestión en los acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos de 1978 en su artículo IV:

“El Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y otros centros similares, tanto privados como públicos”.

Y, finalmente, en los artículos 9 de los respectivos Acuerdos de Cooperación firmados por el Gobierno español con la Comisión Islámica de España y con la Federación de Comunidades Israelitas de España.

No obstante, comprobamos que el texto de estos artículos, al igual que ocurre con otras materias, no es lo suficientemente explícito como para que podamos deducir claramente que exista un derecho subjetivo del recluso a exigir de la administración del centro tal prestación. Es más, su deficiente redacción no deja claro cuál es realmente el compromiso asumido por la administración. Ya que, como señala Rossell de la expresión utilizada “se procurará adecuar a los preceptos religiosos islámicos...”, se pueden deducir varias posibilidades: o bien, que hay que suprimir el menú que ofrece la carne de cerdo, o bien que hay que elaborar un menú específico para el recluso musulmán conforme a lo establecido en la Ley islámica.

En el primer caso, la administración del centro no debería poner excusas a la petición del interesado. Pues, si es posible respetar la alimentación de un celíaco, un diabético o, simplemente, de aquellas personas que siguen un régimen especial por estar convalecientes de una enfermedad, de la misma manera, ha de estar previsto -si se avisa con suficiente antelación- sustituir la carne de cerdo por otros alimentos.

En cambio, la otra posibilidad, es decir, elaborar un menú halal conlleva una mayor dificultad. Pues, no basta con que éste no contenga carne de cerdo. Ade más, tiene que elaborarse sólo con productos que tengan dicha certificación y que sean manipulados de forma adecuada. Lo que supone que el centro público tendrá que tener empleado un cocinero que conozca todas estas particularidad o, cuando menos, una autoridad religiosa que certifique que dicho menú es halal. Por tanto, esta solución implicaría un gasto adicional para la administración del centro, que podría no estar dispuesta a asumir, salvo previa solicitud de los interesados y, siempre que resulte -tal como dice el propio acuerdo- posible sin grave incomodo para la administración22.

Lo que nos induce a pensar -como ya ha puesto de manifiesto la doctri na- que se firmaron de manera precipitada y prematuramente23. Realmente, estas deficiencias detectadas en los acuerdos, quizás, se hubiesen estudiado con detenimiento todos y cada uno de los asuntos que en un futuro cercano estarían llamados a solucionar.

Posteriormente, la Administración española con el objeto de atender a la necesidad de desarrollo del artículo 9 de los respectivos acuerdos de cooperación firmados por el gobierno español con la Comunidades Evangélicas, Islámicas e Israelitas de España elaboró el Real Decreto 710/2006 (de 9 de junio). Sin embar go, de su lectura no se desprende ningún avance significativo en cuanto al tema.

Centros de internamientos de menores. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores establece en su artículo 56, párrafo 1° que: "todos los menores internados tienen derecho a que se respete su propia personalidad, su libertad ideológica y religiosa, y los derechos e intereses legítimos no afectados por el contenido de la condena ’. Además, en su párrafo 2° apartado d, incide en: "el derecho que poseen los menores al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, religiosos, económicos y culturales que les correspondan, salvo cuando sean incompatibles con el objeto de la detención o el cumplimiento de la condena ’.

En el mismo sentido, el Real Decreto 1774/2004 (de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de esta Ley Orgánica 5/2000), contempla, en su ar tículo 39, el derecho del menor a la asistencia religiosa. Por ello, conforme a esta normativa, cualquier menor internado en un establecimiento de este tipo tendrá derecho a dirigirse a una confesión religiosa inscrita en el Registro de Entidades Religiosas para solicitar asistencia religiosa y no podrá ser obligado a asistir o participar en los actos de otra confesión religiosa.

Asimismo, este artículo dispone que la entidad pública facilitará a los menores que puedan respetar la alimentación, los ritos y las fiestas de su propia confesión, siempre que ello sea compatible con los derechos fundamentales de los otros internos y no afecte a la seguridad del centro y al desarrollo de la vida en el mismo.

En establecimientos militares. La Ley 17/1999 del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas recoge el derecho de los militares evangélicos, judíos y musulmanes a recibir asistencia religiosa de su confesión, en los términos pre vistos en los respectivos Acuerdos (Disposición Final cuarta, Ap. 5°). Los pactos firmados con las confesiones religiosas no católicas prevén la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas en condiciones equiparables a las de la Iglesia Católica (art. 8). Y, en concreto, el acuerdo firmado con la Comisión Islámica de España establece una declaración genérica de que en los establecimientos militares y en todos aquellos centros públicos en los que estén internos o presten servicios los musulmanes: la alimentación y el horario de comidas en estos centros procurará adecuarse a los preceptos religiosos islámicos, siempre que haya solicitud previa del interesado (artículo 14.4)24.

e) En centros docentes públicos de enseñanza o privados concertados. La Ley Or gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, reconoce el derecho de los alumnos en los centros públicos de enseñanza a recibir las dietas alimenticias religiosas conforme a lo dispuesto en el artículo 14.4 del Acuerdo de cooperación firmado con la Comisión Islámica de España:

“La alimentación de los alumnos musulmanes de los centros docentes públi cos y privados concertados que lo soliciten, se procurará adecuar a los preceptos religiosos islámicos, así como al horario de comidas durante el mes de ayuno (Ramadán)”. Después, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, insiste en que la enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas. Por ello, en la actualidad, en la mayoría de las escuelas públicas y privadas concerta das se les proporciona al alumnado musulmán que lo solicite una alimentación respetuosa con sus creencias religiosas.

De tal manera que, el centro escolar evitará suministrar alimentos pro hibidos por su religión a estos alumnos, máxime cuando sean practicantes y sus padres lo hayan puesto expresamente en conocimiento de la Dirección del centro. Así, en el año 2007 el Ministerio de Sanidad y Consumo y de Educación y Ciencia elaboró una Guía general para la elaboración de menús en centros escolares y promoción de hábitos de vida saludables en la escue la. En ella resalta la necesidad de ofertar en las escuelas menús adaptados a las exigencias de las personas que puedan padecer algún tipo de alergia, intolerancia alimenticia o lo soliciten por motivos religiosos. De esta forma, tanto el alumnado musulmán como el judío pueden solicitar la adecuación de su alimentación a sus convicciones religiosas. Y pensamos que, si éste tiene suficiente madurez (a partir de los catorce años, como presunción iuris tantum), él podría directamente, sin representación de sus padres, plantear la solicitud, como una manifestación del contenido del ejercicio de su derecho de libertad religiosa.

En la misma línea, diferentes Consejerías de Educación de Comunidades autónomas han ido elaborando guías alimentarias donde se alude a esta cuestión y en las que se hacen determinadas recomendaciones sobre el tema.

4.2. Repercusiones económicas

Ultimamente, las empresas han empezado a tener muy en cuenta el asunto por las enormes dimensiones económicas que presenta. Es más, la creciente demanda de productos por parte de los consumidores que se ajusten a estas peculiaridades alimenticias y detectar cada vez más el aumento de población musulmana y del nivel de exigencia de los consumidores que los solicitan.

a) Los mercados Halaly Casher. En España la puesta en marcha del mercado “halal” ha sido mucho más reciente que en el resto de países europeos como, por ejemplo, Francia, Bélgica, Inglaterra o Alemania, donde el fenómeno de la inmigración empezó a sentirse una cuantas décadas antes. En nuestro caso, será a partir de los años ochenta, con la llegada de población de origen africano cuando comienzan a abrirse, de forma incipiente, las primeras carnicerías y pequeños negocios de alimentación que ofrecen -a duras penas- estos productos en distintas localidades españolas bajo demanda individual de los consumidores musulmanes.

Sin embargo, la realidad ha cambiado mucho desde esos primeros años. Pues, recientes estudios estadísticos muestran el hecho de que en nuestro país, actualmente, residen más de un millón y medio de musulmanes. Ya que, según el estudio demográfico de la población musulmana denominado: Explotación estadística del censo de ciudadanos musulmanes en España (de fecha 31/12/2015), elaborado por la Unión de Comunidades islámicas de España, de entre las cinco escuelas reconocidas universalmente, los ritos Malekíy Hanafí (suníes) son los más extendidos en España para la práctica del culto islámico, seguidos en menor medida del Chafeíy del Hanbalí, también Suníes, y del Yafarí (chií). Por lo que, al aumentar el número de los posibles consumidores de estos productos el auge de la industria halal estará asegurado. Ya que, según los cálculos del Instituto Halal dicha industria mueve al año unos tres billones de dólares (2,75 billones de euros) en el mundo. Con lo cual, parece que entra en juego no sólo una cuestión religiosa, sino también económica.

Por ello, en unos momentos de grave crisis económica un nutrido grupo de empresas españolas, en especial, catalanas (de diversos sectores: turístico, agroalimentario, cosmético, etc.), decidieron tramitar los certificados de conformidad de sus productos en el ámbito de la producción, la distribución o la venta con las reglas del Islam. Lógicamente, por la posibilidad que esto les reportaba de abrir nuevos mercados orientados a la exportación (a países como Argelia, Ma rruecos, Arabia Saudí, etc.). También, por el amplio potencial de beneficios que podían generar -en un futuro muy cercano- la comercialización de esta línea de productos. Sobre todo, porque en el caso del negocio de la carne, en la mayoría de las ocasiones, no exige más inversión que la simple contratación de personal musulmán especializado en la empresa que se encargue de las tareas de sacrificio y despiece de los animales.

Así, señala el profesor Rossell que en la normalización de este mercado ha sido trascendental el reconocimiento en el año 2003 por la Oficina Española de de Patentes y Marcas de la Marca de Garantía halal a la Junta Islámica al cumplir con los requisitos establecidos en el articulado de Ley 17/2001, de 7 de diciem bre de Marcas y en los del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la misma, cuyos artículos 68 y 69 en sus distintos apartados son clave en la materia:

Artículo 68. Concepto:

“Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio ".

“No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada marca".

“Será aplicable a las marcas de garantía lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 62".

Artículo 69. Reglamento de uso.

“La solicitud de registro de una marca de garantía deberá ser acompañada de un re glamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán, las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca.

El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. El informe se entenderá favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el órgano administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe desfavorable, se denegará, en su caso, la solicitud de registro de la marca de garantía previa audiencia del solicitante.

Si la marca de garantía consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios pro vengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá utilizar la marca".

Por tanto, el Reglamento de Uso de la Marca de Garantía Halal de la Junta Islámica es un instrumento jurídico eficaz para que la Comisión Islámica Española pueda cumplir con la demanda que reflejó en el Acuerdo y que está reconocido por los distintos estándares de los países árabes, de los países del sudeste asiático y de los reglamentos, tanto a nivel europeo como internacional25.

No obstante, en todo este proceso, ha sido necesario contar con la colaboración no sólo de la comunidad musulmana, sino también del resto de las partes impli cadas en el asunto (administración, asociaciones de consumidores, de defensores del bienestar animal, etc.) que permita conseguir el amplio consenso necesario para salvar los obstáculos que puedan surgir por el camino.

En lo que se refiere al Mercado Casher, se trata de un mercado con un amplio potencial económico que no deja de crecer y que factura alrededor de 600.000 millones de dólares anuales y que tiene como principales puntos de venta a la exportación a países como Israel, Estados Unidos, Francia, Canadá y Argentina. Lógicamente, para poder acceder a estos mercados es necesario contar con una certificación oficial que corrobore que el tratamiento de dichos productos responde a las exigencias de la ley judía.

En España, dicha certificación se ha podido poner en marcha gracias a un acuerdo que ha firmado la Federación de Comunidades Judías de España (FECJ) y la Ortodoxos Unión (OU). Con lo cual, todas las empresas españolas que deseen incorporarse a estos importantes mercados deberán obtener el distintivo kosher antes de ser exportados.

b) Sacrificio de animales y control sanitario de alimentos. En este sentido, te nemos que atender a lo dispuesto en los artículos 14, 3 de los Acuerdos FCIE (Federación de Comunidades Israelitas de España) y CIE (Comisión Islámica de España), que establecen: el sacrificio de animales que se realice de acuerdo con las leyes judías o islámicas tienen que respetar la normativa sanitaria vigente. Por tanto, el sacrificio ritual deberá respetar la normativa vigente relacionada con el estatuto de seguridad animal y alimentaria, higiene alimentaria y etiquetado de productos destinados al consumo humano25.

La Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias que las Comunidades Autónomas tengan en este sentido, desarrollará las siguientes actuaciones conforme a lo dispuesto en la Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que establece: Es función del Estado la determinación de los requisitos sanitarios de las reglamentaciones técnico-sanitarias de los alimentos, servicios o productos directamente o indirectamente relacionados con el uso y consumo humanos (art. 40.2); y el registro sanitario de alimentos y de las industrias, establecimientos o instalaciones que los produzcan, elaboren o importen, que recogerá las autorizaciones y comunicaciones de las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias” (art. 40.3)26.

De igual manera, el RD 147/1993, de 29 de enero, sobre las condiciones sani tarias, producción y comercialización de carnes frescas (Directivas 91/497/CCE y 91/498/CEE, ambas de 29 de julio de 1991) en su artículo 33 relativo a la higiene del sacrificio de los animales establece que: estará prohibido clavar cuchillos en las carnes, limpiar dichas carnes con un paño u otro material e insuflarlas. No obstante, se podrá autorizar el insuflado de un órgano cuando lo exija un rito religioso, aunque en tal caso este órgano insuflado no podrá ser utilizado para el consumo humano. Unos años más tarde, dicho Real Decreto fue modificado, parcialmente, por el Real Decreto 315/1996 de 23 de febrero (conforme a la Directiva 93/119 CE, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los animales en el momento del sacrificio) y desarrollado por el RD 54/1995, de 20 de enero, sobre protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza, en cuyo artículo 5 especifica las condiciones de: conducción, sujeción, aturdimiento, matanza y sangrado de los animales y en su apartado 2° establece que: “en el caso de animales que sean objeto de métodos particulares de sacrificio, requeridos por determinados ritos religiosos, no serán de aplicación los requisitos establecidos en el párrafo c) del apartado 1 que establece que los solípedos, rumiantes, cerdos, conejos y aves de corral introducidos en los mataderos para el sacrificio se les deberá aturdir antes de su sacrificio, o de dar muerte de forma instantánea, de conformidad con las condiciones del anexo C” que declara derogado el Real Decreto 1614/1987, de 18 de diciembre, por el que se establecían las normas relativas al aturdimiento de animales previo al sacrificio (en el que se regula el procedimiento de aturdimiento y matanza de los animales por el que se procedió a efectuar la transposición de la Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza).

En este sentido, hay que tener en cuenta que, en los años noventa, la Unión Europea elaboró una extensa legislación alimentaria, que como vemos sirvió de referencia a nuestra normativa en la materia. Sin embargo, a partir del año 2004 el Consejo y Parlamento europeo adoptó un conjunto de reglamentos y directivas que reestructuraron y actualizaron las normas de higiene de todos los produc tos alimenticios, incluidos los productos de origen animal27, que tiene muy en cuenta la legislación española sobre la protección de los animales en el momento de su sacrificio y que se encuentra recogida en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio que en su el art. 6.3 dispone:

“Cuando el sacrificio de los animales se realice según los ritos propios de Igle sias, Confesiones o Comunidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, y las obligaciones en materia de aturdimiento sean incompatibles con las prescripciones del respectivo rito religioso, las autoridades competentes no exigirán el cumplimiento de dichas obligaciones siempre que las prácticas no sobrepasen los límites a los que se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa”.

En todo caso, el sacrificio conforme al rito religioso de que se trate se realizará bajo la supervisión y de acuerdo con las instrucciones del veterinario oficial28.

Por tanto, como elementos fundamentales en los sacrificios de animales según los ritos islámico y judío podemos advertir los siguientes:

1° Separación de los animales puros e impuros durante todo el proceso (desde el transporte hasta el despiece y expedición). El animal debe estar vivo y sano en el momento del sacrificio.

2° Limpieza de los elementos de elaboración, procesado, transporte y almacenamiento utilizados durante todo el proceso de sacrificio (en el caso de los judíos: kosherización).

3° El matarife debe ser: Musulmán practicante, éste deberá pronunciar Bis- millah wa Allahu Akbar -en el nombre de Allah, Él es el más grande- hacia la Meca (todos los actos trascendentes deben hacerse mirando hacia ella: oración, sacrificios de animales, entierros.. El Shojet (matarife judío formado y que puede dar certificado con diagnóstico del estado de salud interno y externo del animal).

4° Utilización de un corte específico para dar muerte al animal.

5° Extracción total de la sangre (judíos).

Los productos alimenticios comerciales sujetos a inspección rabínica se identifican por símbolos de acuerdo a la institución que realiza la inspección. Se denominan Hejsher. Por ejemplo: Una letra U encerrada en un círculo. Responde a la Unión Ortodoxa, es uno de los más aceptados en el mundo. Diversos diseños con la letra K (de kosher) rodeada de otras letras, gráficos o símbolos los preceptos de la religión judía, y que por tanto se consideran puros y aptos para ser ingeridos por los practicantes de dicha religión30.

Las CIE/FCJE tienen competencia para aplicar y comprobar las condiciones de sacrificio y la capacidad de los matarifes para realizar éste de acuerdo a las leyes judía e islámica. Al mismo tiempo, los responsables de los mataderos deben comunicar a la autoridad competente que se va a realizar este tipo de sacrificios para ser registrado al efecto, sin perjuicio de la autorización prevista en la normativa comunitaria. Se recomienda intentar conocer el volumen de población musulmana y judía. Si la demanda es elevada y si existe matadero municipal:

Incorporar las condiciones necesarias para la realización de los sacrificios rituales previstos en la legislación.

Incluir la realización de sacrificios rituales como requisito en los pliegos de concurso público para las empresas adjudicatarias de los mataderos.

Facilitar la contratación de matarifes musulmanes y/o shojet (especialmente, en los momentos de mayor demanda).

El Reglamento (de la UE) N° 178/2002 explicita, en sus artículos 17 y 18, que los explotadores de empresas alimentarias deberán asegurar que los alimentos que producen cumplen los requisitos de la legislación alimentaria pertinentes a los efectos de sus actividades y verificarán que se cumplan dichos requisitos y su trazabilidad.

A la vista de lo anterior, y habida cuenta de que los requisitos sanitarios se guidos en el proceso de sacrificio se hayan salvaguardado conforme a las normas de aplicación citadas, se hace preciso proteger de manera expresa el derecho de los consumidores a una información veraz y suficiente, respecto de la utilización o no de las prácticas de aturdimiento establecidas en la legislación específica. Se trata de facilitar información al consumidor para que éste, a la vista de la misma, disponga de los elementos que le permitan realizar una elección debidamente informada. Ello responde a las exigencias de información enunciadas en el artí culo 17.1 del Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Lógicamente, también las diferentes Comunidades Autónomas han asumi do funciones de vigilancia e inspección en este sentido. Así, hay Comunidades Autónomas que han acometido la elaboración de regulaciones específicas sobre el tema, mientras que otras, quizás por falta de sensibilidad en este sentido, no lo han hecho. Y, ello, a pesar de que en todas ellas existen numerosos estableci mientos públicos en los que los que se encuentran personas (de origen islámico o judío) que bajo una relación especial de sujeción pueden solicitar que se respete su derecho de libertad religiosa31.

Y, en especial, la propia Ley General de Sanidad atribuye, en su artículo 42,2, apartado d, un importante papel a las corporaciones locales en todo lo relativo al control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y otros productos -directa o indirectamente- relacionados con el uso o consumos humanos, así como los medios de su transporte.

Pero, sin lugar a dudas, son los gobiernos locales los que tienen una mayor implicación a la hora de dar una respuesta adecuada y proporcionada a las peticiones de los consumidores de esta categoría de alimentos por convicciones religiosas, alimentos permitidos y prohibidos que establecen el judaísmo (kosher-no kosher) y el Islam (halal-haram).

Así, son los entes municipales los responsables inmediatos de poder garantizar, en todo momento, el suministro de carne de animales sacrificados de acuerdo a las leyes islámica y judía.

En lo que se refiere a los preceptos de los musulmanes en materia alimenticia, a pesar de que ha aumentado en los últimos años el volumen de industrias cárnicas que ha agregado la producción halal, en circunstancias normales existen grandes dificultades para satisfacer diariamente su abastecimiento en buena parte del territorio español. Aún son escasos los mataderos municipales que han incorporado esta demanda a la que se intenta hacer frente mediante medidas alternativas y provisionales como la apertura de pequeñas carnicerías halal. Y la cuestión se vuelve especialmente difícil de gestionar durante la celebración anual de la Fiesta del Cordero, una de las principales festividades del calendario islámico en el que la demanda de tal alimento se dispara. Por lo que, ante la imposibilidad de reali zar el sacrificio halal en muchos de los mataderos municipales, y la tendencia de una parte del colectivo musulmán inmigrante a reproducir prácticas tradiciones de sus países de origen, está induciendo a buscar soluciones alternativas -como el sacrificio de animales en domicilios particulares o en el campo-, que vulneran toda normativa sanitaria vigente anteriormente aludida. Por ello, con la pretensión de dar una solución adecuada y ajustada a derecho a tales deficiencias, se están llevando a cabo dos tipos de actuaciones:

La primera, en aquellos municipios con un alto porcentaje de población mu sulmana y/o judía, incorporar el sacrificio ritual como requisito en los pliegos de concurso público para las empresas adjudicatarias de los mataderos municipales y adecuar las instalaciones de los mismos.

La segunda, centrada en garantizar el suministro de carne halal durante la celebración anual de la Fiesta del Cordero y en una apuesta decidida por la cooperación con las comunidades religiosas locales mediante la firma de acuerdos o convenios específicos. En todo caso, las respuestas deberán ajustarse al perfil y necesidades concretas de cada uno de los municipios implicados. Por este motivo, se trata de uno de los ámbitos de gestión pública de la diversidad religiosa en los que resulta más pertinente la búsqueda de soluciones supramunicipales29.

c) Certificaciones a la producción, transformación y conservación de los mismos. La certificación Halal. La asociación religiosa denominada Junta Islámica, hace ya más de veinte años proyectó la creación de la Marca de Garantía Halal (ajustado a la Ley de Marcas en España y a la Ley de Marcas de Calidad) con la finalidad primordial de solucionar los problemas que tenía la comunidad musulmana de poder cumplir sus obligaciones alimentarias y garantizar su derecho a una alimentación halal. Finalmente, en 1998 el Instituto Halal puso en marcha la certificación Halal (como un soporte legal que permita realizar acciones legales contra los que pretendan el fraude) para regular, controlar y certificar los alimentos, productos y servicios adheridos a la ®Marca de Garantía Halal y al Reglamento de Uso Halal, destinados al consumo por parte de musulmanes en el ámbito de España, la UE y países de mayoría musulmana. Para obtener dicha certificación es necesario que la empresa en cuestión supere una auditoría en la que se evalúan muestras de los productos tomadas en la misma fábrica, de los productos finales y del personal implicado en los diversos pasos de producción de los mismos.

La certificación Casher es el sistema de control de calidad de los alimentos de acuerdo a las normas hebreas, es decir, productos que cumplen con la normativa bíblica y talmúdica de la ley judía. Para garantizar a los consumidores una carne sacrificada según las prescripciones de la ley judía, la autoridad religiosa la certifica para la confesión judía. La etiqueta casher (aunque es más frecuente la palabra kosher) que reciben ciertos productos alimenticios indica que dichos productos las respetan. Por tanto, pueden ser considerados puros y aptos para el consumo de los judíos. La Federación de Comunidades Judías de España es la única entidad con potestad para supervisar la producción de alimentos kosher, tanto para con sumo interno como para exportación. La Federación ha registrado varias marcas en el Registro de Propiedad Industrial que identifican los productos tanto para exportación como para consumo interno: uno para productos de alimentación kosher o casher y otro para especificar los productos parve30.

4.3. Repercusiones sociales.

Las reivindicaciones de los ciudadanos que pertene cen a una determinada confesión religiosa de que se les reconozcan prestaciones de este tipo para cumplir con sus obligaciones religiosas no son una circunstancia especial. Es algo que está previsto legalmente. Por tanto, consideramos que, para hacer realmente efectivo este derecho, tan sólo es necesario que, tanto a nivel político como social, se llegue al pleno convencimiento de que no es más que una de las múltiples manifestaciones externas de la libertad religiosa. Además, compatible tanto con el principio de laicidad del Estado y con la secularización mayoritaria de las sociedades actuales y, por otra parte, también algo necesario para la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad y que no se vulnere el principio de igualdad y el principio de no discriminación.

Por tanto, la normalización de todas estas cuestiones aportará, sin duda, un valor positivo a la presencia de las personas que son musulmanes o judíos, que ahora residen en España y Europa y que desde siempre han ayudado de forma tan valiosa y estratégica al desarrollo de nuestra economía, cultura y sociedad.

5. Conclusiones

1a. El factor religioso posee una doble dimensión: la interior o individual del creyente y la colectiva o comunitaria, cuyas manifestaciones despliegan múltiples efectos en aspectos jurídicos, económicos, políticos y sociales en una determinada sociedad. Por ello, el fenómeno de la inmigración que ha traído consigo un incesante y creciente flujo de personas con sus diversas costumbres, lenguas, etnias y creencias religiosas, que han decidido quedarse a vivir en Europa con carácter estable, ha hecho necesario que todos los Estados europeos tengan que cuestio narse -cuál sería la nueva orientación que habrían de dar a las relaciones entre el Derecho y la Religión- para que puedan garantizar una pacífica convivencia e integración de estas personas desde el respeto de su diversidad conforme con los derechos humanos y las libertades fundamentales que consiga la necesaria y deseada cohesión social.

2a. En España y el resto de países europeos el fenómeno de la inmigración ha generado una sociedad multicultural y de pluralidad religiosa en la que ya no prevalece la unidad de valores tradicionales propios de la cultura occidental, sino una amalgama de culturas que convergen en un determinado espacio geográfi co, en el que es necesario conciliar todos los intereses que ahora están en juego. Por lo que, profundizar en el estudio de las múltiples manifestaciones (jurídicas, económicas, políticas, sociológicas, etc.) que proyecta, cada vez con mayor intensidad el factor religioso en todas las sociedades actuales y de las soluciones que se van aportando en los distintos ordenamientos jurídicos a los retos que genera su gestión, se convierte en una auténtica prioridad.

3a. Es cierto que los Estados no deben inmiscuirse en la vida religiosa de sus ciudadanos, tan sólo adoptar una postura de neutralidad e imparcialidad frente a todas las convicciones y creencias religiosas que confluyan en su ámbito. También lo es que las particularidades en la alimentación no es una cuestión que genere, por sí sola, una tensión social demasiado grave. Pues, en principio, lo que hacemos en nuestra vida privada de forma cotidiana (costumbres, hábitos, consumir o no determinados alimentos como carne, alcohol, etc.) a nadie le debe importar. Sin embargo, esta apreciación cambia completamente cuando comprobamos que una parte importante de la población vive su religiosidad como el fundamento que guía su concepción de la vida. En cuyo caso, el cumplimiento de las recomenda ciones, prohibiciones, de los rituales de preparación de alimentos o la asociación de los mismos alimentarias a determinadas conmemoraciones o fiestas religiosas, se convierte en una perfecta obligación moral -de ineludible observancia-. Lo que ha supuesto que el debate sobre el sentido de la laicidad de los Estados de mocráticos haya adquirido una nueva dimensión.

4a. Por ello, estimamos que la atención a los sentimientos religiosos de los miembros de una determinada confesión religiosa, en el cumplimiento de sus prescripciones alimentarias por motivaciones religiosas en el ámbito de un centro público estatal, forman parte del contenido esencial del ejercicio del derecho de libertad religiosa (en su dimensión individual y colectiva).Tal y como queda configurado en nuestro ordenamiento jurídico por el juego de los artículos 9.2, 10, 14 y 16, respectivamente, de la Constitución española y el 9 Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros, que garantizan: su satisfacción y protección por los poderes públicos, así como su respeto y tolerancia por el resto de los ciudadanos.

En consecuencia, todos los poderes públicos están obligados, sin excepción alguna, a activar todos los mecanismos necesarios para: facilitar y remover los obstáculos con los que los ciudadanos se puedan encontrar a la hora de ejercitar su derecho de la libertad religiosa. Tan sólo así nuestro sistema democrático legi tima y posibilita la integración pacífica y armónica de las personas que profesan estas creencias en orden a preservar y conservar su identidad cultural basada en motivaciones religiosas.

5a.Las reivindicaciones de los ciudadanos que pertenecen a una determinada confesión religiosa en torno a que se les reconozcan prestaciones de este tipo -no es una circunstancia especial-, sino algo que está previsto legalmente. Por ello, se requiere que se preste en los diferentes centros públicos del Estado en adecuadas condiciones, para que no se violenten sus creencias religiosas. Es más, los distintos supuestos son perfectamente conciliables con el normal desenvolvimiento del sistema de valores y principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Es necesario articular otros instrumentos que permitan profundizar en el talante democrático. Tan sólo así seremos capaces de adaptar nuestras estructuras jurídicas tradicionales a una realidad cambiante y abierta hacia la diversidad.

6a. También conviene recalcar el gran esfuerzo que han venido realizando, en los últimos años, la mayor parte de las Comunidades Autónomas, ayuntamientos y otros organismos dependientes del Estado, con la puesta en marcha de medi das y programas específicos que facilitan el cumplimiento de lo establecido en los convenios que tienen firmados sobre distintas materias: educación, cultura, patrimonio histórico artístico, asistencia religiosa. Y, especialmente, en el marco de sus respectivas competencias con estas confesiones religiosas minoritarias, que ya tenían firmados acuerdos a nivel nacional.

7a A pesar de ello, todavía el grado de cumplimiento por parte de las diferentes Administraciones no es totalmente satisfactorio. Por lo que parece que tendre mos que seguir trabajando para que, en el más breve espacio de tiempo posible, seamos capaces de elaborar una legislación que tome como referente las técnicas del “acomodo razonable” empleadas en otros contextos jurídicos que nos deben servir de referente, den como resultado el consenso de todas las partes implicadas y nos permita construir un modelo completo y sistemático de la gestión de las demandas confesionales sobre el asunto.

8a Quizás, una hipotética nueva ley de libertad religiosa pueda dejar re sueltas todas estas carencias, al establecer una regulación jurídica detallada y lo suficientemente explícita sobre el tema. De ser así, si estaremos en condiciones de poder afirmar que existe un derecho subjetivo del creyente a exigir que en las instituciones públicas la alimentación se adecue a las prescripciones, conforme a creencias de la Ley islámica o de la Ley judía. Y, por fin, los términos empleados en la diferente normativa sobre el tema tengan una plena y efectiva aplicación.

Bibliografía citada

Libros, artículos de revistas y capítulos de obras colectivas citadas

Textos jurídicos citados

Tratados y acuerdos internacionales citados

Leyes orgánicas

Leyes ordinarias

Reales decretos

Jurisprudencia, convenciones, recomendaciones y directivas europeas citadas

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1Ruiz (2012), p. 5.

2Ruiz (2012), pp. 6 y 7.

3Moreras, (2017), p. 65.

4Motilla (2001), p. 14; Combalía (2015), pp. 101-118.

5Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 10 de noviembre de 2005.

6Rossell (2008), pp. 31-35.

7Moreras (2017), pp. 65-68.

8Ruiz (2012), p. 12.

9Ruiz (2012), p. 17.

10Ruiz (2012), p. 19.

11Borges (2011), pp. 47-73.

12Supreme Court Rewiew. Sentencia de 17 de diciembre de 1985.

13Ruiz (2009), p. 8.

14Jiménez-Aybar (2005), p. 640.

15Espeixt (2005), p. 132.

16Rossell (2012), pp. 438; Combalía (2001), p. 24; Martí y Catalá (2001), p. 48.

17Félix (2000), p. 97.

18García y Tovas (2007), pp. 29-36.

19Liñán (2014), pp. 6-10.

20Rossell (2012), p. 145.

21Rodríguez (2009), p. 95.

22Rossell (2012), pp. 462-463.

23Jiménez-Aybar (2004), pp. 631-666.

24Gomes y Hernando (2011), p. 42.

25Leal (2008), pp. 664-665.

26Seglers (2008), pp. 291-318.

27González (2012), pp. 416-418.

28Gorrotxategi (2009), p. 10.

29Gomes y De Larramendi (2011), pp. 101-103; Vidal (2011), p. 179.

30Gomes y De Larramendi (2011), p. 16.

Recibido: 10 de Agosto de 2017; Aprobado: 23 de Agosto de 2017

Subdelegada del Rector para la Igualdad y la Acción Social de la Universidad de Málaga. Doctora en Derecho por la Universidad de Málaga, Licenciada en Derecho canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, Profesora Contratada Doctora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, adscrita al área de conocimiento: Derecho Eclesiástico del Estado. Dirección Postal: Pabellón de Gobierno Adjunto. Campus Universitario de El Ejido. 29071 Málaga, e-mail: alinan@uma.es.

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