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Polis (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-6568

Polis vol.11 no.32 Santiago ago. 2012

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682012000200002 

Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 11, Nº 32, 2012, p. 15-32

LENTE DE APROXIMACIÓN

 

Lo colectivo, lo técnico y lo político: Algunos apuntes sobre la necesidad de la deliberación en la construcción de lo público*

The collective, the technical and the political: some notes on the need to deliberate in the construction of the public dimension

O coletivo, o técnico eo político: algumas notas sobre a necessidade de deliberar na construção da dimensão pública

 

Francisco Báez Urbina

Universidad Arcis, Santiago, Chile. Email: franciscobaezurbina@hotmail.com

 


Resumen: En este documento se intentará argumentar que los procesos deconstitución de provisión de bienes públicos involucran necesariamente un problema de acción colectiva y que el diseño de políticas públicas son procesos decarácter esencialmente político y no técnico, como se promueve desde elneoliberalismo. De esta manera, para ser democráticos y pretendidamente no conflictivos deben ser necesariamente deliberativos.

Palabras clave: Acción colectiva, bienes públicos, movimientos socialesurbanos, democracia deliberativa.


Abstract: This paper will attempt to argue that the process of constitutionof provision of public goods necessarily implies a problem of collective action. Inthis context, the processes of policy-making are essentially a political issue, andnot a technical one, as is promoted by neoliberalism. Thus, in aiming to bedemocratic and non-conflictive, processes must necessarily be deliberative.

Key words: Collective action, public goods, urban social movements,deliberative democracy.


Resumo: Este artigo tentará argumentar que o processo de constituição deprovisão de bens públicos implica necessariamente um problema de ação coletiva.Neste contexto, os processos de formulação de políticas são essencialmente umaquestão política, e não os técnicos, como é promovido pelo neoliberalismo. Destaforma, com o objectivo de ser um processo democrático e não-conflituoso, eledeve ser deliberativo.

Palavras-chave: ação coletiva, bens públicos, movimentos sociais urbanos, democracia deliberativa.


 

Introducción

"Se trata de proponer, escuchar, concertar y cambiar la propia opinión a
fin de formar en común una voluntad mancomunada"
(Sieyes)


Desde una mirada analítica (Hedström y Swedberg, 1998; Boudon1981; Elster 1996, 2007; Bowles & Gintis, 2001; Lizón, 2007), sostenemos que lo social se constituye a partir de la puesta en operación -cooperativa o conflictiva- de los diferentes intereses -individuales o corporadosexistentes dentro del juego social, lo político se configura como el espaciode la resolución centralizada o descentralizada a algunas lógicas problemáticas de acción colectiva,1 y la deliberación de los diferentes agentes seconsidera (o se debiera considerar normativamente) como el ingredientebásico a la hora de definir los objetivos sociales útiles al colectivo en general.2 Intentaremos argumentar: (1) que los procesos de constitución de losocial pueden ser retratados a partir de la provisión de los denominadosbienes públicos (en adelante BP), lo que involucra el problema estándar dela acción colectiva; (2) que el diseño de políticas públicas (como las territoriales, por ejemplo) son -aunque no lo parezcan- procesos de carácteresencialmente político y no técnico, como el neoliberalismo pretende señalar; y (3) que para ser democráticos y pretendidamente no conflictivos loprocesos de diseño de política deben ser necesariamente deliberativos. Eneste sentido, se parte de los supuestos de que (1) los actores involucradosrepresentan intereses individuales o corporados orientados (según la Teoría de la Elección Racional enriquecida motivacionalmente o con explicaciones alternativas,3 en adelante TER, programa de base del marxismo analítico y la Nueva Economía Política) fundamentalmente al beneficio propio, y que (2) dichos intereses deben ser considerados como insumos deprocesos de decisión y acción colectiva mayores, generales y que englobana lo social o a lo nacional en su conjunto (la comunidad nacional, la economía nacional, la ciudad, por ejemplo). Esto es, la acción colectiva entendida en su sentido amplio, es decir, la acción colectiva entendida como laconstitución de lo social o de la comunidad económico-política (en un contexto de base industrial fordista, por ejemplo), y considerando lo urbanocomo su dimensión espacial.

La perspectiva analítica, la acción colectivay la conformación de lo público

Pero partamos de la definición del estilo en la argumentación. Paraello, descifremos los ejes propios de la sociología analítica. La sociologíaanalítica es un programa de investigación social y política -o un estilo dehacerla- que busca explicar causalmente procesos sociales complejosdiseccionándolos en sus componentes fundamentales. Según lo señaladoen el "Manifiesto por una sociología analítica" del Grupo de Trabajo deSociología Analítica de la Federación Española de Sociología FES (también en Aguiar et al, 2009), Peter Hedström, uno de sus principales valedores,sostiene que los rasgos característicos de la sociología analítica, serían: (1)"La precisión en las definiciones y la minimización de la ambigüedad, evitando los juegos de palabras supuestamente ingeniosos y estableciendo connitidez el significado de los términos y conceptos utilizados"; (2) "La preocupación por la inteligibilidad racional del discurso y por el rigor lógicode la argumentación; (…) utiliza un discurso transparente y directo, autodisciplinado, evitando los recursos retóricos innecesarios que no aportaninformación alguna ni hacen progresar el argumento"; (3) "La actitudepistémica racionalista, contraria a toda pose relativista frívola"; (4) "Laopción metodológica por la explicación causal en términos de mecanismosy micro fundamentos, y el intento de erradicación de las (…) "cajas negras" existentes en los discursos habituales de la ciencia social"; (5) "Lanecesidad de tomar en serio los progresos y descubrimientos de las ciencias contemporáneas, de atreverse a considerar su relevancia para las ciencias sociales, y de buscar la integración de éstas dentro de la gran repúblicademocrática de las ciencias (…)"; (6) "La formalización y el uso de modelos como herramientas útiles para la explicación científica, que aportanventajas tales como disciplina, sistematicidad, exhaustividad, economíaintelectual, ahorro de tiempo y esfuerzo, replicabilidad de resultados, yexplicitación clara de supuestos"; y (7) "La exploración de las implicacionesnormativas (…) a partir de la teoría social normativa contemporánea, unida, sin embargo, a la distinción nítida entre posturas ideológicas y posturasepistémicas o metodológicas, que evite convertir la ciencia social en unsimple panfleto ideológico".4

Pues bien, de acuerdo a una perspectiva analítica, y para los acotados fines de este escrito, entenderemos lo social como el campo (público)que se constituye preferentemente por la acción intencional y corporada dedistintos grupos, los que, poniendo en práctica sus decisiones y acciones(basadas en intereses: individuales o corporados, egoístas –basados en preferencias de naturaleza económica- o altruistas -basados en preferencias denaturaleza social-, de próximo o amplio alcance, de corto o largo plazo)junto a las de otros agentes instalados en el entorno territorial y temporalpróximo o no tan próximo (que también pondrán en práctica las propias),irían contribuyendo a generar redes interdependientes de decisiones y deresultados esperados o no esperados –y observados o por observar. Todasellas, configuradas en función de la búsqueda de resultados óptimos paracada parte (García Sobrecases, 2000).

Por otro lado, y si como bien sabemos, las categorías de lo público,de lo común, lo gratuito, lo colectivo, lo estatal, lo político, lo gubernamental, lo social, lo fiscal, no son lo mismo, sostenemos, desde la perspectivaanalítica, que lo que está bajo la conformación de lo social (en abstracto) olo estatal (su reglamentación formal), es la noción concreta de BP, un tipoespecial de bien (un fallo de mercado) que, una vez producido, beneficiaráa toda la comunidad, no sólo a los que pagaron el coste –material o inmaterial- de su provisión o implementación. En efecto, técnicamente los BP oexternalidades (positivas o negativas), son bienes caracterizados por la no rivalidad y la no exclusión. En otras palabras, bienes que pueden ser consumidos paralelamente por un número indefinido de agentes, y que una vezprovistos, producen, disfrute universal del cual, por definición, a nadie sepuede excluir. Además de ello, generan externalidades en su entorno próximo difíciles de controlar desde mecanismos institucionales.5 El problemaes que en ausencia de derechos de propiedad, este tipo de bienes, ademásde que comportan una alta complejidad en cuando a sus impactos y a losinter juegos de las externalidades que provocan, bajo los supuestos de laTER estándar, no generan incentivos para sostener sus propios procesos deprovisión. En este contexto, el denominado problema de los BP (en adelante, el PBP) alude entonces a una estructura perversa de preferencias quecaracteriza el intercambio entre agentes, y que –individualmente- tiende agenerar no cooperación, propiciando resultados ineficientes o sub óptimos.Sin la existencia de incentivos necesarios para la cooperación, se dará elcomportamiento free rider. Que no haya cooperación significará –entonces- la inexistencia de acuerdos de partida para compartir los costes. Enefecto, el PBP alude a una estructura perversa de preferencias que caracteriza el intercambio económico o político entre agentes, y que individualmente tiende a generar no cooperación, propiciando, con ello, resultadosineficientes o sub óptimos.6 En tal sentido, si los BP en general son bienesde baja o nula exclusión (benefician potencialmente al conjunto de la comunidad) y si tienen baja o nula rivalidad (pueden ser consumidos simultáneamente por n individuos), el problema teórico que plantean es el de laactitud recurrente de resistencia u oposición a la cooperación por parte delos agentes frente a sus procesos de suministro. ¿La razón?, desde la TERestándar los BP por sí mismos no generan incentivos a la cooperación, incluso en los casos en los que son de necesidad evidente y patente para lapoblación tomada como conjunto. En otras palabras, el PBP es el problemade intercambio voluntario que se genera cuando, en lenguaje de juegos, laestrategia dominante (es decir, lo racional) es disfrutar colectivamente delos beneficios generados por éste, decidiendo individualmente no cooperaren el pago del coste asignado a su provisión. Lo que equivale a decir, porun lado, que lo que colectivamente es racional, individualmente no lo es;más bien, por el contrario, es completamente irracional. Y, a la inversa, loque es colectivamente es irracional, es individualmente racional. Dicho enclave estrictamente económica: ninguna empresa estará dispuesta a pagarel coste de reducir su producción para subir el precio de un producto determinado, si el resto de las empresas (la competencia) no está dispuesto aasumir el mismo coste. De acuerdo a ello, el PBP es el problema de la nocooperación recurrente de individuos racionales ego centrados y auto interesados que, en el campo de la provisión de bienes de uso colectivo, pretenden gozar de la no exclusividad y la no universalidad de sus beneficiossin haber contribuido a su obtención. Eso es exactamente lo que prevé lateoría estándar cuando señala que, si teóricamente los BP son bienes deconsumo no excluyente7 y de rivalidad baja o media,8 no existirán incentivos necesarios y/o suficientes para que los agentes cooperen en su provisión, situación que provocará que todos se comporten como free riders, es decir, como "viajeros gratuitos". En efecto, puesto que la gente puede consumirlos sin necesidad de pagar por ellos, en el campo de la provisión de BP habrá una tendencia (patrón ubicuo y persistente) a comportarse como un free rider, esperando que sean otros los que paguen los costes (socialesu otros) de su provisión para así poder beneficiarse de él gratuitamente.Ello, con la consecuencia inmediata de que el bien no se produzca o seproduzca pero no en la calidad o en la cantidad demandada. De esta forma,el resultado será una provisión del bien en niveles sub óptimos, es decir,niveles ineficientes desde el punto de vista paretiano (una cantidad menorde la que se hubiera producido en el caso de que todos hubiesen "pagado").De esta manera, los propios supuestos de la teoría económica estándar nosllevan tangencialmente al planteamiento de uno de los fallos del mercadocaracterístico de una situación de intercambio determinada. Es decir, porfalta de cooperación individual, el Estado, en calidad de ente supra individual por definición, debe hacerse cargo de la provisión de bienes de consumo universal, es decir, de aquellos bienes que el mercado no es capaz deproducir ni en la cantidad suficiente ni en la calidad deseada por los consumidores (sean bienes tangibles como una carretera o intangibles como lademocracia liberal).

Pues bien, la presencia ubicua de esta estructura perversa de preferencias representa formalmente un problema de características eimplicaciones centrales para la economía pública y la democracia contemporánea.9 Si el individuo no va a ser excluido del consumo del bien en cuestión, y su estrategia dominante (la estrategia racional o que maximizasu bienestar personal), es claramente no cooperar, el problema de la gestión pública está servido. Así, por ejemplo, ningún agente corporado social o económico (conjunción de agentes individuales o corporadossectorialmente organizados) o barrio de la ciudad (como cúmulo de agentes individuales o corporados territorialmente organizados) estará dispuesto a financiar parte de los costes de la implementación de bienes que seránde utilidad colectiva,10 y el bien no se producirá.

Como vemos, desde el utilitarismo estándar las consecuencias comportamentales obligadas aparejadas a la noción de BP son las categorías de acción colectiva y de no cooperación. Desde esta perspectiva, unaacción colectiva es una acción emprendida por dos o más agentes (individuales o corporados) que, bajo el ánimo de procurarse beneficios compartidos, logran establecer y coordinar esfuerzos comunes. Por el contrario, unproblema de acción colectiva se dará cuando, debido a que los agentesracionales carecen de incentivos para procurar la consecución de un biencolectivo, actúan en beneficio propio y en detrimento de resultados sociales deseables (Elster, 1991, 2006; Olson, 1992; Ostrom, 2000; Lizón, 2007).Consistirá, por tanto, en una situación de intercambio en la que, desde losmecanismos intencionales estándar de la teoría, es mejor para todos quealgunos cooperen en la consecución de los objetivos comunes trazados sean estos cuales sean- a que nadie lo haga. Pero, desde la perspectiva decada uno de los involucrados, aunque pueda ser mejor para todos que todos o algunos lo hagan a que nadie lo haga, siempre será mejor o más rentableno hacerlo, es decir, abstenerse de cooperar y que lo que haya que hacerpara el bien de todos lo hagan otros. En escenarios descentralizados, dicho

problema suele resolverse mediante una secuencia virtuosa de motivaciones individuales a la acción colectiva: utilitaristas, altruistas psicológicas,altruistas morales, etc. (Elster, 1996, 2007). En escenarios centralizados,sólo se resolverá mediante la acción de algún agente externo o principio deautoridad supra individual que decide por el colectivo de forma vinculante.Si la primera puede entenderse dentro de un orden ideal espontáneo, lasegunda sólo podrá ser entendida desde una noción de necesidad de ordeninstituido que presuponga algún tipo de diseño institucional (Bowles,2004).11

De acuerdo a ello, entonces, y antes de seguir avanzando, debemosprecisar que la idea de lo público es utilizada laxamente aquí por la necesidad de promoción de la idea de lo universal a propósito de lo colectivo, yno por la necesidad técnica de utilizar las características propias y estrictasde los BP en el análisis (esto es, independiente del grado de exclusión o derivalidad observado), lo que, en definitiva, sociopolíticamente involucraráque "todos debieran ser convocados a deliberar colectivamente sobre losresultados que un bien determinado –público- generará sobre todos".

La necesidad de la deliberación en la conformación de lo público

Pues bien, como sabemos, uno de los presupuestos básicos del ajuste neoliberal de las últimas tres décadas involucra la promoción y legitimación del imperativo técnico por sobre consideraciones de tipo político en laconstitución de la política pública, lo que tiene a la base la usurpación–radicalizada- de la soberanía por parte de una elite tecnocrática - financiera especializada y refugiada en la legitimidad técnico - científica del discurso de la economía académica neoclásica (matematizada, formal, y ajenaa importantes consideraciones políticas como, por ejemplo, las asimetríasde poder propias de la producción de lo social en su conjunto). En estesentido, el neoliberalismo asocia la función de la gestión de la democraciarepresentativa como la función del managment en la gerencia privada: plantea un problema a resolver y encuentra una alternativa de solución en lasoledad de su interesado liderazgo autocentrado y maximizador (vertical uhorizontal). Es decir, no concibe que la diferencia de la presidencia delpoder ejecutivo con la gerencia general de una empresa privada nacional otransnacional, es que, en un contexto democrático (inclusive el liberal), lassoluciones a los problemas sociales se establecen colectivamente mediantealgún tipo de mecanismo deliberativo (directo –democracia participativaroussoniana- o indirecto – democracia representativa liberal-), aunque nolo parezca.

"(…) hay que añadir la habitual desconfianza de la clase política(…) en la madurez del pueblo para decidir sobre los asuntos que deverdad le importan, como cuánto se gasta en políticas sociales: educación, sanidad, cultura, medio ambiente... Se ha llegado a decirque se trata de "cuestiones técnicas", que no son aptas para ser sometidas a referéndum, lo que viene a ser un eufemismo de que el"pueblo es idiota", por lo que revivimos aquella célebre máxima del despotismo ilustrado: "todo para el pueblo pero sin el pueblo", quereconvertida a dogma de la dictadura de mercado ilustrada vendríaa ser algo así como "todo para los mercados pero sin el pueblo", locual evidencia la pérdida de legitimidad en el contexto neoliberaldel pueblo como sujeto titular de la soberanía, pues soberano -aquíy hoy- es sólo quien goza del dominio del mercado" (PreciadoDomènech, 2011).

En ese tenor, suponer que el instrumental técnico está en condiciones de proporcionar la única, mejor y, por tanto, indiscutida vía posiblepara la producción de BP (o bienes privados suministrados por el Estadocomo es el caso de la educación), es -por menos- ingenuo. Por el contrario,debemos decir que es evidente e ideológicamente interesado. Por definición, las políticas públicas (preferentemente las económicas, aunque también las sociales) favorecen a unos intereses y perjudican a otros, y, en lamayoría de los casos, los costes de las soluciones de política construidas sereparten inequitativamente entre los distintos grupos o estratos de la población (a nivel nacional, regional, etc.).12

Respecto de ello, entendemos la deliberación como ejercicio colectivo de discusión conjunta acerca de lo público13 que permita modificar laspropias preferencias y reorientarlas hacia resultados colectivamente másbeneficiosos, lo que nos lleva a pensar necesariamente en la noción desdediseño institucional (Pettit, 2003), y en la distinción entre la concepciónpositiva (libertad republicana como ausencia de dominación o no interferencia arbitraria) o negativa (libertad liberal como no interferencia) de lalibertad, la democracia y los derechos sociales (Habermas, 1999). En palabras de Elster: "la toma colectiva de decisiones con la participación detodos los que han de ser afectados por la decisión o por sus representantes:esta es la parte democrática (…) y la toma de decisiones por medio deargumentos ofrecidos por y para los participantes que están comprometidos con los valores de racionalidad e imparcialidad: esta es la partedeliberativa" (Elster, 2001: 21). En definitiva, un modelo de democracianormativamente considerado en donde las decisiones colectivas (de gobierno sobre los asuntos colectivos) deben ser sustentadas en procesos dedeliberación racional y pública, modelo que se contrapone necesariamenteal modelo elitista de la agregación de preferencias individuales dadas delliberalismo (Gargarella, 1999) que señala que las preferencias sociales deben ser interpretadas por representantes que gestionen lo estatal. En efecto,a diferencia de lo que ocurre en el mercado como arreglo institucional deintercambio privado en donde el consumidor elije entre distintos cursos deacción que sólo difieren entre ellos respecto de como lo benefician a élpersonalmente, en la esfera de la política, los ciudadanos expresan sus preferencias respecto de estados que también afectarán a otros. Por ello, desdeel republicanismo democrático, por ejemplo (que presenta una visión de lademocracia no economicista y/o no pluralista), se sostiene que no debeconfundirse el tipo de conductas apropiada para el mercado con la apropiada para la polis (Elster, 1990).

Dentro de ello, y respecto de la necesidad de deliberación en claveterritorial, por ejemplo, los movimientos de oposición ciudadana (en adelante, MOC), movimientos sociales que reaccionan oponiéndose a la implantación de un bien de uso colectivo determinado, los entendemos comoindicadores de conflicto sectorial y territorial, y como parte de las diversasreacciones observables en el espacio cotidiano de producción de lo público(lo estrictamente ajeno a los derechos de propiedad). De acuerdo a ello, losMOC reflejarían las discrepancias existentes en lo social, por ejemplo, enel terreno de lo concerniente a la naturaleza de las decisiones gubernamentales construidas (objetivos trazados, grupos beneficiarios, etc.) o sobre lasasimetrías de la estructura general de coste - beneficio que hay detrás de laprovisión de un BP determinado (proceso de cooperación o de acción colectiva general o en sentido amplio, es decir, a escala nacional, por ejemplo): en nuestro caso la ciudad o la política social educativa,14 por ejemplo.Así, en términos concretos, la existencia de MOC en operación reflejará eldesacuerdo existente en lo social sobre los términos de la acción colectiva general (a escala nacional –urbana- o internacional, dependiendo del biende que se trate), es decir, los modos en que se constituye la "comunidadnacional" modernamente entendida o como se distribuye social oterritorialmente la carga (los costes y/o las externalidades negativas) propia de la construcción de lo público. De esta manera, que haya acción colectiva opositora en la ciudad (movimientos sociales) significará que nohay acuerdo social (en términos sectoriales o territoriales) sobre el modode definir los objetivos sociales, las prioridades sociales o la estructurageneral de costes presente en la provisión de BP de carácter sectorial oterritorial.

En ese sentido, cuando se observa que la clase política se queja de laexistencia de MOC que se levantan en contra de sus decisiones, acusándolos, por ejemplo, de insolidaridad o egoísmo por no querer un bien de usocolectivo de utilidad general en su comunidad (cualquier equipamiento urbano universalmente útil pero local o regionalmente no deseable, independiente del grado de cercanía de este), ello demuestra que viven aislados dela ciudadanía (la soberanía popular), y que creen fuertemente –por lo menos ante los medios- que el saber técnico de los representantes y sus asesores está por sobre las preferencias reveladas o no reveladas de sus representados. Como ya sabemos, la ciudadanía reacciona movilizándose cuando (a) no quiere "pagar" costes asociados (que "pague" otro agente o territorio: mecanismo NIMBY)15 (Báez Urbina, 2006), (b) cuando desconfía delas decisiones de los representantes (situación que se agrava cuando parecen ser decisiones inducidas por lobbies económicos asociados a especulativos y mezquinos intereses de clase expresados territorialmente), o (c) cuando vela por intereses más amplios, como los inter generacionales (o los delas generaciones futuras), por ejemplo (queremos otra solución técnicamenos inicua: mecanismo NIABY) (Báez Urbina, 2009, 2011).

Al respecto, desde el punto de vista de la creación de modelos degestión urbana participativa, y considerando que hay barrios urbanos, municipios y pueblos que la clase política sólo recuerda para poner en ellas lo que nadie quiere cerca de sus casas (lo que genera estigmatismo y malestarsocial localizado), creemos que se debieran promocionar modelos políticos deliberativos o de gerenciamiento gubernamental más horizontales quetransparenten los procedimientos de decisiones y de asignación, haciendo–por ejemplo- mapas de equipamientos a nivel país y viendo cuáles tocan atal o a cual territorio. En esa línea, y en el caso de las políticas de inversiónterritoriales, para un colectivo de referencia mayor y sus representantespedir solidaridad a un colectivo menor (como una comunidad local o barrialde implantación de un BP determinado) debiera necesariamente implicaruna compensación real o el equilibrio efectivo de cargas y beneficios en lagestión del territorio; esto es, por ejemplo, invertir en indemnizaciones reales, no enviar siempre los equipamientos indeseables a los barrios populares, o preservar sustentablemente recursos de uso común. Todo ello implicará pensar en la economía política del territorio (quien gana y quienpierde) y en la necesidad de transparentación de las afectaciones espaciales propias de la estructura global de coste - beneficio existente detrás de la construcción de lo urbano. Es decir, no otra cosa que mecanismos y modelos promotores de políticas de democracia espacial y decohesión territorial.

En ese sentido, se precisa de la producción de instrumentos de planificación, coordinación y negociación entre todas las partes involucradastendiendo en vistas la utilización permanente de procedimientosdeliberativos más horizontales (instrumentos que pueden contribuir a crearuna nueva cultura decisional y un nuevo tipo de proceso de decisiones enmateria de infraestructuras y medio ambiente, por ejemplo) que transparenten y que vuelvan a evidenciar –después de 30 años de neoliberalismoextremo- que todo proceso de constitución social o urbano (y acá lo urbanosólo sirve de pretexto) no es más que el producto del conjunto de los intereses -individuales o corporados, egoístas o altruistas, de próximo o amplioalcance, de corto o largo plazo- puestos en el juego político y económicogeneral. En ese sentido, recordemos, por un lado, que la política públicaes sólo un instrumento de intervención en lo social de parte de un Estado operado por los gestores representantes de los intereses corporadosde sectores sociales determinados (y que también presentan sus propiosintereses, sean estos evidenciados o no: el riesgo moral); y por otro, quelo técnico es un imperativo de carácter eficientista que sólo es ubicableen la etapa de implementación de un instrumento de política, no de ladefinición de este ni de lo socialmente necesario. Lo socialmente necesario, es decir, la definición de la política pública a nivel conceptual,debe ser negociada y consensuada equilibradamente entre iguales a través de procesos racionales de discusión pública directos o indirectos. Opor lo menos así debiera ser considerado normativamente. En efecto, elmodelo tecno-autoritario no funciona en sociedades democráticas queponen en práctica sus derechos y visibilizan sus intereses. En los actuales momentos de desarrollo de las sociedades avanzadas, la ciudadanía empoderada exige la existencia de procesos deliberativos que ofrezcanbuena información sobre las diferentes alternativas y sus costes, y quese oigan todas las voces y todos los intereses involucrados; es decir, procesos de transparentación de intereses que complementen y mejorenla democracia representativa. De hecho, en ciertos escenarios de intercambio, "sólo se necesita información para producir cooperación", sostendrá Elster (1991a:49).

Sin duda que la existencia de conflictos obedecerá al choque de lasdistintas posiciones, intereses, capacidades e interpretaciones (diagnósticosobre los problemas sociales y sobre las soluciones colectivas necesarias ycorrespondientes) realizados por los diferentes agentes intencionalescorporados; y también será obvio que, las dificultades en la interpretacióntendrá relación tanto con la multiplicidad de motivaciones a la acción colectiva observadas (racionales –egoístas- o irracionales –morales- desde elpunto de vista de la racionalidad estándar de la teoría económica), con loshorizontes temporales considerados, o las diferentes razones esgrimidaspor los agentes en el campo de lo público, campo, por definición, de altacomplejidad tanto en relación a su producción como a su gestión (BáezUrbina, 2009).

No obstante ello, dichas dificultades de interpretación se puedenlograr transparentar (al menos en cierto grado) inyectando información alproceso de toma de decisiones sobre las necesidades de inversión y la estructura general de costes involucrada; situación que acarreará, además, –ycomo externalidad positiva- tanto la incentivación de la participación social y política (como apenas señaláramos más arriba en palabras de Elster,la información diluye el Dilema del Prisionero), como la producción deuna sensación ambiente de pertenencia (económica) a la comunidad de referencia; en este caso, la comunidad país. Nótese con ello que consideramos que (1) la participación social (los ánimos de "sentirse parte" del o delos procesos) está íntimamente ligada a la participación económica (el ser ysentirse parte de una unidad económica llamada Estado – nación); y (2) queambas –junto a la participación política- deben considerarse comoindicadores potentes desde el punto de vista de la necesidad del análisis dela acción colectiva global (en sentido amplio y de carácter nacional, porejemplo) y de su promoción en un sentido virtuoso, horizontal y equitativo.Esto es, no otra cosa que la construcción más igualitaria de la propia comunidad / país.

¿De qué herramientas estamos hablando? Bajo la conjetura de probidad del agente, se ha de pensar en una interesante oferta de incentivos decarácter político, que transfirieran información privilegiada a la ciudadaníaafectada a modo de compensación ex ante. Se trataría, por ejemplo, demecanismos de incorporación formal de la parte afectada a espacios dediálogo o espacios orientados a promocionar la circulación de informacióny, con ello, el aumento de la confianza como elemento clave dentro delcampo de la cooperación. De no hacerlo, se correrá el riesgo de generarcompartimentos estancos en los que el diálogo entre actores es cada vezmenor dentro del espacio social, algo que, ciertamente, va en detrimentodel establecimiento y la mantención de la confianza entre agente gubernamental y ciudadanía.

Por su parte, los foros participativos para establecer agendas compartidas de acción colectiva y para implementar actividades conjuntas, lageneración de mecanismos de transparencia y responsabilidad compartidas, o los mecanismos de resolución de conflictos fidedignos e imparciales, acaban contribuyendo a la generación y la mantención de acciones colectivas exitosas e incrementando lateralmente la confianza en el gestorpúblico de cara a acuerdos y compromisos de trabajo conjunto a mediado olargo plazo.

De manera complementaria, pensando en la transparencia territorial, por ejemplo, y como ingrediente que alimente los procesos deliberativos,sería preciso considerar otro aspecto importante: la necesidad de inversiónen reputación por parte del gestor gubernamental en formato rendición decuentas públicas (Báez Urbina, 2009). En efecto, uno de los principalesfactores que deben ser tomados en cuenta para la implantación de BP decarácter territorial es la confianza existente entre los miembros del colectivo o entre los miembros del colectivo y sus representantes (el capital social). Como sabemos, en grupos pequeños, o en lugares en los que lasexternalidades están relativamente localizadas, los miembros de la comunidad probablemente estén en mejor posición -mejor capacitados- para suministrar BP puesto que conocen mejor las condiciones locales que losagentes externos (tanto la estructura de incentivos individuales disponiblescomo otros factores que afectan a la capacidad para cooperar de esas comunidades: los grupos privilegiados de Olson). Por ello mismo, en gruposaltamente heterogéneos -como los mayoritarios actualmente- se espera quedichas capacidades se vean mermadas debido a la complejidad de las redesde intereses y a la complejidad de las estructuras de preferencias disponibles (grupos latentes de Olson). No obstante ello, y aunque en este tipo decomunidades la intervención más útil puede ser la gestión de conflictos o ladifusión de información pública, el historial previo de acciones colectivassatisfactorias entre particulares, o entre particulares y gestores, tambiénpueden incidir en la mejora de las posibilidades de éxito futuras de la producción de instancias de diálogo ciudadanía - agente gubernamental. Así,incluso en ellas, y como sabemos a partir del de la lógica ilustrada a travésDilema del Prisionero Iterado, el contar con información relativa a comportamientos continuados en actividades prolongadas en el tiempo, si bienla iteración no incrementa la confianza, horizontalmente sí puede reforzarel grado de certeza de la cooperación de cara a intercambios futuros(Axelrod, 1984).

A modo de conclusiones

El documento tuvo por objetivo entregar –obviamente de manerasucinta- la particular visión de la constitución de lo social que se puedeelaborar a partir de las consideraciones teóricas y metodológicas extraídasde las nociones de acción colectiva provistas por parte del marxismo analítico y de la sociología analítica. Las escuetas reflexiones acá expuestasemanaron, como subproducto, de un estudio sobre cooperación, acción colectiva y diseño institucional en la provisión de bienes de uso público decarácter urbano hecho recientemente a partir de la observación de algunosmovimientos sociales opositores localizados en ciudades de Europa y América Latina.

Desde el punto de vista analítico, intentamos transmitir la idea deque la evolución de la configuración de la ciudad y del orden urbano subyacente pueden o deben entenderse o abordarse como un problema de accióncolectiva territorialmente conformado (la conformación de la ciudad y delo urbano como subproducto de la articulación de la cooperación o no cooperación entre agentes); y que la deliberación, como proceso de inyecciónde información, diluye el Dilema del Prisionero (dilema no cooperativoentre agentes egocentrados o racionales en términos estándar) previniendola no cooperación en la conformación de la ciudad o la comunidad nacionalentendida como un BP. Esto es, la inyección y la circulación de información al (y dentro del) sistema de intercambio, genera los vínculos de comunicación inter agente que requiere un proceso de gestión urbana de carácterdemocrático.

En ese sentido, la racionalidad técnica del saber experto (que vieneen el ADN de la teoría económica estándar: la economía académica como manto técnico sofisticado que vela y encubre las asimetrías de poder y lopolítico) invisibiliza la racionalidad política que hay detrás (o debajo) delos procesos de inversión pública y subsume la racionalidad democrática(interjuego deliberativo -o no- de los principios e intereses socialescorporados) presente en la definición social de lo colectivamente necesario. Lo técnico debe entenderse como un aspecto crucial aunque complementario y sólo secundario (posterior) en la secuencia propia de losprocesos de decisión/inversión, y no un imperativo necesariamente definitorio respecto de la naturaleza de las decisiones por tomar y quenecesariamente son (o debieran ser) de carácter colectivo (competen alcolectivo y no tan sólo al agente gubernamental y a sus propios intereses corporados). Como vemos, acá necesariamente asociamos lo político ala gestión conjunta y deliberada (de deliberación) de lo colectivo, donde lotécnico se hace necesario -una vez tomada la decisión- como un aspectovinculado sólo a la consecución de los procesos e instrumentos que aseguren la calidad y la cantidad de los resultados esperados por el colectivo, yque el agente (los representantes), por mandato soberano, eficiente yprobamente debe cumplir.

Notas

* Una versión acotada de este trabajo fue presentada en el Grupo de trabajo 2: "La expansión del espacio público: sociedad civil, movimientos sociales y acción colectiva", del Congreso Chileno de Sociología y Encuentro Pre ALAS Chile: "Sociología y Sociedad en Chile: Escenarios y diálogos contemporáneos", efectuado en Valparaíso, Chile, abril del 2011. Preparado como notas o apuntes de investigación generados a partir de Báez Urbina, 2009. Dicha investigación obtuvo el financiamiento de diversas fuentes de financiamiento tanto en España como en Chile. Nos referimos a la Fundación Jaume Bofill y la agencia AGAUR de la Generalitat de Catalunya en España, y -en Chile- a uno de los programas de financiamiento pre doctorales coordinados por CONICYT para la realización de estudios de postgrado en el extranjero.

1 Esto, tanto en los casos en los cuales el problema de la acción colectiva se resuelve de manera centralizada (preferentemente democracia representativa indirecta de tipo liberal), o descentralizada (una democracia de tipo más directo o deliberativo tal vez más republicana).

2 Donde lo social está necesariamente incrustado en la esfera de lo económico y al revés. Ver comentarios sobre diseño institucional y teoría de la elección racional de Pettit en Goodin, 2003.

3 A veces ajenas al discurso racional estándar de la economía neoclásica.

4 "Manifiesto por una sociología analítica" del Grupo de Trabajo de Sociología Analítica de la Federación Española de Sociología FES.

5 "Un mercado competitivo – el arquetipo de las instituciones privadas – es en si mismo un BP. Una vez que se genera un mercado competitivo los individuos pueden entrar y salir libremente, ya sea que contribuyan o no con el costo de generarlo y mantenerlo. Ningún mercado puede existir por mucho tiempo sin instituciones subyacentes que lo mantengan. En escenarios de campo, más que existir en mundos aislados, las instituciones públicas y privadas con frecuencia están entretejidas y dependen una de la otra" (Ostrom, 2000:43).

6 Que no haya cooperación significa que no hay "acuerdos para compartir los costes y cada individuo tiene que cargar con todo el coste de cualquier aumento de la cantidad del bien colectivo" (Chamberlain, 1991:158).

7 Universal. Coste de exclusión alto: crecen en la medida en que se sume un nuevo consumidor a los beneficios reportados.

8 En el caso de los bienes públicos impuros, la calidad y la cantidad decrece a medida que son consumidos por una unidad adicional.

9 Esto en circunstancias de la necesidad de provisión de bienes colectivos en situaciones de ausencia (contribución voluntaria) o presencia (contribución obligada) de un ente centralizado de toma de decisiones.

10 En el plano territorial: bienes de utilidad universal como vías urbanas, servicios públicos o territoriales en general.

11 "…a diferencia de lo que ocurre en el intercambio de bienes privados, las decisiones (en la provisión de BP) forman siempre parte de un proceso de decisión colectiva, que cabe considerar que es de tipo político, por el cual se seleccionan las preferencias de algunas personas, se imponen las elecciones reveladas por las mismas como decisión de la sociedad y se producen los fines o resultados que aquellas decisiones comportan (…) o la libertad para que las empresas contaminen en perjuicio de los deseos de algunos ciudadanos de respirar aire limpio, o regulación de la contaminación en prejuicio de las ganancias de los empresarios y en beneficio de quienes dan prioridad a las condiciones de la respiración (…) hay siempre en la política un elemento de consenso y uno de coerción" (Colomer, 1991:19).

12 A propósito de la reciente exigencia de parte de la UE de modificar la estructura institucional española para limitar el gasto público: "La limitación del déficit y del endeudamiento públicos no es un dogma. Es un instrumento de política económica que pueden servir a finalidades diversas. En un determinado contexto, su contención puede contribuir a la buena salud de las finanzas y a un fortalecimiento democrático. Por ejemplo si se acompaña de políticas fiscales progresivas, que reduzcan la dependencia del crédito externo, o si se cierra el paso de manera firme al endeudamiento especulativo del sector privado. Pero en un contexto recesivo como el actual, en el que ninguno de los grandes partidos está realmente dispuesto a impulsar estas medidas, lo más probable es que la obsesión por eliminar, y no simplemente por contener el déficit, acabe por servir a objetivos menos nobles: la privatización de servicios públicos, el recorte de derechos a los más vulnerables o la reducción drástica del autogobierno en diferentes escalas, algo que de hecho ya está ocurriendo" (Pisarello, 2011).

13 O algún mecanismo que asegure algún grado de esta.

14 Aunque, en realidad, y como ya señaláramos, la educación es un BP especial denominado bien privado suministrado por el Estado.

15 Los mecanismos son tipos de explicaciones sobre la formación de preferencias y sus estados agregados, y aportan micro fundamentos a las explicaciones causales e intencionales de los fenómenos sociales. No obstante ello, no son leyes ni tampoco descripciones, es decir, admiten comportamientos anómalos dentro del modelo (Elster, 1995; Lizón, 2007).

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Recibido: 15.09.2011 Aceptado: 25.07.2012

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