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Polis (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-6568

Polis vol.11 no.32 Santiago ago. 2012

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682012000200003 

Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 11, Nº 32, 2012, p. 33-54

LENTE DE APROXIMACIÓN

 

Burguesía nacional y Estado: la acción política de la Unión Industrial Argentina durante la Revolución Argentina (1966-1969) *

National bourgeoisie and State: the political action of theArgentinian Industrial Union during the Argentinian Revolution (1966-1969)

As relações entre a burguesia eo Estado Nacional durante a Revolução argentina (1966-1969)

 

Verónica Baudino

Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina,Becaria CONICET. Email: veronicabaudino@yahoo.com.ar

 


Resumen: El presente artículo tiene como objetivo reconstruir las relaciones de la fracción de la burguesía nacional representada por la Unión IndustrialArgentina y el Estado Nacional entre 1966 y 1969. Es decir, comprender el plan deacción llevado a cabo ante el gobierno llamado "Revolución Argentina", lideradopor Juan Carlos Onganía. Para ello, examinaremos las líneas rectoras de la institución en materia salarial, arancelaria, fiscal, macroeconómica y política. Analizaremos entonces la intervención de la entidad durante el gobierno de Onganía, comoparte integrante del mismo. Observaremos qué propuestas elevaron en cada momento y qué discusiones sostuvieron con las autoridades vigentes.

Palabras clave: Burguesía, estado, Unión Industrial Argentina, estrategia


Abstract: The aim of this paper is to reconstruct the relationship betweenthe national bourgeoisie, represented by the Union Industrial Argentina, and the State, between 1966 and 1969. This is, to understand the plan of action undertakenby the governemental period calkled "Argentinian Revolution" lead by Juan Carlos Onganía. To this end, we examine the guidelines governing the institutionin terms of its wages, tariff, fiscal policy, macroeconomics andpolitics. We analyze the involvement of the organization, during the governmentof Juan Carlos Ongania, as an integral part of it. We note which proposals theyraised each time and what discussions they held with national authorities.

Key words: Bourgeoisie, state, Unión Industrial Argentina, strategy


Resumo: O objetivo deste trabalho é reconstruir a relação entre a burguesia nacional, representada pela IndustrialArgentina União e do Estado entre 1966 e 1969. Para este fim, vamos examinar as diretrizes que regem a instituição em termos de salários, tarifas, fiscal, macroeconômicas e da política. Analisamos o envolvimento da organização, durante o governo de Juan Carlos Onganía, como parte integrante da mesma. Notamos que as propostas levantadas em qualquer momento e que as discussões realizadas com as autoridades nacionais.

Palavras-chave: Burguesia, estado, Unión Industrial Argentina, estratégia


 

El gobierno de Onganía

La dictadura instaurada en 1966 ha sido caracteriza por el cientista social Guillermo O´Donnell como un "Estado burocrático Autoritario" (O´Donnell 1984 y 2009) cuya finalidad habría sido constituirse como elrepresentante de los intereses de una fracción particular de la clase dominante: la gran burguesía. El objetivo del golpe, a juicio del autor, era normalizar la dinámica de acumulación argentina, basada en una lógicacortoplacista y de saqueo, propia de los países dependientes. En este sentido, el gobierno militar pretendió generar contextos de acumulación quealejaran a la gran burguesía de su comportamiento especulativo, estrategiaque habría fracasado.

A juicio del autor, un "Estado burocrático autoritario" (BA) se caracteriza porque: (a) "Es, primaria y fundamentalmente, el aspecto de lasociedad global que garante y organiza la dominación ejercida a través deuna estructura de clases subordinada a las fracciones superiores de una burguesía altamente oligopólica y transnacionalizada. Dicho de otra manera, su principal base social es la gran burguesía." (O´Donnell 1982: 19-64).

(b) Institucionalmente cobran peso la coacción y los programas de normalización de la economía. (c) Tiende a la exclusión política. (d) Suprime laciudadanía y la democracia política. (e) Excluye económicamente al sectorpopular. (f) Cierre de los canales de acceso al gobierno, excepto para lasFFAA y las grandes empresas privadas y públicas.

Se diferencia de otras experiencias autoritarias latinoamericanasporque no se asienta primeramente en oligarquías y capitalestransnacionalizados insertos en actividades primarias exportadoras, dominantes sobre una población de escaso contenido obrero y poco movilizada.Tampoco se trata de una experiencia "populista anti-oligárquica" basadaen el crecimiento al calor de medidas proteccionistas, que forjan una alianza con sectores medios y bajos recientemente activados. Por último, segúnO´Donnell, el BA contrasta con el fascismo dado que éste se asentó enburguesías más "propiamente nacionales" que las del BA, a la vez que elrol del partido es reemplazado por otro actor: las Fuerzas Armadas.

Las cualidades centrales del régimen propuesto por O´Donnell, quese sintetizan como Estado burocrático-autoritario, no dan cuenta, a nuestro entender, de una situación históricamente excepcional, como este autor pretende demostrar. En primer lugar, dado que por su carácter y sus funcionescomo garante de la dominación social, todo Estado es autoritario. A su vez, en tanto su función es la de legislar y encauzar la forma que toma la dinámica social de modo que permita la reproducción del sistema, se sirve de todoun "aparato" administrativo, denominado burocracia. En todo caso, en períodos de crisis se instauran regímenes de tipo dictatoriales, en los que nocambia la esencia del Estado sino la forma política en la que se implementala represión o el "autoritarismo" (de modo más abierto y violento que enlos períodos democráticos) (Sartelli 1996). La exclusión política, la supresión de la ciudadanía y la democracia política, la relegación económica del sector popular y el cierre de canales de acceso al gobierno noconstituyen características de un tipo de Estado particular, sino el contenido de un régimen político (la dictadura) específico en determinadomomento histórico (Marx 1998:60-61). Es más, muchos de los mencionados rasgos están presentes en todos los regímenes políticos burgueses en mayor o menor medida.

Nuestro siguiente punto de desacuerdo refiere a la base social delEstado burocrático autoritario de O´Donnell: la gran burguesía. A entenderdel autor, el objetivo del nuevo gobierno habría consistido en "normalizar"la economía, borrando los rasgos propios de un país dependiente: saqueo yespeculación. En primer lugar, dicha caracterización de las peculiaridadesdel capitalismo argentino y de la burguesía nacional presupone un comportamiento ausente de inversiones a largo plazo que, en el mundo real, imposibilita cualquier acumulación. El cortoplacismo y la especulación sobrelos que tanto se insiste en la bibliografía carecen de pruebas que sustentendicha teoría.1 En segundo lugar, si el saqueo y la especulación constituyenla base de acumulación de la gran burguesía, es contradictorio que éstahaya sido el sustento social del BA. ¿Cuál es la razón por la cual la burguesía más concentrada apoyaría un régimen tendiente a socavar su fuente deganancia? Antes bien, el propósito de Onganía parece haber sido resolverla crisis de acumulación generalizada del capitalismo argentino. Así la adhesión del gran capital parece condecirse con la perspectiva de resolver susdificultades para obtener ganancias.

Al observar la dinámica política que adopta el gobierno de Onganía,el punto de apoyo difiere del que marca el autor reseñado. El lugar en laestructura de poder y las políticas económicas que se otorgó a las diferentesfracciones de la burguesía indica que el régimen en cuestión oscilaba entresectores en pugna. Se dividieron los ministerios y cargos políticos de modotal que cada fracción de la burguesía, y cada facción política del Ejército,controlasen una porción de la administración. Los paternalistas, nacionalistas y liberales, tendencias internas del ejército, recibieron respectivamente su tajada. Tanto las corporaciones industriales de la gran burguesía(Krieger Vasena, ministro de Economía entre 1967 y 1969, se alineaba conla UIA y el Consejo Empresario Argentino), como las de la burguesía mediana y pequeña (Salimei, ministro de Economía entre 1966 y 1967, estabarelacionado con la CGE), tuvieron en diferentes momentos representaciónen el gobierno. Hasta dos de los tres sectores en que se dividió el movimiento obrero dieron su apoyo al gobierno de facto, e incluso luego deconstatar el carácter antiobrero de las políticas implementadas, se mantuvo el coqueteo de un sector del gobierno con los sindicatos. De esta forma,Onganía pretendía equilibrar el poder de cada fracción.

El gobierno de Onganía no parece haber expresado los intereses deuna de las fracciones de la burguesía, sino que intentaba sintetizar las pretensiones de cada una de ellas. Ante el quiebre en la cúpula de la burguesíavigente desde 1955, Onganía constituyó una experiencia de tipo bonapartistaque tuvo por fin lograr la paz intraburguesa y restituir finalmente su hegemonía.2

En suma, la dictadura acaudillada por Onganía pretendía restaurarlas condiciones de reproducción de un capitalismo en crisis y restablecercierto equilibrio entre las diferentes fracciones de la burguesía en pugnamediante un régimen bonapartista. La búsqueda de resolver las contradicciones inter-burguesas que impedían el cierre de la crisis hegemónica y elalza de la lucha de la clase obrera no fue posible, como demuestra laprofundización de las contradicciones, luego de la rebelión popular de 1969denominada Cordobaza (Balvé 2003). La Unión Industrial Argentina, en lasituación planteada, llevó adelante una estrategia para lograr políticas afines a sus intereses intentando que el gobierno de Onganía se convierta en elrepresentante de algunos de los capitales más concentrados de la Argentina. Indagaremos las ideas defendidas por la entidad y su incidencia en elgobierno en los acápites que siguen.

La intervención de la UIA frente al gobierno de Onganía. El respaldo al golpe militar

El plan de la dictadura militar instaurada el 28 de mayo de 1966,comandada por el general Juan Carlos Onganía, se desarrollaría en tresetapas, denominadas tiempo económico, social y político, que se debíansuceder unas a otras. La primera etapa apuntaba a solucionar las cuestioneseconómicas, basándose en el crecimiento de los sectores más eficientes. El segundo sería el "tiempo social", cuyo eje sería la redistribución. El últimode los tiempos, el político, consistiría en la apertura a la participación de lasociedad (Bra 1985; Anzorena 1998; Perina 1983; Casanova 1998) .

Entre las principales medidas políticas contamos la disolución delegislaturas nacionales y provinciales, y la prohibición de los partidos políticos. Se implementaron políticas de control de la actividad sindical mediante la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado), delineadas en elCONASE (Consejo Nacional de Seguridad). Se intervinieron los mediosde comunicación y las universidades nacionales, proceso que terminó en larepresión de la resistencia estudiantil en la "Noche de los bastones largos".Este último conflicto comenzó cuando a fines de julio de 1966 el PoderEjecutivo Nacional, por ley 16.912, dictaminó que el gobierno de las Universidades estaría a cargo de los rectores, decanos o presidentes, cancelando el sistema de gobierno universitario. Las atribuciones de los consejos superiores o directivos se traspasarían al Ministerio de Educación. En respuesta a las medidas tomadas, las universidades iniciaron medidas de luchaque culminaron con una fuerte represión por parte del gobierno (Bra 1985:9 y 10).

La UIA estuvo compenetrada en el golpe desde sus inicios. Inclusive, meses antes del derrocamiento de presidente radical Arturo Illia, en larevista de la entidad se publicó un artículo en el que se ponderaba la importancia de contar con un Ejército que actúe en determinadas coyunturas enlas que el desarrollo integral de la nación (material y espiritual) se veacomprometido. Allí se ponía el acento en la necesidad de que el Estadocumpla plenamente con sus funciones de garante de la seguridad tanto externa como interna (Revista de la UIA, 1966: 48). Dejaba sentado así queel Ejército debía intervenir en caso de ponerse en cuestión la normalreproducción de espacio nacional de acumulación, justificando su alineamiento junto a las fuerzas golpistas que derrocaron a Illia y la defensa de las Fuerzas Armadas como un personal idóneo para la resoluciónde crisis políticas.

Una vez consumado el golpe, la entidad concurrió al acto de asunción de la autoridad entrante, así como al del nombramiento del ministro de Economía Jorge Néstor Salimei. Se hicieron presentes allí también representantes de la Confederación General Económica (CGE), Sociedad RuralArgentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA), dando muestrasdel amplio apoyo que recibió el nuevo gobierno (Cronista Comercial: 1966). Un mes después de la instauración del régimen militar, la UIA lanzó uncomunicado de prensa en el que llamaba a todos los argentinos a contribuir"con su acción y con su palabra a la tarea urgente de la reconstrucciónnacional" (Cronista Comercial: 1966). Es decir, llamando a respaldar lastareas asumidas por el gobierno entrante. A su entender, la crisis que sevivía "no es sólo ni principalmente económica" (Cronista Comercial: 1966),y dejaba sentadas las bases de su programa económico sobre la que volveremos más adelante.

En función de establecer estrechas relaciones e intentar imponer suproyecto, la institución, a lo largo de los primeros meses del nuevo gobierno, llevó adelante reuniones con el ministro de Trabajo, Juan PedroTamborenea (Cronista Comercial: 1966), con el ministro de Bienestar Social, Roberto Petracca (perteneciente a la UIA), el de Vivienda, ErnestoGarcía Olano, así como con el presidente Onganía. En oportunidad de unareunión con este último, el principal dirigente de la UIA, Juan Martín OnetoGaona, declaró: "Ha sido una entrevista fantástica (...) Siempre estoy satisfecho pero hoy me encuentro más que satisfecho." (Cronista Comercial: 1966).

El sentido de estas palabras se reiteró en los discursos de los dirigentes de la UIA en la celebración del Día de la Industria. Lo hizo ante unauditorio de notables figuras políticas, entre los que se encontraban representantes de ACIEL (Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres), SRA (Sociedad Rural Argentina), CAC (Cámara Argentina de Comercio), el secretario de Industria, Mario Galimberti, el ministro de Economía Salimei, el presidente de la Corte Suprema, el canciller Nicanor CostaMéndez y el comandante de operaciones navales Benigno Varela, entreotros. Oneto Gaona, en esta oportunidad exaltó las aspiraciones del nuevogobierno nacional de transformar profundamente el sistema político (La Nación: 1966).

El soporte de la UIA a las líneas trazadas por la Revolución Argentina se expresó posteriormente en los festejos del Día de la Industria en1967, cuando Oneto Gaona expuso nuevamente su acuerdo con el procesoiniciado por la dictadura de Onganía. Allí comprometió el "esfuerzo" delos industriales en la empresa del gobierno, tendiente a superar el estancamiento en que se había sumergido a la nación (La Nación: 1967).

Como vemos, la UIA apoyó la intervención y la reconfiguración delmapa político que intentaba llevar adelante el gobierno militar. Constituyóuna de las fuerzas que se disputaba la dirección que debía tomar el gobierno. En ese sentido actuó de manera diferenciada ante las políticas planteadas por los dos ministros de economía de la Revolución Argentina; JorgeSalimei primero, y Adalbert Krieger Vasea, después.

Salimei: la oposición

El primer Ministro de Economía designado por Onganía para liderar el proyecto fue Jorge Salimei, propietario de la empresa alimenticiaSasetru, director del Banco de Boulogne (Rouquie 1994) y de empresas detransportes, obras públicas y finanzas. Participaba de los Cursillos de Cristiandad y sus ocho subsecretarios también provenía de la Iglesia: formabanparte de la Asociación Católica de Dirigentes de Empresa.3 Era miembro de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, perteneciente a la CGE (Niosi 1974: 171). Todo su gabinete era de extracción burguesa. Sus estrechos vínculos con los generales retirados Señorans y Conesahabrían determinado su nombramiento al frente del ministerio.

La gestión de Salimei se desarrolló durante el año 1966, caracterizada por el estancamiento del producto bruto interno, la caída de la inversión bruta fija (en un 7,1%), un leve ascenso de las inversiones extranjerasy déficit de balanza de pagos. Su plan estuvo signado por una política monetaria gradualista para el control de la inflación y cierto intervencionismoestatal, expresado en la persistencia del control de cambios. Su plan másrecordado fue el llamado "Operativo Tucumán" consistente en una reestructuración de la rama azucarera asentada en la centralización de la producción mediante el cierre de ingenios y la modernización de la producción (Rapoport 2000).

Las intervenciones de la UIA de cara a las políticas implementadaspor Salimei nunca fueron favorables. Ni bien asumidas las autoridades militares y Salimei en la cartera de Economía, la corporación empresarial expuso un programa económico caracterizado por una serie de presupuestos y medidas. Al Estado, la entidad le reservaba un rol como estimulantedel desarrollo económico, inclusive mediante la inversión pública en nichos estratégicos no desarrollados por el capital privado. Las críticas de laUIA no se dirigieron a la gestión de Salimei en particular dado que el mandato recién se iniciaba. Marcaban, no obstante, la línea que se pretendíaque adopten las nuevas autoridades nacionales y las del ministerio de Economía en particular. Expresaban la existencia de un Estado deficitario,ineficiente, que requería el saneamiento de su estructura (Cronista Comercial: 1966).

La política monetaria también fue terreno de definiciones. La inflación, a juicio de la entidad, había sido impulsada por gastos fiscales excesivos, salarios no ajustados a la productividad de la industria nacional yalto nivel de consumo. Su solución, en efecto, debía implicar el aumento dela tasa de explotación de los trabajadores, reiterada en muchas oportunidades durante el período (Cronista Comercial: 1966).

Las medidas de estabilización de la inflación debían conjugarse conla adecuación del valor de la moneda nacional con la realidad. Es decir, se solicitaba la devaluación del peso, juzgada como beneficiosa para incentivarel comercio exportador y disminuir los costos salariales. Asimismo, la intención de expandir sus mercados hacia el exterior presuponía para la entidad la necesidad de que el Estado tome la tarea de gestionar las relacionescon otros países y facilitar la reducción de costos para incrementar la productividad de sus industrias y lograr colocar la producción industrial en losmercados externos.

El último punto central en la primera formulación del programa dela UIA lo constituyó el sistema previsional. En 1954, mediante la sanciónde la ley 14.370, el sistema pasó de ser por capitalización individual a reparto, en el que los trabajadores ocupados sostendrían de manera solidariaa aquellos trabajadores jubilados. En 1958, el gobierno de Frondizi sancionó la Ley 14.499 en la que se instauró que los haberes jubilatorios seríanequivalentes al 82% móvil del salario mensual asignado al cargo del afiliado (Basualdo 2009), estandarizando el nivel de los haberes. Este sistemafue fuertemente criticado por la UIA desde la asunción del gobierno deOnganía por ser "tan caro como ineficaz" (Cronista Comercial: 1966).

Asimismo, en otras exposiciones, la entidad clarificó su política conrespecto a la clase obrera. Debían anularse aquellas "pseudo-conquistas"sociales que atentasen contra el desarrollo industrial general. Desde la Revista de la UIA, Carlos Coll Benegas4 describía la posición de la entidadante los salarios. Su hipótesis consistía en que la inflación en Argentina eraproducto del "tremendo egoísmo de sus clases sociales". Era expresión dela lucha entre los distintos sectores sociales por retener para sí una ampliaporción de la riqueza nacional y se desencadenó a partir de la política salarial del peronismo (Revista de la UIA, 1966: 40). La propuesta de la UIAante tal caracterización fue la aplicación de congelamientos salariales.

A fines de 1966 la entidad participó, con esta línea, en el ConsejoNacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil. Intervino allí planteando quelas distintas resoluciones adoptadas por el Consejo habían desvirtuado elsentido y el concepto de las remuneraciones, particularmente con respectoa las adoptadas para aprendices y menores, retribuciones por antigüedad yescalafones. También señaló que se distorsionaba el régimen de los jornales en razón de la permanente vinculación de las asignaciones familiarescon el salario mínimo, que desalentaba el esfuerzo personal. Por último,objetó la vinculación de los sueldos con las indemnizaciones por despido,ya que de esa forma éstas se elevaban constantemente (Memoria y BalanceUIA, 1967).

Por otra parte, en función de la necesidad de lograr estabilidad entérminos inflacionarios, la UIA presentó posiciones ambiguas con respectoal "Acuerdo de precios" propuesto por el ministro de Economía. El mismofue lanzado por las autoridades militares, en 1966, con el fin de lograr lacooperación del empresariado para controlar las alzas de precios y así evitar un mecanismo de coerción por parte del Estado sobre el empresariado.La UIA se resistió al Acuerdo durante la gestión de Salimei. Con motivo deuna reunión de empresarios de diversas organizaciones (UIA, Confederación General Económica, Cámara Argentina de Comercio y la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres) con el subsecretario de comercio, Manuel Crespo, para tratar la propuesta del gobierno. Allí, el ministro alertó sobre una política de estímulo hacia quienes "respondieranpositivamente al llamado oficial, y de compulsión y desaliento a quienes noaportaran al sacrificio comunitario" (Cronista Comercial, 1966). El "castigo" implicaría la no incorporación de los sectores renuentes a la moratoriaimpositiva, al crédito bancario y a las rebajas arancelarias. La UIA no semostró favorable. Según su criterio, el método de premios y castigos no erael más adecuado. Implícitamente, estaba anticipando su negativa a someterse al acuerdo de precios y procuraba que no se le aplicasen los "castigos" correspondientes.

En noviembre del mismo año, la UIA expresó nuevamente su oposición al acuerdo mediante un comunicado en que se oponía a las políticas decontrol de precios, dado que, a su juicio, producirían efectos contraproducentes en el desarrollo económico, disminuyendo la producción,incrementando costos y precios, bajando el consumo, la actividad fabril yel empleo. En el mismo comunicado se sostenía en tono extorsivo que talley de control de precios impedía el cumplimiento del régimen de pago delas deudas provisionales (La Nación, 1966).

En sintonía con la orientación industrialista bajo la tutela estatal quereclamaron en los primeros meses, la UIA sostuvo la necesidad de revertirciertas tendencias de las condiciones de inserción en el mercado externo. En 1966, durante un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires5 , Oneto Gaona disertó acerca de las posibilidades que abriría para la Argentina laconformación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Señalaron su resquemor a la existencia de una estructura local más afín a las importaciones que a las exportaciones que, de no revertirse,remarcaría las condiciones de debilidad de la industria argentina frente asus competidores e impediría aprovechar las posibilidades que brindaba elALALC. Demandaron, en función de ello, la intervención estatal con políticas orientadas a generar competitividad para el entramado industrial local. Entonces, el Estado debería subsidiar las tarifas de energía, resolver elproblema de salarios altos no-competitivos (anulando el "costoso" sistemaprovisional) y devaluar la moneda para proteger a la industria nacional,contribuyendo de esa manera a que se alcancen de los estándares decompetitividades, al menos latinoamericanos (La Nación, 1966).

A fines de 1966, la irresolución de las dificultades en materia económica le costó el cargo al ministro de Economía, que fue desplazado de supuesto por Onganía (Dromi 1988: 412). Los términos en los que fueinstaurado el Acuerdo de Precios, la no aplicación de congelamiento salarial, y una devaluación muy tenue constituyeron los principales aspectos dedesacuerdo de la UIA con la gestión de Salimei.

Salimei expresaba una estrategia diferente a la de la entidad industrial, y afín a la política reformista impulsada por las fracciones de la burguesía representadas por la Confederación General Económica. La resolución de la crisis económica, cuya principal expresión era la caída de la tasade ganancia industrial, requería para la UIA medidas diferentes que anudaban una serie de alianzas distintas a las tejidas por Salimei. Como hemosvisto en los documentos presentados al comienzo de la gestión económica,superar la crisis de acumulación demandaba para la UIA: la caída de lossalarios reales y la reestructuración de los gastos estatales, el aumento de laproductividad y la eficiencia, el disciplinamiento de los sectores obreros yla restructuración de la legislación laboral y previsional en virtud de disminuir el costo de la mano de obra. A su vez, se demandaba el apuntalamientoestatal para generar la competitividad industrial que permitiera apuntar haciala conquista de los mercados internacionales. En el corto plazo, ello significaba proteger y subsidiar a la industria local, tomando como primeramedida en ese sentido, una devolución de la moneda acorde a los niveles de protección y costos de la mano de obra requeridos para la restauración dela tasa de ganancia. La gestión Salimei estaba muy lejos de coincidir conlos objetivos de la UIA.

El sector liberal de las Fuerzas Armadas, personal con el que sealineaba la UIA, habría operado para impedir la implementación completade la política delineada por Salimei. El principal enfrentamiento fue conÁlvaro Alzogaray, embajador argentino en Washington y hermano del General Julio Alzogaray, dirigente de la facción liberal. El motivo de discordia habría girado alrededor de la intención de Alsogaray de contraer unacuerdo con Estados Unidos para acercar inversores extranjeros, a la quese opuso Salimei (Rapoport 2000). A través de las críticas de Alzogaray, seexpresaban los de toda la facción liberal, que no ahorraba cuestionamientosfrente a la orientación económica dispuesta por Salimei. Finalmente, el 30de diciembre de 1967, fue reemplazado por Adalbert Krieger Vasena, menguando el enfrentamiento de los sectores más concentrados de la burguesíacon el gobierno en materia de política económica.

La alianza con Krieger Vasena

Krieger Vasena provenía de las esferas empresariales, habiendo oficiado de asesor y miembro del directorio de varias grandes empresas. Obrócomo director de la National Lead, asociada en Argentina a Minera Aguilar,a la Compañía Minera Castaño Viejo y a Metalmina. También ocupó puestos dirigentes en la Compañía General de Refractarios de la Argentina. Asimismo se desempeñó como director de las firmas Alejandro Llauró e Hijose Investaires, pertenecientes a su suegro, Alejandro Llauró, dirigente de laUIA durante el período (Muchnik 2010).

Las intenciones de Vasena eran solucionar los problemas deineficiencia de los sectores público y privado, raíz del estancamiento económico. Su plan consistía en redistribuir los recursos canalizándolos hacia lossectores más eficientes de cada actividad, premiando a los más productivos.

El plan implementado radicó en una devaluación del 40% del peso.A partir de ese momento (principios de 1967) regiría un tipo de cambiofijo. Para compensar los efectos de transferencias de ingresos entre ramas,se impusieron retenciones a las exportaciones que oscilaban entre el 16 y el25%, especialmente aplicadas a las exportaciones agropecuarias.

Dado que la devaluación actuaba como una barrera de contenciónde productos importados se redujeron los aranceles aduaneros en un 50%,con el objetivo habilitar la importación de maquinarias para modernizar lossistema de producción y comprar los insumos necesarios sin aumentar loscostos finales de producción. De esta manera se incentivaba el aumento dela productividad permitiendo la importación de maquinarias.

Los tres elementos mencionados (devaluación, retenciones y aranceles) actuaban como un doble tipo de cambio (Rapoport 2000: 530; Braun1973: 29). Uno bajo para las exportaciones agropecuarias combinado conuno más alto para las exportaciones industriales, la importación de productos de consumo industrial y las transacciones financieras. Por otra parte, seimplementaron incentivos fiscales a las inversiones industriales. Especialmente, a partir de exenciones impositivas del orden del 50% en la comprade maquinarias, incrementando su importación.

En el ámbito rural se dio por concluido el sistema de prórroga automática y congelamiento de arrendamientos, reclamado por el sector terrateniente durante décadas. Con respecto a las relaciones económicas internacionales, el 13 de marzo de 1967 se firmó el acuerdo Stand By con elFMI por 125 millones de dólares, cuyo objetivo era contener la inflaciónpara facilitar la atracción de capitales extranjeros.

El ministerio a su vez congeló los salarios mediante un decreto de fines de marzo de 1967, restringiendo los aumentos hasta fines de 1968.También aumentó las tarifas de los servicios públicos, los impuestos a lasventas y propiedades y redujo el empleo público. La respuesta gubernamental a la lucha iniciada por un sector de la CGT frente a la desvalorización del precio de la fuerza de trabajo, fue la suspensión de la personeríagremial a Unión Obrera Metalúrgica, Federación Obrera Tucumana de laIndustria del Azúcar (FOTIA) y la Federación de Obreros y EmpleadosTelefónicos de la República Argentina (FOETRA). A pesar de este golpe,la cúpula de la Confederación General del Trabajo liderada por AugustoVandor, dio marcha atrás con el plan de lucha propuesto ante el plan deajuste, buscando evitar las medidas represivas y enemistarse abiertamentecon el régimen (De Riz 2000: 58). Dentro del recorte de conquistas gremiales se modificaron los regímenes de trabajo en los puertos y ferrocarriles yse profundizó la reestructuración de los ingenios azucareros. Se sancionóla Ley de Arbitraje Obligatorio que posibilitaba la intervención del Estadoen los conflictos obrero-patronales y propiciaba los despidos sin indemnización (Rapoport 2005: 517).

La asunción de Krieger Vasena marca entonces el inicio de una intervención diferente por parte de la Unión Industrial. En efecto, poco después de los anuncios del nuevo plan económico, en el verano de 1967, laentidad declaró su adhesión enfatizando la necesidad de adoptar medidascontra la inflación y las subas de salario para reducir los costos de producción. Anticipaba, a su vez, su intención de apoyar un acuerdo de preciospara contener la inflación, en un contexto en el cual la devaluación ya habíaoperado disminuyendo los salarios reales (La Nación, 1967).

A diferencia de la Confederación General Económica, que condenólas medidas adoptadas6 , la UIA puso de relieve su acuerdo con la devaluación del peso en un 40%, y la nueva política arancelaria, mediante la que seredujeron los impuestos a la importación favoreciendo el ingreso de maquinarias para la modernización de los procesos productivos.7 La sobrevaluación del peso reinante hasta la fecha implicaba una disminuciónde la tasa efectiva de protección de la industria radicada en Argentina. Lamayor capacidad de importación que genera un tipo de cambio sobrevaluadoimplicaba la agudización de la competencia con los capitales extranjeros.Por esta razón, la UIA requería que se devalúe la moneda para que actúecomo protección de hecho. Asimismo, la caída de la tasa de ganancia impulsaba la urgencia de aumentar la productividad del trabajo y disminuirlos costos para acaparar una porción de la ganancia en disminución. Ladisminución de los costos internos de mano de obra y la caída de los salarios reales implicados en la devaluación operaban en el sentido de las necesidades de las fracciones de la burguesía industrial representadas por laUIA. A su vez, la eliminación de trabas arancelarias para la importación demaquinaria venía a cubrir la necesidad de incorporar capital fijo para mejorar la productividad del trabajo.

El Acuerdo de Precios, motivo de una férrea oposición de la UIA aSalimei, fue finalmente firmado en marzo de 1967. La asunción Krieger Vasena, y centralmente, la devaluación que abarataba el costo de la manode obra, marcaron la convergencia entre la UIA y el titular de economíaen torno a esta medida. Este compromiso fue expresado en varias oportunidades, una de ellas, con motivo de la adhesión de la entidad a la reedición del Acuerdo en enero de 1969. Oneto Gaona, en ese entonces ex presidente de la entidad, exaltó la supuesta espontaneidad del apegoal Acuerdo en 1967. En realidad, la firma del mismo sólo una vez asumido Krieger Vasena hace pensar en una acción concertada de boicot deciertos sectores de la burguesía a Salimei y un acuerdo estratégico conel nuevo ministro.8

La adhesión de la UIA a la política delineada por Krieger Vasena nofue circunstancial, y se mantuvo a lo largo del tiempo. Aún en 1969, en unalmuerzo ofrecido por la Cámara de Comercio Británica, el presidente dela UIA, Elbio Coelho, señaló su acuerdo con respecto a la política económica en curso: "Los empresarios vemos la gradual pero sana transformación que se está produciendo en nuestro país desde hace un par de años."(Cronista Comercial, 1969). Destacó también que Argentina contaba conbuenas condiciones para la recepción de inversiones extranjeras debido ala "alta calidad de los recursos humanos", es decir, mano de obra calificada y barata; un régimen económico abierto y sin restricciones para la remisiónde utilidades y un mercado interno en expansión.

En líneas generales entonces, se observa una bienvenida calurosa aKrieger Vasena por parte de la UIA y el acuerdo con la estrategia a desarrollar, claramente opuesta a la actitud adoptada frente a Salimei. No obstante,más allá del acuerdo con la línea general, la UIA intervino durante la gestión criticando, manifestando su apoyo o reclamando medidas frente a aspectos puntuales de las políticas implementadas. Veamos entonces las exigencias de la UIA a Krieger Vasena.

Exigencias de la UIA

Ni bien asumido el nuevo ministro, la UIA, como parte de ACIEL9 , expuso un programa que se componía de una serie de medidas tendientes ala liberalización de la economía y reducción de los costos de fuerza detrabajo mediante la eliminación de conquistas obreras. En relación a esteúltimo punto, también inquietaba el poder alcanzado por ciertos sectoressindicales, asentado económicamente en los aportes compulsivos y la potestad para negociar las condiciones laborales. Se destaca también la intención de gozar de beneficios impositivos para la modernización de las plantas, es decir que el Estado subvencione la puesta a punto de los capitalespara incrementar su competitividad.

En sintonía con la búsqueda de reducción salarial y aumento de latasa de explotación declamada al menos desde 1966, en septiembre de 1967la UIA expresó su conformidad con las medidas de congelamiento salarialdispuestas por el gobierno, señalando que contribuirían a la estabilizaciónde los costos industriales.

Un recurrente motivo de reclamo fueron las diferencias de salarios que debían pagar los empresarios radicados en diferentes provincias de laArgentina de acuerdo con la vigencia del sábado inglés y las quitas zonales.Como solución, la UIA proponía la implementación de medidascompensatorias.

Pocos meses antes de la rebelión popular de 1969 denominada"Cordobazo", Juan Oneto Gaona, ex presidente de la UIA, objetó las disposiciones de una nueva ley laboral (18.016) de 1969 mediante una nota alministro Krieger Vasena. Impugnó una cláusula que habilitaba que en lasconvenciones colectivas de trabajo se dispusieran contribuciones obligatorias hacia las obras sociales sindicales. Se argumentaba que se "coercionaba"a los trabajadores a aportar compulsivamente a una cobertura médica noelegida, e indirectamente, a afiliarse al sindicato.

La racionalización del aparato estatal constituyó otro aspecto delprograma sobre el que la UIA recargó las tintas. Además de la mención enlas declaraciones al inicio de la dictadura de 1966, la entidad insistió en numerosas oportunidades sobre este punto, recalcando la insuficiencia enlas medidas implementadas por el gobierno en la materia. Ante la elaboración del presupuesto 1968, la UIA emitió un documento con un balance delaño y consideraciones sobre el próximo en el que declaró que el Estado esel único sector que no ha procedido a sanear su estructura. El logro de esteobjetivo permitiría prescindir de la emisión monetaria para cubrir los gatosestatales ni recurrir a impuestos extraordinarios. Las miradas de la entidadse dirigían principalmente a la reducción de los gastos corrientes, es decirde aquella porción del gasto público destinada puramente al consumo sin lageneración de una mercancía como contrapartida. El pago de sueldos y lacompra de bienes y servicios para garantizar el funcionamiento del aparatoadministrativo se encuentran dentro de este concepto.

Un almuerzo de IDEA10 , así como una reunión en Río Cuarto (Córdoba) ante el Centro Comercial e Industrial, fueron ocasiones en las que elnuevo titular de la UIA electo en 1968, Elbio Coelho11 , insistió sobre la urgencia de racionalizar el aparato estatal. A través de un comunicado deACIEL, en mayo de 1969, la entidad volvió a insistir en la eliminación deldéficit presupuestario.

No obstante, estas exigencias de reducción de los gastos estatalesno implicaban la adscripción a un discurso extremadamente "liberal", entendido como la concreción de un "Estado mínimo". Esas apelaciones de laUIA al saneamiento de las cuentas estatales se combinaron con las demandas de protección hacia ciertos sectores empresarios y el pedido de intervención estatal con políticas de promoción industrial. En efecto, en 1968 laUIA auspició la realización del Congreso Regional de Industriales del Centro-Noroeste Argentino, en el que se trataron las solicitudes al gobierno deregímenes de promoción industrial que comprendieran el total de territorionacional. Asimismo, la eliminación de la superposición impositiva, y lavigencia del "sábado inglés", que implicaba incrementos salariales hasta en un 9.1% en algunas provincias argentinas, también fueron objeto de reclamos en aquella ocasión.

En vísperas del Cordobazo, la UIA volvió sobre este último problema en conjunto con la Federación Argentina de Industria Metalúrgica yACIEL, enviando notas al ministro de Economía y a los gobernadores deCórdoba, Mendoza, Santiago de Estero, San Juan y Tucumán. Advertía sobreel riesgo de paralización de las actividades industriales si se avanzaba en laeliminación de las quitas zonales12 del 9.1% respecto de los regímenes salariales de Capital Federal, Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. La eliminación de las quitas era una medida reclamada por la clase obrera, que veníaprotagonizando un proceso de reclamos que derivó, pocas semanas después, en la insurrección cordobeza. La UIA resaltaba que las diferenciassalariales que establecían las quitas eran compensadas por la mayor cantidad de jornales que el empleador debía pagar debido a la vigencia del "sábado inglés" en estas provincias. A su vez, proponía el establecimiento decompensaciones que suplieran lo que se perdería de derogarse las quitaszonales. Se demandaban tales compensaciones argumentando la necesidadde un incentivo a la instalación de plantas metalúrgicas en el interior delpaís, ya que dadas las circunstancias mencionadas, no encontrarían ventajas para tal localización.

De esta manera vemos una contradicción aparente entre las demandas de reducción de los gastos estatales y el reclamo de medidaspromocionales que, obviamente, implicaban aumentar el gasto estatal.Sin embargo, no existe tal contradicción entre una y otra: la UIA exigíaun redireccionamiento de los gastos estatales hacia el sostenimiento dela industria. Lo que solicitaba, en definitiva, era que la plusvalía e impuestos al consumo no se utilizaran en trabajo improductivo y se destinaran a sostener la acumulación. Posición que poco tiene de "liberal",en el sentido vulgar del término, pero se inscribe dentro del campo delprograma burgués.

Con respecto a la política arancelaria, la UIA manifestaba, porun lado, su apoyo a la rebaja de los gravámenes para las materias primas y bienes de capital que no se producían en el país, dado quedistorsionaban la estructura de costos de los bienes industriales. Coincidían, a su vez, con el sentido general de las medidas adoptadas, queapuntaban a mejorar la eficiencia del capital local exponiéndolo a lacompetencia con manufacturas importadas. Sin embargo, se reclamabaun ajuste en la política de tarifas, ya que ese tipo de medidas dejaban delado otros factores que afectaban la competitividad de la industria local, e incluso podrían llegar a ser negativas, exponiendo a la competencia externa a ramas y sectores que no habían alcanzado los niveles deeficiencia necesarios para enfrentarla.

Si bien defendían la apertura del comercio exterior, ya que esta potenciaría la competitividad de la industria local al exponerla a la competencia con los capitales extranjeros, señalaban que los aranceles no eran la única ni la principal razón que distorsiona la estructura de costos industriales, y que dificultaban su colación en el mercado mundial. Se volvía a aludir, nuevamente, a la cuestión de la "eficiencia", y con ello a la productividad y a los costos salariales, con lo cual, se supeditaba la apertura a lacompetencia internacional a un ajuste interno de los costos laborales y alaumento de la productividad.

No obstante las prédicas a favor de la exposición de los capitaleslocales a la competencia extranjera para obligarlos a aumentar su eficiencia, en los hechos se demandaba permanentemente una protección selectiva y se condicionaba la apertura a la resolución del problema de la productividad, es decir, a los avances sobre las condiciones obreras. En primerlugar, la devaluación, aplaudida por la entidad, implicó una protección dehecho. En segundo lugar, la propuesta en materia de comercio exterior dela UIA tenía un doble carácter: se pretendía cubrir las necesidades de importación de maquinaria e insumos (y por lo tanto, se demandaba liberalización en estos rubros) y, a su vez, el resguardo de ciertos capitales aplicando medidas proteccionistas. En definitiva, se reclaman medidas "liberales" exclusivamente para eliminar los sobreprecios pagados a ciertos capitales nacionales, producto de la protección arancelaria, y una protecciónselectiva para ciertas ramas.

En 1969, a la vez que se distinguía el impulso exportador del régimen arancelario se insistía cada vez más en la necesidad de resolver las debilidades internas. En efecto, Julio Ferloni, presidente del Departamentode Comercio Exterior de la UIA, expresó que la liberalización de la economía requería un período previo de protección de la industria nacional debido a la deficiencia relativa de la misma en relación a sus competidoresinternacionales. La entidad sostuvo que la política arancelaria debía promover y proteger las actividades industriales del país. A su entender, enaquel período la política arancelaria no estaba orientada a permitir el desarrollo industrial sino a obtener ciertos objetivos específicos.

En definitiva, observamos una tensión entre el aplauso a la liberalización de la economía encabezada por Krieger Vasena y la necesidad de cierta protección a la industria local, ineficiente para competiren el mercado mundial. La tutela estatal era presentada como el pasoprevio para la posterior apertura de la economía y su regimentación apartir de criterios puramente de mercado. Sumado a esto, las iniciativasde promoción industrial y rebajas salariales (directas e indirectas) dancuenta de las debilidades para posicionarse competitivamente frente alos grandes capitales internacionales. Por otra parte, el pedido dediscrecionalidad en el otorgamiento de recursos estatales y de rebajasarancelarias de ciertas mercancías evidencia la competencia inter-capitalista en el ámbito nacional. La cuestión radicaba, básicamente, en quiénpagaba la crisis económica: qué ramas o empresas se beneficiarían de laprotección y de la promoción, y cuáles pagarían los costos de afrontaruna mayor competencia externa a fin de obtener insumos y maquinariasmás baratos.

Conclusiones

La acción de la UIA durante la mayor parte del gobierno de Onganíatendió a imponer su programa de salida a la crisis. La caída de la tasa deganancia y de la productividad industrial requería de medidas que permitieran poner a punto nuevamente a las empresas individuales para relanzarla acumulación de capital. La baja de la renta diferencial, desde 1963, disminuía la capacidad de transferencia del sector agropecuario a la industriay por lo tanto, la masa de ingresos que había permitido sostener una experiencia como la del peronismo ya no se encontraba disponible. En este contexto se agudizan los enfrentamientos interburgueses y capital-trabajo, afin de imponer una salida a la crisis y determinar qué fracciones cargaran con sus costos.

La UIA formuló, en este contexto, un conjunto de medidas tendientes a reproducir su capital real en las condiciones que el mercado dictabapara mantenerse en pie. En este sentido, las políticas propuestas por la entidad se dirigían a disminuir el peso de los salarios en los costos de producción, reduciendo salarios reales, atando los sueldos a la productividad, eliminando conquistas sociales y reduciendo el poder de negociación de lossindicatos. Abrogaban también por una protección de la industria local:saludaron la devaluación de la moneda, que imponía de hecho la protección del mercado interno provocando una transferencia de valor a favor dela industria mercado internista. A pesar de recomendar una eliminación detarifas y la liberalización de los mercados, se opusieron a una apertura total, demandando la disminución de tarifas sólo en lo referente a ciertos insumos y maquinarias industriales, que permitirían aumentar la productividad del trabajo y disminuir sus costos de producción. A contramano de supretendido "liberalismo", reclamaron que se mantenga la protección industrial cuando ésta afectaba a las empresas y ramas que representaba, posponiendo todo intento de apertura aduanera a la eliminación de las "distorsionessalariales". La inexistencia, sin embargo, de una demanda de proteccióngeneral para el conjunto de la industria nacional da cuenta de que en laestrategia de la UIA existían capitales a los que se debía quitar la tutelaestatal y dejar sucumbir ante la competencia internacional.

En lo referente al rol del Estado, en consonancia con el discurso "liberal clásico", demandaron disminuir todo gasto de plusvalía en actividades no redituables (por ejemplo en empleo estatal). Reclamaron permanentemente por el recorte de los gastos estatales, por el saneamiento de lascuentas públicas y la eliminación del déficit. Sin embargo, también demandaron la intervención del Estado, que debía solventar el aumento de lacompetitividad de la industria local subsidiando tarifas de servicios y ampliando los regímenes de promoción industrial.

Su estrategia de resolución de la crisis aparece como favorable aeliminar los capitales menos eficientes para el espacio nacional, aunquedada la ineficiencia de la mayoría de ellos en el mercado internacional,debía reclamar cierta tutela estatal. Claramente, la renta ya no alcanzaba para sostener a todos por igual, y la UIA operó para que no fueran lasfracciones que ella representaba quienes pagasen los costos de la crisis,sino los industriales más pequeños y la clase obrera. En esta lógica se inscribe su política, que lejos está de ser anti-industrial o anti-estatal, comopretenden aquellos que califican a la UIA de "liberal". Es la estrategia quedeben adoptar los capitales no competitivos para desarrollar sus industriasen un contexto en el que la disminución del principal elemento de compensación de las debilidades del capitalismo local, la renta, obligaba a imponerun ajuste. Por un lado, promovían una concentración y centralización "regulada" y, por el otro, y he aquí lo más importante, impulsaban la rupturade las relaciones que daban sustento al reformismo peronista. Con un mercado interno muy limitado, sólo mediante la drástica disminución del precio de la fuerza de trabajo la Argentina industrial podía tener alguna oportunidad en el mercado mundial. Esta ofensiva, como veremos, chocó en 1969 con un límite impuesto por el proletariado.

Los efectos de la aplicación del programa de la UIA implicaron unproceso de concentración y centralización del capital. Como advertimos, lacuestión era qué capitales pagaban la crisis. En un contexto de caída derenta, el Estado no puede subsidiar a todos, apareciendo disputas por lacompensación necesaria para su reproducción. Asimismo, la entrada decapitales extranjeros agravó la crisis en muchas ramas de la industria. Losresultados del proceso: quiebra de pequeños capitales y aumento de la desocupación producto del cierre de empresas y el reemplazo de fuerza detrabajo por maquinarias.

Notas

* El artículo es parte de la tesis doctoral de la autora, en evaluación.

1 Ver críticas a ésta concepción del comportamiento de la burguesía nacional en Sartelli, E.: "El enigma de Proteo. A propósito de J. Sábato, Larry Sawers y el estancamiento de la economía argentina", Ciclos nº 10, IHES, FCE, Buenos Aires, 1996; Kornblihtt, J.: Crítica del marxismo liberal, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008, pp. 13 a 58; Baudino, V.: El ingrediente secreto, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008, pp. 17 a 48.

2 El bonapartismo es un régimen político asentado en una paridad de fuerzas entre las clases y fracciones de la clase dominante. se trata de un personal que se eleva por encima de ese equilibrio e intenta conciliar, en mayor o menor medida (y momentáneamente), los diferentes intereses con el objetivo de "congelar" el desarrollo de las contradicciones. pero ese régimen, bajo el capitalismo, siempre responde en última instancia a la clase dominante. véase Trotsky, L.: La lucha contra el fascismo en Alemania, Ediciones Pluma, Buenos Aires, 1974, t. II, p. 76.

3 La Asociación Católica de Dirigentes de Empresa era (y es) una corporación integrada por directivos de empresas, fundada en 1952 por la Acción Católica. Contaban con estrechos lazos con las Fuerzas Armadas, y sus miembros ocuparon cargos públicos bajo el gobierno de Onganía (la mayoría del gabinete de Salimei pertenecía a dicha institución). Miembros de la UIA, como Van Perborg formaban también en sus filas. Ver Verbitsky, H. (2008): La iglesia en la Argentina: De Lonardi al Cordobazo (1955-1969), Sudamericana, Buenos Aires.

4 Ex ministro de Economía del gobierno de Arturo Frondizi.

5 El Rotary Club, entidad que nuclea empresarios nacida en Estados Unidos, ha sido un lugar privilegiado de exposición de las posiciones de la UIA. Otra entidad católica vinculada a la corporación, ha sido en el período la organización del monje francés Georges Grasset. Roberto Petracca, dirigente de la UIA, era parte de la mencionada institución. Verbitksy, H.: op. cit., p. 229.

6 Memoria y Balance, CGE, 1967. En un principio la CGE saludó los objetivos de "modernización" de la economía, aunque pasó rápidamente a la oposición a la gestión de Krieger Vasena.

7 La Cámara Argentina de Comercio también apoyó la disminución de los aranceles a las importaciones. Niosi, J.: op. cit., p. 163.

8 Entrevista a Juan Martín Oneto Gaona publicada en La Nación, 24 de enero de 1969. Ver también Clarín, 24 de enero de 1969.

9 La UIA era parte de la dirigencia de ACIEL (Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres), entidad que agrupaba a las corporaciones representantes de las capas más concentradas de la burguesía que operaba en Argentina en el período estudiado.

10 Institución empresarial fundada en 1960 especializada en elaboración de planes de negocios y formación de cuadros gerenciales.

11 En 1967 asume, elecciones mediante, el nuevo presidente de la UIA, Elbio Coelho. A juicio de Schvarzer, éste representaba los intereses de los pequeños y medianos capitales a diferencia de Oneto Gaona, quien pretendía que la UIA sea sólo de los grandes. Schvarzer, J., 1996.

12 Las quitas zonales eran un beneficio promocional que permitía a los capitalistas de determinadas provincias descontar un porcentaje del salario sobre el acordado en convenciones colectivas nacionales. Estas quitas estaban destinadas a equilibrar los jornales de las provincias en las que regía el "sábado inglés" con las que no. La exigencia obrera de derogar las quitas zonales fue uno de los principales reclamos del Cordobazo. Balvé, B. y Balvé, B.(2005): El 69, Ediciones ryr, Buenos Aires: p. 36.

Fuentes

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Recibido: 14.09.2011 Aceptado: 25.07.2012

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