Introducción

América Latina es la región con mayor subcontratación en el mundo, después de Europa y Norteamérica. En Chile, se observa un aumento sostenido en los últimos 10 años de formas de contratación temporal, desprovista de derechos laborales y bajos salarios favoreciendo la precarización y la desigualdad en el mercado laboral. Lo anterior, en función de las medidas promovidas posteriores al golpe cívico-militar en Chile, que dieron el sello neoliberal al modelo imperante hasta la actualidad.

A partir de 1994, se comienza un proceso de implementación del denominado Nuevo Management Público (NMP) en las dependencias del Estado, orientado a consolidar un Estado mínimo para garantizar derechos sociales y máximo para el tránsito libre de capitales, generando nuevas interacciones entre lo público y privado, incorporando formas de gerenciamiento, caracterizadas por flexibilidad, relaciones laborales débiles y subcontratación de tareas.

La subcontratación de tareas, como forma de flexibilización laboral, aunque presenta variedad de acepciones, puede definirse como la situación contractual en la cual “una unidad económica con trabajadores a su mando realiza tareas para otra empresa, sea dentro de las instalaciones de esta última o en sus propias instalaciones” (^{De la Garza, 2012}, p. 25).

Este artículo se adentra en la problemática del subcontrato y su impacto en un sector específico del Estado: la universidad estatal, poco estudiada en Chile. Se propone, a partir de una investigación realizada en dos facultades que llevan a cabo estas prácticas, sintetizar hallazgos acerca de las características del trabajo subcontratado- respecto de salud, precarización y subjetividad de los trabajadores- en este tipo de institución.

A continuación, el lector encontrará una serie de apartados que dan cuenta 1) del contexto que explica las transformaciones en Chile posteriores a 1973, en el plano educacional y del trabajo, y un marco conceptual para comprender estas transformaciones, 2) los detalles metodológicos de la investigación 3) los hallazgos que particularizan la problemática en la universidad estatal, y 4) por último, se avanza en algunas ideas que cristalizan los hallazgos, abiertos a seguir el debate y formular nuevas preguntas.

Transformaciones del capitalismo: neoliberalización en Chile

Entre 1945 y 1970, tuvo lugar un crecimiento generalizado de las economías de los países centrales. El capitalismo industrial, con su patrón de desarrollo productivo fordista, entró en crisis a principios de 1970, enfrentando un aumento sin precedentes de la competencia en los mercados internacionales, y generando presiones hacia gobiernos y empresas por flexibilizar los mercados de trabajo, para mantener el ritmo de acumulación (^{Kalleberg, 2012}).

La respuesta del Capital se orientó a desvalorizar la fuerza de trabajo bajo una reestructuración productiva de acumulación flexible, caracterizada por privatización de servicios, desregulación de la política económica, predominio progresivo del capital financiero, promoción de la tercerización, y precarización de la seguridad e ingresos del empleo (^{Antunes, 2011}; ^{Beck, 2000}; ^{Garretón, 2012}; ^{Sennett, 2000}). El papel del Estado se redujo considerablemente, descentralizando sus agencias, conllevando la desregulación y descolectivización de las relaciones laborales y el surgimiento de formas de empleo atípicas, en una estructura marcada por las desigualdades en la distribución de la riqueza (^{Castel, 1997}; ^{Kalleberg, 2012}). Disminuyendo el proletariado tradicional y aumentando el “nuevo proletariado fabril y de servicios, presente en las diversas modalidades del trabajo precario” (^{Antunes, 2011}, p. 48).

Este patrón de acumulación, orientado al crecimiento económico permanente basado en la explotación del trabajo vivo, contempla la dinámica tecnológica y organizacional intrínseca del capitalismo, definido como sistema neoliberal, que implica no solo un modelo económico, sino cultural, político y social (^{Harvey, 1992}).

En Chile, el golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar que se mantuvo hasta 1989, marcó la implementación de políticas fuertemente neoliberales a todo nivel, reduciendo el empleo público y disminuyendo los beneficios de los trabajadores, con un reconocimiento mínimo de los derechos laborales relacionados con trabajo decente (^{Cárdenas, Link y Stillerman, 2012}). Lo anterior no cambió sustancialmente durante los gobiernos de la Concertación, a pesar de las reformas al Código del Trabajo realizadas de vuelta a la democracia, convirtiéndose Chile en un ejemplo de flexibilidad extremo, sin políticas de seguridad social para los trabajadores (^{Cárdenas, Link y Stillerman, 2012}; ^{Kalleberg, 2012}). Conllevando el enfrentamiento de los sujetos a la falta de garantías sociales y legales, bajas remuneraciones y exposición a altos riesgos de salud, siendo las mujeres quienes más probabilidades tienen de contar con empleos precarios (^{Kalleberg, 2012}).

En este sentido, entenderemos trabajo precario “como aquel trabajo que es frágil, impredecible e inseguro, y en el cual los trabajadores asumen los riesgos del empleo en vez de las empresas o los gobiernos” (Ibid, p. 41).

En relación a lo anterior, cabe destacar los planteamientos de ^{Cuevas (2015}) referentes a que la aparición de categorías de trabajadores precarios en Latinoamérica, no se corresponde con los marcos de discusión dominantes referidos a los retrocesos de los estados de bienestar europeos, siendo categorías sociales de larga data, invisibilizadas por estos marcos. En este sentido, en América Latina “el trabajo precario frecuentemente ha sido un elemento constitutivo de la estrategia de desarrollo de las élites dirigentes que conciben a sus países como jugadores subalternos sometidos a la influencia de instituciones financieras internacionales” (Ibid, p. 11). De esta manera, las categorías latinoamericanas no calzan con la figura dominante del trabajador (hombre, sindicalizado, capacitado y ciudadano), apuntando a categorías marginales (trabajadores con baja calificación laboral, mujeres, inmigrantes, etc.).

Universidad estatal y empleo: nuevas configuraciones bajo el neoliberalismo

En el mundo del trabajo, las transformaciones posteriores al golpe cívico-militar, que dieron el sello neoliberal al modelo de desarrollo imperante en el Chile, impactaron en los lineamientos de la legislación laboral chilena (aún vigente), con base en el llamado Plan Laboral de 1979, que flexibilizó el empleo, restringió la acción sindical y amplió márgenes de externalización productiva (^{Cárdenas, Link y Stillerman, 2012}). Este funcionamiento, dejó desprotegidos a los trabajadores subcontratados en sus derechos sociales y laborales. Frente a ello, en 2007 entró en vigencia la ley N° 20.123, que regula el empleo bajo ese régimen; con mayor claridad en la definición legal de subcontratación¹: la organización principal amplía sus responsabilidades respecto de las condiciones laborales de los trabajadores, siendo “solidariamente” responsable por su cumplimiento. La ley avanza sin cuestionar la idoneidad del régimen.

En las organizaciones públicas, a nivel legal, la ejecución de la ley 18.834 en 1989, en plena dictadura, que vino a regular el sector estatal, estableció que los cargos de planta o contrata² solo corresponden a funciones “propias” de las instituciones y las demás actividades pueden ser realizadas por el sector privado, avalando la externalización. Por otro lado, a partir de 1994, con los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, comienza un proceso de implementación del NMP en las diversas dependencias del Estado, incorporando formas de gerenciamiento³ propias de empresas privadas. Las organizaciones públicas empiezan a buscar eficiencia, mediante la descentralización, la gestión por objetivos, el incentivo monetario al cumplimiento de tareas y la subcontratación para externalizar tareas fuera de su giro (^{Waissbluth e Inostroza, 2007}).

En el campo de la educación, dicha transformación se reflejó en la disminución del gasto público, que cayó del 35% al 15% entre 1974 y 1980, forzando a las universidades estatales a abandonar la gratuidad, cobrar aranceles y buscar otras fuentes de financiamiento. En concreto, el autofinanciamiento creció en promedio de un 13.5% al 26.9% entre 1965 y 1980 (^{Bernasconi y Rojas, 2003}, p. 20). En paralelo, con las reformas de 1981, se permitió la expansión de la educación universitaria privada, bajo el principio de “libertad de enseñanza”, facilitando la apertura de establecimientos con el argumento de regular la calidad de la educación, a partir de una mayor competencia en el mercado; llegando a su apogeo en los gobiernos de la Concertación (1990-2010), ya que se mantuvo el espíritu de las reformas llevadas a cabo en dictadura. Lo anterior se ve reflejado en las palabras de José Joaquín Brunner⁴, quien planteó que la política pública universitaria debía orientarse a: generar “una sana competencia entre las universidades por atraer a los mejores postulantes, tendiendo así a elevar la calidad de la docencia” y eliminar de manera definitiva la educación gratuita, planteando que esta implicaría “un simple disfraz demagógico para ocultar el hecho de que su costo se traslada a la comunidad, recayendo la carga en sectores de menores ingresos que los beneficiados” (Brunner, 1992, p. 55).

Para el año 2002, el sector privado representaba el 75% de las instituciones de educación superior del país y el 100% del sector no-universitario de la educación superior (^{Bernasconi y Rojas, 2003}). Los planteles universitarios en general aumentaron progresivamente, llegando de 8 en 1981 a 59 en 2017 (^{Downey y Portiño, 2017}). A la par, la matrícula universitaria aumentó significativamente de 116.000 estudiantes en 1980 a 645.492 el año 2016 (^{Consejo Nacional de Educación, 2016}).

En definitiva, esta disminución del aporte estatal directo a las universidades del Estado, las obligó a buscar fórmulas para optimizar recursos bajo una lógica de competencia.

La neoliberalización impactó a la universidad, y su evidencia es la creación de universidades privadas, lucro, instalación del arancelamiento de la formación universitaria, prácticas de gestión vinculadas al NMP, exigencias productivistas al cuerpo académico y orientación de la formación a las necesidades del mercado o, como lo ha dicho ^{Chomsky (2014}), hoy en la universidad operan contratos inestables, profesores temporales, flexibilización laboral, bajos salarios, escasa participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, aumento de puestos administrativos, y jóvenes sometidos a la presión de créditos y deudas. Se inicia la era del “capitalismo académico”, en que la universidad pasa de un enfoque social y científico en cuanto a investigación y formación a la “universidad emprendedora”, basada en la lógica neoliberal de la competencia y el mercado (^{Slaughter y Leslie, 1998}).

Las universidades estatales compiten en desventaja en el mercado, con la necesidad urgente de cambiar sus formas de gestión y estructura burocráticas, por aquellas propias de las universidades privadas, orientadas hacia una mayor eficiencia. Lo anterior, implicó la introducción de figuras tales como el subcontrato, en distintos ámbitos (^{Downey y Portiño, 2017}).

Debido a su regulación, en las universidades estatales los trabajadores bajo este régimen no son reconocidos como parte de los trabajadores del sector público, no teniendo la posibilidad de ingresar a la Administración del Estado, a menos que se lleve a cabo un concurso público, o a través de la voluntad de los Rectores, de los planteles (Ibid).

Downey y Portillo (Ibid), encuentran puntos en común al analizar cinco estudios⁵ sobre subcontratación en universidades chilenas (cuatro estatales y una privada tradicional), destacándole como un fenómeno que se concentra en servicios auxiliares: aseo, seguridad y jardinería. Lo que implica una composición de trabajadores que ocupan una posición de desventaja en el mercado de trabajo, por lo general mujeres, de edad avanzada y bajo nivel educacional, con clara división sexual del trabajo, en que los hombres desempeñan en labores de vigilancia y las mujeres labores de limpieza.

Este suministro de trabajadores subcontratados con baja calificación laboral, realizando actividades de baja o nula especialización, conllevaría, según ^{Echeverría (2006}), un desmedro en las condiciones de trabajo tanto en términos de remuneraciones y seguridad social, como de riesgos y desprotección en cuanto a higiene y seguridad laboral. Así, la degradación de las condiciones de trabajo, implica precarización en cuanto a mayor exposición a riesgos para la salud, como los riesgos psicosociales, definidos como “aquellas características de las condiciones de trabajo y, sobre todo, de su organización que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos” (^{Moncada, Llorens y Kristensen, 2002}, p. 14). Siendo centrales el control sobre el contenido de las tareas, las exigencias, el apoyo social y el nivel de compensaciones por el trabajo realizado (Ibid).

Otro aspecto en común en los estudios analizados, apunta a la inestabilidad laboral, representada en la escasa antigüedad de los trabajadores. También se agregan salarios menores al ingreso medio nacional, que llevan a la realización de horas extras para compensar las precarias remuneraciones. Lo anterior, se une a la inexistencia de acción colectiva y sindicalización, por miedo a represalias o a mayor precarización de su situación laboral (^{Downey y Portillo, 2017}).

Esta situación genera en un mismo espacio, tipos diferenciados de trabajadores, según empleador directo, en relación a formas de precariedad e inseguridad invisibilizadas (^{Echeverría, 2010}; López, 2008; ^{Neffa, 2012}).

Lo anterior, pone en juego la concepción que se tiene de universidad estatal como universidad pública, orientada al bien público y no al servicio de intereses particulares (^{Atria, 1 noviembre, 2016}).

Subcontratación y sentidos del trabajo

La segmentación del colectivo de trabajo, que produce la subcontratación laboral, dividiéndolo en un mercado primario y uno secundario o externo; disminuye sus posibilidades de negociación colectiva (^{Echeverría, 2013}).

Adicionalmente, la predominante estructuración de sindicatos solo a nivel de las empresas- y la prohibición de sindicalización y huelga en el servicio público en Chile- han implicado una fragmentación del tejido social de reivindicaciones laborales característico en las décadas de los ’60 y ’70 en la región (^{Iranzo y Richter, 2012}). Lo anterior se agudiza en el caso de los trabajadores subcontratados, mostrando mínima comunicación con sindicatos en ambas direcciones, en consideración a la legislación y al temor frente a la posibilidad de perder su fuente laboral, más la alta rotación y la diversidad de turnos, implica dificultades para generar lazos de identificación tanto con el lugar de trabajo, como con pares, ya que no se comparten tiempos, espacios, ni tareas (^{Iranzo y Richter, 2012}; ^{Lay, Trebilcock, Olivares y Durán, 2014}). Es debido a esta dispersión y fragmentación, características de la subcontratación, que se dificulta la construcción de identidades colectivas en el espacio laboral (^{Cárdenas, Link y Stillerman, 2012}).

Finalmente, el género y la calificación laboral aparecen como aspectos que dan cuenta de la segmentación del mercado de trabajo. Es decir, trabajos con baja o nula calificación laboral y menor relevancia organizacional, en contextos tayloristas y precarios, enmarcan la reproducción de la división sexual del trabajo, conllevando mayor presencia de mujeres en este tipo de actividades (^{Iranzo y Richter, 2012}).

En esta línea, ^{Cárdenas et al. (2014}), en su estudio trayectorias laborales de la clase media-baja en Chile, refieren que las trayectorias laborales de mujeres muestran condiciones más precarias, particularmente en casos donde carecen de oficio o profesión, tienen educación escolar incompleta y/o provienen de hogares de escasos recursos. Lo que se suma a su doble jornada, en trabajo remunerado y trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que se mantiene como función principal asociada al género (^{Cárdenas, Link y Stillerman, 2012}; ^{Cárdenas et al., 2014}). En esta línea, las autoras identifican en la Trayectoria definida como Subordinada, a aquellas mujeres jefas de hogar, de baja escolaridad y sin especialización laboral, que llevan a cabo principalmente tareas de aseo y ornato; conformando una subjetividad laboral funcional a la sociedad de servicios neoliberal, donde no hay cabida para la transformación de sus condiciones de trabajo a través de la eficacia personal o colectiva, percepción predestinación laboral y de vida negativas (^{Cárdenas et al., 2014}).

Esto es relevante, ya que el trabajo en la era de la flexibilización mantiene su rol de centralidad y estructuración de la vida material, mediante la urgencia por el logro de metas, alta demanda de implicación subjetiva y disminución de límites entre los ámbitos laboral y personal; cuyo valor está dado por necesidades y proyectos individuales, en una trayectoria singular, inestable y marcada por la transitoriedad (^{Díaz, Godoy y Stecher, 2005}). Involucra la construcción de sentidos e identidades laborales funcionales a las nuevas culturas laborales (^{Díaz et al., 2005}; ^{Godoy et al., 2014}; ^{Soto, Espinoza y Gómez, 2008}) y, como ya se mencionó, mayores riesgos psicosociales en el trabajo (^{Pérez-Franco, 2016}). El trabajo, incapaz de asociarse a un proyecto de vida, aparece como un hecho contingente, fragmentado, orientado solo a la sobrevivencia (^{Iranzo y Richter, 2012}).

Aproximación metodológica

Para conocer las características del trabajo subcontratado en el ámbito universitario estatal, se realizó una investigación en dos facultades que llevan a cabo estas prácticas, con foco en personal de aseo, en una universidad del Estado de Chile de la región Metropolitana.

El diseño fue mixto convergente, con recolección concurrente de datos cuantitativos y cualitativos, y análisis de la información para luego integrarla (^{Creswell y Plano, 2011}).

Levantamiento de datos cuantitativos: buscó obtener información sobre aspectos relacionados con condiciones laborales y riesgos psicosociales en el trabajo. Para esto último, se utilizó el cuestionario SUSESO-ISTAS21 (versión breve) (^{Alvarado et al., 2012}). Este cuenta con 20 preguntas, agrupadas en cinco dimensiones: (1) Exigencias psicológicas: cuantitativas, cognitivas, emocionales y sensoriales. (2) Trabajo activo y desarrollo de habilidades: autonomía respecto del trabajo, posibilidad de desarrollar habilidades, control sobre tiempos de trabajo, sentido del trabajo e identificación con la institución. (3) Apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo: claridad de rol, calidad de liderazgo y de relación con superiores y compañeros. (4) Compensaciones: reconocimiento, trato justo, seguridad sobre condiciones contractuales. (5) Doble presencia: preocupación por el trabajo doméstico a la vez que por las tareas propias del trabajo (^{Candia, Pérez-Franco y González, 2017}). Fue aplicado a 61 trabajadores subcontratados de aseo, de ambos sexos, buscando asegurar la mayor cobertura en función de la cantidad de trabajadores en cada unidad⁶. Adicionalmente, se levantó información sobre características sociodemográficas y de ingresos. El detalle de la muestra es el siguiente:

Levantamiento de información cualitativa: buscó comprender en profundidad los discursos de las participantes. Se realizaron cuatro entrevistas semi-estructuradas, a través de muestreo intencionado, buscando cubrir distintas posiciones de sujeto, con criterio dado por facultad y labores de aseo subcontratadas. El foco estuvo en mujeres, considerando su mayor presencia en este tipo de actividades, como ya se mencionó. Las entrevistas correspondieron a tres trabajadoras y a una supervisora de las empresas subcontratistas. La supervisora se incluyó considerando su trayectoria laboral, quien también se desempeñó como auxiliar de aseo en la misma empresa, permitiéndole tener una visión desde dicha posición, y de la posición de organización del trabajo desde la administración operativa.

Las entrevistas fueron grabadas digitalmente, previa autorización a través de consentimiento informado. Una vez transcritas, fueron tratadas con análisis de contenido cualitativo, con el software ATLAS.ti 7. Finalmente, se interpretaron integradamente los datos cuantitativos y cualitativos.

Análisis de hallazgos

El número de trabajadores de aseo de ambas facultades, bordea las 82 personas, y del total encuestados (61), casi el 80% corresponde a mujeres. El 25% de la muestra se ubica entre los grupos etarios de 25-30 años y un 10% corresponde a más de 60 años. Cerca del 80% posee menos de 12 años de escolaridad, es decir, no cuentan con el nivel de calificación que les permita optar a trabajos con mejores condiciones salariales o contractuales. Aquí, la relación entre género (mujeres), edad (jóvenes o en edad de jubilación) y nivel de escolaridad (bajo) predeterminan el lugar y condiciones de empleo precarias ofrecidas a estas trabajadoras.

A ello se suma que más del 60% de estas trabajadoras cumplen la función de principal sostenedora del hogar y más del 80% no cuenta con un segundo empleo que complemente el salario recibido.

Los resultados cuantitativos mostraron un alto riesgo psicosocial para el personal de aseo de ambas facultades, en cuatro de las cinco dimensiones del cuestionario SUSESO/ISTAS21, a saber: trabajo activo y desarrollo, excede considerablemente en ambas facultades el tercio de trabajadores que presentan alto riesgo para la salud, en la Facultad 1 el aseo presenta un 66,7%, y en la Facultad 2 un 80%. En la dimensión apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo, se observó 52% en de riesgo en la Facultad 1 y 77.8% en la Facultad 2. En la misma línea, compensaciones, presentó 60,8% en la Facultad 1 y 66,7% en la Facultad 2. Finalmente, la dimensión doble presencia, mostró 78.4% para la Facultad 1, y 60% en la Facultad 2.

La única dimensión con bajo nivel de riesgo fue exigencias psicológicas, con 33,3% de trabajadores de aseo de la Facultad 1, y un 40% en la Facultad 2 en riesgo psicosocial. Una explicación plausible respecto de este resultado, dice relación con que son las exigencias cuantitativas (carga de trabajo), las que predominan en los discursos de las trabajadoras, con mínima mención respecto de los otros tipos de exigencias.

Por su parte, en el análisis cualitativo surgieron cinco categorías: (1) problemas de ingresos económicos, (2) pérdida de control sobre la relación laboral, (3) demandas y bajo apoyo institucional, (4) ejercicio de derechos laborales: naturalización de la precariedad y, (5) responsabilidad individual e incertidumbre en la construcción del proyecto de vida.

A continuación se integran estos hallazgos, desarrollando las categorías cualitativas, dentro de las cuales se realizan las conexiones con las dimensiones del cuestionario aplicado.

Discusión

Los resultados dan cuenta que, siguiendo a ^{Neffa (2012}) y a ^{Echeverría (2013}), esta modalidad de contrato, principalmente en casos de trabajadores con baja calificación laboral, contribuye a la naturalización de la precarización, ampliando los ámbitos de exclusión social. La precarización permea los límites de la salud física y mental de los trabajadores, con altos niveles de riesgo psicosocial, en concordancia con los discursos de las participantes. Lo anterior, en el caso de la subcontratación, es interseccional al nivel educacional, el acceso a la educación y al género, con marcada presencia femenina.

No es solo el ámbito del trabajo el que se ve afectado, sino que el complejo flujo de fenómenos que conlleva este tipo de contratación, permeando la trayectoria vital y familiar de cada una de las trabajadoras, en una indefensión cotidiana, con bajas condiciones de posibilidad para ejercer sus derechos laborales (^{Echeverría, 2013}).

Destaca el foco en la familia, en consideración al cumplimiento principal del rol de sostenedoras de hogar. Aparece una lógica sacrificial, desplazando la gratificación hacia el futuro, en consideración a su incertidumbre y en función del aseguramiento, aunque transitorio, del bienestar familiar.

Entre las implicancias laborales, destacan dificultades en términos de pertenencia organizacional e incertidumbre, frente a una organización que contractualmente no tiene la responsabilidad sobre sus condiciones laborales. La universidad es sentida lejana, sin que sea posible la construcción de un sentido de pertenencia institucional. Adicionalmente, la desigualdad entre distintos tipos de trabajadores, divididos en funciones y regímenes contractuales, se hace patente. Los contrastes entre ser un trabajador interno de la universidad a ser uno subcontratado, no solo aparecen en las desigualdades de derechos y beneficios laborales, sino que también en el trato cotidiano, diferenciándose trabajadores de primera y segunda categoría, conllevando discriminación.

Aparece flexibilidad en las formas de empleo y polifuncionalidad en las actividades del trabajo, observándose una alta subordinación, con mínimas posibilidades de tomar decisiones sobre su trabajo, pero implicando una respuesta “adaptativa” a las necesidades de la organización, en forma de realización de tareas que no corresponden a las estipuladas contractualmente.

La precarización, expresada entre otros aspectos, en remuneraciones cercanas al umbral de la pobreza y en extenuantes jornadas de trabajo, implican una baja calidad de vida y límites difusos entre los ámbitos personal y laboral, con gran dificultad para conciliarlos. La precariedad aparece naturalizada, no solo en el no ejercicio de los derechos laborales propios; sino en la construcción y realización de la trayectoria y proyecto de vida como responsabilidad única de cada trabajadora. Una trayectoria marcada por la predestinación de lo negativo, una Trayectoria subordinada, femenina, funcional a la sociedad de servicios neoliberal (^{Cárdenas et al., 2014}), en pro de la mantención de una estructura marcada por la desigualdad en la distribución de la riqueza.

Condiciéndose con los objetivos del Plan Laboral, la Ley 18.834 y los propósitos de eficiencia del NMP, se considera a los trabajadores subcontratados como ejecutores de labores higiénicas, no estratégicas para el funcionamiento organizacional, ajenos a la organización en la que laboral.

El neoliberalismo en Chile marca un ejemplo extremo de flexibilización laboral y pérdida de derechos sociales, dando claridad respecto del rol del Estado como subsidiario, facilitador del funcionamiento del mercado y del libre tránsito de capitales, con foco principal en la eficiencia del aparato público. Este foco invisibiliza la precarización, en pos del aprovechamiento de recursos y logro de resultados e nivel estatal, apareciendo como la consigna en el funcionamiento de sus universidades. Lo anterior, reforzado por una lógica de mercado que fomenta la competencia como mejora de la calidad de la educación (^{Brunner, 1994}).

Esta relación con las nuevas formas de gestión del capitalismo y los consecuentes cambios en la forma de gestión del Estado y las dependencias de la universidad estatal, conllevan formas de precarización dadas por la relación de los sujetos con y dentro de la organización.

Las empresas contratistas, emplean trabajadoras con baja calificación para el desarrollo de labores de limpieza, promoviendo y perpetuando su vulnerabilidad y exclusión, dada las condiciones laborales ofrecidas, a la vez que refuerzan la división social del trabajo y el rol de la mujer en labores reproductivas.

Las universidades estatales, sometidas a la competencia descarnada en un mercado que no perdona, buscaron la implantación de regímenes de contratación atípicos, como el subcontrato, bajo la lógica de la eficiencia, para lograr mantener sus recursos frente a la competencia de las universidades privadas, nuevos planteles que funcionaron desde sus inicios desde la lógica del management privado.

Lo anterior, conlleva cambios en las formas en que los trabajadores construyen su sentido en tanto tales. Así como también, construcciones desde distintos ámbitos y actores, respecto de aspectos éticos como de eficiencia; imbricados en un interjuego que requiere una mirada constante respecto de qué significa "agregación de valor" por parte de una organización estatal como es la universidad, y lo que implica responder al trabajo decente. En este sentido, el paso de la universidad estatal al capitalismo académico, a la forma de la universidad emprendedora, conlleva la disyuntiva en que su misión de orientación al bien público, se ve confrontada con su dependencia a un Estado neoliberal que fomenta y mantiene el debilitamiento de las garantías sociales mínimas para los trabajadores a todo nivel y en todo ámbito. En donde es el mismo Estado quien juega el rol de juez y parte, precarizando a la vez que regulando (mínimamente) el cumplimiento de los (también mínimos) derechos laborales de los trabajadores.

A modo de corolario, el desafío de hacer visible el fenómeno del trabajo subcontratado fue tomado por el estamento estudiantil en el caso aquí presentado, conllevando un movimiento que permitió la internalización de la mayoría de las trabajadoras de aseo en la universidad. Lo anterior, da cuenta de la construcción de una universidad estatal que aún vive en tensión con las prácticas de gestión del NMP, que se cuestiona la necesidad de una mirada integral de los significados que se construyen en torno al régimen de subcontratación, su idoneidad, no solo en términos de eficiencia, y la necesidad de plasmar en políticas la integración de estas contradicciones, para no instrumentalizar las vidas de quienes se emplean bajo esta modalidad.