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Polis (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-6568

Polis vol.19 no.57 Santiago set. 2020

http://dx.doi.org/10.32735/s0718-6568/2020-n57-1566 

LENTE DE APROXIMACIÓN

Conflictos socioterritoriales: la pesca artesanal como bien común en Península Valdés, Argentina

Socio-territorial conflicts: artisanal fishing as a common good in the Valdés Peninsula, Argentina

Conflitos sócio-territoriais: a pesca artesanal como bem comum na Península Valdés, Argentina

Pía Valeria Rius1 

Lorena V. Alvarez Manríquez2 

1Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Argentina. Email: piavrius@gmail.com

2CONICET, Universidad Tecnológica Nacional, Puerto Madryn, Argentina. Email: lorenavalvarezm@gmail.com

Resumen:

El artículo estudia la participación de los pescadores artesanales en la organización de su actividad y los conflictos socioterritoriales que surgen en la gestión de un bien común y la organización del territorio. A partir de un trabajo etnográfico, observación directa, entrevistas y estudio de documentos, se analizaron diferentes dispositivos participativos, que dan cuenta que los pescadores lograron introducir reglamentaciones sobrepasando principios utilitaristas y asegurando la sustentabilidad del recurso pesquero. La dimensión pública de los espacios institucionales permite abordar el status de la pesca artesanal y mostrar el reconocimiento existente hacia los pescadores como interlocutores válidos, aunque sometido a tensiones. Los resultados de los procesos participativos han generado herramientas y capacidades en torno a la pesquería como bien común, aunque la coexistencia de actividades formales e informales, prácticas de privatización del territorio y competencia de actividades socava la legitimidad de la pesca como un bien común territorial.

Palabras clave: Conflictos socioterritoriales; debate público; bienes comunes; pesca artesanal; etnografía

Abstract:

The article studies the participation of artisanal fishermen in the organization of their activity and the socio-territorial conflicts that arise in the management of a common good and the organization of the territory. Based on ethnographic work, direct observation, interviews and study of documents, different participatory mechanisms were analyzed, which show that the fishermen managed to introduce regulations that went beyond utilitarian principles and ensured the sustainability of the fishing resource. The public dimension of the institutional spaces allows to address the status of artisanal fishing and to show the existing recognition of the fishermen as valid interlocutors, even though they are subject to tensions. The results of the participatory processes have generated tools and capacities around fishing as a common good, although the coexistence of formal and informal activities, territorial privatization practices and competition of activities undermines the legitimacy of fishing as a territorial common good.

Key words: Socio-territorial conflict; public debate; common goods; artisanal fishing; ethnography

Resumo:

O presente artigo estuda a participação dos pescadores artesanais na organização de suas atividades e os conflitos sócio-territoriais que surgem na gestão de um bem comum e na organização do território. A partir de um trabalho etnográfico, observação direta, entrevistas e estudo de documentos, foram analisados diferentes dispositivos participativos, que mostram como os pescadores conseguiram introduzir regulamentos que ultrapassavam os princípios utilitários e garantiam a sustentabilidade do recurso pesqueiro. A dimensão pública dos espaços institucionais permite abordar o status da pesca artesanal e mostrar o reconhecimento existente dos pescadores como interlocutores válidos, embora sujeitos a tensões. Os resultados dos processos participativos geraram ferramentas e capacidades em torno da pesca como um bem comum, embora a coexistência de atividades formais e informais, práticas de privatização territorial e competição de atividades prejudique a legitimidade da pesca como um bem comum territorial.

Palavras-Chave: Conflitos sócio-territoriais; debate público; bens comuns; pesca artesanal; etnografia

Introducción

En este artículo exploramos distintos dispositivos institucionales participativos de elaboración de normativas y diseño de políticas de desarrollo en torno a la pesca artesanal que permiten analizar en el debate público su reconocimiento como bien común y los procesos de institucionalización a los que dan lugar. Pescadores artesanales en sus espacios asociativos, funcionarios públicos y científicos confluyen en el debate en torno a la construcción de prácticas sustentables. Se trata de espacios institucionales en los cuales los propios pescadores artesanales intervienen de manera activa y proponen instrumentos de manejo de la actividad. Los procesos participativos han sido analizados para dar cuenta de sus alcances en trabajos anteriores aquí pondremos de relieve las modalidades de debate observadas y los principios sobre los cuales se apoyan1.

La dimensión territorial de la economía solidaria considera a los comportamientos de los seres humanos, como una forma de vida que incorpora los conceptos de comunidad y sociedad como componentes del territorio, «una categoría abarcadora y abarcada, donde procesos naturales y sociales se interpenetran.» (Coraggio, 2011, p. 281). La relación entre esos procesos adquiere distintas formas a lo largo del tiempo. Sin embargo, la institucionalidad suele ser caracterizada de manera estática, a partir de regularidades como un estado de cosas alcanzado, un orden establecido renuente al estudio de los procesos de institucionalización (Guéry, 2003, Tourney, 2011). El análisis normativo se ve escindido de las tensiones y debates que participan de esos procesos de institucionalización. El problema señalado por Tourney sugiere que la emergencia de una declaración de un territorio como área natural protegida, o las normativas de ordenamiento territorial, son el resultado de un largo trabajo de producción colectiva, no lineal. Comprender su funcionamiento implica interrogar no sólo la legislación que protege un determinado espacio, como el área natural protegida península Valdés o práctica como la pesca artesanal o la maricultura sino el debate y las prácticas que la atraviesan, fundamentan su presencia y adquieren o no una legitimidad colectiva.

Boltanski y Thevenot (1991) analizan distintos regímenes de argumentación pública que pueden servir como punto de apoyo tanto para los argumentos enunciados en forma crítica como para las justificaciones desarrolladas que responden a esas críticas o para sostener un curso de acción2. El aporte resulta pertinente ya que realiza una sociología de la crítica y pone de relieve las características de variados regímenes y criterios de evaluación que desplazan la validez del criterio mercantil y de la maximización de la ganancia económica como regla última de decisión. Desde estos enfoques se analizan las capacidades para someter a la prueba del debate público distintos principios como la reputación, el interés colectivo o la eficacia. La reflexión a partir de estas referencias en distintos campos de investigación extendieron y precisaron el alcance de la propuesta señalando por ejemplo regímenes domésticos plurales (Thévenot, 2016) o nuevos regímenes apropiados por ejemplo para las controversias ambientales (Mathieu, 2011), formas de involucramiento fundadas en el don (Boltanski, 2000) o la definición de bienes comunes en contextos urbanos de acción colectiva (Pattaroni, 2007).El debate público ofrece la posibilidad de recurrir a distintos modelos y clarificar los principios de justicia sobre los cuales se apoyan las decisiones o las críticas. Las expresiones en forma crítica, realizadas en un espacio plural, en el que confluyen diversas instituciones y representantes locales, son susceptibles de tener en cuenta posiciones adversas, de buscar moderar los intereses en conflicto a partir de acuerdos sobre los bienes comunes y abandonar la imposición de la voluntad del más fuerte como principio de acción. La pluralidad de maneras que las personas someten a prueba los argumentos, califican, se involucran y se apropian mediante diferentes registros de justificación, constituyen formas de definición de los bienes comunes. La propuesta permite superar la tensión entre el interés individual y colectivo mediante dispositivos de puesta a prueba pública e introduce una alternativa a la relación de fuerza (Nardacchione, 2003). La institución aparece como una manera de co presencia y coordinación de pruebas sucesivas. Atravesar esas pruebas argumentativas forma parte de las capacidades desarrolladas por una persona que pertenece a una comunidad cultural, profesional, étnica, nacional, etc. La construcción de un «nosotros» supone una perspectiva de lectura colectiva compartida para describir y analizar la diversidad de las experiencias sensibles individuales en un dispositivo de deliberación pública (Tourney, 2011). Aquí los dispositivos institucionales participativos aparecen como un ámbito que permite indagar hasta qué punto se desarrolla un régimen de acción específico para los bienes comunes en la pesca artesanal de Península Valdés.

La investigación nos permitirá dar cuenta de los conflictos socioterritoriales observados en el proceso de decisión entre los distintos actores y analizar los procesos de institucionalización (Tourney, 2011) que van prevaleciendo en distintas etapas a partir de la declaración de la Península Valdés como área protegida y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1999). El territorio es sometido a un proceso de regulación creciente que pone en discusión los bienes protegidos por esa condición y en particular el intento por coordinar los distintos saberes para consensuar acciones, aportes técnicos pertinentes para el sector de la pesca artesanal. Sin embargo, también se genera una disputa por la preeminencia de determinadas formas de producción de saber y de significaciones. Los conflictos socioterritoriales, ligados al acceso, conservación y control de los recursos naturales, «suponen por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno a los mismos», e involucran luchas vinculadas a la defensa de ciertos territorios y la pertenencia de los individuos (Svampa, 2011). Los documentos que producen las distintas mesas institucionales, proveen justificaciones de las decisiones tomadas, que permiten explicitar las operaciones a través de las cuales se asientan el fundamento de sus afirmaciones (Boltanski, 1990). En efecto, se registran distintos criterios que permiten legitimar las propuestas que resultaron de los distintos espacios, de modo de comprender la discusión técnica transdisciplinar de acuerdo a las perspectivas de los propios actores y a las condiciones para un desarrollo sustentable , término empleado por los propios pescadores artesanales y su entorno. En este sentido, poner el énfasis en procesos de institucionalización en curso remite a la posibilidad y la exigencia del carácter público de las decisiones que alcanzan a la actividad, a la necesaria presencia de marcos legales formales que le den sustento y a procesos de gestión acordes a las prácticas consensuadas.

La gestión territorial reconoce el marco de normas e instituciones formales y no formales como elementos claves para pensar en la escala del territorio, las cuestiones particulares de una unidad territorial, y por, sobre todo, conceptualizar al territorio como una construcción social continua que representa el estilo de desarrollo de una sociedad, mediante las actividades que la población practica sobre el medio físico y las interacciones que se producen entre ellas (Gómez Orea, 2002). La construcción social de la pesca artesanal como bien común es un proceso abierto cuyo análisis aportará a una mayor comprensión de los procesos de institucionalización en curso y de los conflictos socioterritoriales que lo atraviesan teniendo en cuenta.

El Plan de manejo de Península Valdés (PM) pone de relieve la complejidad de la gestión del territorio atravesado por prácticas históricas en disputa por el territorio. El turismo, la ganadería, la pesca artesanal y el desarrollo urbano aparecen como actividades básicas previas, que se intentan armonizar, sin embargo, la normativa no es de fácil acceso y los agentes apelan a costumbres y prácticas previas más allá de los acuerdos que esta refleja.

La universidad y los organismos productores de conocimiento público legítimo (Gusfield, 2016) que participaron, constituyeron actores centrales en la mediación entre el sector productivo y el gubernamental, aunque este último también se vincula mediante relaciones directas con los pescadores artesanales observadas dentro y fuera de las mesas institucionales. Por su parte, los pescadores, en tanto protagonistas de la actividad, dan sentido al proceso e intentan imprimir direcciones específicas, pero no siempre son acordadas por los distintos miembros de ese colectivo heterogéneo. Queda de manifiesto así que los bienes comunes son parte de un proceso continuo de luchas, negociaciones y redefiniciones políticas entre diferentes grupos de actores (Vercelli y Thomas, 2008).

El análisis in situ de las playas y sus accesos (Marín et al., 2017, Álvarez Manríquez, 2018) da cuenta de procesos de privatización del territorio que impiden el cabal funcionamiento del PM y una tendencia al cercamiento de bienes de características comunitarias. En ocasiones las mesas de diálogo se muestran como un espacio solicitado por las propias asociaciones de pescadores artesanales que intentan generar mecanismos de sustentabilidad para el desarrollo de la actividad, por ejemplo, la marisquera3. Finalmente, retomamos la experiencia del Clúster de Pesca Artesanal y Maricultura Península Valdés (PAyMPV) que promovió la coordinación del sector privado junto con el sector público, la universidad, técnicos y científicos para establecer políticas sectoriales duraderas y consensuadas a partir de un dispositivo de financiamiento internacional. Los procedimientos para el desarrollo del clúster guiaron la discusión del plan de acción a desarrollar y, establecieron o intentaron establecer, el rol que cada una de las partes adoptaría en ese proceso. Sin embargo, los técnicos representantes de universidades, centros de investigación y dependencias estatales, cuentan con una relación con los pescadores artesanales y el entorno que los rodea que precede al clúster, dando lugar a tensiones entre las prácticas existentes y la metodología del programa de financiamiento, considerada en forma unánime como demasiado rígida.

Los vínculos entre los diferentes actores en el seno de los distintos dispositivos se dieron en el marco de un proceso de institucionalización que buscó la continuidad de los consensos acordados en donde la participación de organismos internacionales influye en la adopción de distintos formatos.

El caso de la pesca artesanal en Península Valdés

La pesquería del Golfo San José está situada dentro del Área Natural Protegida Península Valdés (ANPPV) en la provincia de Chubut, Argentina. Esta península es una reserva Natural Turística desde el año 1983. Fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad bajo la categoría X, y clasificada como Área Protegida con Recursos Manejados, correspondiente a la categoría VI de los lineamientos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En la misma unidad territorial se desarrollan actividades de pesca artesanal, turismo, ganadería y asentamientos humanos.

En la actividad pesquera artesanal, los pescadores se agrupan según la modalidad de pesca, entre marisqueros, rederos y recolectores (figura 2). Estos grupos presentan características distintivas en cuanto a la complejidad de las prácticas de pesca, a los bienes de capital y al bienestar o seguridad económica que la comercialización de sus capturas les permite tener.

Materiales y métodos

La pesca artesanal es abordada en este trabajo desde un enfoque etnográfico que conlleva la participación junto con los pescadores artesanales en distintos procesos de decisión de políticas para el sector. Las autoras han contribuido en la formulación de proyectos como observadoras o miembros de grupos técnicos y registraron las competencias desplegadas en el contexto de distintos dispositivos institucionales, en particular por los miembros de las asociaciones de pescadores artesanales.

A partir de la observación directa de prácticas territoriales y sus sentidos se relevaron distintas tensiones en los usos del territorio que aparece en disputa. Se analizó la normativa vigente para la sustentabilidad, en particular el PM, un instrumento legal conformado a partir de procesos participativos que fueron reconstituidos a través de informes y del testimonio de distintos participantes (pescadores artesanales, técnicos, científicos, grupos de productores de distintas actividades desarrolladas en Península Valdés, autoridades de aplicación). En particular se analiza, la pesquería del Golfo San José y playa Larralde, reconocida espacial y socialmente por las prácticas tradicionales de pescadores artesanales. Para realizar el relevamiento se utilizó un registro in situ4 de la presencia de uso y actividad, a partir de la observación directa con la técnica de cuenca visual y tomas fotográficas. Se registró la presencia de actores institucionales por presencia física o códigos (cartelería, presencia de vehículos, equipos o infraestructura) a lo largo del borde costero que conforma Playa Larralde (Álvarez Manríquez, 2018).

El trabajo incluyó 15 entrevistas en profundidad a pescadores artesanales, técnicos gubernamentales e investigadores relacionados a la pesquería y al área protegida Península Valdés. Se estudiaron actas (49), documentos de trabajo (2) e informes y documentos técnicos (11) que plasman la participación de distintos actores en espacios institucionales, y permiten analizar los procesos y las discusiones en torno a la actividad, así como documentales de la pesquería y entrevistas de video y radio a pescadores que registran sus participaciones asiduas en la agenda pública. Se incluyeron fuentes periodísticas y declaraciones públicas en las que las distintas posiciones aparecen bajo la forma de interpelación a la opinión pública y como llamado de alerta frente a los riesgos de pérdida de la actividad en las nuevas generaciones por el agotamiento de los recursos.

La tabla 1 esquematiza la manera en que estos materiales permiten dar cuenta de las distintas valoraciones que aparecen en disputa en el territorio y mediante los distintos dispositivos institucionales implementados. El reconocimiento de la pesca artesanal como un bien común aparece como una orientación no lineal en tensión con prácticas de privatización del territorio.

Tabla 1 Tensiones y avances en torno al proceso de comunalización 

Fuente: elaboración propia

Resultados

En 1968 Garrett Hardin publicó su teoría sobre la tragedia de los comunes, exponiendo que los usuarios de un bien común inevitablemente conducen a la destrucción de los recursos de los cuales dependen. Tal como lo detalla Lerch (2008) encontramos antecedentes de estos postulados desde Aristóteles, quien observó un menor cuidado sobre bienes que pertenecían a un mayor número de individuos, hasta autores como Foster Lloyd (citado en Lerch, 2008), quien describió problemas análogos sobre el manejo descuidado de la propiedad común. En ese mismo sentido lo entiende H. Scott Gordon (citado en Lerch, 2008) en su trabajo «The Economic Theory of a Common- Property Resource: The Fishery» en el cual expresa que «everybody’s property is nobody’s property» (Lerch, 2008, p. 118).

Tres décadas más tarde, Elinor Ostrom (1999) pone en discusión la teoría de Hardin, presentando resultados de estudios donde se evidencian contrapuntos a esos postulados, y propone nuevas ideas sobre los problemas y condiciones favorables para la sostenibilidad de los recursos comunes. Las evidencias de numerosos casos de estudio refutaron el declive inminente de los recursos comunes que argumentó Hardin. Esa teoría convencional presentaba a los participantes desvinculados y sin interés en el diseño de sus propios arreglos de gobernanza (Ostrom et al., 1999). Esta autora presenta evidencia empírica sustancial de muchos casos de bienes comunes donde los agentes económicos se autoorganizan (Ostrom, 2002). Varios son los autores que han argumentado que el escenario trágico no es, en realidad, un bien común, sino que Hardin describe un régimen de acceso abierto no regulado (Bollier, 2008). Desde la perspectiva pragmática ya mencionada la institucionalización de un bien común a través del debate público pone de relieve las características que son valoradas y legitimadas en un contexto dado como común y compartido por una sociedad. «Hablar de los bienes comunes nos ayuda a identificar una amplia clase de recursos en cuyo control y manejo la ciudadanía en general o comunidades específicas tienen intereses políticos y morales.» (Bollier, 2008, p. 31). De esta forma se amplía y complejiza el marco de bienes comunes al reconocerlos inmersos en una serie de relaciones diversas de poder, valores e identidades sociales; ya no solo refiriéndose a un sentido natural (o comúnmente llamado recurso natural) sino a un evento social (Helfrich, 2008).

Trabajar sobre los problemas de los sistemas que involucran dimensiones sociales y biofísicas de un determinado espacio y tiempo, requiere un estudio integrado de sistemas complejos, multivariables, no lineales, de escala cruzada y cambiantes (Ostrom, 2007). Esos sistemas, además, pueden afectar y verse afectados por la percepción que de ellos tienen los actores, el entorno social, económico, político y ecológico. La pérdida de recursos es un problema de alcance mundial que tiene sus correspondencias en los ámbitos locales, por ese motivo es primordial comprender los procesos que mejoran o deterioran los recursos naturales5, como así también el entramado de relaciones político-sociales que se involucran. Mantener la integridad de los bienes comunes es lo mismo que mantener sus relaciones, valores e identidades sociales (Bollier, 2008).

Los roles, reacciones y decisiones de los actores que se articulan sobre un bien común dan cuenta del estilo de gestión sobre el sistema. Hasta hace poco, la teoría aceptada suponía que los usuarios de los recursos nunca se auto-organizarían para mantener sus recursos y que los gobiernos deben imponer soluciones; sin embargo, la investigación transdisciplinaria ha evidenciado que algunas políticas gubernamentales aceleran la destrucción de recursos, mientras que algunos usuarios de recursos han invertido su tiempo y energía para lograr la sostenibilidad (Ostrom, 2009). Por el contrario, hay vastos ejemplos donde los usuarios cooperan6 para producir beneficios compartidos a largo plazo (Vollan y Ostrom, 2010). El surgimiento de mesas de diálogo que ha atravesado la pesquería del Golfo San José, da cuenta de las posibilidades de interpelar a las autoridades locales para producir legislación que resguarde los recursos pesqueros y como dispositivo de co-manejo para evitar la radicalización del conflicto mediante medidas como bloqueos de rutas.

Las experiencias de gestión participativa de bienes comunes, a través de herramientas de co-manejo, planes de manejo de áreas, sistemas de derechos de uso territorial (Santa Ana, 2004), van generando antecedentes en los territorios movilizados por los propios protagonistas. Los bienes comunes sostienen y son sostenidos por colectivos humanos situados (Lafuente, 2008). Quienes tienen un rol activo conocen acerca de sus resultados y desafíos, y conforman un reservorio compartido de experiencias que siguiendo la propuesta de Schutz (1987) da sentido y permea las acciones desarrolladas como miembros de ese colectivo.

Desde la economía sustantiva se pone el acento en los dispositivos político-jurídicos (Caillé, 2007) que constituyen un soporte para el funcionamiento del mercado, dejando de lado los intercambios basados en relaciones de don y contra-don. Sin embargo, las mesas institucionales ofrecen un espacio de intercambio en torno a las reglas de juego que no siempre tienen como horizonte el interés personal si no que por su carácter público y relativamente abierto ponen a prueba distintos principios compartidos en la esfera pública. Bollier (2008) argumenta en su propuesta, que los bienes comunes habilitan un tercer espacio para la generación de riqueza, que además de diferir con la acción gubernamental y la competencia de mercado, pone de relieve otro tipo de valor -ecológico, social, democrático, moral, de tradiciones- que otorgan identidad a una comunidad y la ayudan a autogobernarse.

Invitados a última hora

El ente denominado Administradora del ANPPV, creado en el año 20017, posee las facultades específicas para el ejercicio de la administración y manejo. El instrumento mediante el cual se gestiona el área natural es el PM, resultado de un proceso participativo con los distintos sectores involucrados, incorpora la zonificación como herramienta para el ordenamiento del uso del espacio continental y marino. La zonificación se realizó en base a la gradación de usos que, se considera, puede soportar el área; va desde áreas destinadas a la protección total de los ambientes hasta áreas que permiten una mayor intensidad de usos, en tanto que los mismos sean sostenibles. El PM, en su capítulo II, enuncia las consideraciones generales que se derivan de la zonificación. Las actividades que se indican para las diferentes zonas, han tenido en cuenta una gradiente de fragilidad de los ambientes marinos, costeros y continentales ante las actividades humanas que puedan realizarse o se estén realizando (PM, 2001, p. 94).

En 1998 se comenzó a trabajar en un PM en función del documento de lineamientos y recomendaciones para áreas naturales protegidas fomentadas por la Administración de Parques Nacionales de Argentina. Dicho documento bregaba por la mejora de los procesos de planificación y manejo de áreas naturales protegidas, recomendando la implementación de planes de manejo y su revisión cada 5 años. Estas acciones se dieron en un contexto internacional de valorización de espacios naturales para su conservación y desarrollo turístico. Las agencias internacionales recomendaban de forma explícita que los procesos de planificación del manejo o el manejo en sí mismo contemplaran la participación de todos los sectores involucrados (PM 2001, p. 4-6). De este modo, para su elaboración se aplicaron herramientas de planeamiento estratégico participativo donde se involucraron 19 instituciones del sector privado, sector público y la sociedad civil. Los pescadores artesanales participaron a través de sus representantes, lo que significó un desafío y una gran inversión de esfuerzos ya que en ese entonces desconocían los términos, los procesos, la documentación de base, las conceptualizaciones que utilizaban desde el sector público. Cada uno de los encuentros demandaba de los pescadores una gran preparación previa (pescador, entrevista personal, 24 de marzo del 2020). Si bien pudieron plantear muchas de sus inquietudes, de las entrevistas surge que su participación fue, en principio, resistida por algunos actores del sector turístico (tanto estatal como privado) y quedaron cuestiones sin resolver. El proceso participativo involucró 69 encuentros, llegando a registrar poco menos de 400 horas de trabajo colaborativo.

Tabla 2 Resumen del proceso participativo del Plan de Manejo del Área Natural Protegida Península Valdés 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Manejo.

Como se observa en la tabla 2, los registros del proceso de elaboración del plan dan cuenta de la rápida resolución en cuanto a los objetivos del PM, y la categoría de manejo (1% y 2% del tiempo utilizado) lo que podría responder a la necesidad de seguir los lineamientos preestablecidos nacional e internacionalmente. En efecto, Ostrom (2008) señala que la gobernanza local siempre es parte de las políticas regionales y nacionales y se ve afectada por las mismas. Se pueden observar también los esfuerzos aplicados a la zonificación del área, 21% de las horas de debate repartidas en 13 reuniones. El PM considera que las áreas protegidas de jurisdicción nacional como provincial constituyen la esencia de la oferta turística, por lo que el ordenamiento es indispensable para que esta actividad no se transforme en su peor enemigo, atentando contra la integridad natural de las mismas (PM, 2001).

Si bien reconoce la necesidad de límites a la actividad turística, la Península Valdés es una reserva Natural Turística desde el año 1983 y la Autoridad de Aplicación del Sistema de Conservación Provincial es el Ministerio de Turismo. Como tal dicta la reglamentación complementaria y administra todas las reservas, con la excepción del Parque Marino Golfo San José, en el cual la administración es compartida con la Secretaría de Pesca de la provincia.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1 Niveles normativos para la pesca artesanal en el Golfo San José 

Si el marco normativo aparece como argumento propio de las definiciones de la ciudad cívica (Boltanski y Thévenot, 1991) con la supremacía del bien común, las normativas provinciales surgen vinculadas a normas nacionales e internacionales que delimitan la conformación territorial y las prácticas sociales. En la figura 1 se puede observar los niveles de normativos que actúan sobre la unidad territorial del Golfo San José y sobre la actividad de pesca artesanal. Las disposiciones internacionales que se despliegan sobre Península Valdés, condicionan a los subsistemas que la componen, como es la pesquería del Golfo San José y los pequeños asentamientos costeros, y también potencian la competencia con otras actividades, como el turismo. En efecto, la designación del área natural protegida como patrimonio de la humanidad fundada en principios de conservación de la naturaleza restringida, pone en el centro del desarrollo a la actividad turística de Península Valdés, particularmente el recurso turístico de la Ballena Franca Austral produciendo la invisibilización del patrimonio cultural (Curti, 2017) y los saberes esgrimidos por los pobladores:

«La pesca artesanal está en vías de extinción… siempre la mirada está más en el turismo, para las áreas protegidas, para la ballena...» (pescador, 21 de octubre de 2019, Radio LU17. Recuperado de https://lu17.com/tambien-es-noticia/la-pesca-artesanal-esta-en-vias-de-extincion).

Las actividades de pesca artesanal, turismo y ganadería en una misma expresión espacial conforman una imbricación de modelos económicos que discrepan desde su génesis, contraponiendo estructuras clásicas de explotación y privatización del territorio -turismo y ganadería- versus una tradición de producción colaborativa en el marco de economías solidarias y bienes comunes -la pesca artesanal-. Un escenario de jerarquización del turismo por sobre el resto de las actividades atenta contra las vocaciones del territorio y debilita los procesos de construcción de la pesca artesanal como un bien intelectual (Vercelli y Thomas, 2008) que implique un mayor reconocimiento. En efecto, la pesca artesanal despliega un conjunto de saberes locales que exceden su utilidad económica y los modos de apropiación que permiten su circulación:

«las ideas, costumbres, tradiciones, saberes, creencias, lenguajes, formas de expresión, artes, técnicas, conocimientos o, genéricamente, todo aquello que se denomina cultura. Los bienes que tienen una calidad intelectual son abstractos, dinámicos y se encuentran distribuidos [o tienen la posibilidad de distribuirse ilimitadamente] entre los integrantes de una comunidad» (Vercelli y Thomas, 2008).

En el Golfo San José y su borde costero hay, debido a su magnitud geográfica, diferentes zonas determinadas por el PM. Se presentan zonas intangibles, zonas de uso sostenible restringido, zonas de uso sostenible, asentamientos poblacionales y zonas de rehabilitación natural y cultural. Cada una de las zonas está delimitada espacialmente tanto en el mar como en el espacio continental, y se detalla las actividades permitidas: 1) en las zonas intangibles no está permitida ninguna actividad; 2) en las zonas de uso sostenibles restringido se permite la actividad de pesca artesanal (y en algunos puntos continentales se permiten actividades turísticas) ya que es preexistente al PM y presenta prácticas productivas que no dañan ni modifican el sustrato marino; 3) en la zona de uso sostenible también se permite la pesca artesanal mediante sus tres artes de pesca, inclusive la maricultura de baja escala, y son los puntos donde se presenta una mayor cantidad de actividades turísticas; 4) los asentamientos poblacionales permanentes se permiten solo en la comunidad pesquera de El Riacho, que también se la determinó como área de rehabilitación natural y cultural siendo que el ambiente, sitios o elementos han sido alterados y deben ser sometidos a una estricta rehabilitación para su conservación (Plan de Manejo, 2001). El deterioro de los bancos naturales de recursos pesqueros en el intermareal de esta comunidad, y única fuente de subsistencia de las familias, se vio fuertemente afectado por el impacto de visitantes que realizan la práctica de recolección sin permiso ni cuidados pertinentes (entrevista personal, 23 de marzo del 2020). Helfrich (2008) indica que tiene lugar de manera paralela la pérdida de biodiversidad y de tradiciones culturales.

En otras playas como San Román, Bengoa, Fracasso, Larralde y Punta Gales el PM sólo permite el asentamiento temporario de pescadores, con infraestructura móvil operativa de apoyo a las actividades de pesca, maricultura artesanal y pesca deportiva. Esta regulación fue observada por pescadores artesanales al momento de la confección del PM, advirtiendo que en ese entonces ya existían unidades habitacionales permanentes de pescadores desde hacía más de 30 años (pescador, entrevista personal, 24 de marzo del 2020).

La pesca artesanal en búsqueda de regulación

La pesca artesanal en Chubut es una actividad productiva de baja escala que presenta un bajo impacto ambiental debido a las prácticas de captura selectiva y cumplimiento de recomendaciones técnicas para el cuidado de los recursos. Es también el sustento económico de más de 100 familias8 y sus prácticas se transmiten de unos a otros, especialmente de padres a hijos o familiares9. Sus capturas son de bajo volumen, pero de un alto valor económico y social. La comercialización de sus productos se realiza en mercados locales y nacionales, y contribuye además a la dinamización socioeconómica de la comunidad local.

La comunidad pesquera artesanal ha tenido una participación activa en experiencias de mesas de diálogo para la gestión de los recursos de la pesquería, que le ha permitido realizar una explotación más sustentable del recurso. La participación a través de un espacio asociativo ha sentado un precedente para la elaboración de distintos dispositivos participativos en los que las familias se han ganado un espacio como interlocutores válidos frente al gobierno local y provincial.

Las modalidades de pesca (figura 2) permiten alcanzar diferentes niveles de bienestar o seguridad económica10. A pesar de sus distintas realidades, los pescadores y sus familias se reconocen como parte de un sector con la identidad de la pesca artesanal a partir de un mundo de sentido compartido basado en el saber hacer profesional que implica el conocimiento de las artes de pesca, de las playas y sus caminos de acceso, de las prácticas que aseguran la sustentabilidad en la explotación del recurso y que mantienen lazos colaborativos principalmente cuando están desempeñando sus labores en las playas operativas y en el mar. Aunque se han presentado tensiones en los intentos de conformar proyectos integrales para el sector, esta fortaleza ha permitido consolidar experiencias de colaboración que remiten a la conservación de saberes y recursos comunes.

A mediados de la década del 90 la pesquería del Golfo San José sufrió el colapso de su principal recurso -la vieira tehuelche- y la pesquería fue vedada hasta el año 2000. A partir de esta situación los pescadores exigieron mayores medidas de manejo, y solicitaron la conformación de una mesa de manejo participativa. El gobierno provincial comprendió la pertinencia del pedido y gestionó la conformación de la Mesa Técnica Zona 1 (MTZ1) donde los pescadores no fueron considerados sólo como destinatarios, sino que co-diseñaron parte de las propuestas y compartieron saberes con investigadores y técnicos del gobierno11. La MTZ1 funcionó en el período 2001-2014 y fue en principio una conquista de una alianza conformada por pescadores e investigadores, sin embargo, se convirtió en un tipo de participación otorgada por las autoridades, con momentos más propicios a decisiones vinculantes, otros de características consultivas y hasta períodos de interrupción del funcionamiento. Los resultados que se lograron fueron significativos para la actividad, la pesquería, la sustentabilidad de los recursos y repercutieron en toda la comunidad de pescadores, estableciéndose normas formales e informales de buenas prácticas que se mantienen actualmente. Muchos de los acuerdos quedaron formalizados en documentos técnicos elaborados colaborativamente, otros tomaron mayor jerarquía conformando una batería de instrumentos normativos de la actividad. El Documento Técnico N° 9 despliega la manera en que esa demanda se plasma en la Ley provincial de Pesca artesanal que reconoce tanto a la pesca artesanal como un bien a proteger como a las familias que tradicionalmente efectuaron la actividad a partir de un balance entre necesidades económicas y sociales y aprovechamiento y desarrollo sustentable. Si bien el documento pone de relieve las cuestiones técnicas de la pesquería, el énfasis en el marco legal da cuenta del carácter cívico de la propuesta. No se trata de una legalidad meramente formal, sino que reconoce los principios sustantivos antes mencionados y el protagonismo de la asociación de pescadores artesanales dotada de la responsabilidad y las capacidades de autorregular la explotación de la pesca artesanal proponiendo su mayor protagonismo en el control del acceso al recurso.

La pesca sin permiso

Una de las reiteradas demandas de los pescadores artesanales consiste en limitar la presencia de pescadores sin permiso. A pesar de los avances y acuerdos alcanzados, la pesca sin permiso sigue siendo un problema que se denuncia en toda oportunidad de encuentro con la autoridad de aplicación estatal, en diálogo con técnicos, cuando son convocados en mesas institucionales y también se ha expresado en medios de comunicación (Revista Puerto, 2017, 2018). La dilatación y envergadura de esta situación genera conflictos socioterritoriales y ambientales que se desatan ante los vaivenes de disponibilidad de los recursos (Revista Puerto, 2016). Si bien los pescadores permisionarios legales jerarquizan y practican las pautas de manejo sustentable y la normativa vigente, al mismo tiempo las reconocen débiles porque consideran que fallan los sistemas de monitoreo, control y fiscalización por parte de la autoridad de aplicación. La aplicación de la normativa es considerada ineficaz en la medida en que sólo alcanza a los permisionarios.

Fuente: Clúster de Pesca Artesanal y Maricultura de Península Valdés (2016)

Figura 2 Modalidades de pesca artesanal en Chubut 

El acceso a las playas, el cercamiento y los riesgos de privatización

Si bien la pesca artesanal en la provincia de Chubut se desempeña en tres golfos, para analizar la vinculación de la actividad con los conceptos de bienes comunes, se considera la pesquería del Golfo San José desde dos dimensiones: 1) el acceso a las playas donde desarrollan sus actividades los pescadores rederos12; y, 2) las pautas de manejo de la pesquería refiriéndose al cuerpo de agua y playas operativas13 de los pescadores marisqueros14. El abordaje del conflicto del acceso a las playas se realiza a partir de estudios previos con métodos de mapeos colectivos elaborados por investigadores locales y la comunidad de pescadores rederos. Por otro lado, para estudiar los aspectos de las reglas asociadas a la pesquería de mariscos se considera a Playa Larralde como un espacio representativo de la actividad15, ya que desde allí parten las embarcaciones hacia los puntos de pesca en las aguas del golfo, se realizan las maniobras y se asientan transitoria o permanentemente algunos pescadores y sus familias.

Mediante el relevamiento de campo realizado en Playa Larralde se pudo observar que hay presencia de prácticas no permitidas por el PM en la zona de borde costero, como acampe turístico, restos de leña quemada que señalan la utilización de fuego, vehículos de travesía, elementos de actividades acuáticas no permitidas y edificaciones que a la vista no presentan características de viviendas de pescadores16. Los visitantes, por desconocimiento, circulan por bancos naturales removiendo sustrato y destruyendo la biodiversidad de zonas intangibles17. Según las estadísticas publicadas por la Administradora de Península Valdés en el año 2017 se registraron picos de 50.000 visitantes mensuales y en enero de 2018 superaron los 83.000 ingresos18.

El ingreso a Larralde está mediado por una tranquera que permanece abierta, indicando que hay un acuerdo con el dueño del campo lindero. Sin embargo, los propietarios de la estancia que es atravesada por el camino de ingreso, han realizado denuncias en los medios de comunicación manifestando su disconformidad por nuevas edificaciones sobre la costa (Diario El Chubut, 2017). En respuesta, algunos pescadores rechazan que se trate de construcciones de fines de semana, sino que son «casas operativas para guardar herramientas y tener un espacio digno y cómodo para descansar» (Revista Puerto, 2017) ya que gran parte del esfuerzo pesquero se realiza en invierno.

«Quienes vivimos de la pesca artesanal somos los más interesados en que nuestro entorno se mantenga saludable. Creemos que la opinión pública debe ser informada correctamente, y el sentido común indica que esta es una playa operativa, histórica para nuestra privilegiada marisquería, merece mejorar mucho más todavía… dejando atrás la imagen de marginalidad que siempre se pretendió asociar a nuestra actividad. Una injusta imagen porque siempre tuvimos la aspiración de mostrar a nuestra pesca artesanal en condiciones de mayor dignidad» (pescador, Diario El Chubut, 2017).

Desde Larralde no se observan incumplimientos en relación a las actividades no permitidas en el cuerpo de agua en función de la sostenibilidad de los ecosistemas marinos19. Sin embargo, los registros periodísticos dan cuenta de las prácticas de furtivismo desplegadas desde otras playas (Diario Jornada, 2017; El Diario de Madryn, 2018). En tal sentido la demanda de control en favor de la sustentabilidad de la actividad sigue vigente y es recordada en los distintos espacios de trabajo con las autoridades donde el control de la pesca furtiva es un reclamo insistente.

Sobre la accesibilidad a las playas operativas que se utilizan para desempeñar el arte de pesca de redería, los rederos necesitan llegar por distintos puntos a cada playa operativa, a través de lo que ellos denominan bajadas (Marín et al., 2017). Se presentan situaciones en el territorio que generan la restricción del acceso a las playas -en algunos casos desde hace décadas- por motivos que incluyen el cierre de los caminos de acceso por parte de propietarios de establecimientos rurales, la instalación de emprendimientos turísticos, la falta de mantenimiento de los caminos por parte del Estado, y la creación de áreas protegidas que restringen el acceso a algunos sectores costeros (Marín et al., 2017). Estos conflictos encontraron un cauce de soluciones parciales a través de consensos con el Estado provincial, donde se acordó el acceso a 19 playas a través de tranqueras habilitadas para los pescadores (Diario Jornada, 2015), sin embargo no se ha cumplido con la meta (Marín et al., 2017).

El clúster de pesca artesanal y maricultura Península Valdés. Una experiencia trunca

La creación del clúster PAyMPV respondió a una decisión del gobierno de la provincia de Chubut de participar en el programa de apoyo a las economías regionales mediante la adhesión al programa de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se considera un sector con potencial debido a que cuenta con una trayectoria de organización, con distintos proyectos para el sector y el acompañamiento de instituciones científico-tecnológicas. Adoptar la «metodología clúster» tal como lo sintetizan distintos técnicos, implica que el clúster no sea «una lista de demandas» sino elaborar un proyecto consensuado para y con el sector20.

Según la coordinación el cluster vino a «formalizar» los intercambios que existían de manera previa entre las asociaciones de pescadores artesanales y distintas instituciones académicas (CENPAT, UTN, etc.). La decisión de las autoridades provinciales de incluir al sector de pesca artesanal y maricultura en el programa de apoyo a los clúster y microrregiones implicó una novedad que los técnicos y pescadores no dejaron de señalar, mostrando que las dificultades que encuentra el sector se deben a la escasa regulación o al incumplimiento de las normativas.

El Clúster de PAyMPV contó con distintas instancias de funcionamiento en las que estaban representados pescadores artesanales, representantes del mundo asociativo junto con técnicos de instituciones científico-tecnológicas y autoridades provinciales y nacionales de regulación de la actividad de pesca, su comercialización o procesamiento.

Un señalamiento particular surge de la contribución atribuida a los productores: consiste en la «participación en el proceso de formulación de PMC», el documento final que debía proponer un proyecto de desarrollo para el sector. Es decir que a lo largo de todo el proceso su presencia proveyó la justificación de los esfuerzos realizados y como garantía del interés del sector privado en llevar a cabo los proyectos formulados. Este argumento aparece también en diversas actas y documentos de trabajo que dan cuenta del reconocimiento obtenido por este grupo profesional como agentes activos de los procesos que los involucran.

El clúster se vio absorbido por la necesidad de dar respuesta a situaciones de gestión de la pesquería, el acceso de los pescadores a las playas y la falta de controles frente a la pesca furtiva que produce competencia desleal frente a los estándares que deben observar los pescadores permisionarios -las exigencias refieren tanto a las condiciones de las embarcaciones como a los procedimientos para el desarrollo de la actividad- que renuevan anualmente sus permisos. Estas demandas se impusieron en la agenda prevista por la metodología del clúster retrasando la realización de los encuentros públicos llamados foros III y IV. A su vez, el cambio de gestión en diciembre de 2015 fue un momento de incertidumbre en el proceso de constitución del clúster. La elección de nuevas autoridades nacionales y provinciales implicó un paréntesis en la construcción del clúster, su evaluación por parte de las nuevas autoridades y la decisión de continuar o no con un proceso participativo en el ámbito de la pesquería, y posteriormente su aceleración para dar cumplimiento con el calendario establecido por los tiempos del BID. La necesidad de responder al calendario BID pareció «traccionar» -para retomar el término utilizado por algunos facilitadores- el avance de la formulación de las distintas etapas, pero las distintas tensiones latentes -que circulaban en rumores de pasillo- emergieron en el Foro IV, el momento en el que se debían priorizar los proyectos que se iban a tener en cuenta para completar la formulación del plan de mejoras competitivas y asignar el presupuesto. La tensión entre la constitución de un proyecto común y la sumatoria de proyectos por arte de pesca se hizo presente.

En el transcurso del Foro IV se decidió que cada asociación trabajara los proyectos existentes en mesas con distintos técnicos y los fuera priorizando. La discusión es detallada, cuando hizo falta los técnicos trajeron a la mesa el argumento de la aplicación del PM, ajustando los aspectos técnicos a esa norma. Más allá de las reservas existentes sobre el uso de ese instrumento, parece ejercer un poder de veto sobre los aspectos técnicos de los proyectos. Sin embargo, se expresa que esas restricciones pueden reformularse siguiendo los acuerdos de las autoridades provinciales. Algunos criterios por los que se priorizaron los proyectos dan cuenta de las maneras en que se concibió al clúster. Entre los argumentos esgrimidos se tiene en cuenta que un proyecto «beneficia a todos», que «se puede realizar en un año», que «aprovecha los recursos de las asociaciones», «que surgen del sector privado». En la mesa de la asociación se consultaba a los técnicos sobre el grado de autonomía respecto del uso de los recursos y bienes a adquirir.

Sin embargo, un proyecto de maricultura introducido en la última etapa generó muchos cuestionamientos. El proyecto fue desarrollado y presentado por un técnico de la Secretaría de Pesca Provincial. Los buzos marisqueros se mostraron dispuestos a sumarse al proyecto, que representaba mayor diversificación frente a la reducción de los bancos naturales. Sin embargo, los pescadores de las restantes artes de pesca fueron reticentes, no se sentían incluidos en un proyecto que absorbería gran parte de la financiación posible. Los pescadores en general conocen a los técnicos provinciales que trabajan con el sector y pensaban adaptaciones teniendo en cuenta las dudas planteadas. Sin embargo, la desconfianza era persistente frente a las nuevas autoridades provinciales que desconocían la actividad y no habían participado del proceso21.

Entre la presentación de cada proyecto los técnicos universitarios intentaban ordenar la discusión recordando los procedimientos propios del clúster o pidiendo a la coordinación que los recuerde. Estas intervenciones podían ser objeto de crítica o desaprobación de parte de los pescadores y la coordinación recordaba que los pescadores son los que deciden. En una segunda etapa, de ejecución de los proyectos, el clúster debía adoptar una forma jurídica propia que le permitiera dejar de funcionar como una suma de instituciones. Esta fase fue demorada, primero por la dificultad de obtener el acuerdo del BID, luego por razones presupuestarias, finalmente fue desactivado.

Fuente: elaboración propia

Figura 3 Complejidad de la gestión territorial 

La figura 3 muestra la complejidad de la gestión territorial donde la formulación e incorporación de normativa no es lineal, y requiere para su puesta en vigencia la participación activa de los actores involucrados. Los principios involucrados en las instancias de debate involucran tanto aspectos de orden científico técnico, como a la familiaridad de las interacciones entre los distintos sectores como al marco legal en que se inscriben.

Discusión

Los distintos dispositivos institucionales aportan diversos elementos que dan cuenta de la complejidad del manejo de la pesquería artesanal en un territorio que aparece en disputa con otras actividades económicas, sociales y culturales. Es decir, asistimos a un proceso de territorialización, un proceso de dominación y control de un espacio específico a través de institucionalizar actos y saberes, gracias a los cuales el Estado desarrolla una relación entre la población y el espacio geográfico. En particular, en un sistema de co-manejo son imprescindibles tanto el apoyo institucional como el desarrollo comunitario. «Éste es entendido en tanto proceso de promoción de saberes que generen capacidades autogestivas. De este modo, se apunta a lograr que el sistema sea sustentable, no sólo en un sentido económico, sino social y cultural» (Uruburu, 2014, p. 64).

El territorio definido como Área Natural Protegida Península Valdés es preservado en tanto bien y patrimonio de la humanidad donde confluyen distintas actividades económicas (turismo, pesca artesanal, ganadería) y distintas visiones de la gestión ambiental y la conservación. Estas diferencias se cristalizan en los usos restringidos y permitidos del territorio. Las dinámicas de procesos participativos, tal como se manifiestan en el ámbito económico, con las tensiones que resultan de la heterogeneidad entre los mismos pescadores, su antigüedad en la actividad, sus relaciones con las autoridades y su proyección hacia el futuro ya que no solo está en juego la rentabilidad presente de la actividad sino también la sustentabilidad de los recursos. Los reclamos persistentes de los pescadores artesanales muestran la tensión entre legalidad y legitimidad conferida al marco legal. La legalidad da cuenta de los compromisos del Estado en relación a ese territorio y las personas que lo habitan, así como del reconocimiento jurídico y político de los agentes habilitados para intervenir. Las mesas institucionales tienen un grado alto de formalidad (presencia del Estado, actas, etc), sin embargo, en los dispositivos observados el lenguaje de derechos es limitado, aparece como un lenguaje técnico sobre los usos permitidos en el PM. En ocasiones es evocado en forma elíptica señalando que una actividad «no está permitida en la normativa» pero sin establecer precisamente la documentación referida. Su eficacia es cuestionada, como se dijo, debido a la persistencia de la pesca informal y en general a la falta de presencia de agentes públicos que hagan efectivo su cumplimiento en el territorio. El proceso participativo se agota en la formulación desplazando a los pescadores artesanales y otros participantes al momento de su puesta en marcha. La propuesta de «contrato vinculante entre todos los actores» (Ostrom, 1999) no parece obligar a cumplir con los acuerdos iniciales como lo muestra el reclamo por la revisión del PM que su promulgación en 2001 señalaba cada cinco años.

Las documentaciones legales son invocadas para regular la planificación de proyectos de desarrollo de la actividad pesquera y la maricultura. Lo mismo sucede con los criterios técnicos, que tienen en cuenta las características de la pesquería y saberes detentados por los propios pescadores o las valoraciones sobre la equidad de determinadas medidas, que alcanzan al conjunto de las artes de pesca. La forma de ocupación del territorio irrumpe en el espacio público mostrando la tensión existente con los usos de la ganadería y el turismo, o más precisamente con los usos costeros en los cuales las explotaciones privadas son vecinas colindantes con la costa. El llamado de alerta sobre los peligros de extinción de la pesca artesanal en las futuras generaciones invoca a la actividad económica y los modos de vida digna desarrollados en torno a la pesquería y su transmisión intergeneracional. El reconocimiento de las tradiciones orales, la preocupación por la permanencia a lo largo del tiempo señala dimensiones de la polis tradicional que conviven con la ciudad cívica, basada en el bien común, la solidaridad y la equidad.

Conclusión

El análisis permite señalar que la pesca artesanal como bien público evoca a los principios familiares tanto como a los principios de bien común que se oponen a la mirada mercantilista de los recursos e individualista de la propiedad, incorporando principios que limitan los modos de explotación de la naturaleza. La crítica elevada hacia los incumplimientos normativos, hacia las formas de trabajo excesivamente precarias o hacia el desconocimiento de las tradiciones pesqueras frente a la explotación turística dan cuenta de una forma de definición de lo común que alcanza suficiente reconocimiento para establecer buenas prácticas y marcos normativos acordes, pero no logra imponerse frente al avance de formas de privatización del territorio. Se trata de un proceso abierto en el cual la valoración de los bienes de la naturaleza como bienes comunes permite el desarrollo de subjetividades que reivindiquen la equidad, la economía social y solidaria para pensar la defensa de lo común frente al avance de diferentes formas de despojo social y ambiental.

Agradecimientos

La investigación se encuadra en un proyecto sobre procesos de institucionalización de organizaciones de la sociedad civil (FCE-UNPSJB RCS 328/18) y en el trabajo de investigación para la tesis doctoral en Ordenamiento Territorial de Lorena Alvarez Manriquez así como su trabajo de Maestría en Desarrollo Territorial.

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1 La designación en términos de dispositivos institucionales es amplia ya que se incluyen interacciones entre los distintos actores involucrados acorde con el concepto de procesos de institucionalización orientado a captar relaciones cambiantes. En particular aportamos nuestra reflexión en torno a la formulación del Plan de Manejo de Península Valdés, la Mesa Técnica Zona 1 y el Cluster de pesca artesanal y maricultura de Península Valdés, así como las prácticas territoriales a las que dan lugar.

2El modelo denominado de las ciudades se inspira de la filosofía política (Boltanski y Thévenot, 1991). Cada una de las seis polis varían según «las capacidades que los actores ponen en juego cuando tienen que justificar sus acciones o sus críticas» (ibíd., 26) y las formas del acuerdo entre diferentes actores, apoyadas en los principios de generalidad y de órdenes de valor que permiten dirimir las controversias (Mathieu, 2011). En la ciudad inspirada el modo de evaluación es la gracia y la creatividad; en la doméstica la estima y la reputación; en la cívica el interés colectivo; en la ciudad de la opinión es la reputación frente a la opinión pública; en la ciudad mercantil el precio y la ciudad industrial se rige por la producción y la eficacia.

3Marisquería por buceo es una de las tres artes de pesca tradicionales de la pesquería del Golfo San José.

4El relevamiento se realizó en el mes de marzo del año 2018.

5«Sólo existen recursos naturales, los cuales se administran como propiedad común, pública o privada. O bien, y es justo aquí donde la literatura repetidamente lleva a confusiones, hay recursos para los cuales no se han otorgado derechos de propiedad, siendo ésta una situación de acceso libre para todos (res nullius)» (Bromley, citado por Lerch, 2008).

6Dentro de las condiciones que propician la gestión cooperativa, Vollan (2010) señala en base a un estudio de bienes comunes forestales, el cumplimiento de reglas, el número de cooperadores, la calidad de liderazgo y las inversiones en fiscalización.

7Decreto 1328/01 del Poder Ejecutivo provincial. En su anexo incorpora el Plan de Manejo.

8Estimación realizada en el trabajo de campo.

9Entendemos el entorno familiar en un sentido amplio incluyendo relaciones de vecindad.

10Cada arte de pesca es específica para un grupo de recursos, por ejemplo, peces o moluscos.

11La MTZ1 se orientó a la resolución de problemas de la pesquería de mariscos del Golfo San José, aunque en las actas se observa el tratamiento de asuntos de recolectores de la comunidad pesquera de El Riacho y de rederos que operan tanto en el San José como en el Golfo Nuevo.

12Arte de pesca de costa, mediante la utilización de bote a remo para la captura de peces.

13Las playas operativas son los lugares que los pescadores han tomado de base para desarrollar las maniobras de acceso al mar. Allí están sus embarcaciones, tractores, casillas o pequeñas unidades habitacionales donde pasan el día de trabajo, la temporada de pesca e incluso, algunos viven allí.

14Arte de pesca selectiva de marisquería por buceo.

15Es la playa operativa de marisqueros más cercana a la ciudad de Puerto Madryn. En el Golfo San José hay cuatro playas operativas: Larralde, Fracasso, El Riacho y Bengoa.

16Las viviendas de pescadores se caracterizan por tener en su cercanía numerosos elementos para las labores de pesca: embarcaciones, tractores, redes, cajones, entre otros.

17En la comunidad de El Riacho los bancos naturales de mejillón y pulpito están en peligro de extinción.

18https://peninsulavaldes.org.ar/blog/2018/02/02/mas-de-83-mil-personas-visitaron-peninsula-valdes-en-el-mes-de-enero/

19Se utilizó la técnica de cuenca visual (Fernández Vítora, 1996) desde un punto elevado en playa Larralde.

20Se define como un conjunto de empresas e instituciones públicas y privadas con proximidad geográfica, que participan de «un área de negocios específico» y comparten una base común de factores. Dicha metodología define funciones para cada actor involucrado y etapas pautadas para la definición de proyectos cuya finalidad última es lograr instalar un espacio de decisión de políticas sectoriales con la participación de los productores.

21Un facilitador enviado por las autoridades nacionales al foro IV, señaló que la conflictividad suele emerger en esta instancia en donde puede hacerse evidente la persistencia de cierta desconfianza entre algunos actores del clúster.

Recibido: 03 de Julio de 2020; Aprobado: 07 de Agosto de 2020

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