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Polis (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-6568

Polis vol.19 no.57 Santiago set. 2020

http://dx.doi.org/10.32735/s0718-6568/2020-n57-1567 

LENTE DE APROXIMACIÓN

Bienes comunes, conservación ambiental y economía campesina. Un estudio de caso en el Parque Nacional Cofre de Perote, Veracruz, México

Common goods, environmental conservation and peasant economy. A case study in Cofre de Perote National Park, Veracruz, Mexico

Bens comuns, conservação ambiental e economia camponesa. Um estudo de caso no Parque Nacional Cofre de Perote, Veracruz, México

Janett Vallejo Román1 

Juan Carlos Rodríguez Torrent2 

1Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Xalapa, México. Email: jvallejo@ciesas.edu.mx

2Universidad de Valparaíso, CINVIT, Valparaíso, Chile. Email: juancarlosrodriguezt@yahoo.com

Resumen:

En México, el decreto de Áreas Naturales Protegidas constituye una de las principales iniciativas gubernamentales en torno a la conservación ambiental, asumiéndola como una de las herramientas más efectivas para la conservación de los ecosistemas, frenar la expansión de la frontera agrícola y otorgar identidad a lugares seleccionados. Reconociendo que cada área de conservación tiene particularidades ambientales, económicas, sociales e históricas, el objetivo de este artículo es discutir las tensiones que se produce entre el rango de «bien común» sujeto a la normativa de Área Nacional Protegida y poblaciones locales que hacen uso de la naturaleza. Para ello, tomamos como estudio de caso el Parque Nacional Cofre de Perote, Veracruz, México, analizando etnográficamente las contraposiciones discursivas y prácticas entre quienes habitan y quienes designan, planean, organizan y toman el control de las ANP, y las posibilidades de hacer uso sostenible de recursos.

Palabras clave: Naturaleza; bienes comunes; conservación; economía campesina; área natural protegida

Abstract:

In Mexico, the Natural Protected Areas decree is one of the main government initiatives regarding environmental conservation, assuming it as one of the most effective tools for the conservation of ecosystems, slowing down the expansion of the agricultural frontier and giving identity to selected sites. Recognizing that each conservation area has environmental, economic, social, and historical particularities, the objective of this article is to discuss the tensions that arise between the rank of «common good» subject to National Protected Area regulations and local populations that make use of nature. To do so, we take as a case study the Cofre de Perote National Park, Veracruz, Mexico, ethnographically analyzing the discursive and practical oppositions between those who inhabit and those who designate, plan, organize and take control of the NPAs, and the possibilities of making sustainable use of resources.

Key words: Nature; common goods; conservation; peasant economy; protected natural area

Resumo:

O decreto das Áreas Naturais Protegidas no México compõe uma das principais iniciativas governamentais de conservação ambiental, assumindo-se como uma das ferramentas mais eficazes para a conservação dos ecossistemas, retardando a expansão da fronteira agrícola e conferindo uma identidade aos locais selecionados. Reconhecendo que cada área de conservação possui peculiaridades ambientais, econômicas, sociais e históricas, o objetivo deste artigo é discutir as tensões que sucedem entre a classificação de «bem comum» sujeita às regulamentações de Área Nacional Protegida e às populações locais que fazem uso da natureza. Para isso, tomamos como estudo de caso o Parque Nacional Cofre de Perote, Veracruz, México, analisando etnograficamente os contrastes discursivos e práticos entre quem mora e quem institui, planeja, organiza e assume o controle das ANP, assim como a possibilidades de fazer um uso sustentável dos recursos.

Palavras-chave: Natureza; bens comuns; conservação; economia camponesa; área natural protegida

Introducción

La conservación de áreas protegidas

Los orígenes de los parques nacionales (o áreas protegidas) poseen una connotación original pragmática que implicó, casi en todos los casos, expulsar a las poblaciones residentes y desplazar las actividades tradicionales (Guha, 1997) para desarrollar otros fines. La erradicación y los decretos de expropiación fueron elementos comunes para hacer valer lo que podría ser actualmente el «derecho ambiental». El actor clave para ejecutar las normas fue el Estado como propietario, de manera que las áreas naturales protegidas se constituyeron como una forma particular de marcar presencia institucional, definiendo, delimitando y visualizando estos territorios como especiales (Ferrero, Arizpe y Gómez, 2013, p. 85). Desde esta perspectiva, los bienes naturales sujetos a conservación y puestos como valor común para fines no tradicionales (i.e. turismo, recreación y científicos), implican tanto una selección de lugares como la posibilidad de uso y consumo de «los dones de la naturaleza» (Guha, 1994, p. 139), colocando intereses de «otros» por sobre el tiempo y la tradición de poblaciones muchas veces empobrecidas que viven en su área, dentro o fuera de la reserva (Guha, 1997). También, significa un proceso de gobernanza ambiental en cuanto deben ser administrados, generando prácticas reguladoras, procesos, mecanismos e incidencia de actores que afectan e influyen en el curso de las acciones y los resultados en torno a cuestiones territoriales y ambientales (Barkin y Lemus, 2015; Baud, De Castro y Hogenboom, 2011; Farinós Dasí, 2008; Lemos y Agrawal, 2006; Rosales Ortega y Brenner, 2015); ya sea privatizándolos, regulándolos a través del Estado, o delegando su responsabilidad en poblaciones locales. Ello, con efectos «expropiatorios» y configuradores de «desarraigo» entre los locales (Guha, 1997, p. 36), frente a lo que pudiese llamarse un objetivo superior: se están agotando lugares de alto valor ecosistémico, o están severamente amenazados conforme a lenguajes de valoración (Martínez Alier, 2011).

Así, muchas de las actitudes conservacionistas actuales deben ser entendidas como «un síntoma de la mercantilización de la naturaleza» y como «la respuesta emocional a las consecuencias de esta mercantilización» (Comas-d’Argemir, 1998, p. 121). Pero, sobre todo, la manifestación de una dimensión de la vida que se está perdiendo y que es necesario contener, por lo que algunas de las tempranas motivaciones tenían un objetivo más político-económico, social, o incluso moral, que ambiental. Por ejemplo, el uso racional y eficiente de la madera implicaba la generación de planes y proyectos, restricciones y leyes punitivas para quienes hicieran un «uso» diferente al establecido por las tempranas élites conservacionistas, que establecían dicha normatividad sobre argumentos filosóficos, morales y científicos (Guha, 1997). Es decir, el uso racional y eficiente del recurso fue dictado y normado hegemónicamente por un grupo que decidió las formas y prácticas permisibles de acuerdo a sus necesidades e intereses diversos, así como la determinación de los castigos para quién rompiera dicha norma, lo que más tarde se convertiría en una idea de exportación norteamericana (Guha, 1997).

Lo anterior, significa conceptualmente que los recursos dentro de un área protegida alcanzan un valor híbrido, o que son valorados de manera distinta en términos de Martínez Alier (2011). También que los instrumentos regulatorios son igualmente singulares, en cuanto crean un lugar nuevo y un nicho de mercado diferente y específico, eficiente y propicio para la acumulación de capital en áreas donde los mercados tienen dificultades para ingresar y poner valor monetario. De este modo, la mercantilización de la naturaleza frente a recursos únicos como los que proporcionaban los grown forest, requiere de una institucionalidad que fije las coordenadas de su apropiación. Por tanto, el Estado y la legislación crean instancias para que un área considerada valiosa pueda ser apropiada para resguardo monetario, simbólico y trascendental. De ahí que la pregunta central de este documento sea ¿cuáles son las tensiones que se produce entre el rango de «bien común» sujeto a la normativa de Área Nacional Protegida (ANP) y poblaciones locales que hacen uso de los recursos naturales a su alcance?

A partir de esta breve introducción, el trabajo se divide en cinco apartados. En el primero se enuncia y expone el método de trabajo y de recolección de información. En el segundo se establece el marco de análisis de áreas protegidas para introducir el caso de estudio. En el tercero se discuten las ideas centrales sobre los Parques Nacionales y áreas de conservación en México. En el cuarto, se caracteriza el Parque Nacional Cofre de Perote, donde exponen reflexiones en la perspectiva del reconocimiento y la integración de las poblacionales locales. Finalmente, en quinto se muestran resultados y se establecen algunas consideraciones finales.

Metodología

La metodología empleada privilegia la etnografía y el enfoque relacional para mostrar las interacciones entre la sociedad y los marcos regulatorios del Estado, particularmente la manera en que se cumplen o no las normas en torno al acceso y uso de los recursos en las áreas naturales protegidas (ANP), así como los reclamos e inconformidades propias frente a tales restricciones. El trabajo de campo se llevó a cabo de 2017 a 2019, en las localidades del municipio de Perote, que están ubicadas parcialmente o en su totalidad en el territorio del Parque Nacional Cofre de Perote, Veracruz, identificado con el nombre homónimo de la octava montaña más alta de México, 4.282 msnm. Estas comunidades son: Ejido Agua de los Pescados, El Conejo, Rancho Nuevo y El Escobillo. La información se obtuvo a través de 35 entrevistas semiestructuradas a funcionarios federales, estatales y municipales de áreas centrales como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) la Secretaria de Medio Ambiente (SEDEMA-Veracruz), y a informantes claves en las localidades del ANP, como son las autoridades ejidales, los agentes municipales e integrantes de grupos de mujeres productoras. Del total de los entrevistados 9 fueron funcionarios de alto nivel de las dependencias señaladas, todos varones con estudios de profesionales. El resto de las entrevistas (28) fueron a habitantes de los ejidos, con las siguientes características: el 67% fueron hombres (19) y 33% mujeres (9) de las cuales todas participan activamente en la comunidad (8 participan en un proyecto productivo y una es representante escolar). De los varones, 12 ocupan distintos cargos en las estructura ejidal (presidente, tesorero, secretario o vocal); 3 son agentes municipales; y, 4 son productores de papa, sin cargo como representante, aunque si participan en las asambleas ejidales.

A través de estas entrevistas, se buscó observar la proyección de valores presentes en cada uno de los actores sobre la figura del parque, ya que la montaña Cofré de Perote permite conducir agua para irrigación agrícola y consumo humano, que incluyen ciudades importantes como Xalapa de Enríquez (489.619 habs.). Y, que asociada a un bosque que se ubica en entre los 3.200 y 3.400 msnm., que produce humedad y lluvias, permite establecer y discutir propuestas políticas-ambientales, sensibilidades, necesidades y requerimientos diversos ante procesos desforestadores.

Es importante mencionar que, a poco más de ocho décadas de su decreto como área protegida, fue hasta el 2015 que se concretó el Programa de Manejo, por lo que lo descrito se trata de un proceso en construcción. En este sentido, consideramos que es un ejemplo interesante por lo extrapolable, pues permite trazar históricamente las distintas nociones y prácticas de conservación ambiental en México, así como la realización de abordajes críticos frente a una figura creciente.

Áreas Nacionales Protegidas

En la lógica occidental moderna, el desarrollo económico y la figura lineal del progreso se ha basado en el control y explotación de recursos que se aprecian imaginariamente como infinitos, lo que ha generado un proceso de «economización de la naturaleza», que incluye tanto los recursos naturales que se consideran estratégicos en el proceso de acumulación como aquellos menos alterados que corresponden a los que se ponen a salvaguarda (Comas-d’Argemir, 1998, p. 121). No obstante, la arrolladora imagen del progreso, sustentada en la oposición sociedad naturaleza, cada vez toman más fuerza los contradiscursos. Éstos, aunque no son nuevos y han sido marginales frente a una práctica «depredadora», siempre han estado presentes de manera «substantivista» frente a la economía formalista o de la maximización del beneficio. Las intenciones y acciones relacionadas por la protección y/o conservación de la naturaleza, y que hoy se encamina a una nueva categorización de la naturaleza y nuevos contenidos producto del cambio climático, son parte también de la empresa «civilizatoria occidental» (Brosius, Tsing y Zerner, 2005), representando una «nueva amenidad» y una «necesidad de la vida moderna» (Guha, 1997).

Como empresa civilizatoria, el contradiscurso conservacionista puede ser apreciado tempranamente en visionarios (políticos y filántropos) que previeron valores incalculables en la conservación de grandes bosques y entre comunidades que tienen un marcado acento en el autoconsumo. En este sentido, desde hace varios siglos existe una disposición romántica hacia la naturaleza virgen y salvaje, favoreciendo una construcción histórica ambiental que corre en paralelo a la figura del extractivismo, agudizado dentro de la neoliberación de la Naturaleza. Por ejemplo, sabemos que, si bien la maderación del bosque resultó emblemática en términos de intercambio comercial, es decir, tuvo valor monetario y desplegó importantes contingentes de fuerza de trabajo, identificando a regiones a través de este recurso, también se desarrollaron procesos de vigilancia, regulación y control con fines recreativos para poblaciones urbanas. En Europa hubo prohibiciones, normas, procedimientos y una serie de reglamentaciones que configuraron políticas bastantes precisas en torno a la apropiación y explotación de los recursos naturales (Bevilacqua, 1993; Diegues, 1996), que después fueron introducidas en otras latitudes, las que no dejan de ser ambiguas desde la perspectiva del romanticismo implicado, en la medida que hubo gustos diletantes que favorecieron la reinvención de regiones y definición de áreas especiales a través del excursionismo y termalismo, estableciendo exclusividad por clases adineradas. Mientras que, en Estados Unidos de Norteamérica se suele identificar protección ambiental con protección de la naturaleza salvaje (Guha, 1997).

De tal suerte que, la conservación del bosque y su entorno ha tenido ambigüedades y disonancias que se han movido entre la protección ambiental, la vida salvaje y formas de extractivismo. Observamos en la normativa regulatoria una expansión sistemática y planificada del valor de cambio de los recursos maderables, lo que tenía por objetivo también garantizar el abastecimiento requerido para la exportación y la demanda de la ciudad (Bevilacqua, 1993). Poseer en abundancia el recurso forestal no sólo significaba la posibilidad de satisfacer necesidades domésticas básicas, ya que la madera fue fundamental para el desarrollo y consolidación de las ciudades antes del uso del hormigón, sino que además permitía garantizar la energía para la flota marina con fines comerciales, militares y de expansión. De tal manera que el recurso forestal maderable tuvo una importante connotación económica y política, por lo que su legislación en materia de usos y conservación, además, de necesaria, estaba legitimada.

Las tempranas normativas sobre los límites de uso del bosque fueron forjando una visión clásica de la conservación como tierras vaciadas de hombres y mujeres, estableciendo un «sistema de medidas sociales, socioeconómicas y técnico- productivas realizadas dentro de los límites de un Estado o a escala internacional» (Del Risco, 1982), las que estaban orientadas al buen uso de los recursos naturales, y la definición de áreas de absoluta restricción. Se trataba de «conservar los recursos naturales, [lo que] no significa dejar de utilizarlos, sino ordenar su utilización juiciosa, de modo que no se agoten y que se aprovechen de manera perfectamente racional y eficiente» (Del Risco, 1982, p. 169). De este modo, con la regulación se despliega una nomenclatura relativa al ordenamiento, racionalidad y eficiencia del uso de los recursos naturales, siendo una forma de operacionalizar e institucionalizar el concepto de conservación, que de paso usurpaba recursos a sociedades especializadas y privaba a las mismas del conocimiento de un «universo biótico» (Guha, 1997).

La conservación, ante todo, establece objetivos que permiten ordenar en el espacio y en el tiempo las posibilidades de uso de recursos de un área, generando una zonificación que permite adecuar tipos de uso y actividades que ayuden de manera ordenada a alcanzar las metas de protección, tanto desde lo biótico como desde lo escénico. Ferrero, indica sobre este proceso ubicado las discusiones globales:

«La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) ha sistematizado la categoría de áreas protegidas como «una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y al mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces» (Loc. cit. Ferrero et al., 2013, p. 101).

En estos términos, la figura del Parque Nacional, como la describe Ramachandra Guha, se realza: «provee una oportunidad de calma, contraste, contemplación y afirmación de valores para aquellos que viven la mayor parte de sus vidas en el mundo del trabajo» (1997, p. 38).

Conforme a lo señalado, hay una patrimonialización que produce una zonificación que contiene lugares que pueden ser catalogadas como intangibles, condicionando percepciones y significados, en cuanto son lugares que están absolutamente al margen de intromisión antrópica, y otros, que son regulados, y que pueden ser más abiertos hacia actividades como el turismo y la educación ambiental. Así, el proceso de protección patrimonial se inscribe en los procesos de construcción política de las regiones, tendientes a una definición de la ocupación del espacio que favorece una cierta imagen de la nación, de la mano de intereses económicos, políticos y administrativos. Así, poderes desiguales, gubernamentales, empresariales, ONGs, comunidades científicas y pobladores locales definen las formas de ocupar, usar y conferir sentido al ambiente y al territorio.

Discutir sobre este proceso, que siempre es sobre una imagen del futuro, es decir, sobre el sociosistema de la vida, tiene una historia de siglos. Sin embargo, mantiene vigencia superlativa, ya que en la actualidad se vuelve ingente producto de los cambios climáticos, el aumento de la temperatura, la disminución de la biodiversidad, así como la necesidad de captura de carbono y la producción limpia; siendo una discusión necesaria en relación a las áreas protegidas, el uso de los recursos y las formas de vinculación y dependencia entre comunidades tradicionales y especializadas, ya que como sostiene Guha (1994), cruza deterioro ambiental, escasez de recursos (o mala distribución de los mismos) y conflicto social.

Como conflicto, creemos aparece institucionalmente en una lectura simplificada el fantasma de Garret Hardin (1968) y su célebre artículo «The Tragedy of the Commons». Éste, concibe a miembros de sociedades que tienen bienes de usufructo común, con una incapacidad para tener restricciones y poner límites a sus acciones sobre los ecosistemas. Cuestión que impediría establecer cuánto es lo suficiente que cada uno de los miembros puede extraer en términos energéticos. Esta figura desarrollada por Hardin, y que proviene de zonas que poseen como especialización el ganado y el uso de áreas de pastoreo, favorecería una presión ambiental fuera de control, que expresaría en la llamada «tragedia de los comunes». Representando aquello que se vuelve contra la propia población y contrario al bien común y un objetivo de preservación ambiental (op.cit).

En este sentido, el modelo clásico de conservación se anticipa con este prejuicio sobre los bienes comunes, y ante la posibilidad de «la ruina» de los comunes. De modo que, las salidas económicas y ambientales frente a lo que podría ser tan ilimitado como un extractivismo ganadero y forestal, terminan siendo regulados con la privatización o la participación del Estado en el área identificada de valor, para asegurar la regulación, la sustentabilidad y sostenibilidad de los servicios ambientales. Así, el acceso a las tierras bajo resguardo debe limitar el uso de sus recursos, por una incapacidad de los involucrados en contener el alcance de sus acciones, lo que pone al centro la discusión las auténticas posibilidades del desarrollo local y el bienestar de la población.

Para construir esta discusión, que omite que los comunes también incluyen y excluyen a sus miembros, y que es una sobre bienes protegidos que se transforman en comunes (nacionales y globales) por las urgencias planetarias, tomamos el caso del Parque Nacional Cofre de Perote, Estado de Veracruz, uno de los más antiguos de México. Para expresar cómo la autoridad, tratando de ser eficiente y cumplir con objetivos en estas escalas, instala una dicotomía falsa entre naturaleza segregada y población ejidataria, en la medida que no logra leer etnográficamente los procesos de codependencia de los campesinos con los recursos naturales y la posibilidad de comunalizar bienes que durante un siglo han estado en el imaginario local como expresión de su identidad. De manera que, los intereses entre actores pugnan entre el imaginario del futuro y la necesidad presente de contar con recursos para la reproducción.

Ante la necesidad de conservar lugares ecosistémicamente valiosos, hoy podemos encontrar dos fórmulas que podrían operar como tipos ideales: a) las que impiden todo uso y acción antrópica, y, b) las que permiten un uso sustentable de los recursos disponibles para comunidades tradicionales. Éstas, representan por una parte, la corriente ambientalista clásica, que sustenta la línea de conservación y preservación de la diversidad sin la intervención o presencia humana, y dónde las visitas serían privativas de comunidades científicas y con fines de investigación; y, por otra, una que podríamos llamar socioambientalista, donde existe una transferencia de responsabilidad ética y ambiental a comunidades tradicionales asentadas, aspirándose a una relación de carácter equilibrado y armónico, ya que pueden ser corresponsables de la conservación intergeneracional, la que se acercaría a una suerte de etnoconservacionismo.

En esta segunda perspectiva, las Áreas Nacionales Protegidas se complejizan en cuanto son sistemas que podemos considerar abiertos, ya que una cuestión es la microoganización local, es decir, quienes viven dentro de los límites del área de conservación, y otra es la organización sistémica circundante a las áreas, y de las cuáles en muchas ocasiones dependen las poblaciones locales. Es decir, por una parte, existen relaciones comerciales que implican captura, uso y transformación de recursos, lo que Guha (1994) llama lucha entre gente de los ecosistemas y los omnívoros; y, por otra, relaciones de clientelismo, paternalismo, voluntades, liderazgos, favores y negociaciones con burócratas que se realizan con el exterior, pero que afectan el interior.

En estos términos, inicialmente, la cuestión es la relación con el Estado a través de sus funcionarios; o, cómo la autoridad promueve y socializa valores trascendentales y cataloga interés por lugares que destacan por su biodiversidad o cuestiones estéticas. Luego, cómo, directa o indirectamente, y con qué intensidad entra el mercado dentro de una lógica formalista y/o extractivista verde. Sin embargo, la presentación en código binario resulta estrecho por dos cuestiones esenciales: 1) porque la declaratoria de un área de conservación, es a posteriori del uso que le han dado a los recursos poblaciones tradicionales residentes, las que han inscrito las marcas de su vida económica, reproductiva, ambiental, simbólica y experiencia en el área protegida1; 2) porque el capitalismo también se legitima a través de discursos conservacionista, especialmente en su fase neoliberal, en cuanto también existe un capitalismo verde.

En este sentido, en los orígenes de los parques nacionales encontramos una connotación pragmática de movimiento de fronteras y de fortalecimiento del colonialismo interno. La expulsión de las poblaciones y los decretos de expropiación, fueron elementos comunes para hacer valer lo que podría ser el temprano «derecho ambiental». A través del Estado, las áreas naturales protegidas se constituyeron como una forma particular de presencia institucional, definiendo, delimitando y visualizando estos territorios en el imaginario nacional (Ferrero et al., 2013, p. 85).

Este tipo de políticas recibieron fuertes críticas durante el siglo XX, y en las últimas décadas se planteó de forma sistemática la incorporación de otras variables más allá de las político-económicas y estético-naturales. En la actualidad, frente a las propias contradicciones u oxímorom que implica que un área natural llena de ecosistemas y de cadenas tróficas sea puesta dentro de ciertos límites, se habla en términos más amplios de corredores biológicos y ecorregiones, para demostrar que existen aspectos móviles de las especies que implican características también binacionales como ocurre en el sur austral de Chile y Argentina, especialmente entre aquellos que profesan la ecología profunda (Rodríguez Torrent, Reyes y Mandujano, 2016), así como de la incorporación en la toma de decisiones de las poblaciones asentadas dentro de las áreas naturales protegidas (ANP) y en áreas de influencia, bajo esquemas de gobernanza y justicia ambiental.

Hasta aquí, lo expuesto lleva en una primera línea a preguntas permanentes en torno a la conservación, las que pueden ser sintetizadas de la siguiente manera: ¿qué se debe conservar? ¿quiénes deben conservar? ¿con qué fines? ¿para quiénes? Luego, en una segunda línea, se debe interrogar también sobre el conocimiento generado en las ocupaciones preexistentes a la declaratoria: ¿a quién le pertenece? Las preguntas, por una parte, siempre ponen el futuro al frente, por oposición a un pasado que incomoda o genera cuotas de malestar; por otra, abre una importante discusión sobre el estatuto de los bienes comunes preservados.

Parques Nacionales y áreas de conservación en México

Para el caso de México, los antecedentes jurídicos del manejo de áreas de conservación, se registran con el establecimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico en 1988, la cual indica en sus aspectos medulares las disposiciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; teniendo por objeto propiciar: el desarrollo y aprovechamiento sustentable, establecer las bases para garantizar a toda persona a vivir en un medio ambiente sano, la definición de una política ambiental y los instrumentos para su aplicación, así como garantizar la participación corresponsable de las personas, de forma individual y/o colectiva (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2018).

El interés por conservar la vida silvestre fue una práctica arraigada en el mundo colonial, desde 1530, con la protección del emblemático bosque de Chapultepec (De la Maza, 1998). Luego, en 1917, con Venustiano Carranza se decretó la primera área natural protegida, El desierto de los Leones; con Lázaro Cárdenas, se muy rápidamente se decretaron 41 áreas de protección la gran mayoría Parques Nacionales (Gallegos, 2002). En paralelo, en casi todos los casos registrados durante el siglo XX, las prácticas de conservación ambiental se orientaron hacia cuestiones forestales (Boyer y Orensanz, 2007), apostando por el control estatal en áreas donde había poca presencia del Estado. La justificación del posicionamiento del Estado definió una concepción evolucionista, estableciéndose un modelo que va por fuera de la vida local, ya que se consideraba que los campesinos carecían de la capacidad para administrar sus recursos, ya que dentro de su «negligencia primitiva» se comprometía el uso racional de los recursos forestales.

En estos términos binarios civilización y barbarie, analíticamente la política de conservación tuvo cinco ejes: 1) consistió en tratar de estimular y dotar de cierta conciencia y sensibilización a los campesinos a través de capacitaciones y propuestas de cooperativas de trabajo, con la idea de modernizar el pensamiento campesino; 2) una sanción sobre la transgresión de las normativas, es decir, puso el acento sobre las prohibiciones; 3) someter a los campesinos al imperio de la legislación contribuye a su conversión en ciudadanos de una nación, porque se produce una integración simbólica y material en lo que puede ser evaluado como un proceso de violencia estatal; 4) generar un proceso de identidad a través de áreas y monumentos naturales en los lugares donde la autoridad era débil; y, 5) generar identidades ambientales representativas del país. De modo que, se genera una temprana polaridad entre pensamiento local, la autoridad y el conocimiento científico, y entre naturaleza y justicia social, obviando los procesos bidireccionales y dialécticos entre sociedad y naturaleza, ya que el trabajo localmente realizado de gestión del bosque es algo más que una actividad económica extractiva. Las prohibiciones inhibían lo que llamaríamos la figura antropológica de la totalidad mausseana, en cuanto a través del trabajo sobre estas áreas de conservación y de bienes comunes se están creando y recreando permanentemente las interacciones sociales, porque las relaciones materiales modificadas implican la creación de universos simbólicos singulares, lo que sostiene a una comunidad desde la perspectiva de las interacciones (Wolf, 1987). Con ello, la hegemonía conservacionista impuso el conservadurismo científico frente a lo lógicas campesinas de uso controlado, vinculadas a una «filosofía de minimización del riesgo» (R. Guha y Gadgil, 1993, p. 95), el que operó «como una brocha con la que [se] borraban las variaciones locales en uso de territorio, conocimiento ambiental y estructura social» (Boyer y Orensanz, 2007, p. 94); invisibilizando la identidad gestada entre los habitantes y su entorno, ya que las prácticas ejercidas por los productores y recolectores locales sobre el universo biótico son físicas, psicológicas, simbólicas y materiales, con aplicaciones económicas, sociales, recreativas, estéticas y trascendentales.

Conforme a esto, la lógica hegemónica de los científicos debe ser registrada también como «conflicto intermodal» (Guha y Gagdil, 1993, p. 95), ya que el modo de utilización de los recursos entra en contradicción con otro modo organizado de principios. O, «socioambiental», ya que refiere a «lenguajes de valoración», diferenciados por hábitat, paisaje y mercado (Martínez Alier, 2011, p. 52-57) y escenarios y procesos sociales con una marcada polarización de intereses con relación al acceso, manejo, uso y apropiación de los recursos naturales, así como a una confrontación de visiones del mundo y percepciones culturales que pueden ser opuestas (Guzmán y Madrigal, 2012, p. 99-132). Entonces, si la existencia humana es una producción social colectiva, en este caso la primacía de la lógica científica se impone por sobre las condiciones adaptativas de las poblaciones, lo que no significa que las poblaciones avecindadas operen bajo una racionalidad cuyo objetivo sea el mercado y la maximización de la ganancia (ver Godelier, 1976, 1989), sino que están produciendo también valores sociales comunes.

El Parque Nacional Cofre de Perote

El primer acercamiento con las localidades y poblacionales asentadas dentro del ANP, en el municipio de Perote, ubicado en la ladera poniente de la Montaña llamada Cofre de Perote, fue en el marco del proyecto «Regiones socioeconómicas frente al cambio climático: transformaciones en los mercados de trabajo y tensiones socio-ambientales en un Área Natural Protegida en el estado de Veracruz». Dadas las condiciones de violencia e inseguridad que prevalecen en la zona, el primer contacto fue con las autoridades locales. Ahí se expuso el interés por conocer y recuperar cómo las poblaciones enfrentan el cambio climático, así como registrar los cambios en el mercado de trabajo y reconocer la existencia (o no) de tensiones y conflictos socioambientales en el Parque Nacional Cofre de Perote (PNCP). La respuesta fue favorable por parte de las autoridades municipales, las autoridades locales (agentes municipales y comisariado ejidal) y la población en general.

En el PNCP es común la presencia de académicos y organizaciones no gubernamentales orientadas a la conservación, principalmente la población tiene contacto con biólogos, ecólogos e ingenieros forestales y en menor medida con académicos del área social.

En los primeros meses de trabajo de campo el espacio de contacto fue la asamblea ejidal (de ahí que el mayor número de entrevistados sean varones). Ahí se logró establecer rapport con autoridades y productores agrícolas. Este espacio también posibilitó ubicar a las mujeres organizadas del Comité de Mujeres Unidas para la Conservación de los Bosques del ejido El Conejo,2 así como contactar a otras mujeres interesadas en la toma de decisiones de la comunidad.

El trabajo de campo incluyó entrevistas, recorridos formales y caminatas en el bosque y parcelas de cultivo con los ejidatarios. También, largas charlas con las mujeres en las cocinas, y no menos importante resultó la recolección de hongos, leña y hierbas con los niños y jóvenes. Esto permitió registrar y reflexionar sobre el uso de los recursos y las formas diversas de habitar el ANP, o lo que Guha y Gagdil (1993) llaman «modos de utilización de los recursos». Es decir, los contextos naturales en los que se asientan, responden y transforman los actores 3.

El caso del PNCP o Nauhcampatépetl, decretado en 1937, corresponde a una de las primeras reservas naturales México. Abarca parte de los municipios de Perote, Xico, Ixhuacán y Ayahualulco, en la zona central del estado de Veracruz, ocupando poco más de 11,500 has. Como en otras ANP, la declaratoria de Parque Nacional (PN) se llevó a cabo en territorios ocupados parcialmente por comunidades con derechos agrarios, cuya dotación ejidal se concretó entre 1934 y 1936, es decir, previo al decreto.

La ocupación contemporánea del área está documentada desde la presencia de las haciendas (Hoffmann, 1989; Juárez Martínez, 1990; Ramos, Magnon, Piña, O´Quinn y Cárdenas, 1984). La hacienda, a finales del siglo XVII, como sistema de tenencia controlaba prácticamente el 85% de la propiedad en la zona, con la presencia de tres haciendas: San José de los Molinos, Ximonco y Tenextepec. En estas propiedades se controlaba casi el 70% de la riqueza forestal del Cofre de Perote, mientras el resto del bosque lo usufructuaban los naturales de la comunidad indígena de Santiago Ayahualulco. La población mayoritaria se aglutinaba alrededor de la cabecera municipal y de las grandes haciendas. Posteriormente, con el reparto agrario producto de la revolución y el cambio en términos de tenencia de la tierra, se reformularon las relaciones de trabajo, propiciando un giro de lo forestal a lo agrícola y pecuario. Aunque se continuó con la explotación forestal, principalmente con el desmonte para abrir paso a las parcelas agrícolas, poco a poco se fue dando mayor importancia a la agricultura, sobre todo porque las ganancias generadas por la venta de madera eran mínimas, los rendimientos quedaban en manos de los intermediarios constituidos por élites madereras que durante décadas explotaron sin límite el bosque, pese al decreto de ANP. En este sentido, las primeras cuatro décadas del decreto fueron letra muerta.

En la década de los setenta del siglo pasado se registró una intervención estatal importante y un proceso de concientización de los habitantes sobre la conservación y la finitud de los recursos forestales maderables y no maderables. Esta etapa estuvo marcada por una fuerte restricción al desmonte, se limitó el pastoreo con una tendencia a la desaparición, así como una limitación al uso de madera para la construcción o reparación de sus viviendas. Lo que transformó de manera radical la actividad económica de la población, experimentándose un abandono casi total de la actividad forestal, a la par que se incentivaba la actividad agrícola. Quienes no lograron adaptarse a este fuerte cambio tuvieron que migrar, para buscar otras ocupaciones que les permitiera la sobrevivencia:

«Recuerdo que en esas fechas se fueron familias completas, por lo menos unas treinta de esta comunidad, algunas pocas regresaron, porque dejaron a los abuelos, pero de otras nunca más supimos. Fue difícil, como comunidad, ver que tus parientes, amigos, se fueran del lugar que los vio nacer. Pero así fue» (Manuel, El Conejo, 2019).

En la actualidad, la principal actividad es la agricultura, ya sea dentro o fuera de la comunidad, en la partes de mayor altura se cultiva papa, y conforme la cota desciende, se pueden apreciar -en menor medida- cultivos de haba, maíz, frijol, cebada y ajo. Casi en su totalidad los cultivos son de temporada, de manera que la incertidumbre de la cosecha siempre está presente. A pesar de las dificultades económicas para sostener los cultivos, estos son importantes para la reproducción de las familias, ya que la producción es principalmente para el autoconsumo. En el caso de la papa, un cultivo más comercial, una parte es ocupada para el consumo y otra es comercializada, ya sea en la cabecera municipal o en ciudades aledañas, donde el precio no está asegurado, ya que puede variar dependiendo de la demanda y oferta, pero nunca pasa del medio dólar por kilo. También hay presencia de ganado ovicaprino sin rebasar las 30 cabezas por unidad familiar. Algunos de los animales son criados para el autoconsumo, principalmente en fiestas familiares o festejos del pueblo. El resto de los animales son puestos a la venta y comprados por personas que suben a la montaña a «acaparar» el ganado menor.

En este contexto, se aprecia que las condiciones materiales en las que sobreviven los pobladores del PNCP se caracterizan por un reducido sistema de redes y oportunidades sociales (trabajo) y económicas (monoproducción), de manera que se encuentran permanentemente arrastrados a prácticas de mayor explotación de sus recursos naturales para su sobrevivencia. En la actualidad, el punto central de estas prácticas tendientes a la sobrevivencia, es que nos encontramos frente a un discurso dominante que simultáneamente exalta «lo eco» o «lo verde» (producción verde, consumo verde, capitalismo verde, etc.) y pide transferencia de recursos y productos hacia las urbes, lo que no es necesariamente compatible con las posibilidades ambientales y reproductivas de los habitantes de ésta área protegida.

A partir del acercamiento etnográfico, que demuestra un uso contenido y no expansivo del área, es importante resaltar que uno de los problemas históricos que establece la población a través de las entrevistas, es el escaso diálogo sobre el parque como bien común entre quienes operan el ANP y lo pobladores en relación a usos sustentables. Poco se sabe de los beneficios y de la importancia regional en términos económicos y ambientales que tiene el PNCP a nivel local y regional, produciéndose una permanente desvinculación entre quienes habitan y funcionarios que «controlan», lo que tiene varias aristas sobre la gobernanza del área. Cuestión que llamaremos desencuentro narrativo, ya que se trata de diferentes lugares de enunciación sobre lo que se entiende y prioriza en la conservación desde las instituciones gubernamentales, lo que se traduce en tensiones que en la práctica se manifiestan al momento de ejecutar medidas concretas de conservación.

Señala Armando:

«Sabíamos que se nombró el parque nacional, pero mucho después de lo que decía el papel, ya con el decreto nosotros seguíamos usando el bosque, porque esa era nuestra forma de vida, nuestra manera de trabajar. Sí se cortaba el trozó (de madera) y se vendía, se pastaba el ganado, sí es verdad, porque vivíamos del bosque (…) pero ya mucho después se vio que esto no estaba bien, nos estábamos acabando el bosque, pero era la forma de vida (…) llegó la veda y ahí sí se acabó, hubo casos en que te llevaban preso» (Ejido de los Pescados, 2017).Juan, completa la misma idea: «Mi frustración es tener algo que no podemos usar, es mío porque ahí está el papel, pero no es mío porque no puedo hacer nada. Sabes que si te metes con el bosque vas a la cárcel. Yo quisiera que nos dijeran qué podemos hacer para beneficiarnos. Sí sabemos que hay que cuidar y así lo hemos hecho por muchos años, pero deben entender que nosotros necesitamos vivir de algo» (Rancho Nuevo, 2017).

Nicandra señala lo siguiente:

«Nos dicen que hay que cuidar, nos han traído cocina de barro para cortar menos leña, pero esas no son para acá, necesitamos de metal para que nos caliente en época de frío (…) no podemos no cortar leña, la ocupamos para cocinar, para calentar el agua para el baño, para sobrevivir en tiempo de frío. ¿Por qué no podemos cortar si está en terrenos nuestros? Nosotros cuidamos, sabemos que cortar qué no, que recoger que no. Nosotras sabemos que del bosque tenemos para vivir» (El Conejo, 2018).

Los registros obtenidos van siempre en la misma dirección. La opinión de los pobladores se inclina por un bloqueo de la información que les brindan las instituciones gubernamentales que tienen injerencia en el manejo de la ANP, como es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y la Comisión Forestal. Principalmente, son las sanciones sobre el uso del bosque más que los beneficios lo que prevalece en el discurso; predomina un «no se puede», que «es la respuesta de siempre».

Otro poblador, señala:

«La última platica que tuvimos con CONANP fue para pedir apoyo para continuar con el pago por servicios ambientales, pero pues que ya no nos tocó. Nos dicen que es importante la conservación, que mantengamos esto, está bien, pero nosotros cuidamos y ¿a nosotros quién?» (Pedro, El Conejo, 2017).

En todos los casos, el bloqueo tiene un componente ideológico clásico: áreas que deben estar al margen de toda intervención antrópica. Y, una negación de posibilidad de avanzar a una transición productiva distinta, del tipo agroecológica. Nadie discute el papel de las ANP como sitios de conservación importantes en la historia ambiental de México, pero el sacrificio lo realizan los campesinos ejidatarios, ya que el uso del bosque es considerado daño, lo que está directamente asociado a la posibilidad de generación de humedad para lluvia, y provisión de agua fuera del parque. Institucionalmente se ha sincerado menos esta variable entre los campesinos, y se ha sido menos flexible para reconocer los derechos de propiedad. Estableciéndose su valor como un caballito de batalla dentro de los mecanismos para afrontar el cambio climático, ya que, por la posición geográfica del país, sus condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, se encuentra como una de las zonas de importante vulnerabilidad climática (Aragonés, 2015; Betancourt Posada et al., 2014; Delgado, Cornetta y Diaz, 2014; Kreft, Eckstein y Melchior, 2016), lo que ha relevado su valor como área protegida.

Las Áreas Naturales Protegidas4, dentro de la Estrategia de Cambio Climático, protegen ecosistemas de alto valor, que contribuyen a reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y mitigar las emisiones de dióxido de carbono. Estableciéndoseles como uno de los grandes sumideros de carbono, siendo posible crear pautas para mejorar la calidad de vida de la población rural y urbana (CONANP, 2015). Fórmula, de fortalecimiento y bienestar de las economías y poblaciones locales y regionales, entendida como la solución natural ante el cambio climático. De acuerdo con la CONANP, (2015), los ecosistemas, en armonía con las comunidades humanas, constituyen una de las herramientas más efectivas para la conservación, permitiendo la adaptación de la biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático, mediante la ampliación de corredores naturales que favorecen que las especies se adapten y ajusten sus áreas de distribución frente a las nuevas condiciones climáticas, incrementando su capacidad adaptativa.

El desarrollo sustentable se convierte en eje de la operación de programas de manejo de las ANP. De modo que la conservación ambiental va en estrecha relación con la superación de la pobreza y marginación de las comunidades asentadas en las ANP. En el caso particular del Parque Nacional Cofre de Perote, se puede constatar que la situación de pobreza y vulnerabilidad de sus habitantes es un hecho que no ha cambiado, aun con la emisión de su Programa de Manejo. De acuerdo a los datos proporcionados por la CONAPO, las localidades ubicadas dentro del ANP correspondientes al municipio de Perote se ubican en grado de marginación alto (CONAPO, 2010). Esto significa que el índice de marginación, que es un parámetro estadístico que coadyuva a la identificación de sectores del país que carecen de oportunidades para su desarrollo y de la capacidad para encontrarlas o generarlas, obliga a pensar en cómo las poblaciones sobreviven con el peso estructural que significa estar en un ANP5.

En este sentido, la determinación de decretar una ANP en sus distintas modalidades6 ha implicado el establecimiento de límites geográficos bien definidos, los que no corresponden cartográficamente a los usos tradicionales de tipo material, simbólico y ambiental de las poblaciones, como se ha establecido en la antropología económica (i.e., el clásico trabajo sobre los Nuer de Evans-Pritchard). Una definición de límites administrativa o política sobre el territorio, no representa los usos consuetudinarios sobre el espacio y cómo ha sido apropiado y transformado en lugar; lo técnico cartografiado se contrapone al uso y significado del espacio. Quién designa los espacios susceptibles de conservación, y qué se puede hacer y qué no en las ANP, quién puede hacer uso de los recursos y bajo cuáles esquemas, debe contemplar alternativas para la moratoria de uso de los distintos recursos usados intergeneracionalmente. Estas preguntas son extremadamente importantes ya que la ANP como bien superior para preservar bienes nacionales comunes, implica en un primer momento el establecimiento de parámetros para designarla como un núcleo territorial conforme a un lenguaje de la valoración. No se reconoce su historia vinculada con el uso simbólico y material de los recursos naturales, la cultura de trabajo ligada con los mismos y los derechos legales asociados a la asignación de tierras también quedan subordinados.

Lo anterior refleja que la «elección» y designación de lugares sujetos a protección, ha sido una práctica unilateral, jerárquica y sin reconocimiento de sus habitantes. Y, más recientemente, en los procesos de ampliaciones de las ANP, se han producido conflictos ante la poca participación de los habitantes en la generación del marco de acción para el uso de los recursos y actividades económicas en las ANP (Merino y Hernández, 2004; Zamora, 2017). Estas poblaciones rurales que han mantenido un estrecho vínculo con su ambiente, para su reproducción biológica y cultural, en este caso relacionada con el bosque, se han tenido que ajustar a un esquema restrictivo mayor, que en sus primeras décadas fue totalmente incompatible con sus estrategias y prácticas de sobrevivencia, a saber la silvicultura y ganadería. Por lo mismo, es importante mencionar que después de una fuerte restructuración productiva (de forestal a agrícola), los habitantes continúan vinculándose con el bosque ahora más en términos identitarios que productivos, aunque continúan desarrollando actividades de explotación como la recolección de leña, fundamental para la reproducción del grupo doméstico, así como la obtención de agua de manantiales y algunos otros recursos no maderables.

Sin embargo, existe un velo en la información acerca del manejo del ANP. La que además de ser poco clara y asequible para el lenguaje de los pobladores, presenta una contraposición de lenguajes de conocimiento, lo que ha generado ciertas contiendas dentro y por el ANP. Por una parte, desde las instituciones gubernamentales la conservación del bosque está por encima de las necesidades básicas de sobrevivencia de los pobladores, presentando una idea dicotómica (que parecía superada) entre ser humano-naturaleza; y por otra parte, el «deseo» de volver al estado «natural» de las cosas, sin hombres y mujeres. Asimismo, se mantiene una visión prejuiciada, en donde los campesinos siguen siendo los principales depredadores del bosque, ya que carecen de la capacidad (técnica e intelectual) para conservar sin intermediación externa, ya sea de instituciones públicas o privadas.

En esta línea señala un investigador:

«Hace unas décadas atrás sí se requirió esfuerzo en el Cofre para reforestar porque estaba muy talado, pero hoy, ya no necesitas más, el Cofre se cuida solito, incluso no necesitas de la gente, la naturaleza siguió su curso, necesitas vigilar eso sí, pero con gente o sin ella el Cofre se va a mantener» (Investigador INECOL, Xalapa, 2017).

Otro, indica lo siguiente:

«Se ha hecho un gran esfuerzo para que los pobladores comprendan la importancia de conservar, nos hemos valido de universidades y ONGs para que se den talleres y se haga producción científica en el PN, por la gran riqueza en términos de biodiversidad y también se ha hecho un gran esfuerzo en la reforestación, involucrando a la población, pero es difícil porque ellos ven con otra lógica las cosas, ellos quieren seguir su modo de vida anterior y eso no es compatible con la conservación» (Funcionario CONAFOR, 2017).

En suma, las narrativas entre los habitantes y quienes ven «desde afuera» y tienen influencia sobre el manejo de las ANP, se muestran posturas no convergentes que dan cuenta de la polaridad entre el pensamiento local y el habitar, del Estado y sus funcionarios, y el del interés privado en torno a la conservación. Observar la naturaleza como algo ajeno y establecer vigilancia sin facilitar el habitar para mantener el equilibrio, dejan ver cómo se van definiendo los espacios y los límites, el uso y manejo de los recursos que se han convertido en bienes comunes dentro del Estado federado. No sólo se ponen en juego las propias prácticas de sobrevivencia, sino se trastocan aspectos profundos de carácter simbólico e identitario, como señalan Ovando y Ramos (2016), ya que produce nuevos antagonismos en torno a la resignificación de sus territorios, los que responden a distintas formas de invasión de sus espacios intersubjetivos de la cotidianidad.

Resultados

Las áreas de conservación han ganado notoriedad en las últimas décadas, ya que la expansión de la economía de mercado ha generado una presión superlativa sobre los recursos naturales. Esto, deviene en impacto ambiental de considerables magnitudes, ya que la lógica del consumo lleva a que muchos recursos sean destruidos-consumidos a un ritmo superior a su capacidad de regeneración, especialmente de bosques tropicales, y de manera imposible en los grandes bosques. En el caso de México, en las ANP existe una fuerte dependencia de las poblaciones rurales sobre los recursos naturales, las cuales se encuentran -en buena parte- en condición de pobreza y requieren de ellos para su existencia cotidiana, y a veces son demasiado pobres para ser verdes o ecológicos. Como hemos señalado más arriba, estas poblaciones se vinculan con las actuales áreas de conservación por medio de la actividad agrícola y forestal, así como a través de prácticas «menos» visibles pero cotidianas como el uso de recursos no maderables entre los que destaca la recolección de hierbas curativas, hongos, leña, actividades de caza y pesca, la dotación de agua, y otras actividades que han practicado históricamente. Las restricciones que implica la designación de ANP los sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad al limitar el acceso a estos recursos, por lo que no solo es un problema de sobrevivencia, sino también de memoria de vida. Por ello, la tensión que se observa es entre la organización del trabajo que permite la reproducción y el control por parte del Estado de los medios de producción, ya que se están restringiendo los circuitos de intercambio y la propia manifestación de sus percepciones y categorizaciones sobre la naturaleza y la vida.

Este escenario de cambio social es doble: 1) es un problema de economía política, en cuanto la decisión es un problema de poder que se concreta en la esfera del trabajo; 2) de ecología política, ya que condiciona el acceso a los recursos, y altera los procesos adaptativos y el mismo manejo de los recursos. De modo que la conservación corresponde a un proceso político y social (Alcorn, 2005), en los cuales participa el Estado y por el cual se ordenan los recursos naturales dentro de procesos ecológicos. Así, la exclusión de los ejidatarios del uso de los recursos dentro del concepto de ANP, es decir, de aquello que se convierte en «bienes comunes» o «bienes nacionales colectivos» que son necesario conservar porque se trata de ecosistemas significativos, pero sin usufructo material de ellos, no permite que naturaleza y cultura sean parte de una misma conceptualización, o visualizar las interacciones y la necesaria y recíproca relación. Esto, comporta un modelo de preservación más bien rígido, el que no logra visualizar los usos, aparatos tecnológicos y dispositivos mentales tradicionales en relación al entorno, así como el comportamiento particular asociado a los lugares de usufructo.

Entonces, si se reconoce a la población ejidataria como un actor que introduce elementos de desequilibrio, no es difícil entender la poca participación que éstos tienen en los programas de conservación o la oposición a estas políticas y programas, así como las divisiones y tensiones dentro de las localidades entre aquellos beneficiados por un determinado programa de ayuda y los ignorados o perjudicados por el mismo. Esto implica un reto que no siempre se considera: contemplar a los pobladores no sólo como prestadores de servicios ecosistémicos, sino como sujetos con necesidades de reproducción y consumo. De manera que, mientras no existan otras alternativas fuera o dentro del ANP que les proporcionen lo necesario (o mínimo) para su sobrevivencia, continuarán «trasgrediendo» los límites sobre uso de recursos naturales establecidos institucionalmente como medidas de conservación.

En estos términos, la trasgresión de las normativas sobre áreas protegidas es contradiscurso de apropiación y una modalidad de ejercicio de derechos políticos. Si bien los avances científicos permiten «calcular» y «definir» áreas de alto valor de conservación, por ejemplo en el caso del establecimiento de Regiones Terrestres Prioritarias en México (Arriaga et al., 2000), poco se considera el aporte en términos heurísticos y prácticos del saber local, de su historia, del reconocimiento de relaciones socioambientales preexistentes. Por ello, además de recuperar las narrativas propias de una relación permanente con los recursos territorialmente disponibles, se tiene que prestar atención hacia las prácticas y vínculos de los pobladores con el ambiente y la dependencia. Esto es decisorio en una mejor instrumentación y eficacia de políticas públicas de conservación, no solo en términos técnicos sino como un proyecto complejo, con identidad, arraigo y de reconocimiento de interdependencia entre los habitantes y los recursos naturales. Como plantea Durand «la conservación ambiental sólo será posible cuando (…) se logré construir una relación con lo natural que signifique y emocione a las personas y donde la naturaleza se trasforme en un verdadero componente de identidad» (2005, p. 215).

Frente a lo señalado, tanto en el diseño como en la ejecución de leyes y programas que identifican estos bienes locales que pasan a ser bienes comunes especiales en la esfera nacional, y que también pasan a ser comunes globalmente, es necesario hacer una relectura de la interpretación de la relación ser humano-naturaleza, así como de la institucionalización del concepto de conservación. Lo importante, es entender qué y por qué se requiere conservar y en qué términos se puede «vivir» dentro de un ANP, y cuáles son las alternativas para que las poblaciones vivan con dignidad y con los recursos suficientes para alcanzar la reproducción social y biológica.

A partir de la experiencia en el Parque Nacional Cofre de Perote, podemos señalar que habitar en el ANP para estos campesinos ha significado un reto en términos de sobrevivencia. El decreto es exclusionario y es altamente restrictivo para permitir la reproducción de la pequeña producción agrícola, ya que todos los recursos naturales son propios de la existencia localizada por décadas y es intergeneracional. Y, la ejecución del mismo decreto a partir del Programa de Manejo, se ha llevado a cabo de manera «poco participativa», es decir, sin una cartografía que exhaustiva que sustente la relación entre cultura y naturaleza. Para los habitantes del municipio de Perote, concretamente aquellas establecidas dentro del PNCP, el decreto implicó una reconversión productiva y una nueva forma de relacionarse con el bosque, cada vez más ajena y menos vinculante a sus prácticas. La existencia de un bosque que no puede «ser tocado» y de tierras que no pueden ser «utilizadas», ha sembrado sentimientos de frustración, enojo y suspicacia en torno al ANP.

La reconversión productiva implicó un cambio en la economía campesina y un quiebre en la cultura laboral. Del manejo forestal se pasó casi por completo a la apertura de pequeñas parcelas para sembrar papa en las partes altas y en menor medida maíz, haba y frijol en las partes bajas. Hasta la década de los ochenta la papa fue un producto rentable. La crisis actual del tubérculo se atribuye a distintas causas: la baja demanda del producto como consecuencia de la crisis económica del país; el cambio en los patrones de consumo que desplazó las papas de color o nativas cultivadas en el Cofre, por la papa alfha producida en los estados del norte del país y Michoacán; y, la falta de capital para obtener los insumos necesarios para el cultivo, aunado a los pocos o nulos apoyos gubernamentales.

La crisis de la papa y las restricciones forestales del ANP acotaron las alternativas laborales en la comunidad. Hoy en día se registra una mayor movilidad, principalmente de los varones quienes se emplean en el trabajo agrícola fuera de la comunidad (en municipios aledaños o incluso en estados de la frontera Norte), y en fábricas de block (de hormigón) ubicadas al pie de la montaña.

Para las mujeres, las oportunidades en la comunidad son aún más escasas. Por lo que quién decide emplearse debe salir fuera de su localidad. Las mujeres se desplazan hacia la cabecera municipal o a Xalapa para realizar trabajo doméstico o emplearse en el comercio. Tal es el caso de Marina, una mujer adulta que pasó más de 30 años como trabajadora del hogar:

«Trabajo en casa desde los 13 años, primero en Perote, después me llevaron a Xalapa (capital del estado). Aquí no había como trabajar, ganar dinero, el campo ya no daba ni para comer, así que con permiso de mi papá me fui. Luego ya cuando venía al pueblo se animaban las muchachas a salir (…) coloqué a varias en casas, primero me pedían para el quehacer pero también coloqué para nanas o cuidadoras de viejitos en Xalapa (…) menos pesado y pagaban bien» (Marina, El Conejo, 2018).

Las reducidas oportunidades de trabajo en las comunidades son un reflejo de las limitaciones manejo y de uso de los recursos locales, siguiendo a Kuppe (1999, p. 102), la «participación» o integración de miembros de las comunidades, o si se quiere el reconocimiento de poblaciones avecindadas, es, en el mejor de los casos, limitada a la función como guarda parques o guías turísticos.

En esta función de tipo top-down, los habitantes se integran al nivel más bajo en la jerarquía administrativa de los equipos que protegen la vida silvestre; y, consecuentemente, sin ninguna oportunidad de tomar decisiones sustanciales de algo que es considerado ahora un bien común que se debe preservar, y antes un bien que se tenía en propiedad. Sin embargo, es importante mencionar que existen esfuerzos y prácticas cotidianas a nivel comunitario para la conservación del bosque por ejemplo, el mantenimiento de tinas ciegas7, la poda y limpia, y cuando se requiere la organización para combatir incendios. Estas actividades son organizadas en las asambleas ejidales, las cuales se llevan a cabo cada mes, por lo que son temas prioritarios.

Asimismo, se puede prever que su propia estructura sociopolítica asociada al ANP con sus funciones conservacionistas propias del aprendizaje intergeneracional, se verá sustituida por las estructuras jerárquicas y burocráticas características de las instituciones estatales.

Lo señalado, demuestra que la creación de unidades de conservación como las ANP, no pueden garantizar siempre el cumplimiento de los objetivos ambientales. En lo esencial, se necesita disponer de recursos materiales, financieros y humanos para que la conservación de estos bienes comunes pueda ser gestionado y armonizada en función de un equilibrio entre conservación y reproducción social y biológica de las poblaciones. Mientras, las unidades campesinas sigan siendo vulnerables, los ejercicios de comunalización seguirán siendo escasos. Se requiere de un permanente y progresivo involucramiento entre los sectores que representan a la burocracia y la institucionalidad, y aquellos que han vivido en el área de conservación desde antes de su declaratoria.

Consideraciones finales

Las posibilidades de una comunalización de los bienes y una transición de comunidades hacia un modelo protector de bienes comunes nacionales y globales, pasa por una voluntad de Estado por generar condiciones de reconocimiento de las poblaciones locales. La posibilidad que esto ocurra, no puede depender de una definición de área protegida a través de la ausencia de poblaciones o sin acción antrópica. La oposición entre «sociedad y parques»-como sostiene Ferrero (2018), siguiendo el modelo norteamericano anclado en la noción de wilderness (vida natural o salvaje), tiene efecto destructores frente a las comunidades que viven de recursos primarios, llegando a producir «refugiados ecológicos» en dirección a las ciudades tras oportunidades de empleo (Guha, 1994: 137). Sin embargo, el contexto de esta orientación es en relación a procesos industriales y avance de la sociedad urbana, es decir, «salvacionista». La extrapolación es inapropiada sobre grupos especializados que se corresponden al perfil de la autoreproducción, y no puede ser pensada al margen de la historia adaptativa de las poblaciones humanas.

Es difícil sostener el modelo dominante sin considerar las historias productivas. Precisamente, el éxito de ser eficiente en el cuidado, preservación y manejo ambiental de áreas ricas en biodiversidad, está en el reconocimiento y la integración de las poblacionales locales; evaluando sus condiciones de vida, la dependencia de algunos recursos y sus prácticas reproductivas. Es difícil argumentar que las prácticas de comunidades asociadas al Parque Nacional Cofre de Perote, sean menos eficientes que lo que han sido las de otros particulares y empresas privadas que explotaron el bosque, o el mismo Estado. Si se enfrenta una crisis sistémica y global, y se argumenta a favor de la conservación, elevando las Áreas Nacionales Protegidas a la categoría de «bienes comunes nacionales», y extensivamente a «bienes comunes globales», al menos se debe intentar la restitución de derechos para fortalecer intereses comunes y a reinventar la historia a comunidades codependientes, para la administración de los territorios especiales. Una respuesta necesaria a desafíos conservacionistas, está en que las comunidades sean capaces de apropiarse o generar nuevos significados (Escobar, 1996) en vista de objetivos que compatibilicen sus necesidades con imperativos globales.

Referencias

Alcorn, J. (2005). Dances around the Fire: Conservation Organizations and Community-Based Natural Resource Management. En Communities and Conservation: Histories and Politics of Community Based Natural Resource Management (p. 37-68) Walnut Creek, CA: Alta Mira Press. [ Links ]

Aragonés, A. M. (2015). Consecuencias del cambio climático sobre la migración: Un análisis para México. Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas. [ Links ]

Arriaga, L., Espinoza, J. M., Aguilar, C., Martínez, E., Gómez, L. & Loa, E. (2000). Regiones terrestres prioritarias de México. Ciudad de México, México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. [ Links ]

Barkin, D. & Lemus, B. (2015). Soluciones Locales para la Justicia Ambiental. En F. De Castro, B. Hogenboom & M. Baud, Gobernanza Ambiental en América Latina (pp. 297-330). Buenos Aires, Argentina: CLACSO. [ Links ]

Baud, M., De Castro, F. & Hogenboom, B. (2011). Environmental governance in Latin America: Towards an integrative research agenda. European Review of Latin American and Caribbean Studies, 90, 79-88. [ Links ]

Betancourt Posada, A., Campos Ortiz, G. T., Cruz Marín, J. E., Fritsche, K., Jeglitzka, E., Lloyd, M., Pérez Galvis, A. B., Riva Palacios de Icaza, E., Andrée Roy, M. & Strickland, V. (2014). ¿Cuánto vale la sabiduría tradicional? El papel asignado a los conocimientos de los pueblos originarios en El Capital Natural de México. En Del Monologo a la Polifonía. Proyectos supranacionales y saberes indígenas en la gestión de áreas naturales protegidas (1990-2010) (pp. 82-121). Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. [ Links ]

Bevilacqua, P. (1993). Las políticas ambientales: ¿qué pasado? Algunas reflexiones. Historia y Ecología, 147-169. [ Links ]

Boyer, C. R. & Orensanz, L. (Eds.). (2007). Revolución y paternalismo ecológico: Miguel Ángel de Quevedo y la política forestal en México, 1926-1940. Historia Mexicana, 57, 91-138. [ Links ]

Brosius, P., Tsing, A. & Zerner, C. (Eds.). (2005). Communities and Conservation: Histories and Politics of Community-Based Natural Resource Management. Altamira Press. [ Links ]

Comas-d’Argemir, D. (1998). Antropología Económica. Barcelona, España: Ariel. [ Links ]

CONANP. (2015). Estrategia de Cambio Climático desde las Áreas Naturales Protegidas: Una Convocatoria para la Resiliencia de México (2015-2020). Ciudad de México, México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. [ Links ]

CONANP. (2019). Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Recuperado de https://www.gob.mx/conanp/que-hacemosLinks ]

CONAPO. (2010). Grado de marginación por localidad para el Municipio de Perote. Grado de marginación por localidad. Municipio de Perote. Recuperado de http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=30&mun=128Links ]

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (2018). Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. [ Links ]

De la Maza, R. (1998). Una historia de las Áreas Naturales Protegidas en México. Natura Mexicana. Áreas naturales protegidas, 31-48. [ Links ]

Del Risco, E. (1982). La conservación y los jardines botánicos. Revista del Jardín Botánico Nacional, 3(1), 167-195. [ Links ]

Delgado, G. C., Cornetta, A. & Díaz, B. F. (2014). Cambio climático global, transformación agraria y soberanía alimentaria en América Latina. Buenos Aires, Argentina: CLACSO. [ Links ]

Diegues, C. (1996). O mito moderno da natureza intocada. Quito, Ecuador: Editora Huicitec-NUPAUB/USP. [ Links ]

Durand, L. (2005). Los mitos y la conservación ambiental. Líder: revista labor interdisciplinaria de desarrollo regional, 13, 215-226. [ Links ]

Escobar, A. (1996). La invención del Tercer Mundo, Construcción y deconstrucción del desarrollo. Popayán, Colombia: Editorial Norma. [ Links ]

Farinós Dasí, J. (2008). Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: Estado de la cuestión y agenda. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 46, 11-32. [ Links ]

Ferrero, B. G. (2018). Tras una definición de área protegida. Apuntes sobre la conservación de la naturaleza en Argentina. Revista Universitaria de Geografía, 27, 99-117. [ Links ]

Ferrero, B. G., Arizpe, N. & Gómez, E. (2013). Definiendo la conservación: El caso del Parque Nacional Iguazú, Argentina. Ecología política, 46, 85-90. [ Links ]

Gallegos, C. (2002). Áreas naturales protegidas en México en el siglo XX. Ciudad de México, México: Instituto de Geografía, UNAM. [ Links ]

Godelier, M. (1976). Antropología y economía. ¿Es posible la antropología económica? En Antropología y Economía (pp. 279-333). Barcelona, España: Anagrama. [ Links ]

Godelier, M. (1989). Lo ideal y lo material. Pensamiento, economías, sociedades. Madrid, España: Taurus. [ Links ]

Guha, R. & Gadgil, M. (1993). Los hábitats en la historia de la humanidad. Ayer, 11, 49-110. [ Links ]

Guha, Ramachandra. (1994). El Ecologismo de los pobres. Ecología política , 8, 137-151. [ Links ]

Guha, Ramachandra. (1997). El ambientalismo estadounidense y la preservación de la naturaleza: Una crítica tercermundista. Ecología política, 14, 33-46. [ Links ]

Guzmán, M. & Madrigal, D. (2012). Naturaleza y sociedad en San Luis Potosí: Apuntes para una ecología política. En L. Durand, F. Figueroa & M. Guzmán, La Naturaleza en contexto. Hacia una ecología política mexicana (pp. 95-136). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Leakey [ Links ]

Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162(3859), 1243-1248. [ Links ]

Hoffmann, O. (1989). De los hacendados a los forestales: Manejo del espacio, dominación y explotación del bosque en la Sierra Madre Oriental (Cofre de Perote). Trace/ : Procesos Mexicanos y Centroamericanos, CEMCA - Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericano, 31-49. [ Links ]

Juárez Martínez, A. (1990). Crónica de un ecocidio: El llano de Perote. Anuario VII, 55-75. [ Links ]

Kreft, S., Eckstein, D. & Melchior, I. (2016). Global Climate Risk Index 2017. Who suffers most from extreme weather events? Weather-related loss events in 2015 and 1996 to 2015. Germanwatch e.V. Recuperado de https://www.germanwatch.org/12978Links ]

Kuppe, R. (1999). Indígenas y medio ambiente: Conservacionismo a espaldas de los guardianes de la tierra. Boletín de Antropología Americana, 35, 95-104. [ Links ]

Lemos, M. C. & Agrawal, A. (2006). Environmental Governance. Annual Review of Environment and Resources, 31(1), 297-325. [ Links ]

Martínez Alier, J. (2011). El ecologismo de los pobres: Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona, España: Icaria Editorial. [ Links ]

Merino, L. & Hernández, M. (2004). Destrucción de instituciones comunitarias y deterioro de los bosques en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Michoacán, México. Revista Mexicana de Sociología, 66(2), 261-309. [ Links ]

Ovando, C. & Ramos, R. (2016). Imaginarios geográficos en torno a la franja fronteriza de Tarapacá: El estado y los habitantes/migrantes. Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales, 20(529), 1-25. [ Links ]

Pineda, M. del R., Sánchez, L. R., Vázquez, S., Lara, R. & Ortega, R. (2016). Opciones de participación de género para la protección de bosques en el Parque Nacional Cofre de Perote, México: PFNM y podas (pp. 26-33). Veracruz, México: Universidad Veracruzana. [ Links ]

Ramos, H., Magnon, C., Piña, J. M., O’Quinn, A. & Cárdenas, R. (Eds.). (1984). La lucha campesina en Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Ciudad de México, México: Ediciones Nueva Sociología. [ Links ]

Rodríguez Torrent, J. C., Reyes Herrera, S. & Mandujano Bustamante, F. (2016). Reconfiguración espacial y modelos de apropiación y uso del territorio en la Patagonia chilena: Migración por cambio de estilo de vida, parques de conservación y economía de la experiencia. Revista de geografía Norte Grande, 64, 187-206. [ Links ]

Rosales Ortega, R. & Brenner, L. (Eds.). (2015). Geografía de la gobernanza: Dinámicas multiescalares de los procesos económico-ambientales. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa/ : Siglo Veintiuno Editores. [ Links ]

Wolf, E. (1987). Europa y los pueblos sin historia. Ciudad de México, México: FCE. [ Links ]

Zamora, C. (2017). Vivir en la Reserva: Las comunidades rurales, actores de la conservación. En L. Ruiz- Montoya, G. Álvarez- Gordillo, N. Ramírez- Marcial & B. Cruz- Salazar, Vulnerabilidad social y biológica ante el cambio climático en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México (pp. 67-86). Ciudad de México, México: El Colegio de la Frontera Sur. [ Links ]

1 El caso norteamericano es uno de los más emblemáticos a éste respecto. Es importante mencionar que las tierras declaradas parques nacionales y que pasarían a «resguardo» gubernamental eran tierras habitadas, en el caso de Yellowstone por tribus Crow y Shosone quienes «abandonaron voluntariamente» la región o fueron expulsados por el ejército (Kuppe, 1999, p. 95-96).

2Sobre el origen y evolución del Comité ver Pineda, Sánchez, Vázquez, Lara y Ortega (2016).

3Guha y Gagdil (1993, p. 51) plantean que «el modo de utilización de los recursos» enriquece la comprensión de la esfera de producción a cuestiones como la flora, la fauna, el agua y los minerales, lo que identifica una ideología y un tipo de impacto ecológico particular, complementario a la idea de modo de producción.

4Actualmente la CONANP administra 182 áreas naturales de carácter federal que representan 90,839,521.55 hectáreas y apoya 388 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de 417,562.27 hectáreas (CONANP, 2019).

5Se establecen cuatro dimensiones: educación, vivienda, ingresos y tamaño de localidad.

6Para el caso de México son reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Áreas de protección de Fauna y Flora y Santuarios.

7También nombradas zanjas trincheras son excavaciones que se realizan en curvas a nivel de 40 centímetros de ancho x 40 centímetros de profundidad y 2 metros de longitud se utilizan para incrementar la infiltración del agua de lluvia al subsuelo, disminuye la erosión al frenar los escurrimientos superficiales.

Recibido: 30 de Junio de 2020; Aprobado: 13 de Agosto de 2020

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