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Revista de derecho (Valparaíso)

versão On-line ISSN 0718-6851

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  no.45 Valparaíso dez. 2015

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512015000200015 

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
XLV (Valparaíso, Chile, 2do semestre de 2015)
[pp. 403 - 422]

ESTUDIOS - Historia del derecho europeo y chileno

El control del tiempo de trabajo. El establecimiento de la jornada laboral continua en Chile en 1942

 

Control of Working Time. The Establishment of Full-Time Employment in Chile in 1942

 

Juan Carlos Yáñez Andrade

Universidad Mayor, Santiago, Chile

Dirección para correspondencia


RESUMEN

El artículo analiza la aprobación de la jornada continua en Chile en 1942, en un contexto histórico marcado por las luchas por el control del tiempo de trabajo, las razones del gobierno en aprobarla y las reacciones de empresarios y trabajadores. Además se presentan las discusiones sobre un problema inesperado de la jornada continua, como fue la entrega de alimentación a los trabajadores al interior de las industrias

Palabras clave: Jornada continua de trabajo - Alimentación a los trabajadores.


ABSTRACT

This article analyses the approval of the full-time employment in Chile in 1942, within a historical context characterized by the struggles over the control of working time, the reasons of the government to approve it and the reaction of entrepreneurs and workers. Likewise, we put forward the discussions on an unexpected problem arising from working full-time, such as providing employees with meals in the factories.

Keywords: Full-time Employment – Employee Meals.


 

I. Introducción

Las disputas por el tiempo de trabajo eran antiguas en Chile, fiel reflejo de los conflictos suscitados entre trabajadores y empresarios. Son variados los estudios que han abordado la temprana consolidación del proletariado en nuestro país, los conflictos por el mejoramiento de sus condiciones laborales y la naciente legislación social que buscaba normar las relaciones productivas1. Son menos las investigaciones que se han ocupado, específicamente, de las luchas por el control del tiempo, en un periodo (comienzos del siglo XX) donde todavía la explotación de los trabajadores se medía por las horas de permanencia en las faenas productivas2.

En el presente artículo buscamos abordar precisamente ese tema poco estudiado por la historiografía laboral chilena, como fue el establecimiento de la jornada continua en 1942. Su estudio nos abre perspectivas interesantes para analizar los espacios de disputa que todavía existían tras una década de aprobado el Código del Trabajo (1931) y consolidada la institucionalidad, con la creación del Ministerio de Trabajo en 19323. Si a lo anterior agregamos el tema de cómo afectaron las condiciones laborales y la consagración legal de la jornada continua en las modalidades del uso del tiempo, podemos concluir que los años 1940 nos ofrecen experiencias interesantes para cruzar el mundo del trabajo, las prácticas de consumo y los usos y valores asociados al tiempo, ya no solo entendido en términos productivos, sino también humanos, como disfrute de la vida.

Aunque de manera progresiva los trabajadores habían obtenido la jornada de ocho horas, todavía en los años 1930 tenían que lidiar con reglamentos de industria y disposiciones legales que dejaban un amplio espacio a disputas por el control de otros tiempos no regulados por la legislación de 1924 o el Código del Trabajo de 1931. Por ejemplo, el trabajo seguía estando marcado por pausas irregulares, turnos que paralizaban faenas e interrupciones para almorzar que no estaban reguladas por la ley y que obligaban a muchos trabajadores a ausentarse de la empresa en la hora de colación. Es frente a esto que las autoridades decidieron en 1942 establecer la jornada continua o también llamada única.

Esta disposición tuvo diferentes efectos en cuanto al uso del tiempo por parte de los trabajadores. Nos interesa abordar los debates que se dieron en torno a la jornada continua, los motivos que tuvo el gobierno para aprobarla y la reacción de trabajadores y empresarios. Además buscamos comprender los cambios que provocó en el uso que los trabajadores le daban a su tiempo y las transformaciones en las prácticas de consumo de alimentos al interior de las empresas, todo cruzado con la implementación de una política de alimentación popular.

II. El contexto internacional que nutre el debate nacional

Si bien las conferencias sociales se remontan a fines del siglo XIX, las que buscaban adoptar normas protectoras para los trabajadores, es con el fin de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) que se discute la creación de un organismo internacional que vele por la promoción de una legislación social. Este organismo supranacional se denominó Organización Internacional del Trabajo con sede en Ginebra, Suiza4. Lo importante es que a partir de entonces se promovió a nivel mundial la legislación laboral, estableciendo normas mínimas que aseguraran el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Las primeras convenciones limitaron la jornada laboral a 8 horas diarias y 48 horas semanales, eliminaron el trabajo nocturno de mujeres y niños, y protegieron la maternidad5.

De manera progresiva se avanzó en América Latina en la limitación de las horas de trabajo, hasta prácticamente generalizarse en todo el continente a fines de los años 1930. Se calculaba que hacia 1940 cerca de 15 millones de trabajadores del continente gozaban de la jornada de 8 horas diarias y 48 horas semanales6. A partir de los años 1930, la Organización Internacional del Trabajo promovió las 40 horas semanales (a través de la convención N° 47 de 1935), disposición que fue adoptada por numerosos países en el mundo, como forma de reducir la cesantía: Italia la adoptó en 1934, Francia en 1936 y Estados Unidos en el mismo año7.

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) provocó que las disposiciones sobre la materia fueran revisadas ante las exigencias de aumentar la producción y el compromiso de las naciones libres de luchar en contra del fascismo. La Conferencia del Trabajo de Nueva York en 1941 discutió sobre los desafíos que imponía la guerra para garantizar los avances alcanzados por los países y la construcción de un nuevo orden mundial una vez finalizada la conflagración8. El conflicto mundial demostraba que el imperativo de mejorar las condiciones de vida de la población no podía ser cumplido a cualquier precio y sobre todo sacrificando los valores de libertad y dignidad humana9. Además no podía limitarse ese ideal de justicia social al solo mejoramiento de las condiciones laborales, sino también a la seguridad económica, entendida como la condición fundamental para garantizar un adecuado nivel de producción, de satisfacción de necesidades y de vida plena10. Tal noción buscaba asegurar el desarrollo de cada individuo como miembro activo de la sociedad y garantizar su contribución a la prosperidad colectiva según sus capacidades.

En agosto de 1941 los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron un documento para establecer las bases sobre las cuales construir la paz. Este documento, conocido como “Carta del Atlántico”, reafirmaba algunos postulados discutidos durante la Conferencia de 1941, estableciendo entre sus consideraciones de política social y económica la promoción de la colaboración internacional con el fin “de asegurar a todos las mejores condiciones de trabajo, progreso económico y la protección social”11. Para ello se debía garantizar a los países el acceso igualitario al comercio y a las materias primas necesarias para la prosperidad económica. Se reeditaba, entonces, el postulado de mejoramiento de las condiciones sociales y económicas formulado una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, pero ahora bajo la amenaza del totalitarismo y una nueva guerra.

En abril de 1944, la sesión 26ª de la Conferencia Internacional del Trabajo se llevó a cabo en Filadelfia, bajo la vice-presidencia de delegado gubernamental chileno Mariano Bustos. En esta conferencia 41 delegaciones oficiales estuvieron presentes, aunque la mayoría de las naciones sudamericanas enviaron solo delegados gubernamentales. Algunos principios esenciales fueron expresados y defendidos, como que el trabajo no puede ser considerado una mercancía; que la pobreza constituye un peligro para la prosperidad de todos; que la lucha contra las necesidades debe ser conducida enérgicamente por cada nación y por un esfuerzo mundial continuo y concertado; junto al derecho a la libertad de expresión y de asociación12. Las resoluciones de la Conferencia de Filadelfia le asignaron a la Organización Internacional del Trabajo el papel de examinar las políticas internacionales en el plano económico y financiero con el fin de cumplir el objetivo de justicia social, la cual es entendida como el derecho de los individuos, no importando su raza, sus creencias o su sexo, a “perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad y de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”13. De esta forma la Organización Internacional del Trabajo debía influir en la política social y económica de los Estados de acuerdo a los principios precedentes. De la misma manera se debían promover normas para garantizar el acceso al pleno empleo y a un trabajo de calidad, y permitir a los individuos no solamente la satisfacción de sus necesidades sino también la realización de sus potencialidades. Es en este marco internacional gatillado por la Segunda Guerra Mundial que el debate sobre la jornada de trabajo se reinstaló en Chile.

III. El lento camino hacia la jornada continua

Las disposiciones sobre la jornada laboral son de larga data en Chile. Si bien los proyectos se remontan a comienzos del siglo XX, es solo en 1924 que se reglamentó el tiempo de trabajo, estableciendo las 8 horas diarias y 48 por semana. Con el Código del Trabajo de 1931 se regularon aspectos como el feriado de 15 días y el “sábado inglés”, que permitió el descanso de medio día a la semana, regularmente el sábado, a cambio de aumentar las ocho horas diarias.

Sin embargo, quedó en la nebulosa el tiempo computado como horas de trabajo realmente efectivas. Considerando la práctica de los tiempos muertos, la legislación chilena anterior a los años 1940 estableció el derecho del trabajador a determinadas interrupciones en sus labores, las que no se contabilizarían dentro de la jornada, tal como lo señaló el Código de 1931. De acuerdo a sus disposiciones, las actividades diarias debían ser interrumpidas por uno o más descansos, cuya duración total no sería inferior a dos horas (artículo 30). Estas disposiciones se complementaban con los reglamentos de industria, en cuanto a la organización de los turnos y los descansos14. En un aspecto complementario, no se había discutido el cómo contabilizar el traslado a la empresa o faena productiva. ¿Debía ser considerado como parte de la jornada laboral? No todas las empresas se hicieron cargo de esta pregunta15. Lo que estaba en juego era la disputa en torno a lo que debía considerarse como trabajo efectivamente realizado, es decir, aquel que participa del proceso productivo. Con ello las empresas no se hacían cargo de los costos que significaba para sus trabajadores el traslado a las faenas productivas. Por costumbre las empresas daban una o dos horas de descanso, aspecto que como vimos era reglamentado pero no computado como parte de la jornada diaria. De esta forma en los años 1930 no existía en Chile el trabajo continuo y éste podía ser interrumpido por descansos, tiempos muertos, turnos u horas de colación que hacían complejo el cálculo del tiempo efectivamente trabajado.

Al parecer, a comienzos de los años 1930 se discutió por primera vez la posibilidad de establecer la jornada única o continua en Chile, con el fin de absorber en algo la cesantía y relanzar la producción. En 1937 la Comisión de Trabajo y Legislación Social de la Cámara de Diputados aprobó un informe favorable a su adopción16. Sin embargo, no todos los sectores estuvieron de acuerdo en su aplicación, y fue resistida por la Confederación de la Producción y del Comercio17. En 1940, la Cámara de Diputados abordó de nuevo el debate sobre la jornada continua, ahora restringida al comercio y las oficinas públicas, pero tampoco se avanzó en su discusión por la oposición de distintos sectores, que vieron en ella una vía para la reducción del tiempo de trabajo18.

A partir de los efectos de la Segunda Guerra Mundial se reeditó el debate sobre la continuidad laboral. Los suministros de combustible comenzaron a disminuir a medida que se prolongaba el conflicto, afectando las actividades productivas del país. Si en 1941 se dispuso de 175 millones de litros de gasolina, en 1942 se proyectaba una cuota de 150 millones y para 1943 una de 12019. El gobierno de Juan Antonio Ríos (1942-1946) decidió enfrentar el problema a través de una doble estrategia: regular las actividades de transporte y establecer la jornada continua. En cierta forma ambas iban de la mano. Al reglamentar y limitar la circulación del transporte motorizado se buscaba disminuir el gasto excesivo en combustible y racionalizarlo para aquellas actividades más productivas, lo que obligaba, en consecuencia, a limitar la circulación de las personas por la ciudad. Con ello los empresarios se veían forzados a mantener a sus trabajadores en las industrias y comercios durante todo el día. Se calculaba que los desplazamientos de los trabajadores disminuirían en al menos un 50%20. A fines de abril de 1942 la Cámara de Diputados puso en tabla un proyecto de ley que extendía las facultades del Presidente de la República para enfrentar los problemas de la locomoción colectiva y privada en la provincia de Santiago21. La Comisión de Gobierno Interior, al informar favorablemente el proyecto, señaló: “El problema, quien sabe si consiste en el hecho de que los chilenos, cualesquiera que sean sus actividades, no se han penetrado de las consecuencias que para la economía del país y para el desenvolvimiento de sus quehaceres industriales o empleo de las horas de descanso debería, necesariamente, traer consigo el conflicto bélico, que ha restringido en forma tan drástica el comercio de importación”22.

De una manera que no dejaba dudas, la Comisión recordaba la situación de crisis en la que se encontraba el país y llamaba a recibir con resignación las medidas que supusieran cambios en los hábitos de vida, agregando: “Debe, pues, innovarse en este sentido y así como el Gobierno ve constreñidas sus posibilidades económicas, sintiéndose obligado a adoptar medidas de restricción poco agradables, así también el industrial, el empleado, el dueño de fundo y en general, todo ciudadano debe amoldar su vida dentro de normas de la más absoluta parquedad, recibiendo con resignación todos aquellos sacrificios que se le imponen en bien de los intereses nacionales”23.

En el otro arco de soluciones al problema del suministro de combustible, el 10 de mayo de 1942 el gobierno nombró una comisión responsable de estudiar la forma en que se debía aplicar la jornada única en Chile. Esta comisión estuvo formada por los subsecretarios del Interior y de Trabajo, el jefe del Departamento de Movilización del Ejército, el jefe de la toma de razón de la Contraloría General de la República, el fiscal de la Caja de Habitación Popular, y los dirigentes sociales Bernardo Ibáñez, Juan Laporta, Walter Muller y Gastón Goyeneche24. Ese mismo 10 de mayo el gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre la materia. El 12 del mismo mes, la Comisión de Trabajo y Legislación Social informó favorablemente el proyecto de ley, dejando en claro que las necesidades por las que atravesaba el país y las medidas de urgencia que demandaba la situación habían obligado al Ejecutivo a solicitar amplias facultades: “No quiso, pues, la Comisión entrar a reglamentar, por decirlo así, dentro de la ley, diversas modalidades que necesariamente van a imponer las múltiples actividades que se desarrollan en el país y quedó esperanzada en que la aplicación de la jornada única se implante considerando todas las fases que el problema tiene y que abarca no solo los intereses económicos de los patrones, empleados y obreros, sino que también la conservación de la integridad física de estos últimos en las faenas propias de la industria pesada”25.

En la sesión del 12 de mayo, se aprobó sin mayor discusión el proyecto enviado por el gobierno. En general los diputados fueron receptivos a su aprobación en consideración del contexto económico que vivía el país y por el hecho de que era una antigua demanda de algunos sectores obreros, pero a condición de que la media hora de descanso fuese cancelada por el patrón, al quedar comprendida dentro de la jornada de ocho horas26. Este costo sería compensado por el aumento de un 15 al 20% de la productividad, según se informaba. El ministro del Interior, Raúl Morales, defendió el proyecto aclarando que no contravenía las disposiciones del Código del Trabajo y que su implementación sería beneficiosa para el transporte de la ciudad. No hizo mayores referencias al aspecto de la productividad de las empresas. El diputado comunista Andrés Escobar propuso una indicación para que los empresarios se hicieran cargo de la alimentación de sus empleados y obreros, quienes estarían obligados a permanecer en sus lugares de trabajo. El día 13 de mayo fue enviado al Senado que lo tramitó sin modificaciones en un solo día.

Es así como el 15 de mayo de 1942 se promulgó la ley N° 7.173, que estableció la jornada continua, autorizando al presidente de la República su implementación, junto a la reglamentación de los medios de transporte motorizado27. En base a esta autorización se constituyó la Junta Nacional Reguladora de Tránsito, encargada de realizar un censo y empadronamiento de los vehículos motorizados, establecer las restricciones y supresiones en la circulación de los vehículos y coordinar los diversos servicios de locomoción colectiva, entre otras medidas28. Se determinó que en cada provincia se establecería una Junta Provincial Reguladora de Tránsito, formada por el intendente, el prefecto de Carabineros y el alcalde de la comuna cabecera de la provincia. Entre sus primeras medidas podemos nombrar las siguientes: suspensión de la circulación de vehículos del transporte público entre las ciudades de Santiago y la de Valparaíso, Los Andes, San Felipe y Rancagua, además de los tramos entre la capital y Puente Alto, El Volcán y Melipilla, cuyo transporte de pasajeros debía ser absorbido por Ferrocarriles del Estado. En cuanto al transporte particular se decidió suspender la circulación de vehículos fuera del radio urbano de todas las ciudades del país, con la excepción del tramo Valparaíso-Viña del Mar. Las personas que por distintas razones debían desplazarse a otra ciudad debían solicitar un permiso a las autoridades. También se suspendió el tránsito de vehículos entre la medianoche y las seis de la mañana, a excepción de los vehículos de emergencia, de carabineros y de las autoridades. Por último, se limitó la velocidad máxima en carreteras a 70 km por hora y en el radio urbano a 50 km.29.

El 19 de mayo la Comisión de Jornada Única, presidida por el subsecretario del Interior Raúl Rettig, terminó sus labores y propuso al presidente de la República un decreto reglamentario para su aplicación30. Ese decreto fue dictado el 26 de mayo de 1942 con el número 2.900, estableciendo la jornada continua en la ciudad de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción. Para su mejor implementación se definían nueve grupos de actividades laborales, donde se determinaban los horarios de entrada y salida.

 

Tabla I: Grupos y horarios de trabajos

Grupo I: fábricas industriales

8 a 16 horas

Grupo II: enseñanza primaria

8½-9 a 13½-14 horas

Grupo III: enseñanza secundaria

8½-9 a 13½-14 horas

Grupo IV: Administración pública

9 a 17 horas

Grupo V: bancos e instituciones

9½ a 17 ½ horas

Grupo VI: previsión social

10 a 18 horas

Grupo VII: comercio detallista

11 a 19 horas

Grupo VIII: bibliotecas y museos

12 a 19 horas

Grupo IX: tribunales de justicia

9 a 17 horas

Fuente: El Mercurio, Santiago, 27 de mayo de 1942

 

En su artículo 5 se establecía que la jornada continua se interrumpiría por un descanso de 30 minutos, los que serían contabilizados dentro de las ocho horas diarias. Con ello, en la práctica, el tiempo de trabajo se reducía a 45 horas por semana. Sin embargo, se podría convenir entre patrones y obreros un descanso de 60 minutos “a condición de que este descanso en cuanto exceda de 30 minutos no rebaje la jornada efectiva de trabajo establecida por este decreto”. Esta disposición no pudo obviar el problema de cómo enfrentar la alimentación de los trabajadores al interior de las fábricas. Ya algunos diputados en la discusión parlamentaria habían sugerido que la colación fuese responsabilidad de los empresarios, costos que debían ser internalizados por la empresa considerando el aumento de la productividad. El decreto no fue taxativo sobre este punto y solo señaló en su artículo 6 la posibilidad de que empresarios y trabajadores entablaran acuerdos para procurar al personal alimentación a precio de costo y sin intervención de concesionarios, a excepción de los restaurantes populares.

IV. Reacciones de trabajadores y empresarios

Las reacciones de trabajadores y empresarios fueron matizadas. Durante el mes de julio la prensa informó sobre las reuniones y consejos ampliados de distintas organizaciones sindicales para discutir sobre la materia. Es posible establecer una diferencia entre trabajadores manuales y empleados. Éstos últimos apoyaron la medida porque era más conveniente que el trabajo diario dividido en doble turno, con dos horas de descanso, lo que extendía en demasía la jornada31.

En relación con los trabajadores manuales, en algunos casos solicitaron que no se aplicara, argumentando condiciones propias de la actividad productiva, como la Federación de Sindicatos Obreros del Calzado32. La directiva de la Confederación de Trabajadores de Chile decidió apoyar la jornada continua, señalando que los sindicatos adheridos de Valparaíso, Concepción y Santiago “deben atenerse al decreto mencionado para reclamar de las autoridades del trabajo, cuando algunas empresas no quieran cumplir o se nieguen a acatar la resolución del Supremo Gobierno”33. Se recordaba que los 30 minutos de colación estaban comprendidos dentro de la jornada diaria y que debían oponerse a toda imposición patronal que pretendiera obligar a trabajar más de ocho horas. Especial mención tuvo lo referido al costo de la colación: “en todos los futuros pliegos de peticiones de los sindicatos adheridos a la Confederación de Trabajadores de Chile, en las provincias mencionadas, debe solicitarse como reivindicación el pago de los alimentos para la colación por cuenta de la empresa o patrones, o bien, el establecimiento, por cuenta de ella, de restaurantes apropiados en que se sirva sin costo para los trabajadores, una comida conveniente para las exigencias de los obreros”34.

Los empresarios no manifestaron una oposición radical a la jornada única. Al menos no se observa una campaña en su contra en la prensa, tal vez porque las mismas disposiciones del decreto exceptuaban su aplicación en aquellas actividades que se organizaban por turnos. En los archivos del Ministerio del Trabajo, no obstante, se encuentran variadas solicitudes conjuntas de empresarios y trabajadores solicitando su derogación, con el argumento de que los operarios vivían cerca de las industrias y no ocupaban medios de transporte público. En general, las autoridades tendieron a aceptar la derogación del decreto en aquellas industrias que lo solicitaron35.

Fue en el comercio donde se observó una mayor oposición, debido a que el decreto establecía la apertura a las 11 horas36, con lo cual se les obligaba a cerrar a las 19 horas, junto con afectar el intercambio con los poblados vecinos, como veremos posteriormente en el caso de Concepción37. El comercio minorista se mostró contrario a la jornada única al modificar los horarios de compra-venta aceptados culturalmente en el país, argumentando que este sector comenzaba sus actividades mucho después de mediodía38. Los cambios impuestos por la ley, señalaba la directiva de la Cámara de Comercio Minorista de Valparaíso, había generado una baja en las ventas y en los ingresos del personal, así como un aumento en los gastos de electricidad, al estar obligados a mantener la luz encendida en los horarios continuos: “No es nuestro propósito crear al Gobierno dificultades ni dejar de prestarle nuestra mayor cooperación; pero precisamente para secundarlo en su anhelo de resurgimiento nacional es que nos vemos en la necesidad de observarle los efectos que producen algunas de sus medidas para que conociéndolas trate de evitar los perjuicios que ellas puedan producir”39. Estas demandas llevaron al gobierno a suspender el 18 de diciembre de 1942 la aplicación de la jornada única en Valparaíso, extendiéndose después a Santiago, donde se decretó que fuera optativa.

El debate de los meses siguientes se concentró en las implicaciones prácticas de la fijación horaria para las nueve actividades reglamentadas. Se señaló, de forma crítica, que los horarios tan rígidos y distintos podían afectar el funcionamiento de las propias industrias y la sincronía entre la circulación de las personas y los medios de transporte, generando mayores gastos de combustible.

Que el argumento principal para promover la jornada continua fuera la necesidad de evitar los desplazamientos de las personas desde sus hogares a las empresas queda refrendado por la oposición que llevó a cabo la Cámara de Comercio de Concepción a tal medida, argumentando que no tendría ningún efecto en una ciudad donde sus empleados vivían muy cerca de sus lugares de trabajo40. Al parecer la oposición de los comerciantes penquistas tuvo efecto porque en el mes de julio de 1942 (dos meses después de aprobado el decreto) se derogó su aplicación en dicha ciudad. Junto con señalar que los problemas de locomoción colectiva no eran de la magnitud de Santiago, se argumentó que la jornada continua no sincronizó de debida forma los horarios de trabajo de Concepción con los pueblos adyacentes, los que dependían de la primera para la compra y venta de productos. Por último, apelando a los efectos prácticos que el decreto había impuesto a los industriales y comerciantes, se señaló que Concepción no disponía de locales modernos e higiénicos donde pudieran permanecer todo el día sus trabajadores y empleados, “ya que la reconstrucción de sus edificios se encuentra semiparalizada por la carencia de materiales provocada por la actual guerra mundial”41. De esta forma, una medida tan significativa como el establecimiento de la jornada continua debió adaptarse a las diferentes realidades del país.

Por las dificultades que impuso el decreto N° 2.900, en orden a fijar horarios de entrada y salida para distintas actividades de producción y servicios, fue modificado en agosto de 1942 con la dictación del decreto N° 4.392, fijando solo un horario de ingreso y dejando a la negociación entre empresarios y trabajadores la determinación del horario de salida. Este cambio reconoció los distintos acuerdos que se podían dar a propósito del tiempo de colación y horas extraordinarias42.

Un aspecto que no fue fácil de resolver, y que abrió de forma inesperada la jornada continua, fue la discusión sobre la alimentación de los trabajadores.

V. Unas consecuencias inesperadas

Un aspecto no contemplado en la discusión inicial sobre la jornada continua fue el de la alimentación popular. Si bien las investigaciones sobre la materia se remontaban a los inicios de los años 1930, el debate de 1942 tuvo como consecuencia inesperada el reflexionar sobre las formas en que los trabajadores hacían uso de su horario de colación. En esta sección queremos hacernos eco de esa antigua discusión, intentando dejar en claro que la experiencia en torno a las políticas de alimentación popular se entrelazó con las exigencias que tuvieron empresarios y trabajadores de resolver el problema práctico del almuerzo de los trabajadores al interior de la empresa.

Los primeros intentos por formular una política integral de alimentación popular datan de comienzos de los años 1930, producto de la crisis económica que azotaba el país43. La cesantía y el aumento del costo de la vida colocaron en el tapete público la necesidad de alimentar al pueblo. Junto al tema de las “ollas de pobre” se debatió sobre la educación alimentaria y el Ministerio del Trabajo difundió cartillas con la finalidad de orientar a la población en tipos de alimentos, su valor nutritivo y costos44.

Los debates sobre la alimentación y la nutrición se transformaron en un objeto de política internacional en el seno de los organismos supra gubernamentales que formaban parte de la Sociedad de Naciones45. En particular la Organización Internacional del Trabajo fue receptiva a la problemática de la nutrición, al tener relación con el costo de la vida y la salud de los trabajadores46. La crisis económica de 1930 y la consecuente cesantía hicieron difícil que la población alcanzara estándares mínimos de consumo: “La nutrición devino en un dominio de investigación cuando los planificadores reflexionaron acerca del tipo de trabajadores que la modernización necesitaba. Constituía una cuestión central que ligaba directamente la salud pública a la situación económica de los trabajadores. En el seno de la comunidad internacional de salud pública que se forma, los médicos latinoamericanos y los reformadores de la sociedad abordan la nutrición en varios contextos institucionales: en la Oficina Panamericana de la Salud, en la Organización de la Salud de la Sociedad de Naciones, en la Organización Internacional del Trabajo, así como en numerosas organizaciones privadas. Ellos intentan de esta forma utilizar el saber-hacer técnico de las organizaciones internacionales, obteniendo de su colaboración con los especialistas de la Sociedad de Naciones y de la Organización Internacional del Trabajo la credibilidad y legitimidad para sus propias instituciones y proyectos, lo que es sin duda más importante”47. Entonces, no es extraño que en 1933 el gobierno de Chile solicitara una comisión de asistencia externa para estudiar el problema de la alimentación en el país. La investigación quedó a cargo de los doctores Dragoni y Burnet, funcionarios de la Sociedad de Naciones, siendo realizada en el transcurso de 1935. El estudio demostró las serias deficiencias alimenticias que la población chilena arrastraba por décadas. Solo un 30% de las familias encuestadas consumían más de 3.000 calorías diarias recomendables en la época, de acuerdo a la unidad adulto de consumo48.

En enero 1936 se llevó a cabo en la ciudad de Santiago la primera Conferencia Regional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, donde los seguros sociales, el trabajo de mujeres y de niños, la alimentación popular y el costo de la vida fueron objeto de una sesión particular, esto último a indicación del gobierno chileno49. Medidas situadas a medio camino entre los aspectos científicos relativos a la alimentación de la población, en particular la más pobre, y la ayuda al presupuesto familiar frente al aumento del costo de la vida fueron discutidas durante la conferencia50. Los debates ofrecidos ayudaron a crear el marco necesario para que en 1937, con la iniciativa del ministro de Salud, doctor Eduardo Cruz-Coke, se fundara el Consejo Nacional de Alimentación, con la finalidad de formular una política integral sobre la materia51. Diversos estudios habían establecido que la dieta de la población chilena, en especial la de escasos recursos, era deficiente en proteínas, frutas y verduras52.

El plan propuesto por Eduardo Cruz-Coke comprendía acciones inmediatas y otras de largo plazo. El enfoque integral para abordar el problema apuntaba a coordinar el conjunto de instituciones gubernamentales responsables de la vida social y económica del país. Cruz-Coke consideraba que para aumentar la producción cultivable la Caja de Crédito Agrícola debía conceder créditos a bajo interés, con el fin de promover los cultivos considerados fundamentales en la nutrición. La Junta de Exportación Agrícola debería determinar el nivel de exportación de productos, considerando las necesidades nacionales. Por último, la Caja de Colonización Agrícola debería promover el uso intensivo del suelo, a través de planes especiales de siembra y uso de abono, junto a una paulatina división de la propiedad53. Todo esto acompañado de un plan de control del consumo, a través de la regulación de precios de los artículos de primera necesidad y de elevación de los impuestos a aquellos productos innecesarios (café, tabaco, té, azúcar, arroz, etc.), mucho de los cuales eran importados. Este programa de alimentación nacional vino acompañado de la Ley Madre-Niño de 1938 (Ley N° 6.236), que estableció el examen médico preventivo de la mujer embarazada y de la atención periódica del niño hasta los dos años, además de la entrega de los medicamentos y alimentos necesarios54.

Para Cruz-Coke, la importancia de una política sanitaria residía en la capacidad de proteger y promover la capacidad productiva de la clase trabajadora, así como su capacidad de consumo. La relación positiva entre el rendimiento productivo, la salud y el progreso social no solamente aportaría beneficios en el aumento de la producción, sino también en el aumento de la capacidad adquisitiva de la población. Según Cruz-Coke, la política de prestaciones médicas y de subsidios no estaba dirigida a prevenir los problemas de salud, sino a prevenir la situación financiera de los trabajadores frente a ciertas enfermedades55. De esta forma, los fundamentos de la Ley de medicina preventiva se basaban en una redefinición del concepto de trabajo y de prestaciones sociales: “Pensamos que la previsión financiera debe seguir a la previsión biológica, pero no al revés. Pensamos que es preciso, según los principios establecidos, impedir que la enfermedad se desarrolle, que la invalidez y la vejez se presenten prematuramente, para que así la muerte aparezca al fin como una consecuencia lógica y a su hora”56. Como señala la historiadora María Soledad Zárate, detrás del debate sobre la Ley de medicina preventiva estaba la relación entre salud, productividad y consumo, lo cual se conecta muy bien con los temas que hemos venido tratando57.

En este contexto de largo plazo que arrastraba el problema de la nutrición ¿cómo integrar la discusión en torno a las políticas de alimentación popular y la jornada única? La oposición principal a su aprobación se fundamentó en los cambios culturales que ésta traería, en cuanto al régimen alimenticio característico de los sectores populares. Se señaló que la jornada de ocho horas, separada por un descanso de una o dos, permitía a los trabajadores la recuperación de sus fuerzas. Tales apreciaciones parecían razonables para muchas actividades extractivas y de uso excesivo de la fuerza física. Sin embargo, hay que considerar que el establecimiento de la jornada única tenía efectos solo en las principales ciudades del país, las que se veían afectadas por los desplazamientos de los trabajadores a sus hogares en horas de colación. Entonces, una vez zanjado el problema del desplazamiento de los trabajadores se debía abordar el uso que se le daría al almuerzo para promover mejoras en la alimentación del pueblo.

Para algunos editorialistas resultaba claro que la antigua jornada de trabajo había sido funcional a un modelo de alimentación que había traído consecuencias negativas en el desarrollo físico de los trabajadores: “Los que así criticaron [la jornada única] no tuvieron presente que el almuerzo chileno es ordinariamente apurado, con perjuicio fisiológico que no da tranquilidad para un momento familiar, que en muchos casos consiste tan solo en una siesta llamada reparadora, y que, en verdad, tampoco lo es”58. Por lo tanto, lo que había revelado el establecimiento de la jornada continua era la desorganización de los hábitos alimenticios de los trabajadores, consistente en un desayuno pobre y un almuerzo pesado pero sin valor nutritivo59. De esta forma el debate sobre la continuidad laboral podía ser un buen momento para discutir sobre el diseño de políticas alimentarias acordes con los estándares de productividad que se perseguían. En principio, ayudaría el cambiar los hábitos alimenticios de la población, dándole más importancia al desayuno que al almuerzo, con lo cual se cumpliría con las exigencias energéticas de la jornada continua: “Cumplido el almuerzo-desayuno reduciría a modestas proporciones la alimentación del medio día y dejaría de ser el artificial problema que ha creado nuestra indolencia con la complicidad hogareña”60. Una respuesta novedosa al problema del almuerzo, que apuntó a producir una alimentación sana y barata destinada a la población económicamente activa, fue la promoción de los llamados restaurantes populares, que por su importancia merece una investigación especial.

VI. Conclusiones

Hemos abordado un capítulo desconocido en la lucha por el control del tiempo de trabajo en Chile, como fue la aprobación de la jornada continua o única. Si los problemas en la continuidad de la producción eran de larga data, en especial por las distintas interrupciones en el trabajo, la discusión generada en 1942 producto de la restricción de combustible ayudó a delinear las posiciones de los distintos sectores frente al problema. Si la mayoría de la población y de las autoridades estaban de acuerdo en ordenar las jornadas de trabajo que afectaban al comercio y la industria, los problemas prácticos suscitados en su implementación hicieron que los deseos de las autoridades se estrellaran con nuevas dificultades. Por ejemplo, no se había aquilatado la importancia que tenía el horario de colación para los trabajadores, mucho de los cuales se dirigían a sus casas para compartir con sus familias o porque no podían cancelar el valor de los almuerzos ofrecidos por restaurantes y fuentes de soda. No pocos problemas de coordinación entre las actividades del comercio y de la industria provocó el decreto de jornada continua, con lo cual la media hora de colación y la apertura y cierre programado de las actividades no permitían que se coordinaran adecuadamente los horarios de compra y venta de productos, afectando especialmente al comercio urbano. Un editorial del periódico La Nación resumió muy bien el estado de ánimo provocado por la jornada continua en 1942: “Si para solucionar en parte el problema de la movilización van a originarse nuevos y más graves problemas de encarecimiento de la vida, desorden en los hogares, alimentación deficiente, perturbaciones al comercio, etc. quizá si resultara más razonable acudir a otros medios a fin de obviar las dificultades que pueda originar, en la práctica, la implantación de la jornada única”61.

Por último, las modalidades productivas y costumbres de cada industria hacían que los tiempos de trabajo se resolvieran de acuerdo a los propios procesos de negociación entre trabajadores y empresarios, con lo cual la normativa gubernamental debió ser suspendida en numerosas industrias a solicitud de trabajadores y empresarios, prueba de que los espacios de negociación todavía seguían estando presentes en el sistema de relaciones laborales chileno. La historia indica que las excepciones a la jornada continua fueron de tal alcance, que al cabo de un año solo algunas actividades públicas y de servicios disponían de media hora de colación y 45 horas semanales de trabajo: “Frente a estos decretos, reglamentos y órdenes ministeriales existen, simultáneamente, un número apreciable de resoluciones que la establecen en otros organismos e instituciones. De tal manera, que actualmente no existen normas generales sobre la jornada de trabajo, ni para empleados particulares, obreros ni para la administración pública o municipal, ya que pueden quedar sujetos a las normas del Código del Trabajo, a las normas reglamentarias sobre jornada continua o a las especiales que se dicten. Repetimos la jornada continua no ha sido derogada legalmente, sino que suprimida en innumerables casos y creada en otros”62.

¿De qué había servido toda esta historia? Nos parece que fue un momento crucial para las políticas de intervención social del periodo, donde las autoridades buscaron no solo un cambio puntual en los horarios de trabajo producto de la escasez de combustible, sino una verdadera organización de las actividades de la sociedad en pro del bien común, implicando un cambio profundo de las costumbres. Fue ese contexto cultural el más difícil de modificar y que explica en parte el efecto limitado de este primer ensayo de jornada continua en Chile, pero que sentará las bases para pensar la continuidad de las actividades laborales en el futuro.

Notas

1 Los estudios clásicos sobre estas distintas materias son variados: Morris, James, Las elites, los intelectuales y el consenso. Estudio de la cuestión social y el sistema de relaciones industriales en Chile (Santiago, Editorial del Pacífico, 1967); Grez, Sergio, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890) (Santiago, Ediciones Dibam, 1997); Pinto, Julio, Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera (Santiago, Editorial Usach, 1998); De Shazo, Peter, Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile, 1902-1927 (Santiago, Dibam, 2007).

2 Yáñez, Juan Carlos, “Legislación laboral y organización productiva. Jornada de trabajo y descanso dominical en Chile: 1901-1925”, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, N°26, Valparaíso, 2004.

3 Yáñez, Juan Carlos, La intervención social en Chile (1907-1932) (Santiago, Ril Editores, 2008).

4 Existe una abundante literatura sobre el tema. Se puede consultar, Bonvin, Jean-Michel, L’Organisation internationale du travail (París, PUF, 1998); Rodgers, Gerry - Swepston, Lee - Lee, Eddy - Van Daele, Jasmien, L’OIT et la quête de justice sociale, 1919-2009 (Genève, Organización Internacional del Trabajo , 2009); Lespinet-Moret, Isabelle - Viet, Vincent (directores), L’Organisation internationale du travail. Origine, développement, avenir (Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011); Van Daele, Jasmien y otros, ILO Histories: Essays on the International Labour Organization and Its Impact on the World during the Twentieth Century (Bern, Peter Lang, 2010); Kott, Sandrine - Droux, Joëlle (directores), Globalizing Social Rights: The International Labor Organization and beyond (New York, Palgrave, 2012). Para el caso latinoamericano, Herrera, Fabián - Herrera, Patricio (coordinadores), América Latina y la OIT. Redes, cooperación técnica e institucionalidad social (1919-1950) (México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2013).

5 Sobre la ratificación de las primeras convenciones por parte de Chile, ver Yáñez, Juan Carlos, Chile y la Organización Internacional del Trabajo (1919-1925). Hacia una legislación socia universal, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 22 (Valparaíso, 2000).

6 Muñoz, Arturo San Cristóbal, La jornada de trabajo desde el punto de vista económico-social (Santiago, memoria para optar al grado de licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, 1946).

7 Jáuregui, Ramón - Egea, Francisco - Puerta, Javier de la, El tiempo que vivimos y el reparto del trabajo (Barcelona, Paidós, 1998).

8 L’objectif social en temps de guerre et dans l’œuvre de reconstruction du monde, en Revue Internationale du Travail, 1 (enero de 1942), p. 6.

9 Phelan, Edward., L’organisation Internationale du Travail et la reconstruction économique et sociale. Rapport du Directeur (Montreal, Bureau International du Travail, 1941).

10 Ibíd., pp. 102-104.

11 Martínez, Fernando - Urquijo, Mikel, Materiales para la historia del mundo actual I (Madrid, Ediciones Istmo, 2006), p. 46.

12 “Déclaration adoptée par la Conférence Internationale du Travail au cours de sa vingt-sixième session”, Bulletin Officiel, 26 (Bureau Internationale du Travail 1 de junio de 1944) 1, p. 1.

13 Ibíd., p. 2.

14 Yáñez, Juan Carlos, La industria cervecera y la organización del trabajo: El caso de los reglamentos de industria, en Yáñez, Juan Carlos (editor) Alcohol y trabajo. El alcohol y la formación de las identidades laborales en Chile. Siglo XIX y XX (Osorno, Universidad de Los Lagos, 2008).

15 Al menos el Decreto N° 702 de la Empresa de Ferrocarriles estableció que el “tiempo que el empleado u obrero ocupe en trasladarse, tanto de ida como de regreso al punto que normalmente debe presentarse hasta el lugar de la faena en que le corresponde participar, debe considerarse en el cómputo de las horas trabajadas”, en Pérez, Hernán, La duración del trabajo (Santiago, memoria para optar al grado de licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, 1942), p. 38.

16 Ibíd., p. 30.

17 Frente Popular, Santiago, 1 de diciembre de 1937.

18 Cámara de Diputados, sesión del 8 de julio de 1940.

19 El Mercurio, Santiago, 11 de mayo de 1942.

20 Considerando que los trabajadores debían desplazarse cuatro veces al día desde sus hogares a sus empresas, se buscaba limitar esos desplazamientos a dos: uno en la mañana para llegar al trabajo y otro en la tarde para dirigirse al hogar.

21 Cámara de Diputados, sesión del 29 de abril de 1942.

22 Cámara de Diputados, sesión del 12 de mayo de 1942.

23 Ibíd.

24 El Mercurio, Santiago, 11 de mayo de 1942.

25 Cámara de Diputados, sesión del 12 de mayo de 1942.

26 Así lo manifestó el diputado Carlos Gaete; véase Cámara de Diputados, sesión del 12 de mayo de 1942.

27 Diario Oficial, Santiago, 16 de mayo de 1942.

28 El Mercurio, Santiago, 17 de mayo de 1942.

29 Ibíd.

30 El Mercurio, Santiago, 20 de mayo de 1942.

31 La Nación, Santiago, 25 de julio de 1942.

32 La Nación, Santiago, 2 de julio de 1942.

33 Ibíd.

34 Ibíd.

35 Archivo Nacional, Ministerio del Trabajo, “Órdenes ministeriales”, N° 97-111, vol. 714, 1943 y Órdenes Ministeriales, N° 164-178, vol. 718, 1943.

36 La Nación, Santiago, 2 de julio de 1942.

37 La Nación, Santiago 24 de julio de 1942.

38 El Minorista, Santiago, agosto de 1942.

39 El Minorista, Santiago, octubre de 1942.

40 El Mercurio, Santiago, 20 de mayo de 1942.

41 Ver Decreto N° 4.170, en Archivo Nacional, “Fondo Ministerio del Interior”, Decretos 4.155-4.172, vol. 10.630, 1942.

42 Contraloría General de la República, Recopilación de leyes por orden numérico, con índices por número, Ministerios y materias (Santiago, Imprenta Nascimento, 1943), XXVII.

43 Cuando hablamos de alimentación popular hacemos referencia a los debates sobre las formas de consumo, dieta y valor nutritivo de aquellos alimentos considerados fundamentales para la salud del pueblo. En este caso aceptamos que hubo discusiones que se remontan al siglo XIX sobre aspectos específicos como la leche. Al respecto, Zárate, María Soledad, El licor de la vida. Lactancia y alimentación materno-infantil, Chile (1900-1950), en Sciolla, Carolina, Historia y cultura de la alimentación en Chile. Mirada y saberes sobre nuestra culinaria (Santiago, Ministerio de Agricultura, Fundación para la Innovación Agraria, FIA, 2010).

44 Salas, Demetrio, Cartilla de alimentación (Santiago, Ediciones Restaurant Naturista, 1932).

45 Pernet, Corinne, L’OIT et la question de l’alimentation en Amérique latine (1930-1950), en Lespinet-Moret, Isabelle - Viet, Vincent (directores), L’Organisation internationale du travail, cit.

46 Baraona, Josep, Nutrition and Health. The International Context during the Inter-war Crisis, en Social History of Medicine, 1 (2008), pp. 87-105.

47 Pernet, Corinne, L’OIT, cit. (n. 45), p. 172.

48 Dragoni, Carlo - Burnet, L’alimentation populaire au Chili: première enquête générale de 1935 (Santiago, Imprenta Universo, 1938).

49 Ver la comunicación del 10 de diciembre de 1935 del Ministerio del Trabajo al Ministerio de Relaciones Exteriores, en Archivo Nacional, “Ministerio de Relaciones Exteriores”, oficios recibidos, ministerios V, vol. 3.506, 1935.

50 Organización Internacional del Trabajo, Conferencia del trabajo de los Estados de América miembros de la Organización Internacional del Trabajo, Acta de las sesiones (Genève, Organización Internacional del Trabajo, 1936), p. 182.

51 Rodríguez, Aurora, El Consejo Nacional de Alimentación y su plan de alimentación popular (Santiago, Imprenta Universitaria, 1937).

5252 Uno de los trabajos más importantes de los años 1930 es el de Allende, Salvador, La realidad médico-social chilena (Santiago, Lathrop, 1939).         [ Links ]

53 Cruz-Coke, Eduardo, Plan de gobierno de Chile para mejorar la alimentación del pueblo, en Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 7 (julio de 1937).

54 Huneeus, Carlos - Lanas, María Paz, Ciencia política e historia. Eduardo Cruz-Coke y el Estado de Bienestar en Chile. 1937-1938, en Historia, 35 (Santiago, 2002), pp. 151-186.

55 Cruz-Coke, Eduardo, Medicina preventiva y medicina dirigida (Santiago, Nascimento, 1938).

56 Ibíd., p. 39.

57 Zárate, María Soledad, Alimentación y previsión biológica: la política médico-asistencial de Eduardo Cruz-Coke, en Cruz-Coke, Eduardo, Medicina preventiva y medicina dirigida (Santiago, Dibam, 2012), pp. ix-lxv.

58 La Nación, Santiago, 25 de julio de 1942.

59 Muñoz, Arturo San Cristóbal, La jornada de trabajo desde el punto de vista económico-social, cit. (n. 6)

60 La Nación, Santiago, 27 de julio de 1942.

61 La Nación, Santiago, 19 de mayo de 1942.

62 Muñoz, Arturo San Cristóbal, La jornada de trabajo, cit. (n. 6), p. 75.

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Correspondencia: Doctor en Historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris; académico de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor. Dirección: Sendero Rayo Sur N° 6575, Ciudad del Este, Puente Alto, Santiago, Chile. Correo electrónico: yanezandrade@gmail.com

Recibido el 23 de abril y aceptado el 7 de diciembre de 2015

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