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Revista de derecho (Valparaíso)

versão On-line ISSN 0718-6851

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  no.53 Valparaíso dez. 2019

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512019005000502 

COMENTARIOS DE SENTENCIA

Demanda por distintos daños morales: de la teoría a la motivación de la sentencia y la congruencia procesal. Comentario a la sentencia rit O-4897-2018, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, de 10 de diciembre de 2018, “Fuenzalida con Softland Ingenieria Limitada”

Claim for different non-pecuniary damages: from the theory to state reasons for the judgment and the procedural congruency. Commentary on the judgment O-4897-2018 of the Second Labor Tribunal of Santiago, of December 10, 2018 “Fuenzalida with Softland Ingenieria Limitada”

Edmundo Borel Rey1 

1Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Dirección postal: Villavicencio N° 361, oficina 110, comuna y ciudad de Santiago, Chile. Dirección electrónica: eborelr@gmail.com.

I. Presentación e importancia de la sentencia

En el presente trabajo se expone y analiza una sentencia ejecutoriada dictada por un juez laboral que acoge la demanda de indemnización de daños morales interpuesta por una trabajadora en contra de su ex empleador a raíz de la enfermedad profesional de tipo mental -calificada en última instancia de esa forma por la Superintendencia de Seguridad Social- producida por actos de acoso laboral, todo ello en el marco de la responsabilidad civil del empleador según el artículo 69 letra b) de la Ley N° 16.744.

Si bien se trata de una sentencia sin aparente relevancia por ser de primera instancia, resulta un buen ejemplo de la anquilosada forma jurisprudencial de resolver casos de demandas planteadas de una manera más evolucionada en cuanto al entendimiento del daño moral. A lo largo del escrito, la actora argumenta haber sufrido diferentes tipos de daño moral -daño corporal, pretium doloris y pérdida de agrado de la vida- producto de los actos de acoso laboral sufridos, solicitando una indemnización de perjuicios para cada uno, pretensiones indemnizatorias que en su totalidad suman la cifra finalmente demandada en la parte petitoria. No obstante, el juez no se refiere en específico a ninguna de las pretensiones indemnizatorias de la actora, adoptando la clásica visión reduccionista del daño moral como un perjuicio único y global, lo cual se ve reflejado tanto en el único punto de prueba fijado respecto al daño moral como en la indemnización finalmente otorgada. Es en este punto donde es pertinente traer las palabras de don Hernán Corral, en cuanto a que “se ganaría en consistencia y también en uniformidad de las reparaciones si no se dieran indemnizaciones en globo por daño moral, sino que se distinguiera claramente lo que se otorga por cada rubro o especie del daño extrapatrimonial. Allí debería entonces considerarse el daño corporal en sí mismo, el daño emocional o pretium doloris, el daño estético, el daño a la vida de relación, la pérdida de una chance o proyecto de vida”1. Por otro lado, el profesor Corral dirige palabras a quienes elaboran las demandas, recomendando precisamente lo efectuado por la actora en el caso que se analizará, señalando que “sería necesario que los abogados también precisaran en las demandas los tipos de perjuicios que solicitan, de manera que se fijen en la resolución que recibe la causa a prueba puntos relativos a cada uno de estos perjuicios”2.

En un artículo doctrinario del año 2008, don Marcelo Barrientos dio cuenta de un fallo de la Corte Suprema del año 2006 en el que ocurrió algo similar a la sentencia que se analizará en el presente trabajo, habiendo el autor considerado incomprensible que la Corte diga, sin otorgar razones, que las distinciones de daño extrapatrimonial efectuadas por el demandante en su libelo son más bien académicas3. Ahora bien, se puede rescatar que al menos ese fallo dio cuenta de cada una de las pretensiones indemnizatorias del actor y mencionó la posibilidad aunque sea teórica de dividir el daño moral, cuestiones a las que la sentencia que se analizará en ninguna parte se refirió.

Así las cosas, no es algo novedoso -ni quizás digno de un comentario de jurisprudencia- el observar que en Chile los tribunales siguen siendo reticentes a resolver considerando diferentes tipos de daños extrapatrimoniales acumulables como pretensiones distintas, limitándose a conceder indemnizaciones de daño moral en forma global. Sin embargo, no debe perderse de vista, por un lado, que los abogados están siguiendo las recomendaciones del profesor Corral sobre desglosar las demandas de daño moral, y por otro, que existen razones para avanzar al respecto, especialmente -según doctrina nacional actualizada que se expondrá en este trabajo- en consideración al Principio de reparación integral del daño. Por otro lado, el problema trasciende la visión teórica del juez, habiendo consecuencias procesales desde que hoy los abogados están llevando la subdivisión del daño moral a la práctica a través de sus demandas, pasándose del mundo teórico anclado al Derecho Civil sustantivo al mundo práctico desplegado en el Derecho Procesal. Sin importar si el juez está a favor o se resiste a la subdivisión del daño moral, si no motiva la sentencia haciéndose cargo de cada una de las pretensiones deducidas, concediendo simplemente una suma global final, vulnera el principio de congruencia procesal y el principio de motivación de la sentencia como parte del debido proceso, dificultándosele al actor la posibilidad de recurrir fundadamente al no comprender cuál de los daños morales alegados se tuvo o no por acreditado, a cuál o cuáles de esos perjuicios se imputa la suma genérica finalmente otorgada, y por qué se concedió una y no las tres indemnizaciones solicitadas. Por lo demás, la incongruencia procesal y la inadecuada motivación pueden constituir causales para recurrir de nulidad contra la sentencia.

II. Contenido de la demanda y la sentencia analizada

1. La demanda de indemnización de perjuicios

Con fecha 19 de julio de 2018, en virtud del artículo 69 letra b) de la Ley N° 16.744, doña Amada Fuenzalida Oviedo interpone demanda de indemnización de perjuicios derivados de enfermedad profesional en contra de Softland Ingeniería Ltda, generándose la causa RIT O-4897-2018 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. La demandante ingresa a prestar servicios como ejecutiva de ventas en 1998. A raíz de exigentes cambios en las condiciones laborales y una paulatina e injustificada disminución en la asignación de clientes nuevos, la trabajadora buscó ayuda en su jefatura sin ser atendida, por lo que terminó en tratamiento psiquiátrico con Ravotril por un severo estrés laboral desde el año 2007. Debido al estrés laboral incrementado que estaba padeciendo, el año 2015 hubo certificaciones que no pudo aprobar, tampoco encontrando apoyo de parte de su jefatura. A todo lo anterior, el año 2017 se suman irregularidades laborales que fueron objeto de tutela laboral en causa RIT T-35-2017 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y de juicio de cobro de prestaciones en causa RIT O-1497-2018 del mismo juzgado. Ambas causas terminaron por avenimiento suscrito con fecha 18 de mayo de 2018, el que además puso término a la relación laboral entre las partes. El avenimiento no incluía daños derivados de enfermedad profesional.

Todos los hechos descritos generaron un colapso nervioso en la trabajadora, diagnosticándosele depresión con agrofobia con licencias médicas continuas desde agosto de 2017 hasta la interposición de la demanda. Producto de su estado depresivo, la trabajadora somatizó en prediabetes, enfermedad celíaca y osteopenia, además de presentar un episodio suicida el año 2016. Por resolución de calificación de 25 de octubre de 2017, la Mutual de Seguridad C.Ch.C. determina que la enfermedad de la trabajadora es de tipo común, sin embargo, la trabajadora apela a la Superintendencia de Seguridad Social, institución que por resolución de 16 de mayo de 2018 termina por calificar la enfermedad como profesional.

En su demanda, se alegan tres tipos diferentes de daño moral. En primer lugar, daño corporal o fisiológico constituido por una enfermedad psiquiátrica diagnosticada y tratada, argumentando que es independiente de los gastos médicos y del pretium doloris, demandando $55.000.000.- por este perjuicio. En segundo lugar, se demanda indemnización por daño emocional o pretium doloris constituido por la angustia que debió soportar mientras trabajaba bajo condiciones de acoso, insistiendo en la independencia que tiene el pretium doloris respecto al daño corporal, pudiendo ser consecuencia del mismo, y demandando $55.000.000.- adicionales. Finalmente, demanda otros $55.000.000.- por pérdida de agrado de la vida, perjuicio que va más allá de la pena o angustia producto del acoso laboral, afectando las relaciones diarias que tenía la demandante con sus más cercanos y las actividades que antes le agradaba hacer y ya no, todo a consecuencia de lidiar con una depresión. Así las cosas, en la parte petitorita, se termina por solicitar la suma total de $165.000.000.- como indemnización por concepto de daño moral.

2. La sentencia

Con fecha 10 de diciembre de 2018, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago dicta sentencia, acogiendo la demanda. La demandada, por su parte, deduce recurso de nulidad que es declarado abandonado el 18 de marzo de 20194. La sentencia de primera instancia queda finalmente firme y ejecutoriada con fecha 01 de abril de 2019. En su parte expositiva, el juez no hace alusión específica a ninguno de los tres daños morales alegados, limitándose a señalar lo siguiente: “Le ha afectado en diversos aspectos de su vida por lo que la demandada debe ser condenada al pago del daño moral causado lo que estima en la suma de $165.000.000”5.

Figuran como hechos a probar los siguientes: “1. Si la demandante sufre de una enfermedad profesional. Diagnóstico y secuelas. 2. Si el padecimiento de la demandante calificado como enfermedad profesional, se origina en las acciones descritas por esta en la demanda. Pormenores y circunstancias. 3. Existencia de daño extrapatrimonial originado en la conducta de la empleadora y relación causal de esta con la enfermedad. 4. Acción ejercida por la demandante en causa Rit: T-35-2017 y alcances de la transacción entre las partes. 5. Medidas de protección adoptadas por la empresa”6. Los primeros tres y el quinto son los que a nuestro trabajo interesan.

En cuanto al primer punto de prueba, el juez determina que: “Efectivamente la SUSESO el 16 de mayo de 2018 calificó finalmente como profesional la enfermedad que aqueja a la demandante, lo que se encuentra ejecutoriada al tenor de la prueba nueva incorporada por la demandante”7. En cuanto al segundo y quinto hecho a probar, se determina que: “Siendo obligación de la demandada tomar las medidas, eficaces que refiere el artículo 184 del Código del trabajo para proteger la vida y salud de sus trabajadores, claramente aquellas no fueron las adecuadas en la medida que las tomadas, han provocado una alteración psicológica a la demandante, como lo ha resuelto el organismo especializado, respecto de la cual la empresa necesariamente debe hacerse cargo”8.

Por último, en cuanto al tercer punto de prueba -los daños extrapatrimoniales- se concluye lo siguiente: “(…) lo que dice relación con los daños se han acreditado 13 licencias psiquiátricas continuas desde julio del 2017 a mayo del 2018, fecha en la que se pone término a los servicios por el avenimiento firmado entre las partes”9. Se continua señalando que: “Por otro lado los testigos de la demandante dan cuenta del deterioro psicológico que ha venido sufriendo la demandante de manera paulatina, ya desde el año 2005 para agudizarse en el año 2016 y en el 2017, como se observa de las licencias (…) Además existen sendos informes, emanados por psicólogos que dan cuenta del deterioro en la salud mental de la actora originado básicamente por el estrés producido en el trabajo”10. Luego, el juez se pronuncia sobre cuales padecimientos de salud de la trabajadora no considera imputables a los episodios de acoso laboral, explicando que: “No obstante lo anterior, y para efectos de determinar el quantum de la indemnización, no es posible en esta etapa concluir que el intento de suicidio que refieren las testigos y la propia trabajadora, como las demás afecciones en su salud (resistencia a la insulina, hígado graso, entre otras) sean consecuencia del estrés laboral (…)”11. Finalmente, el juez determina la indemnización de perjuicios motivando como sigue: “No existe grado de incapacidad declarado a efectos de determinar un baremo con ese antecedente más objetivo, por lo que con los antecedentes tenidos a la vista, básicamente testimonial, la propia confesional de la demandante, el número de licencias médicas psiquiátricas emitidas durante el periodo álgido de la patología, los informes médicos incorporados en la audiencia, se estima la suma por concepto de indemnización por daños moral en $10.000.000. No se arriba a la suma pretendida en la demanda, porque no es posible imputar a la empleadora el conocimiento de las licencias médicas que padeció la demandante, pues el diagnóstico de las mismas viene sellado, tampoco es posible imputar en esta causa algún tipo de responsabilidad por el hecho de no acceder al correo institucional, pues este reclamo se efectuó estando la trabajadora con licencia médica, por lo que la respuesta del Gerente al respecto, es la adecuada, con licencia médica no podría pretender la demandante seguir trabajando. Respecto de los correos electrónicos que la demandante califica de atentatorios contra la honra, se observa que en aquellos se informan quienes tienen pendiente los test para las certificaciones, sin que se observe descrédito alguno”12.

Así las cosas, el juez laboral termina por acoger la demanda interpuesta por doña Amada Fuenzalida Oviedo en contra de Softland Ingeniería Ltda., declarando que “la empresa ha incumplido lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo por lo que deberá pagar por concepto de indemnización por daño moral la suma de $10.000.000.- más los intereses y reajustes contemplados en el artículo 63 del Código del Trabajo”13.

III. Análisis crítico de la sentencia

1. Los daños extrapatrimoniales demandados

¿El daño corporal alegado por la demandante se produce sólo en caso de lesiones físicas del cuerpo o puede un problema psiquiátrico clasificarse dentro de esta categoría? La respuesta es que sí. El daño corporal, fisiológico o a salud se puede entender como aquél que “afecta la integridad física y psíquica de una persona natural, y se distingue del daño puramente moral en que no recae como éste en la pura esfera emotiva o espiritual”14. A mayor abundamiento, se ha sostenido que entre los daños corporales “se encuentran también las lesiones a la integridad psíquica, cuando médicamente sea posible identificarlas, como por ejemplo, los supuestos de shock nervioso o de depresión”15. El elemento patológico diferencia el daño psiquiátrico del daño moral, siendo este el límite en algunas legislaciones -como la alemana o italiana- tradicionalmente reticentes a la reparación del daño puramente moral16. Si bien hay discrepancias doctrinarias en cuanto a dónde posicionar al daño corporal, considerándose que es17 o no18 un tipo de daño de naturaleza autónoma respecto del daño patrimonial y del daño moral, lo que sí es claro es que el daño corporal puede traer tanto consecuencias pecuniarias consistentes en daños patrimoniales (como lucro cesante y daño emergente constituido por los gastos médicos) como consecuencias no pecuniarias consistentes en otros daños extrapatrimoniales (como el pretium doloris, la pérdida de agrado de la vida o el daño estético)19.

Por tanto, bajo esta relación de causa y efecto, sí es posible alegar daño emocional o pretium doloris como un perjuicio diferente del daño corporal psíquico, pudiendo ser una de las mencionadas consecuencias no patrimoniales que puede traer el daño corporal20. El pretium doloris es la noción tradicional de daño moral, consistente en el sufrimiento psíquico, la amargura, la pena, la aflicción que, en el caso en análisis, el hostigamiento laboral le produjo a la trabajadora demandante. Estimo que no por el hecho de existir un daño corporal de tipo mental -como la depresión de la trabajadora del caso analizado- éste absorbe al pretium doloris, pues un hecho ilícito puede producir en la victima una angustia y sufrimiento indemnizables que recaen en la pura esfera emotiva pero que no han llegado a tener la gravedad de constituir un padecimiento psiquiátrico medicamente tratado, lo cual implica un atentado no a la esfera emocional sino a la esfera de salud de la víctima. Si quisiéramos graficarlo aun más, recuérdese que los daños tienen intensidades: un desagrado o sufrimiento puede pasar el margen de la anormalidad o magnitud suficiente como requisito básico de su reparación21, pero no necesariamente llegar al punto de generar un padecimiento psicológico que requiera ser tratado médicamente.

En tercer lugar, también es posible alegar la pérdida de agrado de la vida como otra posible consecuencia no pecuniaria del daño corporal22. Este daño denominado también perjuicio de agrado, préjudice d’agrément en Francia y loss of amenities of life en la experiencia inglesa, consistente en “la privación de las satisfacciones de orden social, mundano y deportivo de las cuales se beneficia un hombre de la edad y de la cultura de la víctima”23. En la doctrina nacional se ha dicho que “son típicamente perjuicios de este orden la incapacidad para el desplazamiento y la entretención, para la lectura o la audición, para una actividad sexual normal y la procreación, para el disfrute de los sentidos, incluso del gusto, y, en general, todo aquello que perturba los disfrutes ordinarios de la vida”24. Hoy tiene una noción amplia que abarca cualquier disminución de los placeres de la vida, no restringiéndose a la imposibilidad de efectuar una actividad especial o hobbie como fue concebido originalmente en Francia25. Por tanto, no es necesario que a causa de la depresión la trabajadora del caso analizado tenga que haber dejado de practicar natación -por ejemplo- para considerar que ha sufrido este tipo de perjuicio, bastando que el daño corporal psiquiátrico que padece haya mermado su goce de las relaciones afectivas o de eventos sociales o familiares, como fue lo alegado. Por último, cabe destacar que la indemnización del pretium doloris sufrido por la demandante no tiene por qué absorber la indemnización que merece la pérdida de agrado de la vida, en primer lugar, por una razón conceptual. Así, incluso los autores más reacios a la extrema fragmentación del daño moral reconocen como razonable dividir el daño moral en dos grandes categorías: el dolor físico o mental (pretium doloris) y el perjuicio de agrado26. En segundo lugar, vuelvo sobre el criterio de la intensidad del daño: si bien es esperable que un trabajador que sufre hostigamiento laboral sufra pretium doloris, ello no necesariamente implica que en todos los casos el sufrimiento del trabajador llegue al punto de transformarse en depresión con una consecuente disminución del disfrute de los goces cotidianos de la vida durante el larguísimo tiempo que toma el proceso de una posible recuperación. Termino por traer a colación las palabras de Marcelo Barrientos: “la pérdida de agrados es también una manifestación del menoscabo que supone un daño extrapatrimonial, no se queda todo en el sufrimiento y resulta lamentable seguir limitando el contenido de la indemnización del daño moral a la simple apreciación del dolor”27.

Como corolario, aunque no estimemos el daño corporal como un tipo de perjuicio con naturaleza autónoma del daño moral o del material, puede entenderse al menos -siguiendo a don Hernán Corral- como un subtipo de daño moral distinto de otros daños morales o daños patrimoniales que pueda acarrear. Al respecto, es pertinente citar un extracto de un notable fallo de la Corte Suprema que ha reconocido la subdivisión del daño moral, identificado al daño corporal como una especie del mismo, señalando que: “La noción del daño moral ha avanzado a una comprensión más amplia que el mero padecimiento sicológico o pretium doloris, debiendo entenderse a partir de la fractura al proyecto de vida de la persona en razón del accidente lo que impacta en la esfera de la personalidad de la víctima. De ahí que a partir de la autodeterminación de la persona a trazar su propio proyecto de vida merezca reparación la afectación a las diversas facetas de su existencia. Esto permite ampliar la noción del daño moral y recoger como daños específicos la pérdida de agrado, el perjuicio corporal, el daño fisiológico, estético u otros28.

Ahora la pregunta es: ¿es posible pretender una indemnización independiente y acumulativa del daño corporal respecto a los consecuentes daños que puede producir? Opino que sí. En la primera década del siglo XXI, el profesor Hernán Corral ya hacía presente que nuestra jurisprudencia desconoce la visión del daño corporal como partida indemnizatoria independiente, limitándose a considerar la incapacidad como criterio para determinar lucro cesante, y dejando todo lo demás envuelto en el concepto amplio de daño moral donde se incluye el dolor, las angustias, el perjuicio estético y hasta la pérdida del agrado de la vida29. Sin embargo, “quizás una consideración más razonable del daño corporal esté en reconocer que en estos casos la lesión principal: la disminución de la capacidad funcional del cuerpo, es un daño no patrimonial que debe ser valorado en sí mismo e indemnizado como tal (en equivalente), pero que con él pueden concurrir otros daños consecuenciales, que pueden ser otros rubros de daño moral, como por ejemplo el dolor, la aflicción, el daño estético, y también perjuicios patrimoniales: el lucro cesante por privación de rentas futuras”30.

Ahora bien, sin perjuicio de existir apoyo dogmatico a la autonomía indemnizatoria del daño corporal, es el demandante quien debe comenzar por pasar toda esta teoría a la práctica, desglosando los daños morales como pretensiones indemnizatorias distintas en su demanda, para de ese modo fijar un marco de pretensiones del que el juez debe hacerse cargo. Como ya citamos en la primera parte de este trabajo, don Hernán Corral recomienda a los abogados precisar en las demandas los tipos de perjuicios que solicitan31. En la misma línea, don José Luis Diez ha señalado que “en Chile urge reconocer especies de daños no patrimoniales distintas al mero pretium doloris. Sólo así se podrán tutelar más efectivamente todos los aspectos extrapatrimoniales comprendidos dentro de la actual noción de persona. Esta labor no sólo le incumbe al legislador, sino también a los jueces, los litigantes y doctrinarios”32. La forma en que ha sido planteada la demanda de la causa RIT O-4897-2018 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, no ha sido más que un ejemplo de puesta en práctica de estas recomendaciones.

2. La evolución hacia categorías de daño moral y el abandono de las condenas indemnizatorias en globo

En una reciente obra doctrinaria, don Ramón Domínguez Águila ha sacado una radiografía bastante nítida del estado actual de la materia en nuestro Ordenamiento Jurídico, señalando que “entre nosotros, como se sabe, salvo la distinción entre perjuicio patrimonial y, dentro de éste, daño emergente y lucro cesante y daño moral o no patrimonial, la práctica desconoce otros rubros indemnizatorios. La cuestión es muy evidente para el daño moral, que es siempre evaluado como un todo, en suma fija, sin que ni la doctrina ni los precedentes jurisprudenciales lleven a hacer distinciones dentro de él, por más que, en los últimos tiempos, a imagen del derecho francés, algunos prácticos inviten en sus demandas a apreciar diversidades dentro del daño moral, las que jamás son consideradas en las sentencias, que se limitan a condenar, cuando lo hacen, al pago por “daño moral”, sin más”33.

Es conveniente tener presente ciertos alcances sobre el tema. En primer lugar, en la versión actualizada de su publicación titulada “Los principios que informan responsabilidad en el Código Civil: versión y mirada del presente”, doña Carmen Domínguez Hidalgo ha destacado los problemas que siguen pendientes en cuanto a la reparación del daño moral en Chile, señalando que el concepto simplista de daño moral asimilable pretium doloris lleva a que “muchas veces la suma concedida -normalmente una indemnización en globo- o bien no cubre todo el impacto causado en la persona, en toda su amplitud, o bien puede resultar exagerada frente a las verdaderas secuelas”34. No obstante lo anterior, la autora no deja de reconocer la evolución que han presentado los tribunales superiores de justicia al respecto, trayendo como ejemplo el fallo de 27 de diciembre de 2016 dictado por la Corte Suprema en causa Rol N° 33990-2016 y el fallo de 25 de abril de 2017 dictado por la misma Corte en causa Rol N° 34836-201635. Este último fallo, en lo pertinente señala que “respecto del daño moral, si bien no existe un concepto unívoco, su acepción más restringida se relaciona con el pesar, dolor o aflicción que experimenta la víctima y que se conoce como pretium doloris. Sin embargo, esta visión ha dado paso, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, a considerar una concepción más amplia de tal concepto, a fin de reparar todas las especies de perjuicios morales y no sólo el pretium doloris, toda vez que en cada una de ellas hay atentados a intereses extrapatrimoniales diversos”36.

Por otro lado, cabe tener presente los beneficios de la división del daño moral y el abandono de las condenas en globo. En primer lugar, don Hugo Cárdenas y doña Paulina González hablan del principio procesal de congruencia no sólo como un límite de la reparación indemnizatoria sino también como uno de los criterios que deben guiar al juez a la hora de determinar una indemnización de perjuicios, señalando que se deben “evitar las indemnizaciones en globo y procurar una evaluación separada y fundamentada de cada una de las partidas de la indemnización”37. Los mismos autores han señalado que las categorías de daño moral permiten identificar con mayor nitidez no sólo quiénes tienen la legitimación activa para reclamar y, por tanto, quienes deben acreditar la existencia del daño, sino que también los hechos constitutivos y fundantes del daño moral, en relación a los cuales determinar los medios de prueba más idóneos38. También destacar que se ganaría en consistencia y también en uniformidad de las reparaciones si se distinguieran varios tipos de daño moral y se evitaran las condenas en globo39. En un sentido similar, don Enrique Barros ha sostenido que “distinguir las diversas formas de manifestación del daño no patrimonial favorece una indemnización equitativa, en doble sentido de que sea proporcional a la entidad del daño y suficientemente igualitaria”40. Por su parte, ya en el año 2002 doña Carmen Domínguez Hidalgo criticaba que los tribunales concedan sumas genéricas a título de daño moral, planteando que el abandono de esta práctica -como se ha hecho en Derecho Comparado- serviría para lograr una evaluación más objetiva de este tipo de perjuicios, evitando la arbitrariedad e inseguridad jurídica, debiendo el juez indicar en qué ha consistido el daño moral, por qué se cifra en determinada suma, y cuáles han sido los criterios considerados para su valoración41. Avances como estos podrían conllevar que antes de intentarse una acción resarcitoria o de contestarla, los involucrados tendrán un conocimiento más nítido de las sumas que el juez podría otorgar, fomentando transacciones y evitando inflar abusivamente las indemnizaciones42.

Relacionando ahora el tema con el Principio de reparación integral del daño, don Ramón Domínguez Águila ha opinado que “si debemos relacionar esta cuestión con el principio de reparación integral, nos parece evidente que el sistema francés en daños morales personales resguarda mejor el principio, pues obliga a considerar los diversos aspectos de la vida que son afectados por el hecho causal. Pero la creación de variados rubros de daño moral lleva, por otra parte, a la posibilidad de sumar indemnizaciones por idénticos factores, es decir, de sobrepasar el principio de reparación integral, indemnizando un mismo tipo de daños dos veces”43. En una opinión similar, don José Luis Diez considera que la distinción de distintos tipos de daño moral puede conllevar un aumento en los montos indemnizatorios que los tribunales otorguen44. Sin embargo, como bien explicaba Carmen Domínguez Hidalgo en su famosa obra del año 2002, la exigencia de fundamentación y evaluación pormenorizada compele a un mayor esfuerzo probatorio, genera mayor transparencia y congruencia en el pronunciamiento y evita la doble indemnización de partidas que pueden esconder un daño de la misma naturaleza45. En una reciente publicación, la autora reconoce que la inflación de los daños extrapatrimoniales indemnizables -que puede traer las amplias facultades de apreciación del juez- es uno de los mayores temores que trae la categorización de esta especie de perjuicios, sin embargo, explica que ello puede evitarse mediante leyes o jurisprudencia que ordene esta clase de daños.46 Por su parte, relacionando la inflación del monto indemnizatorio con el daño corporal, don Fabián Elorriaga ha señalado que “esta autonomía no tiene en caso alguno el propósito de abultar las indemnizaciones. No se trata simplemente de crear artificialmente una cuarta partida indemnizatoria junto al daño moral, el daño emergente y el lucro cesante. Su propósito es el de hacer una estimación más objetiva, racional y efectiva de los perjuicios sufridos por una persona”47.

Continuando con el Principio de reparación integral del daño, doña Carmen Domínguez Hidalgo ha explicado que este principio tiene que ser aplicado al daño moral a través de alguna de las medidas que a nivel comparado se han adoptado para llegar a una aproximación lo más exacta posible a la entidad de este tipo de daños para obtener una reparación “razonable”, entre las cuales se encuentra el abandono de las indemnizaciones en globo, el rechazo de la expresión “daño moral” sin precisión en las sentencias y la configuración de categorías de daño extrapatrimonial, en lo que es precursor el derecho francés y va tomando cada vez más fuerza en Europa48. Además, mencionar las palabras de la Corte de Apelaciones de Santiago en un fallo del año 2005, la cual haciendo referencia a la premisa de la reparación integral del daño, determinó el monto de la indemnización remitiéndose a variables utilizadas en Derecho Comparado entre las cuales mencionó “evitar las indemnizaciones en globo y procurar una evaluación separada y fundamentada de cada una de las partidas de la indemnización”49.

3. Incongruencia procesal y falta de adecuada motivación de la sentencia

Siguiendo la forma en que Enrique Barros relaciona la noción de pretensión (de reparación en naturaleza o indemnizatoria) y la noción de daño, este último elemento “se expresa concretamente en la cosa deteriorada o destruida o en el bien corporal o puramente moral que resulta afectado por el hecho del tercero”50. Entonces, se puede concluir que puede haber tantas pretensiones como daños se hayan sufrido, y cada daño es -en el caso analizado- la concreta afectación de un determinado bien puramente moral. Luego, siguiendo la evolucionada visión del daño moral que no queda reducido sólo al pretium doloris, por cada otro daño extrapatrimonial sufrido -como daño corporal y pérdida de agrado- puede haber una pretensión distinta. ¿Qué aristas procesales toca el hecho que el juez laboral haya otorgado diez millones de pesos por un concepto genérico de daño moral sin hacerse cargo de cada una de las pretensiones planteadas?

Para comenzar, el juez vulneró el principio de congruencia procesal “que se refiere a la conformidad que ha de existir entre la sentencia expedida por el órgano jurisdiccional y las pretensiones que las partes han expuesto oportuna y formalmente en sus escritos fundamentales agregados al proceso, lo que implica que el juez debe limitar su pronunciamiento tan sólo a lo que ha sido pedido por los litigantes”51. La incongruencia es la falta de adecuación entre las pretensiones de las partes y la parte dispositiva de la resolución judicial, y para determinarla corresponde comparar lo reclamado por los litigantes con lo resuelto52. Al respecto, don Hugo Cárdenas y doña Paulina Gonzalez entienden el principio procesal de congruencia como un límite a la reparación del daño moral que otorga el juez, señalando que una de las consecuencias de aplicar este principio -cuya infracción podría acarrear la anulación casacional- es que lo solicitado en la demanda es el límite máximo de la indemnización53. Sin embargo, creo que la aplicación de la congruencia procesal en materia indemnizatoria puede ir más allá que sólo servir de límite a una decisión ultra petita. Siguiendo a Jaime Guasp y Pedro Aragoneses, la incongruencia procesal tiene tres manifestaciones: la positiva cuando el juez da o rechazada más de lo que se reclama; la negativa cuando el juez omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales tanto cualitativa como cuantitativamente; y mixta cuando la sentencia reúne los dos vicios anteriores, concediendo algo distinto de lo pedido por las partes54. Por su parte, nuestra Corte Suprema explica que la incongruencia puede ser ultra petita cuando se otorga más de lo solicitado; extra petita cuando el juez extiende el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a su decisión; infra petita cuando el juez decide sobre una pretensión en extensión menor que lo solicitado; o citra petita cuando el juez omite pronunciarse sobre algo que fue introducido en el debate55. En la sentencia analizada considero que el juez laboral ha incurrido en incongruencia negativa o citra petita desde que los 165 millones de pesos por daño moral finalmente pedidos no eran más que la sumatoria de las tres pretensiones indemnizatorias de 55 millones de pesos cada una por tres tipos específicos de daño moral, limitándose el juez a otorgar una única suma de diez millones de pesos por un concepto genérico, sin pronunciarse ni valorar en especifico ninguno de los daños morales concretos alegados.

En cuanto a las consecuencias de la incongruencia procesal, sigo a la doctrina que propone la nulidad de la sentencia56. Se podría invocar la causal de la letra e) del art. 478 del Código del Trabajo, la cual sin perjuicio de referirse expresamente sólo a la incongruencia ultra petita -al prescribir “otorgare más allá de lo pedido por las partes” - y a la extra petita -al prescribir “o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal”-, puede entenderse aplicable a todas las formas de incongruencia, incluyendo la por omisión57. Por lo demás, considero que incluso podría invocarse la misma causal de la letra e) en base a faltar requisitos del art. 459° del Código del Trabajo, específicamente los de los numerales 3° y 6°, ya que la sentencia ni mencionó sintéticamente cada uno de los daños que alagaba la demandante, ni resolvió respecto de cada uno de ellos siendo cuestiones sometidas a la decisión del tribunal.

Por otro lado, la sentencia analizada tampoco ha cumplido adecuadamente con el principio de motivación, importantísimo deber del juez al ser una de las garantías que abarca el derecho al debido proceso58. Un sistema de valoración de la prueba por sana crítica como el utilizado por el juez laboral es un sistema de valoración racional, desplegando la fundamentación toda su relevancia y sentido59. La sana crítica exige que el juzgador piense y describa su razonamiento de modo tal que permita a las partes comprender las razones objetivas y subjetivas que influyeron en el ánimo del juez al tomar la decisión60. Esta comprensión de la sentencia permite que las partes puedan criticarla y recurrir, pudiendo el tribunal superior jerárquico efectuar un control sobre la completitud y logicidad de los argumentos que el juez aduce para explicar racionalmente su decisión, como además resguardar que la justificación de la decisión haya sido en derecho61. Relacionando lo recién dicho con lo ocurrido en la sentencia en análisis, adhiero a las palabras de don Joel Gonzalez Castillo al señalar que “la forma en que la sana crítica se está empleando por los tribunales no puede continuar ya que desgraciadamente muchos jueces amparados en este sistema no cumplen con su deber ineludible de fundamentar adecuadamente sus sentencias (…) muchas veces produce la indefensión de las partes pues estas no sabrán cómo fundamentar sus recursos ante instancias superiores al no conocer los razonamientos del sentenciador”62. En cuanto a las consecuencias de esta falta de motivación, podría invocarse la causal de nulidad contemplada en la letra e) del art. 478° del Código del Trabajo en relación al número 4° del art. 459° del mismo Código, ya que el razonamiento conclusivo de la sentencia ha sido claramente deficiente, no comprendiéndose cuál o cuáles de los tres tipos de daño moral alegados se ha tenido por establecido.

Alguien defenderá la sentencia analizada diciendo que el considerando quinto es claro en señalar las pruebas que permitieron acreditar el daño psicológico que la trabajadora estuvo sufriendo en forma paulatina producto de su trabajo, indicando también cuáles padecimientos de salud -como el intento de suicidio o el hígado graso- no fueron considerados imputables a los episodios de acoso laboral. Pero ¿a qué se refiere exactamente el juez con el daño psicológico del que dieron cuenta las pruebas? ¿Se tuvo por acreditado el daño corporal, el pretium doloris, la pérdida de agrado de la vida, dos de estos daños, todos ellos? No hay claridad. Luego culmina el juez por indicar que no existe grado de incapacidad declarado a efectos de determinar un baremo por lo que con los antecedentes tenidos a la vista se estima la indemnización por daño moral en diez millones de pesos. Agrega que no se arriba a la suma pretendida en la demanda porque no es posible imputar a la empleadora el conocimiento de las licencias médicas, como tampoco es posible imputar responsabilidad por el hecho de no acceder al correo institucional, pues este reclamo se efectuó estando la trabajadora con licencia médica. Considero que esta argumentación y criterios tomados en cuenta para llegar a la suma finalmente otorgada no logran brindar claridad respecto a cada uno de los daños que se ha pretendido indemnizar63. En este sentido, “si lo buscado es reducir efectivamente la arbitrariedad, de modo tal que la determinación del monto de la indemnización sea más transparente y fundamentada, no basta el señalamiento sin más de los criterios o pautas tomados en consideración, agregando que todos ellos fueron ponderados por el tribunal para arribar a su decisión”64.

Por ejemplo, el juez podría haber explicado que otorga la suma total de diez millones de pesos por daño moral al haber tenido por acreditado los tres tipos de daño moral alegados, indicando la suma en la que valora cada uno. Otras posibilidades son que el juez no haya tenido por probados algunos de los daños morales alegados o que teniendo por probados todos los hechos perniciosos alegados no considere jurídicamente procedente otorgar uno de los rubros indemnizatorios. Por ejemplo, podría haber argumentado que determinada parte de los diez millones de pesos corresponde a pretium doloris y el resto a la pérdida de agrado de la vida, no correspondiendo la indemnización del daño corporal pues sólo son susceptibles de reparación los daños que de él derivan y no el daño corporal como tal65. También podría haber acogido el pretium doloris rechazando la indemnización por pérdida de agrado de la vida argumentando que si bien se trata de daños conceptualmente distintos, la diferencia no alcanza la precisión suficiente como para no superponerse y generar una doble indemnización66. En todas estas propuestas, el juez, por un lado, habría cumplido con el principio de congruencia al hacerse cargo de cada una de las tres pretensiones indemnizatorias, aunque sea para rechazarlas, y por otro, habría motivado de mejor manera su razonamiento decisorio, permitiendo a la demandante entender a cuál o cuáles de sus pretensiones indemnizatorias de daño moral se imputan los diez millones de pesos otorgados y porqué una u otra de sus pretensiones indemnizatorias no fue acogida. Al respecto, vuelvo sobre las ya citadas palabras de la Corte de Apelaciones de Santiago en cuanto al llamado a evaluar y fundamentar separadamente cada partida indemnizatoria del daño moral, evitando la condena en globo67.

IV. Comentarios finales

Considero que los diferentes tipos de daño extrapatrimonial alegados por la demandante fueron acertados. Una determinada vivencia puede causar en la víctima un sufrimiento, pena o angustia -pretium doloris- que merece ser indemnizado pues supera el margen de la anormalidad o magnitud suficiente pero no llega al punto de detonar una depresión u otro padecimiento de salud mental que requiera tratamiento psiquiátrico y farmacológico -como ocurrió en el caso analizado- lo cual implica el padecimiento de otro tipo de daño extrapatrimonial calificable como daño corporal o daño a la salud, el cual merece una indemnización aparte. Por otro lado, la víctima merece una indemnización adicional a las anteriores si ha sufrido un quiebre en el goce de su vida producto de la depresión y los fármacos que han deteriorado el goce de sus relaciones interpersonales además de las actividades que antes le agradaba hacer. Así, un sufrimiento sicológico calificable como pretium doloris puede tener una extensión y duración que no alcanza el carácter prolongado y permanente de la pérdida de agrado. Finalmente, tampoco debe considerarse superpuesta una indemnización de la pérdida de agrado de la vida con una indemnización del daño corporal manifestado en la depresión, pues en el primer caso se indemniza la privación o disminución del agrado de vivir que sufre la víctima a consecuencia del daño corporal y en el segundo se indemniza el atentado a la salud propiamente tal. En síntesis, a mi juicio es perfectamente posible sumar indemnizaciones diferentes por cada uno de estos tres perjuicios pues la existencia de uno no siempre acarreará la producción de los otros. Por lo demás, mientras todos los daños morales alegados sean acreditados y el juez fundamente adecuadamente, no considero un enriquecimiento injusto de parte de las víctimas que se ven beneficiadas con indemnizaciones más cuantiosas, ya que lo único que se estaría haciendo es intentar alcanzar la reparación integral de la esfera extrapatrimonial de la persona, la cual ha sido dañada en más de una forma.

Ahora bien, no es el objeto de este trabajo el convencer que mi forma de categorizar el daño moral es la correcta o la mejor y que el juez de la causa debió, sin lugar a dudas, acoger las tres pretensiones de daño moral alegadas. La división y compatibilización de diferentes categorías de daño moral sigue siendo hasta hoy debatible. Lo que se ha querido poner de relieve es que si en una demanda de indemnización de perjuicios se solicita un determinado monto por daño moral sin mencionarse diferentes tipos del mismo o su mención es sólo una cuestión argumentativa sin una pretensión indemnizatoria específica por cada uno, es válido que el juez termine por conceder una suma global por un concepto genérico de este tipo de perjuicio, sin trasgredir el principio de congruencia procesal. Sin embargo, si en un caso como el analizado, el actor argumenta haber sufrido distintos tipos de daño extrapatrimonial, fundamentando la diferencia e independencia de un daño respecto del otro, y demandando una suma de dinero por cada uno como rubros indemnizatorios distintos, por mucho que el juez considere que la identificación de distintos tipos de daño moral no es más que una distinción dogmática e injustificada, el principio de congruencia procesal y el de motivación de las sentencias lo compelen a hacerse cargo de cada una de las pretensiones deducidas -ya sea acogiéndolas o rechazándolas- incluso fijando diferentes puntos de prueba respecto de cada categoría de daño moral alegada.

Desborda el propósito de este trabajo el análisis detallado de la prueba y la crítica cuantitativa del monto de dinero solicitado por cada rubro de daño extrapatrimonial en el caso analizado. Lo que se buscó es reprochar precisamente la omisión de dicha tarea por parte del juez y la imposibilidad de comprender por cuál de los tres perjuicios invocados se han otorgado esos diez millones de pesos, todo en consideración a que la esfera extrapatrimonial de la persona es compleja y puede verse afectada desde diferentes aristas, por lo que cada daño moral alegado corresponde a una pretensión procesal de tipo indemnizatoria diferente que en su conjunto completan la reparación integral del daño como principio basal. Esta incongruencia procesal e inadecuada fundamentación permiten recurrir de nulidad contra la sentencia en base al art. 478° letra e) del Código del Trabajo.Finalmente, dos ideas. Si bien es cierto que en Chile no hay norma alguna que distinga entre varios perjuicios de tipo extrapatrimonaiales, no teniendo porqué el juez aceptar la diversidad de tipos de Daño Moral al estilo francés, si ha sido el demandante quien ha recurrido a la teoría de los distintos daños morales acumulables entre sí considerando que así se da una aplicación más exacta al Principio de reparación integral, a lo menos merece una explicación de parte del juez de porqué esta división no tiene cabida y corresponde otorgar una indemnización única. Así las cosas, si bien la ley chilena no consagra categorías de daño moral, sí consagra el deber de congruencia y motivación de parte del juez. En segundo lugar, si en el futuro los jueces siguen dando indemnizaciones en globo, quizás los abogados se percaten que en Chile el estudio del Daño Extrapatrimonial y la elaboración de prolijas demandas de este tipo de perjuicios -como fue el caso analizado en este comentario- francamente no valen la pena, resignándose a formular enredadas y abultadas demandas de daño moral por un concepto único cuya fundamentación más parece una telenovela que una argumentación jurídica, terminándose por anquilosar la práctica actual de que el juez otorgue abultadas y mal fundadas indemnizaciones de daño moral por una suma global, un verdadero “saco sin fondo”68 o “lotería judicial”69.

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1 Corral Talciani, Hernán, El daño moral por muerte o lesiones en la jurisprudencia, con particular referencia a los accidentes del trabajo, en Baraona, Jorge - Zelaya, Pedro (eds.), La responsabilidad por accidentes del trabajo (Santiago, Universidad de Los Andes, Cuadernos de Extensión Jurídica N° 10, 2005), p. 196.

2Corral, cit. (n. 1), p. 196.

3Barrientos Zamorano, Marcelo, Del daño moral al daño extrapatrimonial: la superación del pretium doloris, en Revista Chilena de Derecho 35 (2008), 1, p. 90. El autor cita el fallo de la Corte Suprema en causa caratulada “Julio Riquelme Parra con Southern Shipmanagement Limitada; Compañía Southern Shipmanagement CO Panamá Sociedad Anónima; Southern Shipmanagement Chile Limitada”, de 4 de septiembre de 2006, en el que se reproduce cada suma demandada por el actor a título de pretensión indemnizatoria por daño corporal, pretium doloris, daño estético y daño moral propiamente tal. Sin embargo, la Corte simplemente indicó que ello correspondía a una distinción teórica que no resulta ajustada a la materia de accidente laboral tratada, por lo que al igual que la sentencia de primer grado, resulta más propio englobar todo el daño moral en un solo concepto, otorgando la suma única y total de $20.000.000.

4La demandada fundaba su recurso de nulidad en el art. 477° del Código del Trabajo por infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, específicamente el art. 177° del Código del Trabajo por cuanto el tribunal desestimó la excepción de finiquito relativo al avenimiento arribado en la causa de tutela laboral. Además, invocó la causal del art. 478° letra E del Código del Trabajo en razón del art. 459° N° 4 del mismo por falta de adecuado análisis de la prueba, habiendo el juez incurrido en una avaluación excesiva del daño moral en 10 millones de pesos.

5Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT 4897-2018, sentencia de 10 de diciembre de 2018, “Fuenzalida con Softland Ingenieria Limitada”, considerando Primero, p. 5.

6Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, cit. (n. 5), considerando Tercero, p. 10.

7Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, cit. (n. 5), considerando Quinto, p. 16.

8Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, cit. (n. 5), considerando Quinto, p. 18.

9Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, cit. (n. 5), considerando Quinto, p. 18.

10Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, cit. (n. 5), considerando Quinto, pp. 18-19.

11Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, cit. (n. 5), considerando Quinto, p. 19.

12Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, cit. (n. 5), considerando Quinto, pp. 19-20.

13Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, cit. (n. 5), p. 20.

14Corral Talciani, Hernán, Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual (2a edición, Santiago, LegalPublishing Chile-Thomson Reuters, 2013), pp. 150-151. Por su parte, don Fabián Elorriaga define daño corporal como “aquél perjuicio que se le causa a la persona en su organismo o en su mente. Se trata de un daño biológico, que afecta la integridad sicosomática del individuo (…)”, en Elorriaga De Bonis, Fabián, Los daños corporales y sus consecuencias, en Vega, Yuri - García, Domingo (coords.), La responsabilidad Civil y la Persona en el Siglo XXI: libro homenaje a Carlos Fernández Sessarego (Lima, Idemsa, 2010), II, p. 116.

15Vicente Domingo, Elena, Los daños corporales. Tipología y valoración (Barcelona, J.M. Bosch, 1994), p. 51.

16Barros Bourie, Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2007), p. 233.

17Elorriaga, cit. (n. 14), p. 117; y Vicente, cit. (n. 15), p. 322.

18Corral, cit. (n. 14), p. 151; y Barros, cit. (n. 16), p. 320.

19Corral, cit. (n. 14), pp. 150-151; Elorriaga, cit. (n. 14), pp. 117, 126-140; Barros, cit. (n. 16), p. 234.

20Corral, cit. (n. 14), pp. 150-151; Elorriaga, cit. (n. 14), p. 137; Barros, cit. (n. 16), pp. 321-323.

21Diez Schwerter, Jose Luis, El daño extracontractual (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006), pp. 33-34; Barros, cit. (n. 16), p. 226; Corral, Lecciones, cit. (n. 14), p. 141.

22Corral, cit. (n. 14), pp. 150-151; Elorriaga, cit. (n. 14), pp. 137-138; Barros, cit. (n. 16), pp. 323-326.

23Procida Mirabelli Di Lauro, Antonino, La riparazione dei danni alla persona (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993), p. 227.

24Barros, cit. (n. 16), p. 324.

25Elorriaga, cit. (n. 14), pp. 137-138; y Barros, cit. (n. 16), p. 324.

26Así por ejemplo Enrique Barros engloba el perjuicio de sociabilidad, el perjuicio estético, el perjuicio sexual y el perjuicio de afecto familiar dentro del concepto genérico de perjuicio de agrado como gran categoría conceptual de daño moral junto al pretium doloris, sin perjuicio de reconocer que esta distinción no es tan nítida en la práctica a la hora de determinar la indemnización concreta. Véase Barros, cit. (n. 16), pp. 290-292.

27Barrientos, cit. (n. 3), p. 95.

28Corte Suprema, Rol 33.990-2016, sentencia de 27 de diciembre de 2016, “María Clarisa Quezada Gallardo con Colmenares Warner Limitada”, considerando quinto, pp. 3-4.

29Corral, cit. (n. 1), p. 21.

30Corral, cit. (n. 1), p. 22. A mayor abundamiento, cuando don Hernán Corral ha señalado que dentro de una acepción amplia de daño moral es incluible el daño corporal, opina que sí es posible entenderlo como un detrimento valorable en forma separada tanto de sus consecuencias pecuniarias como del daño emocional, en Corral, cit. (n. 14), p. 151. Por su parte, don Fabián Elorriaga sostiene que “el daño corporal tiene una entidad propia. Es un capítulo aparte que requiere de indemnización individual y que normalmente no ha sido considerado”, en Elorriaga, cit. (n. 14), p. 117.

31Ver nota N° 2.

32Diez, cit. (n. 22), pp. 122-123.

33Domínguez Águila, Ramón, Las Modalidades y la evaluación de la reparación, en Domínguez Hidalgo, Carmen (ed.), El Principio de reparación integral en sus contornos actuales. Una revisión desde el derecho chileno, latinoamericano y europeo (Santiago, LegalPublishing Chile-Thomson Reuters, 2019), pp. 499-500.

34Domínguez Hidalgo, Carmen, Los principios que informan responsabilidad en el Código Civil: versión y mirada del presente, en Domínguez Hidalgo, Carmen (ed.), El Principio de reparación integral en sus contornos actuales. Una revisión desde el derecho chileno, latinoamericano y europeo (Santiago, LegalPublishing Chile-Thomson Reuters, 2019), pp. 38-39.

35Domínguez, cit. (n. 35), p. 39. El fallo de causa Rol N° 33.990-2016 fue previamente citado en cita N° 24.

36Corte Suprema, Rol 34.836-2016, sentencia de 25 de abril de 2017, “Vallejos García Maricel, Cubillos Vallejos Alanis con Servicio de Salud Metropolitano”, considerando 17°, p. 14.

37Cárdenas Villareal, Hugo - González Vergara, Paulina, Notas en torno a la prueba del daño moral: un intento de sistematización, en Revista de Derecho UNED (2007), 2, p. 373.

38Cárdenas - González, cit. (n. 38), pp. 365 y 371.

39Ver cita N° 1.

40Barros, cit. (n. 16), p. 289.

41Domínguez Hidalgo, Carmen, El daño moral (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2002) II, pp. 701-702.

42Domínguez, cit. (n. 42), p. 703.

43Domínguez, cit. (n. 34), p. 500.

44Diez, cit. (n. 22), p. 123.

45Domínguez, cit. (n. 42), p. 703.

46Domínguez Hidalgo, Carmen, Contenido del principio de reparación integral del daño: algunas consecuencias, en especial para el daño moral, en Domínguez Hidalgo, Carmen (ed.), El Principio de reparación integral en sus contornos actuales. Una revisión desde el derecho chileno, latinoamericano y europeo (Santiago, LegalPublishing Chile-Thomson Reuters, 2019), pp. 121-122.

47Elorriaga, cit. (n. 14), p. 118.

48Domínguez Hidalgo, Carmen, Presentación general de los principios admitidos en Latinoamérica y Europa: Análisis de las respuestas europeas y latinoamericanas, en Domínguez Hidalgo, Carmen (ed.), El Principio de reparación integral en sus contornos actuales. Una revisión desde el derecho chileno, latinoamericano y europeo (Santiago, LegalPublishing Chile-Thomson Reuters, 2019), pp. 438-441; y Domínguez, cit. (n. 47), pp. 115, 119-120.

49Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 90715-2001, sentencia de 25 de julio de 2005, “Qte. Neira Ramos Alicia/Benavides Baez Bernardo”, considerando 8°, pp. 4-5. Confirmada por sentencia de Corte Suprema de fecha 6 de marzo de 2007.

50Barros, cit. (n. 16), p. 246.

51Corte Suprema, Rol 32.846-2018, sentencia de 20 de marzo de 2019, “Rojas con Fisco de Chile”, considerando Cuarto, pp. 2-3.

52Corte Suprema, Rol 24.757-2018, sentencia de 18 de febrero de 2019, “Comercial Lama Limitada con Servicio de Impuestos Internos VIII DR Concepción”, considerando 3°, p 2.

53Cárdenas - González, cit. (n. 38), pp. 373-375.

54Guasp, Jaime - Aragoneses, Pedro, Derecho Procesal Civil (7a edición, Navarra, Thomson Civitas, 2005), I, pp. 541-542.

55Corte Suprema, Rol 1.614-2017, sentencia de 4 de junio de 2018, “Constructora el Medano Limitada contra Municipalidad de Santiago”, considerando Cuarto, pp. 4-5.

56Botto Oakley, Hugo, La Congruencia Procesal: Principio Base para Una Teoría General del Procedimiento Civil: Planteamiento General en relación a la Prueba (Córdoba, M.E.L. Editor, 2006), pp. 157-158; y Guasp - Aragoneses, cit. (n. 49), p. 542.

57Lanata Fuenzalida, Gabriela, El Sistema de Recursos en el Proceso Laboral Chileno (2ª edición, Santiago, LegalPublishing Chile-Thomson Reuters, 2011), p. 203.

58Bordalí Salamanca, Andrés, El derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial en el ordenamiento jurídico chileno, en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 33 (2009), p. 266; Cea Egaña, José Luis,Tratado de la Constitución de 1980 (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1988), p. 309; Navarro Beltrán, Enrique, El Debido Proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano XIX (2013), pp. 140-141; Maturana Baeza, Javier, Sana Crítica. Un sistema de valoración racional de la prueba (Santiago, Thomson Reuters, 2014), p. 304.

59Maturana, cit. (n. 59), pp. 288 y 293.

60Alvarado Velloso, Adolfo, La prueba judicial. Reflexiones críticas sobre la confirmación procesal (Santiago, Librotecnia, 2009), p. 179.

61Maturana, cit. (n. 59), pp. 288 y 294; Taruffo, Michele, Apuntes sobre las funciones de la motivación, en Priori Posada, Giovanni (coordiandor), Argumentación jurídica y motivación de las resoluciones judiciales (Lima, Palestra, 2016), pp. 80-81; y Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 5 de agosto de 2008, “Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela”, pp. 22-23.

62González Castillo, Joel, La fundamentación de las sentencias y sana crítica, en Revista Chilena de Derecho 33 (2006), 1, p. 105.

63Por lo demás, cuando la sentencia finaliza indicando que de la prueba rendida no se observa descrédito alguno a la trabajadora, no se comprende qué utilidad tiene este alcance en circunstancias que el mismo juez ha reconocido que el tema del acoso moral u hostigamientos fue objeto de la otra causa de tutela, debiendo en esta causa determinarse si el empleador cumplió o no con lo exigido por el artículo 184 del Código del Trabajo, en Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, cit. (n. 5), considerando Quinto, p. 17.

64Cárdenas - González, cit. (n. 38), p. 374.

65Barros, cit. (n. 16), p. 320.

66Barros, cit. (n. 16), pp. 325-326.

67Ver cita N° 50.

68Domínguez, cit. (n. 47), p. 119; y Domínguez, cit. (n. 49), p. 440.

69Domínguez, cit. (n. 35), p. 41; y Cerón Sanchez, Javier, El Principio de reparación integral del daño, los baremos y los topes o límites indemnizatorios, en Domínguez Hidalgo, Carmen (ed.), El Principio de reparación integral en sus contornos actuales. Una revisión desde el derecho chileno, latinoamericano y europeo (Santiago, LegalPublishing Chile-Thomson Reuters, 2019), pp. 218 y 223.

Recibido: 12 de Junio de 2019; Aprobado: 27 de Noviembre de 2019

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