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Psicoperspectivas

versión On-line ISSN 0718-6924

Psicoperspectivas vol.16 no.2 Valparaíso jul. 2017

http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol16-issue2-fulltext-1021 

Artículos de Investigación: Sección Temática

Abriendo puertas y ventanas a una perspectiva psicosocial feminista: Análisis sobre la violencia de género

Opening doors and windows to a psychosocial feminist perspective: Analysis about gender violence

Pilar Albertín Carbó1 

1Universidad de Girona, Girona, España

Resumen:

En este trabajo se intenta explorar algunas claves en relación al conocimiento y el abordaje de la violencia de género (VG), teniendo en cuenta perspectivas feministas (queer, postcoloniales e interseccionales), desde un espacio disciplinar como es la psicología, concretamente la psicología social. El objetivo del presente análisis será presentar cómo las instituciones y sus intervenciones abordan el fenómeno de la VG, tomando para ello posiciones de la crítica psicosocial de género y feministas (sobre subjetividades y discursos). Los resultados se presentan a partir de la información sobre cuatro aspectos cruciales emergentes de tal análisis: a) el concepto de violencia de género o machista, b) la problematización del binarismo sexo/género en las relaciones de violencia, c) la construcción de identidades víctima-agresor y, d) las prácticas normativas de intervención institucional.

Palabras clave: discurso; feminismo; psicología; subjetividades; violencia de género

Abstract:

In this work we try to explore some keys in relation to the knowledge and approach of gender violence (GV) taking into account feminists perspectives (queer, postcolonial and intersectional), from a disciplinary space such as social psychology. The objective of the present analysis will be to present how the institutions and their interventions approach the phenomenon of GV, taking into account positions of the psycho-social critique of gender and feminists (on subjectivities and discourses). The results are presented from the information on four crucial aspects emerging from such analysis: a) the concept of gender violence or sexist, b) the problematization of gender binarism in violence relationships, c) the construction of victim-aggressor identities and d) normative practices of institutional intervention.

Keywords: dicourses; feminism; gender violence; psychology; subjectivities

La violencia de género (VG)1 sigue siendo un gran problema en la sociedad. Los movimientos feministas han sido pioneros en su denuncia y en plantear medidas de protección, así como en reivindicar los derechos e igualdades de las mujeres. Muchos países han elaborado e implementado leyes y normas, principalmente, para garantizar los derechos de las mujeres y sus hijos e hijas. Por ejemplo, en el 2004 el Parlamento de España aprobó una Ley Orgánica de Medidas de protección contra la violencia de género. A partir de la promulgación de esta ley se puso en práctica, una serie de medidas e intervenciones de cuyo cargo se hizo responsable el Estado, consiguiendo mejoras en la atención al problema, una gran visibilidad y una mayor concienciación del mismo en la población (Observatorio contra la Violencia de Género, 2016). Sin embargo, quedan muchas aristas por limar, dado que el fenómeno tiene una gran complejidad por los múltiples aspectos que lo configuran y arraigo social.

La declaración de la ONU de 1993 sobre la “Eliminación de la violencia contra las mujeres” define a ésta como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer”. Después, en la “Conferencia de Beijing” organizada en 1995 por la ONU es cuando se reconocerá públicamente que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos asimilable a la tortura que tiene que ser legalmente penalizada por los Estados. En España, el 1983 se crea el Instituto de la Mujer, en el momento que las políticas de igualdad toman una creciente importancia en la agenda política (Platero, 2008).

Platero analiza la evolución de los planes de igualdad y distingue tres generaciones. En el desarrollo de la primera y segunda generación, hay una representación homogénea de las mujeres, dirigiéndose exclusivamente a la mujer, nombrada en singular, como único grupo al que van dirigidas estas políticas. Las destinatarias de estas generaciones son mujeres heterosexuales representadas como un grupo homogéneo compuesto principalmente por madres y esposas. Es en la tercera generación cuando se concibe un concepto más plural de las mujeres2.

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, promovida por la tercera generación, permite implementar la directiva europea en empleo, lucha contra la discriminación y acoso sexual (especialmente en los entornos laborales), a pesar de ello, no introduce cambios transcendentales en los roles, en el papel de la sociedad y sus instituciones frente a la desigualdad (Platero, 2008).

En España, la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la VG, se ha centrado exclusivamente en la violencia que tiene lugar en las relaciones de pareja, dejando de lado otros ámbitos fundamentales, y se ha acabado concretando, a grandes rasgos, en la mejora a la asistencia a víctimas y el endurecimiento de las penas a agresores (Laurenzo, 2005). Es cierto que la ley se formula en términos de género, pero la aproximación al fenómeno y el conjunto de medidas que propone se presentan en función del sexo (Coll-Planas, García-Romeral, Moreno, & Navarro-Varas, 2008).

A partir de estos cambios en el marco socio legal, el termino violencia hacia las mujeres tomará diversas acepciones, pasando de denominarse “violencia doméstica” (en el seno de la familia, que puede darse de cualquiera de los miembros hacía otro miembro) a “violencia de género” (que indica la que se da en relación al género, y concretamente al género femenino), y “violencia machista” (aquella que comporta dominio y opresión desde una posición machista)3.

La intención inicial de la ley al pasar a llamarse violencia de género era la de destacar que desplazaba el foco de atención a la violencia ejercida hacia las mujeres por parte de sus compañeros agresores varones por el hecho de ser mujer (sexo) más mujer (género), y todo lo que ello significa. Se crearon, en su día, muchos debates en torno a ello, decidiendo, además, no invisibilizar otros tipos de violencia que reciben las mujeres por el hecho de ser mujer, como lo son las agresiones sexuales, efectos que se contemplarán en la ley catalana del 2008.

La ley en Cataluña 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, establece los mecanismos para contribuir a la erradicación de la violencia machista que sufren las mujeres. En este sentido, esta ley autonómica catalana da un paso más allá a la ley LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la VG estatal. Al igual que reconoce que el sistema social es el que sostiene y legitima el uso de la violencia estructural obstáculo para la autonomía y la libertad de las mujeres, esta ley concibe la violencia bajo diferentes manifestaciones, la mayoría de las veces de manera simultánea -violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual-, y en una variedad de ámbitos diferentes, tanto en el espacio público como en el privado en el que se producen: de pareja, familiar, laboral, social y comunitario. Además de la asistencia jurídica, desarrolla en entidades locales-autonómicas programas de atención psicosocial para facilitar el acceso a la vivienda, garantizar la formación ocupacional de las mujeres y la puesta en marcha de un fondo de garantía de pensiones para cubrir el impago de las pensiones alimentarias y compensatorias cuando haya una constatación judicial del incumplimiento y conlleve situación de precariedad. Así mismo, las mujeres pueden acceder a los recursos sin necesidad de denuncia o acreditación penal de la situación -como ocurre con la estatal-. Y cobra gran importancia la prevención en ámbitos educativos y en los medios de comunicación.

El Estado es quien visibiliza, gobierna y protege en relación a este problema, haciendo uso de instituciones como el sistema jurídico-penal, sistema socio sanitario, medios de comunicación y sistema educativo; desplazado a un segundo plano el componente de agitación y transformación social que hace unos años tuvieran las luchas de los movimientos feministas en contra de las agresiones4. Por otro lado, aunque los medios de comunicación “sacan a la luz” el problema de la violencia hacia las mujeres, acaban centrando su atención en noticias sobre asesinatos y casos de agresiones brutales, en los que las mujeres se convierten exclusivamente en víctimas sin voz, además de producir el efecto de que la violencia es sólo cosa de algunos y algunas.

Con todo ello, el objetivo del presente análisis será presentar cómo las instituciones y sus intervenciones abordan el fenómeno de la VG, tomando para ello posiciones e instrumentos de la crítica psicosocial de género y feministas (sobre subjetividades y discursos), que nos faciliten información sobre cuatro aspectos cruciales: a) el concepto de violencia de género o machista, b) la problematización del binarismo sexo/género en las relaciones de violencia, c) la construcción de identidades víctima-agresor y d) las prácticas normativas de intervención institucional.

Discursos y subjetividades desde una psicología feminista

En su trayectoria socio-histórica, la psicología feminista ha reproducido la exclusión de otras diferentes diferencias, siendo predominantemente una psicología de y para mujeres blancas, heterosexuales y de clase media-alta. Tal como apunta Dauder (2003) con su estudio sobre psicólogas feministas, aquellas que son lesbianas, negras, no-occidentales o con algún tipo de discapacidad y que además quieran dedicarse al estudio sobre los grupos que representan se han encontrado en situaciones de mayor marginalización y exclusión.

Por otro lado, aunque el feminismo de la diferencia ha cuestionado los estereotipos sexuales y prejuicios de género, introduciendo el análisis del poder y la influencia del contexto social (Unger, 1994), ha focalizado en exceso la idea de trabajar las desigualdades sexo-género en función de las “diferencias sexuales”, construyendo sujetos binarios (mujeres u hombres) caracterizados por sus componentes de feminidad y masculinidad.

Se trata entonces de tomar algunas medidas desde la psicología feminista que permitan mantener una auto-vigilancia sobre sí misma, un auto-cuestionamiento de sus prácticas, una auto-revisión constante para no caer en el conformismo y en una relación de poder autocomplaciente. Tomaremos por tanto estos elementos críticos junto con la propuesta de un análisis de los discursos sociales hegemónicos y la emergencia de subjetividades para explorar el fenómeno de la VG.

Los discursos sociales son lenguaje y práctica social, producidos y mantenidos por las instituciones. Generan valores y efectos de verdad (como diría Michel Foucault, 1976) y se inscriben en los cuerpos, construyendo subjetividades. Por tanto, los discursos entorno a las violencias de género o machistas serán explorados y tomados como marcos de gobernabilidad sobre el fenómeno.

Para explicar más detalladamente este hecho nos servirán las perspectivas de la psicología social feminista. Tomás Ibáñez (1983) nos explica que la psicología social estudia los procesos de articulación entre lo macrosocial y lo microsocial mediados por relaciones de poder basándose en Foucault. Entendemos por macro: la sociedad, lo estructural, sus instituciones; y por micro las personas, su subjetividad. Ambas instancias no son independientes entre sí, sino que están atravesada por las mismas líneas de fuerza configuradoras, de manera que en lo micro encontramos parte de la macroestructura social, así como la macroestructura configura lo micro.

Denominaremos a esta relación “relación entre poder y subjetividad”. Partiremos de la concepción foucaultiana sobre el poder estratégico (Foucault, 1976), que muestra como el poder es inmanente a las relaciones sociales y que no proviene de una autoridad jerárquica, sino que es producción de saberes. También nos basaremos en perspectivas feministas que introducen la idea de un orden y estructuración del mundo androcéntrica y patriarcal.

Siguiendo esta secuencia, puede establecerse la relación entre un orden imperante y que impregna y se incardina en lo más íntimo de los sujetos: su subjetividad. Margot Pujal (2003) define la subjetividad como:

... un entramado de significados, afectos, hábitos, disposiciones, asociaciones, percepciones resultante de las interacciones del sujeto y de cómo éste las interpreta / construye mediante los discursos y deseos… la subjetividad no proviene de una experiencia genuina e individual, es producida mediante el lenguaje y las interacciones sociales significativas (p. 139).

Así pues, la subjetividad queda configurada en sus más íntimos deseos, en sus necesidades, en sus decisiones, lo que Michael Foucault llama “prácticas de subjetivación” o Judit Butler (1997) denomina “mecanismos psíquicos del poder” por una dimensión auto-vigilante del sujeto, dimensión muy vinculada a procesos afectivos y emocionales. A pesar de ello, las personas pueden encontrar elementos de resistencia y transformación. Este trabajo se propone visualizar esos discursos y subjetividades hegemónicas y resistentes que fluyen a través de las instituciones, principalmente en España y algunas de Latinoamérica (Chile y Ecuador) (Arensburg, & Pujal, 2014; Guarderas, 2014).

Resultados

Sobre la conceptualización de la violencia de género o machista

La gran mayoría de discursos hegemónicos sobre la violencia han ido dirigidos a las agresiones hacia la mujer en el ámbito de la pareja. Silvia López (2011) comenta como otras formas de violencia han estado invisibilizadas, véase la prostitución forzada, la trata de mujeres, la mutilación de clítoris, los matrimonios forzados, o el acoso sexual en el entorno laboral5.

El análisis acerca de las violencias se ha tratado como un problema de algunas culturas, o un problema interpersonal, o como resultado de una personalidad, en lugar de abordarlo desde su condición socio histórica preexistente que crea desigualdades entre sexos/géneros y que es la matriz de las diversas violencias (Osborne, 2001). ¿Podríamos entonces plantearlas como un conflicto social donde mujeres, hombres y otras formas sexo/género somos socializados/socializadas y educados/educadas de forma desigual?

García-Dauder, Carmen Romero y Carlos Bargueiras (2005) en “El eje del mal es heterosexual”, afirman que en nuestras sociedades vigilar el género se utiliza para afirmar la heterosexualidad obligatoria y para ejercer el control de nuestros cuerpos. Rubin (en Solà, 2011) al analizar los sistemas de parentesco para dilucidar el origen de la opresión de las mujeres, llega a la conclusión de que la opresión de la homosexualidad nace del mismo sistema que determina la dominación de las mujeres. El sistema de parentesco crea y regula no sólo los géneros sino el tipo de sexualidad que debe darse entre ellos: la heterosexualidad. Se trata de un sistema de parentesco que comporta formas muy concretas de sexualidad organizada socialmente. M. José Cala (2011) también nos explica cómo vamos construyendo y “actuando” esa sexualidad (lo que Crawford denominó “doing gender” en 1995).

Este sistema, en el que las sexualidades son “organizadas socialmente, constituye la matriz socio histórica de producción de la violencia, una violencia simbólica o estructural, una violencia que pasa por el control de las prácticas, de los cuerpos, de la subjetividad de las personas, normativizando cada momento, cada paso de su historia de vida en función de la distribución de funciones asignadas al binomio femenino-masculino. Al asumir esas subjetividades normativas de femenino-masculino se pueden actuar comportamientos de dominación, opresión y violencia, o de sumisión, sufrimiento, según la condición sexual atribuida (hombre o mujer), asumiendo diferentes formas, según los contextos donde se producen.

Además, el ejercicio de la violencia (las violencias) se puede situar en un continuo, donde existen diferentes graduaciones, intensidades, que permiten o no su localización, su reconocimiento y la producción de malestar en la persona afectada (Albertín, Cubells, & Calsamiglia, 2009). De esta forma, la violencia ejercida-recibida podemos pensarla en un gradiente continuo en el que cada uno de nosotros y nosotras la ejerce o la recibe, en mayor o menor grado, según su contexto de vida y según algunas variables que vulnerabilizan o empoderan, especialmente la de sexo/género.

Pero este continuo es difícil de apreciar, porque los discursos hegemónicos sobre la violencia problematizan principalmente aquellas manifestaciones en gradiente más elevado, tales como la agresividad física y comportamientos violentos en extremo.

En los discursos hegemónicos que se manejan socialmente sobre la violencia, esta se define en general como algo muy negativo, y además como un “todo o nada”, invisibilizándose una violencia más sutil, sin considerar diferentes gradientes de un continuo, como serían los “micromachismos” (Bonino, 2004).

En la violencia de género que se da en las relaciones de pareja, por ejemplo, el panorama comienza a complejizarse cuando comienza a tenerse en cuenta la violencia psicológica y los micromachismos, pues resulta difícil trazar una línea divisoria clara dentro del gradiente que oscila entre un maltrato físico y una desigualdad o un comportamiento sexista o machista en las relaciones de pareja, aunque a efectos de localizar e intervenir, hay que poner límite dentro del gradiente, dependiendo del contexto social y particular donde se produzca esa violencia (Marugan, 2012). Por otro lado, como proponen José Manuel Muñoz y Enrique Echeburúa (2016), es importante diferenciar modalidades de violencia en la pareja siendo la violencia coaccional -y no la situacional- la que se identifica con violencia de género. Esta violencia coaccional se compone de un patrón de conducta violenta sistemático, unidireccional, más o menos sutil, continuado y de intensidad creciente (Rodriguez-Carballeira et al., 2005).

Mientras tanto, los discursos que dominan en los medios de comunicación, son aquellos donde se produce una espectacularización de la violencia, identificándola con daños físicos atroces y con muertes (Marugán, & Vega 2002). O en el sistema jurídico penal, donde se hace imprescindible la demostración de evidencias (pruebas empíricas a través de partes médicos de daños, de grabaciones telefónicas), con dificultades para que la violencia psicológica pueda ser mostrada y reconocida, así como con un efecto de criminalización-victimización de los y las personas implicados/implicadas en actos puntuales de violencia (Albertín et al., 2009).

Por tanto, todo lo anterior apunta a concebir el problema como individualizado y particular de las personas implicadas, y no como un problema que nos afecta a todos y todas en diferentes grados y contextos y según el sexo-género y otras variables que interaccionan con este. Es decir, se despolitiza el problema.

También comporta una imposibilidad de acción contra la violencia durante el proceso, ya que sólo hay fijación en el resultado final de esta violencia, lo cual no abre el campo a la escucha de situaciones que transitan con pequeñas dosis de violencia en el día a día que van minando a las personas y cronificando el problema; o bien no se actúa sobre el contexto donde se va produciendo, sino que se focaliza sobre las personas-individuos que la ejercen o que la reciben atribuyéndoles la causalidad de la misma.

La violencia psíquica se convierte en el “caballo de batalla” de la psicología, que intenta describirla con minuciosidad pero en muchos casos desligada del contexto de producción y de la interacción entre las partes que la ejercen (predominando un discurso que la explica por causas de personalidad, o trastornos psicopatológicos) (Bosch, Ferrer, & Alzamora, 2006).

También es preciso atender al hecho de cómo algunas mujeres violentadas acumulan y proyectan violencia hacia sus hijos (por ejemplo en Casas de Acogida), o mujeres casadas bajo un sistema de poligamia que sufren violencia y que, a la vez, también ejercen violencia hacia otras mujeres que comparten el esposo), o bien los propios hijos/hijas que han recibido violencia, cuando en algunos casos la devuelven hacia algún progenitor (violencia filio-parental), o hacia sus descendientes (ver Albertín, 2011; Albertín, Dorado, & Mates, 2015). Esto parece indicar que el daño que ha sido infringido se dirige hacia los más débiles y que a la vez, somos objeto y sujetos de violencia.

M. Jesús Izquierdo (2007) lo explica desde una perspectiva feminista:

... en una sociedad sexista en que las prácticas sociales conducen a la muerte civil de las mujeres dado que no cuentan, nos guardamos mucho de decir que las mujeres pueden ser dañinas en sus relaciones. ¿Qué pasaría con la división sexual del trabajo si admitiéramos que gran parte del maltrato en las relaciones interpersonales va de la mujer a las personas objeto de sus cuidados: las criaturas, los viejos y los enfermos? Resistirnos a contemplar la posibilidad de que las mujeres, además de cuidar pueden causar sufrimiento, es un modo de no poner en cuestión la división sexual del trabajo, ni la pretensión de que la mejor solución para la atención de las personas dependientes sea desplazando a la mujer, como ama de casa, este tipo de responsabilidades (p. 8).

En los discursos y prácticas dominantes ha sido escasa la atención dedicada hacia los hijos e hijas, que también sufren esa violencia (Lizana, 2012) o a las personas que conviven en esos contextos de violencia (tal es el caso manifestado por una mujer que convivía bajo el mismo techo con su hija maltratada y el esposo de la hija maltratada). ¿Por qué? La respuesta puede ser, de nuevo, que son ignorados los efectos del y sobre el contexto, así como el carácter procesual de la violencia (narrarla como un proceso a través del tiempo y no sólo cómo una consecuencia final -golpe, amenaza, etc).

Sobre la problematización del binarismo sexo-género

En los discursos-prácticas sociales que regulan instituciones y subjetividades predomina el binarismo en relación al sexo/género basado en dos polos: hombre-mujer que ignora o rechaza el reconocimiento y los derechos de otros estados intersexuales, lo que Preciado denominaría “sexualidades o identidades múltiples”. Para Pol Preciado (2002) es necesario y urgente desde un punto de vista político re-pensar el auténtico sentido de la dicotomía sexo-género (presentada convencionalmente como una relación natural), y entender dicha dicotomía como el resultado de aplicar un conjunto de dispositivos políticos e ideológicos. Sólo trascendiendo la dicotomía entre sexo y género se puede articular un discurso y una acción política que rompa con la labor normalizadora y mutiladora de la diferencia sexual.

En algunos discursos feministas se alude a la construcción social del binarismo sexo/género como una tecnología que contribuye a la naturalización de la violencia al sustentar la homogeneización de la masculinidad que se apoya en creer que todos los hombres están marcados por un mandato biológico-natural de “ser activos, fuertes, impulsivos”, y las mujeres construidas también por un estereotipo complementario “pasivas, sumisas, frágiles”. De aquí que se legitime el uso de la violencia como respuesta esencial al “mandato biológico innato” que impulsa al hombre a ser agresivo en sus reacciones o acorde con su naturaleza y consecuentemente, legitimar la autoridad de este sobre la mujer.

La crítica feminista queer ha sido definitiva en este cuestionamiento. Nos ofrece un nuevo terreno donde pensar cómo se configuran las identidades y cómo operan las opresiones a las que las personas que incumplen las normas de género (binarismo) se ven sometidas. Estas ideas dan visibilidad a nuevas formas de violencia, aquellas que genera una sociedad regulada por la norma heterosexual contra las mujeres y contra las minorías sexuales y de género (trans, lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, otros), contra las personas que escapan al género normativo y a la relación obligatoria impuesta entre sexo/género/deseo (Arisó, & Mérida, 2010; Solà, 2011).

Miriam Solà (2011) considera la cuestión de la transexualidad como un fenómeno relacionado con el poder, el cuestionamiento de las normas sociales de género binario que nuestra sociedad ha naturalizado e institucionalizado en la modernidad. Para Eunate Cearra (2013), aunque no sea el machismo lo que motiva la mayor parte de violencias que se ejercen en las relaciones lesbianas, sí que en algunos casos la homofobia (intolerancia y fobia a la condición LGTBI) es una de las causas de violencia en relaciones lesbianas, expresión de la dominación patriarcal. La otra, es la asunción de los modelos machistas de relación y romanticismo dentro de una relación LGTBI.

Tal como comenta Christine G. Ferrer (2013, p. web):

En tanto que las lesbianas hemos sido socializadas en una cultura - neoliberal - basada en el modelo de la heterosexualidad obligatoria, la monogamia, el ideal del amor romántico y donde el concepto de familia se basa en roles jerárquicos, naturalizamos este modelo y, por tanto, somos susceptibles de reproducirlo. Sin embargo, hay que señalar que, a diferencia de la violencia de los hombres hacia las mujeres donde su violencia viene “avalada” por este sistema heteropatriarcal y donde mantienen unos privilegios a nivel personal y a nivel colectivo (como parte del grupo dominante), en las relaciones donde existe maltrato ejercido por lesbianas pocas veces se tienen ventajas a nivel estructural, aunque sí se obtienen beneficios a nivel individual.

Existen discursos críticos a la ley española integral 2004 dado que esta ley toma como primordial el sexo de los/las implicados/implicadas, y no una perspectiva de género, pues si fuera así, no tendría el sesgo heterosexista que la caracteriza, y por tanto, sería una ley que tendría que proteger a las personas en situaciones de subordinación respecto de su pareja independientemente del sexo de ambos6 (Solà, 2011).

Gerard Coll-Planas et al. (2008) también comparten esta idea de la ley, dicen que la ley destaca la consideración de las mujeres como víctimas y los hombres como agresores, pero, mantiene un esquema patriarcal al pensar sólo en términos heterosexistas o de categorías sexuales: hombre-mujer. Además, estas categorías son construidas como conjuntos estereotipados homogéneos, sin considerar condiciones como la edad, la etnia, la clase social, etc.

La construcción social del binomio se extiende a agresor y víctima (como veremos en el apartado siguiente). A partir de la ley se atribuye el uso y el monopolio de la violencia a los hombres (hombre-agresor) y la pasividad a las mujeres (mujer-víctima). En la medida en que se asigna a las mujeres una posición fija de pasividad, el Estado asume el papel activo de protección de éstas -pretendidamente desvalidas y no violentas- frente a los hombres violentos. La relación que las mujeres tienen con la violencia se limita al papel de sufrirla, lo cual las coloca en una posición infantil y, por ello, dependiente de la actuación del Estado. Desde esta lógica, no se trata de sacar a la mujer de esta posición o, como mínimo, cuestionarla, sino de castigar al agresor.

Así pues, la problematización del binomio sexo/género, constituye uno de los paradigmas que actualmente está en revisión. Olga Arisó y Rafael Mérida (2010) refiriéndose a la/las VG a través de los distintos periodos del movimiento feminista, llegan a concluir y a dar un giro, hablando en la actualidad no de la violencia de género, sino de cuál es el género de la violencia, y dicen:

... ya no debiera referirse exclusivamente a la que padecen las mujeres pues, aunque implícita, la violencia de género de la que trata nos afecta a todas y a todos en tanto que, al nacer, se nos impone una identidad con un género que modula y modela nuestro cuerpo sexuado, una identidad que, aunque ficticia, nos obliga a aprender e interpretar, y a representar, un guion pre-escrito bajo un rol normativo. Una idea que comporta de forma inherente a su enunciado que la violencia de género no es solo “cosa de mujeres”, o de aquellas personas que intentan construir sus vidas en los márgenes de los dictados de una cultura sexual hegemónica, sino que afecta a todos los seres humanos con relación al contrato social que nos hemos otorgado (p. 128).

Sobre la construcción de la víctima y el agresor

En este apartado se problematizan las categorías creadas por la institución jurídico-penal, concretamente las de víctima-agresor, las cuales hemos visto como conectan y se articulan con las categorías sexuales binarias.

La formación y focalización en las categorías víctima o agresor, responde a una estrategia discursiva en donde proliferan discursos que intentan ordenar, clasificar, orientar, controlar, una serie de rasgos y variables conformadoras de cada categoría para aplicar un tratamiento específico. De ahí que tengamos: perfiles de víctima o de agresor, descripciones de sus características, aplicación de técnicas terapéuticas, elaboración de programas de seguimiento, soporte psicológico, recursos materiales, etc. atribuyendo la causalidad al perfil psicológico y desviando la atención de la matriz o raíz estructural de la violencia (Bodelón, 2012).

En palabras de M. Jesús Izquierdo (2007):

Al denunciar los malos tratos a las mujeres, tienen lugar dos hechos que refuerzan la desigualdad entre los sexos. Por un parte se individualiza el problema por el modo en que se denuncia. En la medida en que se centra en el agresor, se produce la negación de los aspectos estructurales de la desigualdad social de las mujeres. Por la otra, se alimenta la concepción de la mujer como un ser pasivo y dependiente, necesitado de protección… Muchas veces, al rechazar con tanta virulencia a los hombres que llevan el maltrato al límite, no se están tomando medidas contra el patriarcado, cuyas bases estructurales quedan intactas, sino contra aquellos hombres que lo hacen evidente, que son precisamente los que han perdido el poder patriarcal (p. 5).

Es preciso detenernos en esos procesos de categorización que se hacen servir para atribuir rasgos a los/las sujetos de cada categoría: víctima y agresor. Estos procesos oscilan entre la esencialización-naturalización, la socialización y la homogeneización (Cubells, Calsamiglia, & Albertín, 2010a). La esencialización-naturalización responde a crear una causa-efecto entre factores biológicos y/o psicológicos de la persona y la VG. Véase cuando se comenta: “esa mujer tiene un alto grado de dependencia para no abandonar una situación abusiva”, “el agresor necesita realizar una terapia de control de impulsos”.

La socialización responde al hecho de que la violencia de género puede explicarse como producto de creencias religiosas, culturales o grupales, o circunscrita a colectivos proclives, faltos de ciertas habilidades o vulnerables por cuestiones de socialización/origen, o incluso con un bajo nivel formativo o adquisitivo. Expresiones como: “es frecuente que ese tipo de hombres beban y peguen a las mujeres cuando llegan a casa” o “las mujeres de esa cultura son muy liantas”.

La homogeneización es el proceso por el que todos/todas los/las componentes de esa categoría responden a un prototipo: víctima pasiva y sumisa-agresor posesivo e impulsivo. Si alguien no responde a esos prototipos se levanta la sospecha de si estará diciendo la verdad, si es creíble o no, si está manipulando o engañando al sistema, que especialmente ocurre con las mujeres, foco imperante de escrutinio por parte del sistema penal y psicológico. En cambio cabe extrañarse de los pocos discursos que funcionan hablando de “como recoger el testimonio del agresor“ y especialmente, de “cómo se siente frente a la violencia ejercida”.

Las categorías de víctima y victimario son estigmatizantes y criminalizadoras, no obstante, como cualquier categoría puede ser reivindicada temporalmente para tener “agencia” (la persona que agrede o padece violencia es capaz de reconocer, tomar conciencia y objetivar que la violencia proviene de una relación, de una forma de estar en el mundo), y para tener visibilidad y eco social (las personas implicadas pueden reivindicar ayuda, recursos, medidas de control, etc., la sociedad también). En este sentido es preciso incorporar discursos como el de Cobb cuando habla de recuperar la categoría de víctima (reconocimiento), para después superar esta categoría, traspasarla y llegar a abandonarla en el proceso de recuperación (Cobbs, 1997).

Llegado a este punto habría también que recobrar discursos y prácticas que nos hablan de otras formas de establecer identidades o subjetividades no categóricas. Hay dos perspectivas provenientes del feminismo que pueden ayudar en esta tarea:

a) Por un lado el uso de una perspectiva interseccional, o como denomina Lucas Platero (2014), los agenciamientos y articulaciones procedentes de diferentes fuentes estructurales de desigualdad social, para comprender como mantienen relaciones recíprocas (el género, la etnia, la clase social, la edad, la diversidad funcional, determinadas situaciones, etc. que tiene esa persona). Así, en el caso de la mujer que padece violencia, es necesario considerar la intersección de ejes estructurales que confluyen configurando una condición de ser y por tanto, de vivir la violencia. Así por ejemplo, la vulnerabilidad y los recursos de esa mujer frente a la violencia estarán relacionados con dimensiones como estar adscrita a la categoría mujer-gitana-de clase social baja-mayor y diversidad funcional, o a la categoría mujer-blanca-de clase social alta-joven, etc. A pesar de que se continúan recurriendo a ciertas categorías opresivas, esta forma también contribuye a trastocar categorías homogéneas como “mujer que sufre violencia” y capturar las múltiples relaciones entre las diferentes dimensiones significativas de las estructuras de poder. Siempre con la precaución de no acabar construyendo al otro/otra como una nueva categoría social.

b) Por el otro, una perspectiva que focaliza la mirada en las afinidades entre las personas, entre mujeres, tomando la categoría “mujer” como una condición política y temporal para la acción frente a las opresiones en su experiencia cotidiana (Amorós, 1987). En este sentido, las mujeres como colectivo susceptible de ser vulnerabilizadas por condiciones contextuales y estructurales específicas que las hacen más proclives a ser blanco de VG, y porque se reconocen en su condición común de padecerla y combatirla.

Silvia Gil (2014) dice que la hermandad debe forjarse en el análisis y práctica política dentro de circunstancias históricas concretas. Las coaliciones estratégicas que construyen identidades políticas de oposición para sí mismas están basadas en uniones provisionales, pero el análisis de estas identidades de grupo no puede basarse en categorías universalistas y antihistóricas.

Ante la diversificación de opciones, realidades y sujetos, la política debe hacer no de la unidad, sino de lo común su materia prima, situándose en una difícil tesitura: construir articulaciones y redes entre diferentes, abrir procesos extensos en los que pueda nombrarse la experiencia común producto de la vida compartida e imaginarla desde otros criterios ético-políticos. Para ello, es necesario, por una parte, una política de la escucha, la atención y el aprendizaje que permita descubrir lo que hay de común en la experiencia cotidiana. Aquellos lazos, más o menos elaborados, que compartimos, querámoslo o no, con otros por el hecho de existir, dada nuestra condición de vulnerabilidad (p. 7).

Sobre las prácticas normativas de la intervención institucional

Se trata de instituciones como el sistema jurídico-penal, psicosocial, medios de comunicación, etc. Estos sistemas disciplinarios de saber-poder, se conforman por disciplinas científicas que son aprehendidas para configurar los límites de la normalidad, de la inclusión-exclusión de los sujetos en la sociedad a través de prácticas que lo hacen posible. Establecen alianzas, complicidades (Foucault, 1970) a partir de las cuales definen los sujetos-objetos de intervención, así como qué y cuáles son los problemas sociales.

En el trabajo de Jenny Cubells, Pilar Albertín y Andrea Calsamiglia (2010b) se aborda el dominio de dos repertorios interpretativos7 que caracterizan las prácticas del sistema jurídico-penal hacia la violencia de género y las mujeres implicadas: a) el “repertorio empiricista” y b) el “repertorio profesionalizador”.

El “repertorio empirista” se nutre del carácter de objetividad, verdad e imparcialidad que la ciencia legal le aporta a las prácticas que se ejecutan en tribunales y dependencias policiales, donde víctima y victimario están ausentes como entidades con agencia. Este repertorio tiene una función de objetividad: mostrar evidencias, búsqueda de pruebas, seguimiento de protocolos y rutinas, dejando de lado la parte emocional, pues sería “contaminante en el proceso” (incluida tanto en los hechos relatados por la víctima, como en la interpretación de esos hechos por los agentes). Ello transmite la idea de que estamos frente a un método objetivo, capaz de conocer la “realidad objetiva”, pero a la vez incapaz de comprender a las personas que atiende.

El “repertorio profesionalizador” donde el saber técnico y el saber basado en la praxis profesional (legitimado por la experiencia, la simplificación a través de indicadores, perfiles, el seguimiento de modelos y casos de referencia), se prioriza sobre el saber teórico o el saber de los/las usuarios/usuarias. Toma como referente la figura del profesional (quien posee el saber de experto/experta y el saber práctico por excelencia) y ello produce un efecto que es situarse en una posición de poder frente al saber o conocimiento de personas que acuden por experiencias de violencia. También se reclama una compartimentación de los espacios de intervención para cada tipo de profesional, que revierte en una fragmentación de las intervenciones. Se establecen modelos de intervención, como guías y protocolos de acción, en ocasiones desde una visión muy etnocéntrica. El uso de “casos” homogeneiza y estandariza las intervenciones, impide la adaptación a la variabilidad de situaciones, diversidad de usuarios/usuarias e innovar otras formas de intervención.

Desde otra perspectiva desde políticas públicas, Begoña Marugán y Cristina Vega (2003) señalan como el Estado ha externalizado gran parte de la atención a la VG generando un vínculo más cómodo y ágil que descansa, además de en las asociaciones, en un sin número de empresas subcontratadas que van rotando el tipo de servicios ofertados de atención a las mujeres, pero que en muchas ocasiones aplican prácticas tecnificadas y despolitizadas, donde se facilita un soporte paternalista o asistencialista más que un espacio de derechos y deberes de los/las sujetos.

Con la aplicación de la ley integral 2004 en España, también se ha asistido a un fenómeno de progresiva judicialización de la violencia. Larrauri (2007) apunta a que a pesar de que en los discursos institucionales no se confía en la mera represión vía derecho penal como única solución, sí parece existir cierto consenso en la sociedad sobre la necesidad de ampliar y endurecer los tipos penales y exigir una contundente y severa aplicación de la ley (tolerancia cero). Entre otras razones, porque la percepción de la ciudadanía es que el castigo tiene un ejemplar valor simbólico, ya que aquellas conductas que no están penadas no parecen especialmente graves.

En cuanto a los discursos provenientes del sistema psicosocial y de la salud, hay un frecuente intento de delimitar los múltiples factores que podrían explicar por qué la mujer se mantiene en la relación abusiva. Para ello se apela a la noción de “barreras internas”, esto es, aquéllas desarrolladas como consecuencia de vivir en una situación de maltrato: sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, miedo, desvalorizaciones interiorizadas, desánimo, etc. Sin embargo, en muchas de estas propuestas se obvian o ignoran las “barreras objetivas/externas”, por ejemplo: presiones familiares y sociales, peligro real de incremento de la violencia con la decisión de terminar la relación, falta de servicios sociales eficaces o accesibles, dificultades económicas, desinformación; victimización secundaria, barreras construidas por el propio maltratador (por ej. aislamiento del entorno) (Ferrer, & Bosch, 2005; Villavicencio, 2001). La dificultad parece estar en establecer y mantener una relación dialéctica y compleja entre ambas cuestiones.

Predominan en los discursos y prácticas de atención psicosocial, explicaciones basadas en la noción de “autoderrota”, la cual según Paci y Romito (en San Martín, & González, 2014) sigue estando presente en el discurso de la atención social y de la salud sobre la violencia de género; o los modelos explicativos de la “codependencia” según el cual las personas se mantienen al lado del agresor por una necesidad psicológica que cubre sus necesidades profundas. Estas nociones priorizan una lectura intrapsicológica, patologizante y apolítica con importantes consecuencias en la construcción de la mujer que enfrenta la violencia. Otra forma de plantearse la terapia sería, como indican Conchi San Martín, y Alba Gónzalez (2014):

... las mujeres que enfrentan la violencia explican algunos de sus motivos para haber continuado la relación: la falta de apoyo social; los consejos y/o presiones de familiares y amistades para continuar la relación; el intento de apaciguar al agresor para proteger a las/os hijas/os; el miedo a su reacción … ella descubre ante los demás su otra cara: el no querer dañarle; el no encontrarse preparada; el sentir que otras personas no le creen; el pensar que se puede curar al otro; el sentirse confusa; lo difícil de reconocer las humillaciones cuando el otro es alguien que dice quererla…; la vergüenza por reconocer y admitir las agresiones (p. 411).

Leonor Cantera (2004) cuestiona tres modelos psicológicos que intentan explicar las dificultades de la mujer para abandonar la situación abusiva: a) el conductista (alternancia entre episodios de arrepentimiento del agresor con otros episodios de violencia que hacen que la mujer acabe indefensa). Este modelo descontextualiza y patologiza la violencia; b) el cognitivo-racional (síndrome de Estocolmo, teoría del ciclo de la violencia8), cuestionado porque no funciona con víctimas que se resisten a resignarse, y c) el de los déficits cognitivos, porque sus prácticas ponen el acento de forma extrema en las dificultades e inoperancia de las mujeres que sufren el maltrato, así las “distorsiones cognitivas” de la víctima -fruto de la agresión- se ponen en relación a sus déficits en las habilidades de solución de problemas que a su vez contribuyen a explicar que no abandone la relación.

En algunos trabajos se propone una mirada desde la perspectiva de género, que pueda aportar más flexibilidad y capacidad crítica y reflexiva a la actuación profesional en las instituciones (Bodelón, 2012; Cubells et al., 2010a, 2010b; Larrauri, 2007). Esta mirada destaca: el priorizar la experiencia subjetiva de la víctima y de los demás agentes; la comprensión situada en un marco socio histórico del proceso de las violencias, y la importancia del soporte social.

Conclusiones

El análisis y comprensión de los discursos sociales y las subjetividades desde una perspectiva psicosocial de género o feminista comportan una serie de consecuencias en la definición y construcción del fenómeno de la VG y las categorías identitarias.

Los discursos hegemónicos y las categorías identitarias dominantes indican:

- el reconocimiento de una estructura social desigual para mujeres y hombres, aunque continúa esgrimiendo razones individuales con gran peso para explicar la violencia. Así mismo, estas violencias se presenta de forma extrema, en sus gradientes máximos y como un resultado (no como un proceso) para ser penalizadas social o jurídicamente, culpabilizando a quienes las ejercen y vulnerabilizando a quienes las reciben,- el uso del el binarismo sexo/género en términos de hombre-mujer, como únicos estados sexuales reconocibles y con estatus de derechos, desconsiderando otras violencias producidas por razón de sexo/género, como la homofobia, lesbofobia, transfobia u otras fobias a estados intersexuales.

- la construcción de categorías sociales de víctima y agresor utilizando procesos de esencialización-naturalización, socialización y homogeneización. Estos procesos tienen efectos de estereotipar y estigmatizar a las figuras de víctima y agresor con los consecuentes problemas de identidad para la recuperación de estas personas.

- el uso de esquemas rígidos de intervención, caracterizados entre otros, por el uso de protocolos donde no caben registrarse ciertos procesos, la frecuente existencia de prejuicios sociales en la orientación y desarrollo de la intervención, la excesiva tecnocracia y el predominio de una lectura intrapsicológica, patologizante y apolítica de la violencia.

Las resistencias a dichos discursos y subjetividades, compartidas por la posición comprometida de quien escribe este texto, muestran que:

- es necesario partir de la condición estructural socio histórica de las desigualdades de género como raíz de las violencias, y a la vez, considerar contextos particulares y situados de las personas para intervenir. La VG tiene diferentes manifestaciones, gradientes y es un proceso, no un producto final.

- existen múltiples subjetividades implicadas en la experiencia de violencia, las cuales responden a condiciones interseccionales y contextuales (sexo-género, etnia, raza, clase social, edad, diversidad funcional, etc), lo cual implica un tratamiento parcial y situado de la VG.

- la acción debe articularse en base a lo que nos une, y no tanto a lo que nos diferencia, es decir, promover “lo afín” (afinidad) para actuar, entendido como el espacio colectivo, aquel espacio en que lo común es la experiencia de violencia y su eliminación, y no las caracterizaciones basadas en la categorización.

- el conflicto con los esquemas estereotipados de intervención institucional y profesional, basados en protocolos o modelos de intervención, requiriéndose un constante replanteamiento reflexivo y crítico, intentando trabajar sobre los factores protectores contra la violencia, y “abriendo puertas y ventanas a la perspectiva de género y feminista”.

Financiamiento

Proyectos de Investigación Fundamental en el Marco del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. Ministerio de Ciencia e Innovación [España]. FEM2011-29149

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1Utilizaremos violencia de género porque se analiza el fenómeno desde el tratamiento que se da en las instituciones, a pesar de que entendemos que se trata de una violencia machista, es decir, que ambos términos se consideran equivalentes para denominar a esta violencia.

2En esta tercera generación destacan como pioneros el III Plan Canario de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2003-2006), el III Plan de Acción Positiva para las Mujeres de Euskadi (1999) (acciones contra la lesbofobia) y el V Plan de Acción y Desarrollo de las Políticas de las Mujeres de Cataluña (2005-2007) (inclusión de mujeres gitanas, mayores, lesbianas, migrantes).

3La ley en Cataluña 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Departament d´acción social i Ciutadania (2008).

4El espacio reivindicativo que comienzan a desarrollar algunas asociaciones a finales de los 70 (por ejemplo las Comisiones Anti-Agresiones), se transformará en los 90 en un espacio de atención o asistencial dirigido a las víctimas (espacio inexistente con anterioridad) más o menos autónomo con respecto a las instituciones, llegando a consolidar su posición y su dependencia con relación a las mismas (Marugán, & Vega, 2003).

5Ya hemos comentado que la ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, de 2008 lo hace explícito proponiendo medidas para su intervención.

6En la Ley catalana el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista de 2008 se apela al sexo de las víctimas, pero en su definición del problema y en las medidas que propone para resolverlo no se rige tanto por el sexo sino por el género (incluye a las víctimas que son transexuales femeninas), lo cual es un avance significativo en la nueva dirección que se propone (Solà, 2011).

7El término “repertorio interpretativo” acuñado por Potter y Wetherell (Gordo y Linaza, 1996) para señalar las distintas versiones o variaciones que adquiere el discurso de los interlocutores de una interacción social y que indican determinadas funciones del lenguaje, o usos del lenguaje para la acción (el lenguaje hace cosas, no solo representa).

8La teoría del ciclo de la violencia (Walker, 1984) es uno de los modelos más empleados en intervención, y permite identificar y describir las dificultades que pueden encontrar las mujeres al creer, por ejemplo, que si el agresor se disculpa las cosas cambiarán y podrá repararse lo dañado o que el deseo de salvar la relación puede hacer que se minimice o racionalice la problemática.

Recibido: 18 de Febrero de 2017; Aprobado: 30 de Junio de 2017

Autor para correspondencia: Pilar Albertín Carbó, e-mail: pilar.albertin@udg.edu

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