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Revista chilena de derecho privado

versión On-line ISSN 0718-8072

RChDP  no.28 Santiago  2017

http://dx.doi.org/10.4067/s0718-80722017000100307 

Comentarios de Jurisprudencia

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD CIVIL

Patricia López Díaz1 

1Profesora de Derecho Civil Universidad de Valparaíso

Indemnización de daños autónoma por incumplimiento contractual. Vencimiento del término esencial. Infracción de obligaciones de advertencia. Daño moral y esfera de protección del contrato. Corte Suprema, 14 de noviembre de 2016, rol 5746-2016. Cita en línea Legal-Publishing CL/JUR/7557/2016.

Con fecha 14 de noviembre de 2016, la Corte Suprema, conociendo de un recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en Bustos con Lombardi, acogió la indemnización de daños por cumplimiento imperfecto de un contrato de servicios de banquetería, invocando el principio de reparación integral y el criterio de normalidad, confirmando así el razonamiento de primera instancia que, en su momento, admitió dicha pretensión indemnizatoria.

Esta sentencia reviste importancia, al menos, por tres razones. En primer lugar, porque se trata de un caso en que, indiscutidamente, el interés del acreedor solo puede satisfacerse a través de la sola indemnización de daños, dado que se requiere la ejecución de la prestación en un espacio de tiempo determinado, esto es, dentro de un término esencial, de modo que demandar el cumplimiento posterior o la resolución del contrato resulta inoficioso. Por otro lado, permite constatar la vulneración de una obligación o deber propio de los contratos de servicios, cual es, la de advertencia, explorada en la doctrina comparada1, pero que, a la fecha, no ha concitado la atención de la nues-tra2 y cuyas consecuencias conviene examinar. Por otra parte, evidencia la necesidad de recurrir a la esfera o fin de protección del contrato para justificar la indemnización de los daños derivados de incumplimiento, en particular tratándose del daño moral.

Y es que, como pretendemos demostrar en este comentario, resulta altamente conveniente acudir a figuras acuñadas por el movimiento de modernización del derecho de obligaciones y contratos que ha venido consolidándose en la última década en el Derecho europeo, tales como: el vencimiento del término esencial, la esfera de protección del contrato y la infracción de las obligaciones de advertencia, para argumentar, más acabadamente, la procedencia exclusiva de la indemnización de daños por incumplimiento de un contrato de servicios

Para alcanzar este propósito, lo dividiremos en tres partes. Primeramente, referiremos los hechos y los calificaremos jurídicamente. A continuación, se expondrá el razonamiento de la Corte Suprema y los argumentos que invocó para sustentarlo. Por último, se constatará que dicho análisis podría haber sido más contundente, si se hubiera recurrido a las figuras referidas precedentemente, cuyo sustento dogmático y normativo, tratándose del vencimiento del término esencial3 y la esfera o fin de protección del contrato4, ha sido precisado por la civilística nacional reciente, en más de una ocasión.

I. Los hechos: el incumplimiento imperfecto del servicio de banquetería

El 14 de diciembre de 2013, Macarena Andrea Bustos Valdés celebró un contrato con María Inés Lombardi Aranda en virtud del cual, la primera se obliga con la segunda a realizar el día 8 de noviembre de 2014, el banquete de matrimonio de esta última, describiendo pormenorizadamente la carta de productos, los servicios adicionales y las condiciones específicas a que quedó sujeta la contratación, estipulándose el pago de una suma total de $4.498.150.

La prestación contratada, de conformidad a la cláusula tercera, comprendía los siguientes servicios: cóctel de bienvenida y cena detallada en el contrato para un total de ciento veinticuatro personas, servicio de video, música, animación, decoración, fotografía digital profesional, confección de partes, recuerdos y torta del matrimonio, confirmación de invitados y entretención de estos a cargo de un mago durante el cóctel y postre.

Sin embargo, el día del evento, no se prestó la totalidad de los servicios referidos, motivo por el cual Macarena Bustos demandó la indemnización por incumplimiento, solicitando como daño emergente $4.428.150 (equivalente al valor pagado por el servicio contratado), más $5.000.000 por daño moral, o las sumas que judicialmente se determinaran, con costas. El tribunal de instancia tuvo por contestada la demanda en rebeldía de Macarena Bustos, acogió dicha pretensión y, a pesar de indicar que el servicio prestado fue distinto e inferior al debido (mas no inexistente), con fecha 9 de octubre de 2015, la condenó a pagar la totalidad de la suma solicitada por concepto de daño emergente, y $1.000.000 por daño moral, más reajustes, intereses y costas5.

Frente a esta resolución adversa, la demandada interpuso recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tribunal que, con fecha 10 de diciembre de 2015, desestimó la pretensión indemnizatoria, aduciendo, en el considerando segundo que, del análisis de la prueba aportada

"no consta la entidad ni la gravedad de las supuestas contravenciones contractuales que se imputan a la demandada".

Agrega, además, en el considerando siguiente, que la actora no probó

"un incumplimiento grave de las obligaciones impuestas en el contrato que acredite la indemnización solicitada por ésta".

No obstante, admite la existencia de un cumplimiento imperfecto, consistente en la actuación del mago solo durante el cóctel, ausencia de sillones lounge, falla del data show y la no entrega del álbum fotográfico con sus ampliaciones y del video del matrimonio6, inejecución que, indiscutidamente, es uno de los requisitos de la indemnización.

Y es que, como lo ha precisado nuestra dogmática en los últimos años7, la gravedad o entidad del incumplimiento constituye una condición de procedencia de la resolución contractual, mas no de la indemnización de daños. De allí que, como precisaremos más adelante, la Corte Suprema, acoja el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante, y reitere, una vez más, cuáles son los presupuestos que deben concurrir para impetrar la pretensión indemnizatoria.

Con todo, debe destacarse que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones evidencia que ha superado la interpretación literal del art. 1489 del Código Civil que, por más de un siglo, instaló en la jurisprudencia, incluso tratándose de las obligaciones de hacer -a pesar de lo preceptuado en el numeral 3 del art. 15538-, el dogma de la dependencia o accesoriedad de la indemnización respecto del cumplimiento y resolución, y que dicho tribunal9, hasta la sentencia pronunciada en Muñoz Cerda con Massu Massu el 8 de agosto de 201210, mantenía incólume, a pesar de que la Corte Suprema había enmendado ese criterio desde el 2007 en Transportes Aeropuerto Express Ltda. con LADECO S.A.11

Atendido que la exigencia de gravedad del incumplimiento no está contemplada como requisito de la indemnización de daños, la actora interpuso un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema por infracción de los arts. 1698 y 1547 inc. tercero del Código Civil, denunciando vulneración de las normas reguladoras de la prueba, aduciendo que, al afirmar los sentenciadores que la prueba rendida era insuficiente para establecer la gravedad y entidad de los incumplimientos de la demandada, está trasladando la carga de acreditarlo a la demandante, en circunstancias de que corresponde, a la primera, probar el cumplimiento diligente de su obligación. Por otro lado, indica que se han trasgredido los arts. 1545, 1546 y 1556 de dicho cuerpo normativo, pues, si bien el tribunal estableció que existió un cumplimiento defectuoso o imperfecto, no lo consideró al momento de determinar si procedía la indemnización, de modo que, al negarla, los jueces de segunda instancia modificaron el contenido del contrato, ya que excluyeron de él todas las obligaciones incumplidas.

Tal recurso fue acogido por la Corte Suprema con fecha 14 de noviembre de 2016, invalidando el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por los argumentos que abordaremos en el próximo apartado, y dictando a continuación, separadamente y, sin nueva vista, sentencia de reemplazo. En dicha sentencia, confirma aquella pronunciada en primera instancia, en lo que concierne a la procedencia de la indemnización del daño emergente y daño moral, rebajando la cuantía del primero, toda vez que fue equiparado al precio pagado por el servicio de banquetería, en circunstancias de que el incumplimiento no fue total o absoluto.

II. La argumentación de la Corte Suprema para admitir la indemnización y determinar los daños indemnizables.

Una primera cuestión que aborda para pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación en el fondo es la procedencia de la indemnización, que justifica a partir del incumplimiento, los principios de buena fe contractual e identidad del pago y los presupuestos de la indemnización de daños. La segunda, en tanto, se refiere a los daños indemnizables e invoca, para determinarlos, la reparación integral del daño y el criterio de normalidad. En ese mismo orden las examinaremos.

1. El incumplimiento, el principio de buena fe contractual e identidad del pago como argumentos para justificar la procedencia de la indemnización

A partir del considerando séptimo, la Corte Suprema comienza a pronunciarse sobre la infracción de los art. 1545, 1546 y 1556 del Código Civil, denunciada por el recurrente, concluyendo que, efectivamente, la Corte de Apelaciones, incurrió en error de derecho.

En primer término, señala que ha existido incumplimiento, agregando que el principio de buena fe permite dilucidar el contenido de las obligaciones estipuladas en un contrato y, seguidamente, que los sentenciadores han exigido que concurra un requisito propio de la resolución, cual es la gravedad del incumplimiento, en circunstancias de que debían pronunciarse respecto de los efectos del cumplimiento parcial o imperfecto acreditado en autos. Así, expresa, en el considerando séptimo:

"La prestación del servicio pactado constituye el elemento objetivo de la obligación, ya que es lo que se debe, y el incumplimiento viene dado por la falta de satisfacción de lo debido, ya sea total o parcialmente. Así, es el contrato el que determina la forma en que debe cumplirse la prestación, de modo que todo aquello que no satisfaga los requerimientos que allí se estipulan constituye un incumplimiento".

A continuación, consigna, en el considerando octavo, lo siguiente:

"Que cuando se trata de dilucidar el contenido de las obligaciones asumidas por las partes cobra especial importancia el principio general de buena fe que consagra el artículo 1546 del Código sustantivo como elemento integrador de los contratos, los cuales obligan no sólo a lo que en ellos se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, entre ellas, las que gobiernan el pago o el cumplimiento de la misma. Al respecto, el artículo 1569 del mismo cuerpo legal establece que el acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa distinta de la que se deba, por lo que dando aplicación al mismo principio se colige que el acreedor tiene también derecho a exigir que la prestación de servicios se ajuste a la prevista en la convención".

Ciertamente las normas invocadas son las correctas, pero el tribunal prescinde del numeral 3 del art. 1553 del Código Civil, que contempla la indemnización exclusiva frente al incumplimiento de una obligación de hacer, probablemente, porque adviert e que la cuestión controvertida no es su modalidad de ejercicio, sino su procedencia.

De allí que, en el considerando segundo de la sentencia de reemplazo, precise que ha asentado en fallos precedentes los requisitos de la indemnización por incumplimiento, formulados desde antiguo por nuestra doctrina12, todos los que concurren en este caso:

  1. vinculación jurídica,

  2. obligaciones que dan origen a prestaciones que debe satisfacer el deudor al acreedor,

  3. incumplimiento de la obligación previamente establecida o cumplimiento imperfecto o tardío de la misma,

  4. hecho de la imputación del incumplimiento o culpabilidad,

  5. perjuicios,

  6. relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios,

  7. ausencia de causales de justificación, exención y extinción de responsabilidad y

  8. mora del deudor.

Por último, en el considerando noveno, indica:

"Que, atendido el mérito de lo expuesto, yerran los sentenciadores al rechazar la demanda basados en que no se logró acreditar la gravedad de los incumplimientos demandados, tanto más si se considera que no se ha demandado la resolución del contrato, centrándose el debate en los efectos que cabe asignar al cumplimiento parcial o imperfecto de las obligaciones pactadas en la convención.

En efecto, ante el cumplimiento imperfecto de los servicios pactados en el contrato, es legítima la pretensión indem-nizatoria que ha hecho valer la actora en su demanda, lo que permite aseverar que asiste razón al recurrente cuando acusa error de derecho en la aplicación de los artículos 1545, 1546, 1547 inciso 3° y 1556 inciso 1° del Código Civil".

Con todo, como precisaremos en la tercera sección de este comentario, la Corte podría haber complementado esta argumentación con ciertas figuras dogmáticas que encuentran sustento normativo en nuestro Código y que permiten abordar, al menos en este caso, más acabadamente, la procedencia de la indemnización y determinar, en forma más certera, cuáles son los daños indemnizables.

2. La reparación integral y el criterio de la normalidad como argumentos para determinar el daño indemnizable

Una vez asentada la procedencia de la indemnización, la Corte aborda la cuantía de los daños demandados. En lo que concierne al daño emergente, vuelve sobre el razonamiento de los jueces de primera instancia con el propósito de evidenciar que su avaluación -equivalente al total del precio pagado por el servicio contratado- fue incorrecta y desmesurada, pues el incumplimiento no fue absoluto, sino parcial. Así, en el considerando sexto de la sentencia de reemplazo, expresa:

"Que en lo que se relaciona con el daño emergente, cabe señalar que se incorporó como medida para mejor resolver a fojas 116 boleta de honorarios electrónica N°1, emitida por doña María Inés Paz Lombardi Aran-da, de fecha 15 de julio de 2015, en la que señala como monto pagado por servicios correspondientes al matrimonio de 8 de noviembre de 2014, la suma de $4.498.150.

Para la correcta determinación de los perjuicios demandados se debe tener en consideración que, si bien lo recibido fue deficiente a lo debido, el incumplimiento no fue total, de modo que el perjuicio económico que sufrió el acreedor no puede alcanzar el precio íntegro pagado por los servicios, que procede sea rebajado".

Finalmente, en la segunda parte del considerando séptimo, agrega:

"Y de conformidad además con lo que prescriben los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y normas citadas, se confirma la sentencia de nueve de octubre de dos mil quince, escrita a fojas 163 y siguientes, con declaración de que se rebaja el monto ordenado a pagar a título de daño emergente a la suma de $2.000.000".

El razonamiento de la Corte es el correcto, pues de lo contrario, el acreedor se enriquecería injustificadamente, pero, como resulta de común ocurrencia, no se explicita la forma en que arriba a su cuantificación. Un simple ejercicio matemático permite advertir que el precio del video ascendía a $236.959, pues esa es la diferencia entre el valor total del servicio y el monto que resulta de multiplicar el número de invitados por el valor del servicio por persona. Pero el monto restante, ascendente a $1.763.041, pareciera no tener una explicación matemática, al menos, a partir de los datos que se consignan en la sentencia.

El pronunciamiento es aún más escueto y confuso tratándose de la cuan-tificación del daño moral, como lo evidencia el considerando séptimo de la sentencia de reemplazo, el cual indica:

"Que la reparación integral del daño conduce a acoger también la indemnización por daño moral que, acorde al criterio de normalidad, permite presumir hechos evidentes, como la natural aflicción y menoscabo sicológico de la demandante, quien a causa del incumplimiento de su contraparte vio frustrada la legítima aspiración de disfrutar de la fiesta de matrimonio en la forma proyectada y contar con el álbum fotográfico y video contratados".

Y es que, un detenido análisis de este considerando revela que no reviste la precisión técnica que se quisiera. En efecto, si bien alude a la reparación integral del daño, no precisa que se trata de un principio que, en el último tiempo, ha adquirido reconocimiento dog-mático13 y jurisprudencial en sede con-tractual14, admitiéndose que los arts. 1556 y 1558 del Código Civil, constituyen limitaciones a aquel, pero no determinan que este solo rija en sede ex-tracontractual. Por otro lado, pareciera vincularlo indisolublemente al "criterio de normalidad" -en circunstancias que este deriva de la causalidad y de la previsibilidad15- y no indica cuál es su sentido y alcance, debiendo asumirse que, lo más probable, es que haya querido referirse a la "previsibilidad del daño" a la que alude el art. 1558, factor de ponderación que admite, al menos, dos significados:

  1. norma dispositiva que incorpora contenidos al contrato y

  2. norma enunciativa que remite a lo que él dispone16.

Por último, y como consecuencia de tal omisión, no explica por qué motivo debe indemnizarse el daño moral, existiendo también dos alternativas posibles: porque el deudor se lo representó o pudo representárselo al tiempo de celebrar el contrato o, bien, porque lo asumió como un riesgo de su incumpli-miento17.

III. El necesario recurso al vencimiento del término esencial, a la infracción de las obligaciones de advertencia y a la esfera de protección del contrato

Establecido que la sentencia que venimos comentando no ha sido lo suficientemente certera al justificar la procedencia de la indemnización demandada y los daños que ella comprende, surge la siguiente interrogante: ¿Podría haber argumentado más acabadamente su razonamiento? Y la respuesta es que sí; y la forma en que podría haber alcanzado tal resultado es acudiendo a las siguientes figuras dogmáticas acuñadas por la doctrina comparada que, con ocasión del movimiento de modernización del derecho de obligaciones y contratos, han permeado en la nuestra.

1. Primera cuestión: la procedencia de la indemnización

Una primera figura que resulta pertinente para justificar la admisibilidad de la indemnización es el denominado término esencial, esto es, aquel día o espacio de tiempo en que debe ejecutarse la prestación, al que el acreedor subordina la satisfacción de su interés contractual, en términos tales que si vencido este la prestación no se ejecuta, se frustra su interés. En este supuesto, el tiempo en el cumplimiento en las obligaciones no solo se limita a determinar el momento de la exigibilidad de la prestación ni el instante desde el cual el acreedor se encuentra en mora sino que cumple una función sa-tisfactiva del interés del acreedor18.

Dicho término admite, al menos, dos clasificaciones. Una que distingue entre subjetivo u objetivo, dependiendo de si la esencialidad deriva de lo estipulado por las partes o de la naturaleza misma de la prestación. Y otra que diferencia el absoluto del relativo, según su vencimiento acarree la frustración definitiva o transitoria del interés del acreedor, determinando o excluyendo la procedencia de ciertos medios de tutela. En efecto, si dicho interés solo se satisface ejecutándose la prestación en el término convenido, será absoluto, lo que acarreará la improcedencia del cumplimiento específico19, mas no de la resolución ni la indemnización de daños. En cambio, si puede satisfacerlo en un momento diverso, a través de una prestación que le reporta una utilidad idéntica o similar, será relativo, pudiendo optar el acreedor entre estos tres medios de tutela.

Tal figura tiene plena cabida en nuestro Código, dado que este contempla preceptos que exigen ejecutar la prestación dentro de un espacio determinado de tiempo (arts. 1538 y 1551 numeral 1 y 2), otros que admiten la función satifactiva del tiempo en el cumplimiento de las obligaciones (art. 1879) y, uno en particular, cual es, el art. 1569 del Código Civil, que permite sostener que la ejecución de una prestación puede sujetarse a un término esencial. Y es que, su inciso primero dispone:

"el pago se hará bajo todos los respectos de conformidad al tenor de la obligación",

esto es, en el momento que se derive de la naturaleza de la obligación (término esencial objetivo) o en el que las partes hayan estipulado (término esencial sub-jetivó)20.

Pues bien, en el caso que venimos revisando, resulta evidente que estamos ante el vencimiento de un término cuya esencialidad deriva de la naturaleza de la prestación (objetivo) y que frustra definitivamente el interés del acreedor (absoluto), toda vez que el servicio de banquetería debe prestarse el día del matrimonio para satisfacer el interés del acreedor. En consecuencia, es indiscu-tido que se abre la opción del acreedor en favor de la indemnización, pues ya ha perdido el interés en la prestación original pactada y se ha desvanecido la función satisfactiva del tiempo en el cumplimiento de las obligaciones. De allí que se trate de un caso de indemnización autónoma o exclusiva21.

Una segunda figura que adquiere relevancia a estos efectos es la noción de obligaciones o deberes de advertencia, incipientemente explorada en nuestra dogmática22, que constituyen una particular manifestación de la buena fe en los contratos de servicios y que pueden encontrar asidero en artículos como el 2000 N° 3 del Código Civil que, a propósito del contrato de confección de obra material, emplea la expresión "no haya dado aviso oportuno"23.

Si bien constituyen una especie de obligaciones de información, son más exigentes que aquellas, pues tienen por propósito que el prestador de servicios proporcione una información objetiva, precisando el peligro de desestimarla para que el acreedor los asuma, trasladándole el riesgo de su no obtención definitiva o en las condiciones pactadas24.

Dicho de otra forma, el prestador de servicios es responsable de la no consecución de un determinado resultado si, pudiendo advertir al otro contratante que, como consecuencia de las instrucciones que le impartió o de cualquier otro riesgo, la ejecución de la obra alcanzará un mayor costo o se extenderá más allá del periodo pactado, no lo hace. Es más, se ha exigido que el proveedor de los servicios adopte las medidas razonables para garantizar que el cliente comprende el contenido de la adver-tencia25.

En consecuencia, tales obligaciones le resultan exigibles si conoce o tiene razón para conocer la información sobre la que debe advertir, eximiéndolo en el caso que el usuario del servicio haya accedido a ella por otra vía o sea razonable suponer que los conoce, distribuyéndose los riesgos en una forma distinta a la inicialmente pactada y operativizando así una modificación del contrato26.

Así, el constructor debe advertir al cliente que los materiales no son adecuados para edificar y que su reemplazo va a elevar el precio convenido; el asesor financiero al inversionista que el producto en el que invertirá no es el más adecuado; el médico al paciente los riesgos colaterales de su tratamiento o intervención y el banquetero al cliente que el servicio originalmente pactado no se otorgará en su totalidad. Y tal comunicación les permitirá, a todos ellos, exonerarse de responsabilidad.

En el caso que venimos comentando, el prestador de servicios no realizó dicha advertencia, omisión que indudablemente constituye un incumplimiento, que, en cuanto tal, lo habilita para demandar cualquier medio de tutela, pero que, atendido el vencimiento de un término esencial absoluto, no puede ser otro que la pretensión indem-nizatoria. Por otro lado, se configura una infracción de un deber secundario de conducta en sede contractual que, en cuanto tal, faculta a demandar la sola indemnización de daños27, argumento que se suma al anterior para justificar, dogmáticamente, la indubitada procedencia de la indemnización.

2. Segunda cuestión: los daños indemnizables

Tratándose de la determinación de los daños indemnizables derivados del cumplimiento imperfecto del contrato de banquetería, resulta acertado acudir a la noción de esfera o fin de protección del contrato, lo que adquiere particular relevancia tratándose del daño moral, toda vez que, en la mayoría de los casos, la justificación jurisprudencial de su procedencia ha estado desprovista de sustento dogmático.

Dicha noción se construye a partir de la idea de que el contrato, en cuanto mecanismo de distribución de riesgos, plasma el plan prestacional y los intereses del acreedor que deben ser satisfechos por el deudor, debiendo responder este último no solo de las consecuencias de su incumplimiento sino por las pérdidas que se irroguen a tales intereses, protegidos por el contrato28. Esta es precisamente la idea que subyace en el art. 1558 bajo la regla de la previsi-bilidad, a la que la Corte, aparentemente, intentó aludir en el considerando séptimo de la sentencia de reemplazo, solo con ocasión del daño moral, utilizando la denominación "criterio de normalidad".

La previsibilidad contemplada en dicho precepto, en cuanto límite al resarcimiento de los daños29, debe entenderse como una norma enunciativa que remite a lo que dispone el contrato, no solo porque así lo revelan los antecedentes históricos del art. 1558, sino por que el fin de protección del contrato lo determina la autonomía de la voluntad y no una norma dispositiva y tal interpretación evita imputar daños previsibles al tiempo de contratar, en circunstancias que el contrato, adecuadamente interpretado, no los compren-dería30.

Por consiguiente, es previsible el daño que ha sido asumido por el deudor al momento de celebrar el contrato y no el que estimó o se representó que produciría su incumplimiento, como tradi-cionalmente se ha sostenido entre nosotros, a partir de la creencia que el art. 1558 sería una norma dispositiva que incorporaría contenidos al contrato31.

Entender que dicho precepto tiene un carácter enunciativo que remite al riesgo conocido y asumido por el deudor al tiempo de contratar no solo sirve para justificar la indemnización del daño moral (como parecería entenderlo la Corte) sino, también, la reparación del daño emergente, representado, en este caso, por la rebaja de la prestación defectuosa. En efecto, el fin de protección del contrato alcanza a este último, dado que es un riesgo asumido por el deudor que la ejecución imperfecta del contrato de banquetería cause una disminución efectiva en el patrimonio del acreedor -pues pagaría la totalidad de un servicio que no se prestó perfectamente-, de modo que su materialización constituye un daño previsto.

Con todo, esta aseveración no parece tan clara en el razonamiento de la Corte, tratándose del daño moral. Por lo mismo, es a propósito de este daño en que se requería una argumentación más técnica y acabada. Y es que resulta insuficiente que justifique su procedencia a partir del principio de reparación integral del daño y del "criterio de normalidad" y criticable que los amalgame, porque el primero admite como límite la previsibilidad y, el segundo, si bien puede equipararse a la "previsi-bilidad", no precisa en cuál de los dos sentidos antes expuestos la considera, deviniendo en una expresión desprovista de sustrato dogmático y legal32 que, por lo mismo, impide determinar si este debe indemnizarse.

La pregunta que debería haber intentado responder la Corte es si el daño moral alegado por la demandante se encontraba protegido por el contrato, esto es, si fue asumido el riesgo de su ocurrencia por el prestador de servicios. Y para responderla habría sido de utilidad que recurriera a criterios que van más allá del contenido extrapatrimonial de la prestación33, formulados en el últi mo tiempo por la dogmática nacional y comparada. Tales son, por un lado, la naturaleza de la obligación o de las circunstancias que rodean a esta última34, la profesión u oficio del deudor y la información que se le hubiere proporciona-do35 y, por otro, la función típica del con-trato36 y el propósito práctico perseguido por los contratantes37.

En efecto, si se analiza el daño moral bajo ese prisma, puede arribarse fácilmente a una primera conclusión, cual es que, el cumplimiento imperfecto del contrato de banquetería para un matrimonio, vulnera un interés extra-patrimonial del acreedor, reconducible a su personalidad moral. Y es que, la protección de esta implica el resguardo de aquellos sentimientos de afección del individuo que, en este caso, como lo expresa el considerando séptimo de la sentencia de reemplazo, se traduce en:

"la natural aflicción y menoscabo sicológico de la demandante, quien a causa del incumplimiento de su contraparte vio frustrada la legítima aspiración de disfrutar de la fiesta de matrimonio en la forma proyectada y contar con el álbum fotográfico y video contratados".

Esta perspectiva nos conduce, además, a una segunda conclusión: tal daño estaba comprendido en la esfera de protección del contrato celebrado, por lo cual se debe indemnizar. A ella arribamos no solo a partir del único momento en que este debía ejecutarse (término esencial) -época asumida por el deudor expresamente en el contrato-, que puede subsumirse bajo la categoría "circunstancia que rodea a la obligación" antes referida, sino porque el motivo por el cual se contrató el servicio fue para celebrar un especial acontecimiento que, por lo mismo, requería una ejecución perfecta. Por consiguiente, no solo interesan la naturaleza de la obligación (prestar un servicio de banquetería38), la profesión u oficio del deudor (banquete-ra), la información proporcionada (detalle de las prestaciones requeridas y motivo del evento), sino que adquieren particular relevancia la función típica del contrato de banquetería o banqueting y el propósito perseguido por las partes, cual era, la celebración del matrimonio con todos los detalles que harían de éste un momento inolvidable.-

Como hemos intentado mostrar en este comentario, el razonamiento de la Corte es parcialmente acertado y extremadamente tradicional, lo que resulta curioso, pues, en el último tiempo, como consecuencia de diversas reflexiones dogmáticas, algunos de los postulados del denominado movimiento de modernización de las obligaciones y contratos han sido recogidos por nuestra Corte Suprema. Así lo evidencian la noción de incumplimiento e incumplimiento resolutorio que ha invocado en fallos recientes39 y la procedencia autónoma de la indemnización de da-ños40.

Los supuestos de hecho del caso que hemos comentado, demuestran que es necesario seguir avanzando en esa dirección y recurrir al vencimiento del término esencial, la infracción de obligaciones de advertencia y la esfera de protección del contrato para justificar en forma adecuada la procedencia de la indemnización por incumplimiento de un contrato de servicios. En efecto, las dos primeras figuras permiten advertir, indubitadamente, que se trata de un supuesto de indemnización exclusiva, en tanto, la tercera otorga un criterio más preciso y objetivo para determinar qué daños deben indemnizarse.

Más aún si la dogmática reciente41, como lo hicieran antaño destacados autores tratándose de los principios de buena fe y reparación integral, que invoca la Corte en este fallo, ha evidenciado que no se trata de figuras propias de otros ordenamientos jurídicos, sino que, por el contrario, encuentran sustento normativo en nuestro Código, de modo que no existe óbice para recurrir a ellas y complementar la argumentación que, en casos como este, ha venido formulado nuestra Corte Suprema.

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1 Fabre-Magnan (1992) , pp. 379-383, Crespo (2012) , pp. 584-585 y Alonso (2012) , p. 10.

2Excepcionalmente se ha abordado en López (2018) .

3 López (2013) , pp. 51-103.

4 Vidal (2013) , pp. 645 y 652- 661 y De La Maza (2016b) , pp. 553-583.

5Bustos Valdés con Lombardi Aranda (2015). Segundo Juzgado civil de Valparaíso.

6Bustos Valdés con Lombardi Aranda (2015). Corte de Apelaciones.

7 Vidal (2009) , pp. 221-258 y Mejías (2011) .

8Un análisis de esta evolución jurisprudencial en López (2014) , pp. 139-207.

9Que hasta el año 1910 acogía la autonomía de la acción indemnizatoria como lo revelan las sentencias pronunciadas en Barrios con Rozé ('1968), Barthet con Paine (1880) y Virgilio y otros con Schiavetti y Hermanos (1894), modificando el criterio a partir de Silva con Lafrenz y Díaz (1910).

10Muñoz Cerda con Massu Massu (2012). Cabe destacar el voto disidente de la ministra María Angélica Repetto, quien previno que, a la luz de lo dispuesto en el art. 1553 N° 3, es posible demandar la indemnización sin necesidad que vaya aparejada a la petición de cumplimiento o resolución del contrato, citando expresamente las sentencias pronunciadas por la Corte Suprema en Transportes Aeropuerto Express Limitada con LADECO S.A. de 2007 y Oviedo con Sociedad Agrícola Sacor Ltda. de 2008.

11Transportes Aeropuerto Express Ltda. con LADECO S.A. (2007).

12Con excepción de Peñailillo (2009) , pp. 331-346 que aboga por la responsabilidad contractual objetiva.

13 Domínguez (2000) , pp. 703-704; Domínguez (2010) , pp. 9-28 y López (2015) , pp. 307328.

14Un visión panorámica en López (2015) , pp. 316-317 y notas 782 y 783.

15Un tratamiento exhaustivo de este tópico en Corral (2010) , pp. 141-204.

16 Morales (2011) , pp. 286-287. Una sistematización de la doctrina nacional que oscila entre ambos significados en De la Maza (2016b) , pp. 566-572.

17 Morales (2011) , pp. 286-287 y De la Maza (2016b) , p. 572.

18Un completo estudio del término esencial en la doctrina comparada en Infante (2008) .

19Salvo que el acreedor decida demandar el cumplimiento específico en vez de la resolución, hipótesis en que estaremos ante una prestación distinta a la pactada, esto es, un aliudpro alio, en su acepción material, toda vez que la esen-cialidad del término sigue formando parte de la prestación ( López (2013) , p. 77.

20 López (2013) , pp. 71 y 94 y López (2015) , p. 219, n. 527.

21 López (2013) , pp. 80-87 y 89-90 y López (2015) , pp. 214-225.

22 López (2018) , a diferencia de la doctrina comparada en que destacan los contundentes trabajos de Fabre-Magnan (1992) , pp. 379-3 83; Crespo (2012) , pp. 584-585 y Alonso (2012) , pp. 1-32.

23Actualmente se encuentran reguladas en el art. IV. C. 2:108 del DCFR.

24 Fabre-Magnan (1992) , pp. 379-383; Crespo (2012) , pp. 584-585 y Alonso (2012) , pp. 10-13.

25Artículo IV.C.-2:108 (2) del DCFR.

26Véanse autores indicados en la n. 24. A diferencia de las precontractuales que asisten al prestador del servicio y al cliente y persiguen establecer la atribución del riesgo de no obtención del resultado pretendido, propendiendo a la determinación del objeto del servicio ( Alonso (2012) , p. 28).

27Sobre este supuesto de indemnización exclusiva véase López (2015) , pp. 235-244.

28 Morales (2011) , p. 279, siguiendo a Ernst Rabel.

29Que se diferencia de la causalidad. Sobre tal contraposición véase Corral (2010) , pp. 141-204.

30 Morales (2011) , pp. 280-282 y 287-288 y De la Maza (2016b) , pp. 572 y 573.

31Una visión panorámica en De la Maza (2016b) , pp. 566-572

32En efecto, no existe norma en el Código Civil que permita dotarla de contenido.

33 Vidal (2013) , pp. 652-660.

34 Domínguez (2000) , pp. 547-550. De hecho la autora, a propósito de tales circunstancias, cita como ejemplo el banquete contratado para una boda que resulta deficiente, abogando por la indemnización del daño moral, a partir de dicho criterio (op. cit, p. 549).

35Todos ellos en San Martín (2014) , pp. 662-666.

37Ambos en Morales (2011) , pp. 288 y 289, propósito práctico que podría aproximarse al criterio "contenido del contrato" propuesto por Domínguez (2000) , pp. 559-562.

38Sobre las particularidades del contrato de banqueting o banquetería véase Villanueva (2009) , pp. 474-476.

39Véase entre otros, los considerandos noveno, tercero y noveno de las sentencias pronunciadas por la Corte Suprema en Hermosilla Salvador con Peralta Fritz, 27 de marzo de 2014, Buvinic con Complejo Turístico Marbella, 7 de marzo de 2012, Ampuero con Castillo, 28 de enero de 2013 y Moreno con Banco Sant tander, 26 de agosto de 2015, disponibles, respectivamente, en www.vlex.com , N° 512796522, N° VLEX 436205678, N° VLEX 436085274 y N° VLEX 5812733 3 0.

40 López (2014) , pp. 139-207.

41 López (2013) , pp. 67-73; Vidal (2013) , pp. 645 y 652- 661; De la Maza (2016b) , pp. 553-583 y López (2018) .

Jurisprudencia citada

Ampuero con Castillo, Corte Suprema, 28 de enero de 2013 (casación en el fondo) en www.vlex.com, N° VLEX 436085274. [Fecha de consulta: 31 de mayo de 2017]

Barrios con Rozé. Corte de Apelaciones de Valparaíso, 17 de octubre de 1867 (recurso de apelación), en Gaceta de los Tribunales, S. 815, pp. 354-355.

Barthet con Paine. Corte de Apelaciones de Santiago, 28 de agosto de 1880 (recurso de apelación) en Gaceta de los Tribunales, S. 1972, p. 1411.

Bustos Valdés con Lombardi Aranda. Corte de Apelaciones de Valparaíso, 15 de diciembre de 2015 (casación en el fondo), en www.vlex.com, VLEX-589258330. [fecha de consulta: 31 de mayo de 2017].

Bustos Valdés con Lombardi Aranda. Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, 9 de octubre de 2015 (indemnización de perjuicios), disponible en http://civil.poderjudicial.cl/CI-VILPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Ar-chivo=3&COD_Opcion=1&COD_Tribunal=55&CRR_IdTrami-te=68373343&CRR_IdDocumen-to=61044020. [Fecha de consulta: 31 de mayo de 2017].

Buvinic con Complejo Turístico Marbe-lla, Corte Suprema, 7 de marzo de 2012 (casación en el fondo), en www. vlex.com, N° VLEX 436205678. [Fecha de consulta: 31 de mayo de 2017].

Hermosilla Salvador con Peralta Fritz, Corte Suprema, 27 de marzo de 2014 (casación en el fondo) en www.vlex. com, VLEX N° 512796522. [Fecha de consulta: 31 de mayo de 2017].

Moreno con Banco Santander, Corte Suprema, 26 de agosto de 2015 (casación en el fondo) en www.vlex.com N° VLEX 581273330. [Fecha de consulta: 31 de mayo de 2017].

Muñoz Cerda con Massu Massu. Corte de Apelaciones de Valparaíso, 8 de agosto de 2012 (recurso de apelación), disponible en www.legalpublishing. cl, N° Legal Publishing: CL/JUR/1658/2012. [Fecha de consulta: 31 de mayo de 2017].

Oviedo y Sociedad Agrícola Sarcor Limitada. Corte Suprema, 22 de septiembre de 2008, (casación en el fondo), en www.vlex.com, VLEX N° 332 897254. [Fecha de consulta: 31 de mayo de 2017].

Silva con Lafrenz y Díaz. Corte de Apelaciones de Valparaíso, 14 de mayo de 1910 (recurso de apelación), en Gaceta de los Tribunales. Tomo i, S. 322, pp. 580-582.

Transportes Aeropuerto Express Ltda. con LADECO S.A. Corte Suprema, 16 de agosto de 2007 (casación en la forma y en el fondo), en www.vlex.com, VLEX N° 332829622. [fecha de consulta: 31 de mayo de 2017].

Virgilio y otros con Schiavetti y Hermanos. Corte de Apelaciones de Valparaíso, 15 de diciembre de 1894 (recurso de apelación), en Gaceta de los Tribunales. Tomo III, S. 3687, pp. 533535.

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