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Revista chilena de derecho privado

versión On-line ISSN 0718-8072

RChDP  no.28 Santiago  2017

http://dx.doi.org/10.4067/s0718-80722017000100365 

Comentarios de Jurisprudencia

DERECHO MERCANTIL

Pablo Manterola Domínguez1 

1Profesor de Derecho Comercial Universidad de los Andes

Pactos de accionistas, arbitraje e impugnación de acuerdos de lajunta. Comentario a la sentencia de la Corte Suprema de doce de noviembre de 2015, rol 9913-2015

I. Los hechos y la controversia jurídica

1. El club de fútbol Cobreloa

Cobreloa, el tradicional equipo de fútbol de la ciudad minera de Calama, pasa el año 2015 por una situación compleja. Desde el punto de vista deportivo, lleva varias temporadas jugando en la liga Primera B, sin conseguir el ascenso. Por otra parte, Cobreloa SADP, la sociedad que opera el club, entra en una crisis de gobierno corporativo que, para la época en que se dicta la sentencia objeto de este comentario, se reflejaba en la existencia de dos directorios paralelos. Para entender cómo se llegó a este estado crítico es preciso remontarse diez años atrás.

Con la dictación de la ley N° 20.019, Cobreloa se articuló como una SADP. En abril de 2006 se crea Cobreloa SADP por sus dos únicos socios: la corporación Club de Deportes Cobreloa, que hasta ese momento detentaba la administración del equipo y que aportó todos los bienes y derechos del club, y Augusto del Carmen González Agui-rre, el presidente del directorio de la corporación. Club de Deportes Cobre-loa es el dueño de 999.998 acciones serie A y de una acción serie B (que da derecho a elegir el presidente del directorio); Augusto González detenta una sola acción serie A.

Junto con constituirse Cobreloa SADP, se otorga una escritura que se reproduce en la memoria del ejercicio 2006, presentada a la Superintendencia de Valores y Seguros. El instrumento da cuenta de un "acuerdo de actuación conjunta" otorgado por los dos únicos accionistas, que dice obligar a toda persona que en el futuro adquiera la titularidad de acciones de Cobreloa SADP. Se señala que los dos socios

"dejan constancia que la titularidad de la acción por parte de este último [Augusto González], se debe única y exclusivamente al hecho que [sic] actualmente detenta la calidad de Presidente del Club de Deportes Cobreloa y a la necesidad de contar con al menos dos accionistas para constituir la sociedad".

Luego se establece la manera en que los accionistas procederán a elegir los directores: el presidente del directorio será el presidente de la corporación (elegido con el voto de la acción serie B de la que la corporación es titular); un director elegido con acciones serie A será externo al club; y de los otros cinco, uno será el que designe la minera estatal CODELCO.

Diez días después, la corporación y Augusto González celebran un segundo contrato, esta vez calificado como "pacto de accionistas". La memoria del ejercicio 2006 también lo recoge. Reproduce la declaración de que la acción de Augusto González obedece a la sola exigencia de que haya más de un socio, y agrega:

"la calidad de accionista [de Augusto González] es meramente circunstancial y condicionada al hecho que mantenga el cargo de Presidente del Club de Deportes Cobreloa",

de modo que, al cesar en el cargo, se obliga a vender y transferir su única acción al nuevo presidente designado (para lo cual otorga mandato mercantil irrevocable). Además, Augusto González se obliga a no ejercer sus derechos como accionista: voz y voto en la junta, percibir dividendos, ejercer su derecho de adquisición preferente, etcétera.

Tanto el acuerdo como el pacto establecen sendas cláusulas compromisorias, así como que, en caso de conflicto con los estatutos de Cobreloa SADP, habrá de hacerse primar el acuerdo o el pacto.

2. La actuación del presidente del club

El día 27 de mayo de 2015 Augusto González convoca a junta extraordinaria de accionistas. En ella comparece por sí (como dueño de una acción serie A) y a nombre de la corporación, en su calidad de representante legal (por el resto de las acciones de la compañía). Por lo tanto, esta junta se desarrolla con la sola presencia del propio Augus to González. La junta votó (y evidentemente aprobó) la revocación del directorio y la designación de uno nuevo. Como era de esperar, el presidente conservó su cargo.

La reacción del Club de Deportes Cobreloa no se hizo esperar. Su directorio cesó a Augusto González como presidente de la corporación, nombrando en su lugar al hasta entonces director Ernesto Mario Aviles Aviles. Además, "en su calidad de controla-dor" (ex art. 58 N° 4 de la LSA) citó a junta extraordinaria con el objetivo de revertir el cambio en la administración de Cobreloa SADP.

Había, por lo tanto, dos directorios en Cobreloa SADP. Como señala el recurso, el caos era tal que

"el gerente general y el gerente técnico se encuentran ratificados en su cargo y a la vez despedidos; que se han impartido órdenes contradictorias al plantel de honor del equipo, disponiendo que estos se presenten en su lugar de trabajo en distintas oportunidades generando desconcierto"1.

El club amenazaba caer en insolvencia, y el desgobierno no ayudaba a evitarlo. Era preciso ponerle fin, y así los abogados Víctor Peña Silva e Ignacio Mehech Castellón dedujeron recurso de protección (art. 20 de la Constitución Política de la República) ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en favor de la corporación Club de Deportes Cobreloa y en contra de su presidente y presidente de Cobreloa SADP, Augusto González.

3. El recurso de protección y los argumentos del recurrido

Los recurrentes fundaron el recurso en el derecho de propiedad (art. 19 N° 24 de la Constitución Política de la República) que detenta la corporación sobre las acciones de Cobreloa SADP. La lesión se habría producido al impedirse el ejercicio de

"un atributo esencial al dominio cual es la facultad de designar libremente a los Directores de la Sociedad a través de su directorio"2.

Agrega el recurso que la actuación ilegal de Augusto González ha ido en desmedro de la:

"representatividad [de] los socios [de la corporación] en todos sus estamentos; todo ello en consideración a que el recurrido es titular sólo de una acción serie A, intentando con esa sola acción tomar control absoluto del club en desmedro de la Corporación que lo controla"3.

Los recurrentes solicitan la restitución a la Corporación de la administración de Cobreloa SADP:

"disponiendo se deje sin efecto el nombramiento de los directores designados por el recurrido de manera unilateral, disponiéndose también dejar sin efecto la revocación de los directores designados por la Corporación y las actuaciones realizadas en el tiempo intermedio por el recurrido, especialmente en lo relativo al despido de funcionarios"4.

El recurrido alega incompetencia del tribunal, dada la existencia de la cláusula compromisoria en el pacto de accionistas, en el acuerdo de actuación conjunta, en los estatutos de la SADP y, además, en el art. 227 del Código Orgánico de Tribunales. Alega, asimismo, la inexistencia de un derecho indubitado cuya lesión pueda dar lugar a la acción de protección. Sobre el fondo, además de desconocer el pacto y el acuerdo (lo queresulta curioso, si el mismo directorio del que fue presidente fue el que presentó la memoria del ejercicio 2006), invoca el cumplimiento de las normas legales para celebrar la junta extraordinaria y el incumplimiento de las mismas por la corporación, en la segunda junta que nombró el "directorio paralelo" (defectos en la citación, entre otros).

II. La opinión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y de la Corte Suprema

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso con costas. Sin embargo, prescindió de la cláusula arbitral, ya que:

"este recurso [constituye] una cautelar de orden constitucional cuyo objeto es velar por el imperio del derecho [...]. Claramente se trata de una acción extraordinaria que no está limitada por algún otro recurso, ni menos procedimientos aunque exista acuerdo o cláusula compromisoria, dada la naturaleza y objetivo de la cautelar, razones más que suficientes para desestimar la incompetencia reclamada"5.

La ratio decidendi para rechazar el recurso fue la falta de legitimidad activa. En efecto, los recurrentes son personas naturales no investidas de la representación de la corporación. "En sí se genera de inmediato una evidente contradicción", porque el que administra y puede actuar a nombre de la recurrente es precisamente el recurrido,

"de manera que se confunde la calidad de recurrente y recurrido [...] Por lo tanto, este sólo equívoco permite rechazar el recurso"6.

Augusto González:

"a lo menos en la fecha en que habría realizado las actuaciones estimadas como arbitrarias e ilegales, tenía la calidad in-discutida de Presidente"

de ambos directorios7. La Corte de Apelaciones exige al menos un acuerdo de la asamblea general de socios de la corporación, pues la facultad de deducir el recurso de protección en favor de un tercero, sin mandato,

"debe matizarse cuando, como en la especie, se presenta en favor de una personajurídica que, como tal, encuentra regulada su manifestación de voluntad tanto en la ley como en sus propios estatutos"8.

La sentencia es apelada por los recurrentes. La Corte Suprema modifica el fallo para rechazar el recurso por otra razón:

"existiendo una cláusula compromisoria [...] resulta evidente que la presente no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria"9.

La redacción de este considerando deja al lector en duda: ¿cuál fue la ratio decidendi? Al principio del considerando, parece que es la existencia de la cláusula compromisoria y, por ende, la incompetencia del tribunal. Sin embargo, acto seguido indica la ausencia de un derecho indubitado. En el siguiente apartado intentaré una explicación de esta dicotomía. Por ahora, debe notarse que la Corte Suprema excluye el razonamiento del fallo de primera instancia relativo a la legitimidad activa de los recurrentes.

III. Comentario a algunos aspectos de este caso

1. El pacto de accionistas y el acuerdo de actuación conjunta

Ninguna de las dos sentencias se pronuncia sobre la función de estos contratos. No obstante, los actores los invocan para fundamentar la ilicitud de la conducta del recurrido. Por su parte, este controvierte su existencia, validez y oponibilidad. Quiero comentar brevemente el papel que pudieron cumplir el pacto y el acuerdo en este caso, aunque finalmente se haya resuelto por otra vía.

Por un lado, tenemos un "acuerdo de actuación conjunta" que regula la forma de elegir los directores. La calificación que han hecho las partes de este contrato (que en realidad es también un pacto de accionistas) está tomada de la LMV. Se define el acuerdo de actuación conjunta como una

"convención entre dos o más personas que participan simultáneamente en la propiedad de una sociedad, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas controladas, mediante la cual se comprometen a participar con idéntico interés en la gestión de la sociedad u obtener el control de la mis-ma"10.

En el acuerdo suscrito por la corporación y Augusto González, la participación con idéntico interés se verifica a través de la elección de directores, lo que cuadra con el inciso tercero de la norma citada: la frecuente coincidencia en la elección de directores permite a la Superintendencia de Valores y Seguros presumir el acuerdo. Por lo tanto, se trata de un típico acuerdo de actuación conjunta.

El "pacto de accionistas", que restringe la actuación de Augusto González en tanto accionista de Cobreloa SADP es también un acuerdo de actuación conjunta. En efecto, este contrato prohíbe el ejercicio de los derechos de uno de los accionistas en favor del otro, cuyo interés el del socio fundador del club, una persona jurídica sin fines de lucro representa el papel de "idéntico interés" del inc. primero del art. 98 de la LMV.

Los pactos de accionistas o pactos parasociales son un instrumento de uso frecuente en el mercado de valores, y de ahí que una de sus modalidades, el acuerdo de actuación conjunta, se encuentre definida en la LMV. Sin embargo, también se celebran por accionistas de sociedades no cotizadas. En este caso, buscan imprimir a la sociedad una orientación extrasocietaria: familiar, como en los protocolos familiares; de investigación y desarrollo, como en las empresas de base tecnológi-ca11; o deportivo, como en el caso que estamos comentando.

La función principal del contrato de sociedad es la regulación de los intereses de los accionistas. Sin embargo, con la Ley de SADP el legislador ha buscado regular otros intereses, a través de la sociedad anónima12. Se instru-mentalizó así el tipo social para servir intereses extrasocietarios, para los que la LSA no está concebida. Ante este desfase, entre la realidad de la actividad deportiva y la regulación de las sociedades anónimas, los promotores de aquella responden articulando sus intereses fuera de los estatutos13. Este es el papel que cumplen el pacto de accionistas y el acuerdo de actuación conjunta en el caso que comentamos.

Así cobran sentido algunas de sus cláusulas, como las que disponen la prevalencia de ambos contratos sobre los estatutos de Cobreloa SADP. Es dudoso si estas cláusulas son compatibles con lo dispuesto en el art. 3° de la LSA:

"no se admitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras otorgadas en cumplimiento de los incisos anteriores, ni aun para justificar la existencia de pactos no expresados en ellas"14,

o en el art. 30:

"los accionistas deben ejercer sus derechos sociales respetando los de la sociedad y los de los demás accionistas"15.

Baste afirmar que la especial configuración de esta sociedad, en cuya estructura se encuentra un interés extra-societario, exige una modulación del interés social a través de estos pactos suscritos por todos sus socios16.

En esta óptica, la actuación de Augusto González deja de encontrarse justificada por su investidura formal como presidente tanto de la corporación como de la SADP. Se trata de un comportamiento desleal para con el interés social, modulado por el interés del accionista controlador en virtud de los pactos. Es, además, un incumplimiento de los mismos pactos en cuanto contratos que obligan al presidente de la corporación. Esta pudo ser la oportunidad para que nuestros tribunales superiores se pronunciaran sobre figuras de tan frecuente uso práctico, pero la existencia de una cláusula compromisoria llevó a la Corte Suprema a inhibirse.

2. Cláusula compromisoria y recurso de protección

En opinión de la Corte Suprema, en este caso la existencia de la cláusula compromisoria sustrae el conocimiento del recurso de la competencia de la justicia ordinaria. Sobre este punto la jurisprudencia se encuentra dividida17, y de hecho la Corte de Apelaciones de Antofagasta no tuvo inconveniente en rechazar la excepción de incompetencia deducida por el recurrido. La doctrina también disiente18.

En el fondo de la tesis, que restringe la cláusula compromisoria frente a la lesión de garantías fundamentales, sub-yace la cuestión por la arbitrabilidad del conflicto societario. La doctrina más reciente coincide en afirmar que la existencia de normas de orden público no excluye la arbitrabilidad del conflicto, pues no se dispone más que del cauce procesal, y no de las normas del fondo19.

Por otra parte, debe advertirse que la procedencia del recurso de protección frente a la existencia de una cláusula arbitral podría dejar en letra muerta este compromiso. En efecto, cual quier lesión de un crédito emanado de un contrato, que es una cosa incorporal, puede al menos en abstracto caracterizarse como una lesión al derecho de propiedad protegido por la Constitución en su art. 19 N° 24. Por eso, la Corte ha unido a la existencia de la cláusula compromisoria la exigencia del carácter indubitado del derecho. Ahora bien, si en este mismo caso el derecho se hubiera encontrado indubitado, ¿se habría inhibido la Corte? Aunque no sea claro, la Corte parece inclinarse por la afirmativa. De lo contrario, hubiera sido ocioso que mencionara esta cláusula compromisoria.

3. La falta de mecanismos legales para impugnar acuerdos de la Junta

Es claro que la acción de protección no es un mecanismo idóneo para corregir las ilegalidades en que incurrió el presidente de Cobreloa SADP. Para finalizar este comentario, corresponde plantear el medio que sí hubiera resultado adecuado para resolver este conflicto: la impugnación de los acuerdos de la junta celebrada en contravención a lo establecido en los pactos de accionistas.

En nuestra LSA no existen normas que regulen la forma de impugnar los acuerdos de la junta. La LSA establece un régimen especial de responsabilidad civil, pero no uno de ineficacia por falta a la ley, a los estatutos o al interés social. Contamos con los instrumentos de Derecho Común, como la declaración de nulidad20. La Ley de Sociedades de Capital española, en cambio, dedica el título ix a esta forma especial de ineficacia:

"son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros" (art. 204)21.

Frente a estas causales tasadas, la doctrina española se ha preguntado si es posible impugnar acuerdos de lajun-ta ante el incumplimiento de un pacto parasocial suscrito por todos los accionistas. Aunque no existe una respuesta clara y la jurisprudencia de ese país ha preferido asimilar este incumplimiento a alguna de las otras causales o aplicar otras instituciones para admitir la impugnación22, existe un esfuerzo doctrinal porjustificar la afirmativa en ciertos supuestos23. Así, se alcanza una solución mucho más adecuada que, por ejemplo, la declaración de nulidad. La decisión de la junta no es tanto un acto viciado como un incumplimiento contractual del pacto de accionistas, pero los remedios al incumplimiento no son tan eficaces como dejar sin efecto el acuerdo de la junta24.

Esta es precisamente la situación del caso que estudiamos. Este asunto podría haber recibido una solución satisfactoria dejándose sin efecto la junta extraordinaria celebrada por Augusto González, no por objeto o causa ilícita, sino por infracción a un pacto paraso-cial que, al ser suscrito por todos los socios, incide en la estructura misma del contrato de sociedad. Como el arbitraje acordado por los accionistas era de equidad, la ausencia de regulación de la impugnación de acuerdos de la junta no hubiera sido obstáculo para admitirla.

IV. Conclusión

La controversia jurídica suscitada entre la corporación Club de Deportes Co-breloa y su presidente pone de relieve varias cuestiones. A la Corte Suprema le bastó pronunciarse sobre una de ellas: la incompetencia del juez ordinario frente a la cláusula compromisoria, aun cuando el recurrido invoca la lesión de garantías fundamentales a través del recurso de protección. No obstante, este pronunciamiento de la Corte no es suficientemente nítido, desde que a la existencia del compromiso agrega la ausencia de un derecho indubitado en el caso sub lite.

Hubiera sido deseable conocer la opinión de la Corte sobre la importancia del acuerdo de actuación conjunta y del pacto de accionistas en las relaciones entre los socios de Cobreloa SADP. La impugnación de los acuerdos de la junta por infracción a esos pactos era la vía a través de la que se hubiera podido obtener una solución justa a este conflicto, en especial si se hubiera resuelto en sede arbitral.

Resulta sensible la ausencia en nuestro ordenamiento de mecanismos que permitan impugnar los acuerdos de la junta, como los que contempla la Ley de Sociedades de Capital española. Vale la pena pensar en incorporarlos y considerar, a la luz del conflicto que hemos comentado, la infracción a pactos pa-rasociales suscritos por todos los accionistas como causal de impugnación.

Bibliografía citada

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Vásquez, María Fernanda (2009). Arbitraje en Chile: análisis crítico de su normativa y jurisprudencia. Santiago: Legal Publishing. [ Links ]

1 Cons. 1º de la sentencia de primera instancia.

2 Cons. 1° de la sentencia de primera instancia.

3 Cons. 1° de la sentencia de primera instancia.

4 Cons. 1° de la sentencia de primera instancia.

5 Cons. 3° de la sentencia de primera instancia.

6 Cons. 4° de la sentencia de primera instancia.

7 Cons. 5° de la sentencia de primera instancia.

8 Cons. 6° de la sentencia de primera instancia.

9 Cons. 4° de la sentencia de segunda instancia.

10 Ley N° 18.045, de 1981, art. 98, inc. primero. Cristian Herrera, que trata los acuerdos de actuación conjunta como una de las dos formas que típicamente adquieren los pactos de accionistas, hace valiosas observaciones a esta definición, destacando la centralidad del ejercicio del voto como objeto de estos contratos: Herrera (1997), p. 29 y s.

11 Jorge Feliú ha comentado el papel de los pactos parasociales en empresas familiares y de base tecnológica. Véase, para las primeras, Feliú (2012), p. 75 y ss.; para las empresas de base tecnológica, p. 113 y ss. En realidad, ya en 1987 Giorgio Oppo constata cómo los pactos para-sociales han transformado la sociedad anónima en una figura adaptable a la realidad de la empresa familiar o fundada sobre la confianza en unos pocos socios: Oppo (1987), p. 519.

12 Fernández (1977), p. 140 y s. trata de la utilización del tipo de la sociedad anónima para la gestión de empresas públicas, que trae apare jado el "progresivo debilitamiento de la finalidad lucrativa, como elemento 'típico' del modelo legal" (op. cit., p. 141). Se trata de una situación análoga a la aquí descrita.

13 Es lo que Giorgio Oppo llama la "perso-nalizzazione 'parasociale' dello schema societario":Oppo (1987), p. 519.

14 Ley N° 18.046, de 1981.

15Ibid. Juan Puga exige a los acuerdos de actuación conjunta "no adolecer de objeto o causa ilícita como, por ejemplo, vulnerar el principio de lealtad entre accionistas del art. 30 LSA": Puga (2013), tomo i, p. 319. También Jorge Ugar-te, en su reciente monografía, exige a los pactos de accionistas un respeto del interés social que "está constituido por la distribución de las utilidades que provengan del negocio común": Ugarte (2016), p. 23. Con todo, aunque en relación con las cláusulas que restringen la cesión de acciones, el profesor Juan Puga admite que en sociedades de profesionales unas cláusulas en abstracto nulas sea válidas, "siempre que sean razonables dado el objeto de la sociedad": Puga (2013), tomo i, p. 323. De lo que se trata es de definir o modular el interés social a la concreta sociedad de que se trata.

16 Así se entiende que Cándido Paz-Ares afirme contundentemente que la infracción a pactos parasociales suscritos por todos los socios es también una infracción al interés social: Paz-Ares (2003), p. 41. Juan Puga, que comenta en su obra este trabajo de Cándido Paz-Ares, señala: "la tesis es interesante, pero difícil de di gerir para el ordenamiento actual chileno": Puga (2013), tomo i, p. 327

17 Véase, por ejemplo, la que citan Aylwin (2014), pp. 471-473 y Vásquez (2009), pp. 263271.

18 Señala Patricio Aylwin: "una cláusula compromisoria para resolver las dificultades que se produjeren con motivo de un contrato no es la vía idónea para resolver el quebrantamiento de una de las garantías constitucionales que asegura la Carta Fundamental": Aylwin (2014), p. 472. En sentido contrario, se ha afirmado que, salvo que se trate de "una cuestión que revista el carácter de "emergencia" que amerite su restauración por esta vía [la acción de protección...], es al árbitro a quien le corresponderá conocer de la materia, y por tanto, la Corte de Apelaciones debiera declararse incompetente": Vásquez (2009), p. 264.

19 Una cosa es "disponer voluntariamente del cauce procesal en el que las partes deciden resolver una determinada controversiajurídica [...] y otra muy distinta lo es el disponer de las normas de fondo o sustantivas que la regulan en un caso determinado, con carácter imperativo o de ius cogens":Jequier (2013), p. 82 y s. Agrega la profesora María F. Vásquez: "si bien el árbitro no puede conocer de un recurso de protección, sí puede pronunciarse sobre estas materias por otra vía, pues su única limitación al respecto es brindarle protección y respeto a estos derechos al igual como deben hacerlo el resto de los tribunales. En otras palabras, el hecho que la materia sea de orden público no impide que el tribunal arbitral pueda entrar en su conocimiento": Vásquez (2009), p. 460 y s.

20 El profesor Juan Puga, que sostiene que la impugnación de acuerdos sociales de acuerdo con la LSA debe sustanciarse en principio conforme a las reglas de la nulidad del Código Civil, no deja de señalar lo perjudicial de esta omisión del legislador: Puga (2013), tomo ii, pp. 691 y 698. El mismo autor señala que, conforme a nuestra legislación, podría impugnarse por vía de protección, "en especial cuando dichos acuerdos [de la junta] amenazan derechos constitucionales como el de propiedad de los accionistas sobre sus acciones o de los atributos sobre dicho dominio", que es precisamente lo que se ha invocado por los recurrentes: Puga (2013), tomo ii, p. 692.

21 Real decreto legislativo 1/2010, art. 204.

22 Como ha demostrado Morales (2014), pp. 186-189. El profesor EduardoJequier recoge la doctrina asentada por el Tribunal Supremo español y advierte que "la mera infracción del convenio parasocial no basta, por sí sola, para la anulación de un acuerdo social [... ] pues para ello se requiere que tales acuerdos sean contrarios a la ley, a los estatutos, o que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros": Jequier (2013), p. 191.

23 Paz-Ares (2003), p. 36 y ss.

24 Como advierte Feliú (2012), p. 258, que, sin embargo, niega la posibilidad de impugnar acuerdos de la junta por el solo mérito de la infracción al pacto parasocial; en contra, Paz-Ares (2003), pp. 36-41. Para nuestra legislación, en la que el cauce más adecuado en el Derecho Común es el de la nulidad, debe advertirse que debe descartarse "toda posibilidad de declarar nulo un acuerdo de junta adoptado en infracción no a la ley, sino al Reglamento [de la LSA] o a los estatutos sociales", y agrego mucho menos por infracción a pactos de accionistas: Puga (2013), tomo ii, p. 693.

Normas citadas

Constitución Política de la República.

Ley N° 18.045 de Mercado de Valores. Diario Oficial, 22 de octubre de 1981.

Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Diario Oficial, 22 de octubre de 1981.

Ley N° 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Diario Oficial, 7 de mayo de 2005.

Real decreto legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Boletín Oficial del Estado. Madrid. 2 de julio de 2010.

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